La Procuraduría General de República Dominicana informó que fue arrestada en Colombia, Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como principal líder de la estructura implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos que fue desmantelada el pasado 7 de febrero.

La captura se ejecutó en la ciudad San José de Cúcuta, al norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, informó el Listín Diario.

De acuerdo con las autoridades, la detención se registró en el Puesto de Control Migratorio del puente Atanasio Girardot, en Tienditas, cuando pretendía pasar de Colombia a Venezuela, dándose a la fuga.

La dominicana fue detenida cuando agentes migratorios realizaban el respectivo trámite para salir del país. Allí los uniformados determinaron que tenía una Circular Roja de Interpol.

La acción obedece a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado.

El órgano persecutor indicó que tras la información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por la Dirección General de Migración de la República Dominicana, de que en fecha 13 de noviembre del año 2024, mientras se realizaba la investigación en contra de Loany Lismeiry Ortiz Nova y de toda la estructura, esta había partido hacia la ciudad de Bogotá, se iniciaron las labores para su localización.

La imputada viajó a Bogotá, haciendo escala en Panamá, de donde presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024, sin embargo, la misma, para evadir el proceso penal en su contra, no regresó a territorio dominicano.

En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que inició de inmediato los contactos con la OCN-Interpol Santo Domingo, para localizar a Ortiz Nova en la nación suramericana.

Para ello, dijo, que recibió apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogotá, pudiendo dar con la imputada, que se encontraba escondida.

Según manifestó Claudio Cordero, procurador fiscal de Antilavado e investigador del caso, en las próximas horas, la Procuraduría General dominicana facilitará el expediente a Colombia para el inicio de la extradición de la mujer y que la misma enfrente el proceso de estafa inmobiliaria y lavado de activos, que afectó a cientos de víctimas.

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Se recuerda que el pasado 11 de febrero la Fiscalía de La Romana, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, también, ejecutaron el arresto del imputado Yves Alexandre Giroux, quien, igualmente, se dio a la fuga el pasado 7 de febrero de 2025, al momento de ser allanado, en una exclusiva villa de Cocotal, en la localidad turística Punta Cana, del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La institución también recordó que Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, también miembros de la estructura, fueron sometidas a la acción de la justicia.

A Giroux, Nova Nolasco y a Rodríguez de Moya se le conocerá medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana el próximo 18 de febrero.

La Fiscalía de La Romana, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, también ejecutaron el arresto del imputado Yves Alexandre Giroux, quien se dio a la fuga el 7 de febrero de 2025, al momento de ser allanado, en una exclusiva villa de Cocotal, en Punta Cana.

Funcionarios de la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, lograron la retención, mediante notificación roja, del ciudadano panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez.

Este hombre, detenido en el municipio de Rionegro (Antioquia), era requerido por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California y se le acusa presuntamente por conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México, dice una nota de la Policía colombiana.

Cevallos, al parecer, operaba principalmente desde Panamá y se especializó en el uso de criptomonedas, para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos, con el propósito de recibir y transferir fondos ilícitos. La empresa simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que permitió abrir cuentas bancarias en EE. UU.

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Según la investigación se pudo establecer que era propietario de empresas constituidas en Panamá, en el 2024 las autoridades de Panamá lo habían sancionado por incumplir las obligaciones de registro financiero en ese país; también fue expuesto en la publicación de datos denominada Panamá Papers.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en espera de la documentación correspondiente por vía diplomática por parte del país solicitante, para que se lleve a cabo su extradición.

?? OPERABA DESDE PANAMÁ Autoridades colombianas detuvieron en Antioquia al panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez acusado de presuntamente conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México ? Vía @1Yasminvelasco pic.twitter.com/skatllI5qp

Un exoficial de la Guardia Nacional venezolana se declaró culpable este lunes en un tribunal de Florida de formar parte de una trama de lavado de dinero en la que se pagaron sobornos a funcionarios del país sudamericano, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Nepmar Jesús Escalona, de 47 años, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad venezolana de regulación monetaria, antes conocida como CADIVI, entre enero de 2010 y septiembre de 2017. 

