Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.

Así lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el presidente Donald Trump inicie su mandato, el 20 de enero.

Se trata del proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado. El mismo es obra del Partido Republicano de Trump, pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas, señala la BBC.

La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.

Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.

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El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.

El venezolano de 26 años, José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.

Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.

El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.

Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.

De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.

La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.

El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.

Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.

Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.

Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EE.UU.

La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.

El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.

Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.

Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.

«Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como esta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto», afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensivania, uno de los «estados péndulo» que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.

La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.

En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.

Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.

La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.

Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.

También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.

Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.

«Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad», declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.

Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.

Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).

El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.

Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.

La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.

Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.

Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.

Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.

Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.

El venezolano José Ibarra fue declarado culpable de 10 cargos criminales, incluido el asesinato de Laken Riley, ocurrido en un campus universitario en Georgia en febrero pasado.

Durante un juicio sin jurado que comenzó el viernes pasado, un juez de Estados Unidos halló culpable del asesinato de la joven estudiante de enfermería.

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La noticia fue celebrada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomó el caso como bandera de campaña electoral.

En sus redes sociales, Trump publicó «¡JUSTICIA PARA LAKEN RILEY! El ilegal que mató a nuestro querido Laken Riley acaba de ser declarado CULPABLE de todos los cargos por sus horribles crímenes».

Advierte que «aunque el dolor y la angustia durarán para siempre, esperamos que esto pueda ayudar a traer algo de paz y un cierre a su maravillosa familia que luchó por la justicia y garantizar que otras familias no tengan que pasar por lo que ellos tienen».

Envió un mensaje sentido en memoria de la joven muerta y reafirmó el compromiso de luchar contra la migración irregular. «Te amamos, Laken, y nuestros corazones siempre estarán contigo. ¡Es hora de asegurar nuestra frontera y expulsar a estos criminales y matones de nuestro país, para que nada como esto pueda volver a suceder!»

El juicio contra el inmigrante venezolano José Ibarra, acusado de asesinar a una estudiante de Georgia a principios del año, está previsto para comenzar el viernes después de que el sospechoso renunció este martes a su derecho para que el proceso legal se celebre con un jurado.

Durante una breve audiencia que se realizó en un tribunal de la ciudad de Athens, al este de Atlanta, la defensa de Ibarra, de 26 años, hizo la solicitud para que el juicio se celebre únicamente con un juez, a lo que el magistrado a cargo del caso accedió y fijó su inicio para el final de la semana, reseña EFE.

Ibarra está acusado de 10 cargos por el asesinato de Laken Riley, de 22 años, una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, en Athens, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 22 de febrero en unos senderos del campus de la Universidad de Georgia (UGA), donde estaba trotando.

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El crimen desató una ola de indignación en Georgia tras conocerse que el supuesto asesino, Ibarra, era un inmigrante indocumentado que ingresó de manera ilegal al país en 2022 y propició la aprobación en la legislatura estatal, controlada por los republicanos, de una ley que obliga a las autoridades locales a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El caso también avivó el debate nacional sobre la inmigración en pleno año electoral y fue utilizado por el ahora presidente electo, Donald Trump, durante su campaña electoral para atacar las políticas migratorias del presidente Joe Biden y los demócratas.

El juicio contra Ibarra estaba previsto para que iniciara este miércoles, con la selección del jurado.

De ser hallado culpable, el venezolano, quien está acusado de asesinato, agresión y secuestro, entre otros cargos, enfrenta una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con la Fiscalía, Riley murió como consecuencia de un «traumatismo contundente en la cabeza» al ser atacada por Ibarra con una piedra al punto que «desfiguró» su cráneo.

El migrante indocumentado, de nacionalidad venezolana, José Ibarra, fue acusado formalmente, por el crimen de una estudiante universitaria de Georgia, el pasado febrero, en un caso que ha revivido el debate migratorio en un año electoral.

Ibarra, de 26 años, se considera el único sospechoso de matar a Laken Riley, de 22, y enfrenta un total de 10 cargos, entre ellos asesinato con malicia, secuestro y agresión agravada con intención de violar a la víctima, según determinó un gran jurado del condado de Athens Clarke.

La acusación también señala a Ibarra de impedir los intentos de Riley de llamar al 911; y de manipular pruebas al ocultar una chaqueta y guantes.

El encausamiento de Ibarra se produce dos meses y medio después del crimen de Riley, cuyo cuerpo fue descubierto el 22 de febrero en una zona boscosa del campus de la Universidad de Georgia (UGA, por sus siglas en inglés) en la localidad de Athens, en el norte de Georgia, reseña Univisión.

