María del Carmen Angulo Zorrilla, madre de Leonardo José Polanco Angulo, de 29 años, alias Loco Leo, está detenida. Esto ocurreió días después de que al Loco Leo lo abatieron, en Parque Caiza, estado Miranda.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), efectuaron la detención en un operativo realizado en El Valle, al suroeste de Caracas.

Junto con Angulo Zorrilla aprehendieron a una hermana de Loco Leo, de nombre Leomary Katiuska Polanco Angulo.

Ambas estaban escondidas junto con dos sujetos que portaban armas de alto calibre y quienes huyeron al advertir la presencia policial, informó el diario Últimas Noticias.

Además, Jhonailin Daniela Moreno González, pareja de Leonardo Polanco, fue detenida en el estado Miranda, en el mismo sitio donde se produjo el careo entre el antisocial y las FAES.

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Las tres estaban solicitadas por el Tribunal Cuarto de Control con competencia en casos vinculados al Terrorismo. Las féminas tienen un expediente abierto por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones, apunta Últimas Noticias.

El Loco Leo, quien estaba implicado en homicidios, secuestros y robos de vehículos, era uno de los delincuentes más buscados en el país.

La semana pasada lo incluyeron en la lista de notificación roja de Interpol. El hombre iba a ser detenido por las autoridades, y al advertir la presencia policial abrió fuego. Las FAES respondieron al ataque y mataron a Polanco.

La parroquia La Vega es noticia nuevamente porque unos 300 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizan un operativo para atrapar a los delincuentes que tienen azotado a la zona.

#12Jun #Ahora ARDE LA VEGA? Más de 300 funcionarios de diversos organismos de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron hace algunos minutos a diversos barrios de la parroquia La Vega como contra ofensiva, sin que hasta ahora se sepa de personas muertas o heridas ? pic.twitter.com/pMcvTQO2k4

El anuncio lo hizo la ministra para la Seguridad Ciudadana, Carmen Meléndez, a través de la red social Twitter, donde indicó que el plan “es para liberar de grupos irregulares que están afectando esa hermosa comunidad”.

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En el operativo, también participan la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).

Desde hace semanas la parroquia La Vega se ha convertido en un territorio de guerra, debido a los enfrentamientos entre bandas por el control de la zona.

El periodista de Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez, se encuentra en el lugar  y asegura que hasta el momento no hay reporte de heridos o muertos.

Se conoció que los cuerpos de seguridad están ubicados en siete puntos estratégicos de La Vega para atrapar a los delincuentes.

¡El pueblo noble de La Vega merece paz! Nuestros organismos de Seguridad Ciudadana se han desplegado este #12Jun como parte del plan de liberación de los grupos irregulares que han venido afectando a esta hermosa comunidad #HéroesDeVerdad pic.twitter.com/blkmHof4e2

A pesar de las recomendaciones y denuncias de ONG y organismos como DD.HH. de la ONU, las FAES y otros cuerpos policiales siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Así lo denunció la dirigente opositora, Yajaira Forero. En una reunión de la AN de Nicolás Maduro, la excomisaria hizo un balance de la actuación de este cuerpo. Dijo que entre enero y marzo de este año hubo 472 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de varios organismos, principalmente las FAES.

Según Forero, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabeza la lista en número de muertes, Le siguen las FAES y por último las policías regionales y municipales.

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«Definitivamente los que se mantienen en el poder no tienen y nunca han tenido la mínima intención de aplicar los mínimos correctivos necesarios para detener estas graves violaciones de los derechos humanos», agregó Forero.

Dijo que 472 «no es solo un número. Son seres humanos, muchos de ellos inocentes». «Si alguno de ellos ha cometido un delito, debieron ser puestos a la orden de las autoridades competentes y no hacer justicias por sus propias manos».

Según el balance que presentó, «hay patrón de ejecuciones extrajudiciales. Afecta de manera particular a jóvenes varones entre edades de 18 a 30 años de los sectores populares».

