En esta edición de Cara a Cara, la periodista Mildred Manrique, junto al politólogo Eduardo Repillosa, especializado en promoción democrática, desglosan la viabilidad de un nuevo ciclo comicial en Venezuela. 

La desconfianza en el país marca la agenda: ¿Es suficiente renovar las cabezas del ente rector y el TSJ? ¿Podrá la oposición, liderada por María Corina Machado, forzar una votación libre en un plazo de 10 meses?

 La ruta se torna crítica para la reconstrucción total del andamiaje de sufragio y las garantías electorales.

Lea también: CHAVISMO 3.0: propaganda global al descubierto - VIDEO 

El caso de la joven Noelia Castillo, que murió este jueves 26 de marzo en Barcelona tras recibir la eutanasia después de casi dos años de batalla judicial por la oposición de su padre, ha abierto un debate en España sobre los límites de la ley, el papel del Estado y por qué se permitió alargar su sufrimiento durante 601 días.

Los críticos de la ley de eutanasia, entre ellos la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que lideraron la causa judicial emprendida por el padre de la joven, consideran que la muerte de Noelia es un fracaso del Estado, y que su caso "evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia".

A este mensaje se han sumado formaciones políticas como el conservador Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que las entidades encargadas de proteger a Noelia "le fallaron"; o el ultraderechista Vox, para quien la solución que le dio el Estado a Noelia fue "suicidarla", según dijo Santiago Abascal, su presidente.

Sus defensores, sin embargo, critican que la judicialización del derecho de Noelia a una muerte digna, que avalaron médicos, juristas y hasta cinco instancias judiciales distintas, prolongó su padecimiento de forma cruel e innecesaria.

El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio "saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia", sostenía este viernes el diario El País en su editorial.

A la complejidad del caso y su mediatización se sumó el ruido de las redes sociales, que se llenaron de mentiras e imprecisiones sobre el caso, y que avivaron el debate sobre la ley de eutanasia, que entró en vigor en España en 2021.

Desde entonces, más de 2.400 personas la han solicitado, de las cuales algo más de 1.100 personas la han recibido.

Lea también: "Quiero irme en paz": Noelia Castillo Ramos, tiene 25 años y recibirá la eutanasia en Barcelona

Noelia Castillo Ramos padeció una infancia y adolescencia difíciles con una familia desestructurada, por lo que estuvo bajo la tutela del Estado durante años.

Sufrió abusos y agresiones sexuales, e intentó suicidarse varias veces, la última de ellas arrojándose de un quinto piso, lo que no la mató pero la dejó parapléjica y con graves secuelas físicas y psíquicas.

En 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia, que fue avalada por los médicos y todos los cauces legales y, tras el recurso que presentó ante los tribunales su padre, Gerónimo Castillo, por hasta cinco instancias judiciales distintas, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"La ley de eutanasia no es una ley de suicidio libre, es una ley muy exigente", defiende la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, en una entrevista con BBC Mundo.

El caso ha creado debate porque es una chica joven, de 25 años, y porque, además de la lesión medular, que es la base de la aceptación de su eutanasia, ya que provoca una situación imposibilitante, como dice la ley, tiene problemas psiquiátricos.

También ha tenido mucho eco por ese calvario judicial que ha durado más de dos años, en el cual un familiar cercano, en este caso el padre, ha impugnado una eutanasia acordada. Y eso es la primera vez que pasaba.

La eutanasia, según la ley, es un derecho personalísimo y solo la persona concernida, la persona sufriente puede solicitarla. Nadie la puede solicitar en su nombre, ni un familiar muy directo ni nadie.

Lo que no estaba previsto es que un familiar directo y cercano la impugne. Y eso ha creado todo un revuelo que no se ha aclarado bien en qué medida un tercero puede impugnar una eutanasia acordada.

 Ahí está el debate principal, quién tiene derecho a decidir sobre la vida.

El fondo de la cuestión es este: un tercero tiene derecho o no a impugnar una eutanasia.

Hasta ahora, que yo sepa, en ningún lado se ha permitido esto. La ley, por supuesto, no lo tenía previsto.

Los recursos que tiene previstos la ley es cuando se deniega una eutanasia.

En ese caso, la persona a quien se le ha denegado tiene posibilidad de recurso, primero frente a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es la que otorga o deniega en última instancia y, después, en caso de otra denegación, en un tribunal contencioso administrativo.

Entonces, ¿por qué un tribunal en Cataluña aceptó el recurso del padre, que estaba asesorado por Abogados Cristianos?

Porque no hay jurisprudencia. Es una ley muy reciente que se aprobó en marzo de 2021 y entró en vigor tres meses después, en junio de 2021.

Tiene un recorrido muy corto y no había habido casos de ese tipo. Hasta ahora no hay ninguna jurisprudencia.

Pero es notable que Abogados Cristianos haya recurrido a todas las instancias judiciales, el calvario ha durado más de año y medio para una persona a quien muchos médicos le han reconocido unánimemente un sufrimiento constante e intolerable.

Ha tenido que esperar todo este tiempo, pero todas las instancias judiciales han reconocido que tenía capacidad para solicitar la eutanasia y que se había seguido lo que exige la ley, que allí no se ponía nada en duda, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Abogados Cristianos no retroceden ante nada. Yo creo que sabían que lo iban a perder a la larga. Pero querían agitar y enturbiar la situación al máximo y, sobre todo, yo creo que también hay una maniobra para asustar a los médicos, crear inquietud no social alrededor de la eutanasia.

La propia Noelia denunció el acoso de ciertos grupos religiosos que se oponían a su eutanasia.

Exacto, eso lo ha contado ella, efectivamente, y el acoso llegó hasta el último minuto de su vida, ya que se plantaron delante del hospital con rezos y velas.

Es absolutamente impresentable.

Un grupo de personas ante el hospital en el que se aplicó la eutanasia a Noelia Castillo. 26 de marzo de 2026Fuente de la imagen,Lorena Sopena/Europa Press via Getty ImagesPie de foto,Un grupo de personas con velas, rosarios y pancartas en contra de la eutanasia se congregaron el jueves frente al hospital barcelonés en el que falleció Noelia Castillo.¿Se agravó el problema de Noelia por la mediatización de su caso?

