Los abogados defensores del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidieron al juez de la Audiencia Nacional que le investiga como presunto líder de una red de tráfico de influencias que compruebe si las conversaciones que llevaron a su imputación se obtuvieron de forma legal, planteando una posible «nulidad» de la causa en caso contrario.

En un escrito, remitido al magistrado José Luis Calama, el abogado de Zapatero solicita que se inste a la Fiscalía Anticorrupción para que indique el auto que habilitó al Ministerio Público y a las fuerzas policiales «el análisis de las comunicaciones privadas» y que permitieron «incidir de manera eficiente en la imputación de actos penalmente reprochables» al exmandatario.

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La representación del que fuera líder del PSOE asegura que «no ha logrado hallar el auto o autos dictados» que pudieron autorizar tanto a Fiscalía como a agentes para analizar el «dispositivo llamado crucial», así como la lectura y el análisis de las conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero, pieza clave del caso Plus Ultra.

El abogado de Zapatero apunta que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional analizó conversaciones intervenidas a Palomero en base a un chat llamado ‘Danilo-España’. Ese trabajo llegó a considerar «que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países», lo que llevó a iniciar la causa en la Audiencia Nacional.

«Parece que se refieren estas mismas conversaciones en otros informes que se mencionan tangencialmente en distintos lugares, pero que no obran en las actuaciones a las que se tiene acceso», indica en su escrito.

Con información de ABC

En sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero reconoció que sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, recibieron más de medio millón de euros a través de su compañía Whathefav. 

El dinero provino de la firma Inteligencia Prospectiva, propiedad de los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

Según el diario ABC de España, el expresidente defendió la legalidad de los fondos y aseguró que correspondían a trabajos reales de marketing gestionados exclusivamente por sus hijas, desvinculándose de las operaciones.

No obstante, el magistrado instructor ve indicios de que la compañía de los hermanos Amaro Chacón opera como una «sociedad carente de actividad real». 

El tribunal sospecha que la firma fue utilizada para introducir capitales extranjeros a España y canalizarlos hacia una red liderada por el propio  Zapatero.

De hecho, el tribunal imputó a las hijas del exmandatario y a su secretaria en calidad de investigadas.

Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del gobierno español imputado por la justicia. 

Declaró este miércoles ante el juez Calama, responsable de la causa penal donde se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y contrabando de joyas.

El expresidente del gobierno negó haber desplegado sus contactos para favorecer el rescate de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra en marzo de 2021 por parte del gobierno de Pedro Sánchez, a cambio de una presunta comisión de hasta dos millones de euros, según los indicios vistos por el magistrado.

También descartó que contactase con funcionarios para que se realizaran labores a tal efecto.

Díez días para declarar por las joyas

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando se le preguntó sobre el origen del botín de joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron halladas en una caja fuerte dentro de su oficina.

A pesar de que el magistrado instructor rechazó aplazar la declaración del político socialista para que explique el origen de las joyas por cuya tenencia se le imputan los delitos fiscal y de contrabando, el expresidente rehusó contestar a las preguntas sobre este asunto.

Su defensa informó que en 10 días podría pedir una nueva comparecencia para justificar la pertenencia.

Rodríguez Zapatero guardaba casi 80 piezas de joyería en su caja fuerte, algunas de oro, zafiros o rubíes que juntas alcanzan un valor de 1.323.915 euros, según la valoración hecha por la joyería Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, encargado de analizar rubíes, esmeraldas y zafiros.

La pieza de mayor valor incautada es un collar de 278.000 euros, de oro blanco de 18 kilates, que pesa 82 gramos, tiene dos esmeraldas naturales originales de Zambia y está cuajado de diamantes, según señala el informe de Ansorena aportado a la causa, al que ha tenido acceso EFE.

También es de oro blanco otro collar con un valor de 220.000 euros, que tiene 13 zafiros originales de Tailandia, junto a diamantes que forman «un delicado diseño vegetal calado», según indica esta joyería, que desde su apertura en el siglo XIX ha surtido a la casa real española.

Cinco rubíes en cascada tiene otro collar de diamantes valorado en 155.000 euros, una pulsera de oro blanco con tres esmeraldas y diamantes vale 95.000 euros, mientras que una sortija tipo cocktail con una esmeralda central de Zambia y diamantes asciende a 85.000 euros y 80.000 euros es el valor de otra pulsera más de oro blanco con zafiros y diamantes.

Pendientes largos de oro y esmeraldas, otros de zafiros y diamantes y un tercer conjunto con rubíes completan, con valores de 80.000, 70.000 y 60.000 euros, respectivamente, el plantel de las joyas y piedras preciosas de mayor valor.

Con información de EFE 

El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias imputó a las dos hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno español, anunció este jueves la justicia española.

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, titulares de una de las sociedades presuntamente usadas para canalizar comisiones ilegales pagadas a su padre, así como la secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incluidas en la causa "en calidad de investigadas", informó la justicia española en un comunicado.

"La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", explica el comunicado sobre Whathefav, la sociedad de márketing de la que son titulares las dos hijas de Zapatero.

En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, "el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los hechos (...), lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada".

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

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Zapatero declaró el miércoles ante el juez, negó cualquier irregularidad, y siguió en libertad sin medidas cautelares, pese a que la fiscalía solicitaba la retirada de su pasaporte.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", aseguró Zapatero en un comunicado publicado tras la audiencia, declarándose "completamente inocente".

Es la primera vez que un presidente del Gobierno español, en ejercicio o retirado, es investigado por la justicia.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Según la prensa española, que cita personas cercanas al antiguo jefe de Gobierno socialista, estas joyas fueron regalo de un líder saudita.