Recordó que la alta comisionada de la ONU para los DD.HH. Michelle Bachelet, recomendó «tomar correctivos al respecto». Pero lo lo han hecho.

Forero pidió una investigación a los responsables de la «violación del derecho a la vida».

«Es evidente que esto sucede en un país donde el sistema judicial está politizado. Solo es empleado para perseguir a los opositores, acá lo que reina es la impunidad», dijo.

En un enfrentamiento con cuatro antisociales que intentaron robar un autobús, matan a un oficial de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que se trasladaba a su trabajo en el transporte público.

El efectivo está identificado como Keison Moreno, quien según fuentes policiales se dirigía a su trabajo cuando los antisociales se montaron en el autobús a robar.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en el Sector 5 de Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas.

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Se conoció que el funcionario de las Faes sacó su arma de reglamento y enfrentó a los antisociales, dos caen abatidos, otros dos escapan y Moreno queda gravemente herido.

Los vecinos de Artigas lo trasladaron a un centro de salud pero el funcionario ingresó sin signos vitales.

Dos de los cuatro delincuentes están identificados como alias «El Teddy» y «El Punto».

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, anunció que no retirará la denuncia contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La funcionaria puso esa denuncia en días pasados,  cuando efectivos de las FAES la apuntaron con armas largas durante un recorrido que realizaba cerca de la La Fría, informó el diario La Nación.

«Se está manejando una presión política para que yo retire la denuncia del FAES», declaró . Aseveró que no cederá ante las presiones políticas en su contra.

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«Quiero aclarar: yo no voy a retirar la denuncia. Han pretendido hacerme llegar informaciones de que si yo retiro la denuncia, se resuelve la situación», agregó.

Por otro lado, se refirió al anuncio que hizo el diputado de la AN chavista Freddy Bernal, acerca de la apertura de la frontera. Aseguró que él «no tiene potestad política para tratar asuntos concernientes a la apertura fronteriza con el gobierno colombiano».

Aclaró que la Gobernación del Táchira ha «intercambiado» información con Colombia respecto a las pérdidas económicas derivadas del cierre de frontera. Pero, aseguró que eso está entre sus atribuciones.

La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana han sido catalogadas como “grupos de exterminio”. Así lo determinó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero ¿Cuál es la función de este cuerpo represivo en el conflicto armado en Apure?

Expertos consultados por El Tiempo de Bogota, aseguran las habrían enviado, entre otras cosas, por la «desconfianza» de Nicolás Maduro en las FAN.

Fuentes conocedoras de lo que ocurre en Apure aseguran que las FAES están cargo de la recogida de información sobre la población, en el terreno. Hasta el momento, se descarta que haya combatido a la guerrilla.

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En cualquier caso, su actuación en el conflicto, a juicio del director de Fundaredes, Javier Tarazona, ha sido desproporcionada.

“Presumimos que estamos al frente de otros asesinatos y desapariciones de personas que aún no se han logrado a hacer públicos”, dijo Tarazona,

Para la experta venezolana en asuntos militares, Rocío San Miguel, el envío de esta policía de élite a la zona es un revés, “un feo muy fuerte a la FANB”.

«La FAES podría haber sido enviada a Apure, por desconfianza de Miraflores hacia la actuación de la FANB. También se podría estar reeditando lo que hacían gobiernos previos de enviar a cuerpos de inteligencia a hacer el “trabajo sucio”.

La tragedia de la violencia continua en El Ripial, estado Apure. Desde la noche de este sábado y durante este domingo reportan nuevos enfrentamientos que ponen en riesgo la vida y pertenencias de los habitantes del lugar.

A través de sus redes sociales el director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, hizo el alerta de la difícil situación que viven en Apure.

“Hoy domingo #28deMarzo persisten los enfrentamientos en Apure, específicamente en El Ripial y en el eje Santa Rosa lo Arenales”, denunció.

Al tiempo que advirtió que “nos preocupa en @FundaREDES_ la vida de civiles desplazados en medio del conflicto armado FARC -FAES, pedimos presencia @CICR_es”.

