Por Jorge Pérez

El veredicto del 3 de noviembre no admite paños calientes ni excusas de manual. Decir que el partido en el poder siempre pierde escaños a mitad de mandato es ignorar deliberadamente la magnitud de lo ocurrido: perder escaños es la 'norma histórica", pero perder feudos senatoriales en Texas, Kansas y Carolina del Sur representa un colapso estructural del partido de gobierno.

Qqq La última vez que ocurrió algo comparable fue en 2006, cuando George W. Bush entregó el Congreso arrastrado por otra aventura bélica impopular. 

QSin embargo, Donald Trump entra a esta nueva etapa con apenas un 38% de aprobación, una cota inferior a la de Bush en aquel momento, y con el agravante de una reacción pueril: tras insistir a sus bases durante meses en que votaran como si su nombre estuviera impreso en la boleta, su balance a última hora de la noche fue lavarse las manos afirmando que los republicanos cayeron porque él no figuraba en la papeleta. 

Esa evasiva resume en una sola frase la egolatría y la irresponsabilidad que terminaron dinamitando su capital político.

Escribo estas líneas desde la formación en el conservadurismo clásico y una visión de derecha libertaria —firme en la defensa de los impuestos bajos, la desregulación auténtica, el rigor presupuestario, el Estado de derecho y la libertad individual—.

 Siempre me he identificado con los principios fundamentales del Partido Republicano, pero marcando una distancia tajante con el fanatismo ciego del movimiento MAGA. Quienes vivimos de cerca la tragedia venezolana conocemos demasiado bien esa patología social: el culto mesiánico al líder, la intolerancia ante la discrepancia interna, el resentimiento como combustible electoral y la fe ciega en un salvador providencial guardan una simetría espeluznante con el fanatismo chavista. Desde esa vivencia directa en suelo estadounidense, con la perspectiva de quien ha visto a un país destruirse por la idolatría política, resulta evidente que la jornada del 3 de noviembre fue, antes que nada, un plebiscito revocatorio contra Donald Trump y su método.

¿Quién y qué perdió realmente el 3 de noviembre?

La derrota electoral trasciende la aritmética de escaños; lo que fue derrotado en las urnas fue un modelo de dominación política:

•    Perdió la egolatría y el narcisismo desbordado: Esa convicción patológica de colocarse en el centro absoluto del universo, por encima de las instituciones, de la Constitución e incluso rayando en una arrogancia que pretende situarse por encima de Dios.•    Perdió la política del odio y la división: La estrategia de gobernar fracturando a la sociedad civil, atizando el racismo, utilizando el miedo y señalando a compatriotas o minorías como enemigos internos.•    Perdió la narrativa falaz del pánico rojo: La insistencia en vender que cualquier demócrata es un marxista radical se derrumbó por su propio peso. Si bien la izquierda más doctrinaria aspiraba a meter entre 15 y 17 legisladores afines a DSA en la Cámara de Representantes, apenas lograron colar a siete. La gran masa demócrata que ganó terreno lo hizo desde la moderación y el centro productivo.•    Perdió el extremismo en ambos costados: El voto masivo, impulsado decisivamente por una Generación Z movilizada y por votantes independientes, dejó una advertencia nítida: Estados Unidos no quiere la radicalización de la derecha MAGA, pero tampoco la agenda del colectivismo radical. El país reclama sobriedad, cordura y foco en los problemas reales.

Las cinco raíces del colapso estatista

La debacle no nació de la nada; fue el resultado previsible de traicionar los postulados elementales de la libertad económica e institucional:El intervencionismo económico disfrazado de patriotismo Un arancel no es un castigo al extranjero; es un impuesto directo sobre los hombros del consumidor local. Las estimaciones del Yale Budget Lab advertían que los aranceles de Trump restaban unos 1.077 dólares anuales a cada familia estadounidense, una sangría agravada por una insólita guerra comercial contra Canadá, el socio comercial más estable. A esto se sumó una fijación estatista por la economía dirigida: forzar la renuncia del director ejecutivo de Intel para que el Estado asumiera cerca del 10% de su capital accionario o proponer un tope del 10% a los intereses de las tarjetas de crédito. Fijar precios, intervenir directorios y castigar sectores productivos no tiene nada que ver con Ronald Reagan ni Milton Friedman; es dirigismo económico puro.La aventura militar contra Irán y el shock energético Nadie con sentido común defiende a la teocracia de los ayatolás, uno de los regímenes más repudiables del globo. Pero abrir una guerra convencional en febrero desató un shock inflacionario fulminante: la gasolina escaló cerca del 50% y el diésel subió dos tercios. El 62% de los votantes rechazó una operación que encareció de golpe cada eslabón del transporte, la distribución y la manufactura nacional.Lealtad ciega sobre mérito y competencia El Partido Republicano canjeó la solvencia institucional por la sumisión incondicional. El caso de Texas es paradigmático: imponer a Ken Paxton —con el lastre de acusaciones por soborno y un juicio político promovido por su propia bancada conservadora— frente a la experiencia legislativa de John Cornyn terminó entregando la banca al demócrata James Talarico. En Carolina del Sur, postular por simple nepotismo a Darline Graham selló otra derrota histórica ante una pediatra. Castigar la discrepancia interna para ungir a incondicionales vacía a los partidos de cuadros viables para la elección general.El regreso impúdico del conflicto de intereses Durante años, la bancada conservadora denunció con justa razón el tráfico de influencias en torno a Hunter Biden. Esa solvencia moral quedó anulada cuando la declaración patrimonial de Trump reveló ingresos superiores a 1.400 millones de dólares mediante esquemas familiares vinculados a criptomonedas, coronados por la venta del 49% de una de esas firmas a entidades ligadas a la seguridad emiratí, revelada por el Wall Street Journal. Sin dejar de mencionar el oscurantismo y la opacidad de los acuerdos energéticos suscritos con el régimen factico de Venezuela dónde una buena parte del paquete accionario de la empresa Nabep dirigida por el súper corrupto de la revolución socialista chavista Alejandro Betancourt corresponde al Pentágono. Para el electorado independiente, la corrupción generalizada e inmoral a todas luces, desplazó a la inflación como principal preocupación en los sondeos de otoño.La persecución migratoria contra la fuerza trabajadora Proteger las fronteras y deportar a delincuentes es una obligación elemental de cualquier Estado soberano. Lo que el país presenció en casi todos los estados, con especial crudeza en Texas, fue una arremetida autoritaria: agentes encapuchados, vehículos sin identificación y deportaciones arbitrarias a terceros países en África que alcanzaron a trabajadores productivos —jardineros, cocineros, conductores, profesionales calificados y jóvenes traídos de niños que tributan, construyen patrimonio y educan a sus familias—. La comunidad hispana reconoció en esas tácticas los métodos de regímenes opresivos y respondió en las urnas liquidando bastiones que se creían inexpugnables.Un país centrado frente al dilema de 2028¿Significa esta victoria que el corazón productivo de Estados Unidos abrazó el socialismo?

