El tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsubjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González Sánchez, quien ha señalado a exdirectivos de la compañía de presuntamente haber colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia y con la fuerza pública en la antesala de las masacres de 1998 y 1999 en Barrancabermeja.

José Eduardo González ha venido presentando pruebas ante la Jurisdicción Especial de Paz, lo que le abre la puerta para ampliar esos presuntos nexos de exfuncionarios con los paramilitares; así dio a conocer Sandra Soriano Soriano en Caracol.

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Desde 2023 se han revelado algunos testimonios de las evidencias que ha entregado el exsubjefe de seguridad de Ecopetrol a la JEP.

González Sánchez es capitán retirado del Ejército Nacional y la Jurisdicción Especial de Paz aceptó su sometimiento inicialmente como agente del Estado.

El tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días de Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca.

Los togados tomaron esta decisión al considerar que hubo falta de control en el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el alto tribunal que buscan proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada; así dio a conocer Sandra Soriano Soriano en Caracol.

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La Jurisdicción Especial para la Paz había citado a Clara Luz Roldán a una audiencia pública en noviembre de 2023, a la que asistieron magistrados y víctimas que esperaban oír qué acciones estaba emprendiendo la gobernación para proteger esas zonas de interés y recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Pero, la gobernadora del Valle delegó a un funcionario de más bajo nivel para que asistiera a esta diligencia judicial, lo que para la magistratura fue una falta de respeto con quienes aguardaban a escuchar respuestas claras y contundentes frente a la búsqueda de sus seres queridos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exguerrilleros del Bloque Occidental de las FARC.

La JEP llamó a reconocer responsabilidad a Édgar López Gómez, alias «Francisco González» o «Pacho Chino»; Jesucristo Jiménez Cuéllar, («Juvenal Rodríguez»); Juan Carlos Ramírez, («Sargento Pascuas»); Gustavo Arbeláez Cardona, («Santiago Naya» o «Santiago Cepeda»); Héctor Julio Villarraga, («Gilberto Arroyave» o «El Grillo») y a otros conocidos solo por los alias de «El Paisa’»o «William’», «Leonel Páez» y «Pacho Quinto».

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El alto tribunal de paz colombiano afirmó que ellos «son responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, violación sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, tortura, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, y otros actos inhumanos», señaló la JEP en un comunicado.

Estos crímenes fueron «cometidos de manera concurrente a los secuestros» que el Bloque Occidental perpetró entre 1993 y 2016, señaló la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno del presidente Santos con las FARC para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz, anunció la apertura del nuevo macrocaso número 11 que investigará y determinará los hechos, conductas y responsabilidades cometidas por actores armados y fuerza pública respecto a la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros “crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.

En la fase de agrupación y concentración de este nuevo caso, la Sala de Reconocimiento obtuvo un registro de 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016.

De este universo provisional de victimas registradas, a partir de los informes y bases de datos presentadas por la sociedad civil y por entidades estatales, 89,2% son mujeres. 35% de las víctimas sufrió estas violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.

“Aunque en 78% de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, la Sala cuenta con información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom”, indicó el Alto Tribunal.

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Según la JEP, los hechos de violencia basada en género se atribuyen a: Grupos paramilitares: 33%; Extintas Farc-EP 5,82%; y Agentes del Estado 3,14%. “En 30% de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”, acotaron.

La apertura de este macrocaso, pone un precedente en el país, pues la JEP se convirtió en el primer tribunal transicional del mundo en abrir un macro-caso de violencia sexual y “reconocería así la violencia intrafilas como un crimen de guerra, en la misma línea que la Corte Penal Internacional (CPI) Así dio a conocer María Angélica García en Publimetro.

Durante una intervención forense al cementerio de Carepa, en Antioquia, la Justicia Especial para la Paz (JEP) confirmó los primeros hallazgos.

Se trata de 13 cuerpos que podrían ser de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Urabá.

La determinación de intervenir el camposanto se dio tras las declaraciones entregadas por militares imputados por falsos positivos en la JEP.

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La intervención en el cementerio de Carepa aconteció entre el 28 de agosto y el primero de septiembre “en tres puntos de interés forense en bóvedas que conservaban cuerpos expuestos y en riesgo”, indicó el tribunal de paz colombiano.

