El Patrullero de la policía Juan Camilo Lloreda admitió los delitos de homicidio agravado y tortura agravada hacia el abogado Javier Ordónez. 

Acuerdo al que llegó con la Fiscalía contempla el pago de una millonaria multa y un acto público de perdón dirigido a las víctimas.

Como parte de un acto de arrepentimiento y colaboración para esclarecer lo ocurrido a Javier Ordóñez, quien murió a causa de golpes infligidos por la policía colombiana.

Juan Camilo Lloreda, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales.

Lea también: ¡CON BRUTALIDAD! Actuaron policías que asesinaron a Javier Ordónez

El Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalará el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.

Ordóñez falleció en la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, después de encontrarse con un grupo de policías.

El patrullero Juan Camilo Lloreda, le propinó golpes y varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.

Agresión que fue grabada y divulgada por redes sociales, imágenes que provocaron una ola de protestas.

“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó la Fiscalía colombiana.

Los policías inmersos en el crimen (Rodríguez y LLoreda) fueron destituidos e inhabilitados por 20 años, la máxima sanción disciplinaria a un servidor público en Colombia.

En el juicio se confirmó que actuaron con brutalidad policial, crueldad, cobardía e intensión de hacer daño.

Javier Ordóñez murió a consecuencia de la golpiza que ocasionó que su riño izquierdo se reventara.

#ATENCIÓN | 20 años de prisión cumplirá patrullero involucrado en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez. Se trata de Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad en estos hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020, en #Bogotá. pic.twitter.com/0jCRzKwBxy

Policías acusados de asesinar y torturar a Javier Ordóñez tendrán que continuar su proceso en la cárcel de Facativá.

Fueron enviados a prisión por la juez 29 de garantías en Colombia quien tomó la decisión despúes de una audiencia virtual que se prolongó por cuatro días.

Audiencia en la cual la Fiscalia colombiana había solicitado justamente la medida de aseguramiento contra los dos agentes involucrados en el caso.

La jueza presentó los argumentos para enviarlos a prisión a pesar de que el ente investigador colombiano no estuvo de acuerdo con enviarlos a eso centro de reclusión.

La cárcel de facativa es la prisión donde son enviados los policías inmersos en delitos.

La Fiscalia había solicitado que fueran enviados al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.

Lea también: Colombia reanuda vuelos internacionales después de casi 6 meses

La Procuraduría, por su parte, estuvo de acuerdo con la decisión judicial. Mientras tanto, los abogados de los uniformados pidieron que sean recluidos en casa por cárcel.

Defensores de los policías argumentan que sus clientes no pueden ir a la cárcel porque tienen familia, esposas e hijos.

Además, no han tenido ningún tipo de investigación previa ni en la Fiscalía ni el la Procuraduría.

Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz tendrán que esperar la decisión del lugar de reclusión pues continúa en discusión.

Envíarlos a la cárcel contó con la argumentación de la jueza quien leyó la descripción del fiscal de los hechos de la madrugada del 9 de septiembre.

Describió los detalles que llevaron a la muerte de Javier Ordóñez, como los videos que evidenciaron excesivos golpes que le propinaron a la víctima y «causaron lesiones muy graves, como lo mostró la autopsia«.

Asimismo la jueza criticó que los uniformados actuaran de una forma tan violenta contra el ciudadano y deshonraran el uniforme.

Además que hicieran quedar mal a la Policía Nacional y, como consecuencia de ello, se “incendiara la ciudad”.

La jueza también consideró los peligros que pueden existir para el testigo que ha relatado paso a paso lo que sucedió.

Armando Vergara, veedor de la policía en Colombia denunció amenazas contra su vida tras revelar que  Javier Ordóñez, muerto en custodia policial, no fue golpeado en el CAI de Villa Luz.

Esta versión la conoció Vergara del propio Juan Camilo Lloreda.

El veedor también dio a conocer un audio del patrullero Juan Camilo Lloreda, implicado en que el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez.

En dicho audio, que conoció el diario El Tiempo de Colombia, Lloreda explica la actuación de Ordóñez.

Lea también: CUATRO militares venezolanos muertos deja lucha territorial entre FARC y ELN

«Nadie se pone el uniforme con la mentalidad de que pase esto a nadie. Es una situación muy difícil», le dice Lloreda al veedor.

«Mi compañero y yo estamos bastante afectados, la impotencia que nos da ver  (—) estamos esperando a ver con los abogados (…) Ya gracias a Dios mucha gente del sector nos conoce y saben cómo somos y vio lo que pasó, han dicho que si quieren sirven de testigos de lo que vieron y pasó», dijo el patrullero.

«No había nadie por ahí para decir que nosotros lo ingresamos al CAI para golpearlo (…) Esa época en la que usted repartía leña y no pasaba nada, ya pasó de moda. Uno debe ser muy profesional en los procedimientos», dijo.