 En lo absoluto, para nada. Ningún votante en Lawrence Kansas dónde crecieron 3 de mis hermanos desde los años 70, amaneció con el deseo de colectivizar la propiedad privada. El triunfo opositor en zonas conservadoras recayó en perfiles civiles moderados: médicos, docentes, pastores de iglesias y dirigentes comunitarios tradicionales.

El Partido Demócrata encara ahora su propia bifurcación:La vía de la cordura institucional: Representada por figuras como Josh Shapiro en Pensilvania por ejemplo, quien consolida su liderazgo recortando el impuesto corporativo, agilizando permisos a la inversión privada y frenando el antisemitismo en los campus. Con este bloque proempresa es posible debatir presupuestos y sostener la estabilidad económica.

El lastre del colectivismo (DSA): El experimento de Zohran Mamdani en Nueva York, con la congelación de alquileres que ya acumula decenas de miles de departamentos vacíos por falta de rentabilidad para mantenimiento, demuestra que el control de precios contrae la oferta y degrada el mercado. Extender ese dogma a escala federal sería letal.Ahora bien, sin duda la carrera hacia 2028 se abrió el 3 de noviembre. Si la respuesta de la Casa Blanca frente al nuevo Congreso consiste en amenazar con vetar cada ley y gobernar por decreto mediante órdenes ejecutivas, Trump terminará de consumir su mandato en un aislamiento estéril. El verdadero renacimiento del conservadurismo estadounidense exige romper el cordón umbilical del populismo personalista. Ni el vicepresidente Vance ni Marco Rubio ofrecen una ruptura creíble con ese esquema; el nuevo liderazgo republicano deberá surgir de los gobernadores y legisladores que ganaron con solvencia y alto apoyo popular, que demostraron capacidad de gestión, distancia crítica del caudillismo y apego irrestricto a los fundamentos que hicieron próspera a esta república: libre mercado, cuentas claras, instituciones respetadas y la certeza de que ningún hombre está por encima de la ley.

 El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , precisó este jueves que la relación entre Venezuela y Estados Unidos representa una herramienta fundamental para garantizar la estabilidad y prosperidad.

Así lo manifestó en sus redes sociales, tras asistir a la conmemoración del 250° aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos por invitación del encargado de negocios de la embajada de ese país, John Barrett.

"Asistimos complacidos a la invitación del Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU, John Barrett, para celebrar el 250 aniversario de su declaración de independencia. Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta fundamental para la estabilidad y la prosperidad de toda nuestra gente", escribió el parlamentario.

Asistimos a la invitación del Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU, John Barrett, para celebrar el 250 aniversario de su declaración de independencia. Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta para la prosperidad de toda nuestra gente. https://t.co/UZRTMdS7Ip

Por Jorge Pérez*

Venezuela se encuentra frente a una realidad eléctrica que no admite más postergaciones ni explicaciones coyunturales. Lo hemos advertido reiteradamente en distintos medios de comunicación, entrevistas y espacios de análisis: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una condición de colapso parcial, caracterizada por su progresiva pérdida de confiabilidad, estabilidad operativa y capacidad para garantizar la continuidad del servicio.

Es importante comprender que una crisis eléctrica no necesariamente desemboca de manera inmediata en un apagón nacional. Antes de llegar a ese escenario, puede atravesar una fase de deterioro estructural en la que el sistema continúa funcionando, pero lo hace con márgenes operativos cada vez más reducidos, una infraestructura debilitada, menor capacidad de respuesta ante contingencias y una creciente dependencia de condiciones operativas que no siempre pueden garantizarse.

Eso es precisamente lo que entendemos por colapso parcial: un sistema que todavía presta servicio, aunque lo hace bajo condiciones de vulnerabilidad creciente, con interrupciones recurrentes, restricciones de suministro y una capacidad cada vez más limitada para responder ante perturbaciones de importancia. El colapso total sería el escenario extremo: la pérdida generalizada y sostenida de la capacidad de suministrar electricidad, con una interrupción de gran alcance que supere la capacidad de recuperación operativa del sistema.

El evento registrado este domingo 1 de noviembre de 2026 constituye una nueva señal de alarma sobre la fragilidad de nuestra infraestructura eléctrica.

De acuerdo con un reporte atribuido al Despacho Regional Guayana del Centro Nacional de Despacho, emitido a las 9:22 de la mañana, se produjo una disminución de 4.668 MW en la exportación de energía desde Guayana, acompañada de un registro de frecuencia de 62,09 Hz.El reporte señala la actuación del esquema de sobretensión y el disparo de tres líneas estratégicas de 765 kV:•    La Arenosa–Yaracuy 2.•    San Gerónimo–La Horqueta.•    Malena–San Gerónimo 1.

Adicionalmente, se reportó el disparo del SVS de la subestación La Horqueta, del autotransformador AT2 de 765/400/20 kV de esa misma instalación y de la unidad generadora G14 de la Casa de Máquinas Guri 2, cuya protección registró potencia inversa.

No estamos hablando de instalaciones secundarias ni de elementos periféricos de la red. Estamos hablando de componentes fundamentales de la columna vertebral del sistema de transmisión venezolano, particularmente de la infraestructura de 765 kV que permite transportar grandes bloques de energía desde el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní hacia los principales centros de consumo del país.

La actuación simultánea o sucesiva de estos elementos evidencia la gravedad de la perturbación y obliga a examinar las condiciones de estabilidad, protección y capacidad de respuesta de la red.

Hay un dato que merece especial atención: los 62,09 Hz reportados representan una sobrefrecuencia considerable respecto de los 60 Hz nominales. Esta condición puede asociarse con un desequilibrio entre generación y demanda, particularmente cuando una perturbación provoca la separación eléctrica de áreas del sistema.