El Instituto de Medicina Legal tomó 85 muestras biológicas de quienes denunciaron la desaparición de familiares para cotejar si entre los 13 cadáveres recuperados están sus seres queridos; así dio a conocer Oscar Rosas en Caracol.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia imputó por primera vez a un excomandante del Ejército de Colombia.

Se trata de del general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, acusados de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes o más conocido como falsos positivos, en el noroccidente del país.

El tribunal de la JEP imputó a Montoya por “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado” entre 2002 y 2003 en el oriente del departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

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Esta determinación se da dentro del subcaso en el departamento Antioquia (noroeste), una de las seis zonas priorizadas en el Caso 03, el de los llamados falsos positivos, explicó la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz, que añadió que se sigue investigando otros casos donde también podría tener responsabilidad.

“La JEP encontró que la obligación impuesta por el general (r) Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada, de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente”.

Según el Tribunal de Paz, estos hechos no fueron aislados o causales y, por el contrario, se trató de una práctica sistemática. “Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate”: as´í dio a conocer María Angélica García en Publimetro.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exjefe paramilitar contó lo terrible que trataban a las víctimas y dio detalles de la creación de los hornos crematorios para desaparecer cuerpos en la frontera con Venezuela.

Según Mancuso, estos hornos crematorios se construyeron cerca de Villa del Rosario y Puerto Santander, específicamente en una vereda llamada Trapiche Viejo, y su creación fue por orden de la fuerza pública del Estado.

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Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia una solicitud de medidas cautelares para proteger los hornos crematorios donde algunos paramilitares desaparecieron a sus víctimas, de acuerdo a lo relatado por Salvatore Mancuso ante dicho tribunal el mes pasado.

Publicó Caracol informando sobre las solicitudes de varias víctimas para proteger un predio ubicado en el corregimiento Juan Frio, en Villa del Rosario, y otro ubicado en Banco de Arenas, Puerto Santander, Norte de Santander.

Durante el acto de entrega del archivo recopilado por la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, mecanismo que se logró gracias al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las farc, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la campante impunidad en Colombia.

Santiago Rincón, de Blu Radio, dio a conocer los fuertes pronunciamientos hechos por el mandatario colombiano, cuando este dijo que «ha existido un plan sistemático de impunidad en el país que ha sido promovido por el poder y que eso no ha permitido que exista verdad judicial para sanar las heridas del conflicto.»

Destacándose que si las cosas siguen como van, él (Petro) “va a usar los mecanismos de la Corte Penal Internacional, porque hay que cerrar esta fase, (que) tiene una propuesta de reconciliación, pero ha tenido burlas y la historia de Colombia no es para burlarse”.

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Sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) Gustavo Petro manifestó que le gustaría “fuera nuestro vocero con el debido respeto de la independencia de poderes para este mensaje al corazón de la justicia. El tiempo de la burla terminó, no es culpa de la justicia, sabemos qué ha pasado, cuántas persecuciones ha tenido, pero sí es el cuento del poder real en Colombia. El tiempo de la burla terminó”.

La JEP expulsó del sistema integral para la paz a 20 firmantes del acuerdo entre el Gobierno y las extintas FARC por incumplir con lo pactado.

Comprobaron que fueron personas que habrían ingresado a grupos armados ilegales luego del primero de diciembre de 2016.

Como se recordará el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmó el 24 de noviembre de 2016.

Víctor Hugo Rojas Silva, quien habría participado en el atentado contra Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y presidente del partido Comunes, en enero de 2020.

Edwin Valencia Michileno, señalado de ejecutar a tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Nariño durante enero de 2018.

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Jesús Santrich, quien integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021, fue expulsado de la JEP tras abandonar el proceso y volver a la clandestinidad a las disidencias de la Segunda Marquetalia, comandadas por también el exlíder de las FARC Iván Márquez.

La JEP denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían mentido y ocultado información en el caso de Jesús Santrich.

El tribunal de paz señaló que Ana Fabiola Castro, fiscal para asuntos internacionales, no entregó información sobre el proceso que existía contra el integrante de las extintas FARC afuera del país; dio a conocer Caracol.

