En Persia, durante el reinado de Cambises II (530-523 a. C.), conquistador de Egipto, hubo un juez, Sisamnes, que aceptó soborno para proferir sentencia injusta. Descubierto, el Emperador ordenó se le despellejara vivo y luego tapizar la silla desde la que presidió miles de juicios, con la piel. El mueble pasó a ser ocupado por su hijo Ótanes, quien sobre el cuero, en audiencias, deliberaciones y fallos, se hizo inmune al fatídico error de su ascendiente.

Una obra del pintor gótico y estilo flamenco, Gerard David (1460-1523), conocida como “El juicio de Cambises” y también como “El desollado del juez corrupto” (1498), refleja en forma impresionante lo que se cuenta. Sisamnes, sometido en público, es manipulado por cinco hombres con cuchillos, mientras Rey y séquito observan impávidos. En la parte superior derecha de la pintura está Ótanes, ya administrando justicia, mirando el macabro trato a su progenitor.

La Biblia dice: “… Puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del SEÑOR que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor del SEÑOR esté sobre vosotros; tened cuidado en lo que hacéis, porque con el SEÑOR nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni soborno…” Segundo Libro de las Crónicas 19:5-7.

La concepción cristiana se impone en términos similares en todas las religiones: Dios no acepta influencias y coimas cuando juzga, entonces quienes lo hacen en la tierra deben proceder igual. Cartas Magnas y leyes de todo el mundo están impregnadas del precepto, se le acepta sin discusión.

En octubre de 2020 se hizo viral en RRSS venezolanas audio de supuesta juez (se puede oír en IG @bitacorapenal), dando sus razones del por qué de la corrupción en tribunales, dijo: “… es bueno ser honesto… siempre y cuando existan las condiciones… pero si te llevan a un sistema como éste el que quiera ser honesto tiene que irse del Poder Judicial… nadie puede vivir con $10… hasta la persona más honesta se corrompe… uno no tiene las condiciones mínimas para comer… el servicio de una casa gana más porque le dan alimentos y le pagan $100 mensuales… el que está ahí con $10 todo el mundo sabe por qué está… la moral y la ética se acabaron…” sencillo, confesó ser delincuente.

Un juez superior en Venezuela devenga máximo $15 y de primera instancia $12. No han recibido aumento en más de cuatro años; tienen seguro médico, pero como si no; carecen de condiciones mínimas de trabajo y para colmo la epidemia. Con los salarios que paga el Poder Judicial no hacen nada. Es cierto que una señora de limpieza gana más que abogados con maestrías, especializaciones y  doctorados, un día se lo cancelan en $15, entonces, afirmar que quien ocupa el cargo es para cosas malas, tiene fundamento lógico: si no hay renuncia es porque usa vías aviesas que a costa de los demás le hacen menos difícil la vida a él. No hay forma en la actualidad de verlos como probos, íntegros, la única verdad del audio es que se sabe que andan en malos pasos.

«Un juez superior en Venezuela devenga máximo $15 y de primera instancia $12. No han recibido aumento en más de cuatro años»

El refrán “la mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo” es especialmente aplicable a la figura del juez y más al penal.  El togado es como cualquier persona, pero al mismo tiempo muy distinto, está investido de jurisdicción, facultad de aplicar la ley en nombre del Estado a sus semejantes para nada más y nada menos decidir si es culpable o inocente, por eso enseñarse decoroso, recto, es fundamental para que se le respete.

El Tribunal Supremo de Justicia debe darle carácter urgente al aumento decente de sueldos de todo el personal a su mando y logrado, establecer un régimen disciplinario sancionatorio implacable contra los renuentes, de lo contrario sus víctimas, en legítima defensa, tendremos que empezar a difundir la historia de Sisamnes y obra de David, para que elijan limpiar casas antes que cobrar “por hacer justicia”. Busquen y contemplen el cuadro, lo expresa todo.

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El 12 de marzo de 2020 Nicolás Maduro decretó estado de alarma ante la expansión global del coronavirus.  En junio acogió esquema de flexibilización 7+7, “modelo venezolano”, que el 4 de octubre ordenó fuera “plus” para lograr la disminución de contagios y el 8 de noviembre  avisó quedaría sin efecto desde el 1° al 31 de diciembre, para tener “navidades felices” si nos cuidábamos “bien cuidaditos”.  El 3 de febrero de 2021 lo desactivó por carnavales ya que había “nivel de control mejor que en EEUU, Colombia, Europa y Brasil, que se jactan de ser lo máximo”.  El 9 de marzo declaró “cerco sanitario y flexibilización limitada y parcial” en Caracas y estados Bolívar, Miranda y La Guaira, donde según había aparecido la “variante brasilera”.  El comportamiento presidencial permite proyectar que en la Semana Santa, cuyo jueves y viernes corresponden a 1º y 2 de abril, se verá el mismo desastre de relajo social de las dos últimas fiestas.

El 9 de septiembre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) en  su segundo “Informe sobre el estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias”, precisó que la principal causa de su expansión fue el subregistro de casos (estadística no ajustada a la realidad).  Ató cualquier diseño de flexibilización a que se ampliaran las pruebas RT-PCR, mínimo 8000 diarias, de forma descentralizada, abarcando asintomáticos y con entrega de resultados en máximo 72 horas, sino entre octubre-diciembre los contagios serían 14.000 por día.  En su Boletín N° 39, noviembre, participó que la cifra de nuevos casos era la adelantada; que la epidemia estaba fuera de control;  que sus modelos matemáticos  arrojaban desde fines de octubre ascenso numérico que coincidía con aumento en la movilidad;  y que preocupaba la flexibilización total en navidad, porque el diagnóstico, imprescindible para la vigilancia epidemiológica, por razones desconocidas se había reducido.  

El 3 de enero de 2021 Maduro expresó en cadena nacional haber firmado con  Rusia un contrato para 10 millones de vacunas “que lleguen el primer trimestre.  A la batalla contra el Coronavirus le queda mucho tiempo.  Aspiramos que sea totalmente segura, pero tenemos que hablarle claro a nuestro pueblo, la mayor vacuna, la mayor medicina es el tapaboca utilizado correctamente todo el tiempo; la sanidad de las manos. Cuidarnos, se los pido de corazón, lo hago por ustedes, ya pasó la pachanga, tengo moral para exigir”.

El 6 de marzo de 2021 el Primer Mandatario fue vacunado con la Primera Combatiente,  sirvieron de  ejemplo para  mostrar la “eficacia y fe” en la Sputnik V.  Hasta el momento han llegado 100.000.   «Yo había calculado abril como el mes para la expansión de la vacunación, ojalá cumplamos, porque hay problemas en la producción,  apenas 10 países están acaparando el 90 %, entonces es clave la prevención»… la pareja está protegida.

La ACFIMAN  advirtió en el tercer Informe sobre  estado de la epidemia (febrero 2021), que “las altas tasas de movilidad registradas durante las últimas semanas anticipan un aumento de casos”.

La Academia Nacional de Medicina en su Boletín Nº 16 del 15 de marzo de 2021 alerta que de acuerdo a las últimas cifras disponibles, Venezuela solo cuenta con disponibilidad de dosis para el 38% de la población. Resalta que “lamentablemente, no están disponibles en las fuentes oficiales del MPPS el número de personas vacunadas cada día, ni la distribución geográfica, los grupos de edades, y las características de los servicios en los cuales fueron administradas, por lo tanto, no es posible conocer el cumplimiento de las metas, ni los escenarios para los próximos meses. En consecuencia, no es factible realizar las comparaciones internacionales, de especial valor para introducir mejoras en la gestión”.

Hoy prefiero sea el lector quien produzca conclusiones de este artículo, sólo recomiendo lo lean entre líneas.  Falta mucho que sacar del tintero sobre el tema, si Dios quiere daré las mías cuando esté vacunado, no creo sea antes del próximo diciembre.  Haya acuerdo o no entre las dirigencias políticas enfrentadas, para comprar las vacunas ¡cuídense! ni una ni otra  lo harán por nosotros.

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Un profesor de la universidad, cuando le preguntaban si algún nuevo material de estudio era bueno, respondía: “pal que le gusta lo malo”.  Jamás me atreví pedirle explicación acerca de lo que significaba la frase, era de esos abogados cortantes, no quería me saliera con una de las suyas.  Mi padre también la utilizaba, pero menos disipó la duda, la empleaba con sarcasmo y  quien usa la ironía como recurso frecuente de habla no aclara expresiones.  Me costó despejar la hesitación.     

Varias veces leí en Twitter  publicaciones de muchos usuarios defendiendo a la principal cadena de farmacias de Venezuela, como si fueran sus propietarios, cuando alguien denunciaba altos precios de  medicamentos o nunca tener vuelto en dólares para que se gastara todo el billete.  A quien  protestaba la mínima calificación que atribuían era  “chavista de closet”.  “Vayan a comprarle a Maduro”, aconsejaban, justificando su amenazante actitud alegando que por lo menos en ese comercio se conseguían las cosas, caras, pero se conseguían.    

