El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presentó su Reporte Anual 2025, “Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad”, en el que documenta un agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. 

El reporte identifica como rasgo central del período la consolidación de un entorno hostil para el ejercicio del periodismo, marcado por la criminalización, el miedo y el silenciamiento progresivo del debate público.

Uno de los datos más alarmantes es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privados de libertad durante 2025, la cifra más alta documentada en el país. 

El informe advierte que el encarcelamiento de periodistas no solo castiga, sino que funciona como un mecanismo de intimidación que impacta a todo el gremio.

Amenazas y autocensura

En este contexto, la autocensura se consolidó como una práctica extendida. 

La amenaza de detenciones arbitrarias y procesos penales sin garantías generó un repliegue del periodismo: menos cobertura de temas sensibles, menor presencia en la calle y un aumento de estrategias para proteger la identidad de quienes informan.

El reporte también señala el debilitamiento del ecosistema mediático, afectado por la persecución judicial, el exilio, la precarización económica y la reducción de equipos. 

A ello se suman los bloqueos digitales y la vigilancia de opiniones en línea, que limitan el alcance de los contenidos y refuerzan el efecto inhibitorio.

IPYS Venezuela advierte que el deterioro de las libertades informativas ya no solo se mide por la cantidad de medios o cobertura territorial, sino por los temas que dejan de publicarse. 

En 2025, el silencio se convirtió en un indicador clave de la censura.

El informe concluye que el miedo se ha instalado como un factor estructural del ejercicio periodístico en Venezuela, con consecuencias directas en el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Con información de Ipys

 La semana pasada se llevó a cabo, en Miami, Estados Unidos, el evento “Libertad de prensa bajo ataque en América Latina: Riesgos, amenazas y agresiones”, organizado por la Red Voces del Sur. 

Durante el encuentro se analizó la situación actual del periodismo en Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador.

La directora ejecutiva de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, presentó un balance sobre la situación de la libertad de prensa en el país, advirtiendo que, aunque los registros numéricos de las agresiones a trabajadores de la prensa han mostrado un descenso, esto no representa un avance democrático, y las cifras por sí solas no cuentan toda la historia.

 Según el monitoreo de esta organización, 2025 cerró con 110 casos que agruparon 138 violaciones a la libertad de expresión, una cifra inferior a periodos anteriores.

“Esa reducción no la podemos leer como una mejora en las garantías para informar. Lo que nos revelan las cifras es la instalación del miedo, de condiciones restrictivas y de un cálculo mucho más preciso de los riesgos por parte de los periodistas venezolanos. Por ejemplo, la concentración de casos a inicio del año pasado fue reveladora: solamente en enero de 2025 se registraron  43 casos y esto está directamente relacionado con las tensiones políticas posteriores al proceso electoral del 28 de julio de 2024”, explicó Balbi.

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La directora destacó que el tema más preponderante de 2025 fueron las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de periodistas. “Llegamos a tener 19 periodistas privados de libertad. Siempre hacemos la salvedad de que algunos de estos comunicadores no ejercen como reporteros, sino que forman parte de comandos de campaña de partidos políticos, pero eso también es un ejercicio de la profesión”, dice.

Balbi denunció que, si bien se han producido algunas excarcelaciones tras los eventos de enero de 2026 y la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, estas no son plenas. “Los periodistas siguen bajo un patrón de persecución: casa por cárcel, prohibición de salida del país y, especialmente, la prohibición de hablar con los medios”, señaló.

Finalmente, destacó que es fundamental el cese inmediato de las órdenes de censura y el desbloqueo de medios digitales, la derogación de leyes restrictivas, como la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar, y el retorno de canales internacionales a las grillas de televisión para combatir la opacidad informativa. “Le toca a la sociedad civil empujar esta hoja de ruta hacia la democracia. Aunque nadie hable de ella hoy en Venezuela, es el papel que nos toca jugar”, concluyó Balbi.

Con información de prensa Ipys

 Este miércoles 14 de enero se confirmó la excarcelación de 19 periodistas y trabajadores de la prensa que se encontraban detenidos arbitrariamente en Venezuela, destacó el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipyss - Venezuela).

Destaca que “estas detenciones se produjeron entre 2022 y 2025 y formaron parte de un patrón sostenido de persecución penal contra comunicadores, caracterizado por procesos opacos, privaciones prolongadas de libertad y ausencia de garantías judiciales”.

De acuerdo con el balance del SNTP, las personas excarceladas son: Roland Carreño, detenido el 2 de agosto de 2025 en Caracas; Julio Balza, detenido el 9 de enero de 2025 en Caracas; Nakary Ramos Mena, detenida el 8 de abril de 2025 en Caracas; Gianni González, detenido el 8 de abril de 2025 en Caracas; Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024 en Caracas; Gabriel González, detenido el 17 de junio de 2024 en Caracas; Luis López, detenido el 14 de junio de 2024 en La Guaira; Carlos Marcano, detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas; Leandro Palmar, detenido el 9 de enero de 2025 en el estado Zulia; Belises Salvador Cubillán, detenido el 9 de enero de 2025 en Zulia y nuevamente el 2 de agosto de 2025 en Caracas; Víctor Ugas, detenido el 18 de agosto de 2024 en Caracas; Ramón Centeno, detenido el 2 de febrero de 2022; Biagio Pilieri, detenido el 28 de agosto de 2024 en Caracas; Nicmer Evans, detenido el 13 de diciembre de 2025; Omario Castellanos, detenido el 16 de octubre de 2025; Yorbin García, detenido el 18 de octubre de 2025; Carlos Lesma, detenido el 8 de octubre de 2025; Mario Chávez, detenido el 6 de mayo de 2025; y Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025.

IPYS Venezuela ha documentado que estas personas fueron imputadas, de manera reiterada y sin sustento probatorio suficiente, por delitos graves y desproporcionados, utilizados de forma recurrente para castigar la expresión pública, el disenso y la labor informativa. 

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Entre las acusaciones más frecuentes figuran: terrorismo, instigación o incitación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales, magnicidio en grado de tentativa, alteración del orden público, difusión de noticias falsas, extorsión y resistencia a la autoridad, así como presentaciones ante tribunales con competencia en terrorismo, incluso en casos donde los hechos imputados no guardaban relación alguna con conductas violentas.

En múltiples expedientes, IPYS Venezuela registró impedimentos para el ejercicio de la defensa privada, imposición de defensores públicos sin consentimiento de las personas detenidas y restricciones al acceso oportuno a los expedientes judiciales, lo que configuró escenarios de indefensión jurídica. 

Asimismo, en varios casos se produjeron desapariciones forzadas de corta y mediana duración, caracterizadas por la negativa u omisión de las autoridades a informar sobre el paradero de las personas detenidas tras su aprehensión, traslados a lugares no revelados o incomunicación prolongada, prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Estas excarcelaciones ocurren en un contexto político altamente tensionado, marcado por presiones internacionales, una crisis de legitimidad institucional y la necesidad del poder político de reconfigurar su narrativa interna y externa. 

El anuncio realizado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas privadas de libertad, debe leerse como una decisión política coyuntural, más que como una rectificación estructural de las prácticas de criminalización.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó desde el Palacio de Miraflores que el proceso de excarcelación de presos políticos “se mantiene abierto”, señalando que estas liberaciones no han concluido y que forman parte de un proceso iniciado en diciembre de 2025.