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El objetivo era engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras del país para que entregaran dólares estadounidenses a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela, según documentos judiciales, indicó AFP.  

Las solicitudes a la CADIVI se presentaron para financiar supuestamente la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran una estafa para enriquecer a los conspiradores.

Con sus engaños, Escalona y sus cómplices lograron la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por ellos en el Banco do Brasil.  

Los miembros de la trama pagaron sobornos a funcionarios venezolanos para garantizar el éxito de su plan. 

El acusado, que vive en el sur de Florida desde 2014, conocerá su sentencia el 23 de mayo. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel por los delitos cometidos. 

El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la exenfermera y extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo comenzó este lunes con la selección del jurado y se reanudará el próximo lunes 28 de noviembre con los argumentos iniciales.

Durante la primera audiencia ambas partes escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio.

Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013. Mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fue jefe de seguridad del expresidente fallecido.

Ambos estuvieron presentes en la selección del jurado, que se prolongó durante cuatro horas y fue presidida por el juez William P. Dimitrouleas, en Fort Lauderdale, unos 40 kilómetros al norte de Miami, en Florida.

La abogada de la pareja, Marissel Descalzo dijo a la agencia EFE que quedó satisfecha con el jurado que se escogió.

Los miembros del jurado, quienes juramentaron durante la jornada, acudirán el 28 de noviembre en la tarde a la reanudación del juicio.

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Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.

Andrade sería el «testigo estrella», según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.

El testigo estrella precedió a Díaz como tesorero y fue liberado después de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por lavado de dinero.

Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad: venezolano-española.

Ambos fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamara por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

Un Juez Federal de Miami habría otorgado el beneficio al empresario barranquillero Alex Saab, de presentar varios testigos clave que según la defensa, demostrarían la situación de diplomático venezolano del hombre detenido en La Florida por supuesto lavado de dinero.

La información fue suministrada a través de la red social Twitter por el periodista Joshua Goodman, quien sigue de cerca el proceso de Saab desde que fue detenido en Cabo Verde en junio del 2021

Explica Goodman que el juzgado Federal permitió la participación de los testigos , quienes hasta los momentos son anónimos. Los mismos participarán a través de una conexión vía ZOOM, la cual se hará desde la embajada de un tercer país en territorio venezolano.

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La participación de estos testigos claves será en la audiencia pautada para el mes de diciembre, donde se discutirá la situación de diplomático venezolano de Alex Saab.

A finales de agosto, la esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, anunció que para el 31 de octubre se llevara a cabo la audiencia donde se determinará la situación de Alex Saab como diplomático venezolano.

Pero el pasado 13 de septiembre, el juez de la causa aplazó la audiencia para el mes de diciembre.

En su momento, la esposa del empresario barranquillero manifestó que los Estados Unidos ha sido notificado desde hace mucho tiempo sobre la actividad diplomática de su esposo.

Sobre Alex Saab reposa una acusación por supuesto lavado de dinero en los Estados Unidos, donde habría realizado algunos pagos para dádivas y coimas relacionadas a negocios en Venezuela, sobre todo con las cajas CLAP.

El yerno del ex alcalde Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, arrestado en Suiza el pasado 24 de junio, fue extraditado a los Estados Unidos bajo el cargo de lavado de dinero por su presunta participación en un esquema de corrupción, donde también están los empresarios chavistas, Raúl Gorrín y Francisco Convit.

La información fue suministrada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en su cuenta en Twitter.

A Vuteff lo acusan de ayudar a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight a esconder los ingresos ilícitos y facilitar el acceso de esos fondos fuera de Venezuela.

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El argentino integró el esquema internacional para lavar dinero equivalente a 1.200 millones de dólares.  Fondos «obtenidos de manera corrupta» de Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

En esta trama de corrupción, además de Vuteff, Gorrín y Convit, están involucrados el empresario venezolano Alejandro Betancourt y los tres hijastros de Maduro, Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores, quienes recibieron alrededor de $200 millones de los fondos extraídos de Pdvsa.

