El estado de excepción que comenzó en febrero para controlar la migración irregular en su mayoría de ciudadanos venezolanos,  en cuatro provincias del norte del país fue suspendido por autoridades chilenas.

La medida  que entró en vigencia, el 16 de febrero y extendido en dos ocasiones,  surgió en medio de protestas y enfrentamientos en la frontera por la presencia de venezolanos, fue levantada pero mantendrá el despliegue militar en la zona, informó el gobierno de Chile.

Gracias al estado de excepción las autoridades chilenas  lograron desplegar militares y más policías en la frontera norte con Bolivia y Perú.

Justamente en esta zona miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan a pie por inhóspitos plazos clandestinos hacia las provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.

El subsecretario del Interior,  Manuel Monsalve,  aseguró que «el estado de excepción termina; pero el gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial; pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras», cita AFP.

La crisis migratoria que dio origen al estado de excepción surgió a raíz que muchos migrantes pobres que ingresan irregularmente a Chile se instalan a vivir en precarios campamentos en playas y plazas del norte del país.

Acción que ha provocado la molestia en parte de la población local, a tal punto que en Iquique; y otras ciudades se han registrado protestas en rechazo de la masiva presencia de extranjeros, venezolanos en su mayoría.

Una nueva ley de migración permite a las autoridades chilenas «reconducir» a la frontera a todos los migrantes que hayan ingresado de forma irregular al país.

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De acuerdo con el decreto 265 el despliegue militar mantendrá la colaboración con las autoridades civiles y policiales para controlar actividades fuera de la ley.

Específicamente en las actividades que tiene que ver con el tráfico ilícito de migrantes, y el narcotráfico y crimen organizado transnacional.

Esta medida  coincide con la apertura desde el 1 de mayo de las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú; luego que permanecieran cerradas por la pandemia.

Cabe destacar que  desde el jueves pasado se flexibilizaron las medidas sanitarias para ingresar a Chile; como no solicitar el examen PCR ni tampoco pedir la homologación de vacunas.

Un grupo de seis migrantes, todos mayores de edad, viajaban a bordo del camión entre el tracto y la cabina; resultaron heridos tras una mala maniobra de un conductor en estado de ebriedad en una vía de Iquique, en Chile.

La prensa local detalla que cuatro de ellos resultaron lesionados, dos con heridas de gravedad y los otros dos con lesiones leves.

Se pudo conocer que el  accidente de tránsito ocurrió la tarde de este martes en la Ruta CH 15, en Iquique.

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Del conductor se supo que es de nacionalidad  boliviano; y que volcó su camión en el camino tras realizar una fallida maniobra de adelantamiento.  El accidente dejó como resultado al conductor resultó con lesiones leves.

En el lugar se hicieron presentes  Carabineros se quienes se percataron de la presencia de seis personas de nacionalidad venezolana, todas mayores de edad.

Para el asombro de las autoridades chilenas todos viajaban a bordo del camión de manera irregular entre el tracto y la cabina.

El conductor quedó  por manejar en estado de ebriedad, y se le imputará por cuasidelito de lesiones. 

La crisis migratoria alcanza unos 6 millones de venezolanos, de los cuales hay por lo menos 1.800.0000 en Colombia y un 1.400.000 en Perú: estas dos naciones son las que tienen las comunidades más grandes de connacionales en la región. Seguidos de Ecuador, Chile y Brasil.

Lejos de ver una luz, los venezolanos se siguen arriesgando al punto que a finales del 2021 se incrementó en un 12.000 por ciento la cifra de personas detenidas intentando ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que tiene que ver con las acciones de la patrulla fronteriza, se trata de por lo menos 24 mil venezolanos detenidos.

La escandalosa cifra encendió las alarmas de Estados Unidos; que endureció su política migratoria en la era de Joe Biden; desempolvando el Título 42 que le ganó varios enemigos el Donald Trump.

Las medidas adoptadas por EE.UU. obligaron a países cómo México a solicitar visa a los ciudadanos venezolanos.

Esta medida que entró en vigencia el 21 de enero fue dramática, cientos de venezolanos quedaron varados en el aeropuerto de Cancún y fueron deportados a los países desde donde partieron sus vuelos para a la nación azteca.

Febrero comenzó con malas noticias para los venezolanos, y es que Estados Unidos hizo oficial su pretensión de deportar a los venezolanos procedentes de Colombia.

Oficialmente solo han sido deportados a dos venezolanos hacia Colombia; y pese que no hay un acuerdo entre Colombia y EE.UU. para la deportación masiva de connacionales; la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki defendió la medida.