Una hipótesis que debe investigarse es que la pérdida de capacidad de evacuación de Guayana haya producido un excedente de generación respecto de la carga que permaneció conectada en esa área, favoreciendo un incremento de frecuencia. Sin embargo, para confirmar esta secuencia es indispensable conocer los registros de frecuencia en diferentes subestaciones, las oscilografías de las líneas y la cronología exacta de las actuaciones de protección.

También debe determinarse si la sobretensión fue el fenómeno desencadenante o si fue consecuencia de una perturbación previa.

El disparo del SVS de La Horqueta merece especial consideración, dado que estos sistemas cumplen una función fundamental en la regulación dinámica de tensión y el soporte de potencia reactiva. Su indisponibilidad durante una contingencia puede reducir los márgenes de estabilidad de la red.Por otra parte, la actuación de la protección de potencia inversa de G14 requiere revisar la secuencia de eventos, las condiciones de operación de la turbina y la respuesta de los sistemas de regulación de la unidad.

La coincidencia temporal de estos acontecimientos con reportes ciudadanos de fluctuaciones de voltaje e interrupciones en distintas regiones del país refuerza la necesidad de una investigación operativa integral.

Uno de los errores más recurrentes al abordar la crisis eléctrica venezolana es concentrar la discusión exclusivamente en cuántos megavatios se encuentran disponibles o cuántos pueden incorporarse próximamente al sistema.

La generación es indispensable, pero no es suficiente.

Un sistema eléctrico necesita capacidad de generación, transmisión y distribución, además de sistemas de control, protección, compensación reactiva, telecomunicaciones, automatización y coordinación operativa que permitan transportar y entregar la energía en condiciones de seguridad y confiabilidad.

Podemos recuperar unidades hidroeléctricas y termoeléctricas, incorporar nuevos megavatios e incrementar la disponibilidad de generación; pero si no recuperamos simultáneamente la infraestructura que permite evacuar, transportar y distribuir esa energía, estaremos construyendo una solución incompleta.

El evento del 1 de noviembre vuelve a colocar en evidencia la vulnerabilidad de los corredores de transmisión de 765 kV y sus interconexiones con la red de 400 kV.

Esta infraestructura constituye una verdadera autopista eléctrica nacional. Su función es transportar grandes bloques de energía desde Guayana hacia el centro y occidente del país, mediante instalaciones estratégicas como Malena, San Gerónimo, La Horqueta, La Arenosa, Yaracuy y los demás nodos que integran la red troncal.

La pérdida de disponibilidad de estos corredores, sus autotransformadores, sistemas de compensación y equipos asociados compromete la capacidad de transferencia de potencia y reduce los márgenes de seguridad del sistema.

No podemos ignorar, además, la obsolescencia acumulada de una parte importante de los activos, las limitaciones de mantenimiento, la pérdida de capacidades técnicas especializadas y las deficiencias que deben investigarse en los sistemas de protección y control.

Una red de transmisión no se vuelve confiable por el simple hecho de que sus líneas permanezcan energizadas. Necesita disponer de equipos en condiciones adecuadas, protecciones correctamente coordinadas, sistemas de control funcionales y capacidad de respuesta ante contingencias.

Lo ocurrido obliga a revisar si los esquemas de protección, compensación y control están respondiendo conforme a los criterios de diseño y operación para los cuales fueron concebidos.

La situación es especialmente delicada cuando se pretende incrementar la generación del Bajo Caroní sin recuperar previamente, o en paralelo, la capacidad de evacuación y estabilidad de la red.

LA RECUPERACIÓN DEL BAJO CARONÍ Y LA RED TRONCAL NO PUEDEN ESPERAR

Desde nuestra perspectiva, la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional debe abordarse mediante un programa integral, simultáneo y técnicamente coordinado.

No se trata de escoger entre recuperar generación o recuperar transmisión. Se trata de ejecutar ambas cosas en paralelo.

En primer lugar, es imperativo acelerar la recuperación de las unidades hidroeléctricas del Bajo Caroní, particularmente en Guri, Macagua y Caruachi, aprovechando el potencial energético de una de las cuencas hidroeléctricas más importantes de América Latina.

En este sentido, es necesario concretar los recursos financieros requeridos para activar los compromisos establecidos con General Electric Vernova, ahora GE Vernova, en el marco del contrato y del manifiesto de intención suscrito en agosto de 2026.

Los anticipos correspondientes son fundamentales para que la empresa pueda iniciar y ejecutar las obras contempladas en esos instrumentos, movilizar recursos técnicos, programar intervenciones y avanzar en la recuperación de los equipos comprometidos.

No podemos seguir anunciando procesos de recuperación mientras los recursos financieros que permiten su ejecución permanecen pendientes.

Pero hay un segundo componente que resulta igualmente urgente: la recuperación de la generación termoeléctrica.

Venezuela necesita recuperar su capacidad de generación térmica para complementar la hidroelectricidad, disponer de mayor flexibilidad operativa y reducir la exposición del sistema a contingencias que afecten la disponibilidad de los recursos hidráulicos o la capacidad de transmisión desde Guayana.

Una matriz de generación equilibrada requiere que las unidades termoeléctricas recuperen su capacidad efectiva de operación y puedan responder conforme a las necesidades del sistema.

Por ello, consideramos indispensable avanzar también en las negociaciones técnicas, comerciales y financieras con Siemens.

Hemos tenido conocimiento de la visita del vicepresidente de Corpoelec a Alemania, presumiblemente con el propósito de sostener encuentros con representantes de la alta dirección de Siemens. De confirmarse esta información, esperamos que estas gestiones se traduzcan en acuerdos concretos y no se limiten a encuentros institucionales.

Es necesario consignar las cuentas correspondientes, alcanzar acuerdos técnicos y comerciales, formalizar los contratos respectivos y garantizar los anticipos financieros que permitan acometer las intervenciones necesarias.

La recuperación de las unidades termoeléctricas debe avanzar paralelamente con la recuperación de las unidades hidroeléctricas del Bajo Caroní.

Hay un aspecto que merece especial atención en la planificación de esta recuperación: la dependencia tecnológica del parque eléctrico venezolano respecto de General Electric y Siemens.

De acuerdo con las estimaciones de dependencia tecnológica que manejamos, aproximadamente el 66 % de la capacidad de autotransformación y transformación, así como de determinados sistemas y equipos asociados a la infraestructura eléctrica, está vinculada a tecnologías de estas dos empresas.Esta realidad tiene implicaciones estratégicas.

