El abogado Joel García cuestionó el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acerca del “fin de la Ley de Amnistía”.

A través de su cuenta en X, García hace una serie de consideraciones acerca de este anuncio, comenzando porque el mismo “presenta graves cortocircuitos legales”, por lo que “la vigencia de una norma no depende de valoraciones subjetivas del Ejecutivo, sino de la Constitución y la Teoría General de la Ley”.

 Para García, una cosa es la "vigencia de la ley y otra la eficacia política".  “Una ley no se extingue porque un gobernante considere que ya cumplió su meta. Sin una cláusula de caducidad expresa o un acto legislativo derogatorio, la ley mantiene plena vigencia. El Ejecutivo no tiene potestad derogatoria”, aclaró.

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1/5 El anuncio sobre la "conclusión" de la Ley de Amnistía por cumplimiento de objetivos políticos presenta graves "cortocircuitos" legales. La vigencia de una norma no depende de valoraciones subjetivas del Ejecutivo, sino de la Constitución y la Teoría General de la Ley.

Por otro lado, dice que “la amnistía opera por el derecho mismo. Si el ciudadano cumple los supuestos de la norma, el juez está compelido a aplicarla. El Ejecutivo no puede interponer barreras administrativas a una facultad que es estrictamente jurisdiccional”.

Asimismo, el abogado alertó acerca de la “desviación de poder” que significa "trasladar casos de la ley a programas de convivencia" que “sustituye un derecho subjetivo por una concesión política. Esto vulnera la reserva legal y la separación de poderes, debilitando el Estado de Derecho”.

 En conclusión, García cree que “sin derogación formal, la Ley de Amnistía mantiene vigor. Limitarla por criterios de oportunidad política es contrario al ordenamiento y constituye una vía de hecho administrativa. La seguridad jurídica exige respeto a la jerarquía normativa”.

Joel García, abogado penalista  denunció que el chavismo está aplicando  una maniobra inconstitucional al inventar la figura de "falta  forzosa" para no declarar la ausencia absoluta de Nicolás Maduro, una vez que se cumplieron 90 días desde su captura.

  “La  presidencia sin límite de tiempo ni base legal es una autoridad de  facto”, advirtió García a través de su cuenta en X.

  La "falta forzosa" sigue siendo un invento judicial para evadir las urnas. Una presidencia sin límite de tiempo ni base legal es una autoridad de facto. Exigimos el retorno a la taxatividad de los Art. 233 y 234. ¡La Constitución se respeta!

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Artículo 233:   "Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. 

Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. 

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.

Artículo 234: Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

El pasado 3 de enero, cuando el TSJ emitió la sentencia que permitió a Delcy Rodríguez asumir la "presidencia encargada", la presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Tania D'Amelio, explicó que el Tribunal actuó en ejercicio de la “potestad interpretativa que le confiere el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizando una interpretación sistemática de los artículos 234 y 239”.

Agregó que  el propósito de esta acción es el de establecer el mecanismo constitucional aplicable ante una circunstancia no prevista.

La magistrada precisó que "la ausencia forzosa del jefe de Estado, derivada de su secuestro, configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”, siendo esta una acción que obliga al país a “adoptar  medidas inmediatas para preservar la estabilidad institucional y el funcionamiento regular de sus poderes públicos”.

En Venezuela el Estado de derecho desapareció en el momento en el que el “Gobierno socialista” se vio sin respaldo popular. 

Esto no es una mera opinión, sino una conclusión respaldada por una amplia y consistente documentación de organismos internacionales que describen un sistema donde la ley ha perdido su rol de garante de los derechos y libertades, para convertirse en un instrumento al servicio de la opresión y el control político, generando un ambiente de anarquía jurídica y terror.  ¿Qué les queda a los venezolanos?

 Esto es Cara a Cara con Mildred Manrique y el abogado Joel García. 

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor del abogado defensor de los presos políticos, Joel García, tras considerar que «sus derechos a la vida y a la integridad personal están en riesgo de daño irreparable».

Estas medidas cautelares fueron solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el 28 de febrero de 2024, las cuales finalmente fueron otorgadas el 13 de mayo de 2024, bajo la Resolución 31/2024.

En la información proporcionada a la Comisión, el equipo del OVP relató lo que ha sido la labor de García como un defensor de defensores de los derechos humanos durante más de una década, así como eventos ocurridos en el pasado a lo largo de su trabajo de litigio en el país.