Este es el enésimo asunto embarazoso para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales, como su esposa, su hermano y dos hombres claves en su ascenso político, además de Zapatero, con el que mostraba gran afinidad.

Con información de AFP

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles haberse comportado siempre "con decencia y con honradez", tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", insistió en un comunicado el socialista Zapatero, primer exjefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

El antiguo mandatario, que negó cualquier irregularidad ante el juez, abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11H00 GMT en el vehículo negro que lo había traído.

El juez José Luis Calama decidió no imponerle medidas cautelares, pese a estimar que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", informó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La fiscalía había solicitado la retirada del pasaporte.

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió "confianza" a la ciudadanía.

"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada", explicó Zapatero en su comunicado.

"Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sentenció.

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Durante años, la oposición ha denunciado lo que consideraba unos lazos demasiado estrechos de Zapatero con el gobierno venezolano, que él defendía como una vía para la liberación de presos políticos. La investigación policial describe ramificaciones del caso Plus Ultra en Venezuela.

Este es el enésimo expediente embarazoso para la administración del socialista Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales.

Preguntado este miércoles por la derecha en el Congreso por los escándalos de corrupción, Sánchez no contestó y se limitó a defender la gestión de su Gobierno para que en 2027, cuando deban realizarse las elecciones generales, España sea "un mejor país" que cuando asumió el poder en 2018.

"Lo que está en juego es básicamente la reputación del que se ha convertido (...) en el faro moral de Pedro Sánchez y del actual Partido Socialista", resumió a la AFP Astrid Barrio, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia.

El jefe del Gobierno, cuya mujer, su hermano y su antigua mano derecha en política también están implicados en casos judiciales distintos, mostró su apoyo a su predecesor de izquierda.

Pero, al mismo tiempo, la presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado aún más estos últimos días con revelaciones sobre una supuesta célula dentro del PSOE encargada, según los investigadores, de interferir en las múltiples pesquisas que afectan a personas cercanas a Sánchez.

Sánchez asegura que "nunca" supo de ese grupo y que no lo hubiera tolerado.

Bajo presión desde hace meses por los múltiples frentes judiciales, sin mayoría en el Parlamento y con una popularidad en horas bajas, Sánchez -autor de una autobiografía titulada "Manual de resistencia"- busca transmitir la sensación de que puede mantenerse en el poder.

Pero próximos acontecimientos podrían hacérselo más difícil.

La esposa del líder, Begoña Gómez, sabrá en los próximos días si va a juicio por corrupción y tráfico de influencias.

También se conocerá el veredicto sobre una figura clave en el ascenso al poder de Sánchez, su exministro de Transportes José Luis Ábalos, juzgado en abril también por corrupción.

Con información de AFP

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de retrasar su declaración de este miércoles por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.

El expresidente solicitó suspender su declaración en lo referido a esta pieza separada, en la que está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, y declarar únicamente acerca de la pieza principal, donde se investiga si el exlíder del PSOE pudo liderar una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

La defensa de Zapatero  pidió el aplazamiento alegando que la declaración era inminente y que había un lapso de tiempo "brevísimo" entre la apertura de la pieza separada, el pasado viernes, y la declaración como investigado este miércoles.

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En un auto dictado este martes, el juez que investiga a Zapatero ha rechazado su petición al considerar que la citación no supone una "merma real" en el derecho de defensa del expresidente porque los hechos sobre los que versa dicha declaración son los mismos que ya constan en la pieza principal, y la separada, sobre las joyas, no introduce hechos nuevos ni sorpresivos "que exijan un tiempo adicional de preparación".

Considera este magistrado que el hecho que justifica la apertura de una pieza separada es la intervención de las joyas y su posible repercusión tributaria, y esta tuvo lugar en el registro de la oficina de Zapatero el pasado 19 de mayo, consta desde entonces en las actuaciones y es conocido por la defensa.

También señala el magistrado que la defensa de Zapatero no concreta "qué información relevante desconoce o qué impedimento real le impide ejercer adecuadamente su derecho de defensa" y mantiene así la declaración sobre las dos causas en el mismo día por "razones de coherencia y economía procesal".

Con información de Efe

Una investigación periodística del diario El Español, informó acerca del descubrimiento de documentos societarios y registros mercantiles que apuntan a la existencia de una estructura empresarial  conformada por varias compañías vinculadas a operadores cercanos al entorno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Parte de estas sociedades habrían realizado movimientos financieros que terminaron conectados con entidades relacionadas con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de  cinco empresas que habrían efectuado transferencias a la sociedad española Softgestor SL, la cual posteriormente habría realizado pagos a Análisis Relevante SL, una consultora mencionada en pesquisas previas sobre redes empresariales vinculadas a entornos políticos.

Las compañías señaladas incluyen Grupo Multiobras MM 77 SL, Sinoven Cargo CA, Bautista Managements LLC, Apamate Corporate Services SL y Mar de Kara 17 SL.

Los registros revisados indicarían que estas empresas mantuvieron distintos tipos de vínculos comerciales o societarios dentro de una estructura más amplia aún bajo análisis por investigadores en España. 

El objetivo de las pesquisas sería determinar el origen de los fondos, el propósito de las operaciones y el grado de conexión entre las distintas sociedades involucradas.

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El informe también menciona al banquero venezolano Francisco Flores Suárez y al operador Alberto Parra Delgado como posibles figuras relevantes dentro del entramado societario investigado, aunque estos señalamientos forman parte de la documentación analizada y no implican conclusiones judiciales.