El yerno del ex alcalde Metropolitano en el exilio estuvo preso en España en el año 2018 en el marco de otra investigación de lavado de dinero que condujo a la confiscación de 115 propiedades en el país europeo que habían sido utilizadas para ese fin.

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El empresario tenía beneficio de libertad en España y en junio salió ilegalmente de ese país a Suiza. Allí lo capturaron y ya se encuentra en Estados Unidos para ser procesado por corrupción.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusa directamente a dos operadores financieros de Suiza y Argentina, quienes se habrían encargado de lavar aproximadamente 1.200 millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La respectiva acusación se presentó ante el Distrito Sur de La Florida, donde acusaron directamente a Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, de haber llevado a cabo transacciones diversas para poder ingresar el dinero en el mercado, obviando las restricciones que pesan sobre PDVSA en parte del mundo.

La querella del Departamento de Justicia indica que «a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018, Steinmann y Vuteff conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior». 

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«Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos», explica el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia alega que los acusados abrieron cuentas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, para recibir transferencias de funcionarios venezolanos, pagando los respectivos sobornos para el lavado de dinero.

Se pudo conocer que Vuteff fue arrestado en Suiza y actualmente se encuentra en proceso de extradición, mientras que Ralph Steinmann se encuentra en fuga y es buscado activamente por Interpol.

Tras la detención en Suiza del yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, el líder opositor en el exilio se pronunció lamentando “profundamente” la situación.

En un mensaje escrito al Miami Herald, Ledezma dijo que mantenía su posición ante cualquier hecho irregular, que a lo largo de su vida ha sido «la de reclamar sanciones y castigos para quienes cometan actos contrarios a la legalidad”.

“Están de por medio mi adorada hija Antonietta y mis dos nietos, seres que amamos entrañablemente, y con quienes estaremos siempre, incondicionalmente, apoyándolos en esta circunstancia tan ingrata”.

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Vuttef salió de España ilegalmente a Suiza donde fue detenido por estar incurso en una trama de corrupción con los empresarios chavistas, Raúl Gorrín y Francisco Convit. Además tiene un pedido de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero.

El líder opositor en el exilio dijo que espera que de esta investigación que realiza la Fiscalía Federal de Miami, salga la verdad.

“Junto a Mitzy (su esposa), mi hija y toda la familia, esperamos que aflore la verdad y solo la verdad de ese proceso en curso”, dijo Ledezma en el mensaje.

Vuteff es uno de casi dos docenas de personas investigadas en conexión al gigantesco entramado de corrupción en el que empresarios cercanos a Nicolás Maduro conspiraron para desfalcar hasta $1.200 millones de fondos públicos, reseña El Nuevo Herald.

Este grupo de personas desfalcaron al menos $600 millones con el régimen de control cambiario en Venezuela y estaban planificando malversar 600 millones más.

“Ante este nuevo episodio mantengo mi firme determinación, siempre inequívoca, coherente y transparente, de dejar en manos de los magistrados a cargo de esa indagación, comprometido a respetar cualquier fallo que se dicte, con la seguridad de que esa instancia fiscal y tribunalicia de los Estados Unidos de Norteamérica, o en la propia España”, agregó el exalcalde.

En esta trama de corrupción, además de Vuteff, Gorrín y Convit, están involucrados el empresario venezolano Alejandro Betancourt y los tres hijastros de Maduro, Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores, quienes recibieron alrededor de $200 millones de los fondos extraídos de Pdvsa.

El yerno del ex alcalde Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, lo arrestaron en Suiza bajo el cargo de lavado de dinero por su presunta participación en un esquema de corrupción dondetambién están los empresarios chavistas, Raúl Gorrín y Francisco Convit.

Según información del Nuevo Herald, Vuteff enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos, donde lo acusan de ayudar a funcionarios públicos venezolanos y empresarios implicados en la Operación Money Flight a esconder los ingresos ilícitos y facilitar el acceso de esos fondos fuera de Venezuela.

Fuentes informaron al diario con sede en Miami que el yerno de Ledezma fue arrestado a inicios de esta semana en Suiza, tras salir de España ilegalmente.

