Por Jorge Pérez

Hay expresiones que, cuando nacen del liderazgo de la nación más influyente del planeta, no pueden desvanecerse como simple retórica de campaña. Se transforman en compromisos públicos, en estándares éticos y en la vara con la que la historia medirá a quien las pronunció.

El 20 de enero de 2025, al asumir nuevamente la presidencia, usted Sr. presidente Donald J Trump proclamó el inicio de lo que bautizó como «la restauración completa de América y la revolución del sentido común».

Aquel concepto resonó con fuerza y a mí en lo personal me pareció poderoso porque el verdadero sentido común trasciende las etiquetas políticas. No pertenece a republicanos ni a demócratas; no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda. En su formulación más honesta, el sentido común es — la capacidad de confrontar la realidad sin sesgos, evaluar los hechos con objetividad y actuar con lógica, proporcionalidad y apego a la verdad—.

Sentido común es entender que las leyes se aplican caso a caso y no mediante estigmas colectivos. Es comprender que los intereses nacionales jamás deberían alcanzarse pisoteando los principios fundacionales de la justicia. Y, sobre todo, es exigir que los actos de un gobierno guarden una estricta coherencia con las palabras que utilizó para justificarlos.

Por eso, señor presidente, hoy le escribo desde una profunda y legítima perplejidad. Como venezolano que reside, trabaja y tributa en los Estados Unidos, y que ha seguido milimétricamente el destino de su país de origen, veo abrirse un abismo insalvable entre el discurso y los hechos.

La primera contradicción:  Documentados en los hechos, criminalizados en el discurso

Durante décadas, Venezuela fue un proveedor energético confiable para los Estados Unidos. Cuando el mercado estadounidense lo requirió, los hidrocarburos venezolanos mantuvieron en marcha sus refinerías y alimentaron su economía. Hoy, la diáspora venezolana que llegó a este país huyendo del colapso no vino a pedir dádivas: vino a trabajar, a aportar talento técnico y profesional, a fundar empresas y a reconstruir sus vidas en un marco de orden.

Por eso resulta un insulto al sentido común elemental la ligereza con la que se califica genéricamente de «indocumentados» a decenas de miles de venezolanos que han seguido escrupulosamente los canales legales.

Hablemos de hechos tangibles: ¿cómo puede llamarse indocumentado a un ciudadano que porta en su bolsillo dos credenciales oficiales emitidas por el propio Estado norteamericano? Por un lado, un Documento de Autorización de Empleo (EAD) expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras rigurosos filtros de antecedentes biométricos; por el otro, una licencia de conducir emitida bajo los estándares federales de la ley REAL ID, la cual exige pruebas irrefutables de identidad y presencia autorizada.

Reducir a la condición de clandestinidad a quien ha sido expresamente registrado, verificado y autorizado a trabajar por el propio sistema administrativo es un despropósito burocrático y moral.

Peor aún es la sistemática confusión entre estatus migratorio y criminalidad. Las estadísticas oficiales de detención revelan una realidad elocuente: la inmensa mayoría de los venezolanos bajo procedimientos migratorios no tienen una sola condena penal ni un récord criminal en su haber. Son padres de familia, profesionales, ingenieros, técnicos y obreros.

Sin embargo, en el discurso público y en la práctica operativa, la distinción entre un miembro de una banda delictiva y un trabajador honesto parece haberse borrado. Casos como el de Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas —un joven baleado mientras realizaba labores de reparto— encienden alarmas inapagables sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso. Si el sentido común gobierna, ¿dónde termina la aplicación legítima de la ley y el orden, y dónde comienza la cacería indiscriminada motivada únicamente por la nacionalidad?

Pasemos al plano económico y geoestratégico. Tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, su administración asumió la custodia y administración de los ingresos derivados de la comercialización petrolera venezolana bajo el amparo de órdenes ejecutivas que reconocían dichos fondos como patrimonio del pueblo venezolano.

Según reportes consolidados del Financial Times, en tiempo récord las ventas de crudo no solo cubrieron con creces los costos operativos, sino que han permitido acumular más de 13.000 millones de dólares bajo custodia de Washington. En septiembre se anunció con bombos y platillos el mayor acuerdo petrolero de la historia reciente, asegurando participaciones de hasta el 35% y reservas estratégicas a largo plazo para los Estados Unidos.