Lo radical de los fanáticos de la botica me exasperó y escribí en la red social que fui a una de las sucursales buscando solución fisiológica, pera para enema, supositorios de glicerina e inyectadora tipo probeta y no tenían ni una de esas cosas elementales, me llamaron mentiroso.  ¿Qué soy, aspirante a chavista o chavista de closet? riposté, “estúpido” apareció del otro lado.  Por cierto, nadie me quita de la cabeza que esa compañía se sirve de “guerrilla comunicacional” parecida a la roja rojita, porque apenas la citas en negativo te caen como pirañas.

Otro caso.  Voy a un Centro Comercial donde reside otra cadena, de ferretería, la más grande del país.  Cargo cien dólares.  Entrando, aviso en caja que pienso gastar entre 50 a 60 y me dan visto bueno para el cambio.  Más de una hora de cola y cuando ven el billete lo rebotan.  Reclamo y aconsejan que gaste 80, me voy.  Al ir a pagar el estacionamiento entrego un dólar, no hay bolívares, el taquillero  dice que por “política de la empresa” no lo aceptan. Pido llame al supervisor… no hay solución.  Telefoneo para que me transfieran, no hay cobertura.  Al final un señor  me ayuda, “tranquilo, Yo pago, me ha pasado”.   

Otra experiencia.  Donde funcionaban primero los CADA y después los Abastos Bicentenario hay ahora bodegones iraníes.  Estoy en uno, ajetreado embolsando los productos y escucho un grito como de Tarzán:   “póngase bien el tapabocas”, no pienso es conmigo, pero sí, era el destinatario. Veo una inmensa mujer, como barloventeña, quien me repite la orden estilo militar, pero  notó que el de ella no  cubre tampoco la nariz,  le reclamo la falta de moral y fue peor. Procedo a retirarme pero me advierte que primero debo poner todo en los estantes… se formó el zafarrancho.

Necesitaba comida.  Me dirijo a otro supermercado, con gentilicio de ciudad portuguesa. Todo bien hasta que voy a la salida.  Revisan artículo por artículo con calma de tortuga, un abuso porque es sospecha de delito, después de haber cancelado son tuyos, nadie puede tocarlos.  Una botella de ginebra  la chequearon con tal fuerza que aflojaron el dispensador,  al llegar al carro había botado la mitad. Me regreso, hablo con el de seguridad y me acusa de dudar de “su” personal, condicionando el cambio a  revisar las cámaras de seguridad para determinar de quién fue la culpa, NCIS pues.  Milagro, hablo con el gerente y se da cuenta que tengo razón, listo.

Vía al hogar una alcabala de las FAES.  “Estaciónese a la derecha”, 20 minutos de espera, llega el malandro, digo, el funcionario.  Pide papeles, todo en regla, listo, pienso, pero no, viene lo bueno. “Baja el vidrio trasero”, ve las bolsas y los ojos le brillan.  “Factura”, no aparece.  Comienza el matraqueo, pero al bajarme del carro estaba en el asiento.  El tipo ruega “déjanos algo que no hemos desayunado”, jajajaja, me voy.  Llego a casa, saco hielo, sirvo el trago que merecía y se fue la luz, ah y el agua.  Lo saboreo y aunque es marca de tercera me supo a gloria… por fin entendí la frase “pal que le gusta lo malo”.  Sin calidad de vida y en Dictadura, lo peor es bueno.

@doctorgoitia

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En la apertura del año judicial 2021, Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), planteó la necesidad de contar con:  “… un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista Arminio Borjas advertía: una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho…”.  Paradójico, porque con Alex Saab, colombo-venezolano detenido desde junio pasado en Cabo Verde, África, por presunto lavado de al menos 350 millones de dólares y a quien el gobierno nacional incluso ha homenajeado con conciertos en que se reclama  su libertad, los defensores han interpuesto decenas de  impugnaciones.

Los recursos son base del Estado de Derecho, “damas” a las que no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa.  Caprichosos o incómodos hay que tolerarlos porque constituyen la única vía para corregir errores y arbitrariedades de jueces. Casos reales ayudarán a comprender.

A mediados de febrero de este año se hizo viral video en el que aparece joven propinando paliza a otro. Fue en Barquisimeto. Después de noquearlo con golpe en la mandíbula, lo pateó en la cara varias veces con toda  fuerza. La víctima fue ingresada a cuidados intensivos. El bravucón se entregó a las pocas horas.  

La opinión generalizada atribuyó al mozo pendenciero el delito de homicidio frustrado, con ensañamiento. La pregunta es: ¿Bastaría una sola sentencia para condenarlo o absolverlo, o sería justo que otros jueces pudieran revisar el fallo para confirmar si es culpable o inocente?  El próximo caso ayudará a responderla.

En  San Rafael de Atamaica, Apure, a la salida de un bar, discuten dos primos. Un conocido interviene para evitar se vayan a las manos. El mediador es asesinado a golpes por uno de los camorristas.   

En el pueblo se sabe quién lo mató, pero asombro, el fiscal del Ministerio Público asignado a la investigación, no. Presentó acusación pero ni una palabra escribió para explicar qué pasó.  Calló lo que dijeron tres testigos acerca de cómo se produjo el suceso. Le pagaron para que “trabajara” así.

El juez que decidió la causa calificó lo acontecido como homicidio en riña, falso, varias personas que presenciaron los hechos manifestaron en entrevistas que el intercesor no movió un dedo. El togado sentenció con argumento del “Chavo del 8”:  “fue sin querer queriendo”, según, con manos y pies no se podía intencionalmente matar.  Condenó a cuatro años de prisión y decretó la libertad inmediata del acusado, visto que “el TSJ no quiere hacinamiento carcelario”.

La fiscal apeló, obligada porque le habían descubierto el soborno. El recurso llegó a la Corte y ésta estableció que el Chavo, perdón, el juez incurrió en grave error, ya que con pies y manos se quita la vida a cualquiera; que incumplió la obligación que tenía de ordenar corregir la acusación para que se explanara de manera clara, precisa y circunstanciada el objeto de juicio;  y que dio libertad sobre falso supuesto, porque el TSJ jamás consideró acabar con el hacinamiento penitenciario de la forma invocada.  

El nuevo marco legal que se desea es el de la minusvalía del derecho humano a la doble instancia, el de su máxima reducción con la excusa de hacerlo “dinámico y funcional”… autoritarismo, no otra cosa se puede concluir de la propuesta de eliminar la “red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho”, expresión que se asignó al maestro Borjas, procesalista patrio de los más importantes a nivel latinoamericano, pero fuera de contexto, ya que la formuló refiriéndose a la falta de ética de algunos abogados en juicios civiles, Derecho Privado, para retardar ese tipo de proceso, no en los que está interesado el orden público.

Con manos y pies se puede matar a un hombre, también a la Justicia.  Quien tiene cultura jurídica valora y respeta a los recursos, quien no, los tilda de embrolladores.  Detrás de cada decisión debe haber uno, harán más sólido al juez probo y pondrán en flagrancia al corrupto, y cuando resulte que sean usados aviesamente, debe recordarse que al infractor caben sanciones por mala fe en el litigio.

@doctorgoitia

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En grupo jurídico de Facebook leí:  ¿Puede un juez revocar su propia decisión?  “No, a quién se le ocurre”, repetí muchas veces sustentado en lo que aprendí en mis primeros días de estudiante de Derecho, pero lo vivido con la revolución en Venezuela me hizo dudar rápido, todo es posible.  Volví a la red y había un comentario que respondía “… sí, el  TSJ dictó fallo que lo permite”.  

El 18 de noviembre de 2020, la Sala de Casación Civil (SCC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de Marisela Valentina Godoy Estaba, dictó decisión en el expediente 2008-000191, en que se expresó:  “… resulta pertinente aplicar la excepción al principio de irrevocabilidad de las sentencias, que surge en el marco de la interpretación del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, según la cual, a fin de garantizar la Justicia, el Tribunal que se percate que el fallo por él emitido violenta la Carta Política Fundamental… puede, a pesar de la prohibición establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, revocar su propio fallo…”.

 Aprecié la motivación como errónea y sin trascendencia, simplemente la SCC  precisó cómputo equivocado en que se basó para declarar extemporáneo  un recurso y dictó auto que corrigió el error, quedando anulado el primero.  No hay nada extraordinario en el asunto, simple y común rectificación.  El pronunciamiento se  regó como pólvora entre abogados, la mayoría opinando -sin precisar el contexto en que se emitió- que cualquier juez podría  dejar sin efecto sus sentencias.  Volví al pensamiento de lo absurdo, pero rápido regresé a la hesitación.

En el acto de apertura del año judicial 2021, Maikel Moreno (MM) manifestó:  “… el mundo debe conocer que Venezuela tiene una Constitución que marca el camino pacífico y perfecto para escoger nuestras autoridades… la reestructuración del Poder Judicial es un hecho… instamos al Poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y más funcionales… Código Orgánico Procesal Penal, Código Penal… leyes contra el terrorismo… requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista Arminio Borjas advertía: una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el Derecho…”.

El que tenga oídos que oiga.   Dijo MM era un hecho la reestructuración del Poder Judicial;  instó al Legislativo a reformar con urgencia leyes penales y destacó que la actual Carta Magna es perfecta. 

El funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (2017) se entiende es para elaborar nueva Constitución.  MM ni la mencionó en su discurso, al contrario, resaltó que la “bicha” era impecable, por lo que lo mínimo que se puede deducir es que la “futura” es inútil.

La iniciativa de leyes en materia sustantiva penal es de la Asamblea Nacional (AN) y electores en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos en el Registro Civil y Electoral, de forma que instar al Legislativo a reformar las penales con urgencia, es mínimo una falta de respeto, quizás impulsada, pero no justificada, por la que también cometió Iris Varela cuando exigió al TSJ ordenar cárcel para los diputados de la AN que existió hasta el 2020.  El principio de coordinación de poderes no abarca estos abusos.     

El Poder Judicial tiene autonomía funcional, financiera y administrativa, pero no puede cambiarse así mismo, sólo a través de ley o vía constitucional que no altere la estructura y principios del texto fundamental, pero MM, frente al Presidente de la República y de la AN (¿lo haría sin permiso?)  anunció  que la metamorfosis estaba en marcha.

 En Argentina, desde hace dos décadas se ha estado trabajando en una corriente a la que se ha llamado “activismo judicial”, que a juro se ha querido enfrentar con otra denominada “garantismo”.  La confrontación se sustenta según en una “visión diferente del proceso”. 

Al garantismo se le critica no  preocuparse en dar justa solución al caso y preferir mantenerse fiel al marco procesal;  al activismo judicial se le aplaude anticiparse a las leyes, poco prácticas, desligadas de la realidad y morosas con la sociedad.  Ha tomado mucha fuerza en la nación sureña con el kirchnerismo y divulgado en varios países latinoamericanos como paradigma del Estado Social Constitucional de Derecho. Pudiera resumirse así: el juez en algunos supuestos (quedan a su arbitrio) puede desatender forma y fondo si asume son incompatibles con la “justicia”.

Consideré tonta la pregunta de Facebook, me equivoqué, pero corrijo y predigo que la “Sentencia Godoy” es la punta de lanza para implantar el activismo judicial en nuestro país.  No hará falta Constitución, reestructurar el Poder Judicial y reformar leyes, sólo fueron temas de un discurso sin importancia.  MM avisó lo que viene… autoritarismo en tribunales.

@doctorgoitia

Desde el 2010 Katty trabaja en un matadero de pollos en Los Teques, población del estado Miranda en Venezuela,  los últimos tiempos intermitentemente, cuando llegan, según por consecuencias de la “guerra económica”.  Es obrera, embolsa.  No ha ascendido en la empresa y peor, gana un dólar semanal, pero no renuncia porque recibe cada quincena bono de diez aves que es con lo que ha subsistido, haciendo trueque, para mantenerse con dos hijos y nieta.

Hace cinco años logró ahorrar algo de dinero.  Lo invirtió en una moto, para venderla por si se presentaba cualquier emergencia, que acaeció.  La negociación la hizo como es normal en sectores populares:  toma tu dinero, dame lo mío.  Fue pasando así por muchas manos hasta que el pasado diciembre mataron al último comprador para robársela.

Comenzaron las pesquisas y lógico, abarcaron a quien aparecía en el registro legal como dueño, y compañía.  Fueron a él y de ahí pasaron a Katty y varios.  La  buscaron en casa un lunes,  temprano, no estaba.  El “sutil” llamado a la sospechosa lo atendió su vástago adolescente a quien los gendarmes llevaron detenido a “El Paso”, centro de operaciones.  Sabían era efectivo para hacerla aparecer, de hecho, en menos de una hora se apersonó.     

Le ordenaron callar y advirtieron que si intentaba buscar ayuda los problemas serían mayores.  Salteado la interrogaron hasta que llegó la pregunta clave:   ¿dónde trabajas?… “en un matadero de pollos”.  Los ojos de los sabuesos brillaron, diciendo el de mayor rango:  “te vas, pero mañana  de madrugada estás aquí con 40”.   Desde el mediodía hasta las once de la noche la tuvieron “retenida” sin tomar agua, comer, ir al baño y parada.

 Sólo cinco consiguió, los de su nevera, pero se presentó, a fin de cuentas el que no debe no teme.  La pasaron a una oficina inmunda en el área de calabozos.  Rindió declaración pero no la soltaron, faltaban 45, sí, 45, la cuota había aumentado porque al jefe de brigada lo dejaron por fuera y no  podía permitir el “guiso”. Un grupo salió con ella a practicar  visita domiciliaria en su residencia y la de otro “sospechoso”… inútiles.  Regresaron, de nuevo a la zona de celdas;  la esposaron a silla, y sorpresa, nuevo número de plumíferos, 60, 30 en la tarde y 30 el próximo martes.  Era un acuerdo al que se había llegado entre captores y el  jefe de seguridad del matadero, compañero de graduación de los activos, quien enterado de los hechos pretendió aplicarle “operación colchón” con el convenio.

Pero los extorsionadores no se dieron cuenta que Katty portaba un celular.  Aprovechando que almorzaban pudo comunicarse con juez jubilado a quien en pasada época le sirvió como doméstica.  De alguna manera tenía que enfrentar la jauría de polizontes.  El togado contactó al supervisor de regiones quien a su vez lo hizo con el comisario de área.  Ayudaron.  El número 1 local se dirigió a donde estaba privada de libertad y gritó su nombre, la ayudó que era apellido Rico, igual que el del Director Nacional de policía.  Brincaron los guapos como corderos.

La pasaron a otro piso y hasta café le dieron.  El acta que  era garantía del botín, en minutos apareció y se firmó.  Saliendo le ofrecieron disculpas por el “error”.  Un  funcionario, de los “buenos”, le hizo saber su solidaridad reprochando el abuso, pero lo justificó aclarando no fue la única a quien se le pidió vacuna;  el “malo” no volvió a verla, estuvo cabizbajo, asustado, porque a final de la tarde tendría  que rendir cuentas con sus compinches.

Refieren con preocupación abogados y víctimas sobre la modalidad delictiva que está aconteciendo, consistente en que al averiguarse el delito se hurga en el entorno para saber quién posee ciertos recursos económicos, luego se entrevista a cualquiera que lo menciona, sin ver con el asunto, para tener la excusa de citarlo y perturbarle la existencia como a Katy, con amenaza de cárcel si no paga. Los directivos saben del desastre… el caos los absorbe.

Se desató el sálvese quien pueda, cuiden sus pollos.

@doctorgoitia

La resolución del conflicto social que origina el delito no se duda debe estar en manos del Estado, en distintas sería vendetta.  Es asunto complejo su resolución.  La víctima aspira a toda costa el desagravio inmediato del daño y en mayor proporción al sufrido.  El victimario quiere libertad, al precio que sea.  El Ministerio Público, que no Vindicta Pública como mal se le llama en sinónimo que traduce venganza pública, inaceptable, acusa aunque es parte de buena fe.  El juez aplica el Derecho, mas fallas y vicios hacen que muchas veces lo haga torcido.

El conflicto de intereses que genera el delito suscita situaciones espinosas e inimaginables.  Los jueces están para zanjarlas, pero cuando carecen de sapiencia, no son autónomos o la instancia encargada de fijar criterio jurídico es inepta y aviesa al establecerlo, la cosa se complica.  Algunos casos reales pueden servir para demostrar la importancia del conocimiento, la independencia y respeto cuando se imparte justicia.

Conocimiento.  En accidente murió niño por arrollamiento.  Se decretó la aplicación del procedimiento ordinario por homicidio culposo y dictó contra el chofer medida de presentación, acreditado no hubo exceso de velocidad ni consumo de licor u otras sustancias ilícitas.  La semana siguiente el mismo sujeto (tampoco ingirió alcohol ni drogas) estuvo envuelto en suceso donde motorizado colisionó contra la parte trasera de su vehículo, resultando éste fallecido y lesionado el parrillero.  Lo privaron de libertad atribuyéndole homicidio intencional a título de dolo eventual y lesiones culposas. Grave e inexcusable error porque con un solo acto, concurso ideal, se tipificaron ilícitos que se excluyen en razón de la intencionalidad.

Independencia. Varios universitarios compartían en sitio nocturno, una muchacha guindó el morral en silla de mesa contigua, que minutos después fue ocupada por terceros entre quienes había funcionario que cargaba bolso idéntico. Saliendo del establecimiento, sin intención, tomó el equivocado y en la calle fue interceptada por el policía.  Le explicó el error, no entendió, las cosas pasaron a mayores, sacó su arma y la puso en la cabeza de uno de los estudiantes, la joven lo agarró tratando de salvarlo, pero no, lo mató y a ella le voló dos dedos.  Privativa por homicidio calificado y lesiones graves, que sólo duró tres meses porque el responsable era escolta de diputado chavista de la Asamblea Nacional, con influencias en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordenaran al juez concederle libertad.  

