La organización filantrópica Luminate, tras investigaciones que hizo sobre los panoramas sociopolíticos prevalecientes en países latinoamericanos, llegó a Colombia para apoyar en el fortalecimiento democrático.

Esta organización ayudará en la recuperación de la confianza en los partidos políticos, enfatizándose en la lucha contra las desigualdades, dársele voces a los excluidos, potenciar nobles causas como la protección del medioambiente.

La presencia de Luminate en Colombia es muy importante para la buena salud de la democracia, máxime cuando el país está tan polarizado y es nefasto por los impactos en el resquebrajamiento de valores que deshumanizan.

Luminate lleva años dedicándose a dar apoyos (asesorías y aportando financiamientos) en América Latina, África, Asia, lográndose éxitos, en beneficio de sociedades.

La libertad de prensa y la libertad de expresión están siendo muy restringidas y socavadas; pues las grandes empresas tecnológicas y las plataformas de redes sociales están alimentando la polarización en las sociedades. 

La información se está utilizando como arma, con la difusión de información errónea y desinformación, y la amplificación de contenido dañino.

En muchos países, se restringen los espacios donde las personas pueden comprometerse y participar participar y plenamente en la vida cívica y política.

Luminate es una poderosa fundación internacional del empresario de origen franco iraní Pierre Omidyar.

Su vocación es clara: apoyan y financian de un robusto programa en todo el mundo para promover el periodismo, la participación ciudadana, y el empoderamiento de comunidades excluidas.

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El nuevo Congreso colombiano impulsa un convenio con Luminate en pos de lograrse un acompañamiento del mas alto nivel en materia de legislación de Derechos Humanos, Paz Total y Seguridad, que hoy son temas prioritarios para Colombia.

El chileno José Miguel Vivanco Inostroza -abogado, defensor de derechos humanos, ex director de la División de las Américas de Human Rights Watch- será el puente entre el Congreso y la fundación Luminate, aprovechando su trayectoria y experiencias; así lo anunció el senador Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia.

Luminate deviene de vital importancia para enfrentarse las estigmatizaciones, contrarestarse los sesgos que tanto daño le hacen a los colombianos.

Tras el suceso acaecido en el estado Zulia, donde un joven murió y otras dos personas resultaron heridas en las cercanías de un centro de votación, el director ejecutivo de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, indica que han recibido denuncias.

A través de las redes sociales denunciaron atropellos y disparos cometidos supuestamente en centros de votación, según lo indica Vivanco.

URGENTE: Hemos recibido denuncias de ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela.Estamos siguiendo de cerca la situación en el país. Mis DM están abiertos para recibir denuncias de víctimas o testigos presenciales.Por favor RT.

Vivanco dijo que siguen de cerca el proceso. Para ello, recibe denuncias tanto de testigos presenciales de cualquier acto irregular durante el proceso de votación, como de personas que tenga conocimiento de actos violatorios del mismo.

Una vez que se conoció el evento ocurrido en el Zulia, el ministro del Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, dio a conocer a la opinión pública que el evento ocurrido en la región occidental del país, no tenía nada que ver con el acto electoral.

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Posteriormente, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, destaca que el CICPC se desplegó en la zona para realizar las averiguaciones pertinentes, pero también rechazó que el suceso guarde algún tipo de relación con la actividad política.

El jefe de campaña del chavismo, Diosdado Cabello, catalogó a Vivanco de irresponsable. Dijo que la intención era empañar y llenar de sangre el proceso electoral regional, que a su juicio, se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo.

Sin embargo, desde temprano se dijo que un grupo de hombres armados llegó en una camioneta a un centro de votación en el municipio San Francisco, estado Zulia y dispararon contra los presentes.

Tras los señalamientos sobre un ataque de grupos armados a un centro de votación, Diosdado Cabello, jefe del comando de campaña Aristóbulo Istúriz, niega que sean miembros de los colectivos del chavismo los responsables de estos hechos.

«Hay quienes inventan cosas, por ejemplo hay unas declaraciones irresponsables de un señor que se llama Vivanco, que decía ‘que hay tiroteos en los centros electorales, por su puesto ocasionados por los colectivos’, son unos irresponsables que tratan de dañar un proceso hermoso donde el protagonista es el Pueblo», expresa Cabello.

La declaración responde a una acusación que hiciera José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Right Watch. El mismo indica a través de las redes sociales, que ha recibido diversas denuncias en donde manifiestan que grupos armados han intimidado y disparado en algunos centros de votación, durante la jornada de elecciones regionales este #21Nov.