Ibarra fue detenido un día después del asesinato en un complejo de apartamentos cercano a los senderos donde trotaba la víctima cuando fue atacada y asesinada.

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De acuerdo con la acusación del gran jurado, antes de matarla a golpes con una piedra, hasta desfigurarla y asfixiarla, el sospechoso intentó violarla.

Al imputado también se le presentaron cargos por «mirón», es decir, por presuntamente espiar e invadir la privacidad de otra persona en los dormitorios universitarios, en un incidente que ocurrió el mismo día del crimen de Riley.

A las pocas semanas del asesinato, Riley se convirtió en el rostro de la reforma migratoria para muchos conservadores debido al estatus de Ibarra. Los funcionarios de inmigración han dicho que Ibarra entró ilegalmente en los Estados Unidos en 2022 y se le permitió quedarse.

En el discurso del Estado de la Unión, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene le gritó al presidente Joe Biden: «¡Diga su nombre!» El presidente entonces sostuvo un pin con el nombre de Riley y habló brevemente sobre el caso.

El caso impulsó a los legisladores estatales republicanos a aprobar en menos de dos meses una nueva ley migratoria que exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si están indocumentados.

La medida fue promulgada el pasado 1 de mayo por el gobernador Brian Kemp, que la convirtió en una de sus prioridades legislativas en la pasada sesión.

El hermano de José Antonio Ibarra, el migrante ilegal venezolano, presunto asesino de de Laken Riley, enfrenta una condena de 10 años de cárcel, por tener una identificación falsa.

Según The York Post, Diego Ibarra, de 28 años, fue acusado formalmente el martes de esta semana, en un tribunal federal de EE.UU.

Ibarra fue arrestado el mismo día que su hermano, José Ibarra, por entregar a los agentes una green card falsificada.

La policía del condado de Atenas, Georgia, lo detuvo porque coincidía con la descripción de su hermano, quien ahora enfrenta cargos de asesinato por la muerte de Riley, estudiante de enfermería de 22 años, el 22 de febrero.

A Diego, los agentes fronterizos le habían permitido ingresar al país con un monitor de tobillo en abril de 2023, que rápidamente cortó en Colorado y se fugó, según se conoció en medios judiciales de ese país.

La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Georgia ha acusado a Diego de un cargo de posesión de un documento de inmigración falso, diciendo que «a sabiendas» poseía una tarjeta de residencia «falsificada, falsificada, alterada, fabricada falsamente y obtenida de otro modo ilegalmente».

Si es declarado culpable, Diego podría enfrentar hasta diez años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

El informe para mantener detenido a Diego describía su arresto y decía: “En su apartamento, Ibarra entregó al sargento. Johnson una identificación, que pretendía ser una Tarjeta de Residente Permanente de los Estados Unidos.

“La identificación contenía la fotografía de Ibarra y el nombre ‘Diego José Ibarra’. Johnson reconoció inmediatamente que la identificación era fraudulenta debido a su mala calidad y al hecho de que en ella figuraban dos fechas de nacimiento diferentes de Ibarra”.

Los documentos presentados por los abogados estadounidenses contra Diego también señalaron en fotografías cómo tiene tatuajes asociados con El Tren de Aragua en el cuello y la cara.

Diego y su hermano menor, Argenis, de 24 años, fueron detenidos inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 30 de abril de 2023, cuando intentaban cruzar furtivamente la frontera sur hacia El Paso, Texas, según documentos internos de ICE revisados ​​por The Post.

Después de cruzar la frontera sur por segunda vez, Diego “resistió activamente” a los agentes fronterizos y “huyó y se peleó con” uno de ellos, pero el FBI se negó a procesarlo basándose en un posible problema médico, según los documentos internos.

Ese mismo día, Diego fue procesado y liberado en Estados Unidos por las autoridades federales después de afirmar que temía por su vida si regresaba a Venezuela.

A finales de septiembre, el Departamento de Policía del condado de Atenas-Clarke arrestó a Diego por conducir bajo los efectos del alcohol y sin licencia.

Fue detenido el mes siguiente por robo en una tienda, y nuevamente en diciembre por no presentarse por un delito relacionado con las huellas dactilares.

Tras ola de rechazos que generó  haber llamado “ilegal” al presunto asesino de Laken Riley un indocumentado venezolano, el presidente Joe Biden, lamentó haberse expresado de esa manera.

Biden uso la palabra «ilegal» para describir a un inmigrante indocumentado durante su discurso sobre el estado de la Unión, lo que generó una ola de críticas, que incluso lo compararon con Donald Trump.