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El empresario enfrentaba en Madrid un proceso judicial y donde debía permanecer como requisito del beneficio de libertad condicional que le había sido otorgado.

El de las 115 propiedades confiscadas en España

Según medios españoles, a Vuteff lo arrestaron en el año 2018 en el marco de otra investigación de lavado de dinero que condujo a la confiscación de 115 propiedades en el país europeo que habían sido utilizadas para ese fin.

Desde ese momento, Estados Unidos tramita la extradición de Vuteff para que enfrente los cargos de lavado de dinero introducidos contra él por la Fiscalía Federal de Miami.

Vuteff es uno de casi dos docenas de personas investigadas en conexión al gigantesco entramado de corrupción en el que empresarios cercanos a Nicolás Maduro conspiraron para desfalcar hasta $1.200 millones de fondos públicos, reseña El Nuevo Herald.

Este grupo de personas desfalcaron al menos $600 millones con el régimen de control cambiario en Venezuela, instrumento que permitió aumentar astronómicamente el valor de la inversión inicial.

Los acusados también tenían planes de malversar al menos otros $600 millones más.

En esta trama de corrupción, además de Vuteff, Gorrín y Convit, están involucrados el empresario venezolano Alejandro Betancourt y los tres hijastros de Maduro, Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores, quienes recibieron alrededor de $200 millones de los fondos extraídos de Pdvsa.

La extesorera nacional durante el mandato de Hugo Chávez Frías, Claudia Patricia Díaz Guillen, ya tiene fecha para el comienzo de su juicio ante la justicia norteamericana.

Un documento oficial del Departamento de Justicia, indica que Díaz Guillen tendrá que comparecer ante un tribunal federal el próximo 27 de junio, tras las acusaciones que pesan en su contra por supuesto lavado de dinero y por los cuales fue detenida en España, junto a su esposo, Adrián José Velásquez, quien era uno de los guardaespaldas del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

El tribunal estará presidido por el juez William P. Dimitrouleas, en la ciudad de Fort Lauderdale. El juicio contará con jurado, según el comunicado oficial. Se estima que para el 24 de junio la extesorera de Chávez tendrá una audiencia preliminar en los tribunales de Fort Lauderdale.

Vale acotar que en días pasados, Díaz Guillen tuvo una audiencia, en donde ratificaron como su abogada a Marisel Descalzo, jurista sobre quien había un posible conflicto de intereses, ya que llevó un caso de un ex banquero venezolano relacionado a este expediente. Sin embargo, el tribunal no consiguió objeción alguna.

La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillen habría solicitado una libertad bajo fianza ante la corte. Los representantes legales manifestaron que Díaz Guillen no tendría la intención de salir del país y mucho menos regresar a Venezuela, ya que teme por su vida.

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Vale acotar que aunando a esto, Tanto Díaz Guillén como su esposo tiene abierto un expediente similar en Venezuela.

Ante el juzgado la mujer se declaró no culpable y aseveraron que el pago de la multa bajo fianza sería realizado por familiares de la mujer, así como amigos y el esposo Adrián José Velásquez, quien también se encuentra detenido en España y está a la espera de un vuelo que lo lleve a Estados Unidos, para comparecer junto a su esposa por el mismo delito.

Adrián José Velásquez fue jefe de la Casa Militar y hombre del primer anillo de seguridad de Hugo Chávez Frías.

Su esposa, Díaz Guillén, era enfermera de cabecera del fallecido presidente. La pareja tuvo mucho alcance con Chávez, a tal punto que la nombra a ella como Tesorera Nacional y ocupa varios cargos ejecutivos.

La averiguación que le sigue los Estados Unidos por el supuesto lavado de dinero, está relacionada con el empresario de medios de comunicación Raúl Gorrín, quien habría utilizado a la pareja para poder hacer negocios y lavar dólares con el gobierno de Hugo Chávez.

En plena luna de miel, cuando se encontraba en una playa de la isla de Barú, en Cartagena, murió luego de ser herido de bala, el fiscal especializado contra el crimen organizado paraguayo Marcelo Daniel Pecci, de 45 años.