El más reciente, acontecido el 7 de febrero de 2024, cuando se encontraba en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, y estando en compañía de los Cónsules General y Adjunto de la República de Chile en Venezuela; en la salida del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Palacio de Justicia en Caracas, donde fue abordado por un sujeto que lo amenazó directamente por las continuas denuncias que publica en sus redes sociales.

Tal situación fue denunciada ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, sin recibir oportuna y adecuada respuesta.

Según consta en la Resolución, la CIDH solicitó información al Estado venezolano el 29 de febrero de 2024, pero tampoco hubo respuesta.

Para analizar la procedencia de la solicitud, la Comisión consideró los hechos a la luz de los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable.

En tal sentido, refirió el contexto actual de Venezuela, ya que se encuentra incorporada en el Capítulo IV. B del Informe Anual de la CIDH; mientras que en el año 2017, en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisión “documentó el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y el deterioro de la situación de derechos humanos. (…)”.

En ese mismo informe, valoró que las personas defensoras, que ejercían representación de personas detenidas por razón de su postura política, también eran objeto de múltiples actos de amenazas, hostigamiento y criminalización; situación que se ha mantenido en el tiempo.

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Además, su rechazo a la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país; medida que fue tomada después de un pronunciamiento de la oficina sobre la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel.

Tal como cita en la resolución, “la decisión del gobierno de Venezuela evidenció su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de derecho”.

Para la Comisión, los hechos se enmarcan en un contexto hostil hacia las personas defensoras y de la situación particular de las personas que ejercen labores de defensa legal a personas detenidas por razón de su disidencia al actual gobierno de Venezuela; imprimiendo especial seriedad a la situación del abogado, y ubicándolo en una situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, la CIDH solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del abogado Joel Antonio García Hernández, «de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables, incluidos los actos de riesgo atribuibles a terceros; que implemente las medidas necesarias para que el beneficiario pueda desarrollar sus labores como abogado defensor sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas».

Exige que el Estado «concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición».

A través de sus redes sociales, García agradeció la medida y la intermediación de la ONG para que se la otorguen.

«Defender derechos humanos y denunciar su violación no constituye delito», afirmó.

Agradezco las diligentes gestiones realizadas al @oveprisiones y la @CIDH por la resolución adoptada. Defender derechos humanos y denunciar su violación no constituye delito alguno. Una vez más, gracias https://t.co/AZkBWmfKXN

La reciente liberación de cinco presos políticos, entre ellos Juan Requesens y Roland Carreño, no es tal, a decir del abogado Joel García, quien aclaró que, en ambos casos, sus procesos en tribunales continuarán.

“Carreño enfrentará su proceso en libertad. Con respecto a Requesens, él está condenado, pero no tiene sentencia firme. En ambos casos los fiscales pidieron revisión de medida y se les otorgó”, explicó García, en entrevista con Unión.

Aclaró que en el caso de «no hay restricción alguna», aunque no dijo a qué re refiere con ello. Lo que sí remarcó la excarcelación de ambos «está dentro de los acuerdos políticos», pero agregó que también desconoce estos convenios.

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«No hay una medida absolutoria, un indulto, como ocurrió hace cuatro años cuando liberaron a los dirigentes políticos Nicmer Evans, Roberto Marrero y Demóstenes Quijada», explicó.

Por otro lado, destacó que supo de las liberaciones «por rumores» y casi al momento de producirse, por lo que denunció que «la opacidad es lo que reina en este momento».

Asimismo, relató que la audiencia de juicio oral que estaba prevista para este jueves en el caso de Roland Carreño fue diferida. «A ciencia cierta todavía no saben lo que está pasando y están afinando detalles», expresó.

Y sobre Requesens informó que esperan que «la Corte de Apelaciones admita los recursos» introducidos hace año para revertir la sentencia de 8 años de cárcel.

En una rueda de prensa ofrecida este 19 de octubre por integrantes del Foro penal se advertía acerca de la opacidad acerca de las liberaciones y ya habían advertido que, «por experiencia», sabían que no se trataba de «libertad plena», sino de una excarcelación, lo cual es una espada de Damocles que pesa sobre la cabeza de la persona que no puede estar tranquila sabiendo que en cualquier momento la pueden volver a apresar.

Joel García abogado de varios presos políticos, entre ellos Roland Carreño, alertó que a pesar de que sus defendidos salieron libres, se desconocen los detalles de esas acciones.

Dijo que la boleta de excarcelación de Carreño establece su “libertad plena”, pero aclaró que tiene incertidumbre, al respecto.