El pragmatismo financiero es comprensible, pero el sentido común impone preguntas contables inaplazables:

Si los barriles siguen saliendo y el flujo de caja se multiplica, ¿por qué el venezolano común sigue padeciendo el colapso catastrófico de su sistema eléctrico, la falta crónica de agua potable, hospitales desabastecidos y una infraestructura en ruinas? ¿Quién audita esos fondos? ¿Cuánto dinero ha retornado de forma auditable a territorio venezolano para aliviar el sufrimiento de su gente? ¿Por qué su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció ante el Congreso que su departamento administra la cartera de activos venezolanos (incluyendo petróleo y oro), pero dijo no conocer las cifras totales o detalles exactos sobre el monto y la ubicación precisa de dichos fondos?

La promesa de que estos acuerdos beneficiarían a ambas naciones no puede quedarse en un titular corporativo. Si la máxima es: «América First», que eso no signifique «Venezuela Last».

Si Estados Unidos gana estabilidad y crudo, Venezuela tiene el derecho incuestionable de ver esa riqueza traducida en reconstrucción real, no en un nuevo esquema de opacidad donde el ciudadano de a pie vuelve a ser el gran olvidado.

La última y más dolorosa contradicción radica en la coherencia política, y por eso vuelvo a preguntarme por el sentido común.

Durante años, su administración denunció con severidad irrebatible a la cúpula que detentaba el poder en Caracas, tachándola de organización transnacional y ofreciendo recompensas por sus principales figuras. Sin embargo, tras la caída de la cabeza visible, el resto de la estructura no fue sometida a una rendición de cuentas, sino ascendida a interlocutora prioritaria.

Resulta difícil explicarle al ciudadano común cómo una figura como Delcy Rodríguez —quien hasta hace apenas meses promovía campañas de recolección de firmas y agresiones retóricas contra usted señor presidente Trump y contra los Estados Unidos— pasa de ser parte de esa estructura denunciada a ser recibida en el marco de la Asamblea General de la ONU y tratada como socia de facto en acuerdos comerciales y energéticos, la muy “respetada” Delcy.

Nadie desconoce la necesidad del diálogo diplomático. La política internacional exige sentarse con adversarios. Lo que repugna al sentido común es la falta de transparencia sobre lo que motivó el giro: ¿Cambiaron los principios morales o simplemente cambiaron las prioridades comerciales? ¿Bastó una firma sobre un contrato petrolero para borrar de un plumazo el prontuario de delitos, abusos, saqueo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que desangraron a nuestra nación?

Señor presidente: usted prometió gobernar con lógica, justicia y apego a la realidad práctica.

El sentido común no es negociar con quienes saquearon un país mientras se persigue y se señala al migrante que huyó de ese mismo saqueo para trabajar honradamente en sus ciudades.

El sentido común exige:

1.    Diferenciación estricta: Perseguir con todo el peso de la ley a los delincuentes reales, pero respetar la dignidad, los documentos y el debido proceso de quienes aportan valor a esta gran nación.2.    Cuentas claras: Publicar con transparencia milimétrica el destino de cada dólar generado por el petróleo venezolano bajo custodia estadounidense, garantizando que financie la recuperación del sistema eléctrico, los servicios básicos y las libertades del pueblo venezolano.3.    Coherencia moral: Que los intereses energéticos de corto plazo no sirvan para legitimar a los mismos actores que destruyeron la democracia en Venezuela.

Usted pidió que los hechos hablaran por encima de las ideologías. Quienes conocemos de cerca las consecuencias de la incoherencia y el quiebre de la palabra gubernamental porque lo vivimos con los dictadores de la cleptocracia narco criminal, le hacemos hoy la misma pregunta que resuena en las calles y en la conciencia de millones de estadounidenses, venezolanos y ciudadanos del mundo:

Señor presidente, ¿dónde quedó la revolución del sentido común?

Por Jorge Pérez

Hay frases que nacen de una observación incómoda, pero que, precisamente por incómodas, merecen ser examinadas. Esta es una de ellas: nada más parecido a un chavista que un MAGA. Y por eso, sin temor a equivocarme, digo que son la misma vaina.