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Diosdado Cabello manifiesta que Vivanco obedece a los intereses de la derecha. «Ya están acusando a los colectivos… Esta es una fiesta muy bonita para que un perdedor impulse hechos de violencia».

Vale destacar que más temprano, el ministro del interior y justicia de la administración de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, indicó que lo ocurrido en el estado Zulia, donde un joven perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas, era un hecho aislado al proceso de votación.

El dirigente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) hizo un llamado a sus bases para que den inicio a la operación Remate.

Hizo un llamado para que los candidatos de oposición también realicen sus operaciones para aupar a la votación. Recordó que siempre son acusados de tener toda una maquinaria. Llamó a la oposición para que también movilicen a su gente a votar. «Vamos a hacer ejercicio con el músculo del remate pues».

Dijo que tienen reportes de que para el momento de la declaración todavía había gente en las colas de los centros electorales. Recordó que la orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) es cierre de los centros de votación a las seis de la tarde. Sin embargo, los mismos deberían continuar abiertos mientras en las colas existan ciudadanos con la intención de votar.

Cree que algunos de los representantes de la oposición no reconocerán los resultados del ente comicial. Considera que desde la derecha hay personas que cuestionan el proceso y que quieren enlodar las elecciones.

«Si la oposición llegara a ganar alguna autoridad, es para sacar a Maduro. No tienen planes para las comunidades». Dijo Cabello.

Diosdado Cabello fue enfático al decir que apoya las palabras de Nicolás Maduro, sobre la necesidad de eliminar la figura de los protectorados en las regiones.

Explica que los que resulten electos deberán ejercer los cargos para defender y trabajar por el pueblo.

La organización Human Rights Watch (HRW) dijo que el eje central de las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos.

En un comunicado, el director para las América de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos “devastadora”.

Para Vivanco este debería ser “el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, según el documento publicado por la agencia EFE.

Según lo acordado en un memorando suscrito el día 13 de agosto por las partes, la agenda incluye discutir derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.

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Además, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, así como la renuncia a la violencia.

También abarca la reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación.

La primera ronda de negociaciones duró tres días y las partes acordaron proseguir con las conversaciones del 3 al 6 de septiembre.

Vivanco indicó que para que una negociación como la venezolana tenga éxito debe conducir a resultados tangibles.

«Unos resultados que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela”, precisó.

Esto incluye “terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país», agregó.

Reiteró que para la implementación de un eventual acuerdo se debe contar con un acompañamiento internacional riguroso.

HRW denunció que las autoridades venezolanas «hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país».

Fallas estructurales en la Policía de Colombia y no hechos aislados, son para HRW la principal razón de los abusos y violaciones de DD.HH cometidas por integrantes de esa institución durante protestas.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco.

Informe de la ONG confirma que han existido «abusos gravísimos» contra los manifestantes colombianos por parte de miembros de la Policía Nacional de Colombia.

Califica la acción policial como «brutal» con el uso de municiones letales. HRW asegura haber documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías.

Así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.

En ese sentido le recomienda a gobierno de Colombia tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda.

Reforma que para HRW permitiría garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.

“Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”, dijo Vivanco.

HRW sustenta la reforma policial en que en situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas.

Asimismo, los policías implicados en abusos se juzgan en tribunales militares que no tienen objetividad ni independencia.

Por eso sugiere que Colombia tenga una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos.

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El informe de HRW también asegura que aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, la policía también se ha visto afectada.

Y que individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados

«Algunos individuos han quemado estaciones de policía y atacado a policías, dos de los cuales han muerto».

Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados.

Además HRW conoció el caso de una mujer policía abusada sexualmente el 29 de abril en Cali. Así como el desabastecimiento de alimentos e insumos de salud y el impedimento de la circulación de ambulancias.

“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.

Human Rights Watch (HRW) entrevistó, en su mayoría por teléfono o videoconferencia, a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia.

Entrevistas que incluyeron víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.

Así como a la vicepresidenta – canciller de Colombia; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.

HRW consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa.

También corroboró más de 50 videos publicados en redes sociales.

Además obtuvo información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y los Mindefensa y Mininterior de la respuesta del gobierno ante abusos.

Aseguró haber recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones y que documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias.

«Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes (…), incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías», se asegura.

Confirma HRW que personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.

Entre tanto, le dicen a las autoridades colombianas que deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia.

«Incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes», señaló Human Rights Watch.

También deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.

Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego.

Además describe que algunas víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza.

Lo cual, «es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar». Y «al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso de gases lacrimógenos o aturdidoras».

Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril. HRW documentó los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves.

Asegura que entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas.

«Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos», asegura la OMG.

El Ministerio de Defensa señaló que, desde el 28 de abril, la policía había detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas.

De ellas 215 fueron imputadas. Por su parte la Fiscalía General de la Nación le dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados por un juez o fiscal.

A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal.

Human Rights Watch documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”.

Frente al caso de abuso sexual, HRW supo que la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía.

Estos por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.

Y que Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.

Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones.

Se le informó a HRW que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas; pero la Fiscalía dijo que había localizado a 304.

En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.

HRW recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas.

Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los cuales agentes del ESMAD o policías regulares violaron estos principios al dispersar de manera arbitraria protestas pacíficas.

«Usaron la fuerza de manera indiscriminada o excesiva, incluyendo mediante el uso de armas letales», dijo.

Uso indebido de armas letales

Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito.

Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.

La Policía colombiana indicó a Human Rights Watch que la policía regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones.

Sin embargo, Human Rights Watch corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.

Human Rights Watch documentó 16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados.

En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen.

Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.

#Colombia: Egregious Police Abuses Against Protesters https://t.co/cjfYROYfqe pic.twitter.com/9PO0FPU2B6

YHRW

Existen «evidencias sólidas y contundentes» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por ello, el retiro del apoyo de Argentina a la demanda que hay contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), no tiene mayores consecuencias.

La afirmación la hizo José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch (HRW), en entrevista con Radio Rivadavia en Argentina.

«Es un paso errado” en la política exterior de Argentina», dijo. A su juicio, es un “reflejo de lo que es la composición del gobierno (de Roberto Fernández)”. Y agregó que sería una decisión a lo interno para no «irritar» a los sectores que le apoyan y que “no les importan los DD.HH”. 

Hizo esta consideración ante la posibilidad de que la Corte penal Internacional (CPI) tome «una decisión trascendental» sobre Venezuela. Y esta es abrir formalmente una investigación contra Maduro. 

Explicó que si la CPI decide avanzar con el proceso, sería la primera vez que un presidente latinoamericano se vería inmerso en un proceso de esta magnitud.

La advertencia de Vivanco se da unos días después de que personeros ligados a Maduro, como su fiscal, Tarek William Saab y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, cuestionan a la CPI.

No obstante, Vivanco sostiene que lo que pasa en Venezuela está en una categoría “extrema de violaciones” a los DD.HH.

“Indudablemente estamos en una categoría extrema de violaciones, similares a las que cometió la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile“, expresó.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró que ahora hay 61 casos de denuncias creíbles.

«Hemos confirmado 24 casos vinculados con protestas, 22 civiles y 2 policías»; dijo Vivanco en entrevista para la cadera radial Caracol Radio.

Habló sobre el balance de las denuncias sobre muertes y abuso de autoridad durante las protestas en el marco del paro nacional.  

Hay 22 casos con detalles muy precisos que hablan de la participación de la Policía y 4 casos se adjudican al ESMAD, confirmó el director de la ONG de derechos humanos HRW.

Vivanco aseguró que los casos de heridos están sobre mil, así mismo, mil casos de detenciones.

Frente a los desaparecidos, aseguró que: «La Fiscalía dice que son 290 que ya han aparecido. Las cifras nuestras son superiores a las del Gobierno», dijo.

Según Fiscalía Colombana, van 17 muertos y se busca a 129 posibles desaparecidos durante manifestaciones.

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Vivanco también resaltó que la gran mayoría de marchas siguen siendo pacíficas, pero lamentó que haya todavía manifestaciones con violencia y vandalismo.

Destacó que para HRW hay datos creíbles de policías que han sido atacados con armas de fuego y cuchillos.

«Hemos hecho unas precisiones sobre lo que hace parte de una marcha pacífica y lo que no y los bloqueos no hacen parte», manifestó.

Frente a los casos de abuso sexual dentro de las protestas que para la Defensoría del Pueblo son 16 casos, el director de HRW dijo:

«Nosotros no tenemos cifras tan altas, pero si tenemos casos que estamos investigando y que comprometerían a la policía», finalizó.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró este jueves que “En Colombia se levanta una piedra y sale un sicario”.