En Estados Unidos hay cerca de 460 mil venezolanos según las cifras de R4V.

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Pese a no se tiene una cifra exacta de ciudadanos venezolanos que hayan sido deportados a Colombia; ni tampoco se conoce con precisión la fecha en la que habrían iniciado tales deportaciones, el lunes 31 de enero el presidente de Colombia, Iván Duque confirmó que sí están recibiendo a los deportados.

Según la prensa colombiana todavía están a la espera de que el Gobierno ofrezca detalles del manejo que se le esta dando a la expulsión de venezolanos por parte de EE.UU..

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Duque, reconoció que desde Estados Unidos se han deportado ciudadanos venezolanos hacia Colombia.

Explicó que «Las deportaciones se están tratando de personas que tenían un estatus migratorio en nuestro país y que; aprovechando ese estatus, trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos, por eso están siendo deportados. Muy importante decir que ninguna de esas personas tenía Estatus de Protección Temporal, sino que tenían el estatus migratorio anterior».

El mandatario, al igual la canciller y el vicepresidente; aclaró que no se trata de personas que tengan el actual Estatuto Temporal de Protección al Migrante, sino de ciudadanos regularizados bajo la normatividad anterior.

Advirtió que «ninguna de las personas que hoy tiene el Estatus de Protección Temporal o que ya recibió esa tarjeta, está incluido dentro de ese grupo deportaciones».

La prensa colombiana refiere que según Duque, EE.UU. está implementando el Título 42, una política migratoria que se ejecutó en el gobierno de Donald Trump la cual permite expulsiones de manera inmediata.

Por su parte, la Casa Blanca defendió el martes la polémica deportación a Colombia de migrantes indocumentados venezolanos y aseguró que espera llevar a cabo este tipo de devoluciones «de forma regular» a partir de ahora.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, confirmó que «se empezó a repatriar» a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país suramericano y que «intentaron entrar de manera irregular a Estados Unidos»; según EFE.

«Lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país (Colombia), regresen a ese país», dijo la secretaria de Prensa, quien añadió que habrá más vuelos de ese tipo.

El Título 42 lo puso en operación por la administración Trump, con el pretexto de la emergencia global por COVID-19; para expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos.

Las expulsiones llevadas a cabo bajo el Título 42 no tienen nada que ver con las disposiciones legales migratorias; sino con regulaciones en torno a la salud pública.

Según las secciones 362 y 365 de esta norma,  autorizan que el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) determine quiénes representan un riesgo severo para la nación en términos de salud pública al ingresar al país.

Gracias a esta norma la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha impuesto serias restricciones para personas que llegan a Estados Unidos desde México o Canadá.

Ahora la Administración Biden retoma el Título 42 para lograr deportaciones con mayor rapidez.

La migración forzada que lleva a millones de venezolanos a jugarse la vida por un futuro mejor, no es bien vista en algunos países. En Iquique, Chile hubo una multitudinaria protesta en contra de la migración irregular, en su mayoría de venezolanos.

El fin de semana pasado se desarrollaron una serie de manifestaciones y paralizaciones en Iquique, región de Tarapacá; a las que se sumaron Arica, región de Arica y Parinacota (a 2.035 kilómetros de Santiago).

El objeto de la molestia de la ciudadanía fue  el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que afecta esas zonas.

El acalde de Arica, Gerardo Espíndola dijo que debido a la crisis migratoria llegaron mafias, “es como ver Breaking Bad, una serie de drogas, pero está ocurriendo en una ciudad como Arica”, según reseñó Infobae.

Esto ocasionó que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado viajara a Iquique para reunirse con las autoridades, gremios y vecinos para discutir cómo combatir lo que está pasando.

Sin embargo, el alcalde de Arica no fue invitado, pero de igual manera viajó hasta Iquique para poder conversar con el ministro.

Este martes, las salidas por carretera de Arica amanecieron cerradas por manifestantes que se plegaron a las peticiones de Iquique; lo que impidió el expedito tránsito al sur del país y a los vecinos países de Perú y Bolivia.

El alcalde aseguró que “situación que se vive hoy en Arica es crítica, para exigir que venga a la ciudad, nos interesa que se tomen soluciones urgentes a la situación de delincuencia y desprotección fronteriza que se vive hoy en Arica”.