Respeto.  Alguien dio la instrucción que en estados fronterizos con Colombia se detuviera personas que transportaran pacas de alimentos, así fuera una.  Se llegó al extremo en Apure de condenar a un campesino a 14 años de prisión por contrabando de 24 kilogramos de arroz.  Un magistrado de la Corte de Apelaciones hizo la observación a sus colegas sobre la grave realidad y planteó la urgencia de precedente que la hiciera cesar, argumentando que era normal que la gente de caseríos comprara por cantidades, ya que se abastecían así en razón de las largas distancias con centros poblados e inclemencia de la temporada de lluvias.  Pronto les tocó conocer de recurso contra  privativa de libertad por contrabando, extracción de hidrocarburos y asociación para delinquir, en perjuicio de tres trabajadores que llevaban 250 litros de combustible para el tractor del fundo en que laboraban, y se pronunciaron revocándola con fundamento en el principio de proporcionalidad, advirtiendo que las cárceles se llenarían de inocentes. El gobernador encolerizó; dos de los firmantes se “arrepintieron” y el convencido debió ir a Caracas a denunciar al mandatario regional y Comandante de la Policía por amenazas contra su vida y libertad.  Con cara bien lavada el TSJ después dictó sentencia donde prácticamente plagió los argumentos del perseguido disidente.

El producto de la función jurisdiccional son las decisiones.  Es tiempo de comenzar a analizarlas, interactuar con ellas como se hace con noticias en redes. La justicia debe ser abierta, transparente, criticable y porqué no, juzgable, cuando deja de lado los parámetros de conocimiento, independencia y respeto.    

@doctorgoitia     

En el 2007 Milagros De Armas, de las herederas del dueño del bloque editorial periodístico más importante de Venezuela para ese momento, comenzó a ser  juzgada por el homicidio de Andreína María Gómez Guevara, joven estudiante.  El 2 de junio de 2008, Esaúl José Olivar Linares, Juez  46 de Control de Caracas, hizo cesar la prisión preventiva de la imputada por presentación ante el tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país.  La decisión nunca llegó a ejecutarse.  El togado fue destituido de inmediato, rumoreándose había recibido soborno.  El tema a tratar no es este  caso específico, sí lo que empezó a ocurrir a partir de él. 

Para la época del crimen Ramón Eladio Aponte Aponte era Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  Como coronel de la Guardia Nacional llegó a Fiscal General Militar y su actuación en el caso conocido como “Los Paracachitos” (2004), persecución que adelantó contra 56 presuntos paramilitares que intentarían matar a Hugo Chávez, lo llevó en 2005 a la máxima instancia judicial, monopolizando un poder que sólo Maikel Moreno ha superado.  Hoy vive en Estados Unidos después de huir a Costa Rica en el 2012 a causa de problemitas con sus camaradas y por otorgar credencial a Walid Makled, narcotraficante.  

Al llegar a la Sala de Casación, “Doble A”, como lo llamaban sus secuaces, sin reparo puso a dedo como jueces a muchos.  Olivar Linares tuvo la “suerte” de ingresar al Poder Judicial de manos de su amigo, pero éste le defenestró sin consideración por no haberle consultado sobre asunto tan importante como el de De Armas.  El magistrado aprovechó la situación para instruir de palabra a los presidentes de circuitos penales, ordenar a los jueces consultar con ellos antes de su publicación, todo fallo que comportara libertad, hubo resistencia, que culminó con renuncias y jubilaciones “especiales”.  Para garantizar la efectividad del mandato se autonombró Presidente de Circuito en los estados  Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Miranda, Zulia y Área Metropolitana de Caracas, llegando al abuso de serlo simultáneamente en tres.

Las funciones del Presidente de Circuito, de acuerdo al artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, son administrativas y no deben  interferir en la autonomía y jerarquía de los jueces.  Aponte violentó la norma y con ello sentó las bases para acabar con el principio de independencia.  Gracias a él el sistema funciona así:   el Presidente del TSJ o quien pueda filtrarse en su esfera de  dominio, designa al Presidente de Circuito y éste a su vez postula a los jueces de la región, de forma que el del medio controlará al de abajo y dará cuenta al de arriba del más insignificante pronunciamiento, en el entendido que los dos bajos de la estructura están clarísimos en que nada pueden hacer sin autorización de quien los favoreció con el cargo.

Doce años han transcurrido y ninguno de los que vino después de Aponte ha movido un dedo para acabar con la mafiosa práctica, contrariamente la han perfeccionado y aplican para todo.  Da vergüenza oír en las audiencias a quienes parodian de jueces, si dan libertad, entregan un vehículo, decretan cualquier medida y no se diga absuelvan, advertir a los abogados:  “… hay que esperar a que el Presidente del Circuito me autorice dictarla…”.

El artículo 255 de la Constitución  prevé que el ingreso a la carrera judicial y ascenso de jueces se hará  por concursos de oposición públicos (no han sido convocados en diez años), es como se avala la independencia decisoria…  el que obtiene así el puesto no debe nada a nadie, sólo responde a su conciencia.     

Venezuela está afectada por una infección nosojudicial:   Aponte Aponte y sucesores, focos emisores; presidentes de circuitos y jueces, medios transmisores; ciudadanos, receptores. Los que ahora obedecen lo indebido cuando les toque mandar exigirán igual sumisión, no se puede esperar nada diferente. Las consecuencias de lo que creó Ramón Eladio se sufrirán por generaciones sino se acaba con el círculo vicioso del que fue pionero.  Esta es la historia de cómo se inicio la destrucción de la autonomía para sentenciar.

 @doctorgoitia

El psicólogo estadounidense Leon Festinger (1919-1989) es el autor de la Teoría de la Disonancia Cognitiva. Cuando la creencia o actitud del individuo entra en conflicto con lo que hace, puede ignorar las razones que demuestran su mal proceder o llegar al extremo de aceptar la mentira como verdad.

El 3 de enero, Nicolás Maduro expresó en cadena nacional:  “… Firmamos con Rusia un contrato para las primeras 10 millones de dosis, para que lleguen el primer trimestre. A la batalla contra el Coronavirus le queda mucho tiempo. Tenemos dos investigaciones en manos de la OMS, la fórmula DR-10 y las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández, vamos a empezar a producir en enero masivamente. Aspiramos que esta vacuna sea totalmente segura, pero tenemos que hablarle claro a nuestro pueblo, la mayor vacuna, la mayor medicina es el tapaboca utilizado correctamente todo el tiempo; la sanidad de las manos; ahora la cuarentena radical de 7 días, para cortar la cadena de contagio que se creó con las navidades. Veníamos de una reducción sostenida desde mediados de septiembre hasta la última semana de noviembre cuando entramos en una meseta de casos activos que se habían mantenido con poca variación durante el mes y las dos primeras semanas de diciembre cuando comienza un incremento lento a partir de la tercera semana, que se mantiene en la última. Tenemos un método, el 7+7. Cuidarnos, se los pido de corazón, lo hago por ustedes, ya pasó la pachanga, tengo moral para exigir…”.

No comentó temas que la nación tiene derecho a conocer, como inventario de medicamentos, probados, para tratar el padecimiento; camas disponibles en servicios de urgencia; nivel de ocupación de unidades de cuidado intensivo; número de pruebas RT-PCR y resultados; personal de salud disponible y situación de sobrecarga laboral; determinación de nuevas cepas. Sí ordenó la proyección de dos videos para alardear que en comparación con su gobierno, los de Estados Unidos y Colombia fueron ineptos en el control de la COVID-19.

Insistió en los descubrimientos patrios de la molécula DR-10 y de las “gotas milagrosas”, haciendo saber que se producirían al máximo de inmediato, pero sin aclarar que son medicinas naturales que podrían ayudar a pacientes con síntomas leves, pero inocuas en cuadros clínicos complicados.

El 8 de noviembre el Presidente anunció la suspensión del 7+7 (nadie está al tanto de sus bases científicas) entre el 1° y 31 de diciembre, que pudo ser sólo un presagio si hubiera reparado en que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en Boletín N° 39 de noviembre, participó que la cifra de nuevos casos entre octubre-diciembre 2020 sería 14.000 diarios sino se aumentaban urgentemente las pruebas RT-PCR a mínimo 8.000 diarias; que la epidemia no estaba controlada como sugerían reportes oficiales; que sus modelos matemáticos arrojaban desde fines de octubre ascenso numérico que coincidía con aumento en la movilidad de las personas; y que preocupaba el armisticio temporal con la enfermedad, porque el diagnóstico, imprescindible para la vigilancia epidemiológica, por motivos desconocidos se había reducido.

El 13 de diciembre alertó estaba “… pensando en apretar la mano en la flexibilización decembrina y en el 7 + 7 en enero…” calmando la alarma con la buena nueva de que para abril 2020 se empezaría a solucionar de fondo la crisis con la inmunización masiva en alianza con la Federación Rusa. Compró 10 millones de Sputnik V, pero incoherentemente comenzando el 2021 lanzó la perla de que a la batalla contra el Coronavirus le quedaba mucho tiempo y tenía que “hablarle claro a nuestro pueblo”, en el sentido que las vacunas más seguras eran el tapabocas y lavarse las manos.