“Se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional. La directora de asuntos internacionales negó la existencia, en principio, de dicho proceso”, dijo a la prensa el Dr. Roberto Carlos Vidal, magistrado de la JEP.

El tribunal de justicia y paz (JEP) otorgó libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que pagó su pena en Estados Unidos y está a la espera de ser deportado a Colombia.

Este beneficio se le otorgó tras acogerse a la justicia transicional y aportar la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado.

La medida de libertad se hará efectiva cuando Salvatore Mancuso llegue a Colombia.

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Vale destacarse que el pasado 31 de octubre de 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Gustavo Petro, donde manifestó su voluntad de “ayudar a la titánica tarea de construir la paz total”, explicando las razones del porqué tomó esa decisión.

Salvatore Mancuso insiste en que quiere darle “un cierre digno a ese proceso para una paz integral y definitiva”.

Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) respondera ante la Justicia Especial para la Paz (JEP)

La JEP indagará sobre seis preguntas principales al exjefe paramilitar y sobre diferentes unidades militares en zonas donde tuvo presencia el Bloque Norte, como la Primera División del Ejército, la Segunda Brigada, el batallón Cartagena y el batallón La Popa, con sede en Valledupar.

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Tovar asistirá con el objetivo de contar la verdad frente a lo sucedido durante el conflicto.

“El primer tema que quiere abordar Rodrigo Tovar y sobre lo primero que quiere que lo escuchen es sobre las víctimas del conflicto armado colombiano”, afirmó Andrés Felipe Caballero es abogado de «Jorge 40».

La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal especial con sede en Bogotá, emitió la primera resolución de consideraciones y conclusiones sobre la responsabilidad de los máximos jefes de la extinta guerrilla de las Farc por los secuestros que cometieron durante el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento concluyó que los miembros del último secretariado de las Farc “han reconocido verdad completa, detallada y exhaustiva y su responsabilidad en los hechos de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, en consecuencia, son elegibles para la imposición de una sanción propia”; así afirman en un comunicado.

Los miembros del secretariado que deberán pagar condena son Rodrigo Londoño Echeverry, alias «Timochenko»; Jaime Alberto Parra, alias «Mauricio Jaramillo» o «el Médico»; Milton de Jesús Tonces, alias «Joaquín Gómez»; Pablo Catatumbo; Pastor Álape, y Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Losada.

La JEP estableció una sanción de ocho años para todos integrantes del antiguo secretariado de la guerrilla, que reconocieron los crímenes relacionados con el delito de secuestro.

Hay una excepción, y es con respecto Rodrigo Granda, quien tendría una sanción de cinco años por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción.

Granda, sin embargo, fue imputado por la Sala como coautor mediato de los secuestros con fines de financiar la organización armada, dada su posición de liderazgo en la toma de estas decisiones en el grupo criminal.

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La Sala recomendó que los sancionados “trabajen en los proyectos señalados como Acción Integral contra Minas y Búsqueda de Personas Desaparecidas en los territorios donde fueron comandantes de Bloque, con roles, tareas, horarios y resultados que puedan ser medidos y tasados por la Sección, en las condiciones que indica la ley”.

Además, sobre los que aceptaron la imputación por responsabilidad de mando en casos de violencia sexual relacionadas con este macrocaso, la Sala recomendó que realicen actividades del proyecto transversal de Memoria.

La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) causó impacto este #24Oct, cuando otorgó un beneficio de amnistía al antiguo vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al exguerrillero Rodrigo Granda.

La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP considera que hay suficientes indicios para otorgarle dicho beneficio al ex jefe de las FARC, que estaría detenido por varios cargos y con una condena mayor a cinco años.

La JEP considera que debido a comportamiento y el aceptar los cargos y no poner resistencia, suman posibilidades para el beneficio de la amnistía.

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«En la decisión de la JEP se evaluaron otros 40 procesos por los cuales Granda fue judicializado años atrás, pero en estos no se les concedió beneficio alguno. En cambio, en el número 41 se determinó que «al estudiar las piezas procesales, específicamente, la sentencia condenatoria, se pudo determinar que los hechos guardan relación directa con actividades hostiles del grupo guerrillero y que la rebelión cometida por el señor Granda Escobar ocurrió con ocasión a su pertenencia a las Farc», escribe el diario El Tiempo de Bogotá.