“Tenemos una frontera totalmente debilitada y tenemos a traficantes de personas que hoy están lucrando; pero en el fondo están trayendo mafias a nuestra ciudad con crímenes que son dignos de una película, asesinatos a personas que son de sus mismas redes, mutilaciones con torturas previas y después ejecuciones”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que Naciones Unidas condenó los «actos de discriminación y xenofobia» ocurridos días atrás contra inmigrantes indocumentados en las ciudades de Iquique y Arica, en el norte de Chile.

La oficina de la ONU en Chile emitió un comunicado fijando posición. «Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales a asegurar el adecuado respeto de los derechos humanos de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, particularmente aquellas comunidades de acogida a personas en movilidad humana».

«Condenamos las agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos», agregaron en relación a una golpiza a policías por parte de extranjeros y agresiones contra campamentos callejeros de extranjeros en una posterior manifestación de repudio.

Cabe destacar, que la mayoría de los inmigrantes son ciudadanos venezolanos en condiciones de pobreza extrema según cita AFP.

Son cientos de venezolanos los que cruzan la frontera en busca de recursos económicos; muchos, los más desamparados, se instalan campamentos en plazas y playas de esta ciudad.

«Hacemos un llamado a todas las personas a no utilizar hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes», instó la ONU.

Biden aplica la misma que Trump: expulsa a venezolanos sin compasión

En un trabajo publicado por la cadena Telemundo, queda en evidencia la expulsión silenciosa y disimulada de un joven venezolano.

Destacan que el procedimiento pasa inadvertido para los pasajeros que abordan el vuelo de United Airlines dirección Santo Domingo; pero en realidad Ricardo Villasmil, un venezolano de 22 años, está siendo deportado.

Está sentado, con un gorro de invierno en la cabeza y una mascarilla higiénica que sólo muestra sus ojos castaños. En el asiento del pasillo, vestido con ropa informal y una gorra deportiva, su acompañante observa a los pasajeros que embarcan.

Lo curioso es que ni Ricardo lleva esposas, ni el acompañante uniforme. El joven venezolano logró grabar discretamente el video de nueve segundos para avisar a su mamá de que lo estaban expulsando de Estados Unidos.

“Ya estoy en el avión”, le escribió, seguido de un emoji de tristeza. “Son de ICE pero van de civil”. A su lado había dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que, con disimulo, lo custodiaban durante su deportación.

La Haya aclara que hizo todo lo que estaba a su alcance para facilitar el retorno de los casi 300 venezolanos varados en Willemstad, pero Caracas se negó a autorizar el procedimiento, reseña Crónicas del Caribe.

De acuerdo con la publicación el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos confirmó que el régimen chavista es el único responsable por la suspensión de los vuelos humanitarios que dejaron a casi 300 venezolanos varados en Curazao en medio de las fiestas decembrinas.

A través de una carta enviada el 18 de enero en respuesta a la solicitud de auxilio hecha por los afectados, la Cancillería neerlandesa expresó: “Les quisiera asegurar que por parte de la embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas, basándose en la documentación recibida por el gobierno de Curazao, se ha cumplido con todos los pasos del procedimiento debido para que las autoridades venezolanas pudiesen autorizar dichos vuelos. Se trata de un procedimiento estándar seguido en varias ocasiones desde el cierre de las fronteras por parte de Venezuela en febrero de 2019”.

La ciudad de Iquique, en el norte de Chile vive unos días agitados; este lunes amaneció una protesta que tiene bloqueadas las carreteras, comercios cerrados, paro de camioneros y un profundo rechazo hacia los venezolanos por ser, según los habitantes de la ciudad, el detonante del aumento de la delincuencia.

Los niveles de inseguridad se han disparado en Iquique y se le relaciona directamente con la crisis de migración irregular que hace meses afecta a la zona y sus alrededores.

Los medios locales dan cuenta que este lunes amaneció la ciudad con un para de transporte pesado; accesos a la ciudad cerrados, según EFE.

Un de las acciones más contundentes fue el bloqueo del paso de trabajadores al aeropuerto; que dejó de estar operativo esta madrugada y recomendó a los pasajeros “contactar con antelación a su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo”.

#31Ene #ImpactoVenezuela ¡No apto para sensibles!Patriotas armados amedrentando niños y mujeres en #Iquique, por tener acento venezolano.Vía @jesusalbino @ImpactoVE ? pic.twitter.com/Ib7dh10ntT

Por su parte el alcalde de la comuna, Mauricio Soria advirtió que “el comercio y la zona franca decidieron no abrir, mientras que a la paralización se han adherido diversos dirigentes sociales. Es bastante grande el llamado en esta oportunidad”.