«Es la disociación cognitiva de Maduro, que le quita toda moral para exigir nada porque la pachanga la formó él «

Si la epidemia estaba controlada desde septiembre por qué decretar una flexibilización amplia en el mes del año de mayor contacto físico colectivo; por qué arriesgar tanto permitiendo la grosera indisciplina social que reinó en Navidad, si con el 7+7, DR-10, “gotas milagrosas” y Sputnik V, pronto se estaría en la élite de países  que superaron el virus. Es la disociación cognitiva de Maduro, que le quita toda moral para exigir nada porque la pachanga la formó él.   

@doctorgoitia

La crisis financiera mundial de 2008 y drástica caída de los precios petroleros obligaron a Hugo Chávez a dictar el 25 de marzo de 2009 el Decreto Nº 39146, “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional”. Los triunfos electorales que mantuvieron en el poder aún con el paro de 2002 y referéndum de 2004, los logró gracias a las misiones sociales, pero invirtiendo en ellas hasta el último céntimo habido en arcas del SENIAT y PDVSA.  Sin dinero, populismo y clientelismo no rinden frutos.

“El país no está para fiestas, hay que trabajar y trabajar”, alertó el Comandante, anfitrión desde 1999 del mayor guateque izquierdista latinoamericano.  Mandó a eliminar lo innecesario y execrar el consumismo. Luis Tascón (1968-2010), tristemente célebre por arruinar la vida de millones de personas que en 2003 firmaron en favor del revocatorio presidencial, publicando sus nombres en lista utilizada para segregarlos y perseguirlos, captó de inmediato la oportunidad de recuperar la confianza del líder comunista -disminuida por  diferencias con sectores del oficialismo- impulsando desde la Asamblea Nacional roja rojita, un proyecto legislativo que cuadraba a la perfección con el empeño fariseo del “supremo” de comenzar a dar el ejemplo poniendo tope a los sueldos de altos funcionarios.

El 12 de enero de 2011 entró en vigencia la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. Objetivo: fijar límites a sueldos y demás beneficios laborales.  De estricto orden público.  Aplicable también a personal de alto nivel y dirección, de cualquier origen y ramas del Poder Público nacional, estadal  y municipal.

Máximo doce salarios mínimos cobrarían mensual el Presidente; Vicepresidente; diputados; magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ);  Fiscal, Contralor y Procurador General: Defensor Público y del Pueblo; rectores del Consejo Nacional Electoral. Diez, los viceministros;  superintendentes; Director Ejecutivo de la Magistratura; presidentes de institutos autónomos y empresas del estado. Ocho, los gobernadores; legisladores, contralores y procuradores estadales. Siete, los alcaldes. Cinco, los concejales; síndicos y procuradores municipales.  Incrementos de paga mínima no afectarían la escala.

Varias demandas se intentaron contra la ley en 2011 y 2012, el TSJ ni las miró.  El 16 de agosto de 2017 la Sala Constitucional dio la sorpresita mediante fallo 686, resolvió una, interpuesta el 21 de marzo de 2017 por Neidy Carmen Rosal González, legisladora del estado Carabobo, quien impugnó sólo dos artículos.

Juan José Mendoza Jover (ponente) y compañía, sentenciaron calificando la unificación de sueldos para cargos de alto nivel como “drástica rebaja de la remuneración”, violatoria del principio de progresividad.  Alegaron que  establecer un tabulador modificable únicamente al comienzo del ejercicio fiscal, vulneraba el ingreso monetario justo que debían tener dada la magnitud de sus responsabilidades.  Adujeron que no podían permitir la disminución de su calidad de vida y dignidad de subsistencia familiar.  Anularon íntegro el instrumento.

Si la meta de la revolución es alcanzar el “Socialismo del siglo XXI”, el salario debe ser igualitario.  Es clasismo justificar el favorecimiento de una élite burocrática, con argumentos que amparan más a la desposeída mayoría trabajadora sustento popular del proceso con que se enamoró hace dos décadas a los venezolanos de buena fe.

Interesante sería conocer el monto del paquete salarial que recibe un magistrado de los que dejaron sin efecto la ley, el del pueblo se sabe.  Democrático se publique en Gaceta Oficial lo que devengan altos funcionarios.  Hay decisiones judiciales cuyos efectos trascienden para bien o mal por años. La comentada mantendrá largo tiempo su nefasta secuela de discriminación… se basó en falacias del “hombre de paja”.  O vivimos bien  todos o pasamos hambre todos, eso quería el “eterno”, cúmplase.

@doctorgoitia

Según el Código Orgánico Procesal Penal, con cálculo sensato, en primera instancia un juicio con detenido debería durar año y medio. Si hay apelación, cuatro meses serían suficientes para que la Corte resolviera.  De haber casación, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cinco meses tendría que estar listo.  Decidir si una persona es culpable o reafirmar su inocencia es labor entonces que podría culminar en dos años y poco más.

El proceso a Afiuni duró 11 años.  Se inició un 10 de Diciembre de 2009.  En primera instancia dilató 10, varios jueces conocieron.  Con el último, Manuel Bognanno, el debate comenzó el 29 de abril de 2015 y acabó el 21 de marzo de 2019;  lo mantuvo paralizado arbitrariamente desde el 31 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019 (un año y 22 días), inventando la corrupción sin dinero (los medios la calificaron de “espiritual”) con fallo del 16 de mayo de 2019, confirmado el 5 de octubre de 2019 por Zulay Salazar, Mariana Oliveros y Adriana López, integrantes de la Sala Accidental 10 de la Corte de Caracas, que  el 4 de noviembre de 2020 ratificó la Sala de Casación Penal del TSJ con ponencia de Elsa Gómez, aprobada por Maikel Moreno, Yanina Karabin y Juan Ibarra.  Francia Coello no firmó por “motivos “justificados”, lo que hace entender estuvo de acuerdo con sus similares.

En el recurso contra la sentencia de la Sala Accidental 10, se alegó que convalidó:  primero, la atrofia injustificada del debate entre el 31 de enero de 2018 y 22 de febrero de 2019, hecho objetivo demostrable con el cómputo que hizo Bognanno (en ese período sólo dio 13 días de despacho, uno por mes);  segundo, la ilogicidad de haberse condenado a María de Lourdes aduciendo que el expediente del banquero Eligio Cedeño llegó a sus manos de manera legal, ya que la circunstancia no era congruente para probar el delito que se le atribuyó;  y lo neurálgico, la tipificación de la corrupción propia sin prueba de que en el ejercicio de sus funciones solicitara o recibiera dinero, servicios, valores o cualquier dádiva por omitir o hacer algo justo o injusto. 

El TSJ desestimó la impugnación por “manifiestamente infundada”. Para minimizar las denuncias repitió como loro que la única  intención de la Defensa fue “atacar un fallo que le resultó desfavorable”, jajajajaja ¡por supuesto!  No ofreció  un razonamiento estructural para sustanciar su veredicto.  Adjetivó con dolo los alegatos de “confusos, por la ausencia, de coherencia y claridad”.   

A Afiuni, un señor de apellido Bognanno y unas señoras de apellidos Salazar, Oliveros y López, la hallaron culpable de corrupción propia sin que acreditaran recibió dinero o promesa de beneficio económico por haber decretado medida cautelar al banquero Eligio Cedeño.  Después otros, los que “saben”, de apellidos Gómez, Moreno, Karabín, Ibarra y Coello, les dieron la razón, desmeritando a la Defensa por supuesta “ausencia de técnica recursiva”.

La máxima instancia judicial de una nación existe fundamentalmente para evitar los exabruptos jurídicos. Condenar sin determinarse lo que llamamos los abogados “elementos del tipo”, es una acción que no pueden dejar pasar los togados de alzada y menos de casación.  En Derecho hay cuestiones tajantes:  sin muerto no hay homicidio; sin daños físicos no hay lesiones; sin droga no hay narcotráfico.

Sin dinero u otro bien o utilidad que se dé o jure a un funcionario por hacer o dejar de hacer algo relativo a su trabajo, no hay corrupción propia.  La Defensa fue minuciosa en este planteamiento y aunque no lo hubiera sido, la Sala de Casación Penal tenía la obligación constitucional de ir al fondo del asunto, so riesgo de amparar, como ocurrió, réspice que expone a Venezuela ante el mundo como el único país donde se castiga el placer espiritual.

Cumplida está la orden que dio Hugo Chávez el 11 de diciembre de 2009.  11 años se entretuvieron haciéndolo, es el promedio que tarda imponer una pena por ilícito que no existe.  Con esta entrega culmina “Lo que sé del caso Afiuni”, había que dejarlo escrito, porque como dicen por ahí, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan.

@doctorgoitia

El 21 de marzo de 2019 se realizó la última audiencia de debate en el juicio contra Afiuni.  Manuel Antonio Bognanno Palmares condenó por corrupción propia. Basamos las conclusiones en la imposibilidad que se configurara el cohecho. La Fiscalía no probó que solicitara o recibiera dinero, servicios, valores o cualquier dádiva por omitir o hacer algo justo o injusto relacionado con la medida cautelar que decretó a Eligio Cedeño.