 Rodríguez afirmó que, según cifras oficiales, hasta la fecha suman 406 liberaciones previstas en estos días y que el mecanismo sigue en marcha, casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de personas”.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó que registraba más de 800 presos políticos en Venezuela y había confirmado 201 excarcelaciones, una cifra muy inferior a la anunciada por las autoridades.

Las excarcelaciones no anulan la arbitrariedad de las detenciones ni reparan el daño causado. Tampoco implican garantías de no repetición, especialmente mientras persistan las mismas figuras penales, los mismos tribunales y las mismas lógicas de castigo selectivo.

IPYS Venezuela reitera que ninguna de estas personas debió estar detenida, que la libertad no puede ser presentada como una concesión política y que el Estado venezolano mantiene una deuda grave con el respeto al debido proceso, la libertad personal y la libertad de expresión. 

Exigimos libertad plena, el cese de la persecución contra periodistas y trabajadores de la prensa, garantías de no repetición y la liberación inmediata de quienes aún permanecen privados de libertad.

Con información de Ipys-Venezuela

El Instituto de prensa y Sociedad (Ipys), capítulo  Venezuela, presentó un informe relacionado con la situación de los comunicadores sociales y de la libertad de expresión en el país.

A continaución presentamos el documento completo, publicado por el IPYS en su portal.

📰 VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓNEn el primer semestre de 2025, @ipysvenezuela registró 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, con 110 vulneraciones a derechos informativos. pic.twitter.com/OMtCgjxnpL

Cobertura electoral

La cobertura informativa de las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela implicó nuevos desafíos para el ejercicio del periodismo en el país. Las votaciones para designar a  diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos de todos los estados de Venezuela se realizaron en un contexto de creciente desdibujamiento de las garantías de transparencia establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano. 

A ello se sumaron dos factores aún más inquietantes: el temor, plenamente justificado, de sufrir represalias por informar, y los riesgos derivados de una mayor saña en la represión contra los y las periodistas.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 constituyeron un parteaguas. Desde entonces, los ataques a la prensa independiente recrudecieron. 

La criminalización de cualquier ejercicio de libertad de expresión percibido como contrario a los intereses del oficialismo alcanzó extremos inéditos. 

Trece periodistas fueron encarcelados bajo acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio.

En el ciclo electoral en curso, que comenzó con la elección de candidatos presidenciales en 2024 y proseguirá en 2025 con la elección de autoridades municipales, el discurso estigmatizante contra las y los periodistas se afianzó en la identidad de quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social, a quienes se les juzga y condena por lo que son, más que por lo que hacen.

La descalificación pública de periodistas por parte de agentes del oficialismo suele preceder el hostigamiento judicial propiamente dicho. 

La intervención de los operadores del sistema de administración de justicia se convierte en una mera formalidad, pues se limita a la ejecución de una sentencia anticipada y exigida por quienes mediante el ejercicio arbitrario del poder fomentan la persecución política.

En un entorno cada vez más restrictivo de libertades, entre ellas la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública, los riesgos de informar sobre elecciones en Venezuela coexisten con los miedos que experimentan las y los periodistas y los riesgos que afrontan.

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El estudio

A efectos de este estudio, consideramos útil diferenciar riesgos y miedos para el ejercicio del periodismo a partir de las percepciones de quienes los afrontan y los sienten.

 Consideramos que, en última instancia, las decisiones sobre informar o no y, dado el caso, sobre cómo hacerlo, son decisiones personalísimas, determinadas por experiencias particulares y condiciones laborales más específicas.

Con el propósito de aproximarnos a las percepciones del miedo y los  riesgos para la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela diseñó un estudio que se fundamenta en los resultados de una encuesta realizada en la primera quincena de junio.

80 periodistas de 18 estados del país contestaron 22 preguntas sobre percepción del miedo y de riesgos, medidas de protección y estrategias de resiliencia. 

Varias de las preguntas fueron abiertas, con el propósito de que las personas consultadas pudieran exponer con palabras propias sus inquietudes, expectativas y propuestas. Algunos de los testimonios recabados fueron incorporados al reporte.

La encuesta se realizó entre periodistas que estaban llamados a cubrir las elecciones del 25 de mayo, por la naturaleza de las funciones que desempeñan en los medios de comunicación para los cuales trabajan o como periodistas independientes. 

La convocatoria se hizo bajo total garantía de reserva de identidad de las personas encuestadas, pero, aún así, en muchos casos encontramos razonadas negativas a participar, lo cual emergió como un resultado preliminar sobre la dimensión de los temores.

Para el análisis de los resultados de la consulta profesionales de la Psicología contribuyeron a explicar los procesos mentales que se activan en situaciones de hostilidad como la que signa al periodismo venezolano, las posibilidades de gestionar los miedos y las estrategias para enfrentar los riesgos.

Algunos de los expertos y expertas consultados solicitaron reserva de identidad por temor a sufrir represalias, lo cual parece una evidencia de que el miedo y los riesgos asociados a la libertad de expresión en Venezuela no solo afectan a quienes se dedican profesionalmente a la comunicación social.  

IPYS Venezuela considera necesario tomar todas las previsiones necesarias para evitar que su trabajo de documentación cause daño y, por ello, también se omite la identidad de todos los y las psicólogos y psicólogas que accedieron a colaborar con esta iniciativa.

El objetivo de este estudio es registrar el estado del ejercicio del periodismo en Venezuela durante los procesos electorales: cuando el ejercicio pleno de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la información pública son más necesarios para la vigencia de la democracia mediante el respeto a los derechos humanos y, entre ellos el sufragio auténticamente libre.

La pregunta de fondo es: ¿en qué medida los riesgos y miedos  paralizan o movilizan al periodismo venezolano?

La prensa independiente en Venezuela llegó al 25 de mayo de 2025 con un acumulado de aprendizaje en términos de resistencia y persistencia. Por ello, también consideramos necesario y útil tratar de determinar la efectividad de las medidas de protección y las estrategias de resiliencia para prevenir y evitar los ataques. Y, con mayor precisión, identificar líneas de acción colectivas para seguir aprendiendo y ejerciendo el periodismo con dignidad, ética, responsabilidad y compromiso con los valores de la democracia.

El “cuarto oscuro”

En relación con los niveles de miedo, 63% de los periodistas consultados reportó haber sentido entre un nivel medio y alto (niveles 3, 4 o 5 en una escala de 1 a 5). Por su parte,  23% manifestó niveles bajos de miedo.

El temor de las personas periodistas a desempeñar su labor en contextos electorales está suficientemente sustentado en lo que que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han denominado “prácticas de terrorismo de Estado”.

Ahondando en las advertencias de la CIDH, los hechos indican que el Estado venezolano fomenta el miedo deliberadamente y lo administra de manera arbitraria con todos los recursos a su alcance: con un agigantado aparato de propaganda y desinformación, con la fuerza desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a grupos armados paraestatales, y mediante la cooptación oficialista del resto de los actores del sistema de administración de justicia venezolano. Todo ello se intensificó luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Cubrir unas elecciones significa calcular si regresarás a casa. El miedo a ser detenido, agredido o desaparecido está siempre latente. Y lo más duro es saber que, aunque haya protocolos, en un régimen como este no hay garantías que valgan.”