Ratificó que el comunicador ha estado inmerso “en un proceso burdo e injusto”, que inició el 26 octubre de 2020.

En el caso de Juan Requesens, García señaló que también está a la expectativa, aunque él sí recibió una condena de 8 años y estaba protegido por una medida de casa por cárcel.

El abogado recordó que esa sentencia está bajo apelación.

“Por las condiciones en que fueron liberados, sabemos que fue por el acuerdo de Barbados, pero los hechos judiciales no los conocemos”, remarcó.

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Por su lado, La dirigente de Acción Democrática en el estado Lara, Sobella Mejías, propuso que se apruebe una amnistía para liberar a todos los presos políticos.

Recordó que en la AN reposa un proyecto de ley que regula esta materia, la cual podría servir de base para redactar una norma que sirva para otorgar esas liberaciones.

#19Oct ?️ ¡PIDEN AMNISTÍA! Sobella Mejías (@SobellaMejias), secretaria general de Acción Democrática en Lara, propuso una ley de amnistía para presos políticos en Venezuela enmarcada en la agenda de diálogo que se sostiene con la Administración de Nicolás Maduro?:… pic.twitter.com/pGCx3wk033

Una vez que se supo de estas liberaciones, las reacciones no se hicieron esperar y los voceros, a través de las redes sociales, coincidieron en que faltan que casi 300 presos políticos también sean beneficiados.

La ONG Provea por ejemplo, pidió la libertad de Javier Tarazona, director de Fundaredes.

«Un defensor de DDHH que fue desaparecido y detenido desde hace 839 días por exigir investigaciones tras abusos en conflicto Apure 2021», recordó en su cuenta de X.

«Pedimos una medida humanitaria para todos los presos políticos de Venezuela, injustamente detenidos y víctimas de malos tratos. Que decenas se reencuentren con sus seres queridos. Ya es hora de una vida para ellos», enfatizó.

Marino Alvarado, directivo de esta ONG manifestó: «La dictadura de Venezuela ha empezado a liberar presos políticos luego del acuerdo en Barbados. Presos muchos de ellos torturados. Hay que seguir presionando y trabajando para liberarnos de esta pesadilla y que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas».

De su lado, el politólogo Nícmer Evans, escribió: «Emocionado de que 4 venezolanos que nunca debieron estar secuestrados como presos políticos hoy estén liberados. Quiénes vivimos eso, cada vez que vemos a compañeros salir nos emocionamos, tanto por ellos como por sus familiares. No olvidamos que falta casi 300 aún…».

No faltó la reacción del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien en sus redes sociales expresó: «La liberación de estos 5 presos políticos, que jamás debieron estar detenidos, son pasos en la búsqueda de que en Venezuela se acabe la persecución y haya justicia y democracia plena. Son pasos que han costado mucho y que no han dejado de ser tiroteados y saboteados por quienes no quieren el encuentro de los venezolanos».

Y Primero Justicia tampoco se quedó atrás: «la liberación de 5 venezolanos, presos injustamente, es un motivo para seguir luchando por la libertad y la democracia de Venezuela y de los casi 300 presos políticos».

«Vamos a ver cuándo liberan al capitán Juan Carlos Caguaripano o a los policías del 11 de abril (del 2002) que aún están secuestrados», publicó otro usuario.

Mientras que otra cibernauta publicó: «Son casi 300, sometidos a tratos crueles, torturados, sufriendo condiciones de detención infrahumanas y extorsiones. Todos merecen libertad, justicia y reparación».

#19Oct ?️ "NUNCA HAN DEBIDO ESTAR PRESOS"La candidata a la primaria, María Corina Machado (@MariaCorinaYA), dice que "reconforta" el reencuentro de los venezolanos liberados la madrugada de este jueves."Hoy hay cientos de venezolanos, civiles y militares, secuestrados por… pic.twitter.com/um94Z6DW4V

#19Oct ¡EXIGE MÁS LIBERACIONES! ??@leopoldolopez sobre la liberación de algunos presos políticos: “Celebramos la liberación de @rolandcarreno (3años preso), @JuanRequesens (5años preso), Marco Antonio Garcés (3años preso), Eurinel Rincón (2años presa) y Mariana Barreto (4años… pic.twitter.com/nqEBlnFuPg

#19Oct "¡SON MÁS DE 300 SECUESTRADOS!" ?️@Andresvelasqz, candidato a la primaria opositora, exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, tras concretarse la liberación de cinco ciudadanos la noche del jueves #18Oct. "Claro que alegra que liberen aunque sea a… pic.twitter.com/gikdb38oDB

El abogado y defensor de los DD.HH., Joel García, denunció cómo el estudiante John Álvarez, quien ha sido víctima de torturas fue «revictimizado» e ignoradas sus lesiones, cuando fue llevado ante los forenses para que certifiquen su estado de salud.