Cuando se leyó el dispositivo del fallo estábamos dos defensores, dos fiscales que sólo abrieron la boca para decir no sabían nada del caso, y de   público el “Cunaguaro”;  María de Lourdes y su mamá se habían retirado.  El felino, amigo de un integrante de la familia Afiuni-Mora, compareció a casi todos los actos del largo proceso.  No lo conocía, se me acercó y  preguntó  cómo se podía llamar la corrupción sin pago. Recordó que en una rueda de prensa Luisa Ortega Díaz declaró que el delito de Afiuni consistió en el placer que sintió por el escape de Cedeño.  Fuimos a almorzar.

Sorbiendo la primera ginebra, el ocelote dijo:  “si la vaina fue por placer entonces es espiritual”.  Lo apoyé, escribió la idea en Twitter y rápido envió el mensaje.  La noticia se difundió en minutos. Según algunos amigos al Dr. Alberto Arteaga Sánchez se le ocurrió la expresión años antes, lo desconozco, pero sí sé que quien la pensó para que medio mundo supiera lo sucedido, fue el “Cunaguaro”.

El equipo de Defensa aclaró a la prensa que a Afiuni no se le había sancionado por “corrupción espiritual” sino por corrupción propia.  A las pocas horas me di cuenta no tenía sentido la explicación.  Bognanno operó con intención desviada, eso había que calificarlo sin tecnicismos. El término era  exacto para la dimensión del exabrupto jurídico.

           El 16 de mayo de 2019 se publicó el texto íntegro de la sentencia.  Se lee de ella:  “… debe considerarse el aseguramiento de la acusada de no correr ningún riesgo al momento de hacer el hecho descrito, ya que en apariencia se encontraba ejerciendo una función propia de su investidura, lo que le transmitía seguridad y eficacia en su ejecución -Tesis que ha sido sostenida por la acusada y sus defensas… y ello le permitió con absoluta tranquilidad planear y organizar en uso de las formulas procedimentales el hecho, lo cual solo fue posible omitiendo abiertamente el procedimiento establecido y las formas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal para generar… la utilidad descrita al ciudadano ELIGIO CEDEÑO…” folio 309 de la pieza 32 del expediente. Nunca precisó cuál procedimiento o fórmula legal se omitió.

La deficiencia sintáctica en la redacción de Bognanno deja mucho que pensar de su capacidad como abogado y ejecutante de felonías.  Convirtió lo que se le ordenó hacer en motivo de burla masiva, pero no contento con la torta puso otra  mayor con la inmensa locura de manifestar que al juez que cumplía sus funciones con convicción y eficiencia, se le facilitaba planificar el decreto de medidas de coerción previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, para que los únicos favorecidos fueran los acusados.  El absurdo criterio de este “Carnelutti” los hace sospechosos a todos  (inclusive él) y seguros culpables si los enjuicia.

          La guinda de la desaguisada decisión se expresó así: “… la condena complementaria a que hace alusión el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, con relación a multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio recibido o prometido, en el desarrollo del debate su estimación no quedo procesada razón por la cual este Juzgado exime de imponer la misma…” folios 310 y 311 de la pieza 32 del expediente.  Cafre, admitió no haber podido estimar lo cobrado o prometido y aun así condenó.

Los togados jamás dejan de interpretar leyes.  El cohecho no lo determina el análisis de la norma, sí el dolo de obtener con éste, correcto o no, un provecho económico indebido, por acción u omisión, además, toda decisión favorece y desfavorece, quien lo desconoce no sabe Derecho.  La apetencia deliberada por lo malo, propia o proveniente de presión jerárquica, es la corrupción espiritual… pecado supremo y eterno.   

@doctorgoitia  

Redactar un artículo de opinión en primera persona está reservado para escritores de trayectoria.  Los nóveles deben hacerlo en tercera;  utilizar el “Yo” o “Nosotros” es falta de humildad y de respeto hacia el lector.  Infringiré la regla no porque me crea con prestigio en el género periodístico, sino porque conozco a María de Lourdes desde 1983, cuando  estudiábamos Derecho;  ejercimos como jueces en la misma época  y  soy uno de sus abogados.  

La idea inicial fue desarrollar el tema del pronunciamiento de la Sala de Casación Penal que desestimó el recurso de casación interpuesto por la Defensa de Afiuni y confirmó la decisión en su contra por corrupción propia, pero proceso tan polémico, accidentado y extenso como el que se le siguió, merece más profundidad.  La intención es narrar y analizar  desde mi óptica qué pasó para que se produjera uno de los mayores exabruptos jurídicos en la historia judicial de Venezuela.  Requeriré tiempo.

La tragedia comenzó un 10 de diciembre de 2011 cuando fue detenida en la sede del tribunal que tenía asignado.  El día siguiente, Día del Juez, Chávez en cadena nacional informó que había otorgado medida de libertad condicional a Eligio Cedeño, banquero. Pidió para ella 30 años de cárcel.  En la transmisión se vio a Luisa Ortega Díaz asintiendo el abuso de poder, que ejecutaría  sin compasión.

Me incorporo a la Defensa en marzo de 2019.  Mi relato abarcará 19 meses de 11 años que duró el proceso, pocos, pero fueron en los que más quedó al descubierto la conspiración condenatoria.  Conocía de su causa Manuel Antonio Bognanno Palmares.  Mantuvo paralizado el juicio sin motivo desde el 31 de enero de 2018 hasta el 22 de febrero de 2019.  Se adujo la interrupción.  El 15 de febrero de 2019 se solicitó cómputo de días hábiles transcurridos entre esas fechas, que sólo proveyó cuando se interpuso amparo en su contra. 

Sin vergüenza (separado), el 18 de marzo de 2019 dijo:   “…  una Certificación de Días de Despacho revela haber transcurridos entre el 31 de enero 2018 hasta el 22 de febrero 2019, trece (13) días hábiles, se concluye que la presente causa no se encuentra interrumpida…” folio 312 de la pieza 32 del expediente.

En el entendido que los jueces están obligados a despachar de lunes a viernes y que los de juicio deben velar porque el debate dure el menor número de días consecutivos posibles, para mantener vigente el contenido de los medios probatorios con los que decidirán, el “pequeño” retraso de Bognanno en cualquier Poder Judicial hubiera producido su destitución:  en 13 meses laboró 13 días, es decir, uno por mes.    

 El 21 de marzo de 2019 se realizó la audiencia final.  Bajo absurdas medidas de seguridad entramos a la sala siete personas:  dos defensores, dos fiscales, María de Lourdes, su mamá y un amigo.  Se nos trató como  delincuentes.  Esbirros revisaron todo; cosméticos, bolígrafos y lentes, con detalle, según portaban cámaras escondidas.  Bognanno no permitió el uso de la tablet donde estaban mis apuntes.  Pretendió que las partes pasaran de inmediato a las conclusiones, no pudo, se le recordó la incidencia de interrupción y tuvo que considerarla.  Las fiscales expresaron no tener argumentos que aportar, desconocían la materia por la larga  inactividad.

 Las conclusiones fueron lapidarias.  Se le dijo a Bognanno que optara por una salida digna declarando la interrupción;  se le conminó a que absolviera porque no podía haber corrupción  sin prueba de haberse recibido dinero o beneficio económico indebido.  El Ministerio Público  reconoció no tener  pretensión (después exhortó el cese de  las medidas cautelares que pesaban sobre María de Lourdes).   Bognanno avisó que en media hora sentenciaría, a los cinco minutos estaba de vuelta con el fallo. 

“Jueza Afiuni condenada por corrupción espiritual”, noticia que recorrió el mundo en minutos.  Increíble.  No fue un término que utilizaron sus abogados.  Luisa Ortega Díaz en una de las rueda de prensa que dio para cumplir el mandado de su jefe, explicó que la corrupción consistió en el placer que sintió al otorgar la medida cautelar.  Esto lo recordó el “Cunaguaro”, él divulgó la expresión.

@doctorgoitia

Juana, obrera del Poder Judicial, para sobrevivir se dedica a vender comida como muchas venezolanas en este tiempo de pandemia y letal crisis económica.   Labor fuerte… caminar y caminar para hallar alimentos a menor precio;  conseguir gas;  falta de agua y luz.  La ayuda su nieto Evaristo de 16 años -sufre moderado trastorno del desarrollo intelectual- repartiendo las viandas con instrucciones precisas, remachadas porque las olvida.  Los clientes saben de su padecimiento pero aún así una le prestó $50.  Tratando de “protegerse” le entregó el billete envuelto en nota que decía:  “pagar 15 de junio 2020”.

Llegó agosto con el compromiso incumplido.  La acreedora se presentó en la casa de la yaya a buscar al deudor.  No estaba y sin explicar qué hizo partió advirtiendo que la cuestión la iba a resolver más tarde la policía.  Al llegar el adolescente se supo todo, Juana agradeció a Dios, no era grave.  Entrando la noche la mujer regresó.  La abuela quiso saldar la deuda pero le objetaron el monto, por la mora no eran $50 sino 100, la  tildaron de alcahueta.  “Vaya y busque 50 más que están en la cocina para acabar con este peo y si soy alcahueta ésta es ladrona”, ordenó a una sobrina.  La otra se ofendió y  marchó; en un minuto funcionarios de la FAES apuntaron sus armas por las ventanas, entraron a la fuerza en el inmueble, revisaron como locos y “decomisaron” dólares, celulares y tablet.   No hubo queja, nadie se atreve, el miedo manda.