Asimismo, Tarazona mostró imágenes de casas impactadas por disparos, cartuchos de balas y videos donde se aprecian las detonaciones.

Los enfrentamientos comenzaron el pasado 21 de marzo con el primer ataque.

#28Mar Desde ayer @javiertarazona informa que no han parado los enfrentamientos en Apure:"Continúa el conflicto armado en el estado #Apure, exigimos garantia de los derechos humanos de los civiles que están ajenos al enfrentamiento".@ImpactoVE? pic.twitter.com/VNiDCpnGsL

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El Fiscal de la Administración de Maduro, Tarek William Saab a través de la red social Twitter informó la designación de dos fiscales para investigar el caso.

También aseguró que de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado en el caso La Victoria se tomarán acciones.

Se designan a dos fiscales de protección de DDHH para investigar sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure.

Destacó que los fiscales trabajarán en coordinación con el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos.

Cinco activistas sociales fueron asesinados durante un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Venezuela.

Los familiares lloran la masacre y sus corazones aún esperan por justicia.

Esta es una historia de Johan Camargo.

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En un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en Petare capturaron a un sujeto que es considerado el segundo al mando de la banda del delincuente Wilexis Acevedo Monasterios, alias “El Wilexis”.

El sujeto está identificado como Wilersom Alexander Marín Blanco, quien fue detenido el pasado 5 de febrero en el casco central de Petare, estado Miranda.

Al momento de su detención cargaba 87 municiones 7,6X51, un radio trasmisor y una granada, según información del diario Últimas Noticias.

El segundo al mando de la banda El Wilexis está a la orden del Ministerio Público.

Tiene expediente abierto por los delitos de “terrorismo, tenencia de municiones y artefacto explosivo”.

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Con esta detención ya suman seis los delincuentes de esta banda privados de libertad.

En otro operativo realizado el pasado 1 de febrero capturaron a Yeison Daniel Velásquez Ojeda (26), Jerry Ismael Cabriles (42), Franklin Johan Venales Cazorla (31).

Además, a Frank Joel Venales Cazorla (25) y Héctor Henrique Cabriles.

Al momento de la detención en el barrio 5 de Julio de Petare, los sujetos tenía en su poder 75 municiones de diferentes calibres.

Asimismo, un radio portátil, dos pistolas y un facsímil de subametralladora”. 

El partido Acción Democrática de Henry Ramos Allup, denunció el secuestro por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de su dirigente en el estado Bolívar, Freddy Valera.

Carlos Prosperi, dirigente de Acción Democrática, confirmó el hecho y describió  a Valera como “un hombre honesto, demócrata carta cabal y gran luchador del estado Bolívar”.

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El pasado 16 de enero, Freddy Valera había condenado la supuesta apertura de una tienda de Ferrari en Caracas.

Desde la Secretaría de Organización Nacional de @ADemocratica exigimos la liberación de nuestro compañero @FreddyValera_AD, quien es un hombre honesto, demócrata a carta cabal y gran luchador del estado Bolívar. pic.twitter.com/VEYtCLRw8Z

“Oro y Ferraris para los enchufados”, dijo a través de su cuenta personal de Twitter.

Criticó que el gobernador del estado Bolívar diga que todo está controlado en la entidad, cuando el pueblo hace colas interminables para “surtirse de gasolina una vez al mes”.

La búsqueda de los homicidas de dos PNB ha dejado 8 hombres muertos en Lara. Pero también una lista larga de quejas y denuncias por parte de los familiares. Los deudos refutaron la versión policial y aseguran que a sus parientes, las FAES «los mataron siendo inocentes».

Dijeron que los presuntos asesinos del PNB «no se enfrentaron a la comisión… a algunos los sacaron de sus casas vivos», publicó la Prensa de Lara.