No estamos hablando exclusivamente de turbinas y generadores. Estamos hablando de autotransformadores, transformadores de potencia, interruptores, sistemas de protección, control, automatización, equipos de subestaciones y otros componentes fundamentales para la operación de las redes de transmisión y distribución.

La dependencia de estas tecnologías obliga a establecer una estrategia de recuperación que contemple repuestos, asistencia técnica especializada, rehabilitación de equipos, actualización tecnológica y contratos de mantenimiento de mediano y largo plazo.

Particularmente, debemos atender la infraestructura de transmisión de 765, 400, 230 y 115 kV, así como las redes de distribución de alta y media tensión.

El deterioro de cualquiera de estos componentes puede comprometer la confiabilidad de todo el sistema.Por eso, los acuerdos con General Electric Vernova y Siemens no deben analizarse como operaciones comerciales aisladas. Constituyen decisiones estratégicas para recuperar capacidades fundamentales de la infraestructura eléctrica nacional.

La recuperación de la generación y la recuperación de las redes deben formar parte de un mismo programa maestro, con cronogramas, financiamiento, metas verificables y supervisión técnica.

A partir de lo que sabemos y conocemos desde hace más de 12 años junto a lo ocurrido este domingo 1° de noviembre, si me pusieron a elegir ¿qué haría?, consideramos que la intervención de la red troncal de transmisión debe adquirir carácter prioritario.

Mientras se ejecuta la recuperación de los megavatios de generación, es indispensable desarrollar un programa de emergencia dentro del “Plan de Emergencia Eléctrica Nacional PLEENA” para rehabilitar los corredores de 765 y 400 kV, revisar los autotransformadores estratégicos, recuperar los sistemas de compensación reactiva y verificar el funcionamiento de los esquemas de protección y control.Este programa debe contemplar, como mínimo:

1.    Diagnóstico integral de la red troncal: evaluación del estado de las líneas, subestaciones, interruptores, transformadores y autotransformadores de 765 y 400 kV. (Para ello tenemos nuestra propuesta de diagnóstico junto a la creación del primer gemelo digital en nuestra website).2.    Recuperación de los sistemas de compensación reactiva: rehabilitación de los SVS y demás equipos destinados al control dinámico de tensión.3.    Revisión de los sistemas de protección: auditoría de ajustes, coordinación, selectividad y tiempos de actuación de las protecciones de líneas, transformadores y unidades generadoras.4.    Actualización de los sistemas de control y supervisión: recuperación de los sistemas SCADA, telecomunicaciones, automatización y supervisión en tiempo real.5.    Evaluación de la capacidad de transferencia: determinación de los límites operativos seguros de los corredores de 765 y 400 kV, considerando contingencias y criterios de seguridad N-1.6.    Plan de contingencia y recuperación: revisión de los esquemas de separación controlada de áreas, rechazo de carga, reducción de generación y procedimientos de restablecimiento del servicio.7.    Mantenimiento mayor de activos estratégicos: intervención de los equipos que presenten obsolescencia, indisponibilidad recurrente o limitaciones de operación.

El objetivo debe ser recuperar los márgenes de estabilidad y confiabilidad del sistema antes de incorporar nuevos bloques importantes de generación que puedan superar la capacidad de evacuación de la red disponible.

La gravedad de la situación es que seguimos administrando una crisis estructural mediante respuestas coyunturales.

Cada vez que ocurre una perturbación de importancia, se evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura que debería estar preparada para soportar contingencias sin comprometer la continuidad del servicio.

No podemos normalizar que la población viva sometida al bestial Plan de Racionamiento o como lo han etiquetado PAC, además de interrupciones recurrentes, fluctuaciones de tensión y restricciones de suministro, mientras los activos estratégicos del sistema continúan acumulando años de deterioro y desinversión.

Tampoco podemos esperar que se produzca un apagón generalizado y permanente para reconocer que el sistema ha perdido capacidad de respuesta.

El colapso parcial es una condición que se manifiesta precisamente cuando la infraestructura continúa funcionando, pero ha perdido buena parte de los márgenes de seguridad, redundancia y confiabilidad que garantizan su operación estable.

El paso hacia un colapso total no es inevitable, pero el riesgo aumenta cuando se posterga la recuperación de los activos, no se ejecutan las inversiones necesarias y se continúa operando una red con limitaciones estructurales.

Desde nuestra perspectiva, Venezuela necesita una decisión de Estado y la voluntad política suficiente que trascienda las respuestas de emergencia y permita ejecutar un verdadero Plan Maestro Nacional contentivo del PLEENA y del programa nacional de recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

La prioridad debe estar centrada en cuatro grandes líneas de acción simultáneas:

•    Recuperar la generación hidroeléctrica y termoeléctrica, mediante la activación efectiva de los compromisos con General Electric Vernova y Siemens.•    Rehabilitar de manera urgente la infraestructura de transmisión y distribución, con especial atención a los corredores de 765,  400 kV y sus troncales junto a sus instalaciones estratégicas.•    Restablecer las capacidades de planificación, operación, mantenimiento, control y gestión técnica del sistema, con personal calificado y estándares internacionales de confiabilidad.•    Incorporar progresivamente nuevos megavatios de las unidades recuperadas y a parir de nuevas fuentes de energía como la solar en la región norcostera al occidente del país y como propusiera la academia con parques fotovoltaicos en cuerpos de agua adyacentes a infraestructura eléctrica para su evacuación y entrega al SEN.

Desde la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV), hemos insistido en la necesidad de construir una hoja de ruta estratégica que permita recuperar y modernizar el SEN sobre bases técnicas, institucionales y financieras sostenibles la cual ya estamos finiquitando, pero también que sea convocado un “Consejo de Expertos” integrados por los grupos de opinión técnicos, los gremios, la academia y las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera del país con pericias y experiencia .

No se trata simplemente de devolver la electricidad a los hogares. Se trata de reconstruir un sistema eléctrico capaz de acompañar la recuperación económica, industrial y social del país.

El evento del 1 de noviembre debe servir como una advertencia y, sobre todo, como un punto de inflexión.La generación del Bajo Caroní debe recuperarse. La generación termoeléctrica debe rehabilitarse. La red troncal de transmisión debe intervenirse. Los sistemas de protección, control y compensación deben modernizarse.