Todo comenzó este domingo cuando cientos de personas protagonizaron una  movilización tuvo lugar en distintos puntos de la Región de Tarapacá -a más de 1.800 kilómetros al norte de Santiago- contra la presencia de inmigrantes irregulares, concentración que contó con episodios de ataques a extranjeros y consignas xenófobas.

Un episodio de violencia similar ocurrió en septiembre de 2021 cuando una turba de manifestantes quemaron en medio de una marcha carpas y pertenencias de inmigrantes venezolanos que pernoctaban en el espacio público iquiqueño, situación que fue condenada por las autoridades y organizaciones sociales.

Pero la tragedia no termina ahí, ya que el clima no ayuda ya que los inclementes pasos altiplánicos del norte de Chile siguen formando la principal ruta de ingreso irregular al país; pese a los peligros derivados de su geografía y a la propia pandemia y crisis social que se extendió en el territorio nacional desde 2019 en adelante.

Tras un auge de entradas irregulares en febrero del año pasado, la crisis se agudizó en octubre, con cientos de extranjeros; principalmente venezolanos, ocupando espacios públicos en plazas y avenidas, obligando al Gobierno chileno a anunciar la construcción de varios albergues para atender la crisis.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) alertó el pasado diciembre de que cerca de 500 refugiados y migrantes venezolanos; incluidos niños, cruzan diariamente por pasos fronterizos irregulares entre Bolivia y Chile y llegan al país “tras varios días sin comer, con deshidratación, hipotermia y mal de altura”.

En lo que va de año ya han muerto al menos dos personas tratando de cruzar la frontera; y al menos 23 desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021.

En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población; y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

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El domingo miles de personas protestaron en contra de la migración ilegal y al grito de «fuera los delincuentes» algunos atacaron un campamento de venezolanos.

El motivo de la protesta fue  la creciente inseguridad en Iquique, a donde llegan masivamente inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, informó AFP.

Con carteles en mano en Iquique salieron a protestar. «No queremos más inmigrantes ilegales en nuestra ciudad», decía uno  que encabezaba la marcha en la que participaron unas 4.000 personas, según informó la Policía.

La marcha encontró a su paso a algunos extranjeros lo que inició encendidas discusiones. Un venezolano fue golpeado por manifestantes pero fue protegido por la Policía, reseñó AFP.

Cuando la protesta concluía, algunos atacaron un campamento de inmigrantes venezolanos quienes no estaban en el lugar.

La Policía dispersó a los manifestantes y trabajadores municipales se llevaron en camiones las carpas y las pertenencias que habían dejado los extranjeros.

Tras los incidentes «no tenemos detenidos atendiendo que no se presentaron desordenes graves», indicó Sergio Telchi, general de Carabineros de Tarapacá, en un video oficial de la Policía.

La manifestación se produjo luego que el martes siete venezolanos golpearon a dos policías chilenos quienes los fiscalizaban en Iquique.

El incidente, divulgado en redes sociales, gatilló la protesta de este domingo en momentos de creciente delincuencia que los pobladores atribuyen al flujo de inmigrantes.

Según datos de la Fiscalía regional, en 2021 en Iquique los homicidios aumentaron 183%, el tráfico de drogas 42%, el tráfico de migrantes 501%, y los robos con violencia e intimidación 18%.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó este lunes la «brutal agresión» que sufrieron inmigrantes, principalmente venezolanos, durante una protesta contra extranjeros indocumentados en el norte del país el sábado.

«Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano”, aseguró.

“Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune», dijo Piñera en un comunicado.

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Las declaraciones de Piñera, quien cumple una visita a Uruguay, fueron divulgadas por su despacho después de que la ONU expresara su «preocupación por la violencia y xenofobia» hacia los inmigrantes en la protesta en la ciudad norteña de Iquique.

En esa movilización, algunos de los 3.000 manifestantes quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en la calle; hechos que son investigados por la Fiscalía.

La protesta estuvo marcada por carteles y gritos contra los migrantes irregulares, principalmente venezolanos; que desde hace años ingresan a Chile por pasos clandestinos desde Bolivia, cruzando la cordillera de Los Andes y el desierto de Atacama.

El gobierno chileno endureció este año su política migratoria, otrora solidaria y receptiva en medio de una mayor hostilidad hacia los migrantes por parte de la población.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también manifestó su rechazo a la violenta protesta; pero advirtió que el gobierno seguirá con los desalojos de migrantes: «en todos los espacios públicos que se requieran» y las expulsiones de indocumentados.

Un día antes de la protesta, la policía chilena desalojó a centenares de migrantes venezolanos que acampaban desde hace un año en una plaza de Iquique.