En paralelo, la investigación periodística incorpora referencias a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y a su presidente, Jorge Andrés Giménez Ochoa, quien aparece vinculado a la sociedad española FVF Operaciones Globales SL, cuyo socio único sería la propia federación. En esta empresa también figuran otros administradores y apoderados, según los registros mercantiles citados.

El medio señala además que algunas de estas sociedades compartirían domicilios o conexiones administrativas con otras empresas incluidas en la investigación, lo que habría llevado a los analistas a estudiar posibles relaciones entre distintas estructuras corporativas vinculadas a actividades comerciales entre España y Venezuela.

Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y no existen resoluciones judiciales que confirmen responsabilidades penales. Las autoridades y periodistas implicados en el caso buscan esclarecer el flujo de fondos, la finalidad de las operaciones y el papel de cada una de las empresas dentro del entramado analizado.

Con información de El Español

En un primer examen que se hizo a las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero ocultaba en una caja fuerte, se determinó  que las mismas contienen piedras preciosas auténticas. 

Según El Confidencial, el análisis preliminar ha identificado diamantes, rubíes y esmeraldas, tres de las gemas más cotizadas en el mundo de la alta joyería, junto al zafiro. 

El valor de la colección del expresidente del Gobierno español se cifra en al menos un millón de euros, aunque se trata de una aproximación inicial, según  fuentes jurídicas consultadas por el medio.

Una fortuna 

El instructor del caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama, ordenó la semana pasada que la casa de subastas Ansorena efectúe una tasación completa de las piezas que ponga precio al ajuar de Zapatero.

 Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontraron en los registros del pasado 12 de mayo más de un centenar de gargantillas, pulseras, relojes, anillos, brazaletes y pendientes, entre otros objetos, en una caja de seguridad que estaba escondida en el despacho del exdirigente socialista en el número 35 de la calle Ferraz.

La atención del magistrado se centra en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas por Zapatero ni su familia. 

Se trata de grupos con diseños exuberantes y estilo árabe que están formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes. Uno de los lotes tiene engastadas piedras de color verde; el segundo, de color rojo; y el tercero y último, de tonos azules.

 Además, todos los elementos están decorados con decenas de pequeños cristales.

El hallazgo de piezas tan llamativas en un inmueble de Zapatero generó tanta sorpresa, incluso entre los investigadores, que una de las opciones que se barajaban era que las joyas fueran imitaciones o réplicas muy conseguidas de composiciones con piedras preciosas.

 Sin embargo, la primera inspección indica que son reales. Los lotes han sido examinados táctil y visualmente y se les ha sometido a pruebas con instrumentos gemológicos.

Con información de El Confidencial.

Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional  de España (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra, que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero, apuntan a que Estados Unidos no fue un mero observador externo en la investigación.

Determinaron que fue un actor activo en la pista financiera relacionada con el entorno chavista, posibles operaciones de blanqueo y evasión de sanciones estadounidenses, publicó ABC.

 El dato clave aparece al comienzo del informe 1908/26 de la UDEF, al que tuvo acceso el diario.

 La Policía Nacional sostiene que, «a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone», Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción una pista documental «relevante» para el procedimiento: la extracción telefónica de un móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas.

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No se trata de una agencia menor. HSI es la rama investigativa especializada en criminalidad financiera transnacional, contrabando, sanciones y redes económicas internacionales que afecten a intereses estadounidenses. 

El propio informe español la define como la agencia encargada de perseguir organizaciones que utilizan «el comercio, el turismo y las finanzas internacionales» para operar. La UDEF añade además un detalle significativo: la información fue remitida desde Madrid por una oficina «con sede en la Embajada de los Estados Unidos».

Eso sitúa la cooperación en un plano mucho más sensible del que hasta ahora se conocía. No aparece como un intercambio informal de información, una mera consulta, sino como una colaboración institucionalizada entre la Policía española y una agencia federal norteamericana desplegada en la propia misión diplomática estadounidense.

La clave está en el motivo de ese interés. Según la UDEF, una de las líneas de investigación de HSI se centraba específicamente en Reyes Rojas y en actividades ligadas al «blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos», mediante determinadas compañías, entre ellas Plus Ultra Líneas Aéreas.

Ahí aparece el verdadero alcance internacional del caso. Estados Unidos lleva años persiguiendo redes financieras vinculadas al chavismo, PDVSA, el oro venezolano y las estructuras utilizadas para mover dinero bajo sanciones estadounidenses. La presencia de Plus Ultra en ese radar sitúa el caso muy lejos ya de un mero debate español sobre el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los documentos muestran además que HSI realizó en 2021 una extracción del teléfono de Reyes Rojas y que, tras considerar que la información podía resultar útil para sustentar cargos penales en España, «obtuvo las autorizaciones necesarias» para compartirla «para su uso en un proceso judicial en España». 

El informe no precisa si el mecanismo fue una comisión rogatoria, asistencia judicial mutua o cooperación policial directa, pero sí deja claro que existió un canal oficial de colaboración.

La importancia de la información norteamericana queda reflejada después a lo largo de decenas de páginas del sumario. Repetidamente, la UDEF identifica conversaciones y mensajes como «extraídos del terminal telefónico aportado por el HSI». Ese teléfono no aparece como una prueba secundaria, sino como una de las columnas vertebrales del relato policial español.

 Los autos incorporan además otros elementos que ayudan a entender la posible jurisdicción estadounidense. El informe 1907/26 menciona sociedades en Florida, California y Delaware vinculadas al circuito financiero investigado. También identifica a Thinking Heads Americas LLC como sucursal estadounidense en Hallandale Beach, Florida, dentro del entramado de pagos bajo análisis.

Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada por cauces policiales, no diplomáticos.

La sombra de Washington sobre Plus Ultra venía de antes. Ya en 2021, según un documento oficial de FinCEN, que es la agencia del Tesoro estadounidense encargada de combatir el blanqueo de capitales y proteger el sistema financiero norteamericano, una cuenta del banco suizo MBaer vinculada a un inversor investigado por presunto lavado de dinero relacionado con el chavismo recibió más de 519.000 dólares procedentes de Plus Ultra.

El propio Tesoro estadounidense sostiene que esa misma cuenta pagó salarios a una persona identificada posteriormente como facilitadora de operaciones de blanqueo y concluye que «probablemente» fue utilizada para lavar fondos derivados de corrupción pública venezolana.

El documento es especialmente relevante en este caso porque no se trata de una filtración policial ni de una sospecha mediática, sino de una propuesta formal de FinCEN bajo la Sección 311 de la Ley Patriótica, uno de los instrumentos más agresivos utilizados por Washington contra entidades consideradas de riesgo para el sistema financiero estadounidense. En ese texto, el Tesoro proponía prácticamente expulsar a MBaer del circuito financiero norteamericano por actuar presuntamente como canal para dinero ligado a corrupción venezolana, evasión de sanciones, redes rusas e incluso operaciones iraníes.

A ello se suma otro elemento relevante, que Plus Ultra ya había quedado sometida a jurisdicción federal estadounidense en 2021. Una empresa norteamericana, Aircraft Engine Lease Finance (AELF), presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York reclamando más de 6,2 millones de dólares por impagos relacionados con el alquiler de motores de avión. 

Los contratos aceptaban expresamente la aplicación de leyes del Estado de Nueva York, pagos en dólares y competencia de tribunales estadounidenses, además de incorporar cláusulas específicas relacionadas con blanqueo de capitales, sanciones económicas y normativa antiterrorista.

El litigio terminó meses después mediante una retirada voluntaria pactada entre las partes. El documento judicial cerró la demanda «con prejuicio», es decir, de forma definitiva y sin posibilidad de volver a presentarla por los mismos hechos. Eso apunta a una resolución privada del conflicto, de posible acuerdo, pago o renegociación, aunque las condiciones no figuran en el expediente judicial que ha podido revisar ABC.

Todo ello ocurrió además en un momento especialmente frío en las relaciones políticas entre Washington y el Gobierno español tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump no ha invitado oficialmente a Pedro Sánchez a Washington y el nuevo embajador estadounidense en Madrid, Benjamin León Jr., acaba de incorporarse a su puesto. Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada principalmente por cauces policiales y técnicos, no diplomáticos.

Con información de ABC

La Agencia Tributaria española descubrió que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cobraron entre 2023 y 2024 un total de 100.965 euros a través de una empresa relacionada con la aplicación VenApp que se usó para delatar a los venezolanos “incómodos” con el chavismo.

La información la publicó el diario El Confidencial, que señala que las mujeres recibieron el dinero  a través de su agencia de publicidad Whathefav SL de la empresa Venqis, con domicilio en Panamá, que colaboró con el gobierno de Nicolás Maduro en la represión de opositores y ejecutó campañas de propaganda y desinformación en favor del chavismo.

Detrás de Venqis se encuentra el brasileño André Golabek, quien en 2022 creó a través de su filial Nolatech la aplicación VenApp, presentada por  Maduro y Delcy Rodríguez como una plataforma de atención ciudadana, pero que en realidad ha sido usada como una herramienta de espionaje y delación.

La aplicación permitía clasificar a los venezolanos según su adscripción ideológica, rastrear las mesas electorales donde estaban registrados y convertir el formulario de contacto con autoridades en un sistema de denuncia de opositores. Maduro llegó a pedir públicamente a los venezolanos que la usaran para reportar «comportamientos sospechosos» de vecinos opositores.

Golabek también lanzó en 2021, durante las elecciones regionales venezolanas, centenares de cuentas falsas en X para apoyar candidatos del chavismo y atacar a la oposición.

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España subraya en sus informes que Venqis «asesoró en campañas que coincidieron con la actividad de centenares de cuentas falsas que difundieron desinformación y propaganda a favor de aspirantes bolivarianos».

Las hijas de Zapatero recibieron 28.800 euros de Venqis en 2023 y 72.165 euros en 2024, convirtiéndose Golabek en uno de sus principales clientes. 

Esos pagos coinciden con la creación en Venezuela, en abril de 2023, de una plataforma de videojuegos y e-sports llamada El Server, en la que participó Whathefav SL con el beneplácito del régimen chavista, y cuya pista conduce también a Nolatech, filial de Venqis.

Por el momento, ni Laura ni Alba están imputadas en la investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, pero la UDEF y la Agencia Tributaria han incluido estas conexiones en sus informes sobre la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales liderada presuntamente por su padre.

Con información de El Confidencial

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) ha pedido al juez que investiga el caso de la aerolínea Plus Ultra aplazar su declaración en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional de España, prevista para el 2 de junio.

La defensa de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), alegó que quiere más tiempo para la lectura del expediente.

 El exmandatario está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

 Unos supuestos beneficios que «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y «su entorno más próximo» a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

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Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno de España es imputado por la justicia, y sobre él pesan los cargos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, por los que fue citado a declarar el próximo 2 de junio.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional, tribunal ante el que tendrá que declarar Rodríguez Zapatero.

Quien fuera jefe del Ejecutivo español entre 2004 y 2011 aseguró en un vídeo, tras conocerse su imputación en el caso Plus Ultra, que «jamás» ha hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia. 