En una entrevista con MSNBC, Biden aclaró que «se trata de personas indocumentadas. No debería haber utilizado ilegal».

Biden se desmarcó de su rival Trump, al recordar las diferencias entre sus políticas. “Hablé de las diferencias entre Trump y yo. Uno de los aspectos que mencioné fue la cuestión fronteriza y cómo él se refiere a estas personas, diciendo que envenenan la sangre», aclaró.

Dijo que no está dentro de sus políticas irrespetar a nadie. «Yo no voy a tratar a nadie de manera tan irrespetuosa. Mire, ellos son quienes han construido nuestro país. Son la razón por la que nuestra economía está creciendo. Y sí debemos controlar la frontera, hacerlo de una manera más ordenada, pero no comparto su visión para nada», cita Univisión.

#10Mar?? "NO DEBÍ USARLA": Biden se arrepiente de llamar "ilegal" al presunto asesino de Laken RileyEl mandatario estadounidense dijo en esta ocasión que José Antonio Ibarra, de 26 años y nacionalidad venezolana, "es indocumentado".?: @MSNBCpic.twitter.com/40litOZMsm

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La respuesta de Biden ocurrió a responderte  a la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien lo interrumpió entre gritos.

Greene conminó a Biden  a decir el nombre de Laken Riley, una estudiante de Georgia asesinada presuntamente por José Antonio Ibarra, de 26 años y nacionalidad venezolana.

En ese momento, Biden dijo «Laken Riley era una joven inocente que fue asesinada por un inmigrante ilegal. Es cierto. Pero, ¿cuántas de los miles de personas asesinadas lo son por inmigrantes ilegales?».

El descontento se apoderó en buena parte de legisladores del Partido Demócrata, al que pertenece Biden.

Algunos legisladores de origen hispano se sintieron decepcionados, mientras que otros criticaron que el lenguaje empleado por Biden fue «peligrosamente cercano» al utilizado por Trump.

Las autoridades policiales de Estados Unidos informaron de la detención del venezolano, Diego Ibarra, hermano de José Antonio Ibarra, sindicado de asesinar a la estudiante de enfermería de 22 años Laken Riley, en el campus de la universidad de Georgia.

Ibarra fue detenido por presentar a la policía una tarjeta de residencia en Estados Unidos que resultó ser falsa, informó el Diario NY.

La Fiscalía de Georgia dice tener pruebas de que este individuo pertenece al Tren de Aragua, que ha extendido su rango de acción a varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia, Chile y el Perú, y que ya tiene presencia en EE.UU.

La publicación cita a la cadena de noticias CNN que tuvo acceso a documentos de la Fiscalía de Georgia donde como evidencia de su pertenencia al Tren de Aragua hay una serie de fotografías del cuerpo de Diego Ibarra, de 29 años, tomadas después de su detención.

En las imágenes se puede ver que tiene tatuada una corona de cinco puntas en el lado izquierdo del cuello y estrellas de cinco puntas en el lado derecho.

La Fiscalía de Georgia sostiene que esos tatuajes serían propios de los integrantes del Tren de Aragua.

Además, de acuerdo con CNN, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional han identificado varias cuentas diferentes de redes sociales utilizadas por Diego Ibarra en las que se le puede ver haciendo señales relacionadas con el Tren de Aragua.

Por ejemplo, hay fotos donde se ve a Diego Ibarra haciendo un gesto con las manos en el que extiende los dedos meñique, índice y pulgar, y dobla los dedos anular y medio.

Otras fotografías lo muestran posando con pistolas, dijo la Fiscalía de Georgia.

El jueves, un juez federal de Georgia negó la libertad bajo fianza de Diego Ibarra, según documentos a los que tuvo acceso la agencia EFE.

Está acusado de posesión de un documento fraudulento, un delito federal que tiene una sentencia máxima de 10 años.

Los fiscales también han presentado una serie de pruebas que supuestamente lo vinculan con el Tren de Aragua.

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Diego Ibarra fue arrestado por presentar a la policía una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos falsa.

Los agentes lo intervinieron cuando buscaban al sospechoso de asesinar a la estudiante Laken Riley, que resultó siendo el hermano de este.

El jueves 22 de febrero, Laken Riley salió a trotar por el campus de la UGA y no regresó. Una amiga suya se comunicó con la policía ese mismo día para reportar su desaparición.

Horas después su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de la UGA, cerca del lago Herrick.

El jefe de policía de la UGA, Jeff Clark, dijo que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente, pero no dio más detalles.