Cuando se creía terminado el asunto le llegó a Juana una boleta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sin fecha, sello, firma y menos motivos de comparecencia.   Debía acudir ante la Unidad de “Victimas Especiales”, encargada de investigar amenazas de muerte. Le “recomendaron” hacerlo en menos de 24 horas.

Como en Venezuela nadie es mocho la citada planteó la situación a un juez a quien limpiaba la oficina.   El togado dio a un funcionario el nombre de la fémina que procuró el préstamo.  Se enteró era administrativa en la FAES y pareja de un comisario del CICPC… empezaba a aclararse el misterio.  Cuando mencionó al intermediario las irregularidades de la citación, le contestó que ellos no podían reparar en esas tonterías para que alguien declarara.  El letrado le echó en cara que hacía poco, asustado, le había pedido asesoramiento por dar una libertad basándose malamente en oficio de tribunales sin firma ni sello, vicios que era los que quería entendiera; recibió como respuesta que su auxilio no sirvió porque el “criterio jurídico” que seguían en el Cuerpo era  comunicarse con el tribunal para verificar la validez o no de la comunicación.  

Juana y familia abandonaron unos días el hogar, las acosaban.  Su amigo le redactó denuncia.  Tuvo suerte, asignaron fiscal que se trasladó hasta el CICPC.  Constató no se inició formalmente ningún procedimiento, de forma que se violentó la norma del Código Orgánico Procesal Penal que establece que los órganos de policía de investigaciones penales deben actuar bajo la dirección del Ministerio Público y participarle sus diligencias dentro de las 12 horas siguientes.   

El procedimiento exigía su presencia en la sede de “Víctimas Especiales”, fue bien acompañada.  La recibió una dama, “jefa” la llamaban, “hubieras hablado antes conmigo y nos evitamos este malentendido”, susurró cariñosamente.  Firmó un acta y salió. Dos meses sometida por abusadores con chapa.  Ya en su cama, viendo televisión, apareció la imagen de Tarek William Saab, lo entrevistaba Ernesto Villegas y anunciaba: «… es momento de una reestructuración de la FAESy de todos los cuerpos policiales…”.  Rió, con razón, corrió el riesgo de ir presa por una deuda, prohibido en el país pero muy posible que ocurra.

Juana sigue “por ahora” como siempre, aseando tribunales y cocinando.  Su retoño continúa llevando los almuerzos, pero está encima de él, de a dónde va, qué amistades tiene, le revisa hasta la cartera, por cierto, usa de esas que tienen compartimiento secreto, donde encontró hace poco un papel que tenía escrito “pagar 15 de junio 2020” y adentro $50, los de la discordia, hubieran podido estar allí toda la vida, Evaristo pensó los había botado.

@doctorgoitia

De manera metódica se está ejerciendo en Venezuela una fraudulenta práctica procesal que debe hacerse pública por violatoria de los derechos humanos a la presunción de inocencia y juicio justo.

La actividad judicial quedó paralizada a causa de la COVID-19 el 16 de marzo.  El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no tenía plan de contingencia,  instrumento que nace del análisis de riesgo mediante el que se precisan las amenazas que pueden interrumpir la prestación de un servicio, a los fines de diseñar estrategias que lo impidan o palíen sus efectos.

 La falta de previsión obligó al TSJ ordenar que ningún juzgado despachara;   suspender las causas y paralizar los lapsos procesales.  Respecto a los tribunales penales “mantener la continuidad del servicio” con fundamento en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, sólo para asuntos urgentes, sin reparar que la norma establece su carácter permanente, no susceptible de ser interrumpido, sin excepciones.  La realidad fue que los tribunales cerraron. La administración de justicia se entumeció más.

 Irremediable era que lo que estaba colapsado comenzara a desmoronarse y surgió -ante la necesidad de deshacinar los centros de reclusión- la propuesta de llevar a cabo las audiencias preliminares  fijadas antes de marzo.

La audiencia preliminar es el acto en que se decide sobre la admisión o no de la acusación.  Si es acogida el juez debe informar al acusado sobre la existencia del procedimiento por admisión de los hechos, que consiste en   reconocer la participación delictiva que le atribuyó el fiscal, para beneficiarse de una rebaja de la pena que se le debe imponer, de entre un tercio a la mitad.  

Confusa es la naturaleza jurídica de la admisión debido a su similitud con la confesión del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.  Se le trató como tal, pero no, aquélla era un medio probatorio que podía incorporarse en cualquier momento, ante la policía incluso, desvirtuable y no aminoradora  de condena.  Esta, voluntad exclusiva del acusado sólo  permitida sin  dudas del cimiento serio para enjuiciarlo, inmutable en su esencia de definitiva y con ahorro sancionatorio.

Numerosos jueces sólo seleccionaron para audiencia causas de privados de libertad en las que admitiendo los hechos, según los togados, se les podía otorgar medida cautelar.  Utilizaron el procedimiento adelantando criterio, con decisión preconcebida de aceptar la acusación aún viciada.  No verificado el escenario la persona seguiría tras rejas, porque su salida estaba condicionada a la aceptación.

Lo que se denuncia es extorsión:   los acusados admiten hechos aún siendo inocentes porque los jueces advierten que el “pase a juicio” significa el mantenimiento indefinido de la custodia en cárcel, dado que  el inicio del debate puede tardar meses, años, de ahí que aconsejan la “sensatez” de aprovechar la oportunidad. 

Esta forma maquiavélica de aplicar el “derecho” termina de abrir las puertas a  la corrupción, porque se sirve de una  falla estructural del sistema como es la lentitud en la celebración de los juicios.  El detenido con recursos económicos pagará para dejar el infierno. 

La mise en escène es:   la oferta o demanda de dinero;  reunión de juez y fiscal para estar claros en que la acusación será admitida así sea ilógica, incongruente, contradictoria, inverosímil;  compromiso de  decretar la libertad y de no apelar… todos felices.

 Los abogados con ética nada pueden hacer cuando quienes aplican la ley son contestes en desviarla, además, como dicen sus clientes, no son ellos los que están presos (ver “La historia de Andrés” y “De caliente a frío” en impactove.com).

En nota de prensa del 7 de octubre el TSJ informó se habían realizado durante la pandemia 5.652 audiencias preliminares. El primer paso para desmantelar la estructura de crimen organizado que se ha venido consolidando con el manejo avieso de la admisión, es revisar los expedientes en que se produjo para determinar si había pronóstico de culpabilidad que la hiciera procedente y de no ser así, dar apertura a los procesos disciplinarios que declaren o no la correspondiente responsabilidad administrativa, civil y penal de los autores de ilícito.      

@doctorgoitia

Una supuesta juez (no importa si es o no, sino lo que expresó) fue grabada cuando daba sus razones del por qué de la corrupción judicial en Venezuela.  En audio que se hizo viral en redes (se puede oír en IG @doctorgoitia), dijo entre otras cosas: “… es bueno ser honesto… siempre y cuando existan las condiciones… pero si te llevan a un sistema como éste el que quiera ser honesto tiene que irse del Poder Judicial… nadie puede vivir con $10… y hasta la persona más honesta se corrompe… uno no tiene las condiciones mínimas para comer… el servicio de una casa gana más porque le dan la comida y le pagan $100 mensuales… el que está ahí con $10 todo el mundo sabe porque está… la moral y la ética se acabó…”.

“En caliente” la alegación de la presunta togado genera reproche, pero analizada “en frío”, con método, sirve para entender qué está pasando en el país, hacia dónde vamos y qué se debe hacer para frenar la anomia que lo absorbe.

La lógica trata la relación entre premisas y conclusión. Hay 3 combinaciones entre ellas:  premisas verdaderas y conclusión verdadera; premisas verdaderas y conclusión falsa;  premisas falsas y conclusión falsa.  Sólo en la segunda la inferencia resulta ser inválida.

Las premisas del asunto son verdaderas.  Un juez superior devenga sueldo máximo de $12 y de primera instancia 10, secretarios $7, asistentes y alguaciles 6;  no han recibido aumento en más de 3 años;  tienen seguro médico, pero es como si no;  carecen de condiciones mínimas de trabajo.  Luego, con los salarios que paga el Poder Judicial ni comen;  y es cierto que una señora de limpieza gana más que abogados con maestrías, especializaciones y doctorados, porque un día se lo cancelan en $5.  Entonces, afirmar que quien ocupa un cargo en tribunales es para robar, tiene formalmente fundamento lógico.  Si la remuneración no alcanza para satisfacer las necesidades mínimas y no hay renuncia, es porque otras vías lo facilitan.

La juez no se reconoció de corrupta.  Adujo que era bueno ser honesto si estaban dados los medios, pero no siendo así, quien lo fuera tenía dos opciones:  irse o quedarse hasta que cambiaran las circunstancias.  Utilizó lo que se llama falacia de la falsa equivalencia.  Para ella, su condición, aún sabiendo era cohecho, no era delictiva, sino la justificada conducta  para poder llevar comida a casa, algo así como si un atracador se hiciera llamar “fan de Robin Hood”.