La detención arbitraria de 11 periodistas en el contexto de las elecciones del 25 de mayo de 2025 es un aspecto distintivo de las variaciones en la represión sistemática contra la prensa independiente, según las coyunturas. Se trata de una agresión extrema que supone un sufrimiento prolongado de las personas detenidas y de las que integran sus entornos personales.

La posibilidad de una detención arbitraria fue señalada por las personas encuestadas como una de las principales amenazas. 

Aunque existen algunas iniciativas de capacitación en materia de seguridad jurídica, la sensación de indefensión de los y las periodistas venezolanos es totalmente comprensible, pues en el ciclo electoral en curso han sido vulneradas todas las garantías del debido proceso. En menos palabras, luego de una detención arbitraria las posibilidades de librarse de la cárcel son casi nulas. Esto confirma la necesidad de concentrar esfuerzos en la prevención.

El encarcelamiento de periodistas emerge como un ataque brutal, que se ejecuta a modo de escarmiento; en este caso, para que todo el gremio periodístico sienta que la experiencia de quienes están en prisión no es una experiencia ajena. Es un mecanismo de censura que, además, genera autocensura. Es un miedo que, razonablemente, obliga a los y las periodistas a detenerse; al menos, detenerse a pensar qué hacer para no convertirse en víctimas de la represión. La decisión intermedia suele ser un repliegue táctico, y la decisión final corresponde una estrategia más reposada, que oscila entre la resiliencia y el silencio.

Después de que una persona periodista es detenida por informar sobre un proceso electoral, sobre todo si la información que difunde contraviene los intereses del oficialismo, se le formulan imputaciones fiscales por delitos graves, como terrorismo, asociación para delinquir  e incitación al odio. Tales imputaciones se hacen de manera genérica, independientemente de las particularidades de los hechos en cada caso, lo cual es un indicio de la aplicación del llamado Derecho Penal del Enemigo, según el cual las personas son juzgados por lo que son y no por lo que hicieron. Los y las periodistas son criminalizados por su identidad profesional.

“Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias están calando en la psique de los periodistas que estamos en el terreno. Esta situación está inhibiendo la investigación, documentación y visibilización de las violaciones de DDHH. La articulación del gremio es clave para protegernos.”

Una tercera fase del proceso de criminalización es el enjuiciamiento sin posibilidad de libertad condicional. Los y las periodistas son judicializados sin las garantías elementales del derecho al debido proceso: no se les permite comunicarse con familiares o personas de su entorno personal y laboral, no se les permite ser asistidos por abogados de su confianza, no se les permite ser debidamente escuchados para ofrecer su versión de los hechos y refutar los cargos formulados por el Ministerio Público.

Sentir miedo

Los psicólogos y psicólogas consultados, cuya identidad se mantiene bajo reserva, coincidieron en que el miedo expresado por los periodistas no es un síntoma patológico, sino una reacción lógica y funcional de los seres humanos frente a la inminencia del daño, que en el caso de quienes se dedican a la comunicación social  en Venezuela tiene asidero en hechos muy recientes, particularmente los relacionados con la represión estatal ejecutada después de los comicios del 28 de julio de 2024. 

Este miedo, explican, cumple un papel adaptativo en tanto que alerta sobre los peligros y permite la toma de medidas de protección.

Para este análisis distinguimos miedos de riesgos. Consideramos que el miedo está determinado por la experiencia personalísima de cada quien, de cada periodista, asociada a sus particularidades emocionales para afrontar la adversidad. En este orden de ideas, el miedo es singular en tanto construcción derivada de experiencias que suelen variar significativamente de una persona a otra.

En paralelo, los riesgos (en plural) para el ejercicio del periodismo en Venezuela están determinados por una situación más generalizada, que es fomentada por los artífices y ejecutores de una represión dirigida contra quienes se atreven a contrariar los intereses del oficialismo y desafiar el poder que ejerce hegemónicamente.

Uno de los especialistas consultados refirió los aportes de Carlos Martín Beristain, un psicólogo español con una vasta experiencia en los efectos psicosociales de las violaciones de derechos humanos en países de América Latina: “(Beristain) invita a hacer una distinción entre el miedo al perro que ladra y el miedo al cuarto oscuro.

 El miedo al perro que ladra es el miedo a una amenaza real, concreta que logramos identificar. Ese miedo es útil porque nos pone alerta y nos invita a evaluar las circunstancias para protegernos de ese miedo. El problema es que el terror estatal busca generar un clima generalizado de miedo difuso que nos hace difícil distinguir cuál es el nivel de la amenaza. Aterrorizados podemos terminar paralizados. 

Todo esto puede convertirse en un círculo vicioso, mientras más asustados, más paralizados, y mientras más paralizados, menos capaces de hacer las cosas que nos van a proteger de las amenazas. Eso es el miedo al cuarto oscuro. Tenemos miedo, pero no sabemos bien a qué. Ese miedo desmoviliza”.

“Siento que todos los periodistas estamos viviendo tiempos muy oscuros. Hoy no solo necesitamos protección física, también psicológica. El acompañamiento emocional debería formar parte de cualquier protocolo.”

Distinguir entre amenazas que se puedan o no ejecutar no es tarea fácil; precisamente por la sensación de estar en un “cuarto oscuro” que experimentan los y las periodistas en Venezuela.

Estas reflexiones ayudan a entender los datos que siguen. Las agresiones sufridas durante las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024 tuvieron un peso determinante: 25% de quienes fueron atacados en aquella oportunidad decidió no informar sobre las elecciones del 25 de mayo de 2025.

Apenas 17% de los y las periodistas consultados afirmó que el miedo les impidió cubrir las elecciones del 25 de mayo. Las razones más señaladas fueron el temor a represalias directas, la falta de garantías de seguridad por parte de sus empleadores y la preocupación por la integridad de sus familias. Estos factores llevaron a decisiones difíciles, donde se prioriza la protección personal y familiar por sobre el deber informativo.

Sin embargo, 71% aseguró haber dado cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025, a pesar del miedo que experimentaron y la certeza del peligro inminente. A simple vista, ello parece indicar una disposición mayoritaria a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, a pesar de las condiciones adversas.

Del estrés al distrés

En cuanto a la percepción de riesgo, 70% de los y las periodistas consultados calificó el riesgo de cubrir los comicios como medio o alto. Este dato es coherente con los testimonios que describen el hostigamiento y las amenazas como parte del contexto habitual del trabajo periodístico, especialmente en procesos electorales.

Los y las periodistas están entrenados para trabajar bajo presión, sobre todo la presión del tiempo, y tal entrenamiento incluye estrategias para gestionar el estrés. Sin embargo, vivir sometido a una alarma constante conduce al distrés, el cual sobreviene cuando las personas afectadas no logran lidiar con la situación estresante y se sienten abrumadas.

Los efectos del distrés derivados de sentirse en peligro permanentemente se manifiestan en la salud física y mental y, en términos profesionales, en la productividad y calidad del trabajo que se realiza.