Todo esto debe ejecutarse simultáneamente, con recursos financieros garantizados, asistencia tecnológica especializada y una gerencia profesional capaz de conducir el proceso.

Venezuela todavía tiene la oportunidad de evitar que el colapso parcial se transforme en un colapso total. Pero esa oportunidad se reduce cada día que se posterga la recuperación integral del sistema.La electricidad no admite improvisaciones. La estabilidad de un país tampoco.

No esperemos el blackout nacional para comprender la dimensión de la crisis. El momento de actuar es ahora.

* Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas

Por: Jorge Pérez

La oscuridad que hoy castiga a las familias venezolanas con racionamientos brutales de 8 a 10 horas diarias no es una fatalidad técnica ni producto de conspiraciones, ni de saboteos, iguanas o rayos perpendiculares: es el resultado matemático de la corrupción más voraz que haya conocido la historia republicana de Venezuela. Cada corte de luz en el Zulia, en los Andes, en Carabobo o en Oriente, en el más recóndito lugar de Venezuela tiene nombres, apellidos, sobreprecios y contratos incumplidos.

El sector eléctrico nacional ha sido el festín predilecto de la cleptocracia gobernante. La lista de monumentos a la impunidad es abrumadora: el elefante rojo de la Central Hidroeléctrica Tocoma, un desfalco superior a los 9.000 millones de dólares repartido entre IMPSA y el referente corrupto de América, Odebrecht donde se prometieron más de 2.100 MW que jamás sincronizaron; las fallidas contrataciones bajo el opaco convenio Cuba-Venezuela para rehabilitar Planta Centro mediante dudosas subcontrataciones checas que solo dejaron chatarra; o la estafa eólica de La Guajira, donde molinos oxidados y en el suelo atestiguan el saqueo de recursos sin haber aportado un solo vatio continuo al sistema interconectado, por mencionar apenas algunos que equivalen a Miles de millones de dólares.

Sin embargo, en la cima de este esquema de saqueo destaca con luz propia el monumental «guiso» de Alejandro Betancourt y Derwick Associates durante la llamada emergencia eléctrica (2009–2012). Con contratos otorgados a dedo que sumaron más de 5.200 MW por un valor reportado de 7.284 millones de dólares —y un sobreprecio que superó los 5.700 millones—, el país compró turbinas con sobreprecios astronómicos, muchas usadas o inadecuadas, que hoy yacen en el abandono, en verdaderos cementerios.

La radiografía técnica de esas 12 plantas es desoladora: Guatire-Guarenas (156 MW), inoperativa; el complejo La Raisa en los Valles del Tuy (~675 MW), apenas en una operatividad marginal del 10%; Charallave (136 MW) y Picure (170 MW), convertidas en chatarra; Barinas I (182 MW), San Timoteo (100 MW) y la autogeneración de Sidor (440 MW), totalmente fuera de servicio; mientras que los bloques prometidos para PDVSA en Furrial y Morichal (1.354 MW) se extinguieron por falta de mantenimiento e infraestructura de gas en menos tiempo del que "canta un gallo". En total, más de 3.400 MW de capacidad base instalada cuya disponibilidad real no alcanza ni el 8%.

La paradoja es indignante: el déficit que hoy asfixia a Venezuela oscila exactamente entre 3.000 y 3.800 MW. Es decir, la cantidad de energía que hoy le falta al país para erradicar los apagones es idéntica a la que Alejandro Betancourt cobró a precio de oro y jamás entregó en despacho confiable.

Si esas plantas estuviesen operativas en las colas del sistema, la reciente salida de 1.200 MW en el Caroní —por la falla del 29 de agosto en la Unidad 17 y la cavitación en la Unidad 15 de Guri— no tendría a las regiones al borde del colapso.

Lejos de rendir cuentas ante los tribunales y frente a un pueblo que protesta a oscuras, el artífice de aquel desfalco muta hoy de operador eléctrico a actor petrolero "clave". A través de empresa de maletín como North American Blue Energy Partners (NABEP), registrada en paraísos fiscales y lavada de cara bajo pretendidos amparos y licencias foráneas, Betancourt pretende erigirse en salvador energético de la misma nación a la que ayudó a apagar.

Venezuela no puede normalizar el cinismo ni aceptar el reciclaje de promesas vacías, bajo el manto de la opacidad y del oscurantismo que hoy tiene a Venezuela apagada y enferma física, psicológica y económicamente.

Desde nuestra pericia y larga experiencia en el SEN lo sostenemos con rigor de ingeniería y solvencia moral: la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional no vendrá de la mano de quienes lo desfalcaron, sino de una auditoría forense implacable, de la erradicación de estos guisos históricos y de un plan maestro a 25 años cuya primera fase sin duda sea PLEENA (Plan de Emergencia Eléctrica Nacional) bien estructurado, conducido por profesionales y técnicos íntegros con el acompañamiento de un Consejo de Expertos que devuelvan, de una vez por todas, la luz y la dignidad a nuestro país.

Por Jorge Pérez

Hay expresiones que, cuando nacen del liderazgo de la nación más influyente del planeta, no pueden desvanecerse como simple retórica de campaña. Se transforman en compromisos públicos, en estándares éticos y en la vara con la que la historia medirá a quien las pronunció.

El 20 de enero de 2025, al asumir nuevamente la presidencia, usted Sr. presidente Donald J Trump proclamó el inicio de lo que bautizó como «la restauración completa de América y la revolución del sentido común».

Aquel concepto resonó con fuerza y a mí en lo personal me pareció poderoso porque el verdadero sentido común trasciende las etiquetas políticas. No pertenece a republicanos ni a demócratas; no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda. En su formulación más honesta, el sentido común es — la capacidad de confrontar la realidad sin sesgos, evaluar los hechos con objetividad y actuar con lógica, proporcionalidad y apego a la verdad—.

Sentido común es entender que las leyes se aplican caso a caso y no mediante estigmas colectivos. Es comprender que los intereses nacionales jamás deberían alcanzarse pisoteando los principios fundacionales de la justicia. Y, sobre todo, es exigir que los actos de un gobierno guarden una estricta coherencia con las palabras que utilizó para justificarlos.

Por eso, señor presidente, hoy le escribo desde una profunda y legítima perplejidad. Como venezolano que reside, trabaja y tributa en los Estados Unidos, y que ha seguido milimétricamente el destino de su país de origen, veo abrirse un abismo insalvable entre el discurso y los hechos.