Hace unos meses, las autoridades afirmaron que con las deportaciones se redujeron drásticamente los ingresos clandestinos; pero el drama sigue, con un flujo migratorio que genera hostilidad entre muchos chilenos.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio; casi 7.000 más que en todo 2020, según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes.

En febrero de 2019, en un acto en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Piñera prometió una «Visa de responsabilidad democrática» para venezolanos; pero su gobierno solo concedió el 21% de las 164.908 solicitadas hasta diciembre de 2020.

Desde 2014, casi 500.000 venezolanos se afincaron en Chile escapando de la crisis política y económica en su país.

Por su parte, la ONU expresó este lunes su «preocupación por la violencia y xenofobia» hacia inmigrantes en Chile tras una protesta contra extranjeros indocumentados en el norte del país el sábado.

En esa movilización, algunos de los 3.000 manifestantes congregados en la ciudad de Iquique, a 1.750 km al norte de Santiago, quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en la calle, hechos que son investigados por la Fiscalía.

«Respetando la soberanía [de Chile], instamos a las autoridades y la población a actuar en el marco del respeto a los #DDHH [derechos humanos] y el derecho internacional humanitario», señaló la ONU en su cuenta de Twitter.

«Reiteramos la voluntad de apoyar con asistencia técnica y colaborar en los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales», agregó.

La Fiscalía de Chile abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique (norte) por manifestantes que protestaban contra la creciente migración en la zona.

La manifestación congregó a unas 3.000 personas que portaban banderas chilenas y carteles con lemas antimigración, reseñó la agencia AFP.

En medio de gritos xenófobos, los más radicales quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en las calles de esta ciudad de la región de Tarapacá, a unos 1.800 km al norte de Santiago.

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La Fiscal Jócelyn Pacheco de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) que «realice investigación por hechos ocurridos en Iquique que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó este domingo un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía de Tarapacá.

Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas (migrantes)», quienes tras el ataque tuvieron que huir, esconderse y pernoctar en las calles y playas de Iquique, constató una periodista de la AFP.

La protesta se registró un día después del desalojo de una plaza copada de familias de migrantes con niños.

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta.

No obstante, «vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran».

También «con el plan de expulsiones» de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno, aclaró.

La violencia en contra de migrantes en Iquique ha sido condenada por organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Asimismo,  el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el hecho como una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables».

Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique».

Pide al Estado «garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».

Los hechos ocurren en medio de la creciente llegada de miles de migrantes indocumentados que cruzan a pie la frontera entre Bolivia y Chile.

Esto por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas.

Unos 11 migrantes han muerto en la zona en lo que va del año.

Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago.

Pero los más pobres carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena.

Algunos han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en precarias condiciones.

Tras el desalojo de decenas de familias de migrantes, entre ellas varias venezolanas, en la localidad chilena de Iquique, este sábado se produjo una protesta de los residentes de la zona. La manifestación era en contra de la migración ilegal. Tras varios momentos de tensión, los ánimos se caldearon, al punto que la protesta se tornó violenta.

Los manifestantes quemaron los restos del campamento ubicado en el sector de Las Petunias con Aeropuerto.

#26Sep ?Las protestas en Chile contra venezolanos mantienen en alerta a la población de “Iquique” lugar de donde fueron desalojados y quemaron además sus pertenecías.Los habitantes de esta zona dicen”Nosotros no somos Xenófobos, solo que estamos cansados de la migración” pic.twitter.com/AkcbvoKuDw

Medios locales y redes sociales mostraron las imágenes, primero de la manifestación que tenía como lema «no más migrantes» y era pacífica.

Cuando finalizaba la marcha, un grupo de personas atacó a familias de migrantes que aún se encontraban en el sector.

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Todo se salió de control y algunos de los que protestaban prendieron una gran hoguera. Allí comenzaron a arrojar las pertenencias de las familias extranjeras.

Funcionarios de la Fiscalía confirmaron la presencia de dos artefactos incendiarios que fueron desactivados

Cabe recordar que Carabineros desalojó este viernes a varias familias extranjeras que pernoctaban en la Plaza Brasil de Iquique, procedimiento que dejó al menos cinco detenidos.

Durante la mañana de este sábado, decenas de vecinos de la ciudad se volcaron a las calles para marchar contra la inmigración irregular, en medio de la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

Las personas salieron con banderas chilenas a las calles, rechazando el ingreso irregular de personas por las fronteras del norte.

El Gobierno chileno defendió este desalojo y señaló que seguirían produciéndose expulsiones de migrantes en situación irregular.