«34 días después, es llevado a Medicatura Forense en Bello Monte el estudiante John Álvarez, fue ‘atendido’ por 5 ‘médicos’ o fotógrafos, quienes sin ni siquiera tocarlo, tomaron fotos a su rostro, pecho, espalda y piernas, y luego le dijeron: ‘tú no tienes morados'», relató García en la red X.

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Cabe recordar que, tars su detención, el propio Álvarez denunció que fue torturado para obligarle a implicar a otras personas en los supuestos hechos de terrorismo del que le acusan a él.

Posteriormente, se denunció que el estudiante de la UCV, perdió visión en su ojo izquierdo, tiene inflamación en su riñón izquierdo y lesión en pierna derecha.

García advirtió que «no sólo son responsables de la tortura quienes la realizan, sino también los directores de los centros donde se cometen y también los profesionales de la salud que la encubren. Son cómplices necesarios», en referencia al «diagnóstico» de los forenses que revisaron al muchacho..

«A los profesionales de la medicina y directores de los Servicios de Medicatura Forense que se hacen cómplices necesarios de estas atrocidades, también hay que llevarlos a la Justicia Penal Internacional», agregó Joel García.

Mediante una entrevista con la periodista, Karla Salcedo Flores, para Mesa de análisis, García, cuestionó la forma en la que la administración de Nicolás Maduro anunció la muerte de Baduel.

“En la noche de ayer pudimos conocer  a través de las redes sociales, un tuit de William Saab anunciando la muerte del general Raúl Isaías Baduel; pero es extraño que ni siquiera minutos antes pudieron llamar a sus familiares para informar sobre el estado de salud”, criticó.

Asimismo, García cuestionó que lo informó; “como si estuviese anunciando la apertura de una nueva oficina de la fiscalía”.

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El abogado destacó que hay muchas dudas sobre la muerte de Raúl Baduel, ante esto; insistió que lo más sano para cualquier régimen autocrático, “como el nuestro». «Es iniciar una averiguación muerte, no implica que sea homicidio, suicidio o muerte clínica”.

Pero insistió que son estas investigaciones las que van a determinar de qué realmente murió el ex ministro de Defensa de Hugo Chávez.

“Cuando una persona está bajo la custodia, presa bajo los dictámenes de un poder, lo lógico es que expertos independientes hagan el protocolo de autopsia”, explicó.

Detalló que es el protocolo que ordena la ONU. “Allí van a decir la causa de muerte; si el régimen no tiene nada que temer, qué le importaría dar esa transparencia al mundo; a la CPI, que tiene en miras a una apertura una investigación contra los personeros del gobierno”.

Para escuchar la entrevista completa ingrese al canal de Youtube de Impacto Venezuela.

El general Pedro Naranjo, sobre quien pesan acusaciones de traición a la patria, fue excarcelado la noche del sábado.

El anuncio lo hizo el abogado Joel García, luego que se conoció que a Naranjo le detectaron un tumor cerebral. Por ello, decidieron excarcelarlo y otorgarle una medida cautelar, por motivos de salud.

“Privó la sensatez que no hubo anoche. Bajo medida cautelar sustitutiva de libertad, excarcelaron al general Pedro Naranjo”. Así lo informó García en Twitter.

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Posteriormente, confirmó la información el Observatorio Nacional de Derechos Humanos. La ONG denunció que a Naranjo lo sacaron funcionarios de la Dgcim de una clínica donde recibía tratamiento médico. El observatorio alertó que esta acción puso en riesgo su vida.

La organización citó un parte médico donde se advierte que el general de 53 años requería de al menos 48 horas de hospitalización. Esto con la finalidad se recibir tratamiento y realizarse una biopsia por esterotaxia.

En un video publicado en redes sociales se ve el momento en que sacan al general del centro de salud, esposado.

Pedro Naranjo estuvo recluido en Ddcim de Boleíta, desde mayo del 2018. Está acusado por haber participado supuestamente en el movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo.