Luego, este martes se supo que el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama aplazó  la audiencia para los días 17 y 18 de junio.

Calama dictó  una providencia en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia, prevista para el 2 de junio, debido a la extensión del sumario, al que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.

Con información de EFE

 La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, sobre el caso Plus Ultra y su relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta vez, se trata de dos hermanos venezolanos que a través de una empresa transfirieron un millón de euros a empresas cercanas al exmandatario, publicó el diario El País, cuyo reportaje publicamos a continuación.

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Inteligencia prospectiva se define así: “Consultoría de organización, con asesoramiento económico, industrial, comercial y gestión integrada”. Y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo hace así: “Excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”. 

Hasta hace una semana, esta empresa radicada en Madrid era una total desconocida en España y en Venezuela. Hasta que saltó a la luz con la imputación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

 El auto del magistrado apuntaba a que es una sociedad que dos hermanos venezolanos, Amaro Chacón, crearon en enero de 2020 y con la que transfirieron un millón de euros a tres entidades de la órbita del expresidente: la empresa de sus hijas, la sociedad de su amigo Julio Martínez, Julito, y un think tank cuyo consejo asesor presidió Zapatero.

Durante sus dos primeros años de vida ni siquiera tuvieron ingresos ni trabajadores, según los datos del Registro Mercantil, y en los tres siguientes, con un solo trabajador y apenas 30.000 euros de ingresos declarados, inyectaron más de un millón de euros para cubrir las pérdidas acumuladas por los pagos a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente socialista; Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, y Gate Center, el think tank que Zapatero presidió hasta junio de 2025. 

Pese a ello, sus elevadas pérdidas, por sus cuentas se movieron más de 2,5 millones de euros en total, algo “incongruente” que el juez destacó esta semana en su auto.

No solo eso, varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señalan que esta empresa también conectó a empresarios y al Partido Comunista chino a través de la trama con Zapatero, para que este, presuntamente, intermediara en el Gobierno venezolano para la compraventa de petróleo.

 Pero, ¿quién está detrás de Inteligencia Prospectiva y qué importancia puede tener en la investigación del caso Plus Ultra? En las calles de Caracas, la respuesta cuando se pregunta por los hermanos Amaro Chacón es casi siempre la misma:

—Cónchale, no tengo ni idea de quiénes son.

La repiten empresarios, inversores e incluso funcionarios de las altas esferas del chavismo. “Jamás había escuchado esos nombres. Voy a preguntar”. Son, al parecer, extraordinariamente discretos. O mucha gente ha decidido, de repente, que no los conoce.

 Son la tercera generación de una familia empresarial venezolana de origen jordano que ha sobrevivido al chavismo. Del padre heredaron el imperio empresarial —seguros, agricultura y ganadería, y minerales estratégicos— y de la madre, una tradición política: una tía abuela fue presidenta de Acción Democrática, un partido histórico de Venezuela. Ellos estudiaron en Estados Unidos y hace seis años aterrizaron, al inicio del año de la pandemia, en Madrid.

En la capital, obtuvieron la nacionalidad española el pasado febrero, y la semana pasada, una fama inesperada a la luz del caso Plus Ultra. 

De momento, las pesquisas han revelado que una de las varias sociedades que administran, Inteligencia Prospectiva, movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a tener una actividad económica prácticamente nula. El juez interpreta que ese dinero, “simulado como ampliaciones de capital”, era la forma de introducir capital extranjero en España.

Desde que aterrizaron empresarialmente en Madrid, los hermanos Amaro Chacón han sido metódicos. Entre enero de 2020 y enero de 2024 constituyeron al menos siete sociedades mercantiles —Inteligencia Prospectiva, Activos Iberoamericanos, Recursos Iberoamericanos, Prospectiva Tecnológica, Critical Metals, Minerales Críticos y Metales de Energía Verde—, todas con un patrón muy similar: mismo objeto social, mismas direcciones fiscales en el paseo de La Habana o en la calle de Andrés Mellado. 

Cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fueron a registrar la sede de Inteligencia Prospectiva en el paseo de La Habana de Madrid, encontraron una vivienda unifamiliar en obras.

Este periódico ha contactado con Inteligencia Prospectiva para conocer su valoración de los hechos, pero, tras formular las preguntas por teléfono, la operadora ha colgado sin responder a ninguna.

De los dos hermanos, Domingo es quien aparece en las comunicaciones intervenidas por la justicia española. 

Uno de los supuestos esquemas que describe el auto es que actuaba como intermediario que conectaba a compradores chinos de petróleo venezolano con la red. La sospecha del juez es que en esta y otras gestiones que atribuye a la trama —compraventa de oro, acciones, operaciones en divisas, rutas de entrega— participaba de una u otra forma Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos.

Domingo Amaro, de hecho, le hacía llegar a Zapatero mensajes a través de Julio Martínez, según apunta un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. 

En el documento aparecen varios de estos intercambios donde Amaro pone al tanto “de las novedades” al exlíder socialista, entre las que figuraban encuentros con “la Dama” (que la investigación judicial señala que es Delcy Rodríguez) y ”el presidente M”. 

No solo eso, Amaro también le solicita que interviniera para facilitar encuentros o visitas donde participen miembros del entonces Gobierno venezolano. “Estamos totalmente de acuerdo, Presidente, aunque solo usted podría lograr que la visita al Blue la vuelvan a incluir en la agenda“, es uno de los mensajes, con fecha de marzo de 2023.

En el cruce de mensajes también se desprende la necesaria influencia de Zapatero en el Gobierno venezolano para canalizar la gestión de la compraventa de petróleo. 