El deceso se produjo, luego de ser herido de gravedad por desconocidos que lo atacaron cuando se encontraba en Cartagena pasando la luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera.

Pecci  contrajo matrimonio el pasado 30 de abril,  horas antes del asesinato, había anunciado que estaba esperando su primer hijo.

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Una publicación compartida de Claudia Aguilera Quintana (@aguileraclaudi)

La prensa local reseña que el  crimen fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una moto acuática desde la cual le dispararon al fiscal, para luego huir hacia el mar.

Tras el atentado, el fiscal Pecci fue trasladado a un centro de salud,  a donde llegó sin vida.

Pecci era fiscal especializado contra el crimen organizado en Paraguay y con experiencia en unidades contra el narcotráfico y el lavado de activos.

A los fines de atender el caso, el cónsul de Paraguay en Colombia, Romy Romero, se trasladó hacia la ciudad de Cartagena para darle acompañamiento a la familia, informó Canal 1.

Mientras que  el general de la Policía, Jorge Luis Vargas, anunció que se desplazará a la ciudad de Cartagena para ponerse al frente de las investigaciones por el asesinato del Pecci.

Cabe destacar que el general Vargas ordenó el envío inmediato de 5 investigadores del más alto nivel al lugar de los hechos.

También hizo contacto con las autoridades paraguayas para recibir una comisión de oficiales de ese país, que se integrará a la DIJIN en el esclarecimiento de los hechos.

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«El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado»¸ dijo el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través de Twitter.

Según los datos de la ONU, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor de esta droga, creseña AFP.

La violencia en Colombia no cesa pese a haber firmado un histórico acuerdo de paz en 2016. Recientemente, con la extradición de alias Otoniel, el Clan del Golfo desato una lucha sin cuartel en contra de las autoridades de ese país.

El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya.Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado.Nuestras sinceras condolencias a sus familiares.

Dos abogados que fungieron como fiscales del Ministerio Público en 2017 en Venezuela, han sido acusados de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una carta del ente judicial en EE.UU. indica que Daniel D’Andrea Golindano de 43 años, junto a Luis Javier Sánchez Rangel de 35, están acusados  «de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados delictivos», expresa la misiva.

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Según el Departamento de Justicia, en el 2017 los entonces fiscales realizaban en Venezuela una averiguación por casos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Al parecer, los representantes del Ministerio Público acordaron con un contratista petrolero que estaba señalado en la averiguación un pago. El monto para cada uno fue de un millón de dólares para no señalar al empresario en la investigación.

Según la acusación del ente judicial norteamericano, D’Andrea falsificó unas facturas de equipos e insumos médicos. Esto para poder justificar los pagos en una entidad financiera en La Florida.

«Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia, después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Los acusados ​​están en Venezuela y siguen prófugos», dice parte del comunicado del Departamento de Justicia.

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó FINMA en un comunicado, reseñado por Efe.

Estas prácticas irregulares las cometió la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y la CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA.

El organismo criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada. También porque no hicieron las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

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El órgano supervisor aclara que ambas entidades ya tomaron medidas para evitar nuevas irregularidades. No obstante, señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».

En el caso de CBH, FINMA ordenó detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos. Además, debe «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».

Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con PDVSA, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores. 

Con una serie de documentos mostrados a través de su cuenta Twtter, el empresario Raúl Gorrín respondió a las acusaciones que lo vinculan con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero.

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con la pareja de extraditables.

Gorrín es un empresario venezolano, conocido por ser  presidente del canal de noticias Globovisión y  dueño de Seguros La Vitalicia.

Denunció falsas pruebas

«Quiero alertar que con pruebas falsas los EE. UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan», publicó en Twitter.