José Antonio Ibarra, quien residía cerca del campus en Athens, fue detenido el viernes 23 de febrero y acusado de homicidio doloso, asesinato, lesiones con agravantes, agresión con agravantes, detención ilegal, secuestro y encubrimiento de la muerte de otra persona.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que el gobierno federal no fue informado por los gobiernos estatales y locales sobre la actividad criminal del venezolano José Antonio Ibarra, acusado por el asesinato de la estudiante, Laken Riley. en la Universidad de Georgia.

José Antonio Ibarra, de 26 años, un migrante venezolano indocumentado acusado de asesinar a Riley, fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 8 de septiembre de 2022, antes de ser puesto en libertad condicional.

Posteriormente, supuestamente estuvo involucrado en dos incidentes criminales antes del asesinato de Riley.

Los dos incidentes por los que Ibarra fue arrestado incluyen uno por conducir ilegalmente una scooter en Nueva York, sin licencia, y otro en relación con un caso de robo en una tienda fuera de Georgia.

“Diferentes ciudades tienen diferentes niveles de cooperación. No fuimos notificados en este caso”, dijo Mayorkas en el programa “Face the Nation” de CBS, reseñado por The New York Post.

La publicación recuerda que varias ciudades de EE. UU., incluida la Gran Manzana, tienen políticas de “ciudad santuario” que limitan la cooperación con las autoridades federales que hacen cumplir las leyes de inmigración estadounidenses.

«Es una tragedia absoluta. Y nuestros corazones están rotos y nuestras oraciones están con la familia”, dijo Mayorkas sobre el asesinato de Riley.

«Creemos firmemente que si una ciudad tiene conocimiento de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública, le solicitaremos que nos proporcione esa información», agregó.

El asesinato de Riley se ha convertido en un punto de tensión política y un grito de guerra para muchos críticos de las políticas de seguridad fronteriza de la administración de Joe Biden.

Por otro lado, se recuerda que el mes pasado, la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU. liderada por el Partido Republicano, votó a favor de acusar a Mayorkas por incumplimiento del deber.

“Voy a dejar que el Senado, por supuesto, ejecute sus responsabilidades como mejor le parezca al servicio de nuestro país. Voy a concentrarme en el trabajo”, expresó el secretario de seguridad.

La estudiante de enfermería Laken Riley intentó desesperadamente llamar al 911, luego de ser atacada por el migrante venezolano, José Antonio Ibarra.

A través de una publicación del New York Post, se conocieron detalles de la muerte de la joven de 22 años en la Universidad de Georgia, la cual ha conmocionado a la comunidad y ha avivado el debate sobre las políticas migratorias de Joe Biden.

Los documentos policiales muestran que Ibarra impidió que la joven llamara a la línea de ayuda de emergencia, antes de arrastrar su cuerpo a un área apartada después del brutal ataque.

Luego, Ibarra entró en pánico y probablemente se golpeó el cráneo cuando Riley valientemente intentó defenderse, señala un análisis realizado por un ex perfilador criminal.

Riley fue encontrada horas más tarde en el campus de la Universidad de Georgia con el cráneo desfigurado y luego murió por un traumatismo contundente.

Los detalles de sus heridas en las nuevas órdenes judiciales sugieren que la estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta probablemente se defendió cuando la agarraron mientras corría, y su asesino entró en pánico al intentar someterla.

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«En este caso, el delincuente encontró una resistencia que no esperaba, se volvió abrumadora y no pudo controlarla y recurrió a la violencia», dijo John Lang Jr., ex investigador de la Oficina de Investigaciones de Georgia.

«Pero él no sabía lo que le esperaba y sospecho que ella probablemente se defendió», dijo Lang, un perfilador criminal que no participó en el caso.

«Él no es un tipo muy grande y es posible que se haya sentido abrumado por su tamaño, su fuerza y ​​su tenacidad para defenderse», agregó

“Al observar todo esto, es como un delincuente desorganizado. Así los llamamos”, añadió. «Simplemente lo hace de improviso por cualquier factor motivador».

Ibarra está acusado de asesinato con malicia, homicidio grave, agresión agravada, agresión agravada, encarcelamiento ilegal, secuestro, obstaculizar una llamada al 911 y ocultar la muerte de otra persona.

Los documentos de acusación acusan a Ibarra de causar “grandes daños corporales con un objeto”, sin especificar exactamente de qué se trata.

El sospechoso, que ingresó ilegalmente a Estados Unidos por El Paso, Texas, el año pasado escapó dos veces de las manos de las autoridades y podría haber sido deportado después de una redada en la Gran Manzana.