El contenido del audio es extrapolable.  Por irrisorios sueldos, médicos y enfermeros podrían hurtar  equipos y medicinas;  igual militares y policías cobrar en bombas de gasolina o negociar con el hampa.  La argumentación aplica a toda función pública.  Es lo que está sucediendo.

La grabación no descubre el “agua tibia” pero permite determinar que se incurre en el comportamiento disoluto con la convicción que el motivo es la poca paga.  Es la llamada falacia de correlación causal, dos sucesos de los que se deduce erróneamente que uno causa el otro porque ocurren en el mismo tiempo, reforzada por un sesgo emocional:  me retribuyen muy mal y por eso pido coima, luego, me corrompo porque no cobro ni para alimentar a los míos.   De esto surge el convencimiento que no se es corrupto, que hasta en los despachos se podría guindar un cartel:  “LO QUE SE PIDA POR DEBAJO DE CUERDA NO ES CORRUPCIÓN, ES PARA AYUDAR A LOS FUNCIONARIOS Y FAMILIA”.

El audio sirve también para que no escape algo:   la corrupción exige que haya  dos partes, el que pide y el que da o el que ofrece y el que acepta.  La excusa del ciudadano que hace la erogación indebida es de igual manera el apremio, pero no lo considera ilícito por la urgencia o aprieto que padece.

El país está corrompido, su atmósfera es de soborno.  Gran parte de la población está elucubrando como la supuesta juez, es el preludio de un mayor enfrentamiento, lo peor, sin que los que dicen ser líderes, de bando y bando, hagan algo por evitarlo… están dedicados a cubrir sus “necesidades”, insaciables.  Habrá que formar muy bien en ética a las próximas generaciones.

@doctorgoitia       

Contó Andrés, litigante penalista -oficio en peligro de extinción por las trabas y violaciones de ley que cometen muchos policías, fiscales y jueces- fue contratado para asistir a un detenido en audiencia de flagrancia (acto en que el Ministerio Público expone en qué circunstancias fue aprehendido, qué delitos le atribuye y a qué medidas de aseguramiento aspira; la Defensa y su defendido son escuchados; y el juez de control decide si lo pone en libertad plena, deja preso o somete al proceso con distinta restricción, precisando los ilícitos por los que se le investigará).

Dijo se dirigió a los tribunales de Caracas a las 9 de la mañana. Por la cuadra trasera de su puerta principal está la entrada de un estacionamiento en ruinas que es donde atienden a los abogados. En una columna colocan las listas de audiencias del día. Su caso salió entre los primeros y a las  12 del mediodía se anunció; 30 minutos después le notificaron que no había sido designado “formalmente” y debía llevar el nombramiento suscrito por el procesado; adujo que se podía hacer en el tribunal antes de comenzar la audiencia y le respondieron que el juez no aceptaba ese  “criterio”.   

Narró que fue hasta la subdelegación del CICPC donde estaba el cliente y no le permitieron verlo porque no constaba fuera su Defensor, mas le dieron la alternativa de que “colaborando” firmara  el escrito de designación en la celda. Que cuando se lo entregaron pidió lo sellaran y se negaron porque “no era competencia del órgano”, y como a las 2, cuando lo fue a consignar no se lo recibieron porque según sin el sello no tenía valor, lo que significó pagar 4 almuerzos para que lo agregaran en autos.   

A las 3 de la tarde -refirió- atendió llamada de otra cliente quien le avisó que la audiencia preliminar de su hijo era ese mismo día, que el abogado de su compañero de causa le había mandado un mensaje para informarla, sobre lo que dudó porque no le había llegado ninguna boleta, pero al volver a revisar las listas era cierto.  

Se hicieron las 8 de la noche y quedó con el celular sin pila. Incomunicado se preocupó de cómo volvería a casa, porque el centro de la ciudad era un pueblo fantasma; expresó que al insistir con los funcionarios para saber sobre las audiencias, le  respondieron que la de flagrancia la habían realizado a las 6 de la tarde con un Defensor Público porque él “no apareció” y la otra estaba pendiente. 

Relato que a media noche un alguacil le aconsejó no se retirara porque la audiencia se iba a dar, y no le mintió, empezó a las 2 de la mañana, luego de caer un palo de agua huracanado que lo mojó hasta las rodillas, junto a más de 20 colegas que esperaban en circunstancias parecidas, porque por “motivos de seguridad” no se les permitió cobijarse en los pasillos internos del Palacio.

Resaltó que al revisar las actuaciones sólo estaban las actas de aprehensión policial y de la audiencia de presentación que se había celebrado una semana antes del inicio de la cuarentena en marzo, más nada, y lo grave, que la imputación había sido por el hurto de una camioneta año 2007 y la  acusación por el de un carro 2016.

Resaltó que le dieron 5 minutos para revisar el expediente y que al expresarle al juez que jamás pudo leer el fallo de privación de libertad y menos apelarlo, manifestó no era su culpa; que cuando denunció que en el Ministerio Público no le permitieron nunca el acceso por lo de la pandemia, la fiscal lo llamó mentiroso y ratificó la acusación sin importarle el vicio que contenía, ya que por máximas de experiencia sabía que el imputado era responsable, dado que  el vehículo se halló cerca de su residencia.    

Andrés exteriorizó con profundo enojo que el juez recomendó una admisión de hechos porque de lo contrario el asunto iría a juicio y tardaría años para que se diera una libertad que él podía otorgar de inmediato, a lo que se enfrentó hasta que el preso lo tomó por el brazo y murmuró que si regresaba al calabozo se mataba, que confesaría aun siendo inocente… cómo oponerse. Fue condenado a 5 años de prisión por un delito que no cometió.

A las seis de la mañana salió de tribunales. Es la historia de Andrés, la de  miles de abogados en el país que no tiene Justicia. 

@doctorgoitia

El Bloque Constitucional, organización que dice tener como objeto el rescate de la vigencia de la Carta Magna; integrada por exjueces, exfiscales, académicos, profesores y autoridades de escuelas de Derecho, directivos de colegios de abogados y de la Federación que los agrupa, informó el 21 de septiembre a la opinión pública a través de Cecilia Sosa Gómez, que trabajaba en la elaboración de un proyecto de Ley de Mutación de la Asamblea Nacional.

La iniciativa se presentó a la Comisión Presidencial de Consulta para la Construcción del Pacto Unitario, creada para escuchar a los distintos sectores en el intento por evitar el fraude electoral del próximo 6 de diciembre.  Se sustentó en los artículos 333 y 350 de la Constitución. 

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El primero establece que ella no pierde vigencia si deja de observarse por acto de fuerza o es derogada por medio distinto al previsto, y en tal eventualidad toda persona, investida o no de autoridad  está obligada a colaborar en su restablecimiento; el segundo, que el pueblo debe desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Se basó también en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia (declarado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia), sancionado en febrero de 2019 y cuyo contenido se resume en: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. 

Su fin es que la Asamblea Nacional elegida para el período 2016-2021 siga existiendo después del 4 de enero, es decir, conviva con la que pueda instalarse el día siguiente para regir del 2021 al 2026.  

Guaidó y diputados seguirían indefinidamente como Presidente Interino y parlamentarios, o lo que es igual, ocuparían cargos de representación popular hasta que se produzcan comicios que avale la comunidad internacional.

Toda una entelequia, la “perfección” del instrumento es un fin en sí mismo que hace innecesario desarrollar cualquier acción.

En 2016 la Asamblea Nacional juramentó a diputados del estado Amazonas sin reparar en prohibición que había ordenado el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto fraude en la votación, se decretó el desacato y nulidad de sus actos, primera mutación. 

En 2017 se constituyó una Asamblea Nacional Constituyente espuria que le arrebató todas sus facultades, segunda mutación. En 2020 fue víctima de “golpe parlamentario” que designó Directiva con  forma de “alacrán”,  tercera mutación.  Sobrevivió.

Guaidó, al dirigirse a la 75° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pidió se aplicara  el R2P, no otra cosa que la asistencia internacional para proteger a la nación de crímenes atroces cometidos por el propio Estado.  Mutó, nunca lo había hecho.

La palabra mutación es nefasta, supone alteraciones que sólo causan daño.  Algunos científicos dicen que hay buenas, pero que encontrarlas es como hallar una aguja en un pajar. 

Venezuela no ha dejado de mutar, por eso sufre la hiperinflación más descomunal que se haya conocido, con los salarios más bajos del mundo;  falta de luz, agua, gas, gasolina;  colapso del sistema hospitalario y educativo… miseria.

Una Ley de Mutación en un país que muta a cada instante lo enfermaría más.  Es un exabrupto el intento jurídico de imponer indefinidamente a Guaidó y actuales diputados, como protagonistas políticos en la crisis histórica que vive lo que queda de República. 

La Asamblea Nacional no dejará de existir el 5 de enero, eso sería en democracia, no es el caso. 

Estamos en tiempos de guerra, los ejércitos no se disuelven solos;  los generales se hacen líderes ganando batallas, no con formalismos, que ellos logren las suyas, pero si hay mejores estrategas, el impedimento de derecho para que asuman el mando, sería un error imperdonable de los juristas.

@doctorgoitia