La medida deberá ser notificada al tribunal de la causa ubicado en la ciudad de Cúcuta. Además, se debe enviar otra notificación a Migración Colombia, ya que Granda tiene una prohibición de salida del país. Solo podrá hacerlo con una autorización de la JEP.

Además, el ex guerrillero deberá firmar un acta de compromiso que será entregada a la JEP.

Vale resaltar que todavía sobre Granda hay otras acusaciones por rebelión y demás delitos, las cuales no han prescrito, por lo que en cualquier momento podría ser llamado a declarar o presentarse ante los tribunales competentes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que mediante el Auto de Priorización 008, que comenzará oficialmente la investigación sobre el entramado criminal en el que las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, se asociaron para delinquir y afectar a la población civil.

La magistrada Belkis Izquierdo Torres detalló que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas hasta el momento, hay 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública asociados con el paramilitarismo.

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El nuevo caso se denomina “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.

En cuanto a los incidentes a investigar, son cerca de 56.000, los cuales incluyen 8.345 homicidios, 2.940 desplazamientos forzados y 1.249 torturas, entre otros. El 51% de los hechos fueron perpetrados entre 2000 y 2009.

En un principio, los territorios sobre los cuales se concentrará el macrocaso 008 son el Gran Magdalena, Guaviare, El Caguán y Florencia, Antioquia y el Magdalena Medio.

Entre 2002 y 2005 en el batallón La Popa algunos miembros del Ejército fueron responsables de 127 casos de falsos positivos. 

Según la JEP, hubo una organización criminal creada al interior del batallón que por mantener las cifras de resultados operacionales señalaron falsamente a algunos civiles de ser colabores de la guerrilla o miembros de estos grupos ilegales.

El primer militar en aceptar su culpabilidad frente a las víctimas fue el soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quien estuvo en el batallón entre 2002 y 2005.

Empezó a relatar reconociendo su responsabilidad material en falsos positivos y que, según él, su primer falso positivo lo cometió después de que capturaran a un integrante del ELN que quedó herido y el coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha le habría ordenado asesinarlo para presentarlo como una baja en combate.

“Fue la primera persona que asesiné, no merezco su perdón. Me dieron 100.000 pesos y a todo el grupo nos dieron un arroz chino”, narró ante las víctimas.

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También contó que fue testigo de reuniones entre altos mandos del batallón y paramilitares al mando de «Jorge 40», según él, en dichos encuentros se había pactado que el paramilitarismo le entregara personas al batallón con el fin de que los militares los presentaran como bajas en combate.

A estos encuentros dijo que había ido por orden del coronel (r) Hernán Mejía, a quien señaló de sembrar la semilla para que empezaran en La Popa los falsos positivos y que supuestamente Mejía le contó que el presidente de ese entonces (Álvaro Uribe Vélez) sabía de las reuniones.

“Llevamos a cabo una persecución en contra de la población civil e indígena. Siempre obedecí órdenes de mis superiores sin cuestionarlas y sin pensar el gran daño y el dolor que iba a causar”, puntualizó.

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Los generales sí sabían de esos terribles crímenes; afirmó el soldado profesional Yeris Andrés Gómez.

“Los soles de Mario Montoya, Justo Eliseo Peña, González Peña, Rodríguez Barragán y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, así como mis manos, están untadas de sangre porque nos daban viajes a Cartagena, fiestas y pistolas como premio. Reuniones con trabajadoras sexuales. Es un crimen de Estado porque hasta el presidente pedía resultados, tropa que no daba resultado no le daban permiso, eso era la seguridad democrática, solo matar a personas inocentes que no tenían que ver con el conflicto”

Así cuestionó el actuar de altos mandos del Ejército y los responsabilizó de tener conocimiento e incentivar los falsos positivos.

Arroz chino y un premio de 100.000 pesos: eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer «falso positivo» que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Colombia.

«Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa», comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.

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En su relato, durante el primer día de audiencia de reconocimiento de este caso, celebrado en la ciudad de Valledupar (Cesar), Gómez relató cómo actuó como autor material de asesinatos, el primero de ellos de un supuesto desmovilizado de la guerrilla del ELN.  

«Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército», dijo este exmilitar, quien subrayó:

«Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar» indicó.

El magistrado Javier Parra, de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dio detalles sobre la macabra práctica de asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate.

Todos aceptaron los cargos y comparecerán en la audiencia, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Fiscalía de la JEP para un «proceso adversarial», en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.

César Augusto Lasso, hoy sargento en retiro, quien estuvo secuestrado por las Farc durante más de 14 años, habló sobre la experiencia que vivió en el cara a cara de las víctimas con exmiembros del secretariado de las Farc ante la JEP.

«He tenido un proceso de perdón. Entiendo el perdón como una actitud personal de asumir la vida de una manera; diferente cuando uno no perdona o cuando tiene odios en el corazón, de esa forma uno se vuelve amargado, lo que se transmite son malas energías. Todos de alguna manera, en el transcurrir de nuestras vidas cometemos errores, afectamos a algunas personas. Es necesario pedir perdón también. Eso nos anima a continuar por el camino de Dios, de la espiritualidad del amor y de la solidaridad», dijo Lasso.

«Yo ya había tenido una meditación, una reflexión al respecto. El tiempo pasado uno no lo recupera; lo que queda es poder disfrutar ahora, que estas acciones no se repitan en nuestro país. Es fundamental sanar las heridas, ese tiempo pasado quedó atrás. Me frustro de pensar que las máximas penas serán de 8 años, según los acuerdos, que las condenas podrán ser pagadas en casa por cárcel», confesó el sargento.

Ayer martes, el sargento Lasso protagonizó uno de los momentos de mayor impacto en la audiencia, al mostrar unas cadenas similares a las que padeció cuando estuvo secuestrado en la selva durante más de una década. 

En entrevista con el programa radial Mañanas Blu, Lasso aseguró que sintió alivio al ver el arrepentimiento de los exjefes de las Farc, pero lamentó que las penas por los graves delitos serán bajas.

«Fui secuestrado en la toma del Mitú, el 1 de noviembre de 1998 y me liberaron hasta el 2 de abril de 2012. Fuimos los últimos que estábamos en manos de las Farc. Luego se iniciaron los diálogos con el gobierno de Santos. Las cadenas que mostré ayer en la JEP no son las mismas, esas quedaron allá, no nos las dejaron traer, obviamente, pero quería que ellos sintieran un poco y recordaran lo que fueron todos esos años de cautiverio y lo que vivimos muchos policías, soldados y colombianos», indicó Lasso.

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«Quería que quedara en la memoria todos estos años de sufrimiento y de deshumanización de la guerra o del conflicto, a los niveles tan bajos que se llegó. Quería dejar ese mensaje, esos momentos no se pueden olvidar, hay que tenerlos ahí para que no se repitan en nuestra historia. Queremos un país, tenemos cómo hacerlo, tenemos muchas posibilidades. Tenemos que desarmar los corazones y el lenguaje. Ellos están en sus últimos años, la mayoría son mayores de 60 0 65 años, creo que están en esa etapa de concientización, de buscar sanación espiritual al darse cuenta de todas las atrocidades que se dieron», añadió el sargento.

Lasso aseguró que estando secuestrado le comunicaron que iniciarían canjes de secuestrados por presos y manifestó su desacuerdo, porque esto significaría dificultades a futuro.

«Las Farc buscaban la ley del canje para continuar secuestrando policías y militares, para seguir liberando prisioneros de las Farc de las cárceles. Afortunadamente no se dio esa esa ley de canje porque hubiera sido perpetuar el dolor en otras familias», contó Lasso.

«Lo que discutíamos los compañeros que estábamos allá, pues era era eso porque era prolongar el martirio en otras familias, podríamos haber salido libres, pero el conflicto y la deshumanización continuaría por más tiempo y pues desde allá, en nuestro cautiverio, no queríamos que esa ley de canje se diera», complementó.

«Cuando uno tiene odio en el corazón se vuelve amargado y transmite malas energías. Todos de alguna manera en el transcurrir de nuestros días cometemos errores y debemos pedir perdón también. Eso nos anima a seguir por el camino de Dios, la solidaridad y el amor»,

Por primera vez en su historia, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP realizó una audiencia de reconocimiento para escuchar los testimonios de 10 militares (r) que participaron en falsos positivos en El Catatumbo.