No afirmo que todos los republicanos sean MAGA ni que todos los venezolanos que alguna vez apoyaron a Hugo Chávez sean responsables del desastre venezolano. Mucho menos digo que Estados Unidos sea hoy Venezuela.

Hablo de patrones políticos: una forma de entender al adversario, relacionarse con el poder y convertir la política en una batalla moral entre “los nuestros” y “los otros”. Esos patrones son inquietantemente parecidos.

El chavismo convirtió progresivamente a Hugo Chávez en algo más que un presidente: para millones de seguidores terminó siendo la encarnación de la patria, la revolución y la esperanza. Criticar al líder comenzó a confundirse con atacar al proyecto; atacar al proyecto, con atacar al pueblo; y atacar al pueblo, en la lógica más radical, con traicionar a la patria.

La política dejó de ser un espacio para administrar diferencias y se convirtió en una lucha entre buenos y malos. Quienes estaban con la Revolución eran “pueblo”; quienes estaban contra ella podían ser llamados enemigos, traidores, fascistas, criminales o apátridas. Esa misma lógica aparece hoy en sectores radicalizados del MAGA, donde Trump deja de ser solo un presidente para convertirse en símbolo absoluto de una causa. Cuando cuestionar al líder se interpreta como una agresión contra la identidad del grupo, la política comienza a convertirse en tribalismo.“Conmigo o contra mí”

El chavismo hizo de la división una herramienta política. Comenzó a clasificar al país entre patriotas y traidores, revolucionarios y escuálidos, pueblo y oligarquía, chavistas y antichavistas. El adversario dejó de ser alguien que pensaba diferente y pasó a ser alguien moralmente inferior.

Ese mecanismo es peligroso porque elimina la convivencia: cuando el adversario piensa distinto, se puede negociar; cuando es considerado enemigo, se le puede perseguir; y cuando se le llama enemigo de la patria, cualquier atropello puede justificarse como defensa nacional.

Aquí está una de las semejanzas que más me preocupa: en sectores radicalizados del MAGA también aparece la idea de una “verdadera América” amenazada por demócratas, liberales, inmigrantes, medios, académicos, funcionarios o jueces. No todos los MAGA piensan así, pero el fenómeno existe y merece observarse sin miedo y sin complacencia.

El autoritarismo necesita enemigos. Chávez los encontró sucesivamente en la oligarquía, el imperialismo, los partidos tradicionales, los medios, empresarios, dirigentes sindicales, opositores y, finalmente, en cualquiera que pudiera ser presentado como amenaza a la revolución.

En el MAGA contemporáneo, el enemigo puede cambiar de nombre a diario de acuerdo a la apetencia de quien manipula los hilos: inmigrantes indocumentados, demócratas, progresistas, medios de comunicación, burócratas, globalistas, élites, jueces, universidades o grupos culturales. El mecanismo, sin embargo, es parecido: “Nosotros somos la verdadera nación; ellos son quienes nos la están quitando”. Esa fórmula es políticamente potente y democráticamente peligrosa, porque transforma problemas complejos en explicaciones simples y ciudadanos en categorías.

Cuando el inmigrante deja de ser una personaHay algo especialmente preocupante en la retórica contemporánea sobre la inmigración. Una cosa es defender fronteras seguras, exigir que se cumplan las leyes migratorias o deportar a quien legalmente debe ser deportado. Otra muy distinta es convertir al inmigrante, como categoría humana, en sinónimo de criminalidad.

Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, pero una democracia también debe distinguir entre quien cometió un delito y quien solo nació en otro lugar o habla otro idioma.

Según Pew Research Center, en 2025 el 65 % de los estadounidenses consideraba que incluso los inmigrantes legales enfrentan algún nivel de discriminación. Eso debería preocuparnos: una sociedad empieza a deteriorarse cuando deja de mirar personas y comienza a mirar etiquetas usadas por quien lidera.

Hay una coincidencia simbólica llamativa: el rojo. Pero el problema no es el color, sino lo que puede representar cuando se convierte en uniforme que identifica la corriente. Los símbolos políticos —una gorra, una camisa, una bandera, una expresión— se vuelven peligrosos cuando sustituyen el pensamiento crítico por la necesidad de pertenecer al grupo.

