La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez, fue excarcelada este jueves de una prisión de La Paz, donde estuvo recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado, luego de que su sentencia fuera anulada, constataron periodistas de la AFP.

Áñez, abogada de 58 años, fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de prisión por el delito de "resoluciones contrarias a la ley", en un caso en que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

La política de derecha dejó el penal de mujeres de La Paz a las 14:58 GMT, mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores.

"Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria", dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario.

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🇧🇴 ÁÑEZ RECUPERA SU LIBERTADLa expresidenta de Bolivia, @JeanineAnez, salió del penal de Miraflores tras 1.710 días de detención, portando la bandera nacional, luego de que el TSJ anulara su sentencia de 10 años en el caso “Golpe de Estado II”📹 @reddtvoficial pic.twitter.com/AGlzHhjl7Q

Después de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales salió reelecto en medio de acusaciones de fraude de la oposición, el país se hundió en una crisis social, con protestas masivas. El líder cocalero renunció.

Áñez, entonces parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado, asumió el poder en noviembre de 2019 en una sesión en la que no participó el oficialismo. Gobernó hasta 2020, año en que fue relevada por el izquierdista Luis Arce.

"Jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que los votos sean respetados", dijo este jueves la exmandataria.

Con información de AFP

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un "golpe de Estado" en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que se dispuso su libertad "en el día".

Añez debe ser sometida a un "juicio de responsabilidades" de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó.

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"Se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza", puntualizó.

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes desde la red X señaló: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Dijo que sus actos en 2019 los hizo con "la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio".

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz, donde la ex jefa de Estado guarda detención.

La política de derecha asumió la presidencia ese año, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición, que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Con información de AFP

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló este lunes un proceso ordinario y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades, que lleva el caso al Poder Legislativo, contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto.

La decisión judicial responde a un recurso «de excepción de incompetencia» de la defensa de Áñez (2019-2020), que solicitaba un juicio de responsabilidades, un proceso reservado a altos funcionarios de Bolivia que saca el caso de la Justicia ordinaria y lo lleva al Legislativo.

Áñez, que está en prisión desde 2021, argumentó que los hechos de 2019 sucedieron cuando ella cumplía sus funciones como presidenta interina y reclamaba que se le reconociera este rol.

«Este tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia», declaró el presidente del tribunal, David Kasa.

En una audiencia realizada de manera virtual, la corte dispuso también un «mandamiento de libertad» para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión.

 También ordenó que el caso regrese a «fojas cero», es decir que regrese a su punto de partida, y recomendó «acudir con la proposición acusatoria a la Fiscalía General» para comenzar el trámite en el Legislativo.

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🚨 TRIBUNAL ORDENA JUICIO DE RESPONSABILIDADES A ÁÑEZUn tribunal de El Alto anuló un proceso ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y ordenó que el caso por las muertes de Senkata (2019) pase a juicio de responsabilidades en el Legislativo pic.twitter.com/huIQOg2sgC

La reacción de Áñez

Luego de escuchar el fallo, la exmandataria afirmó que la decisión “quedará en la historia como el día en que se recuperó la legalidad en el país”.

Áñez había asegurado horas antes que no se niega a un proceso judicial “imparcial” ni a una investigación “seria”, pero reclamó que fuera en el marco de un contexto que le corresponde como expresidenta de Bolivia.

La legislación boliviana reserva un juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes y algunos magistrados de las altas cortes, entre otros, y para abrir el proceso requiere que la Fiscalía General presente una proposición acusatoria ante el Legislativo.

A partir de ahí, el Legislativo debe aprobar una condena por dos tercios del voto y, si la aprobación procede, el caso es enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que será el órgano que desarrolle el juicio de responsabilidades y al final deberá dictar sentencia.

Durante todo el juicio de responsabilidades, el acusado debe defenderse en libertad, pero Áñez cumple una sentencia de 10 años de prisión por otro caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019, y también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria.

Uno de ellos es este caso que ahora saldrá de la justicia ordinaria, identificado como ‘Senkata’, en el que se la acusa de estar al frente, junto con jefes del Ejército, de intervenciones militares que derivaron en las muertes de diez civiles después de que asumió el poder en noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Los juicios por su llegada al poder

En 2019, Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales que luego fueron anuladas.

Áñez, política opositora que se desempeñaba en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, activó un mecanismo de sucesión para ser presidenta después de que las personas que la superaban en jerarquía, del partido de Morales, renunciaran junto al expresidente.

La Fiscalía y el Gobierno la acusaron por esa proclamación al considerar que vulneró los reglamentos parlamentarios porque esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la exgobernante señaló que hubo un vacío de poder luego de la dimisión de Morales.

En 2023, el TSJ ratificó la condena de diez años de cárcel contra Áñez, por lo que, al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.

Entretanto, el juicio por el caso denominado ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses con el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí Marco Pumari como principales acusados; el primero está encarcelado desde 2022 y el segundo desde 2021.

A Áñez se le apartó de ese proceso como persona ya juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.

Con información de Efe