Queda demostrado una vez más como han manipulado la justicia en EEUU por motivaciones políticas, construyendo narrativas para crear razones subjetivas y actuar como actúan descaradamente #FISCALESAMERICANOSCORRUPTOS https://t.co/eRcTUHq0pp

En un hilo escrito en su cuenta @RaulGorrinB, adjunta documentos y explica que la primera operación la ejecutó desde una cuenta personal de HSBC por un monto de $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

La primera operación que alegan, la ejecuté desde mi cuenta personal de HSBC por un monto de U.S. $281.051,00 a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13/03/2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela. (+PRUEBAS) pic.twitter.com/K84BGQJJPl

«La lancha estuvo a nombre de una Sociedad Mercantil de mi propiedad, Inversiones Play Andes C,A y la vendí al Sr Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014», agrega Gorrín.

De la segunda transacción a la que se refiere se trata de una operación permuta que hizo el 15/05/13 por $4.000.000, a la empresa Patric Love Holdings INC, empresa de moda de la española María Torres Millan de quien, indica, recibió la cantidad al cambio en Bolívares.

«Toda esta información demuestra que la fiscalía americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo», asegura.

Inminente extraditación

Claudia Díaz, quien enfrenta una extradición aprobada por la Audiencia Nacional española, está acusada de haber favorecido como tesorera nacional a Raúl Gorrín, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.

Con información El Pitazo

La Fiscalía de EE.UU. pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.

La moción fue presentada este lunes por el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer cuando estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los cargos a Saab y fue pospuesta para el próximo 15 de noviembre, informó EFE.

El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las “garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”.

Esta extradición se concretó el pasado 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

En sus redes sociales el periodista venezolano Roberto Deniz, perseguido por administración de Maduro por sus investigaciones sobre Saab, aclaró que esta solicitud forma parte “del acuerdo de las autoridades de Estados Unidos con Cabo Verde”.

“De lo contrario la posible pena en Estados Unidos iba a superar la pena máxima de Cabo Verde y eso incumplía los criterios de extradición”, indicó.

La Fiscalía señala en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab; y no al otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense.

A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial el pasado 18 de octubre, informó Infobae.

Sobre la audiencia, que hoy fue presidida por el juez de primera estancia Edwin G. Torres, no hubo detalles.

Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron hoy un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell. En este documento el que el empresario colombiano renunciaba a comparecer este lunes tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia a través de la plataforma Zoom.

En la audiencia, en la que el abogado de Saab anticipó a la agencia EFE que se iba a declarar “no culpable”, se preveía también que la defensa iba a solicitar la libertad bajo fianza.

 Iván Simonovis, aseveró este miércoles que con las elecciones regionales nada va a cambiar para el ciudadano común.

Afirmó mediante un video compartido en su cuenta de Twitter que solo se favorecerá al chavismo, a un grupo de opositores y ciertos empresarios.

Tras ello, dijo que la administración de Nicolás Maduro convirtió a Venezuela «en la lavadora de dinero más grande del planeta».

También señaló que hay “empresarios” que quieren ser parte de la jugosa empresa criminal dirigida desde Miraflores».

Mencionó que el crimen transnacional puede movilizar hasta el 2% en un país desarrollado.

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Mientras que en Latinoamérica entre el 14 y 20%, pero en Venezuela «mueve más del 35%».

«Desde que llegó Hugo Chávez y la dictadura al poder, Venezuela ha ocupado en varias oportunidades como el país con más muertes por actividad criminal… Transparencia Internacional cataloga a Venezuela como uno de los 15 países con mayor corrupción en el mundo», añadió.

Según la firma Consultores 21, solo 1 de cada 3 opositores ira a votar en cualquier tipo de elección.

Pese a que un sector opositor y el chavismo reiteran el llamado a ir a los comicios porque hay un CNE «robusto».

La evaluación también reveló que existe un 11 % de opositores huérfanos de liderazgo los cuales desconfían de los líderes de la oposición.

«Son críticos con el liderazgo opositor, pero también son los que peor evalúan al gobierno de Maduro”, dice el informe.

Inicialmente parecía unja cantidad abundante de madera y mármol proveniente de Venezuela. Pero, realmente era una «caleta» de euros, dólares y pesos. Una de las modalidades más utilizadas por los lavadores de dinero producto del negocio del narcotráfico hacia Cúcuta.