El encuentro se realizó en Ocaña, Norte de Santander, y contó con la presencia de víctimas, familiares y magistrados.

Todos fueron testigos de fuertes relatos por cerca de 10 horas, en los que los militares (r) –y un civil– aceptaron ser responsables de algunos de los 120 asesinatos y desapariciones forzadas en esa región.

Una de las intervenciones que más generó conmoción fue la del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez, imputado por estos asesinatos que posteriormente presentaron como bajas en combate entre los años 2007 y 2008.

Este militar comenzó aseverando que en su unidad asesinaron a campesinos inocentes en lo que se convirtió en fenómeno criminal en toda esa zona del norte del país.

Incluso, en cerca de 30 minutos de intervención, reconoció que todo lo hizo por la “presión de unos falsos resultados por tener contento a un Gobierno”.

“Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la Fuerza Pública asesiné cobardemente”, concluyó.

Por su parte, Claudia Barrientos, como víctima declaró que su deseo es esclarecer qué pasó con su hermano Javier Barrientos en 2007, año en el que se sumó a la lista de falsos positivos.

Su idea para esta cita era ver a los responsables con el uniforme de militares, “para que el país y el mundo se diera cuenta quiénes habían cometido esos crímenes”. Sin embargo eso no fue posible.

De ese peso fueron otras declaraciones como la víctima Antonio María Peña, la del entonces mayor del Ejército, Juan Carlos Chaparro, la del capitán Daladier Rivera y la del sargento Rafael Antonio Urbano.

Este último subrayó, vía Internet, que hay un oficial activo de apellido Velandia que pronto llegará al rango de general, y que habría participado en el asesinato de un falso positivo sin aún ser vinculado al caso.

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Para el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, los testimonios que componen esta primera audiencia de reconocimiento conforman una de las aproximaciones más importantes a la verdad de lo que pasó en el conflicto armado.

De hecho aseguró que nunca se había estado tan cerca de esclarecer el flagelo de los falsos positivos en esa región, el cual hace parte del macrocaso 03 que en dicha jurisdicción tiene como relatora a la magistrada Catalina Díaz.

Sobre las 6:30 de la tarde las intervenciones terminaron y continuarán este miércoles a las 8:00 de la mañana. En dicha jornada estará el general (r) Paulino Coronado, el oficial de más alto cargo en ser procesado en la JEP por las ejecuciones extrajudiciales.

En total de comparecientes son Coronado, Chaparro, Urbano, Rivera, Gutiérrez, los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, el sargento Mauricio Pérez y el civil Alexander Carretero.

Todos los diez militares imputados hicieron parte de la Brigada Móvil 15, y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, el cual tenía labores contra grupos armados ilegales en Norte de Santander.

El segundo uniformado en tener la palabra fue Daladier Rivera Jácome. Para la época en la que se desarrollaron los hechos en los que se reconoce como coautor fue capitán del Ejército.

En el Auto 125 de la JEP, sale reseñado que es uno de los responsables de varios falsos positivos. En ese sentido, le solicitó a Villamir Rodríguez –víctima– que se pusiera de pie en frente de todos.

Como victimario manifestó que quería limpiar el nombre de Rodríguez, pues en los hechos que lideró la Brigada 15 él nunca fue combatiente de la guerrilla como lo hicieron creer, acusación que incluso lo tuvo detenido varios años.

“Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia, los cuales puse a disposición de la Fiscalía que tomó su caso”, describió.

A dichos papeles se les sumaron falsos testimonios de desmovilizados, quienes declararon en contra de Rodríguez a cambio de recibir dádivas.

Después vinieron las intervenciones de los uniformados Chaparro y Herrera. Los tres concordaron con el resto de sus compañeros en que los mayores afectados en medio de esta situación fueron las víctimas y sus familiares.

Así lo advirtió otra víctima. Mayra Alejandra Jaimes les dijo que con esos engaños se llevaron a su padre y a muchas otras personas inocentes que en su caso particular truncaron los sueños que ella y su papá tenían.