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El martes a las 3:30 de la tarde, no había pasado ni cuatro horas del crimen de Jorge Sánchez y Luis Alberto Linarez Arape. Ado a la casa de José Luis Jiménez, ubicada en la carrera 22 entre calles 9 y 10 llegaron cuatro funcionarios vestidos de FAES. Así lo relataron los parientes.

«Él apenas vio a los policías alzó las manos porque todos andaban armados. Les preguntaron si estaba solo y él respondió que estaba con su esposa. No solo lo agarraron a él sino a otro muchacho y les tomaron fotos. Le gritaban que sonriera», soltó un familiar.

Minutos después, supuestamente, un policía gritó «quien es José Luis». «Él alzó la mano y lo mandaron a cambiarse y quitarse pintura del cuerpo, pues estaba pintando la casa. Desde ese momento no supimos más nada hasta el miércoles en la mañana que lo encontré en la morgue. Los mataron siendo inocentes», dijo su esposa.

Caso similar denunció la familia de Geober Naicel Salcedo, de 28 años. Según el relato de una allegada, «un grupo de funcionarios llegó al sector La Ruezga Sur. Cuando estaban en la casa del chamo comenzaron a trepar paredes hasta entrar».

Eran las 5:30 de la mañana del miércoles cuando, presuntamente, lo sacaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

«Fueron horas angustiantes, primero nos dijeron que se lo llevarían a una entrevista. Luego no supimos más nada de él. Horas después nos enteramos que lo habían matado en Cabudare. No pueden decir que es un enfrentamiento porque no lo es», dijo el familiar.

La misma denuncia se relaciona al caso de Jesús María Vivas, de 41 años, la familia refutó la versión policial y aseguró que al hombre, supuestamente, lo sacaron el martes en la noche de su casa en Las Delicias.

Las 24 personas que fallecieron en supuestos enfrentamientos con las FAES en La Vega, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La denuncia la hizo el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Mundaray hizo afirmación tras examinar las fotografías de varios de los cadáveres que circularon por redes sociales. Dijo que según las heridas, hay “un patrón balístico que demuestra ejecuciones extrajudiciales”.

En su cuenta en Twitter, dijo que varios de los cuerpos tienen impactos de bala en el tórax de forma lineal. Esto hace presumir que les habrían disparado mientras estaban inmóviles y sometidos. Por ello desestimó las versiones que indican que murieron en un enfrentamiento.

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“Lo que jamás ocurre en un enfrentamiento es que todos los disparos sean a distancia, ingresen por el tórax anterior de forma lineal, una o dos heridas. Acá hay un patrón balístico que demuestra ejecuciones extrajudiciales. Los sujetos estaban inmóviles, sometidos y de frente al tirador”, denunció.

Los hechos ocurrido el fin de semana en La Vega dejaron como saldo 24 muertos y las versión oficial es que se trató de un enfrentamiento.

La Oficina del Alto Comisionad de los DD.HH. de la ONU ha recomendado la eliminación de las FAES por ser responsables de crímenes de lesa humanidad.

Incluso, la Corte Penal Internacional asegura que este cuerpo comete este tipo de crí8menes, según las pruebas analizadas por el organismo.

tirador. Sobre este asunto escribí un artículo publicado por @lagranaldea hace algunos meses al que llamé "El doble Tap de las Faes" el cual explica como se perpetran estos crímenes de Estado. Así la revolución enseña a asesinar. https://t.co/kWX2cu6npg

A 24 asciende los fallecidos por los enfrentamientos entre funcionaros de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y bandas delictivas, entre ellas las de El Coqui en la parroquia La Vega.

El reportero de Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez se trasladó a la Morgue de Bello Monte donde ingresaron seis cadáveres en las últimas horas.

Asegura que continúan los enfrentamientos y los organismos de seguridad han logrado recuperar al menos 20 armas de fuego.

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Entre las armas hay pistolas 9 mm, pistolas R15, fúsil AK3, AT4 y algunas granadas, según fuentes policiales.

Los familiares de los abatidos llegan a la medicatura forense a retirar los cuerpos para darle sepultura, pero luego de presentar en el Cicpc con papeles, fotografías y al menos un testigos.