La frustración y la culpa suelen ser consecuencias emocionales del distrés. Al respecto, uno de los especialistas consultados advierte que la culpa no debe tener cabida cuando la persona en cuestión no ha proferido un daño intencionalmente y, en el caso de los y las periodistas, vale la consigna “informar no es delito”. 

Por otra parte, la frustración sí tiene asidero en la imposibilidad de ejercer la profesión con libertad y, en ese sentido, el experto sugiere compartir experiencias para evitar la sensación de soledad, lo cual es posible si se fomenta la solidaridad gremial y la reafirmación del compromiso de los y las profesionales de la comunicación con la democracia, lo cual incluye la promoción y defensa de los derechos humanos, aún en contextos hostiles.

Los impulsos, entre ellos el miedo, pueden conducir a comportamientos erráticos que pueden aumentar la vulnerabilidad de los y las periodistas. 

Por ello los expertos y expertas recomiendan reflexionar sobre las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo que están fuera del control de los y las profesionales de la comunicación social. Y que esa reflexión permita identificar y desarrollar soluciones creativas y eficientes que incluyan la mitigación de riesgos y se fundamenten en la idea de seguridad colectiva.

“Tenemos que trabajar en red: avisar siempre dónde estamos, crear grupos de respaldo inmediato, activar alertas, apoyarnos legal y emocionalmente.”

Sensación de culpa

Otro de los expertos en Psicología consultados comentó la eventual sensación de culpa: “Es muy importante que la evaluación del cumplimiento de la labor de informar se coloque en el marco realista de las restricciones a la libertad a las que estamos sometidos. Quizás, la pregunta no es: ‘¿estoy traicionando mi deber de informar?’, si no: ‘¿es posible informar de manera responsable y razonable bajo las amenazas en que estamos viviendo?’. No debemos evaluar nuestro desempeño profesional, sobre todo cuando está relacionado con asuntos de interés social con los parámetros de una sociedad abierta. Tenemos que pensar en cómo sostener las vías para mantenernos informados en un lugar donde la verdad es perseguida”.

La exposición a situaciones de violencia, censura y hostigamiento impacta de manera diferenciada en la salud integral de los periodistas, manifestándose en problemas de sueño, estrés postraumático, ansiedad, depresión, irritabilidad y deterioro de los hábitos de vida. Por ello, se insistió en la necesidad de prácticas de autocuidado que incluyan el ejercicio físico, el descanso, la alimentación equilibrada, la meditación, las actividades recreativas y el fortalecimiento del apoyo social.

“El respaldo psicológico entre periodistas es fundamental. Nos da fuerza. No estamos solo expuestos físicamente, también emocional y mentalmente. Estos tiempos oscuros demandan redes de contención reales.”

Este enfoque —insisten los expertos y expertas— debe asumirse  como una responsabilidad que comienza en lo individual pero trasciende a lo colectivo. La sensación de aislamiento es parte del miedo y acrecienta los riesgos.

Otro hallazgo relevante es la ausencia o debilidad de planes editoriales específicos para enfrentar un entorno restrictivo de libertades informativas, lo que trasladó la carga de las medidas de seguridad a la responsabilidad individual de los periodistas e incrementó la sensación de vulnerabilidad y aislamiento.

“El encuentro entre periodistas nos da fuerza para seguir y no decaer… para saber que no estamos solos.”

La consulta documentó, además, casos de desplazamiento forzado y autocensura posterior a la cobertura. 45% sustituyó el trabajo en terreno por la cobertura remota cuando consideró que la situación era peligrosa, y la misma proporción evitó abordar temas que pudieran incomodar al poder. 41% evitó mencionar explícitamente a figuras públicas, y un 24 % dejó de firmar publicaciones que pudieran resultar incómodas para las autoridades. Aunque comprensibles como medidas de protección, estas prácticas representan un retroceso para el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La encuesta que fundamenta este estudio reveló que seis personas periodistas sufrieron agresiones de diversa naturaleza durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025: físicas (empujones, detenciones breves), verbales (insultos, amenazas), restricciones al acceso a centros de votación y fuentes, y hostigamiento digital mediante campañas de descrédito y estigmatización en redes sociales. Los principales agresores identificados fueron funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, actores civiles vinculados al oficialismo y autoridades electorales que limitaron el acceso a lugares de interés y fuentes de información.

Pese a este panorama, 71% de los periodistas logró superar las barreras y agresiones para cumplir con su deber informativo. Este logro, según expusieron las personas consultadas, se apoyó en la implementación de protocolos de seguridad individuales y colectivos, el trabajo en red y el uso de estrategias como el anonimato y la cobertura indirecta. No obstante, la mayoría considera que el costo emocional y profesional de estas estrategias es elevado, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección, las acciones colectivas y las garantías institucionales para la prensa independiente en Venezuela.

El camino de la resiliencia

En el ejercicio periodístico hay dos momentos clave: cuando se busca la información noticiosa y cuando se procesa para convertirla en el relato a difundir. El miedo y los riesgos han obligado a cambiar la forma de hacer periodismo en Venezuela, sobre todo en contextos de crispación política, como es el caso de los procesos electorales. Así lo confirmaron quienes respondieron la consulta realizada por IPYS Venezuela.

Los y las periodistas ajustaron su manera de trabajar en función de las amenazas y la necesidad de proteger su integridad personal, física y mental, así como su libertad y su vida. Estos cambios abarcan tanto el reporteo como el tratamiento de la información, y las estrategias de seguridad.

Uno de los principales cambios fue la manera de reportear. 45% de las personas encuestadas optó por sustituir la cobertura en terreno por trabajo remoto cuando lo consideró necesario, mientras que 3% dejó de hacer coberturas presenciales por completo.

Además, 45 % de las personas consultadas indicó que evita abordar temas que pudieran incomodar a sectores de poder, lo cual revela la dimensión del miedo y de la percepción de los riesgos.  Algunos periodistas recurrieron a enfoques más prudentes o indirectos para tratar asuntos sensibles.

“Saber que el Estado actúa sin freno, sin justicia, hace que cualquier medida de protección parezca insuficiente. Aquí, una cobertura puede terminar bien… o puede terminar en una celda. Es impredecible.”

La percepción de los riesgos también modificó la forma en que se procesa y se difunde la información. 41 % de los y las periodistas indicó que prefiere no mencionar de manera explícita a figuras públicas de poder, y  24 % decidió no firmar publicaciones que pudieran exponerlos a represalias. Adicionalmente, hubo quienes limitaron la difusión de sus trabajos en redes personales o grupos privados para reducir su exposición. Aunque comprensibles como mecanismos de autoprotección, estas prácticas terminan reduciendo el acceso de la ciudadanía a información completa y contextualizada.

Este escenario implicó que se adoptaran distintas medidas de protección. En el plano físico, se priorizó evitar zonas de alto riesgo, planificar desplazamientos con discreción y establecer puntos seguros de contacto y retiro. En lo digital, se reforzó el uso de canales cifrados, herramientas seguras para el resguardo y envío de materiales y el manejo cuidadoso de información sensible. En lo legal, aunque de forma menos extendida, algunas y algunos periodistas buscaron informarse sobre rutas de apoyo jurídico y redes de denuncia y acompañamiento en caso de detención o vulneración de derechos.