Para Óscar Parra, uno de los magistrados que lideró la audiencia, este antecedente histórico rompe con barreras de la justicia para conocer la paz que, en esta ocasión, estará en manos del Tribunal de Paz, el cual impondrá las sanciones a las que haya lugar tras el reconocimiento.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido muy enfática en resaltar que tras la imputación y la audiencia de reconocimiento público de este miércoles no se acaba este caso por 120 falsos positivos en la región del Catatumbo.

Una vez evalúen uno por uno y compilen todos los aportes en el macrocaso 03, los magistrados de dicha jurisdicción pasarán los expedientes al Tribunal de Paz de la JEP.

Es esta instancia la que tendrá que determinar con la última palabra qué sanción se le imponen a todos los militares comparecientes en este hecho que, a nivel nacional, dejó miles de víctimas.

Los abogados de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel» ya presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, el trámite para la aplicación de la Garantía de No Extradición, con la que buscan que no sea enviado, al menos por ahora, a los Estados Unidos.

Caracol Radio conoció el documento de 119 páginas que en este momento es analizado por los magistrados de la JEP.

Piden que esta garantía de no extradición se mantenga hasta que Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel» termine de testificar y entregar todas las pruebas ante la Sala de Reconocimiento de la JEP dentro del Macrocaso 04 (Urabá), el Macrocaso 01(Secuestros) y el Macrocaso 06 (Genocidio de la UP), porque su defensa tiene claro que una vez en Estados Unidos será casi imposible que el siga aportando ante el Sistema Integral para la Paz.

«Otoniel» asegura que aportará pruebas y testimonios de acciones ilegales de carácter criminal ordenadas, planeadas y ejecutadas por altos mandos del Ejército Nacional en el departamento del Casanare y el Meta.

En concreto por parte de los generales Leonardo Barrera Gordillo y Henry William Torres Escalante, cuando fueron comandantes de la XVI Brigada del ejército en Casanare en los años 2005 y 2007 respectivamente. 

Acciones ordenadas por estos generales en las que se perpetraron asesinatos extrajudiciales, masacres, desapariciones y demás hechos graves violatorios de los Derechos Humanos contra personas civiles en los departamentos de Casanare y Meta.

También de Orlando Rivas Tovar, director del DAS del departamento del Casanare y otros miembros de esa institución entre los años 2006 al 2008.

Del General Leonardo Barrera Gordillo, quien desde el año 2005 cuando era comandante de la brigada XVI del Ejército en Casanare, no solo coordinaba acciones contrainsurgentes en las que produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos, sino que…

También recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Casanare y después en el Urabá cuando fue comandante del Batallón Junín No 33…

Lo que permitió desarrollar la economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que según alias «Otoniel» pagaron cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá.

Esta colaboración continúo después de que se conformaron en el año 2009 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hasta la época actual.

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El asesinato de Daniel Torres y Roque Julio Torres, padre e hijo, en el año 2007, o el asesinato del campesino Cayetano Mendivelso ocurrida en Tamara, Casanare de 2006.

Además de otras ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare).

Varios de estos crímenes están aún por esclarecer en la justicia ordinaria o no han avanzado las investigaciones, por lo que el compromiso de alias «Otoniel» será aportar toda la verdad que permita determinar los máximos responsables.

Bajo la gravedad de juramento Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel» aseguró que conoció a los generales Leonardo Barrero Gordillo y Henry William Torres Escalante, y realizó operativos conjuntos con los soldados que estaban bajo sus órdenes cuando era paramilitar del bloque Centauros de las AUC y posteriormente como civil después que me desmovilice en el año 2006 y hasta el año 2008.

Alias «Otoniel» dará información de personas desaparecidas entre los años de 1997 hasta el año 2006, en los Llanos Orientales, también en Córdoba y Urabá.

Aportando información precisa y georreferenciada de fosas o lugares en los que se encuentren cuerpos de civiles y armados dados por desaparecidos.

En menos de seis años la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) culmina con su misión jurisdiccional, por lo menos en lo que se refiere a la acusación.

Según el artículo 15 transitorio del acto legislativo 1 de 2017, el 14 de enero de 2028 se cumple el plazo para “la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de las resoluciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas”.