La primera contradicción:  Documentados en los hechos, criminalizados en el discurso

Durante décadas, Venezuela fue un proveedor energético confiable para los Estados Unidos. Cuando el mercado estadounidense lo requirió, los hidrocarburos venezolanos mantuvieron en marcha sus refinerías y alimentaron su economía. Hoy, la diáspora venezolana que llegó a este país huyendo del colapso no vino a pedir dádivas: vino a trabajar, a aportar talento técnico y profesional, a fundar empresas y a reconstruir sus vidas en un marco de orden.

Por eso resulta un insulto al sentido común elemental la ligereza con la que se califica genéricamente de «indocumentados» a decenas de miles de venezolanos que han seguido escrupulosamente los canales legales.

Hablemos de hechos tangibles: ¿cómo puede llamarse indocumentado a un ciudadano que porta en su bolsillo dos credenciales oficiales emitidas por el propio Estado norteamericano? Por un lado, un Documento de Autorización de Empleo (EAD) expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras rigurosos filtros de antecedentes biométricos; por el otro, una licencia de conducir emitida bajo los estándares federales de la ley REAL ID, la cual exige pruebas irrefutables de identidad y presencia autorizada.

Reducir a la condición de clandestinidad a quien ha sido expresamente registrado, verificado y autorizado a trabajar por el propio sistema administrativo es un despropósito burocrático y moral.

Peor aún es la sistemática confusión entre estatus migratorio y criminalidad. Las estadísticas oficiales de detención revelan una realidad elocuente: la inmensa mayoría de los venezolanos bajo procedimientos migratorios no tienen una sola condena penal ni un récord criminal en su haber. Son padres de familia, profesionales, ingenieros, técnicos y obreros.

Sin embargo, en el discurso público y en la práctica operativa, la distinción entre un miembro de una banda delictiva y un trabajador honesto parece haberse borrado. Casos como el de Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas —un joven baleado mientras realizaba labores de reparto— encienden alarmas inapagables sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso. Si el sentido común gobierna, ¿dónde termina la aplicación legítima de la ley y el orden, y dónde comienza la cacería indiscriminada motivada únicamente por la nacionalidad?

Pasemos al plano económico y geoestratégico. Tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, su administración asumió la custodia y administración de los ingresos derivados de la comercialización petrolera venezolana bajo el amparo de órdenes ejecutivas que reconocían dichos fondos como patrimonio del pueblo venezolano.

Según reportes consolidados del Financial Times, en tiempo récord las ventas de crudo no solo cubrieron con creces los costos operativos, sino que han permitido acumular más de 13.000 millones de dólares bajo custodia de Washington. En septiembre se anunció con bombos y platillos el mayor acuerdo petrolero de la historia reciente, asegurando participaciones de hasta el 35% y reservas estratégicas a largo plazo para los Estados Unidos.

El pragmatismo financiero es comprensible, pero el sentido común impone preguntas contables inaplazables:

Si los barriles siguen saliendo y el flujo de caja se multiplica, ¿por qué el venezolano común sigue padeciendo el colapso catastrófico de su sistema eléctrico, la falta crónica de agua potable, hospitales desabastecidos y una infraestructura en ruinas? ¿Quién audita esos fondos? ¿Cuánto dinero ha retornado de forma auditable a territorio venezolano para aliviar el sufrimiento de su gente? ¿Por qué su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció ante el Congreso que su departamento administra la cartera de activos venezolanos (incluyendo petróleo y oro), pero dijo no conocer las cifras totales o detalles exactos sobre el monto y la ubicación precisa de dichos fondos?

La promesa de que estos acuerdos beneficiarían a ambas naciones no puede quedarse en un titular corporativo. Si la máxima es: «América First», que eso no signifique «Venezuela Last».

Si Estados Unidos gana estabilidad y crudo, Venezuela tiene el derecho incuestionable de ver esa riqueza traducida en reconstrucción real, no en un nuevo esquema de opacidad donde el ciudadano de a pie vuelve a ser el gran olvidado.

La última y más dolorosa contradicción radica en la coherencia política, y por eso vuelvo a preguntarme por el sentido común.

Durante años, su administración denunció con severidad irrebatible a la cúpula que detentaba el poder en Caracas, tachándola de organización transnacional y ofreciendo recompensas por sus principales figuras. Sin embargo, tras la caída de la cabeza visible, el resto de la estructura no fue sometida a una rendición de cuentas, sino ascendida a interlocutora prioritaria.

Resulta difícil explicarle al ciudadano común cómo una figura como Delcy Rodríguez —quien hasta hace apenas meses promovía campañas de recolección de firmas y agresiones retóricas contra usted señor presidente Trump y contra los Estados Unidos— pasa de ser parte de esa estructura denunciada a ser recibida en el marco de la Asamblea General de la ONU y tratada como socia de facto en acuerdos comerciales y energéticos, la muy “respetada” Delcy.

Nadie desconoce la necesidad del diálogo diplomático. La política internacional exige sentarse con adversarios. Lo que repugna al sentido común es la falta de transparencia sobre lo que motivó el giro: ¿Cambiaron los principios morales o simplemente cambiaron las prioridades comerciales? ¿Bastó una firma sobre un contrato petrolero para borrar de un plumazo el prontuario de delitos, abusos, saqueo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que desangraron a nuestra nación?

Señor presidente: usted prometió gobernar con lógica, justicia y apego a la realidad práctica.

El sentido común no es negociar con quienes saquearon un país mientras se persigue y se señala al migrante que huyó de ese mismo saqueo para trabajar honradamente en sus ciudades.

El sentido común exige:

1.    Diferenciación estricta: Perseguir con todo el peso de la ley a los delincuentes reales, pero respetar la dignidad, los documentos y el debido proceso de quienes aportan valor a esta gran nación.2.    Cuentas claras: Publicar con transparencia milimétrica el destino de cada dólar generado por el petróleo venezolano bajo custodia estadounidense, garantizando que financie la recuperación del sistema eléctrico, los servicios básicos y las libertades del pueblo venezolano.3.    Coherencia moral: Que los intereses energéticos de corto plazo no sirvan para legitimar a los mismos actores que destruyeron la democracia en Venezuela.

Usted pidió que los hechos hablaran por encima de las ideologías. Quienes conocemos de cerca las consecuencias de la incoherencia y el quiebre de la palabra gubernamental porque lo vivimos con los dictadores de la cleptocracia narco criminal, le hacemos hoy la misma pregunta que resuena en las calles y en la conciencia de millones de estadounidenses, venezolanos y ciudadanos del mundo:

Señor presidente, ¿dónde quedó la revolución del sentido común?