“Ya no preguntamos lo incómodo, no firmamos lo que puede molestar, y evitamos ciertos temas. Vivimos bajo perfil porque ya no solo es autocensura: es estrategia de supervivencia.”

Otra forma de hacer periodismo en Venezuela es una evidencia de la profundización de las restricciones a las libertades informativas, pero también de la necesidad de fortalecer capacidades de adaptabilidad a las situaciones adversas, para persistir en el ejercicio ético y responsable de la profesión. 

Otra forma de hacer periodismo es una manifestación de reacomodo de paradigmas, como, por ejemplo, la preeminencia de las alianzas entre colegas de distintos medios para informar con precisión y contundencia por encima de la idea de primicia o exclusividad. Y todo ello teniendo en cuenta el miedo de cada quien y los riesgos de la represión sistemática a la prensa independiente.

“La cobertura grupal es una de las pocas estrategias que sentimos como verdaderamente útiles. Nunca andar solos es una norma tácita entre nosotros.”

Las redes de apoyo entre periodistas y organizaciones aliadas jugaron un papel significativo durante el proceso electoral del 25 de mayo de 2025. El 58 % de las personas encuestadas afirmó formar parte de algún tipo de red de respaldo para realizar su trabajo periodístico, lo que muestra un grado importante de articulación previa. Sin embargo, los testimonios recabados revelan que no todas estas redes se activaron con la misma intensidad durante el proceso electoral, y que su capacidad de respuesta varió en función de los recursos disponibles, el alcance territorial o la solidez de los vínculos entre sus integrantes.

Cuando se preguntó por la importancia de contar con redes de apoyo en contextos de cobertura electoral, el 76% de los periodistas calificó con el nivel más alto (5 en una escala de 1 a 5), lo que evidencia un reconocimiento casi unánime del valor de estas estructuras para enfrentar riesgos. 

Aun así, algunos testimonios señalaron una desconexión entre la expectativa de respaldo y la asistencia real recibida. Mientras que en algunos casos se destacaron acciones concretas de medios, gremios y organizaciones no gubernamentales (como asesoría legal, acompañamiento ante detenciones o difusión de alertas), en otros se expresó la sensación de haber estado “completamente solos”. Estas percepciones muestran la necesidad de fortalecer, sistematizar y visibilizar las rutas de apoyo existentes para que puedan activarse de forma oportuna y coordinada en momentos de riesgo.

Conclusiones

El estudio sobre percepciones de miedo y riesgo durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo de 2025 confirma la creciente hostilidad para el ejercicio del periodismo en Venezuela.

Los datos muestran cómo el miedo y los riesgos se convirtieron en factores determinantes de las decisiones editoriales e individuales de quienes ejercen esta labor en un entorno de criminalización de la libertad de expresión.

La represión contra la prensa independiente, que recrudeció antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fundamenta el incremento del miedo que sientes y de los riesgos que identifican los y las periodistas para informar en coyunturas de alta tensión política y conflictividad social.

La posibilidad de ser objeto de una detención arbitraria es uno de los mayores temores manifestados por los y las periodistas encuestados, sobre todo porque suele acarrear un encarcelamiento indefinido y un juicio sin las garantías del debido proceso. Ello implica un sufrimiento prolongado que se extiende al entorno personal de la víctima.

Como ha documentado IPYS Venezuela, el hostigamiento judicial es un patrón de agresión recurrente y forma parte del análisis que le corresponde hacer a los periodistas para la cobertura de procesos electorales y, en general, para el ejercicio del periodismo en el país.

 La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la República Bolivariana de las Naciones Unidas ha documentado que los operadores del sistema de administración de justicia (agentes de los cuerpos de seguridad, fiscales y jueces) se han sumado a la criminalización de la crítica.

La situación adversa para el ejercicio del periodismo en Venezuela puede conducir del estrés al distrés. Los y las periodistas intuyen la necesidad del autocuidado y del cuidado mutuo, y los psicólogos y psicólogas que contribuyeron con este estudio destacan que la solidaridad gremial es una base que permite construir o fortalecer redes de protección.

Las redes de apoyo permiten mitigar  la sensación de desarticulación y aislamiento, y contribuyen a disminuir el distrés que abruma, paraliza y debilita la calidad de los contenidos periodísticos. Es de gran utilidad que las redes prioricen la prevención y que a ellas se sumen quienes dirigen los medios de comunicación, las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información, así como organizaciones especializadas en salud mental.

Apenas 17% de los y las periodistas consultados afirmó que el miedo les impidió cubrir las elecciones del 25 de mayo. A pesar del contexto hostil, la mayoría de las personas encuestadas manifiesta su disposición a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, ajustado a la ética y el compromiso con la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.

En todo caso, el contexto desfavorable para el libre ejercicio del periodismo conduce a adoptar cambios en las formas de buscar, procesar y difundir información. La seguridad de cada periodista y de todas las personas involucradas en la labor informativa es un eje transversal de la adaptabilidad que han desarrollado los y las comunicadores sociales en Venezuela, mediante un proceso acumulativo de aprendizajes. Tal adaptabilidad es una buena noticia, pues sugiere recorrer caminos distantes de la autocensura.

Entre las estrategias de resiliencia más empleadas por los y las periodistas que dieron cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025 destacan: el trabajo de reportería en grupos de colegas, alianzas para documentar hechos y procesos de interés social con mayor eficacia, prescindencia de firmas para evitar que la identificación de los autores de un contenido periodistas los coloque en una situación de mayor vulnerabilidad.

El reforzamiento de las medidas de protección para el ejercicio del periodismo en situaciones de alto riesgo es una práctica usual, según indicó la mayoría de las personas consultadas. Ello incluye:

1) planificación detallada de jornadas de reportería que se consideren riesgosas, por ejemplo para contar con un inventario de opciones en caso de ataques físicos,

2) articulación vía telefónica de un grupo de apoyo, integrado por colegas, familiares, representantes de organizaciones gubernamentales y abogados de confianza, para reforzar la seguridad cuando corresponde realizar labores de reportería peligrosas,

3) eliminación de información personal o de carácter político en los dispositivos móviles que se utilicen durante las coberturas in situ,

4) uso de canales  digitales cifrados y  herramientas seguras para el resguardo y envío de insumos o contenidos periodísticos.

Además de los riesgos asociados al aumento de la represión contra los y las periodistas venezolanos durante los períodos electorales, la cobertura eficaz de comicios en Venezuela se dificulta por el desmantelamiento de los medios de comunicación tradicionales y los escollos para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación emergentes.

Las deficiencias de personal y de equipos son obstáculos adicionales.

Recomendaciones

Para fortalecer capacidades individuales y colectivas de autoprotección:

Diseñar e implementar protocolos de seguridad física, digital, legal y emocional adaptados a contextos de represión sistemática, con énfasis en procesos electorales.

Promover procesos de formación continua en análisis de riesgos, herramientas de protección digital, derechos legales y autoprotección emocional, especialmente para periodistas en regiones con mayor hostilidad.

Incentivar la elaboración de planes de contingencia personales y colectivos ante detenciones arbitrarias y otras formas de criminalización.

Para impulsar redes de apoyo gremial, emocional y legal:

Consolidar redes de confianza entre periodistas, medios, organizaciones y especialistas que brinden apoyo inmediato en situaciones de emergencia (alertas, defensa legal, acompañamiento psicosocial).