Entre los muertos está Edwin Rivas, quien salió de su casa a trabajar y cayó en medio de la balacera.

Era sustento de su familia y dejó tres niños huérfanos, dijo el padre de la víctima.  

La ONG Provea denunció este lunes la puesta en marcha de una «operación de maquillaje» de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

«Extraoficialmente se conoció el inicio de una operación (de) maquillaje de las FAES. Ratificamos (que) deben ser disueltas. Sus altos mandos rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país». Así lo publicó Provea en su cuenta de Twitter.

Agrega que, como parte de esa «operación de maquillaje», las unidades de las FAES en las regiones «pasarían a ser DIE (Dirección de Inteligencia y Estrategia)».

«En la Gran Caracas seguirían las FAES pero también operaría el DIE. Ya en algunas sedes de las FAES los logotipos cambiaron a DIE», dijo.

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En un vídeo que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el pasado 16 de noviembre el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo.

«Expresa preocupación tardía sobre los abusos que vienen cometiendo las FAES», aseveró Alvarado acerca de los anuncios del fiscal.

«La ONU estableció que, entre 2017 y 2020, las FAES perpetraron 925 presuntas ejecuciones en el país. Recomendaron también demoler a las FAES», subraya Alvarado, en nota publicada por la agencia Efe.

Por eso, destaca que ese organismo son «una maquinaria de terror. Un escuadrón de la muerte que siembra sufrimiento en las zonas populares de Venezuela».

Sin embargo, afirmó que se tratan de «puros cambios superficiales». Siguen «los mismos directivos con sus prontuarios de presuntos crímenes de lesa humanidad. Muchos de sus integrantes tienen las manos manchadas de sangre por las ejecuciones».

«Afortunadamente, se avanza lentamente pero a paso firme para que los responsables de los crímenes rindan cuentas ante la justicia», concluyó.

Tras su visita a Venezuela en junio de 2019, Bachelet pidió a Nicolás Maduro disolver las FAES. Lo hizo por estar señaladas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos.

Y en septiembre del año pasado, Bachelet afirmó que su oficina «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES». También lamentó que no se hubiera seguido su recomendación de disolver ese cuerpo.

De marzo a septiembre de 2020, meses en el que se mantiene el estado de Alarma por la llegada del COVID-19, se reportaron 5 personas asesinadas y 442 detenidas en el contexto de manifestaciones en el país, según Provea.  

Estas cifras, son presentadas por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos en su informe denominado “La disciplina del miedo: Las detenciones arbitrarias y asesinatos en protestas”.

Según el documento, de las 442 detenidos, 159 se realizaron de manera arbitraria.

Entre las detenciones están a periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena.

“En detrimento del ejercicio y disfrute de derechos, la respuesta al COVID-19 ha priorizado el mantenimiento del orden público basado en la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica”, reza el documento.

De esas 159 personas, 108 (67,5%) ocurrieron en los tres primeros meses del año. “El único estado donde no se presentó detenciones fue Amazonas”.

Provea señala que 34 casos (21,25%) están concentrados en Caracas y 38 casos (24%) de la totalidad de las detenciones se realizó contra mujeres.

Destaca el informe que en total 28 cuerpos de seguridad diferentes participaron de las detenciones arbitrarias.

De esos cuerpos de seguridad destacan, la Guardia Nacional con 34 casos, las Faes con 17 casos y la Dgcim con 17 casos.

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En operaciones conjuntas  se registraron dos casos entre la GNB y los llamados colectivos.  

Provea asegura que la ausencia de lineamientos claros sobre la política de cuarentena que ha aplicado el régimen, “ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”.

Esta situación agravó “las consecuencias de la ausencia de institucionalidad democrática y emergencia humanitaria compleja sobre el país”.

En cuanto a los perfiles de personas detenidas, precisa que al menos 59 (37,10%) detenciones ocurrieron contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

33 (20,7%) son detenciones arbitrarias a personas vinculadas a partidos políticos y funcionarios activos.