El fanatismo no pertenece exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Puede vestir de rojo o de azul, llevar una camiseta revolucionaria o usar una bandera nacional. Su rasgo profundo es otro: deja de preguntarse si su líder tiene razón y empieza a justificarlo cuando está equivocado.

El ciudadano democrático dice: “Mi líder se equivocó”, “Mi partido perdió” o “Hay que respetar las instituciones”. El fanático responde: “Si mi líder se equivocó, fue porque alguien lo obligó”, “Nos robaron” "Nos hicieron trampa" o “Las instituciones son buenas cuando nos dan la razón”.

Esa última frase debería producirnos escalofríos.

La semejanza más peligrosa

Chávez no destruyó Venezuela en un día. La destrucción institucional fue progresiva: primero la captura simbólica del poder, luego la descalificación del adversario, después la normalización de lo inaceptable y, finalmente, el debilitamiento de las defensas democráticas.Por eso me preocupa Estados Unidos. No porque sea Venezuela —no lo es—, sino porque ciertas señales son reconocibles: la transformación del adversario en enemigo, la obediencia ciega al líder, la justificación automática de sus excesos, la deshumanización de quienes quedan fuera del grupo, el uso del miedo y la idea de que solo “nosotros” somos patriotas. A Dios gracias existe el contrapeso institucional que hasta ahora ha funcionado.

No quiero que Estados Unidos se convierta en una sociedad donde republicanos y demócratas se miren como enemigos irreconciliables; donde un inmigrante tenga miedo de hablar español, alemán o francés cuando está en el supermercado, en una farmacia o en el tren; donde una persona sea insultada por su camiseta política; o donde demócratas y republicanos sean reducidos a antipatriotas o fascistas por simple afiliación.

No quiero que las instituciones se obedezcan solo cuando favorecen a mi partido ni que ningún presidente llámese —Trump, Biden, Obama o quien venga después— sea colocado por encima de la Constitución. Eso fue lo que aprendimos demasiado tarde en Venezuela: el problema no es solo quién ocupa el poder, sino cuándo una sociedad acepta que el poder puede estar por encima de las reglas.

La lección venezolana

Los venezolanos tenemos una responsabilidad especial al observar estos fenómenos. Ya vivimos el experimento: comienza con un líder que promete salvar a la nación, divide entre patriotas y traidores, entre los nuestros y los otros, y poco a poco dejamos de hablar de ciudadanos para hablar de enemigos.

Esta advertencia no va dirigida solo al MAGA. También va dirigida a los demócratas, porque si responden al fanatismo con otro fanatismo, no habremos solucionado nada: habremos creado dos trincheras. Y una democracia no puede sobrevivir indefinidamente convertida en una guerra de trincheras.

Nada más parecido a un chavista que un MAGA

Sí, lo sostengo: nada más parecido a un chavista que un MAGA cuando ambos dejan de pensar por sí mismos, convierten al líder en objeto de culto, consideran al adversario un enemigo, justifican sus excesos y colocan la lealtad política por encima de la Constitución, por encima de la nación.

Pero lo más importante es esto: un chavista fanático y un MAGA fanático se parecen no porque sean de izquierda o de derecha, sino porque son irracionalmente fanáticos. Y el fanatismo es exactamente lo contrario de la democracia.

La democracia no necesita ciudadanos que adoren líderes, sino ciudadanos capaces de cuestionarlos. No necesita enemigos, sino adversarios; no necesita obediencia, sino instituciones; no necesita unanimidad, sino pluralismo.Y no necesita patriotas que griten más fuerte, sino ciudadanos capaces de decirle incluso a su propio líder: “No estoy de acuerdo contigo. Y precisamente porque te apoyé, tengo derecho a cuestionarte”. Esa frase sencilla puede ser una de las mejores vacunas contra el autoritarismo.

Porque cuando dejamos de pensar por nosotros mismos, ya no importa el color de la camisa: el autoritarismo siempre termina encontrando una bandera bajo la cual esconderse.