Un ejemplo: Domingo Amaro Chacón escribe a Julio Martínez en octubre de 2023 para informarle que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading S.A. “y los chinos listos para comprar barcos”, también están listos “para viajar a reunirse con la Dama y el Ministro de Petróleo Pero que deben dirigirse a Zapatero mediante una carta (conocida como Letter Of Intent) para iniciar el trámite.

Finalmente, a finales de ese mes, la empresa del Partido Comunista Chino “China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd.” envió la misiva a la oficina del expresidente. “[Esto] pone de manifiesto el modo de proceder, observándose la participación e influencia de Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política”, dice el informe de la UDEF.

Domingo Amaro Chacón, según el juez, también es uno de los destinatarios que Zapatero remitió en un listado a Análisis Relevante, la sociedad de su amigo Julio Martínez Martínez, para que le enviaran los informes que presuntamente elaboraba el propio Zapatero por encargo de Martínez. 

El autor de los informes comunicaba así a la sociedad editora los clientes que iban a comprárselos. Además, Inteligencia Prospectiva transfirió medio millón de euros a la empresa de las hijas de Zapatero —Whathefav—, sin que conste a cambio de qué servicio, dado que no consta qué actividad económica realizaba Inteligencia Prospectiva.

¿Cómo sobrevivía entonces? A través de ampliaciones de capital (casi 700.000 euros desde 2020) y las aportaciones anuales de “socios” (unos 600.000 euros). En total, el dinero inyectado casi alcanza los 1,3 millones de euros, una cifra cercana al monto total de los 1,20 millones con IVA que Inteligencia Prospectiva pagó a tres de las empresas: Análisis Relevante, Whathefav y la asociación Gate Center, ubicada en un gran ático de la calle de Velázquez de Madrid que también está en el punto de mira del juez Calama.

Aquí, en la séptima planta, se encuentra la sede de Gate Center, una asociación, un think tank, un laboratorio de ideas del pensamiento creado en abril de 2022. Se dedicaba a analizar problemas y proponer soluciones a través de informes y análisis de expertos progresistas globales con el punto de mira en el país asiático. Fuentes del Gate Center señalan que sus fondos provenían de, al menos, cuatro empresas, pero ninguna venezolana ni asiática.

Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos venezolanos, le ingresó 266.200 euros entre 2023 y 2024, según apunta el auto del juez. El Gate Center, a su vez, ingresó a Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero, 171.727 euros por labores de comunicación y, entre otras funciones, la creación actual de la página web y la gestión de las redes sociales.

La función de Zapatero en este laboratorio de ideas no es menor. Fue el presidente del Consejo Asesor. Y ha cobrado desde su creación, en 2022, 490.780 euros, según el auto.

Con información de El País de España.

 El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este viernes que hay «motivos suficientes» para que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entre en la cárcel después de declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional como imputado por el caso Plus Ultra.

«Hay motivos suficientes para la adopción de medidas cautelares serias como, por supuesto, la retirada del pasaporte, y yo creo que incluso la prisión provisional», ha afirmado Buxadé en declaraciones a los periodistas ante el Tribunal Supremo tras la vista sobre las medidas cautelares de Vox contra la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

Buxadé cree que Zapatero debería ser enviado a prisión después de declarar el 2 de junio en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que le investiga por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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El también eurodiputado ha mostrado su preocupación por el daño que, según ha dicho, la imputación de Zapatero está causando a la imagen internacional de España y ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elecciones anticipadas.

«¿Qué más tiene que pasar para que los españoles podamos votar?», ha preguntado Buxadé, para quien ahora lo urgente es «derrocar a Sánchez», más que la moción de censura que Vox pide reiteradamente desde hace más de dos años al PP que la presente.

En este sentido, sí ha pedido a los populares que se dejen de «cuentecitas de la lechera» y de asistir solo a las manifestaciones que convoquen ellos y que acudan este sábado a la marcha convocada en Madrid por distintas plataformas de la sociedad civil contra el Gobierno Sánchez.

«España está en peligro, el riesgo es muy grave», ha recalcado Buxadé, quien ha pedido además que Zapatero no acuda al acto del 8 de junio en el Congreso con León XIV al que están invitados los expresidentes del Gobierno. «Espero que no se le haga pasar al papa por ese mal trago de reunirse con un imputado», ha dicho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el «líder».

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado que investiga el caso Plus Ultra acordó el bloqueo de saldos de las cuentas del exdirigente socialista hasta el límite de esos 490.780 euros, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.

Fuentes jurídicas informaron a EFE este jueves de que el magistrado adoptó esta decisión —que afecta también a otros implicados de la trama— a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y le citó a declarar el próximo 2 de junio, acordó asimismo el «bloqueo de diversas cuentas bancarias», tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos.

Según explicaron las fuentes jurídicas, este tipo de bloqueo de cantidades es una medida habitual en estas investigaciones penales y va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil a imponer en un futuro al investigado.

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Zapatero está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y «su entorno más próximo» a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

Análisis Relevante es una de las empresas clave del caso. Propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su «lacayo» por responsables de Plus Ultra, el juez califica la sociedad de «instrumental» para canalizar esos fondos, en un periodo que «coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas».

Entre marzo de 2021 y junio de 2025, según la investigación, la cuenta compartida entre Zapatero y su mujer recibió pagos de Análisis Relevante de 445.200 euros, si bien en el año 2020 también constan tres transferencias por 29.680 euros.

Por lo tanto, según el juez, en ese periodo el expresidente recibió un total de 490.780 euros, que es lo que ahora acuerda bloquear.