Asimismo, hubo 25 (13,5%) privaciones de libertad a personal de salud, entre ellos médicos, enfermeras y personal obrero.

10 sindicalistas también sufrieron violaciones al derecho a la libertad personal.

“Sobre los hechos que motivaron la acción al menos 17 personas detenidas por dar información, denuncias y visibilizar situaciones relacionadas con la pandemia”.

Agrega que al menos 13 personas las detuvieron arbitrariamente por grabar, entrevistar o visibilizar situaciones relativas a la escasez de gasolina en estaciones de servicio.

La madrugada de este viernes el jefe de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), comisionado Richard Camacho es víctima de un atentado cometido por la banda liderada por “El Coqui” en la Cota 905.

Según el reporte policial, el funcionario se trasladaba en su vehículo por la parroquia El Cementerio cuando lo sorprende un grupo de pistoleros.

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Los delincuentes se desplazaban en una moto marca Suzuki, modelo Vstrom de color gris y una camioneta Toyota tipo machito.

Desde los vehículos le dispararon al oficial y él intentó repeler la acción disparando también.

Luego del enfrentamiento los delincuentes huyeron y el funcionario se trasladó hasta un puesto policial en Catia, donde se le prestó el apoyo necesario.

Se presume que el atentado está planificado y ejecutado por delincuentes de la Cota 905.

Este miércoles, el pueblo de Barrancas del Orinoco salió a las calles para protestar contra el ajusticiamiento de los jóvenes José Enrique González (23), y Johandris Blanco(24), por efectivos de las FAES la madrugada del 7 de septiembre.

En un reportaje del Correo del Caroní, aseguran que en los seis primeros meses del año reportan al menos cuatro ejecuciones extrajudiciales.  

Según testimonios de familiares, a las 4:00 de la mañana una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales tumbó la puerta principal de la casa de José Enrique, mientras él y su compañero de trabajo y cuñado, Johandris, dormían.

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Los funcionarios desnudaron a los jóvenes, los pusieron de rodillas con manos en la cabeza y luego les dispararon en el pecho y el estómago.

Aseguran que luego de matarlos los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, limpiaron las evidencias.

Además, sembraron armamento, robaron el dinero y la mercancía de los comerciantes y alegaron que hubo un enfrentamiento.

“Ellos tiraron las evidencias en la laguna de la casa, mataron a dos muchachos inocentes, los golpearon. Queremos que esto no vuelva a pasar”, expresó Zulay Páez, madre de José Enrique.

La esposa de González, Floreannys Blanco, fue testigo principal de los hechos, pues a ella los funcionarios la sacaron del lugar junto a su hijo de un año y vio cómo arrodillaban a su esposo y a su hermano.

A lo cinco minutos, Blanco escuchó cuatro detonaciones.

“Yo necesito que se hagan averiguaciones, que se respeten nuestros derechos humanos. Se robaron todo, y después salen diciendo que hubo un enfrentamiento. Queremos justicia por los que murieron, y por los que quedan.”, dijo Blanco.

Ni la Fiscalía, ni la Alcaldía del municipio Sotillo han emitido declaraciones al respecto pese a las denuncias de los parientes de los fallecidos.

“Aquí nadie dijo nada, nadie hizo nada, nadie vino a investigar. FAES vino, hizo lo que hizo y así se quedó. Ya no puedo vivir ahí, ahí fue donde los mataron (…) Ya no me lo van a devolver”, afirmó.

De acuerdo con el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, entre enero y abril 2020 murieron en ejecuciones extrajudiciales al menos 14 personas en Monagas.

85% de los asesinatos fue perpetrado por las Fuerzas de Acciones Especiales.

En el informe 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, se recalcó que las FAES manipulan la escena del crimen, plantan armas y drogas e incurren en actos de violencia de género y desnudez forzada.