Para los casos en los que a esa fecha no se haya alcanzado a hacer acusación, no serán resueltos en el marco de la JEP.

Y para sus víctimas, no habrá verdad, ni justicia ni reparación, por lo menos como resultado de la JEP.

Los enormes vacíos y problemas de concepción y diseño en la estructuración de la JEP; la deficiente conducción en sus primeros años y la inexperiencia de algunos magistrados han impedido que la Jurisdicción pueda tramitar los casos cuya magnitud y complejidad son cada vez mayores.

No se sabe cuántos casos se van a quedar sin resolver cuando se cumpla el plazo que fija la ley a la JEP; pero serán muchos.

¿Qué pasará con las expectativas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de aquellos casos cuya ocurrencia ofendió la dignidad humana?

¿Qué sucederá con los beneficios adquiridos por los victimarios que se sometieron a esta jurisdicción?

A estas interrogantes da respuesta, argumentando profundamente, el notable analista colombiano Pedro Medellín Torres, quien fuera el Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública.

Pedro Medellín, quien tiene dos doctorados –en ciencias económicas y ciencias políticas – en la Universidad de Paris, conoce muy bien a la JEP, a la que cataloga como “el sapo más grande” en Colombia.

Opina Medellín que es muy evidente que la magnitud y dimensión de los casos en curso desbordaron la capacidad de respuesta de la JEP.

Basta preguntar cuánto tiempo va a necesitar un magistrado para que, con su pequeño equipo, resuelva los 3.000 o 4.000 casos que le asignen en estos meses.

¿En cuántos casos se va a poder llegar a acusación en los casi 2.000 días que quedan hasta el 14 de enero de 2028, cuando termina la JEP?

¿Cuántos podrá tramitar como corresponde en este tiempo cada magistrado de la Jurisdicción?

Medellín es de la opinión de que antes de cerrar, la JEP debería hacer un esfuerzo de pedagogía.

No solo definir cuáles son los casos más representativos de lo que ocurrió con ocasión del conflicto armado en Colombia; cuya resolución convenza a los ciudadanos de que la Jurisdicción Especial para la Paz sí contribuyó a la transición de una situación de guerra a una de paz.

También debería ayudar a que la gente comprenda el papel que juegan los “macrocasos”; en el trámite de la misión jurisdiccional de la JEP.

Que se entienda que agrupar un conjunto de casos dentro de un mismo fenómeno delictivo permitió una mejor tarea.

Que haber escogido los secuestros de las Farc, las ejecuciones extrajudiciales o el reclutamiento forzado de niños y niñas en el conflicto armado va a asegurar que las víctimas de semejante horror van a tener verdad, justicia y reparación.

Y que lo mismo va a pasar con los delitos inaceptables, como la desaparición forzada, el desplazamiento de poblaciones, la violencia sexual en el conflicto armado o los graves ataques contra civiles indefensos (Bojayá, club El Nogal o Mapiripán).

Todo porque los colombianos (y sobre todo las víctimas) nos debemos tragar el sapo más grande: no todos los casos en la JEP se van a poder resolver.

Las expectativas creadas por los vendedores de humo que estaban al frente del proceso fueron mayores que la capacidad real que le dieron a la JEP para cumplir con su cometido.

Habrá que aceptar que una gran parte de las víctimas no van a tener verdad, ni justicia ni reparación.

Pero no todo está perdido. Todavía hay una fórmula de solución: volver permanente Justicia y Paz.

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Por la experiencia adquirida como primer ejercicio de justicia transicional en el país, podría recibir los casos que queden pendientes en la JEP.

Y sin trastornos ni traumatismos puede garantizar la seguridad jurídica para quienes comparecieron como victimarios, y para las víctimas, cumplir con las expectativas de verdad, justicia, reparación y no repetición que les habían prometido y que tanto merecen.

A las opiniones vertidas por el doctor Pedro Medellín, y con quien coincido totalmente, le sumo que ante males graves hay que ser radical: se corrige esa Justicia Especial para la Paz, apuntalada y defendida con tanta intransigencia por los izquierdistas colombianos, o va a tocar acabar con esa JEP que toca mantener a costa de impuestos y que hoy es un elefante blanco alado para que parezca pariente de una paloma de la paz, estéril en Colombia.