Zapatero, que aseguró que «jamás» ha hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de Plus Ultra y dijo que defenderá su inocencia, explicó en el Senado el pasado mes de marzo que él cobró 70.000 euros brutos de media al año de Análisis Relevante, todos contra factura y por los que cotizó a Hacienda.

Con información de  EFE

El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama apunta a la «influencia determinante» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con acceso a «personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», para la compraventa de petróleo en Venezuela.

Así lo refleja en su auto, al que tuvo acceso EFE este martes y donde se cita el 2 de junio como imputado al expresidente en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.

 Una red de la que Zapatero era, según el juez, «núcleo decisor y estratégico» y que utilizaba su «intervención directa» en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al ‘petcoke’ (o coque de petróleo, un residuo final del refinamiento del petróleo que se usa como combustible de bajo coste), oro o compraventa de acciones o divisas.

El magistrado llama la atención sobre la intervención de dos empresarios, Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva.

Esa sociedad operaba como punto de entrada de fondos extranjeros a la red, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se distribuían a otras compañías como Análisis Relevante, Gate Center y What The Fav, esta última de las hijas de Zapatero.

De unos mensajes hallados en el teléfono de Julio Martínez, amigo y considerado «lacayo» de Zapatero por los responsables de Plus Ultra, se deduce que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores debían «canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada» y dirigirse al expresidente mediante la preceptiva ‘letter of intent’, carta de intención en inglés.

Los interlocutores incluso revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir.

Finalmente, estos remiten la carta en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío, lo que evidencia, según el juez, la «participación e influencia determinante» de Zapatero, que dispone de «acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política».

Otro mensaje -«Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino»- revela para Calama «la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita transciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria».

Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del Gobierno español imputado y el juez cifra en unos dos millones de euros (1,16 millones de dólares) los presuntos beneficios que habrían recibido él y su entorno.

Con información de EFE

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes tras su imputación que «jamás» hizo gestiones ante ninguna «administración pública ni sector público a favor del rescate» de la aerolínea Plus Ultra.

«Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», garantizó Zapatero en un vídeo remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

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Zapatero asegura en ese mensaje que «jamás» ha tenido ninguna sociedad mercantil, «ni en España ni fuera de España», ni directamente ni a través de terceros.

Un juzgado de la Audiencia Nacional española imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra y lo considera como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». 

Con información de EFE

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, está siendo investigado por tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos, durante la pandemia de covid-19, anunció este martes la Justicia española.

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es imputado formalmente.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dijo que convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para interrogarlo sobre "el rescate de la compañía aérea Plus Ultra".

La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de covid-19.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

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Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia de covid-19.

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero.

Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

Se han allanado las oficinas del exjefe de gobierno y las empresas de sus hijas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España.

La oposición conservadora incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Actualmente, José Luis Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

La sede de Plus Ultra está en Madrid, pero la compañía tiene entre sus principales accionistas a empresarios venezolanos, que según la derecha española son próximos al régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro.

Con información de AFP

El Partido Popular (PP) de España anunció su disposición a colaborar con senadores del entorno del presidente estadounidense Donald Trump en una investigación relacionada con las actividades en Venezuela del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, publicó el portal VoxPopuli.

En un momento en el que las relaciones bilaterales pasan por un momento de enorme tensión, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha diseñado un plan de acercamiento al poderoso núcleo de los senadores republicanos, delegado entre otros en el parlamentario del partido en la Cámara Alta Francisco Javier Márquez Sánchez, también exalcalde de Jaén.

Génova pretende establecer contacto con el poderoso lobby parlamentario para ofrecer su colaboración sobre cualquier información de interés en Estados Unidos relacionada con la figura del expresidente socialista, en el disparadero público por su eventual responsabilidad en el rescate de Plus Ultra, sus labores de asesoría internacional y su papel en el entramado del chavismo en Venezuela.

El partido prevé seguir el conducto diplomático establecido, que supone dirigirse primero al Departamento de Estado para encauzar el contacto interparlamentario con los representantes republicanos en el Senado.

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El fondo de la iniciativa pretende también el objetivo de desinflamar la tensión generada por el exceso de gestualidad imprimido por Sánchez a su negativa a facilitar las operaciones militares estadounidenses relativas a su ofensiva contra Irán. 

En el PP han censurado la “sobreactuación, completamente innecesaria” del presidente del Gobierno en su pulso contra Trump, en contraste con la contención mostrada por otros Ejecutivos europeos, como el italiano y el alemán.

Las consecuencias del tacticismo electoral del presidente del Gobierno, con la inclusión del eslogan ‘No a la guerra’, han supuesto la amenaza de la Casa Blanca de valorar incluso el cierre de una base en Europa, que bien podría tratarse de la de Morón o Rota.

La intención del acercamiento es asimismo convertir al PP en el interlocutor principal de la Administración estadounidense en razón de sus próximas opciones de gobierno, y relegar así a Vox en su actual papel de referente ideológico español para Trump.

Los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses se han mostrado críticos con la influencia de Zapatero en decisiones del Gobierno de Sánchez, como la de contratar con la china Huawei el sistema de escuchas policiales del Ministerio del Interior.

A finales del pasado verano, dos congresistas republicanos, Richard Hudson, de Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, de Florida, reclamaron a la Secretaría de Comercio una investigación sobre los riesgos para la seguridad que podrían derivarse de la implicación de la tecnológica china en sectores clave de la Administración de un país aliado como España.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema contratado a Huawei, el OceanStor 6800V VS, es un almacén digital estanco, sin conexión exterior, lo que imposibilitaría la fuga de información, que almacenaría solo investigaciones judiciales.