Así quedó evidenciado en la reciente operación que adelantaron miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía: Trabajaron en coordinación con la Agencia Antidrogas (DEA) y la Fiscalía. Funcionarios de esos organismos llegaron hasta una casa en el conjunto residencial Tamarindo, en Villa del Rosario.

Las autoridades hallaron al menos 3.348 millones, en dólares, euros y pesos en efectivo. El dinero estaba en medio de cajas de juguetes en esa vivienda. Los policías hallaron 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros, en fajos de billetes.

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Las autoridades adelantan una rigurosa investigación desde 2019. Utilizaron medios técnicos para conocer el modus operandi de una organización narcotraficante para ‘lavar’ el dinero, informó el diario La Opinión.

Los investigadores descubrieron que, este dinero también provenía desde Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico. Igualmente des San Martín e Isla Tórtora.

A través de diferentes medios envían a Venezuela grandes cantidades de divisas. Las mismas las transportan a Cúcuta en vehículos con dobles fondos en asientos, puertas o cajas.

Además, la Policía también evidenció que algunas personas recibían giros de montos de dinero moderados, que salen del rastreo de las autoridades para ‘lavarlo’.

La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros. El portal OKDario informó que lo hizo para lavar dinero procedente de la corrupción de Pdvsa.

Se trata del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. En la actualidad el establecimiento permanece activo, explotado por una cadena británica. Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.

Los gestores de la sociedad Columbus One Properties SL firmaron el 14 de marzo de 2016 un contrato para comprar el hotel Torrelaguna. Para ello invirtieron una parte de los 600 millones de euros que la red obtuvo mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA. Estos datos aparecen en los informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

De la suma total de 600 millones, al menos 159 millones estaban destinados a los tres hijos del primer matrimonio de Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

Así se desprende de la grabación que la Justicia norteamericana ha remitido a la juez María Tardón, correspondiente a una reunión celebrada el 1 de marzo de 2017 en la sede la sociedad Columbus One Properties SL, situada en la calle Orellana de Madrid.

Las autoridades de EEUU intervinieron además a uno de los gestores de Columbus One Properties SL una hoja de cálculo en el que consta el reparto de los 600 millones. De ese total 159 corresponden a los hijastros de Maduro, conocidos en Venezuela como los chamos.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó en julio de 2019  todos los bienes y cuentas bancarias de los tres hijos de Cilia Flores. Ellos han jugado un papel clave para que el empresario colombiano Alex Saab obtuviera contratos millonarios en Venezuela a cambio del pago de sobornos. Saab permanece retenido desde el pasado mes de junio en Cabo Verde, a la espera de ser extraditado a EEUU.

La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios que se reparten su accionariado al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde.

Los 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario.

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Utilizando técnicas de ingeniería financiera, los gestores de Columbus One Properties movían el dinero por varios paraísos fiscales, antes de invertirlo en la compra de inmuebles en España. La compra del hotel Torrelaguna se efectuó con tres pagos: el primero de 1,5 millones de euros, el segundo de un millón y el último de 12,5 millones, abonados el 14 de marzo de 2016, fecha en la que se escrituró la compra del inmueble.

Los fondos empleados para adquirir el hotel habían sido invertidos por el grupo Columbus One Properties en un programa de deuda cotizada que la sociedad irlandesa IA Capital Structures PLC gestiona en la Bolsa de Viena por un importe total de 5.000 millones de euros. Luego fueron transferidos a España en forma de crédito otorgado por la sociedad irlandesa a otra de las filiales del grupo: Columbus One Properties Management SL, que dirigen los mismos socios.

El hotel tiene una superficie total construida de 7.126 metros cuadrados, sobre una parcela de 1450 metros, que hace esquina entre las calles Torrelaguna y Condesa de Venadito, en el barrio de Ciudad Lineal (Madrid). Según el Registro de la Propiedad, el inmueble fue tasado a efectos de subasta en 10,3 millones de euros.

Es decir, la red que lavó dinero negro para los hijastros de Nicolás Maduro pagó por este edificio un sobreprecio de casi cinco millones de euros. Aunque su objetivo prioritario con la operación no era obtener una plusvalía, sino blanquear los fondos ilícitos procedentes de la corrupción de PDVSA para evitar que las autoridades internacionales detectaran su rastro.