Los hizo en el marco de un informe de la ONG sbre las mascres y asesinatos a líderes sociales en el gobierno de Iván Duque.

Vivanco mencionó las 66 masacres y el asesinato de los 421 defensores de derechos humanos durante el 2020 en el territorio colombiano.

Se trata de duros cuestionamientos por parte de HRW a la política de seguridad nacional de Iván Duque.

La cual ha facilitado la ocurrencia de actos de violencia atroz en Colombia.

José Miguel Vivanco, presentó el informe sobre América Latina y cuando se refirió a Colombia, fue enfático en decir que Duque ‘predica y no aplica’.

Esto haciendo referencia a que sus discursos no son acordes con la práctica, pues considera que a pesar de su retórica, esta no corresponde a las acciones que viven los territorios y las víctimas del conflicto armado.

“El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los líderes sociales en los territorios”, manifestó Vivanco.

Además Vivanco, cuestionó las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre su posición para enjuiciar a las bandas sicariales en ese país.

“Si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, son dos cosas distintas, lo cual obviamente es valioso e importante, pero insuficiente si no se hacen esfuerzos para que las investigaciones judiciales apunten a los cabecillas”, cuestionó.

En el informe de la ONG se refieren a los discursos del presidente Duque donde resalta la importancia de preservar los derechos humanos, guiados por los estándares internaciones.

Pero, criticó la ofensiva «militarista» de Duque.

«La respuesta (…) es el despliegue de tropas militares, y obviamente no es suficiente si no va acompañado con esfuerzos para fortalecer la justicia, la protección de las personas», dijo Vivanco.

Para ‘ratificar’ sus premisas, el director de Human Rights Watch (HRW) se refirió a las 66 masacres que azotaron al país en el 2020.

Además, recordó el asesinato de los 421 precursores de los derechos humanos que perdieron la vida por expresar sus ideales y según argumentó, muchos de eos crímenes siguen en la impunidad.

«El año pasado ha sido probablemente uno de los peores para los derechos humanos, yo me atrevería a decir en las últimas tres décadas, confirmó en una rueda de prensa virtual».

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Ante los cuestionamientos de José Miguel Vivanco y HRW, defensores del gobierno Duque salieron a respaldar al mandatario colombiano.

Por ejemplo, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos aseguró que es “un poco exagerado decir que debajo de cada piedra hay un sicario”.

La consejera argumentó que el narcotráfico sigue siendo el principal problema en el país y por eso “es que se debe ser contundente la acción de la fuerza pública”

En relación con los cuestionamientos de HRW sobre la Fiscalía, defendió la postura del ente investigador asegurando que:

«Se generó el cartel de los más buscados, justamente porque la Fiscalía General de la Nación identificó 31 responsables de homicidios de líderes sociales».

Las reacciones en redes sociales están divididas: “hay muchas piedras” y no de todas salen sicarios se lee entre los comentarios.

Otros aseguraron que la mayoría de gente en el país es honesta y también se preocupan por la violencia y el respeto por los derechos humanos.

Vivanco también se refirió en el informe a otros países del continente, volvió a decir que las administraciones de Daniel Ortega en Nicaragua y a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba como «dictaduras».

“Son tres dictaduras que están más consolidadas y más fuertes que nunca a pesar de los abusos, a pesar de la presión que se ejerce a nivel internacional, de las denuncias, de la documentación que existe sobre crímenes atroces cometidos por esas tres dictaduras”, expresó el director de la ONG.

Human Rights Watch (HRW) advirtió que es “imperativo” que “haya justicia” en Venezuela.

Esto tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En dicho informe se advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de las fuerzas de seguridad.

Este informe “contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el Gobierno de Nicolás Maduro”, informa el comunicado de HRW.

Donde también destaca que el reporte se centra en “alegaciones relacionadas con el tratamiento de personas en detención”.

«En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad», aseguró el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco.

Y agregó que dichas acciones «se cometieron con el conocimiento de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales».

El comunicado de la ONG también destaca que:

“Dado que el poder Judicial de Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, la Fiscalía (de la CPI) debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la Fiscalía”.

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La Corte Penal Internacional hizo público en su informe anual los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en Venezuela, entre ellos tortura, violación y otras formas de violencia sexual.

Así como persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales internacionales.

Entre los cuerpos de seguridad a los que señala de cometer esos delitos está Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Así como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Después de tres años de iniciar una investigación preliminar, es la primera vez que la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica que fuerzas venezolanas están bajo sus pesquisas.