Establecer sistemas seguros de comunicación y monitoreo mutuo durante coberturas riesgosas, incluyendo grupos de respaldo inmediato y protocolos de ubicación compartida.Visibilizar y reforzar las iniciativas de acompañamiento emocional como parte integral de la práctica periodística, entendiendo que el desgaste psicológico afecta la sostenibilidad del oficio.

Para promover entornos editoriales responsables y protectores

Fomentar la corresponsabilidad de los medios de comunicación  y organizaciones que son fuentes de empleo para los y las comunicadores sociales en la protección del recurso humano, mediante planes editoriales específicos, recursos de seguridad y espacios de escucha activa.

Evaluar la pertinencia de ajustar las rutinas de producción informativa sin ceder a la autocensura, priorizando enfoques colaborativos que disminuyan la exposición individual y garanticen la circulación de información.

Reforzar alianzas editoriales entre periodistas y medios de distintas regiones para fortalecer la reportería grupal como estrategia de seguridad y amplificación del mensaje.Para integrar el autocuidado como pilar del ejercicio profesional:

Impulsar prácticas conscientes y sostenidas de autocuidado físico, emocional y mental, entendiendo que no solo se protege la integridad del periodista, sino también la calidad y sostenibilidad del periodismo.

Fomentar la escritura como herramienta de resiliencia y resistencia, valorando diarios, crónicas, bitácoras personales y testimonios como mecanismos de memoria colectiva.

Crear espacios de soporte emocional colectivos y círculos de cuidado donde se validen los sentimientos de miedo, frustración o culpa, sin estigmatizar decisiones de repliegue táctico.

Para exigir garantías institucionales para un periodismo libre y seguro

Demandar al Estado venezolano el cese de la criminalización del ejercicio periodístico, la liberación inmediata de periodistas detenidos arbitrariamente y el restablecimiento de garantías suficientes para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública..

Exhortar a organismos internacionales, relatorías y mecanismos de protección a intensificar el monitoreo sobre Venezuela y brindar respaldo efectivo a periodistas en riesgo.

Promover campañas públicas que reconozcan la labor del periodismo como un bien social y visibilicen los impactos del miedo y los riesgos asociados a la represión sistemática contra la prensa independiente en Venezuela sobre el derecho a informar y a estar informado.

Para documentar, analizar y aprender de la experiencia:

Sistematizar casos, testimonios y estrategias empleadas durante coberturas de alto riesgo para retroalimentar aprendizajes y construir conocimiento útil para futuras coyunturas.Realizar estudios periódicos que exploren el impacto emocional, profesional y ético del ejercicio periodístico en contextos represivos, incluyendo el abordaje psicosocial y el acompañamiento especializado.

Con información de IPYS

En tan solo una semana, entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, e4l Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) registró 79 vulneraciones a la libertad de prensa, comprendidas en 62 casos relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país.

«Esta documentación es alarmante, debido a que pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela», reseña un informe de la institución.

La cobertura periodística del proceso electoral se tornó más riesgosa cuando la atención de la opinión pública se concentró en las manifestaciones ciudadanas en contra de los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro y, mucho más, cuando muchas de estas protestas fueron dispersadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Altos funcionarios del oficialismo emitieron señalamientos contra la prensa independiente y equipararon la cobertura periodística de las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales con delitos graves como incitación al odio.

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?En tan solo una semana, IPYS Venezuela registró 79 vulneraciones que afectaron a:? 44 reporteros? 7 corresponsales extranjeros? 3 camarógrafos? 3 directivos de medios? 1 reportera gráfica? 2 periodistas y dirigentes políticosLee más: https://t.co/Agj72RHgfu

Las violaciones documentadas incluyen agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1). Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a las personas periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal.

Trujillo fue la entidad con más casos denunciados (6), con agresiones a periodistas durante coberturas en la calle y mensajes estigmatizantes por parte del gobernador y un alcalde, seguida por el Área Metropolitana de Caracas (3).

Los demás incidentes ocurrieron en Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia (con dos cada uno), y en Anzoátegui, Apure, Barinas, Mérida, Miranda, Portuguesa y Yaracuy (uno en cada uno). Asimismo, en entornos digitales y transmisiones nacionales de televisión se registraron 25 hechos, 13 de ellos vinculados a comentarios y campañas de descrédito y criminalización contra quienes informan.

Estas violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, así como dos periodistas y dirigentes políticos, de los cuales 37 son hombres y 23 son mujeres.

Los principales responsables estatales de estas vulneraciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado, implicados en 20 casos, principalmente en detenciones. Les siguen actuaciones de las gobernaciones y sus dependencias (6) y las alcaldías y sus dependencias (4), con mensajes estigmatizantes contra la prensa. Otros victimarios fueron las personas no identificadas y desconocidos en las redes sociales, con 12 casos, así como los proveedores de internet, responsables de seis bloqueos a sitios web.

«La detención arbitraria de periodistas es especialmente preocupante. Cuatro trabajadores de la prensa fueron encarcelados por cubrir protestas: dos camarógrafos, un reportero y una reportera gráfica en los estados de Barinas, Trujillo, Guárico y Miranda, respectivamente», señala el escrito.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el camarógrafo Yousner Alvarado, de Noticia Digital, detenido en Barinas el 29 de julio, fue presentado e imputado por delitos de terrorismo. El 1 de agosto, se esperaba que Paúl León, camarógrafo de VPItv detenido el 30 de julio en Valera, Trujillo, fuera imputado mediante audiencia telemática.

El reportero Joaquín de Ponte, arrestado el 30 de julio por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Juan de Los Morros, estado Guárico, fue liberado esa noche.

El 2 de agosto, funcionarios de la Policía del estado Miranda se llevaron detenida a la reportera gráfica Deysi Peña en Los Teques.

El SNTP informó que a las 3:00 p.m. la fotógrafa se encontraba en el módulo de la PNB de la Cortada del Guayabo y fue detenida por fotos que hizo durante la protesta realizada el 30 de julio en Carrizal y que publicó en redes sociales. De acuerdo con la organización Sin Mordaza, a Peña se le realizó la audiencia preliminar el 4 de agosto y está siendo señalada por delitos de terrorismo.

Ese mismo día, el periodista y activista del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, fue arrestado nuevamente, lo que subraya la persecución continua contra figuras críticas del gobierno.

De acuerdo con un reporte de la organización Espacio Público, el 3 de agosto sujetos encapuchados, presuntamente pertenecientes a la Dirección de Contrainteligencia Militar, detuvieron al periodista y activista político José Gregorio Camero en Valle de la Pascua, en Guárico, luego de una manifestación de la oposición en esa localidad.

Según los registros de esta organización, 19 trabajadores de la prensa fueron agredidos físicamente o amedrentados durante coberturas de manifestaciones públicas.

En Caracas, el 29 de julio, efectivos de la PNB lanzaron bombas lacrimógenas al reportero Rafael Espejo, del medio digital Caricuao en Positivo, cuando cubría las manifestaciones en esa parroquia en Caracas. Al identificarse como periodista, fue impactado en el tobillo por una segunda bomba.

