Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) respondera ante la Justicia Especial para la Paz (JEP)

La JEP indagará sobre seis preguntas principales al exjefe paramilitar y sobre diferentes unidades militares en zonas donde tuvo presencia el Bloque Norte, como la Primera División del Ejército, la Segunda Brigada, el batallón Cartagena y el batallón La Popa, con sede en Valledupar.

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Tovar asistirá con el objetivo de contar la verdad frente a lo sucedido durante el conflicto.

“El primer tema que quiere abordar Rodrigo Tovar y sobre lo primero que quiere que lo escuchen es sobre las víctimas del conflicto armado colombiano”, afirmó Andrés Felipe Caballero es abogado de «Jorge 40».

El excomandante paramilitar colombiano, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, aceptó que cometió delitos, varios de ellos de lesa humanidad, en la costa Atlántica de ese país.

La información la dio a conocer la Fiscalía de Colombia, en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

“Fiscales lograron que Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, en su condición de cabecilla de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aceptara su responsabilidad en 13 hechos delictivos ocurridos en Atlántico y César, los cuales se presentaron entre 2000 y 2005″, dijo Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra la violación de los derechos humanos.

En diligencias realizadas en la cárcel Picaleña, en Ibagué (Tolima), donde permanece privado de la libertad, alias Jorge 40, reconoció un evento asociado al desplazamiento de una familia, en Codazzi (Cesar); y 12 casos de homicidio en personas protegidas que dejaron, por lo menos, 14 víctimas, entre ellas un abogado, un menor de edad, un albañil, agricultores y vendedores informales, en Barranquilla y Galapa (Atlántico), y Codazzi (Cesar), reseña la nota de la Fiscalía.

Estas personas habrían sido asesinadas por hombres armados que formaron parte de las distintas estructuras que conformaron el denomino Bloque Norte.

Al parecer, fueron señaladas equivocadamente de estar involucradas en actividades delictivas o de colaborar con otras organizaciones ilegales que tenían injerencia en la región.

El material de prueba indica que los autores materiales de las 13 acciones criminales actuaron de acuerdo con las órdenes y lineamientos definidos por los entonces máximos jefes paramilitares en la Costa Atlántica, entre estos Rodrigo Tovar Pupo.

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Con la aceptación de cargos, alias Jorge 40 se somete a sentencia anticipada. La condena será fijada en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (anterior sistema Penal).

Cabe recordar que su hijo, Jorge Rodrigo Tovar consiguió llegar a la Cámara de Representantes por medio de una de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Después de acusaciones por supuesto apoyo del Gobierno nacional y grandes manifestaciones en 13 municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena, el abogado logró la mayor votación en la zona.

Su partido, Asociación Paz es Vida, ganó en ocho de los 13 territorios que conforman la circunscripción 12. En la lista se encontraba Tovar junto a Nairobis Beatriz Jiménez Martínez, candidata a la que superó por mucho.

Pero debido a los crímenes que ha cometido su padre, hay muchos que están en desacuerdo con esta elección y aunque demandaron para suspender la acción, el Consejo de Estado decidió no acceder a ello.

La Sala relató que al expediente “fueron allegados certificados que acreditan el funcionamiento de la organización que avaló la candidatura, la Asociación Paz es Vida, así como el registro único de víctimas en el que la Unidad Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) lo reconoce como parte de la población más afectada por el conflicto”.

El exparamilitar, que formó parte del Bloque Norte de las AUC fue expulsado del proceso de Justicia y Paz por su renuencia a colaborar con las autoridades colombianas, por lo que deberá cumplir, según el ente acusador, las sentencias judiciales, así como las diferentes órdenes de captura y medidas de aseguramiento que han sido proferidas en su contra, reseña la revista Semana.

No solo la Corte Constitucional fue advertida, sino también las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, sobre «el robo de las curules de paz», pero no actuaron.

Así lo señalan las víctimas que aspiraban a una curul por la circunscripción número 12 de la cual, Jorge Tovar, el hijo del paramilitar «Jorge 40», ganó un escaño.

“Denunciamos constreñimiento de grupos armados, inseguridad de las reales víctimas que aspiraran a una curul; dilación en el desembolso de los anticipos económicos para las campañas”, dijo Juan Ariel Hinojosa, uno de los candidatos víctimas.

“Nosotros solicitamos sin satisfacción eliminar el requisito del pago de la póliza para acceder a los recursos como si se lo permitieron a los candidatos del partido Comunes”, dijo.

Hinojosa cuestionó la llegada de Tovar al Congreso, al señalar que no van a estar representados en el legislativo por “el hijo de un victimario”.

“Existen varias denuncias de las irregularidades. El vicio que existía y las candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por el vínculo de consanguinidad de uno de los candidatos con su padre el mayor victimario de nuestra región «Jorge 40», señaló.

Hinojosa también cuestionó que no hubo pedagogía en las regiones para las votaciones que se reflejó “en los votos nulos a nivel nacional. Hubo 19.374 votos nulos y 55.448 no marcados”.

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Las víctimas pidieron que se suspendiera o se aplazaran las elecciones de las curules de paz, pero tampoco recibieron respuesta a su favor.

“Hicimos recursos, pero nunca recibimos respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral”, puntualizó Hinojosa.

Las víctimas denunciaron la candidatura de William Romero, señalado de ser la persona que representaba los intereses particulares del «Clan Gnecco» y las candidaturas de “Sebastián Ochoa, Jorge Rodrigo Tovar, Pedro Norberto Castro, Marleny Kammerer”, quienes, según la denuncia, no harían parte del grupo de víctimas que tiene derecho a esa curul en el Congreso. 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo conocido como alias «Jorge 40», logró acreditar ante el Consejo Nacional Electoral su reconocimiento como víctima de desplazamiento forzado, por lo que su candidatura por la Circunscripción Especial de Paz N° 12 se mantiene.