Claro, es que el caso de Noelia está mediatizado desde el principio y se han cuidado muy mucho de mediatizarlo al máximo.

Y allí han intervenido las redes sociales y un periodismo bastante amarillista.

Se presenta de repente a Noelia como una pobre chica que sí que podría vivir pero que la sociedad no hace nada para apoyarla, y no se presentan todos los datos alrededor del caso.

No se puede jugar con las emociones y con los sentimientos en vez de intentar razonar lo que ha pasado.

Y lo que ha pasado es que es una chica que ha tenido una vida espantosa, que después de una tentativa de suicidio tirándose de un quinto piso termina parapléjica con una lesión medular.

En los tribunales siempre ha defendido que tiene unos dolores espantosos y que para ella la vida no tiene sentido. Y lo decía, "simplemente es que no puedo más".

El procedimiento de la ley es muy exigente. No es que alguien llega a un médico, dice "no puedo más" y se le da un producto letal. Está muy lejos de esto.

Es una ley extremadamente garantista con unos protocolos muy claros que requieren 35 o 40 días de tramitación.

Al paciente lo evalúan dos médicos distintos y luego se eleva el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, que es un órgano administrativo formado por juristas y por médicos.

Si se aprueba, el paciente fija la fecha con su médico. Si la decisión es negativa, entonces el solicitante puede recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo.

El caso de Noelia mezclaba sufrimiento físico y psíquico. ¿Es más complejo evaluar el padecimiento psíquico para otorgar la eutanasia?

Es que se está jugando con una percepción falsa de lo que es la enfermedad mental, que la mayoría de la gente asocia con una imposibilidad de tomar decisiones.

Pero Noelia ha sido examinada por varios neurólogos y psiquiatras y todos han reconocido su capacidad de decisión.

Y en el caso de Noelia, el hecho de que sea muy joven, 25 años, que haya enfermedad física -había lesión medular-, pero que haya también trastorno psíquico, hace que el caso fuera particularmente complejo.

Una de las razones que alegaba Abogados Cristianos para paralizar el proceso era que no se hubiera obligado a Noelia a seguir un tratamiento psicológico antes de tomar la decisión de recibir la eutanasia.

Yo no sé qué datos manejan o si son honestos con esos datos.

Lo que yo sé es que ha estado examinada por varios neurólogos y por psiquiatra.

Y yo creo que hay un momento también en la enfermedad mental en el que hay que saber decir "ya no sabemos qué hacer, no tenemos nada que proponer al paciente que realmente vaya a cambiarle su calidad de vida". Y eso en psiquiatría es muy difícil de determinar.

Pero Noelia realmente ha sido evaluada por muchísimos médicos competentes que consideraron que efectivamente era un dolor intolerable y que no se podía remediar.

Su caso ha desatado un gran ruido en las redes sociales, donde se han difundido muchas imprecisiones sobre sus circunstancias.

Se ha dicho que la sociedad intenta solucionar sus problemas sociales ofreciendo la eutanasia a las personas vulnerables para ahorrarse gastos sociales, sanitarios, etcétera.

Esto es una mentira. Hay muy poca gente que sea realmente vulnerable socialmente que pida la eutanasia.

Todos los informes y los estudios -en España no los hay porque la ley es demasiado reciente- de la ley de Oregón (EE.UU), de la ley de Canadá, tienden a mostrar que la gente que solicita la eutanasia fundamentalmente son personas acomodadas con un nivel educativo alto.

En el caso de Noelia, efectivamente, es un caso social. Es una familia desestructurada, es una infancia donde pasa de la madre al padre en condiciones espantosas. Luego hay problemas de violación grupal.

Pero si centras todo el razonamiento en esto, te olvidas de que es una persona que llega con una lesión medular que le impide llevar una vida normal, que tiene que ser sondada cada 6 horas, que te dice "es que no puedo más de dolores, no puedo más en mi mundo interior, no le encuentro ningún significado a mi vida".

Y esto es lo que han analizado todos los médicos.

Por culpa de Abogados Cristianos, esta pobre chica ha sufrido un calvario judicial que ha durado algo más de 600 días y todas las instancias judiciales han reconocido que cumplía las condiciones de la ley, que se ha hecho por respeto a las personas hasta el final de su vida.

¿Qué crees que ha fallado aquí para que se haya prolongado tanto el sufrimiento de Noelia?

Lo que ha fallado es que no se pueda tratar esto con procedimientos de urgencia.

La justicia no ha podido aplicar procedimiento de urgencia en un caso así, cuando lo primero que se ha reconocido es que hay un sufrimiento constante e intolerable.

Eso no se entiende, 600 días impuestos de sufrimiento constante e intolerable simplemente es una barbaridad.

Pero después hay un problema de fondo, que es la legitimación de una tercera persona para impugnar una eutanasia. En el caso de Noelia, su padre ha impugnado una eutanasia aceptada.

Ese problema se ha llevado al Tribunal Supremo, que ha aceptado un recurso presentado por el gobierno catalán con el objetivo de que se cree jurisprudencia.

El Tribunal Supremo va a dirimir ahora si un tercero puede estar legitimado a recurrir una eutanasia aceptada, y esto va a ser muy importante.

Con información de la BBC

El exbanquero  venezolano Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude electrónico por al menos 24,9 millones de dólares y de conspirar para evadir sanciones vinculadas con Venezuela, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El expresidente del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD), utilizó su posición dentro del banco —con sede en Puerto Rico— para desviar fondos y ocultar operaciones ilegales, en un esquema que se extendió por varios años y que terminó afectando la estabilidad de la institución, liquidada en 2023, dijeron.

El fiscal adjunto A. Tysen Duva afirmó que el exejecutivo “abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco en su cajero automático personal y realizando transacciones ilícitas con un individuo sancionado”.

Por su parte, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que el caso evidenció “fraude, conflictos de interés y un esquema que ayudó a llevar al banco a la quiebra”.

Lea también: LO QUE SE SABE de la detención del empresario Wilmer Ruperti

De acuerdo con documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro y el presidente de la junta directiva, Juan Ramírez, ocultaron a otros directivos y al regulador múltiples operaciones que los beneficiaban directamente.

Entre ellas, una inversión de 11 millones de dólares en un prestamista en Miami para canalizar préstamos hacia ambos ejecutivos, así como la compra de 47 pagarés por 25,3 millones de dólares a una empresa de su propiedad.

El caso se suma a señalamientos previos sobre el manejo irregular de Nodus Bank, cuyos dueños habrían tratado los fondos de los clientes como una “alcancía personal”, según una demanda civil en EE. UU. que acusó la pérdida de más de 90 millones de dólares de depositantes.

Las autoridades también detallaron que Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con una persona designada como “Nacional Especialmente Designado” (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sancionada por brindar apoyo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Con información de agencias y Departamento de Justicia de EE. UU.

Un veterano militar estadounidense acusado de participar en el fallido intento de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro en 2020 se dio a la fuga antes de enfrentar su juicio en Estados Unidos y ahora es considerado un fugitivo por las autoridades federales.

 Según informaron fiscales federales este viernes, el exboina verde Jordan Goudreau, quien esperaba ser juzgado por cargos relacionados con una incursión armada fallida en mayo de 2020, desapareció y actualmente se desconoce su paradero, informó la agencia Reuters.

La abogada del acusado, Marissel Dezcalzo, confirmó la situación y aseguró que ni la defensa conoce dónde se encuentra su cliente.

“No sabemos dónde está”, declaró la jurista, según reportes judiciales citados por la fiscalía.

 El caso está vinculado con la llamada Operación Gedeón, una incursión armada lanzada en mayo de 2020 por un pequeño grupo de exmilitares y disidentes venezolanos que buscaban capturar o derrocar a Maduro.

La operación terminó en fracaso: varios participantes murieron durante enfrentamientos y otros fueron capturados por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Goudreau, un exintegrante de las fuerzas especiales del Ejército de EE.UU. que posteriormente fundó la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, fue acusado por autoridades estadounidenses de violar leyes federales relacionadas con el control de armas y el envío de material militar para apoyar la incursión.

Lea también: EE.UU. permite temporalmente la venta de parte del petróleo ruso 

Con su desaparición antes del juicio, los fiscales federales consideran que el exmilitar ha eludido a la justicia y lo catalogan oficialmente como prófugo.

Su paradero sigue siendo desconocido mientras continúan las investigaciones.

El caso vuelve a poner en el centro de la polémica el fallido intento de incursión armada contra el gobierno venezolano, un episodio que generó tensiones internacionales y dejó numerosas interrogantes sobre quién financió y organizó la operación.

Con información de Reuters

 Durante su intervención en el Debate General de la 24ª Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el activista venezolano y presidente de la ONG de DD. HH. Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, afirmó que el sistema de justicia internacional “falló” a las víctimas de Venezuela en el momento en que más necesitaban protección.

El activista denunció que el sistema de justicia internacional “ha guardado silencio” precisamente durante los años de mayor represión en la historia reciente de Venezuela.

Diamanti llamó a la Fiscalía y a los Estados Partes a restaurar la capacidad de disuasión de la Corte frente a crímenes en curso. 

 “Quiero ofrecer disculpas a las víctimas venezolanas porque este sistema, en el que confiamos, les falló cuando más lo necesitaban”, remarcó en su discurso.

La Asamblea de Estados Partes -el órgano político más alto del Estatuto de Roma- reúne a más de 120 Estados, misiones diplomáticas, organismos internacionales y ONG para evaluar el funcionamiento de la Corte y fijar posiciones sobre los casos en curso. 

En ese escenario, Diamanti, expreso político y Defensor de DD. HH., planteó una interrogante que, según dijo, resume la preocupación de numerosas víctimas respecto al proceso. 

Recordó sobre una persona vinculada al entorno familiar del Fiscal Karim Khan apareció representando al Estado venezolano ante mecanismos internacionales.

 “¿Cómo puede el Fiscal señalar la responsabilidad del régimen venezolano de un lado de la sala, mientras alguien de su propia familia lo representa en otro?”, preguntó.

Lea también: CPI anuncia que aumentan las demandas de "justicia" en varios países del mundo:Venezuela, entre ellos

⚖️UN SISTEMA QUE LES FALLÓ A LAS VÍCTIMASRodrigo Diamanti, presidente de @SinMordaza, denunció ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI que "el sistema de justicia internacional les ha fallado a las víctimas en Venezuela" y pidió órdenes de arresto para frenar los crímenes pic.twitter.com/chvH3VgTBx

El presidente de Un Mundo Sin Mordaza además recordó que, durante una década, la sociedad civil venezolana “se convirtió en el motor de la justicia internacional” ante la inacción de la Fiscalía.

Recopiló evidencia, documentó cadenas de mando, impulsó la creación del Panel de Expertos de la OEA y de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y logró que seis Estados Parte remitieran la situación al Tribunal. “Los venezolanos hicieron historia”, dijo. “Y aun así, el Fiscal se negó durante años a abrir la investigación”.

Según Diamanti, la apertura de la investigación en 2021 coincidió con “el momento más oscuro” para la sociedad venezolana. 

“La tragedia es esta: cuando la investigación se abrió, la Corte cayó en silencio y ese silencio coincidió casi perfectamente con el peor aumento de represión de nuestra historia moderna.”

El activista citó cifras alarmantes del período posterior a la apertura de la investigación:

● La tortura aumentó 150%,● desapariciones forzadas aumentaron 105%,● por primera vez en una década más de 100 menores y más de 300 mujeres fueron encarcelados,● Tras la elección presidencial, 25 personas fueron asesinadas y más de 2.000 detenidas en 48 horas, cumpliéndose la amenaza pública de un “baño de sangre”.Diamanti cuestionó el enfoque de la Fiscalía de “diálogo sin consecuencias, optimismo sin acción”, y denunció que este permitió que el régimen venezolano usara la presencia de la CPI como “escudo diplomático” para profundizar la represión.

Criticó además la política de órdenes de arresto secretas, señalando que “el secreto no disuade a quienes ya saben que no pueden viajar”, y advirtió que la percepción de inacción tiene consecuencias devastadoras: “Para las víctimas, el mensaje es: no somos prioridad. Para los perpetradores: pueden continuar.”

En un llamado directo a los Estados Parte, Diamanti planteó la pregunta central de su intervención: “Si esta Corte no es evaluada por su capacidad de detener crímenes en curso, ¿entonces por qué se la evalúa?”.

El activista presentó dos solicitudes concretas para comenzar a restaurar la credibilidad del sistema de justicia internacional en el caso venezolano:

​1.​ Que la Fiscalía se pronuncie públicamente y de manera consistente sobre los crímenes en Venezuela, porque “cada día de silencio es un día de permiso”.

​2.​ Que la Corte emita órdenes de arresto en la situación de Venezuela y confirme públicamente su existencia, aun sin revelar nombres, para enviar un mensaje claro: “a las víctimas, que no están solas; a los perpetradores, que ya no están seguros.”

Diamanti finalizó recordando que los venezolanos han esperado justicia desde 2014 y que los crímenes continúan “cada día sin acción tiene un costo humano irreversible, Venezuela no puede soportar otra década de silencio. Es hora de que esta Corte sea lo que fue creada para ser: una línea real de protección frente al terror de Estado.”

Cerró su discurso citando a los padres de Juan Pablo Pernalete -joven asesinado por fuerzas del régimen-: “Los crímenes contra la humanidad no prescriben, pero las vidas humanas sí. Como la vida de su hijo, Juan Pablo Pernalete”. Añadió que espera algún día volver a la Asamblea para agradecer, no para disculparse: “Porque finalmente habremos encontrado justicia para todas las víctimas.”

Con información de nota de prensa

El sospechoso de matar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la "voluminosa" evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

El sospechoso participó este lunes virtualmente, aunque sin video a pedido de la defensa desde una cárcel del condado de Utah.

La Fiscalía dijo este lunes que la evidencia del caso "es voluminosa, por decir lo mínimo".

Kathryn Nester, designada por el Estado la semana pasada para defender a Robinson, argumentó que necesita más tiempo para decidir si optan por una audiencia preliminar.

El juez Tony Graf fijó la próxima cita judicial para el 30 de octubre, en la cual se prevé que Robinson atienda en persona.

Lea también: Revelan detalles del asesinato de Charlie Kirk: la fiscalía de EE. UU. pide pena de muerte

Este tipo de audiencia sirve para determinar si hay suficiente evidencia contra el acusado para continuar con un juicio.

Las autoridades han informado que recuperaron el arma que se cree fue usada en el crimen, rastros de ADN de Robinson y un intercambio de mensajes del sospechoso con un compañero de apartamento en los que habría confesado el crimen.

"¿Por qué lo hice?", dice Robinson en uno de los mensajes, de acuerdo con la Fiscalía. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no se puede tolerar".

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista de 31 años había cofundado el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Trump.

El mandatario republicano calificó a Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, han denunciado en las últimas semanas que han perdido sus empleos por criticar a Kirk.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen.

Con información de AFP

La justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la penal, según lo determinó el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés).

En este documento, se cuestiona principalmente la labor de los jueces y fiscales, que ha sido calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.

Según este reporte, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de derecho, al obtener una calificación de 0,26 puntos.

Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente.

Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.

A pesar de que la administración de Nicolás Maduro ha emprendido supuestas reformas en el sistema judicial, esto se ha quedado en «puros gestos», a decir de la puntuación alcanzada por Venezuela.

Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos no quedaron al final de la cola, sino de penúltimos, puesto que, en este caso, Camboya superó a Venezuela.

Para conocer acerca de esta y otras informaciones, te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

Lea también: ¡NO ES LA IGUANA, ES EL BAJÓN! Fluctuación eléctrica en Caracas impidió que el TSJ revisara expediente de María Corina – VIDEO

La justicia venezolana, en particular su cooptación por parte del Gobierno y su incapacidad para cumplir la misión que le encomienda la Constitución —proteger los derechos de los ciudadanos y castigar las infracciones a la ley— volvió a estar en la agenda de organizaciones y organismos internacionales, pero de manera negativa.

Así concluye el informe anual de la ONG Acceso a la Justicia, en el cual s ehace énfasis en cómo los organismos internacionales consideran que «las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas».

Lea también: ONG exigen a la “justicia de Maduro” respeto a DD.HH. de detenidos por corrupción

El informe titulado: El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela recuerda que «la justicia venezolana terminó (en el 2022) en el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), un puesto que comparte con países como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo, Estados que presentan graves déficits democráticos».

De la misma manera, se destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como la «lista negra» de los derechos humanos.

Esto se debe a la injerencia que el Gobierno ejerce sobre otros poderes públicos, en particular la justicia, lo cual «ha derivado en la ausencia del Estado de derecho».

En el escrito también se recuerda que la situación de la justicia fue abordada en extenso durante el III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que el país fue sometido en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a finales de 2021.

Durante este proceso se volvió a presentar una hoja de ruta para intentar recomponer la situación, y aunque las autoridades nacionales se comprometieron a fortalecer la independencia judicial, rechazaron todas las recomendaciones que iban dirigidas a restablecerla «como si existiera».

El combate a la provisionalidad reinante entre jueces, fiscales y defensores públicos figuró, como ya viene siendo costumbre desde hace años, en casi todos los informes y pronunciamientos de los distintos organismos internacionales.

El hecho de que los jueces, fiscales y defensores no se han hecho con sus puestos a través de los concursos de oposición ordenados en la Constitución y en la legislación, los hace susceptibles a presiones de sus superiores jerárquicos.

Por otra parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, al inaugurar las actividades judiciales correspondientes a 2023 aseguró que en el año anterior su administración se enfocó en impulsar la construcción del «andamiaje» para la celebración de los concursos a fin de que los jueces obtengan la titularidad. Aunque mencionó que «solo falta el llamado a dicho concurso», la funcionaria no asomó una fecha.

En el informe se recuerda también que la anterior alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humamos, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela cuestionaron abiertamente la efectividad de las reformas legales e institucionales aprobadas por las autoridades en el ámbito judicial desde 2021.

Bachelet denunció que las modificaciones que sufrieron instrumentos como el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por ejemplo, han sido insuficientes para evitar el retardo procesal o el abuso de la detención preventiva.

En el último reporte presentado por la exmandataria chilena sobre Venezuela se destaca lo siguiente:

«El ACNUDH sigue observando frecuentes aplazamientos de las audiencias que dan lugar a detenciones preventivas que se prolongan efectivamente más allá de los límites legales. Las audiencias judiciales se pospusieron en al menos 14 casos, presuntamente debido a la escasez de vehículos o combustible para garantizar el traslado oportuno de las personas detenidas».

En similares términos se pronunció la MDH, que denunció haber verificado casos de procesados que tienen más de tres años detenidos a la espera de juicio, algo que va en contra de lo previsto en la ley.

Por su parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dejó en claro su desconfianza en la justicia venezolana al pedirle a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado permiso para retomar sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde 2017. Entre las principales razones que justifican sus dudas está el hecho de que las averiguaciones son incompletas (no abarcan a los superiores) y marchan a un ritmo lento.

Uno de los eventos que marcó 2022 fue la sexta remodelación que sufrió el TSJ, luego de que la Asamblea Nacional electa en 2020 reformara la ley que lo regula y redujera el número de sus integrantes desde 32 a 20.

Pese a que la reducción en el número de magistrados también disminuye los costos de negociación a fin de llegar a acuerdos para la aprobación de las sentencias, esto no sirvió para aumentar la productividad ni la eficiencia del máximo juzgado.

Prueba de ello es que Acceso a la Justicia constató que algunas de las dependencias del TSJ tuvieron más de dos meses y medio sin dictar una sola decisión, como es el caso de la Sala de Casación Civil, y la Sala Plena llegó a acumular tres meses sin sentenciar.

Asimismo, no se puede ignorar que el hecho de que el 60% de los magistrados fueran reelegidos no contribuyó a la independencia del organismo.

La oposición venezolana exigió justicia este sábado al cumplirse cuatro años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien se encontraba detenido y por lo que fueron condenados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La exdiputada y miembro del partido Primero Justicia (PJ) Yajaira Forero indicó en un comunicado de prensa que es necesario presentar ante las autoridades y la justicia a la cadena de mando del Sebin y no solo a los funcionarios de “bajo rango”.

“Exigimos que la cadena de mando del Sebin también responda ante las autoridades y ante la justicia. Nadie merece morir como murió nuestro hermano Fernando Albán tal día como hoy”, apostilló.

Igualmente, el opositor venezolano Juan Guaidó recordó la muerte de Albán en su cuenta de Twitter, al tiempo que exigió justicia para las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, reseña EFE.

Por su parte, el antichavista Julio Borges sostuvo en la red social que seguirán acompañando a los familiares de Albán en “su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos su sufrimiento y lo difícil que ha sido recomponerse de esta irreparable pérdida”.

En diciembre pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al caer de un décimo piso.

Lea también: JUEZ DE EE.UU. ORDENA a Maduro pagar $73 millones a la familia de Fernando Albán (+Detalles)

Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra el presidente Nicolás Maduro.

Saab detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.

Entonces, aseguró que “fue un asesinato” y denunció la existencia de “contradicciones” en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del Gobierno y varios ministros.

El caso del concejal se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

Con información EFE

El cantante de R&B caído en desgracia R. Kelly, que cumple una condena de 30 años por delitos sexuales, fue declarado culpable de pornografía infantil después de un juicio de un mes en su ciudad natal de Chicago. 

Robert Sylvester Kelly, de 55 años, fue condenado por tres cargos de producción de pornografía infantil y otros tres por captar a un menor para relaciones sexuales, informó el Chicago Tribune. 

El tres veces ganador del premio Grammy fue absuelto por un jurado federal de otros siete cargos, incluidos los de obstrucción a la justicia en un juicio anterior, dijo el periódico. 

Lea también: La venezolana Fernanda González se corona como Miss Turismo Universo 2022

Él y dos exsocios estaban acusados de obstruir un juicio por pornografía infantil en 2008 en el que un jurado le declaró inocente. 

El exrepresentante de Kelly Derrel McDavid y un antiguo empleado, Milton «June» Brown, también fueron absueltos el miércoles de los cargos de obstrucción.

Se les acusaba de haber amenazado y corrompido a una víctima que entonces no entregó su testimonio. Pero la mujer que tiene ahora 37 años se expresó este miércoles.

Extractos de videos en los que se ven actos de violencia sexual cometida por R. Kelly contra adolescentes, una de ellas de 14 años, fueron mostrados durante el proceso.

El jurado de 12 personas demoró unas 11 horas para llegar a un veredicto, que podría sumar una fuerte condena a los 30 años de encarcelamiento que ya recibió el cantante en Nueva York en septiembre por reclutar a adolescentes y mujeres para practicar sexo. 

En el caso de Nueva York, el cantante de «I Believe I Can Fly» fue declarado culpable de ocho cargos de tráfico sexual y uno de extorsión. 

La condena de R. Kelly en Nueva York, la primera en un juicio en el que la mayoría de las partes civiles eran mujeres negras, se consideró un punto de inflexión en el movimiento #MeToo.

Los debates arrojaron luz sobre el «sistema» de R. Kelly para atraer a jovencitas y violarlas, con la complicidad de personas de su entorno.

Muchas víctimas contaron que habían conocido a su ídolo en un concierto y después alguien había deslizado un pequeño papel con los datos de contacto del cantante.

Aunque se les prometía hacer despegar su carrera musical, lo que sucedía era que se les «adoctrinaba» y forzaba a tener relaciones sexuales, mantenidas en un sistema «sórdido» bajo «medidas coercitivas», según la acusación.

También se le procesa en otros dos estados.

Con información de AFP.

Los vecinos de la parroquia La Vega están consternados e indignados por el femicidio de la adolescente de 16 años, Arianna Jocxybel Parra Oliveros, quien recibió 10 puñaladas de su ex novio.

? La Vega EXIGE JUSTICIA para Joxcibel Parra"En sus manos está que este hombre pague todo lo que le hizo a la niña", los vecinos de La Vega piden a las autoridades que no quede impune el femicidio de la adolescente asesinada por se exnovio. @ImpactoVE? pic.twitter.com/1DKvQkeuHr

“Le pedimos al gobierno, al presidente Maduro, el apoyo porque en sus manos está la justicia para que este hombre desgraciado pague por todo lo que le hizo a la niña (Jocxybel)”, dijo una de las vecinas.

Jocxybel estudiaba 5to año de bachillerato y era parte de la selección de vóleibol en el Instituto Nacional de Deportes.

Lea también: LA GOLPEÓ Y LE PROPINÓ 10 PUÑALADAS: adolescente fue asesinada por su ex novio que se negaba a terminar la relación

Pasada las 4:00 de la tarde del jueves, el ex novio desesperado porque ella no le contestaba el teléfono, la sorprendió frente a su casa cuando ella bajó a buscar una toalla que se cayó de la ventana.

Francisco Saltrón de 20 años de edad, sometió a la adolescente, la llevó dentro de la casa, la golpeó y le propinó 10 puñaladas delante de una niña de 7 años de edad y se dio a la fuga.

La joven gritó pidiendo ayuda y un tío, que vive cerca, la escuchó y corrió a la casa donde la encontró ensangrentada. La trasladaron al Hospital Pérez Carreño pero al ingresar falleció.

“Todos en esta comunidad conocíamos a esa niña, ese ya no era su novio, ella vivía con sus padres. Él la atormentaba y la atormentó tanto que le quitó la vida y no es justo”, resaltó la vocera de los vecinos.

??Vecinos de La Vega protestan por el femicidio de Ariadna Joxcibel ParraDesde el sector Los Mangos hasta la Redoma de La India, personas han caminado para exigir justicia. La atleta, de 16 años, murió en manos de su exnovio quien le dio múltiples puñaladas. @ImpactoVE? pic.twitter.com/d76zCT6yM8

Los manifestantes aseguraron que seguirán luchando hasta que se logre la captura de Saltrón y se haga justicia por Jocxybel.

Familiares, ONG y líderes opositores pidieron este martes justicia para el joven Juan Pablo Pernalete. A él lo asesinaron hace cinco años durante las protestas ocurridas en el 2017, contra Nicolás Maduro.

A través de la ONG, Provea, se supo que sus padres solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «ser escuchados». Piden que investiguen «las ejecuciones extrajudiciales» de esos días.

Elvira Pernalete, madre del joven de 20 años, dijo en su cuenta de Twitter que, cinco años después del asesinato de su hijo, no se ha hecho justicia.

«Aún sus autores materiales continúan en libertad. No hay indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho», aseveró.

En este sentido, la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) sostuvo que «aún no hay justicia» por este asesinato.

Era un «joven estudiante universitario, deportista, y luchador social». «Guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena», recordaron.

Lea también: QUIEREN EVADIR PROCESO EN LA CPI: critican cambio de posición del MP sobre asesinatos de Pernalete y Albán

En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó sobre las causas de la muerte de Pernalete.

Explicó que se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos. de esta forma desmintió la versión oficialista de que lo hirieron con una pistola usada para la ganadería.

A esta versión se unieron Nicolás Maduro, así como su entonces ministro de Información, Ernesto Villegas. Ambos aseguraron que la oposición era responsables por esta muerte.

Al cumplirse un lustro de este hecho, el exdirigente estudiantil y comisionado de la OEA para la migración, David Smolansky, pidió «justicia para Pernalete».

Aseguró que lo asesinaron «por instrucciones de Nicolás Maduro y los jerarcas de la dictadura».

Entre tanto, Provea también recordó el suceso. Aseguró que sus padres han «encontrado innumerables trabas en su búsqueda de justicia».

El pasado 3 de abril, Elvira Pernalete dijo que era «positivo» que la CPI instale una oficina en Venezuela. Pero, recalcó que lo será «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas. Que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».

La última semana de marzo de 2017, el país se sacudió por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento.

Ese fue el detonante de las protestas que ocurrieron en todo el país, con un saldo de más de 120 muertos y la condena de parte del mundo hacia Maduro.

Este 12 de febrero se cumplen cuatro meses de la muerte del general, Raúl Isaías Baduel, en extrañas circunstancias, mientras estaba privado de libertad por razones políticas en uno de los calabozos del Sebin.

Falta de atención médica, torturas, atención médica tardía; son algunas de las injusticias que su esposa e hijas denuncian tras la muerte del exministro de la Defensa del gobierno de Hugo Chávez.

Lea también: Guaidó aprovecha salida de venezolanos para anunciar “regreso organizado” a las calles

#ProhibidoOlvidar ¡FAVOR RT! Hoy se cumplen 4 meses del asesinato de mi papá @RaulBaduel en manos del régimen criminal y violador de DDHH.4 meses de impunidad e injusticia. Seguimos luchando hasta que haya JUSTICIA Y LIBERTAD. pic.twitter.com/Z3SMYTM9M8

Incluso, lo que mayor consternación causó en la familia Baduel fue que días antes habían podido visitarlo y se encontraba bien. También rechazaron que el medio en el que sus hijos se enteraron de su deceso fue mediante un tuit que publicó el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro. Traek William Saab.

Sus familiares denuncian que su fallecimiento está plagado de irregularidades, comenzando, porque notificaron que la causa de su muerte fue el COVID-19; y su esposa señaló que en ningún momento, Raúl Isaías Baduel.

Por ello, cuatro meses luego de su deceso, sus hijas continúan exigiendo justicia, y piden que cesen la tortura contra los presos políticos, entre ellos, uno de sus hermano, e hijo del general Baduel, Josnar Baduel.

Los problemas no terminan para la abogada y animadora Laura Bozzo. Según afirman medios mexicanos como El Universal, la Fiscalía General de la República (FGR) presuntamente solicitó este miércoles 18 de agosto una nueva alerta para ella.

De acuerdo con la información. la FGR pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una ficha roja en contra de la peruana; debido a que tiene una orden de aprehensión en su contra.

Desde la semana pasada, la justicia mexicana emitió una orden de arresto en contra de la abogada por evasión fiscal. Incluso, le dieron 48 horas para que se presentara en un Centro de Prevención y Readaptación Social en la capital mexicana.

Lea también: Inician alegatos en juicio por delitos sexuales de R. Kelly

Sin embargo, y a pesar de que varios programas y webs dedicados al mundo del espectáculo la esperaron por días en la puerta de la cárcel; ella no se presentó. Ante esto, la Fiscalía solicitó este recurso y amplió la posibilidad de detención a más de 180 países que tienen convenio con la Interpol. La «señorita Laura» tiene, además de su nacionalidad peruana, la mexicana e italiana.

A Bozzo, las autoridades la buscan por presunta evasión fiscal de más de 13 millones de pesos; luego de que vendió una propiedad de manera ilegal porque la misma había sido incautada. En una entrevista que ofreció a un canal peruano, ella negó cualquier defraude al fisco mexicano.

Asimismo, la prensa también aseguró que se encontraba hospedada en un hotel y que sus abogados habrían alegado su edad (71 años) y un enfisema pulmonar como atenuantes para no ir a prisión.

Laura Bozzo estuvo hace dos décadas detenida en su Perú natal por estar vinculada a una red de corrupción de Vladimiro Montesionos.

Un tribunal del estado Zulia condenó a 24 años de cárcel a ocho PNB por violación y tratos crueles cometidos contra un joven detenidos por las protestas del 2017.

La información la dio a conocer la ONG por los DD.HH en la entidad CodHez. «El Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Zulia condenó en la noche de hoy 11May a 8 exfuncionarios de la PNB por los delitos de violación y tratos crueles en contra de un joven detenido durante las manifestaciones de 2017«, indicó en Twitter.

«Los exfuncionarios están condenados a 24 años y tres meses de cárcel por la comisión de delitos atroces», dice la ONG.

La organización aclara que los delitos «se configuraban como tortura sexual. Pero no los consideraron así por el tribunal, a pesar de los alegatos de Codhez en representación de la víctima».

Lea también: Llegan con las manos vacías: migrantes que retornan de Brasil están desvalidos y expuestos a pandemia

Destaca que «este juicio concluye luego de más de 3 años en espera y múltiples diferimientos de la audiencia». Y agrega que acusaron en realidad a «10 oficiales adscritos a la PNB, 8 de los cuales están detenidos y 2 evadidos con órdenes de captura».

Resalta la ONG «que este hecho no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima. Pero desde Codhez saludamos que los tribunales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos».

«Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación a los casos de violaciones de derechos humanos que involucran abusos de las fuerzas de seguridad nacional», dijo la institución.

#Urgente | El Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Zulia condenó en la noche de hoy #11May a 8 exfuncionarios de la PNB por los delitos de violación y tratos crueles en contra de un joven detenido durante las manifestaciones de 2017 #NoMásTortura pic.twitter.com/Wz2HXvqrLf

Deyna Castellanos, a través de su cuenta en Twitter, expresó justicia y conmoción tras el video de la noticia sobre la captura de quien agredió a la venezolana de 18 años abusada sexualmente.

“Buscar un trabajo no debería ser motivo de preocupación para las mujeres. Gracias por levantar la voz, es algo que todas debemos hacer para exponer a los agresores y exigir el respeto que nos merecemos. Un abrazo a tu hija #GarzonViolador”, escribió Deyna.

JUSTICIA. Buscar un trabajo no debería ser motivo de preocupación para las mujeres. Gracias por levantar la voz y demandar justicia Thays, es algo que todas debemos hacer para exponer a los agresores y exigir el respeto que nos merecemos. Un abrazo a tu hija #GarzonViolador https://t.co/v8JsOHfPS4

Lea también: REFINERÍAS A MEDIA MÁQUINA https://impactove.com/venezuela-dependera-2021-gasolina-importada-expertos/

Recordemos que Irineo Humberto Garzón Martínez, está bajo investigación por la violación de una migrante venezolana el pasado 23 de enero.

En la noche de este domingo, Impacto Venezuela recibió la denuncia de 120 venezolanos detenidos en espera de proceso en Trinidad y Tobago.

Mientras que 50 privados de libertad están en espera de que salga el beneficio para culminar su condena y 4 esperan su traslado a Venezuela para terminar la condena en su país de origen.

Lea también: Como a malandros y prostitutas tratan a migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

Estos cuatro necesitan solo una firma para ser trasladados; sin embargo no reciben respuesta. Ante esto, comenzarán huelga de hambre este lunes 21 de septiembre.

Estos detenidos se encuentran recluidos en una cárcel de máxima seguridad en Trinidad y Tobago.

Ante esta situación, los detenidos en Aruca, claman al régimen de Nicolás Maduro por la presencia de un representante de la embajada venezolana porque temen por sus vidas.

En ese sentido, denunciaron que no tienen condiciones sanitarias dentro de la prisión, no tienen protección ante la pandemia por COVID-19.

En la cárcel de máxima de seguridad en Trinidad y Tobago se encuentra un venezolano que tiene 15 años pagando condena y denunció que fue aislado con un grupo que tiene tuberculosis, aun cuando su examen dio negativo.

“Al estar por un tiempo prolongado allí, si no me sacan a tiempo corro el riesgo de contraer la enfermedad porque en una celda duermen de tres a cuatro personas”, explicó.

Informó que los 15 años que tiene detenido, es el mismo tiempo que tiene sin hablar con su familia, “legalmente”.

“Todos los derechos están siendo vulnerados, no tienen asistencia médica, todo lo que dan es una pastilla llamada panadol para todo”, comentó.

Por ello, los privados de libertad venezolanos hacen un llamado desesperado a las autoridades de su país de origen para que los saquen de la cárcel y sean trasladados a Venezuela.

Aseveran que si no los sacan y los toca la pandemia morirán todos allí. Denuncian maltratos físicos y psicológicos.

Exigen el respeto por los derechos humanos que les corresponden como seres humanos. Incluso los que han cometido delitos sienten que están como secuestrados.

Denuncian que se les viola el debido proceso. Los tiempos procesales y el derecho a una llamada a sus familiares.

En la cárcel de seguridad de Trinidad y Tobago hay venezolanos inocentes, como también algunos que han cometido delitos; sin embargo son seres humanos, y de acuerdo con las leyes sus derechos deben ser respetados.

Los privados de libertad admiran a los países que reclaman a sus ciudadanos y les brindan apoyos. “Fueron repatriados asiáticos, ingleses, europeos, americanos, en general ellos hicieron que respeten los derechos de sus ciudadanos representándolos y defendiéndolos”, alertaron.

Los detenidos prefirieron mantener su identidad bajo resguardo por temor a represalias; sin embargo exigen justicia y que sean atendidos.

“Somos golpeados salvajemente y aislados, solo dan de comer avena con sal y pan durante varios días”.

Uno de los detenidos pidió que agilicen los procesos de los detenidos, en vez de repatriar venezolanos de forma ilegal, como los 73 venezolanos que obligaron a “repatriar voluntariamente”.