Tras cerrar su compra, el grupo Columbus One Properties utilizó el inmueble para obtener un crédito hipotecario de seis millones de euros, concedido el 26 de mayo de 2016. La juez ha dictado una orden para impedir que el inmueble sea revendido de nuevo, tras constatar que fue adquirido con fondos procedentes de la corrupción.

Dos de los gestores de este grupo empresarial (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) fueron detenidos en España, mientras que otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó a Venezuela en un vuelo con escala en Turquía.

El gobierno federal de Estados Unidos vendió por 12 millones de dólares una mansión del empresario Samark José López Bello, en la ciudad de Florida.

La propiedad la habría comprado en 2016 el empresario, señalado por sus irregulares negocios con el régimen de Nicolás Maduro y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mansión está frente al mar y cuenta con unos 15.000 pies cuadrados. Se localiza en 325 Leucadendra Drive, Coral Gables.

Los registros, según el medio estadounidense The Real Deal, señalan que el nuevo propietario es Steven Lempera, presidente de Future Environmental.

El gobierno de Estados Unidos anunció en 2019 la búsqueda de López Bello, señalado de ser el testaferro de Tareck el Aissami, ministro de Petróleo del régimen de Maduro.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas recordó que el empresario fue sujeto de una persecución luego de la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos.

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó a López y a El Aissami como narcotraficantes.

La oficina de inmigración refiere que el empresario venezolano, de 46 años de edad, financió y proporcionó asistencia para actividades ilícitas, actuando bajo el nombre de El Aissami.

“Por más de dos años López y otros defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la ley, además de evadir sanciones impuestas por la OFAC”, señaló la institución.

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron dos villas de un complejo turístico de Verón, Punta Cana, presunta propiedad de López.

En la intervención se encontraron US$ 25.000 y 18.000 euros, tres vehículos todo terreno, más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.

En Cabo Verde daban por hecho que la defensa del barranquillero Álex Saab no iba a impugnar la decisión del Ejecutivo de ese país de autorizar su extradición a Estados Unidos.

Versiones de despidos de parte de su equipo legal y del inicio de una colaboración con la DEA daban a entender que estaba dispuesto a someterse a la justicia de ese país, sin oponer mayor resistencia.

Sin embargo, a última hora, uno de sus abogados internacionales, Rutsel Martha, radicó un documento de 60 páginas en el que impugna la decisión del Ministerio de Justicia de Cabo Verde de entregarlo a Estados Unidos.

Fuentes federales señalan que es evidente que se trata de una maniobra dilatoria puesto que se le han negado tres recursos de libertad (incluidos dos habeas corpus).La gran pregunta es: ¿qué buscan Saab y el régimen de Maduro con ese oxígeno legal, que se podría extender por varias semanas?

La colaboración

Una de las respuestas es que el exjuez español Baltasar Garzón obtenga una medida cautelar en el tribunal de La Haya, a donde piensan llevar el caso Saab, publicó el diario El Tiempo.

El argumento es el mismo: que se trata de un agente especial del gobierno bolivariano de Venezuela, que fue capturado en misión oficial, mientras conseguía alimentos y medicina para la ciudadanía, de cara a la pandemia.

La tesis de que se le violó el fuero y de que se movía con pasaporte diplomático –lo que le daba algunas garantías– sigue siendo la carta para alegar que la captura (el pasado 12 de junio) fue ilegal.

También se especula que el barranquillero, de 48 años, está pactando con el régimen cuál sería su colaboración con Estados Unidos, a cambio de una rebaja de su condena por lavado de más de 350 millones de dólares.

El caso concreto por el que se le procesa es el de corrupción en torno a los contratos de las casas subsidiadas que levantó en Venezuela.

Y si entrega información únicamente sobre ese tema, bajaría la presión del régimen sobre él y sobre su familia, hoy en Caracas.

Lo concreto es que la apelación puede demorar al menos tres semanas y aún le queda a su defensa un recurso de amparo ante el constitucional.