La nueva Ley de Hidrocarburos no busca transparentar el negocio petrolero en Venezuela, sino rediseñar los mecanismos de control y supervivencia del poder tras décadas de saqueo, corrupción y presión internacional.

 Un recorrido por el ascenso y caída de los bolichicos, el desfalco de PDVSA, la intervención financiera de Estados Unidos y la mutación del modelo de corrupción que sigue marcando el destino del país.

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  Los legisladores aprobaron en una votación final el jueves una amplia reforma a la principal ley petrolera de Venezuela después de endulzar una propuesta de la presidenta encarada  Delcy Rodríguez para reducir los impuestos, ampliar el poder de decisión del Ministerio de Petróleo, otorgar autonomía a los productores privados y posibilitar transferencias de activos y subcontrataciones.

Se espera que los cambios fomenten aumentos en la producción de petróleo y gas y la inversión extranjera luego de un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump este mes, después de que el ejército estadounidense capturara a  Nicolás Maduro.

La reforma acelerada de la columna vertebral de la industria petrolera del país sigue a 20 años de estricta nacionalización y expropiación de activos que anteriormente pertenecían a empresas extranjeras, incluidas las principales petroleras estadounidenses Exxon Mobil (XOM.N). y ConocoPhillips (COP.N),  que no han sido totalmente compensados ​​después de años de arbitrajes y demandas.

“Hemos logrado la aprobación unánime de una reforma a la ley de hidrocarburos que hará más competitiva la contratación de empresas nacionales y extranjeras para extraer recursos de la mayor reserva petrolera del mundo”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Como lo prometieron los funcionarios estadounidenses, la administración de Trump alivió las sanciones a la industria energética venezolana relacionadas con sus exportaciones de petróleo a través de una licencia general poco después de la aprobación de la reforma. 

La propuesta fue presentada, discutida y aprobada en menos de dos semanas. Trump afirmó que controlaría los ingresos petroleros de Venezuela indefinidamente tras un acuerdo emblemático de suministro de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington.

Muchos potenciales inversionistas petroleros consideraron que la reforma era "suficientemente buena" para estimular la inversión inicial para recuperar la agotada industria del país miembro de la OPEP, mientras que exfuncionarios venezolanos la han calificado de inconstitucional.

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La nueva ley permitirá a los productores privados operar proyectos bajo nuevos contratos petroleros o en empresas mixtas, incluso si son accionistas minoritarios. Están obteniendo la largamente anhelada autonomía para comercializar la producción y los ingresos en efectivo fuera del control de la empresa estatal PDVSA.

La reforma también formaliza un modelo de producción petrolera compartida, introducido inicialmente por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años. Políticos y expertos han advertido sobre el secretismo de estos acuerdos y el potencial de corrupción debido a la laxa regulación.

Los cambios al texto, añadidos en los últimos días, allanaron el camino para la reducción del impuesto sobre la renta para proyectos energéticos y la eliminación de una serie de impuestos adicionales. 

Sin embargo, se introdujo un nuevo "impuesto a los hidrocarburos", aún pendiente de regulación en una legislación independiente, lo que pone en duda la intención de Caracas de reducir realmente la recaudación del gobierno, una de las más altas de Latinoamérica.

Las propuestas hechas a último momento por legisladores de la oposición para otorgar transparencia, limitar los poderes del ministerio y mantener el poder de aprobación de la Asamblea Nacional sobre los contratos petroleros fueron rechazadas.

La comisión de energía de la legislatura recibió unas 120 propuestas para modificar la ley, dijo el legislador Orlando Camacho, aliado del gobierno.

 Recientemente se agregó a la reforma la posibilidad de transferir activos petroleros que actualmente son propiedad y están operados por la petrolera estatal PDVSA, y de externalizar la operación de los campos petroleros bajo el nuevo modelo de contrato.

Se espera que esos contratos de producción compartida se firmen mientras el gobierno realiza una evaluación durante los próximos seis meses de docenas de empresas mixtas de petróleo y gas controladas por PDVSA, el modelo que ha dominado la industria desde que se aprobó la ley de hidrocarburos anterior en 2001.

La Asamblea Nacional perdió su anterior autoridad de aprobación de contratos, y el Ministerio de Petróleo -actualmente también controlado por Rodríguez- asumió casi todo el poder para firmar contratos y dar luz verde a cualquier cambio de términos.

Con información de Reuters

Una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos en Venezuela ha generado expectativas entre empresas nacionales e internacionales, aunque expertos advierten que se requieren ajustes más amplios para atraer inversiones por 100.000 millones de dólares, estimadas necesarias por Estados Unidos para modernizar el sector energético.

De acuerdo con Reuters, el debate ocurre en un contexto de máxima presión estadounidense. 

Tras la captura de Nicolás Maduro y un bloqueo naval que afecta envíos de petróleo sancionados desde diciembre, Washington controla las exportaciones y los ingresos petroleros del país, buscando garantizar que la industria funcione según sus intereses de política exterior.