Pese a estas explicaciones, la Comisión Europea ha venido insistiendo a los Estados miembros sobre la necesidad de "restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G", por considerar que esta "representa un riesgo mucho mayor" que otros proveedores de infraestructuras móviles.

El otro elemento de seguimiento a Zapatero en Estados Unidos se relaciona con las actividades del expresidente socialista vinculadas al chavismo. 

Aunque este ha tratado de adaptarse a la nueva fase transitoria respecto al rol que venía desempeñando durante la etapa presidencial de Nicolás Maduro, tanto la diplomacia como la justicia de Estados Unidos siguen teniéndolo en el punto de mira al tenerlo considerado como uno de los principales blanqueadores internacionales del chavismo.

Con información de VoxPopuli

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra al borde de la imputación por el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, publicó el portal español Libertad Digital.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, asumió hace unas semanas la investigación de la causa tras la inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, Esperanza Collazos. 

Recientemente, ordenaba la detención del empresario Luis Felipe Baca en la isla caribeña de Aruba, presuntamente por su relación con la causa. El magistrado acordaba este arresto tras ampliar un mes el secreto de sumario.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "el juez Calama es un experto en delitos económicos, conocido por llevar a cabo instrucciones muy quirúrgicas con el objetivo de que las investigaciones no se eternicen y los acusados se sienten lo antes posible en el banquillo de los acusados y, por tanto, sean juzgados. El magistrado actualmente está estudiando a fondo la causa y poniéndola en orden, ya que llegó muy enmarañada procedente del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid".

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"Al juez Calama no le temblará el pulso cuando llegue el momento de imputar a Zapatero, ya que no hace distinciones en las causas que investiga, sea quien sea. No obstante, las pesquisas aún siguen bajo secreto de sumario y es pronto para saber si seguirá bajo secreto mucho más tiempo o si se levantará parcial o completamente. Por otro lado, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) tienen ganas de reivindicarse con la investigación del caso Plus Ultra después de años de defenestración", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el magistrado Calama solo ha recibido la pieza secreta del caso Plus Ultra que se centra en la investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales de fondos venezolanos a través de operaciones en España, Suiza o Francia. 

La Audiencia Nacional no investigará por el momento la responsabilidad de la SEPI o del Ministerio de Hacienda en el propio rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, ya que la investigación del citado rescate ya fue efectuada y archivada por el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid en enero de 2023. No obstante, el juez Calama sí puede investigar el presunto cobro de comisiones ilegales obtenidas tras aprobarse dicho rescate".

El empresario Víctor de Aldama ha manifestado en numerosas entrevistas que el expresidente del Gobierno presionó personalmente para que se aprobara el rescate de Plus Ultra.

 Según su versión, Zapatero se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos en el Ministerio y le exigió que rescatara la aerolínea. Ábalos se habría negado inicialmente, pero Zapatero le dijo que era una orden directa de Pedro Sánchez. 

Aldama también aseguró que se realizó una transferencia de 10 millones de euros a Panamá como "comisión" de los citados 53 millones del rescate que supuestamente beneficiaría a Zapatero y al actual presidente del Gobierno.

"No se puede descartar que, tras las manifestaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama sobre el presunto cobro de comisiones del rescate de Plus Ultra, el juez Calama acabe citándole para declarar como testigo en el transcurso de la investigación", concluyen.

 Hacienda está obligada a investigar a Zapatero por un presunto delito fiscal tras confesar en la comisión de investigación del Senado viajes de avión pagados por la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el marco del caso Plus Ultra.

El delito fiscal podría existir si el impacto en la declaración del IRPF de esos viajes pagados por el entonces régimen de Nicolás Maduro y por la empresa estatal de petróleo venezolana, supera los 120.000 euros, es decir, que la cuota resultante de imputar en el IRPF esos viajes sea superior a esa cantidad. 

Existe un precedente que fue la investigación realizada a Juan Carlos I después de que la Fundación Zagatka le sufragara viajes en avión privado que el rey emérito no había declarado a Hacienda.

Con información de Libertad Digital.

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, vuelve a estar en Venezuela, en medio de la convulsión generada el 3 de enero. Para el chavismo, Zapatero es una especie de héroe, un adalid de la paz en Venezuela.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero está inmerso en una serie de tramas que le vinculan con supuestos casos de corrupción y la oposición le acusa de ser el artífice de un intento por oxigenar al gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

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Lea también: Rodríguez Zapatero, presente en la reunión de la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía

En el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo se desarrolla una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El órgano legislativo analiza los avances logrados en la aplicación del marco jurídico aprobado por unanimidad.

El presidente de la comisión especial, Jorge Arreaza, indicó en su último informe que más del 80 % de las solicitudes analizadas fueron aceptadas, con la concesión de plena libertad a las personas que cumplen los criterios establecidos por la ley.

Rodríguez Zapatero participa en esta jornada de trabajo como parte de los encuentros que ha mantenido en el país en relación con el proceso de diálogo y el seguimiento de la Ley de Amnistía.

En febrero, mantuvo una reunión con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para evaluar los avances de esta fase política.

El expresidente español también ha seguido de cerca las actividades del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, destinadas a promover espacios de encuentro entre los diferentes sectores del país. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía y del seguimiento institucional de su aplicación.

La Asamblea Nacional desarrolla estas sesiones de trabajo con los distintos actores implicados para garantizar el respeto del marco jurídico y llevar adelante los mecanismos de seguimiento establecidos por la comisión especial.

Con información de VTV y el Mazo