Está previsto que Riley, quien el año pasado se transfirió de la Universidad de Georgia a la cercana Escuela de Enfermería de la Universidad de Augusta, sea sepultada este viernes.

Por este caso, congresistas republicanos piden la pena de muerte para José Antonio Ibarra.

El pasado 22 de febrero ocurrió una tragedia en la Universidad de Georgia (EE. UU.), donde el venezolano José Antonio Ibarra (26) asesinó a la joven de 22 años, Laken Riley.

Debido a la gravedad del crimen, los congresistas republicanos Marjorie Taylor Greene y Mike Collins pidieron la pena de muerte contra Ibarra, según informa el Daily Mail.

“El venezolano sospechoso del asesinato de Laken Riley es uno de los millones de extranjeros ilegales que la administración Biden ha liberado en este país para ser recibidos con los brazos abiertos por las jurisdicciones santuario dirigidas por los demócratas”, dijo Marjorie Taylor.

“Ibarra es un extranjero ilegal y asesinó a una joven de la edad de mis propios hijos. La deportación no es suficiente. Merece la pena de muerte”, agregó.

Asimismo, la representante por el estado de Georgia expresó que la joven fue “asesinada por un indocumentado venezolano que el gobierno de Biden liberó en nuestro país. Joe Biden, Mayorkas y los demócratas tienen las manos manchadas de sangre”.

Riley, quien era estudiante de enfermería, murió a causa de un “traumatismo contundente”, confirmó la policía. Su cuerpo fue descubierto en una zona boscosa del campus Atenas, de esa universidad, después de que no regresó a su casa, luego de correr, reseña a su vez el DiarioNY.

#27Feb ¡VIGILIA POR LA JOVEN ASESINADA EN GEORGIA! ?️Laken Riley, una estudiante de la Universidad de Georgia de 22 años, fue asesinada y el principal sospechoso es José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano de 26 años que entró a los EE.UU. ilegalmente.El caso ha… pic.twitter.com/CRTTA6ssob

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Ibarra fue arrestado por su asesinato el viernes y ahora se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clarke.

Se supo que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en el año 2022 y había sido arrestado previamente en Nueva York, según informó el domingo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), citado por la prensa local.

Ibarra fue arrestado el 8 de septiembre de 2022 por el ICE, después de ingresar ilegalmente a EE. UU. cerca de El Paso.

Posteriormente, fue “puesto en libertad condicional y liberado para su posterior procesamiento”, dijo el ICE.

El organismo también detalló que ciudadano venezolano había sido arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York el 14 de septiembre de 2023, y “acusado de actuar de manera que lesionara a un niño menor de 17 años y de una infracción de licencia de vehículo motorizado”.

El hombre enfrenta varios cargos, entre ellos homicidio con malicia, secuestro, agresión agravada y ocultación de la muerte de otra persona.

Ibarra compareció ante el tribunal el sábado por la mañana, cuando el juez magistrado del condado de Clarke, Donarell Green, le negó la fianza “por hoy”.

El Departamento de Justicia informó el sábado que el hermano de Ibarra, Diego Ibarra, también fue arrestado por presentar una tarjeta verde falsa cuando los oficiales se le acercaron por su parecido con el sospechoso.

Aunque las autoridades aún no han revelado un motivo claro detrás del crimen, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que llevaron al asesinato de la joven estudiante de Enfermería.

El jefe de policía de la Universidad de Georgia, Jeff Clark, indicó que la evidencia recopilada hasta el momento sugiere que Ibarra actuó solo en el momento del crimen. Sin embargo, los investigadores evalúan la posibilidad de que haya cómplices o que exista un trasfondo más complejo detrás de este trágico suceso.

Tras este trágico suceso, se espera que las instituciones educativas refuercen sus medidas de seguridad y adopten políticas más estrictas para proteger a sus estudiantes y personal. Se están considerando programas de seguridad adicionales, incluida una mayor presencia policial en áreas vulnerables del campus.

La noticia generó profunda tristeza y preocupación entre los estudiantes, quienes exigen respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en el campus.

Tras las críticas sobre la política migratoria de Joe Biden, a la cual se culpa por este hecho, la Casa Blanca emitió un escueto comunicado.

“Nos gustaría expresar nuestro más sentido pésame a la familia y a los seres queridos de Laken Hope Riley”, dijo un portavoz de la Casa Blanca a Fox News Digital.

“Las personas deben rendir cuentas con todo el peso de la ley si se las declara culpables. Dado que este es un caso activo, tendríamos que remitirlo a las autoridades estatales y a ICE”, agrega.