Tensionado por las 108 invasiones de tierra que acontecen en Colombia, Gustavo Petro ordenó acelerar su ambiciosa reforma rural con la que entregaría 10 millones de hectáreas en cuatro años, y para adquirir los predios anunció que la Nación se endeudará en unos 60 billones de pesos.

Las 10 millones de hectáreas serán entregadas a familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no sin títulos de los terrenos que ocupan o donde están viviendo.

La idea del presidente es «democratizar» la tierra comprando el Estado a precio comercial para después vender propiedades a los campesinos con bajos precios que les sean asequibles.

A pesar de que no está listo el mecanismo legal para regular la compra de tierras por parte de la Nación, Petro destapó su plan de financiación.

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El Presidente planteó en Noticias Caracol que el Gobierno se endeudará para comprar 3 millones de hectáreas “por 20 millones de pesos cada una, son 60 billones de pesos. El tema del dinero podemos pensarlo a seis años, que sea de a 10 billones de pesos por año, nos endeudamos y le pagamos con títulos al dueño de la tierra”.

El mandatario contempla el endeudamiento como su plan principal, a pesar de que el marco fiscal –que Petro propuso cambiar– de mediano plazo señala que el país podría cerrar 2022 con un nivel de deuda pública este año superior al 54 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Lo que si se incrementa ese valor de deuda como lo propone el Presidente Petro, las calificadoras pondrían nuevamente en alerta la medición de calificación de riesgo del país. Además, no es el momento para endeudarse porque las tasas de interés están muy altas.

No obstante, está iniciativa es considera por el Gobierno como una especie de amortiguador frente a la problemática de invasiones a la agroindustria y a propiedades públicas y privadas que sigue latente en 26 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, según la Defensoría del Pueblo.

Para la abogada constitucionalista, Vestalia Tovar, es ilícito justificar las invasiones urbanas, tal como lo hace el chavismo.

Considera que la actuación del alcalde del Municipio Zamora (Guatire), Raziel Rodríguez, está apegada a la ley que expresa claramente la prohibición de invadir terrenos municipales.

En entrevista al programa de Impacto Venezuela, Cara a Cara, indica que las tres familias desalojadas califican como “invasores”.

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“Se están apropiando de un terreno municipal y eso está regulado por el Código Civil y no por el Instituto Nacional de Tierras”, destacó.

“El Estado ha sido precursor de estas invasiones”, enfatizó la abogada constitucionalista.

Tovar advierte que las estadísticas de invasiones sólo en Caracas son alarmantes, “hay 84 entre edificios y casas que han sido invadidos por personas ajenas”.

“Lamentablemente desde los municipios y dependiendo de la posición a la que pertenezca y sobre todo en el Distrito Capital, amparan a estos grupos delictivos que realmente buscan perturbar, invadiendo un bien inmueble y amenazando con seguir cometiendo estos hechos delictivos”.

La semana pasada, la Asamblea Nacional ordenó investigar al alcalde de Guatire y nombró una comisión para atender el caso.

Esto, tras la petición del diputado Diosdado Cabello de que «le caiga todo el peso de la ley» al alcalde por desalojar a estas tres familias de terrenos municipales.

Dijo en su exposición que las familias desalojadas por un grupo de policías municipales, siguiendo órdenes del alcalde, han sido «víctimas del fascismo».

Cabello considera que este caso tiene que investigarse, para evitar que «el fascismo» se salga con las suyas.

Entre vítores y gritos pidiendo pena máxima y un castigo en contra del alcalde Rodríguez, quien es militante del partido opositor Fuerza Vecinal, se sometió a votación la propuesta, y la aceptaron.

Incluso con votos de caras conocidas en la derecha venezolana como Bernabé Gutiérrez y Timoteo Zambrano.