Por Jorge Pérez

Hay frases que nacen de una observación incómoda, pero que, precisamente por incómodas, merecen ser examinadas. Esta es una de ellas: nada más parecido a un chavista que un MAGA. Y por eso, sin temor a equivocarme, digo que son la misma vaina.

No afirmo que todos los republicanos sean MAGA ni que todos los venezolanos que alguna vez apoyaron a Hugo Chávez sean responsables del desastre venezolano. Mucho menos digo que Estados Unidos sea hoy Venezuela.

Hablo de patrones políticos: una forma de entender al adversario, relacionarse con el poder y convertir la política en una batalla moral entre “los nuestros” y “los otros”. Esos patrones son inquietantemente parecidos.

El chavismo convirtió progresivamente a Hugo Chávez en algo más que un presidente: para millones de seguidores terminó siendo la encarnación de la patria, la revolución y la esperanza. Criticar al líder comenzó a confundirse con atacar al proyecto; atacar al proyecto, con atacar al pueblo; y atacar al pueblo, en la lógica más radical, con traicionar a la patria.

La política dejó de ser un espacio para administrar diferencias y se convirtió en una lucha entre buenos y malos. Quienes estaban con la Revolución eran “pueblo”; quienes estaban contra ella podían ser llamados enemigos, traidores, fascistas, criminales o apátridas. Esa misma lógica aparece hoy en sectores radicalizados del MAGA, donde Trump deja de ser solo un presidente para convertirse en símbolo absoluto de una causa. Cuando cuestionar al líder se interpreta como una agresión contra la identidad del grupo, la política comienza a convertirse en tribalismo.“Conmigo o contra mí”

El chavismo hizo de la división una herramienta política. Comenzó a clasificar al país entre patriotas y traidores, revolucionarios y escuálidos, pueblo y oligarquía, chavistas y antichavistas. El adversario dejó de ser alguien que pensaba diferente y pasó a ser alguien moralmente inferior.

Ese mecanismo es peligroso porque elimina la convivencia: cuando el adversario piensa distinto, se puede negociar; cuando es considerado enemigo, se le puede perseguir; y cuando se le llama enemigo de la patria, cualquier atropello puede justificarse como defensa nacional.

Aquí está una de las semejanzas que más me preocupa: en sectores radicalizados del MAGA también aparece la idea de una “verdadera América” amenazada por demócratas, liberales, inmigrantes, medios, académicos, funcionarios o jueces. No todos los MAGA piensan así, pero el fenómeno existe y merece observarse sin miedo y sin complacencia.

El autoritarismo necesita enemigos. Chávez los encontró sucesivamente en la oligarquía, el imperialismo, los partidos tradicionales, los medios, empresarios, dirigentes sindicales, opositores y, finalmente, en cualquiera que pudiera ser presentado como amenaza a la revolución.

En el MAGA contemporáneo, el enemigo puede cambiar de nombre a diario de acuerdo a la apetencia de quien manipula los hilos: inmigrantes indocumentados, demócratas, progresistas, medios de comunicación, burócratas, globalistas, élites, jueces, universidades o grupos culturales. El mecanismo, sin embargo, es parecido: “Nosotros somos la verdadera nación; ellos son quienes nos la están quitando”. Esa fórmula es políticamente potente y democráticamente peligrosa, porque transforma problemas complejos en explicaciones simples y ciudadanos en categorías.

Cuando el inmigrante deja de ser una personaHay algo especialmente preocupante en la retórica contemporánea sobre la inmigración. Una cosa es defender fronteras seguras, exigir que se cumplan las leyes migratorias o deportar a quien legalmente debe ser deportado. Otra muy distinta es convertir al inmigrante, como categoría humana, en sinónimo de criminalidad.

Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, pero una democracia también debe distinguir entre quien cometió un delito y quien solo nació en otro lugar o habla otro idioma.

Según Pew Research Center, en 2025 el 65 % de los estadounidenses consideraba que incluso los inmigrantes legales enfrentan algún nivel de discriminación. Eso debería preocuparnos: una sociedad empieza a deteriorarse cuando deja de mirar personas y comienza a mirar etiquetas usadas por quien lidera.

Hay una coincidencia simbólica llamativa: el rojo. Pero el problema no es el color, sino lo que puede representar cuando se convierte en uniforme que identifica la corriente. Los símbolos políticos —una gorra, una camisa, una bandera, una expresión— se vuelven peligrosos cuando sustituyen el pensamiento crítico por la necesidad de pertenecer al grupo.

El fanatismo no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Puede vestir de rojo o de azul, llevar una camiseta revolucionaria o usar una bandera nacional. Su rasgo profundo es otro: deja de preguntarse si su líder tiene razón y empieza a justificarlo cuando está equivocado.

El ciudadano democrático dice: “Mi líder se equivocó”, “Mi partido perdió” o “Hay que respetar las instituciones”. El fanático responde: “Si mi líder se equivocó, fue porque alguien lo obligó”, “Nos robaron” "Nos hicieron trampa" o “Las instituciones son buenas cuando nos dan la razón”.

Esa última frase debería producirnos escalofríos.

La semejanza más peligrosa

Chávez no destruyó Venezuela en un día. La destrucción institucional fue progresiva: primero la captura simbólica del poder, luego la descalificación del adversario, después la normalización de lo inaceptable y, finalmente, el debilitamiento de las defensas democráticas.Por eso me preocupa Estados Unidos. No porque sea Venezuela —no lo es—, sino porque ciertas señales son reconocibles: la transformación del adversario en enemigo, la obediencia ciega al líder, la justificación automática de sus excesos, la deshumanización de quienes quedan fuera del grupo, el uso del miedo y la idea de que solo “nosotros” somos patriotas. A Dios gracias existe el contrapeso institucional que hasta ahora ha funcionado.

No quiero que Estados Unidos se convierta en una sociedad donde republicanos y demócratas se miren como enemigos irreconciliables; donde un inmigrante tenga miedo de hablar español, alemán o francés cuando está en el supermercado, en una farmacia o en el tren; donde una persona sea insultada por su camiseta política; o donde demócratas y republicanos sean reducidos a antipatriotas o fascistas por simple afiliación.