  Jorge Pérez

En la ingeniería de sistemas de potencia existe una regla tan elemental como ineludible: un sistema eléctrico no puede entregar lo que no produce. Es una ley física de balance de potencia. Por ello, las recientes declaraciones del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), en las que se celebra un supuesto «récord de demanda de 15.625 megavatios (MW)», no solo carecen de sustento operativo, sino que constituyen un despropósito técnico que evidencia la profunda crisis de rigor e institucionalidad que atraviesa el sector eléctrico venezolano.

¿Cómo puede un país cuya generación real disponible difícilmente alcanza los 12.000 MW registrar una demanda servida de más de 15.600 MW? La respuesta es simple: no puede.

La trampa conceptual: confundir la demanda servida con la frustrada

Para quien ha recorrido las áreas de generación, transmisión, distribución y gestión comercial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la distinción entre demanda servida y demanda potencial (o estimada) no es un debate semántico; es la frontera entre la realidad operativa y la especulación.

* La demanda servida es la potencia física e instantánea que las centrales hidroeléctricas y térmicas logran inyectar a la red para abastecer a los usuarios. Su techo absoluto es la capacidad de generación disponible en ese segundo.

* La demanda potencial es una estimación teórica: lo que el país consumiría si no existiera racionamiento.

Afirmar ante la opinión pública que se ha "alcanzado un récord de demanda" cuando vastas regiones del país sufren racionamientos severos y cortes prolongados es una manipulación inadmisible. Si el número de 15.625 MW proviene de sumar la precaria generación disponible con los miles de megavatios que se le cortan al ciudadano a través de la administración de carga, entonces no estamos ante un récord de consumo, sino ante un récord de déficit.

Presentar la carga rechazada —la energía no suministrada por incapacidad del sistema— como si fuera un éxito de demanda atendida es pretender que la sed de la población equivale a haberle entregado agua.

Frontera física del sistema Energía no suministrada al país.

El libreto oficial atribuye este supuesto pico a las "altas temperaturas" y al uso intensivo de sistemas de refrigeración. Esta narrativa, repetida año tras año, pretende tratar la variabilidad del clima como un evento fortuito insuperable.

En cualquier parte del mundo, la planificación energética incorpora las curvas de temperatura estacionales, la proyección de la demanda estival y el comportamiento de las cuencas hidrográficas. El incremento de la demanda por calor no es un accidente; es una variable predictiva primaria en el despacho de carga. Utilizar el clima como chivo expiatorio permanente solo busca ocultar la verdadera causa del colapso: el abandono del parque térmico de respaldo, la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de inversiones estructurales en las redes de transmisión y distribución.

Resulta particularmente grave que este tipo de informaciones escuetas e imprecisas lleven el sello de despachos conducidos por profesionales de la ingeniería. Que las máximas autoridades del sector avalen reportes desprovistos de balances de potencia detallados, auditorías de disponibilidad de plantas y cifras transparentes de la masa de carga racionada, da cuenta del nivel de erosión técnica al que se ha llevado a las instituciones.

A la desinversión económica se sumó la desprofesionalización provocada por la persecución técnica, la politización de la operación y el éxodo masivo del talento humano calificado. Los resultados están a la vista: un sistema rígido, frágil y gestionado bajo el principio de la improvisación.

Urge la reinstitucionalización del sector eléctrico

Venezuela no podrá reactivar su aparato productivo ni garantizar una calidad de vida digna a sus ciudadanos mientras la gestión del servicio eléctrico siga cimentada en la opacidad y la propaganda.

Superar esta catástrofe requiere con urgencia una reinstitucionalización integral del sector:

* Despolitizar la administración de la red y devolver el mando técnico a profesionales con solvencia ética y capacidad comprobada.

* Someter la operación a auditorías de generación transparentes y de acceso público.

* Trazar una hoja de ruta estratégica para la modernización, la descentralización del parque generador y la integración de energías renovables bajo esquemas de mercado eficientes y regulados.

El primer paso para resolver un problema es diagnosticarlo con la verdad. Intentar tapar un déficit de más de 3.500 MW con titulares triunfalistas sobre "récords de demanda" es una irresponsabilidad que el país, a oscuras, ya no puede tolerar.

*Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas | Director Fundador de RIPSENV.