La ONG también subraya que desde 2004 el poder Judicial «ha dejado de actuar como una rama independiente del Gobierno (…) y el TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes …»

Y recuerda que las pesquisas de HRW:

“Han demostrado que el poder Judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes”.

Finalmente, aseguran que sus investigaciones demuestran que:

“Los abusos no fueron casos aislados ni el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad”.

Y que «han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», concluye.

Fiscal de la CPI concluye que hay fundamento razonable para creer que el régimen de Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad.Su decisión es un paso clave para la justicia.En Venezuela reina la impunidad.Comunicado de @hrw_espanol: https://t.co/byBD4XY6Fj pic.twitter.com/LtQK5mBzUF

Con información de EFE

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, celebró el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.

Vivanco cree que se trata de una paso seguro hacia una investigación oficial contra el régimen. «Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro», remarcó en su cuenta en Twitter.

“La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, ratificó Vivanco.

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En un comunicado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, resalta que la instancia valora que existen «fundamentos razonables para creer» que en Venezuela se cometen crímenes que son de su jurisdicción.

La Fiscalía pidió a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes». Todo de «conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma». Este requerimiento de información significa que «el informe preliminar se encuentra en una fase final importante, la de admisibilidad».

Por su parte, activista por los DD.HH. Tamara Suju, considera que la CPI ya tiene a Venezuela en la fase III del proceso. Esto quiere decir que la corte pasará a valorar si la justicia venezolana ha castigado a los responsables de estos crímenes.

Asimismo, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las pruebas presentadas por su despacho, ante la CPI, son contundentes, relacionadas con la violación de los DH.HH. en Venezuela. Por lo que también celebró la decisión de Bensouda. Ortega Díaz asegura que no descansará hasta que haya justicia en Venezuela.

**Importante**La Fiscal de la Corte Penal Internacional concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro. https://t.co/6XOycMtU3i

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW), aseguró que el informe de la ONU sobre Venezuela no tiene precedentes.

Sostuvo que «este informe es lo más fuerte que se ha producido en las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. No hay nada que se le compare».

Aseveró que «es una notificación a Maduro. Una forma de decirle que él no podrá jamás decir que estos hechos se produjeron a sus espaldas o que son hechos aislados».

Dijo, en un comunicado, que «constituye una acusación contundente que atribuye responsabilidad directa a autoridades del más alto nivel». Esto incluye «al jefe de Estado, por abusos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos y por abusos contra manifestantes en Venezuela”, ratificó.

Destacó que el antes y el después del informe radica en que no había pruebas de que las violaciones a los DD.HH tenían un patrón y quién las ordenaba. Ahora, con el informe sí. «La pregunta que estaba sobre la mesa era si estas violaciones respondían o no a un patrón de conducta, si había una especie de plan concebido al más alto nivel por parte de la autoridad en Venezuela», dijo.

«Queríamos ver si las violaciones correspondían a crímenes aislados o que obedecían a una especie de política oficial», agregó.

En consecuencia, «concluye que esta represión que se realiza a lo largo y ancho del país por parte de las agencias de seguridad y algunos civiles delincuentes, estaban autorizadas desde el más alto nivel».

Maduro, en alguna oportunidad dijo que retaba a alguien a que le llamara «dictador». Según Vivanco «en una dictadura con estructura piramidal, esas violaciones a los DD. HH son el resultado de una política de Estado. Cuenta con el impulso, la aprobación y el encubrimiento de las autoridades».

Por tanto, el director de HRW, cree que «el informe deja a Maduro más aislado y debilitado de lo que estaba, y más desprestigiado».

“En Venezuela ya no queda ni una fachada de proceso democrático”, así de tajante fue el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, al criticar los últimos fallos del TSJ de Nicolás Maduro contra los partidos políticos de oposición.

“Cuando un poder judicial que responde a (Nicolás) Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, lamentó Vivanco a través de un comunicado enviado a la prensa.

Este martes, el TSJ del régimen le arrebató el partido Voluntad Popular a su fundador Leopoldo López y se lo entregó a dos militantes, José Gregorio Noriega y Lucila Pacheco, que fueron expulsados de sus filas por incurrir en actos de corrupción.

Este mismo fallo ocurrió con otros partidos como Acción Democrátca (AD) y Primero Justicia (PJ). Todavía queda un proceso abierto al partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

En el documento, la HRW dice que el derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia “requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado”.

Human Rights Watch concluye que las sentencias de TSJ del régimen viola el derecho de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación.