El anuncio de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, causó sorpresa. Desde que se anunció su llegada y más, desde que arribó al país, no han cesado las peticiones «para que haga justicia» por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde el 2017. Sin embargo, también se han alzado voces que critican que el alto funcionario haya venido «invitado», por la administración de Nicolás Maduro.

La expectativa surge porque está pendiente el examen preliminar que actualmente mantiene abierto la CPI. El examen podría pasar a una fase de Investigación Formal, permanecer abierto o ser cerrado durante los próximos meses o años.

Pero ¿Qué significa la llegada de Khan a Venezuela? ¿Su presencia en el país es una manifestación de apoyo a Maduro?

Las respuestas a estas interrogantes las dio Simón Gómez Guaimara, especialista en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela.

En entrevista publicada por la ONG Provea, el experto, aclara que «es muy pronto para comenzar a evaluar la gestión de Khan». Él apenas comenzó su desempeño como fiscal en mayo de este 2021.

Advierte que la visita está enmarcada en el principio de cooperación entre los Estados y la CPI. Por ello, no observa su presencia como algo a favor de Maduro. Más bien lo ve «como elemento de presión para que las autoridades venezolanas demuestren si están dispuestas o no a llevar hasta sus últimas consecuencias las averiguaciones por las violaciones a los DD.HH.».

“La cuestión de la cooperación con el Estado, es uno de los pilares del sistema de la Corte Penal Internacional en conjunto con el principio de la complementariedad. Los Estados, de acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Roma, están obligados a cooperar con la Corte. Esto, en la realización de su mandato, que es prevenir e impedir la impunidad por los crímenes que son de su competencia”, explica Gómez.

A juicio del abogado, la actividad realizada por la fiscalía de la CPI se ha desarrollado en una armonía relativa con el Estado venezolano a lo largo del examen preliminar. Esto deriva de que las autoridades venezolanas han suministrado alguna información y participado de reuniones en La Haya.

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La alarma sobre la visita del Khan a Venezuela se entiende por la experiencia con la anterior fiscal, Fatou Bensouda. Ella inició el examen preliminar y había dicho en marzo pasado que ya tenía listo el acto conclusivo de la averiguación.

Sin embargo, las autoridades venezolanos introdujeron un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI alegando que la Fiscalía les había tratado injustamente. Bensouda se quedó sin poder dar a conocer la conclusión de la evaluación, luego de lo cual han pasado varios meses. Su sucesor, Khan, no se ha pronunciado sobre el caso Venezuela I.

Al respecto, Simón Gómez observa que ambos fiscales han estado prestos y abiertos a colaborar con el Estado venezolano. Así lo ordena el Estatuto de Roma.

En este sentido, el especialista pide evaluar a Bensouda y a Khan en sus contextos. «Es una cuestión que para comprenderla hay que situarla en su contexto y hacer una ponderación de las gestiones».

«En el caso de Bensouda, tenemos un mayor margen de tiempo para hacer la evaluación. Ella fue prácticamente quien condujo la mayor parte del examen preliminar hasta que alcanzó la fase tercera. Por su parte, el fiscal Karim Khan se encuentra en su recepción del cargo, aún no ha transcurrido un semestre de gestión», explicó.

Además, recordó que el Estado venezolano también invitó a Bensouda, pero su llegada no se pudo concretar.

“La propia fiscalía había dado una relación de todas esas actividades de cooperación que se han desplegado con Venezuela. Esto, en el marco del litigio que interpuso Venezuela ante sala de Cuestiones Preliminares. Todo, en razón de que en opinión del Estado venezolano se le estaba tratando injustamente en relación con otras investigaciones. Pero, la Fiscalía comprobó que era falso. La fiscal Bensouda tuvo la plena disposición de colaborar y estaba en contacto permanente con las autoridades venezolanas”, resalta Simón Gómez.

Explica el experto que el fiscal Khan «tiene que recoger del Estado lo que han sido las medidas de diverso carácter que han sido implementadas para cumplir con lo que dice el Estatuto de Roma. Pero deberá realizar luego una evaluación de los elementos por diversos canales y medios. Uno de ellos es este contacto de primera mano que va a tener. Tendrá que hacerlo de conformidad con el Estatuto de Roma», agregó.

Considera que con las acciones de Maduro, como la reforma judicial y la apertura de algunos juicios, la fiscalía debe probar que tienen «una intención genuina de buscar a quienes son los máximos responsables de esos crímenes».

Pero, aclaró que en estas acciones, se ha visto que no se juzga a los responsables por dar órdenes, sino a «los autores materiales, es decir los perpetradores».

Simón Gómez señala «el Fiscal va a evaluar la situación con respecto a una regla que en inglés se denomina same person, same conduct (misma persona, misma conducta). Esto, aunque todavía no haya personas individuales señaladas, sino potenciales personas relacionadas con los crímenes. Por ello se evalúan las circunstancias relacionadas con el presunto crimen. En esa medida (el acusado) va a tener una relación con respecto superiores que estén vinculados a la conducta”, acotó.

“Lo que debemos advertir es que el Estado venezolano parece no haber probado que haya juicio por los crímenes objeto del examen preliminar, que son torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento, violencia sexual, que fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Venezuela entre el 1.º de abril y el 31 de julio 2017″, dijo.

Insiste Simón Gómez en que el determinar si están dadas las condiciones para que se establezca el principio de complementariedad y las investigaciones y procesos judiciales las haga el Estado venezolano es más que nada un punto de vista de carácter estructural.

En este sentido, refiere que los hallazgos de Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, reafirman lo que abogados y ONG defensoras de DD.HH. han señalado por años, como es la inexistencia de un auténtico sistema de justicia, que la comisión denomina de estado de represión, y que no hay independencia de jueces, fiscales y demás órganos de investigación, en el sistema venezolano.

“Para que Venezuela satisfaga principio de complementariedad debe existir una genuina intención traducida en acciones concretas para reformar el sistema de justicia», expresó.

Eso tiene que darse «a través de una negociación (entre gobierno y oposición), que entiendo era uno de los puntos que estaban en la agenda en México. Lamentablemente sabemos lo que está ocurriendo con la suspensión de las conversaciones. Producto de esas sesiones y mediante acuerdos que involucren a la sociedad venezolana, especialmente a las víctimas y la sociedad civil, resultaría un proceso de cambio paulatino que arroje una reinstitucionalización del sistema de justicia. Ese paso previo es indispensable para que podamos hablar de que existe una genuina garantía de que esos juicios sean transparentes”, detalló el abogado.

Se le va a pedir al Estado (informar) cuántos juicios tiene en tortura, a quiénes estás investigando, y así va a ir crimen por crimen. Es la prueba técnica que va a tener Venezuela.

“Es una visita, como se dan acciones de órganos internacionales, muy breve, en la que se va es a corroborar determinadas circunstancias que (el fiscal) ya tiene o ha hecho una pre evaluación en atención a lo que recibe por múltiples canales y que su propia oficina recoge. Lo que va a hacer es escuchar a diversos actores. Creemos va a haber oportunidad contactar a víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores estatales que antes no ha podido escuchar”, precisa Simón Gómez.

Añade que lo que va a corresponder es a una situación de carácter simbólico, el cual tiene mucha importancia porque ese simbolismo debe verse traducido en un estímulo para que el Estado avance en la investigación genuina de estos hechos.

“El Estado no puede simplemente conformarse con esta fachada y utilizar la visita como parte de la construcción de una fachada, eso le podrá servir en las primeras de cambio, pero a mediano y largo plazo ya no será sustentable. Esta estrategia, de que el Estado quiere ganar tiempo, podrá hacerlo, pero esa carrera es a largo plazo y a mediano plazo, estas tácticas dilatorias ya se habrán agotado”, señala.

El coordinador de la ONG, Provea, Marino Alvarado, aclaró que la negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición, en México, no influirá en el proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, independientemente de sus resultados.

«En las últimas dos semanas varias personas me han preguntado si el diálogo y negociación en México puede cambiar el rumbo del Examen Preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional. También sí frenaría el posible avance a fase de investigación de quienes pudieran tener responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La respuesta a esta inquietud es no», dijo Alvarado en un artículo de opinión publicado en la web de Provea.

Aclaró que «la Corte Penal Internacional es un tribunal independiente». Aseguró que la CPI «guía sus actuaciones dependiendo de la voluntad de los Estados de investigar. También de sancionar los crímenes para los cuales la Corte tiene competencia».

«De tal manera que su interés es la justicia. Se empeña sean los propios Estados quienes tengan la disposición y capacidad de investigar y sancionar», destacó el activista por los DD.HH.

Insistió en que la «la Corte actúa de manera complementaria, no busca sustituir el sistema de justicia nacional. Al contrario. Apuesta a que ese sistema sea los suficientemente independiente y sólido para garantizar no haya impunidad».

Añade que la CPI busca «que los propios fiscales y jueces en cada país demuestren la voluntad de juzgar. Principalmente, a quienes aparecen como máximos responsables, quienes planificaron, ordenaron y comandaron las acciones que culminaron en crímenes contra la humanidad».

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A su juicio, «en las negociaciones en México uno de los puntos a discutir y ojalá haya acuerdos serios es en reformar el sistema de justicia».

Para Marino Alvarado, es indispensable que esa reforma incluya «la elección de magistrados del TSJ, designación de nuevo Fiscal General y nuevo Defensor del Pueblo. Todo bajo estricto acatamiento de los procedimientos establecidos en la Constitución».

Sostiene que «si ese aspecto se lograra incluir en la negociación, sin duda será uno de los más difíciles».

Señala que será así porque la administración de Maduro «ha usado el sistema de justicia para perseguir y para avalar todas sus arbitrariedades».

Es más, alertó que «la enorme corrupción no va, fácilmente, a desprenderse de ese instrumento. Si se lograra reformar el sistema de justicia sería un gran avance», afirmó.

Pero, también dijo que «queda entonces la pregunta, de sus esos nuevos funcionarios judiciales tendrían la voluntad de iniciar investigaciones contra los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

Para Alvarado, «la única manera que la CPI no avance es que esas investigaciones contra las cadenas de mando se adelanten. Se demuestre, no con palabras y promesas, sino con hechos concretos, que se trabaja seriamente para garantizar el castigo a los responsables. De lo contrario, no hay ningún motivo para que la Fiscalía de la CPI no continúe su labor sobre la situación en el país. Esa posibilidad de investigación y sanción por la justicia venezolana no parece cercana».

Por otro lado, advierte que «el diálogo y negociación en México puede ser un proceso largo. Mientras tanto las víctimas y organizaciones de derechos humanos siguen aportando información a la Fiscalía de la CPI. No debe de extrañarnos que, en medio del proceso de negociación, el nuevo fiscal anuncie se pasa a fase de investigación».

Fionalmente, el coordinador de Provea señala que, «aunque el gobierno aparenta no preocuparse por una decisión de esa naturaleza, se sabe existe».

Dice que «están conscientes que los crímenes donde pudieran estar involucrados no prescriben. Y ello implica que así transcurran los años hay obligación de sancionar. De tal manera que si los frutos de la negociación en México resultan muy positivos ello no frenará la labor de la Corte Penal Internacional. Habrá que celebrar esos dos resultados».

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo hizo acerca del pronunciamiento del organismo sobre la inacción de esa corte sobre el caso venezolano.

Dijo que “no permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones” sobre Venezuela.

“La Fiscal y su Oficina no permiten que intentos externos, de ninguna fuente, interfieran con la independencia fiscal o el curso normal de la justicia», señala un comunicado citado por la agencia Efe.

Agrega que la CPI «se protege contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales”.

Se trata de una respuesta a las declaraciones del asesor especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Gense. El especialista criticó que la CPI no haya abierto de momento una investigación sobre Venezuela.

La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela. Es un paso previo a una eventual investigación, por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, desde el 2017.

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“Ese examen en curso sigue su curso normal», dice la CPI. Añade que es un proceso que tiene «estricto apego a los criterios legales aplicables instaurados por el Estatuto de Roma y los procesos establecidos».

La institución judicial añadió que terminará el examen preliminar “en el menor tiempo posible”. Aclaró que «ya se ha concluido que existen fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

En la actual fase del examen preliminar, se le pide información a las autoridades venezolanas para determinar si sus propias indagaciones y procesos judiciales sobre dichos delitos son fidedignos.

“El proceso de exámenes preliminares garantiza una investigación independiente y sólida y brinda la oportunidad de que las víctimas, la sociedad civil y los Estados sean escuchados”, dijo la Fiscalía.

Asimismo, informó de que a finales de año publicará una actualización sobre todos los exámenes preliminares que está llevando a cabo, incluido el de Venezuela.

La afirmación desde la Corte Penal Internacional (CPI), sobre un supuesto avance en la causa contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, no debe desatar esperanzas en los venezolanos.

Así lo afirma un trabajo de ABC, en relación con el dictamen de la CPI sobre que hay «fundamento razonable» para creer que en Venezuela ocurren esos delitos.

El análisis destaca que «sí hay un importante reconocimiento» que sigue a pronunciamientos más contundentes de parte de la ONU, por ejemplo.

No obstante, destaca «la lentitud y la actitud con que está procediendo la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda». Según el diario, esa actuación «sugieren que no habrá gran avance al menos hasta que (ella) deje el puesto en junio del próximo año. No importa que seis países avalan las acusaciones contra el régimen.

Con sus palabras de «fundamento razonable», Bensouda no hizo más que adelantar lo que previsiblemente incluirá en su informe anual. «Dará por concluida solo la segunda de las cuatro fases del examen preliminar de la causa», destaca el trabajo.

«¡Dos años para dos fases de lo que es tan solo un examen preliminar!», lamenta el abogado venezolano William Cárdenas. Este profesional del derecho es uno de los primeros en interponer denuncias ante La Haya contra el chavismo.

Lo hizo contra el régimen de Hugo Chávez, contra los colectivos armados para amedrentar a la población. También lo hizo a raíz de los cientos de muertes y torturas perpetrados por Maduro.

En la presentación de esas denuncias participan numerosos opositores y entidades ciudadanas, como la OEA. Se apoyan en en informes que detallan muchos de los crímenes cometidos.

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Aunque a la Corte llegaron denuncias previas, Bensouda no abrió el proceso hasta el 8 de febrero de 2018. En esa fecha anunció el inicio del examen preliminar.

La primera fase era determinar si la letal represión  de Maduro en los últimos años ocurrió en un estado signatario del Estatuto de Roma. La segunda, que ahora parece concluir, es la que confirma que los crímenes alegados son competencia de la Corte.

La tercera fase es la que Bensouda debe abrir, tras la reunión que mantuvo el 4 de noviembre con el fiscal de Maduro, Tarek Saab.

En el nuevo estadio procesal debe establecerse el principio de complementariedad: que en Venezuela no se han investigado bien los crímenes denunciados. Por tanto debe hacerlo la Corte.

Eso llevaría un cuarto momento: la admisión de la causa para su investigación. Esta fase, difícilmente se establecerá antes de que Bensouda deje el cargo en junio.

Después, un nuevo fiscal debe encargarse del caso. No partirá de cero, pero lo normal es que tarde un tiempo en ponerse al día de todos los trámites del tribunal.

La foto que Bensouda se hizo con Saab, podría indicar que la fiscal está abierta a dar credibilidad a las explicaciones de Maduro.

Cárdenas desconfía completamente de Bensouda. El anterior fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, hizo poco caso a las denuncias contra Hugo Chávez. Cárdenas le atribuye una estrecha relación con el kirchnerismo.

Mayor influencia tuvo tenido el lobby realizado por Haifa el Aissami, hermana de Tarek el Aissami.

Haifa el Aissami, tiene frecuentes contactos con Bensouda, tramitó la denuncia de Maduro ante la CPI contra Estados Unidos. Esto, por las sanciones aplicadas por la administracion de Donald Trump.