Por otra parte, durante la cobertura de una protesta ciudadana en Carabobo el lunes 29, el periodista y el camarógrafo de una agencia internacional en la entidad fueron intimidados por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia. El comunicador, Randolfo Blanco, y su videógrafo, José Ángel Rodríguez, estaban en el módulo de la policía ubicado al frente del Periférico La Candelaria.

El camarógrafo registró el momento en el que una de las personas que protestaban fue herido por arma de fuego, lo que propició que los funcionarios se acercaran de forma agresiva y le arrebataron los equipos de la mano, para después intentar llevarse detenido a Rodríguez.

Al percatarse de lo que sucedía, Blanco se acercó a los uniformados para mediar y les explicó que estaban trabajando, los funcionarios les dijeron que no sabían que eran prensa, devolvieron los equipos y no detuvieron al camarógrafo. “Le arrebaté los lentes y equipos a un policía. Agarré a José Ángel que se lo iban a llevar y después ellos nos dejaron ir”, relató el periodista.

Los actos de amedrentamiento también fueron realizados por civiles armados. En Falcón, sujetos desconocidos apuntaron con armas de fuego al periodista Javier Reyes, del medio digital NotiFalcón, el 30 de julio cuando se trasladaba en su carro por sectores de Coro. Desde su carro, Reyes intentaba grabar el momento en el que los sujetos atentaban contra un grupo de personas. El reportero dejó de filmar y salió del lugar en su vehículo.

La censura previa fue otro de los mecanismos que limitaron la labor periodística.

En varias regiones del país, Amazonas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Monagas y Trujillo, además se confirmaron órdenes de censura atribuidas a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que advertían a las emisoras que podían perder su concesión o ser multadas por transmitir noticias sobre las protestas.

Al igual que la estrategia aplicada en octubre de 2023 en el marco de la elección primaria, a través de WhatsApp comenzó a circular el siguiente mensaje, que solo varía en el nombre de funcionario encargado del ente regulador en cada región.

“Siguiendo instrucciones de nuestro Director General G/D Jorge Eliéser Márquez Monsalve. Se les informa lo siguiente: Prohibición de transmisión de noticias que infrinjan elementos clasificados de violencia so, pena de multa o retiro de concesión. Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.

Como consecuencia de esta medida, se pudo constatar la suspensión de programas informativos y de opinión como una manera para proteger a los medios y a los trabajadores.

Al menos 11 trabajadores de la prensa extranjera han sido deportados de Venezuela desde el jueves 25 de julio.

A su ingreso al país, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fueron detenidos, interrogados y finalmente deportados: Jorge Pizarro, argentino, de Radio Rivadavia, el 25 de julio; Gloria Vannesa De La Torre Sanclemente y Andrea Carolina Trinidad Cabulla, colombianas, de Caracol Radio, el 27 de julio; Marco Bariletto e Ivo Bonito, italianos, de RaiNews, el 1 de agosto; y Álvaro Nieto, español, de The Objective, el 3 de agosto.

Luego de entrar al país fueron detenidos, interrogados y finalmente deportados: Cake Minuesa, español, de OK Diario, el 29 de julio, e Iván Núñez y José Luis Tapia, chilenos de Televisión Nacional de Chile, el 2 de agosto.

En entornos digitales, 24 periodistas fueron amenazados, criminalizados o atacados mediante campañas de estigmatización o comentarios en redes sociales.

El uso de discursos estigmatizantes y campañas de descrédito contra periodistas no solo vulnera su derecho a trabajar en condiciones seguras, sino que crea un clima de miedo y autocensura.

Estos ataques son aún más graves cuando los responsables de estas violaciones son figuras de autoridad, pues envían un mensaje de impunidad y normalización de estas prácticas.

En el estado Carabobo, 12 periodistas fueron objeto de una campaña de estigmatización a través de imágenes difundidas en WhatsApp desde una alcaldía oficialista. Estos mensajes criminalizaban su labor informativa sobre las manifestaciones en la entidad.

Periodistas en otras regiones también fueron amenazados por desconocidos a través de llamadas y mensajes directos, para disuadirlos de seguir publicando información vinculada a protestas ciudadanas en los medios en los que trabajan y en sus cuentas de redes sociales.

Los ataques en la red además limitaron la difusión de información. Entre el 29 de julio y el 4 de agosto, se registraron seis bloqueos contra sitios web.

El acceso a los portales del medio digital Versión Final, de Zulia, y de The Wall Street Journal, fue restringido el 8 de agosto por los principales proveedores de internet en el país.

Entre el 30 y el 31 de julio, las operadoras también bloquearon tres sitios web promovidos por María Corina Machado y Edmundo González para consultar las actas de la votación presidencial. Estas limitaciones son un claro ataque a la libre circulación de información.

El presidente Nicolás Maduro ordenó el 30 de julio la creación de una comisión especial para que la Asamblea Nacional asuma “el proceso de defensa (…) de la violencia en medios de comunicación y redes sociales”.

Esta medida puede interpretarse como un intento de controlar y limitar aún más la libertad de expresión en el país.

Gobernadores y alcaldes del oficialismo se han sumado a un coro de amenazas contra la prensa independiente. Como se señaló antes, Trujillo es el estado de Venezuela que sumó más agresiones a la prensa; precisamente, la entidad federal donde el discurso estigmatizante contra el periodismo independiente ha sido especialmente explícito.

El 2 de agosto, durante la emisión de su programa radial, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, criminalizó el trabajo informativo de medios locales. “Por ahí hay panfletos digitales todo el tiempo en contra del gobierno (…) pero estamos revisando, porque entre las cosas que saca ese periódico o panfleto digital hay cosas de instigación al odio. Yo lo quiero ver también frente a los tribunales”, dijo la autoridad regional.

Ese mismo día, el alcalde del municipio Boconó, Alejandro García, arremetió discursivamente contra la emisora Boconesa 107.3 FM durante su discurso en una concentración. “La emisora Boconesa es una emisora golpista y cómplice (…). Cobardes. Fascistas y golpistas es lo que son”, dijo García.

Señalamientos similares se documentaron en los estados Bolívar y Portuguesa.

En declaraciones durante una rueda de prensa el 31 de julio, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, amenazó con aplicar “todo el peso de la ley” “no solamente a los que estén en el campo de batalla, sino los que estén promoviendo el odio desde los medios o desde las redes sociales”.

El gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, ofreció declaraciones el 31 de julio en las que amenazó a medios digitales: “Seguimiento permanente a los portales de redes sociales que están incitando al odio. Ellos también están en el ojo del huracán. Una cosa es informar y otra cosa es incitar al odio con lo que se publica”, dijo el mandatario regional.

El diario Última Hora, de esta entidad centroccidental, anunció su cierre el 1 de agosto para “salvaguardar la integridad física de periodistas y trabajadores”, tras declaraciones del gobernador Cedeño.

Las listas de personas que presuntamente serían detenidas por su participación en las manifestaciones de protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyen personas periodistas, de acuerdo con información verificada por esta organización.

En general, el primer desafío para los periodistas afectados es verificar el origen de las listas y la autenticidad de la amenaza, pues es probable que correspondan a estrategias de desinformación.

Sin embargo, este tipo de amedrentamiento tiene un efecto inmediato, pues distrae los esfuerzos para hacer una cobertura informativa de la actual coyuntura y suele causar autocensura.