El ciudadano que cumple condena desde hace 15 años, desde hace cinco años solicitó culminar la condena en Venezuela; sin embargo no han hecho el trámite.

Aseguran que el embajador de Trinidad y Tobago debe firmar la orden, en el marco de un convenio internacional firmado en el cual se obliga actualizar su ley criminal por inquisidora y violatoria de los derechos humanos.

Denuncian torturas, humillaciones y discriminaciones. Los detenidos solo clamen justicia y respeto por sus derechos.

Pidieron ayuda y asistencia al régimen venezolano, así como parar de politizar las medidas.

#20Sep EXIGEN RESPUESTA: venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago comenzarán huelga de hambre este #21SepEn la noche de este domingo, Impacto Venezuela recibió la denuncia de 120 venezolanos privados de libertad en espera de proceso en Trinidad y TobagoVía @BarbaraAorozco pic.twitter.com/6K3EAkhOZT

El fiscal general de Cabo Verde, Luís José Tavares Landim, pidió a la Justicia de su país “ser serena, tranquila y pacífica”.

Ante cuestionamientos y reclamos por parte de la defensa del empresario colombiano, aseveró que los funcionarios de Cabo Verde están cumpliendo la ley.

 “La defensa puede utilizar todos los medios, siempre que sean legales, para intentar liberar a su cliente”, expresó Tavares.

Sin embargo, aseveró que la justicia no tiene por qué responder a las especulaciones que se están haciendo.

Lea también: Como malandros y prostitutas tratan a migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

“La justicia es consciente de que está cumpliendo con la ley y nada más”, dijo.

El jefe del Ministerio Público insistió en que han sido respetados todos los derechos de Alex Saab.

En ese sentido, destacó que “no hay denuncias” por parte de la justicia caboverdiana.

La defensa del presunto testaferro de Maduro continúa denunciando supuestos atropellos judiciales y físicos al detenido en Cabo Verde, que espera por conocer si es extraditado o no a EE.UU.

Desde hace semanas, tanto Alex Saab, detenido en Cabo Verde como su defensa han denunciado presuntas torturas en su contra.

De acuerdo al pronunciamiento de Saab, fue torturado para que declarara en contra de Nicolás Maduro.

Alex Saab fue detenido en junio de este año en el marco de un alerta azul, emitida por la Interpol, ya que es acusado de lavado de dinero.

Al empresario colombiano se le acusa de colaborar en los actos de corrupción y lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro.

En estos momentos han cumplido todos los pasos del proceso para que finalmente sea extraditado a Estados Unidos y allí cumplir su condena por los delitos que se le imputan.

Con información de 800 Noticias

El ministro de justicia de Colombia, Carlos Holmes Trujillo aseguró que duele y genera solidaridad la muerte del abogado Javier Ordóñez.

Por tal razón a nombre de la Policía Nacional pidió perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la policía.

«Se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y homicidio».

En tal sentido los dos policías que agredieron con pistolas taser a Javier Ordóñez fueron retirados de la institución, mientras 5 agentes más fueron suspendidos de sus cargos.

«Para apartarlos de institución para que no se obstaculice la investigación», aclaró el ministro de la cartera de justicia en Colombia.

Lo propio hizo el director encargado de la Policía Nacional de Colombia, general Gustavo Moreno quien advirtió que policías involucrados no tienen nada que ver con lo que significa la institución.

«Policías en la calle, no tienen ninguna orden de disparar contra los ciudadanos», aclaró el oficial colombiano.

Lea también: Brutalidad policial: aumenta a 13 muertes en Colombia durante protestas

Por su parte el presidente de Colombia, Iván Duque aseguró que los hechos de violencia en las últimas 48 horas en Colombia, son dolorosos y deben generar rechazo.

Las alteraciones de orden público tras la muerte de Javier Ordóñez por un presunto abuso policial han dejado 13 víctimas mortales, 147 policías heridos y 248 ciudadano lesionados.

El Presidente Duque dijo que no se permitirá ningún abuso por parte de la fuerza pública e hizo una defensa a la institucionalidad.

«Son muchos miembros de la fuerza pública que sirven al país y bajo ese espíritu definido hay una política clara de cero tolerancia a cualquier acto que deshonre el uniforme», manifestó.

Afirmó también que personalmente se comunicó con los familiares de los 13 fallecidos en los disturbios de las últimas horas a quienes les garantizó esclarecer los hechos y justicia.

También dijo que habló con varios uniformados heridos.

Confirmó que hay 140 capturados por hechos vandálicos y que se trabaja con alcaldes y gobernadores para enfrentar expresiones de violencia.

#11Sep ¡Piden perdón! La @PoliciaColombia pide perdón por cualquier violación a la Ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución.@ImpactoVE ?https://t.co/WDba6tLzhC pic.twitter.com/8yF9tnqqCC

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana alertó que 260 militares presos están «en grave riesgo de contagiarse de COVID-19». Esto es consecuencia de la inacción de la justicia en Venezuela.  

«El Poder Judicial venezolano se mantiene paralizado desde marzo, cuando se decretó la cuarentena. Mantiene los tribunales cerrados, salvo para casos urgentes», advirtió el director de la ONG , Jonathan Mustiola. 

«La administración de justicia es una función permanente del Estado. No podrá verse interrumpida por vacaciones judiciales o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales», dijo.

Lea también: Régimen de Maduro vuelve a implementar esquema de flexibilización en tres niveles

«En algunos casos se han empezado a celebrar juicios y audiencias preliminares, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Pero incumplen por otro lado con garantías del debido proceso», detalló.

Citó como ejemplo la convocatoria a una audiencia preliminar que impide al imputado defenderse de la acusación en su contra.

Recordó las exigencias de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. También las del secretario general de la OEA Luis Almagro. «Ellos han manifestado públicamente la necesidad de liberar a presos políticos para evitar el contagio».

«Contabilizamos 260 presos políticos militares, que se encuentran en alto riesgo de contagio. A pesar que se han otorgado medidas de prelibertad para casos comunes, los militares presos no tienen la misma suerte. Ante esto volvemos a alzar nuestra voz pidiendo medidas humanitarias para estos oficiales», subrayó Mustiola.