En el audio supuestamente también se escucha  que cuando lo llevaron al CAI no estaba herido por arma blanca, como lo muestra la necropsia en el hombro izquierdo.

«En el CAI, antes, se entró alzado (…) lo sentamos y, eso sí, aún así oponía resistencia, tocó sentarlo y se pegaba en la cabeza. Fue cuando decidimos no moverlo más porque dije, va y dicen que en el CAI fue que lo volví nada. Hicimos video de cuando se estaba pegando», asegura Lloreda.

Además, el patrullero Lloreda dice que lo grabaron en video cuando se golpeaba la cabeza dentro del CAI.

«Tenía el golpe en la cara, siempre hemos dicho que le tiramos a la cara (…) creo que fue por el puño que le pegaron (…) He escuchado que ese man era muy conflictivo. Hace un mes tuvimos un procedimiento con él por que al parecer le tocó la cola a una guarda, pero ella no quiso denunciar (…) los compañeros lo tuvieron que sacar», señaló.

La Fiscalía ya solicitó la detención en centro carcelario de los ahora exagentes de policía Lloreda y Harbey Rodríguez, señalados de homicidio y tortura agravada.

En audiencia de imputación de cargos ante una jueza colombiana, ninguno aceptó cargos; por lo tanto se irán a juicio los dos.

También se conoció que su defensa, manifestó que hay un conflicto de competencias y que el caso debería asumirlo la Justicia Penal Militar y no la justicia ordinaria.

Para la tarde de este domingo se espera resolver la solicitud de la Fiscalía colombiana de medida de aseguramiento para los policías expulsados de la institución.

Tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía colombiana por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, los policías Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, no aceptaron cargos e irán a Juicio.

Esto obliga a la justicia a llevarlos a juicio para demostrar su inocencia. En medio de su negativa su defensa también planteó que un conflicto de competencias.

Según ellos, el proceso no lo debería llevar la justicia ordinaria sino la Justicia Penal Militar. 

Asimismo debido al interés que ha generado el caso, la Fiscalía solicitó que la audiencia se hiciera a puerta cerrada y de forma reservada para no afectar la investigación.Lea también: «INFAME Y MEDIOCRE»: régimen de Maduro responde al informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad

Esta petición fue apoyada por las demás partes y la juez ordenó que no se permitiera el acceso a los medios.

En la primera audiencia, que fue la de imputación de cargos, la Fiscalía dio a conocer las evidencias como testimonios y dictámenes de peritos.

Incluyó el resultado de la necropsia de Medicina Legal que daba cuenta de la contundencia con la que fue golpeado el abogado Javier Ordóñez.

También dio a conocer testimonios sobre los golpes que habría seguido recibiendo la víctima dentro del Centro Atención Inmediata de Villaluz (occidente de Bogotá).

Necropsia entregada por el Instituto de Medina Legal en Colombia reveló que a Javier Ordóñez le reventaron su riñón producto de golpes contundentes en su abdomen.

El dictamen forense, el cual detalla las causa de la muerte, asegura que esto ocasionó una hemorragia masiva abdominal.

En la audiencia la Fiscalía pedirá que los policías sean asegurados en centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra. 

Luego de varias horas durante las cuales no se supo nada de su paradero, el agente Juan Camilo Lloreda se entregó.

Se trata del ahora expolicía que usó la pistola taser contra el abogado Javier Ordóñez. Las autoridades del país vecino lo señalan de ser uno de los responsables del asesinato.

Su abogado, Jesús Libadier Giraldo, confirmó que el uniformado destituido se «presentó voluntariamente» ante la Fiscalía.

Antes de su entrega, las autoridades establecieron que estuvo en su casa, en un barrio de Engativá, junto a su esposa, publicó Noticias Caracol.

Sin embargo, al enterarse de la orden de captura emitida en su contra, Lloreda se refugió en la vivienda de unos familiares que también residen en ese sector.

Lea también: Congreso peruano debate destitución: Vizcarra asegura que no cometió delito alguno

Hombres del GOES, la Sipol y la Sijín llegaron hacia las 9:30 de la noche del jueves a ese inmueble para detenerlo. Pero no pudieron ingresar porque no tenían orden de allanamiento.

La familia de Lloreda no permitió la entrada de los uniformados. Pero, aún en la madrugada, hacia las tres, seguían afuera de la residencia a la espera de que el patrullero se entregara.

Tanto Lloreda como Harby Damián Rodríguez, se encuentran nuevamente bajo custodia de las autoridades.

Se les acusa por los delitos de homicidio y tortura agravada. La Fiscalía general de ese país espera el inicio de audiencia de garantías. Allí solicitará cárcel para los dos oficiales por la muerte de Javier Ordóñez.

El asesinato del abogado, a manos de estos policías, desató una ola de violencia y protestas en Bogotá, principalmente, por el abuso policial. Las protestas dejaron un saldo de 13 muertos, cientos de heridos y pérdidas materiales.