En seis meses que lleva el 2020, 1.611 personas han sido asesinada a manos de policías y militares de Venezuela; es decir un promedio de 9 personas por día.

La cifra viene de un estudio realizado por el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla” y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Según el documento publicado en la web de Provea, la mayoría de las víctimas son jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad.

Ambas organizaciones coinciden que “las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado”.

“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.

La investigación del Centro Gumilla y Provea indica que el cuerpo élite de la PNB, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), es la responsable de 417 asesinatos, 25,8% del total.

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Muy de cerca está el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.

Ambas instituciones llaman la atención porque los señalamientos de ejecuciones se han centrado más a las Faes que al Cicpc.

“El señalamiento se ha centrado en las Faes puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida”, reza el informe.

Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%.

Especialmente llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.

Con respecto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Además, advierte el Centro Gumilla y Provea el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB.

Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%.

“Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana”.

Las policías municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones.

“Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes”.

Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.

Este estudio lo iniciaron el Centro Gumilla y Provea el año pasado como un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.

Ambas organizaciones dejan claro que en muchos de los casos, familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento, excusa de las autoridades del régimen.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, denunciaron el asesinato del comunicador popular de Guacamaya.TV y del hijo del dueño del canal.

Según Franklin Torres, director de GuacamayaTV, canal de televisión comunitaria de Cabimas, estado Zulia,  funcionarios de las Fuerzas Acciones Especiales (Faes), irrumpieron de manera violenta en la sede del canal.

“Luego del asesinato, decomisaron todos los equipos de la planta televisiva”, dijo Torres al SNTP.

«Esto fue un crimen. Violaron todas las leyes y haremos la denuncia formal porque esto fue un asesinato vil. Todos vimos cuando pusieron hasta armas a los cuerpos», advierte.

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Las víctimas responden al nombre de Andrés Eloy Nieves Zacarías, trabajador de la prensa y Víctor Torres, hijo del dueño de GuacamayaTV.

En la minuta policial, aseguran que se trató de un enfrentamiento y vinculan al comunicador comunitario en la banda delictiva.

El SNTP y el CNP exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos asociados al brutal asesinato de Andres Eloy Nieves y de Víctor Torres

#AlertaSNTP | Asesinan al comunicador popular y trabajador de #GuacamayaTV, Andrés Eloy Nieves Zacarías, en la sede del canal en #Cabimas, estado Zulia.El hecho ocurrió durante un operativo de las Faes este #21Ago. Víctor Torres, hijo del dueño del medio, también fue asesinado. pic.twitter.com/z4q1tyqCJZ

#23Agos #Denuncia En extrañas circunstancias fue asesinado el comunicador Andrés Eloy Nieves Zacarías del medio comunitario #GuacamayaTV . Hecho ocurrido en #Cabimas el pasado #21Agos. pic.twitter.com/ozRQ3wGcam

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la vida de los presos políticos en los calabozos de los organismos de seguridad.

Almagro se refirió a las denuncias acerca de que tanto en la Dgcim, las Faes y Sebin, hay brotes de coronavirus.

«La dictadura es responsable de sus vidas», dijo Almagro por Twitter. Esto luego de que tanto Tamara Suju y José Manuel Olivares, reportaron casos de COVID-19 en los calabozos.

«La situación de salud de todos los presos en la DGCIM tiene que ser esclarecida inmediatamente y garantizada su atención y derecho a la salud», agregó Almagro.

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«Atención, familiares denuncian que algunos presos en Dgcim han dado positivo en pruebas rápidas de COVID-19. Considerando las condiciones físicas y de reclusión de los presos políticos en ese lugar. Urge conocer estado real de salud y atención médica oportuna, denunció por su parte Tamara Suju.

Entre tanto, el diputado José Manuel Olivares, confirmó que «en el Hospital Universitario de Caracas está hospitalizado un preso de El Helicoide con COVID 19. Esto significa que hay un probable brote en esta cárcel . El mal manejo de esta situación puede costar vidas, tanto de presos como de funcionarios».