Los distintos procedimientos que se ejecutan para atacar a la prensa independiente en este contexto postelectoral se aplican simultáneamente, pero el objetivo es el mismo: censurar.

La inclusión de periodistas en listas de perseguidos también puede causar desplazamientos forzados de profesionales de la comunicación social, que se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia y resguardarse en otros entornos más seguros.

Los señalamientos públicos de altos funcionarios nacionales y regionales en contra de la prensa fundamentan el temor de los periodistas a ser víctimas de detenciones arbitrarias, en la medida en que no están ajustadas al debido proceso, como ha ocurrido con dirigentes políticos, activistas por los derechos humanos, así como ciudadanos y ciudadanas.

Tal como lo indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, las personas a las que el Ministerio Público responsabiliza de participar o aupar las manifestaciones antigubernamentales —entre ellas, periodistas— serían imputadas por delitos que acarrean prisión y que, por su gravedad, no admiten libertad condicional.

En el caso de que a las personas que figuran en las listas de perseguidos se les aplique la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la situación es más apremiante, pues serían puestas a la orden de tribunales con competencia nacional cuyas sedes están en Caracas. Ello implica el riesgo de encarcelamiento en centros de reclusión distantes a los sitios de residencia de las personas detenidas, con lo cual se dificulta más el ejercicio del derecho a la defensa.

Ante amenazas de detención y/o agresiones físicas por funcionarios de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares afines al oficialismo, IPYS Venezuela constató que personas periodistas se han visto obligadas a abandonar sus residencias y trasladarse a otros lugares para resguardar su integridad física y su libertad.

Esta situación constituye un desplazamiento forzado que, en algunos casos, ha implicado la movilización de las personas amenazadas fuera de su ciudad o de su estado.

Los casos de desplazamiento forzado registrados por esta organización en el contexto de persecución desarrollada por el oficialismo, sobre todo después del 28 de julio, tienen graves implicaciones:

Las personas periodistas deben poner en segundo plano su labor informativa, pues la prioridad es preservar su integridad y su libertad personal. Ello merma la cobertura periodística, en términos de cantidad y calidad y, en general, coadyuva a la censura y la autocensura.

El desplazamiento forzado de periodistas les aleja de sus entornos personales y profesionales, así como de las fuentes informativas.

Por medidas de seguridad, sus comunicaciones telefónicas o digitales se restringen, pues las amenazas, precisamente, suelen expresarse por estas vías. En casos de riesgo extremo, las personas afectadas pueden quedar parcial o totalmente incomunicadas y aisladas.

El desplazamiento forzado por amenazas a la integridad y libertad de periodistas se puede extender a familiares de periodistas, como en efecto lo ha documentado IPYS Venezuela, de modo que aumentan los apremios de tipo logístico, económico y emocional.

Las acciones de intimidación, censura y criminalización contra la prensa crítica en Venezuela son una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de prensa.

Esta organización exige respeto y protección para quienes informan, y reafirma su compromiso de continuar monitoreando las limitaciones que enfrentan los periodistas en el país. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo en Venezuela.

«En Venezuela, quienes se dedican al periodismo y a ejercer sus derechos a la libre expresión, opinión e información están bajo sombras que persisten».

La afirmación forma parte de las conclusiones del informe anual del Instituto de Prensa y Sociedad (IpysVe), titulado «Periodismo bajo las sombras», acerca de la situación de la comunicación social en el país.

«Los ataques, las amenazas, la criminalización y la persecución sistemática son los principales mecanismos que mantienen un clima turbulento por la censura y autocensura en el país», agrega el documento.

Señala que «entre enero y diciembre de 2022, mediante su sistema de monitoreo de alertas, el IPYS Venezuela registró 257 casos que constituyeron un total de 373 vulneraciones, cifras que son cercanas a las contabilizadas en 2021 —249 incidentes y 380 violaciones a la libertad de expresión—».

para el Ipys, «tal realidad deja en evidencia la persistencia de patrones de silenciamiento que pretenden callar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil».

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Enfatiza en que «las violaciones constatadas por esta organización fueron un asesinato, 130 restricciones administrativas, 62 hechos de discurso estigmatizante, 55 agresiones físicas y verbales, 43 restricciones de acceso a la información y 29 hechos de hostigamiento judicial».

A ello se suman » 27 restricciones en internet, 21 actos de censura, dos detenciones arbitrarias, una desaparición forzada, y en dos oportunidades se registraron alertas por violencia de género».

También resalta que «continuaron los procesos penales del periodista Roland Carreño, injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, acusado de presunta instigación al odio en 2018 y sometido a un régimen de presentación».

Los actos violentos y la impunidad “perpetúan y acrecientan el clima hostil que rodea a la prensa”, al tiempo que “normalizan estas situaciones arbitrarias que vulneran el ejercicio periodístico”, dice el documento.

Y sobre la cantidad de víctimas, indica que 162 fueron medios de comunicación, 77 reporteros, 12 reporteros gráficos, 12 directivos de medios, 11 locutores, 9 camarógrafos, 6 editores, 5 activistas de derechos humanos, 5 organizaciones de DD.HH., 2 organizaciones gremiales, 4 articulistas, 4 conductores de televisión, un escritor y un asistente de cámara.

El informe de IPYS Venezuela, subraya que «el Estado fue el principal victimario en las limitaciones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa», puesto que durante 2022, fue responsable en 192 casos.

De allí deriva que «los principales agresores fueron la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con 111, los cuerpos de seguridad del Estado (36), los simpatizantes oficialistas (24), y las alcaldías y sus dependencias (14)».

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) reportó 481 casos de restricciones y agresiones a trabajadores de la prensa en todo el país.

En un estudio que publicó en su página web y que denominan “Bitácora de Riesgos”, presentaron la situación de violencia que viven los trabajadores de la prensa.

Entre ellos, periodistas, camarógrafos, técnicos y personal en general de la prensa entre los años 2019 y marzo de 2021.

De acuerdo IPYS, el Área Metropolitana de Caracas destacó como la zona donde se registraron más números rojos.

El total de casos en el Área Metropolitana es de 165 casos 229 violaciones.

Le siguen los estados Táchira, Lara, Zulia y Carabobo, reseñó el diario Tal Cual.

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La intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas se ubicaron como los actos violentos más comunes sufridas por los trabajadores de la prensa. Ipys en su informe categorizó 17 tipos.

Asimismo, destacó que entre los efectos de la violencia están la censura, la autocensura, el desplazamiento forzado y la interrupción temporal de la práctica periodística.

«La violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado», asegura el informe.

Esto, «tanto por omisión como por acción», sostienen.

Indica Ipys que todas estas violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas en organismos internacionales.

IPYS detalló que las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación.

El impacto de esta forma de violencia se considera alto en ocho entidades de Venezuela.

Destaca que de algunas de las detenciones arbitrarias, al menos 5 de las 99 registradas entre 2019 y marzo de 2021 en el Mapa de Riesgos, han consistido en desapariciones forzadas.

Se trata de aquellas desapariciones que ocurren con autorización o conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado.

Esto sin que reconozcan la detención ni respondan sobre el paradero del detenido.