#12Sep ¡EXCARCELADO BAJO MEDIDAS CAUTELARES! En horas de la noche de este sábado, administración de Nicolás Maduro excarceló al general Pedro Naranjo, quien padece de un tumor cerebral. Estuvo preso desde 2018 por motivos políticos. Vía @milmanrique @ImpactoVE ? pic.twitter.com/1tP55BCj57

Para el abogado Joel García, el traslado de presos políticos a penales ordinarios será «horroroso». La afirmación del abogado se suma a las voces de alerta sobre el peligro que corren los más de 300 detenidos por razones políticas que hay el país.

“Eso va a ser horroroso” dijo García, en entrevista con Unión Radio, donde advirtió que cualquier detenido está a la orden del Servicio Penitenciario. Mientras el juez debe ordenar su traslado a cualquiera de las cárceles nacionales.

“Pero en Venezuela los presos políticos prácticamente no están a la orden del juez, están a la orden de la Dgcim, del Sebin o de las FAES. Porque una vez que los aprehenden los presentan dentro de 48 horas en el tribunal y la persona está enterita, sanita», dijo.

«El juez lo ve y se lo llevan. La acusación viene dentro de 45 días siguientes y la audiencia preliminar 20 días después de esa acusación. ¿Qué sucede en ese ínterin que es incomunicado el preso desde que lo aprehenden hasta ese día que le hagan la audiencia preliminar? Interrogatorios, torturas, eso es lo que sucede en Venezuela. La Dgcim, el Sebin, el Cicpc y la FAES no tienen por qué tener detenidos. Ese es el deber ser”, explicó.

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Por otro lado, lamentó que no hay forma de evadir el traslado, porque se trata de un decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial.

“Es lo que establece la norma. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que estaban en la Dgcim y en el Sebin. Eso no existe. No hay forma de detener el traslado, y ya está en decreto presidencial”, manifestó.

Ratificó que el problema del traslado radica en la situación de los penales en Venezuela. “A veces llega una cisterna y es un tobo con agua para cada preso. La dieta que tienen es una arepa con dos cucharadas de granos, tres veces al día», advirtió.

Describió que «los presos que no tengan un familiar cerca que le pueda llevar comida caerán en desnutrición. En la visita tiene que tener bluyines y franelas blancas; y las mujeres con sandalias abiertas. Si deseas una visita conyugal tienes que pagar 30 dólares. No los están sacando al patio a tomar sol, la visita es una vez a la semana en flexibilización por una hora. Se paga por todo, por una llamada telefónica tienes que pagar”, aseveró.

En definitiva, sostiene que cualquier persona que llegue a un centro penitenciario en Venezuela arriesga su vida, su salud y su nutrición.

El abogado Joel García habló sobre la excarcelación del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Desde las afueras de la residencia del parlamentario, aseguró que los tribunales no se han comunicado con la defensa.

En declaraciones a los medios de comunicación, García destacó que desconocen las medidas o restricciones nuevas contra Requesens. «No sabemos si puede hablar o no, si puede salir del país».

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El abogado detalló que hasta ahora lo único que tienen claro es que decidieron cambiar el centro de reclusión del parlamentario, quien se encontraba detenido desde agosto de 2018.

Al ser consultado sobre si Requesens tenía un brazalete GPS, indicó que lo tiene desde el día que lo detuvieron.

El régimen de Nicolás Maduro acumula más de 400 presos políticos durante su mandato. Al respecto García, pidió a la comunidad internacional que no abandonen a Venezuela.

Joel García, abogado del diputado de la Asamblea Nacional, y preso político del régimen de Nicolás Maduro, Juan Requesens informó este jueves que la audiencia fue diferida nuevamente.

Mediante su cuenta en la red social Twitter explicó que la audiencia del parlamentario y los coacusados fue diferida para el 31 de agosto a las 02:00 de la tarde.

 «Nos están utilizando para justificar la realización de otro juicio del cual ya llevan 4 audiencias realizadas en este mes de agosto», denunció.

#20Ago Nuevamente es diferida la audiencia del diputado @JuanRequesens y coacusados para el 31/08 a las 2 pm. Nos están utilizando para justificar la realización de otro juicio del cual ya llevan 4 audiencias realizadas en este mes de agosto.

Juan Requesens, tiene dos años privado de libertad, luego de que funcionarios al servicio del régimen venezolano lo apresaran por presuntamente liderar en un “atentado” en contra de Nicolás Maduro en agosto del 2018.

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Luego de ello las audiencias para determinar los delitos y presentar las pruebas hacia los acusados ha sido diferida en reiteradas oportunidades.

Ante esto, el abogado Joel García denunció que retardan el proceso porque no hay ningún recurso válido y creíble para que Juan Requesens siga privado de libertad.