No quiero que las instituciones se obedezcan solo cuando favorecen a mi partido ni que ningún presidente llámese —Trump, Biden, Obama o quien venga después— sea colocado por encima de la Constitución. Eso fue lo que aprendimos demasiado tarde en Venezuela: el problema no es solo quién ocupa el poder, sino cuándo una sociedad acepta que el poder puede estar por encima de las reglas.

La lección venezolana

Los venezolanos tenemos una responsabilidad especial al observar estos fenómenos. Ya vivimos el experimento: comienza con un líder que promete salvar a la nación, divide entre patriotas y traidores, entre los nuestros y los otros, y poco a poco dejamos de hablar de ciudadanos para hablar de enemigos.

Esta advertencia no va dirigida solo al MAGA. También va dirigida a los demócratas, porque si responden al fanatismo con otro fanatismo, no habremos solucionado nada: habremos creado dos trincheras. Y una democracia no puede sobrevivir indefinidamente convertida en una guerra de trincheras.

Nada más parecido a un chavista que un MAGA

Sí, lo sostengo: nada más parecido a un chavista que un MAGA cuando ambos dejan de pensar por sí mismos, convierten al líder en objeto de culto, consideran al adversario un enemigo, justifican sus excesos y colocan la lealtad política por encima de la Constitución, por encima de la nación.

Pero lo más importante es esto: un chavista fanático y un MAGA fanático se parecen no porque sean de izquierda o de derecha, sino porque son irracionalmente fanáticos. Y el fanatismo es exactamente lo contrario de la democracia.

La democracia no necesita ciudadanos que adoren líderes, sino ciudadanos capaces de cuestionarlos. No necesita enemigos, sino adversarios; no necesita obediencia, sino instituciones; no necesita unanimidad, sino pluralismo.Y no necesita patriotas que griten más fuerte, sino ciudadanos capaces de decirle incluso a su propio líder: “No estoy de acuerdo contigo. Y precisamente porque te apoyé, tengo derecho a cuestionarte”. Esa frase sencilla puede ser una de las mejores vacunas contra el autoritarismo.

Porque cuando dejamos de pensar por nosotros mismos, ya no importa el color de la camisa: el autoritarismo siempre termina encontrando una bandera bajo la cual esconderse.

  Jorge Pérez

En la ingeniería de sistemas de potencia existe una regla tan elemental como ineludible: un sistema eléctrico no puede entregar lo que no produce. Es una ley física de balance de potencia. Por ello, las recientes declaraciones del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en las que se celebra un supuesto «récord de demanda de 15.625 megavatios (MW)», no solo carecen de sustento operativo, sino que constituyen un despropósito técnico que evidencia la profunda crisis de rigor e institucionalidad que atraviesa el sector eléctrico venezolano.

¿Cómo puede un país cuya generación real disponible difícilmente alcanza los 12.000 MW registrar una demanda servida de más de 15.600 MW? La respuesta es simple: no puede.

La trampa conceptual: confundir la demanda servida con la frustrada

Para quien ha recorrido las áreas de generación, transmisión, distribución y gestión comercial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la distinción entre demanda servida y demanda potencial (o estimada) no es un debate semántico; es la frontera entre la realidad operativa y la especulación.

* La demanda servida es la potencia física e instantánea que las centrales hidroeléctricas y térmicas logran inyectar a la red para abastecer a los usuarios. Su techo absoluto es la capacidad de generación disponible en ese segundo.

* La demanda potencial es una estimación teórica: lo que el país consumiría si no existiera racionamiento.

Afirmar ante la opinión pública que se ha "alcanzado un récord de demanda" cuando vastas regiones del país sufren racionamientos severos y cortes prolongados es una manipulación inadmisible. Si el número de 15.625 MW proviene de sumar la precaria generación disponible con los miles de megavatios que se le cortan al ciudadano a través de la administración de carga, entonces no estamos ante un récord de consumo, sino ante un récord de déficit.

Presentar la carga rechazada —la energía no suministrada por incapacidad del sistema— como si fuera un éxito de demanda atendida es pretender que la sed de la población equivale a haberle entregado agua.

Frontera física del sistema Energía no suministrada al país.

El libreto oficial atribuye este supuesto pico a las "altas temperaturas" y al uso intensivo de sistemas de refrigeración. Esta narrativa, repetida año tras año, pretende tratar la variabilidad del clima como un evento fortuito insuperable.

En cualquier parte del mundo, la planificación energética incorpora las curvas de temperatura estacionales, la proyección de la demanda estival y el comportamiento de las cuencas hidrográficas. El incremento de la demanda por calor no es un accidente; es una variable predictiva primaria en el despacho de carga. Utilizar el clima como chivo expiatorio permanente solo busca ocultar la verdadera causa del colapso: el abandono del parque térmico de respaldo, la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de inversiones estructurales en las redes de transmisión y distribución.

Resulta particularmente grave que este tipo de informaciones escuetas e imprecisas lleven el sello de despachos conducidos por profesionales de la ingeniería. Que las máximas autoridades del sector avalen reportes desprovistos de balances de potencia detallados, auditorías de disponibilidad de plantas y cifras transparentes de la masa de carga racionada, da cuenta del nivel de erosión técnica al que se ha llevado a las instituciones.

A la desinversión económica se sumó la desprofesionalización provocada por la persecución técnica, la politización de la operación y el éxodo masivo del talento humano calificado. Los resultados están a la vista: un sistema rígido, frágil y gestionado bajo el principio de la improvisación.

Urge la reinstitucionalización del sector eléctrico

Venezuela no podrá reactivar su aparato productivo ni garantizar una calidad de vida digna a sus ciudadanos mientras la gestión del servicio eléctrico siga cimentada en la opacidad y la propaganda.

Superar esta catástrofe requiere con urgencia una reinstitucionalización integral del sector:

* Despolitizar la administración de la red y devolver el mando técnico a profesionales con solvencia ética y capacidad comprobada.

* Someter la operación a auditorías de generación transparentes y de acceso público.

* Trazar una hoja de ruta estratégica para la modernización, la descentralización del parque generador y la integración de energías renovables bajo esquemas de mercado eficientes y regulados.

El primer paso para resolver un problema es diagnosticarlo con la verdad. Intentar tapar un déficit de más de 3.500 MW con titulares triunfalistas sobre "récords de demanda" es una irresponsabilidad que el país, a oscuras, ya no puede tolerar.

*Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas | Director Fundador de RIPSENV.