Tovar se ha hecho con cargos destinados a las víctimas del conflicto armado y ahora aspira a ocupar una de las curules en el Congreso para las poblaciones más afectadas por la guerra.

Sin embargo, para las organizaciones de las personas victimizadas, el hijo de uno de los perpetradores no debería equipararse en la posición de quienes sobrevivieron a la violencia.

Por esa razón, se elevó una demanda al CNE para que revocara la inscripción de Tovar como víctima, argumentando que poseía otros mecanismos para aspirar al Congreso de la República, en lugar de servirse de las circunscripciones especiales para las víctimas.

La demanda presentada por Jesús María Henríquez, señala que Tovar Vélez “no podía acreditar la condición de víctima y una representación genuina a los individuos, comunidades y territorios, al ser hijo de un reconocido victimario que operaba en las zonas territoriales en las que se encuentra la Circunscripción Transitoria Especial de Paz- CITREP N°12. Su postulación resulta una afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas”.

En ese sentido, el CNE solicitó a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), una certificación que acreditara la condición de víctima de Tovar. Esa entidad remitió un documento en el que el hijo de Jorge 40 se encuentra como «incluido» por hechos victimizantes sufridos el 11 de marzo del año 2006 y el 24 de mayo de 2015, los dos como resultado de desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Valledupar, Cesar.

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El senador Antonio Sanguino ha sido uno de los que se ha opuesto a la aspiración de Tovar y anunció que las víctimas interpondrán recurso de reposición ante el CNE. “Continuaremos dando la lucha para lograr que las curules de paz sean para las víctimas. Haremos uso de nuestro derecho a interponer recurso de reposición”, sostuvo el congresista.

“Consideramos que existen conflictos de intereses por parte de «Yoyo Tovar» al pretender representar a las víctimas de los territorios en los que su padre sembró terror. Esto lo expondremos en nuestro recurso”, agregó Sanguino.

Según sostuvo el senador en la demanda ante el CNE, Rodrigo Tovar ha dicho públicamente que ‘Jorge 40′ es un preso político, por lo que significa un conflicto de intereses respecto al criminal, los derechos y representación de las víctimas del Bloque Norte de las AUC que delinquió en el Caribe.

“Nos preocupa que se utilicen como trampolines electorales de enclaves familiares protagonistas de fenómenos como la parapolítica”, señaló el senador Sanguino en el documento remitido inicialmente al CNE.

En la sala del CNE de este sábado, también se despejó la candidatura política de Roy Barreras respecto a una eventual doble militancia, debido a que se desempeña como senador, cargo al que llegó por el partido de La U y busca repetir ahora por el movimiento ADA.

Para el demandante Nino Bravo Oyuela, Barreras incurrió en doble militancia debido a que actualmente representa a La U en el Senado, pero aspira por la coalición del Pacto Histórico, lo que anularía su inscripción para mantenerse en su curul.

Sin embargo, la defensa de Barreras señaló que el senador fue expulsado de La U por un proceso disciplinario fallado en su contra por el órgano disciplinario de la colectividad, que a su vez limitó sus derechos políticos.

En ese sentido, el magistrado Virgilio Almanza, señaló que no se puede endilgar “una permanencia simultánea del Senador Roy Barreras entre el Partido de la U y el Movimiento ADA, teniendo en cuenta que mediante auto notificado el día 13 de octubre de 2020 fue expulsado del Partido de la U” y que actualmente no funge como Senador de la República en representación de dicha colectividad.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar colombiano ha sido deportado a Colombia este lunes.

El rebelde cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico.

Jorge 40 tendrá que responder por sus crímenes ante la justicia, confirmó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

«Como lo anunciamos en su momento, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ya se encuentra en Colombia a disposición de las autoridades migratorias y judiciales, y tendrá que responder ante la justicia y las víctimas por sus cuentas pendientes en el país». Dijo el funcionario.

Jorge 40, uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, y se le condenó a 16 años de cárcel de los cuales pagó 12.

Durante su proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó a Tovar Pupo del envío a ese país de al menos 1.500 kilogramos de cocaína entre 2002 y 2005. Y cuyo cultivo, producción y tráfico supervisaba al haber dirigido las actividades de las AUC en el noreste de Colombia.

Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como «Jorge 40» perdieron esos beneficios.

El exjefe paramilitar fue procesado bajo Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y destrucción y apropiación de bienes protegidos, pero luego fue expulsado de ese mecanismo y extraditado.

«Jorge 40» tiene en Colombia más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinatos, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron a al menos 60 personas en febrero del 2000 en el caribeño departamento de Bolívar.

Tovar Pupo, que tiene en su contra 35 órdenes de capturas pendientes y 40 medidas de aseguramiento, quedará a disposición de la justicia penal ordinaria donde deberá «garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas», como lo aseguró hoy el ministro encargado de Justicia, Javier Sarmiento.

«Todas las autoridades colombianas se han coordinado para recibir a dicha persona, proceder a su captura, legalizarla ante las autoridades competentes y que quede privado de la libertad en uno de los establecimientos de reclusión del orden nacional», detalló Sarmiento.

El exparamilitar solicitó en septiembre de 2019 su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) argumentando que fue «ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de autodefensa», que desarrolló estrategias «para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales» y que financió y auspició organizaciones paramilitares desde 1996.

Sin embargo, la JEP rechazó en enero pasado dicha petición teniendo en cuenta que ese tribunal «no tiene competencia material sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales distintos a las FARC», aunque aceptó estudiar que Tovar se acoja en calidad de tercero.

Con información de EFE