La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo.

En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel indicó además que Hernández, de 55 años y que fue presidente de 2014 a 2022 durante dos mandatos consecutivos, deberá pagar 8 millones de dólares de multa y cumplir 5 años de libertad bajo vigilancia al final de su condena a prisión.

«El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero», afirmó el juez al leer la sentencia.

La fiscalía neoyorquina acusó a Hernández de crear un «narco-estado» y de convertir a Honduras en una «súper autopista» por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.

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El pasado 8 de marzo, un jurado popular lo declaró culpable de tres cargos de tráfico de drogas y de armas.

Según la fiscalía, entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. 

A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta», según un testigo en un juicio.

Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos. 

Acusado de narcotráfico  y con la posibilidad de enfrentarse a una cadena perpetua, este jueves fue extraditado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos.

Un Beechcraft de doble turbohélice de la agencia antidrogas estadounidense despegó desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña a las 14H27 locales (20H27 GMT) con Hernández a bordo, esposado y custodiado. El exmandatario vestía una casaca azul y jeans.

En medio de un fuerte despliegue de seguridad, Hernández dejó la prisión que ocupaba desde mediados de febrero, el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía, conocida como Los Cobras, en el este de Tegucigalpa.

A Hernández lo trasladaron en helicóptero hasta una base aérea de la Fuerza Aérea Hondureña en Toncontin, sur de la capital, informa AFP.

Al descender estuvo flanqueado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y un grupo de mandos policiales.

En un edificio de la base aérea aguardó la llegada del avión de la DEA que luego lo llevó rumbo a Estados Unidos.

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A través de en un video que difundieron este jueves por la prensa local, el exgobernante de 53 años afirmó: «Soy inocente y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta…(…) la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte».

«Saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras, dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, esos villanos, ahora quieren ser héroes», añadió.

Su esposa, Ana García, dijo creer en su inocencia. «Mi amor (…) Estamos convencidos que volverás, claro que volverás porque eres inocente», escribió en Twitter.

Quien fuera aliado de Washington, hoy es requerido por fiscales estadounidenses porque «participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína» entre 2004 y 2022.

Mediante la conspiración se transportaron «aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos», según su inculpación.

La extradición de Hernández, aprobada inicialmente por un juez, fue ratificada a fines de marzo por los 15 magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, todos ellos nombrados durante el primer gobierno de Hernández.

En un comunicado, la familia del expresidente anunció que contrataron en Nueva York a los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez para que asuman su caso y sean en adelante los portavoces del proceso.

La familia de Hernández reiteró la «inocencia» del expresidente y lo consideró «víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos».

Según ha argumentado el expresidente, capos del narcotráfico que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas, «y en base a mentiras» acusan al expresidente «de cometer actos reñidos con la ley de ese país».

Durante su gestión, el exgobernante mostró con orgullo los elogios de Washington por su labor en la incautación de drogas.

Incluso en 2017, cuando logró ser elegido para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y enfrentamientos ciudadanos que dejaron una treintena de muertos, Estados Unidos fue uno de los primeros gobiernos en saludar su triunfo.

Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022. Días después el Departamento de Estado anunció su inclusión en una lista de personajes corruptos, para luego pedir su extradición.

A JOH, como se le conoce por sus iniciales, lo arrestaron el 15 de febrero, a solicitud de Estados Unidos.

Mientras que a su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, lo condenaron a cadena perpetua en marzo del 2021; acusado de enviar a Estados Unidos 140.000 kilos de cocaína de 2004 a 2016, incluso ladrillos con la marca de sus iniciales, «TH».

En el juicio, los fiscales federales señalaron que «Tony» operaba con su hermano e instituciones del gobierno, y que Honduras era un «narco-Estado».

Otro exfuncionario que aguarda extradición es el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla; acusado de «supervisar» las operaciones de narcotráfico del expresidente.

«Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida», ha dicho Hernández; previendo las duras condenas que quizás le esperen por los tres delitos de narcotráfico y porte de armas de los que es acusado.