El presidente Donald Trump ha impulsado a las compañías estadounidenses a invertir en la deteriorada infraestructura petrolera venezolana. Sin embargo, para muchos inversionistas el gran obstáculo sigue siendo la ley actual, que mantiene a Pdvsa como monopolio absoluto sobre los proyectos de petróleo y gas, limitando la autonomía de socios extranjeros y locales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada una reforma integral, que fue discutida el lunes con legisladores y ejecutivos de empresas como Chevron y ONGC de India. Fuentes cercanas indicaron a Reuters que la aprobación podría producirse tras breves consultas. La reforma daría más control a los socios de Pdvsa sobre la producción y los ingresos, además de condiciones operativas más flexibles.

Empresas internacionales, incluyendo operadores europeos, chinos y estadounidenses, llevan años solicitando cambios similares.

“Hay que lidiar con lo que hay”, dijo All Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management. “No hay otra opción. Si no se hace más atractiva esta industria, todo el progreso que queremos lograr se verá frenado, incluyendo a los operadores actuales”.

La iniciativa busca formalizar un modelo de contrato de producción compartida, que permitirá a unos pocos operadores gestionar ciertos campos petroleros, mientras que los socios minoritarios podrán vender su parte si los precios superan los pactados con Pdvsa.

El gobierno podría reducir las regalías a 15% desde 33%, lo que flexibiliza la participación estatal y mejora la competitividad frente a otros países productores. Además, la reforma habilitaría arbitraje independiente para resolver conflictos, aunque aún no queda claro si las disputas podrían llegar a tribunales internacionales.

Los ejecutivos coinciden en que, aunque la reforma es un paso positivo, no es suficiente. Serían necesarios ajustes adicionales, incluyendo cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la eliminación de gravámenes petroleros que limitan la rentabilidad y reglas claras sobre propiedad, inversión y comercialización de la producción.

“Siempre que la ley permita la extracción de capital, esto sería tan bueno como en cualquier otro lugar, como una empresa conjunta típica”, añadió Moshiri. Para él y otros especialistas, la reforma podría atraer también a pequeñas y medianas empresas y servir como transición hasta un gobierno permanente.

No obstante, algunos expertos advierten que la reforma concentra mucho poder en el Ejecutivo.

Según el diputado Henrique Capriles Radonski, “(Esta reforma) tiene como objetivo seguir socavando la capacidad de control de la Asamblea Nacional”. Otros señalan que los nuevos contratos no resuelven la crisis estructural de Pdvsa ni ofrecen seguridad jurídica suficiente.

“La regulación de los nuevos contratos petroleros es confusa y ambigua”, aseguró José Ignacio Hernández, abogado radicado en Boston. “Las reformas propuestas no logran fortalecer significativamente el frágil marco regulatorio y, en consecuencia, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria para la reconstrucción de la industria petrolera”.

A pesar de las dudas, el gobierno insiste en que la reforma aumentará la producción y atraerá nuevos actores al sector, mientras que analistas advierten que las mayores petroleras estadounidenses podrían esperar a una legislación más clara y a una oposición parlamentaria más fuerte antes de comprometer capitales significativos.

Con información de Reuters.

La Asamblea Nacional (AN)  aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, que establece la fijación de precios de productos y servicios mediante un «mutuo acuerdo» entre el Estado y comerciantes.

“Es un punto de encuentro entre el Estado y los agentes económicos fijar los precios de mutuo acuerdo, a fin de garantizar el acceso a la población, pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. Tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles”, explicó el diputado por el PSUV, Ramón Lobo, al presentar el proyecto.

La propuesta, que requiere de una segunda discusión, fue iniciativa de la presidencia encargada “para defender el salario de los trabajadores”.

Sin embargo, la bancada opositora en la AN manifestó sus temores acerca de que la ley afecte la oferta de bienes y servicios.

La ley tiene 96 artículos y contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Sistema Nacional de Observación de Precios.

 Lobo indicó que el texto establece un «esquema sancionatorio» sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, miembro de la bancada Libertad que integra el exgobernador Henrique Capriles, dijo que el proyecto de ley tiene unos «nudos críticos» que podrían afectar la oferta de bienes y servicios en el país.

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«Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta, no hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío», señaló.

Bracho apuntó que la «verdadera protección» es la abundancia, la competencia y no el «control asfixiante», por lo que cree que esta es una ley de «control de producción y control al consumidor» y ante lo expuesto su fracción salvó el voto.

El Gobierno de Venezuela fijó precios de productos y servicios en 2015, una política que se fue endureciendo hasta 2018, cuando los controles empezaron a flexibilizarse hasta que se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó a la población.

Con información de Efe y prensa AN

En la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) fue sancionada, por unanimidad, la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación.

La norma contiene tres títulos y 35 artículos.

En general, la norma establece la corresponsabilidad del Estado y el Poder Popular "ante las amenazas internas y externas", contra el país.

El instrumento  prevé "fortalecer la paz, la democracia y la defensa integral de la nación".

Entre sus principales disposiciones destaca: "una mayor integración de los Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI) y los Comités de Trabajo, a través de salas situacionales".

Estás salas tienen entre sus funciones: "recopilar información por los comités de trabajo en el marco de sus actividades".

Asimismo, deben "analizar la información recibida para identificar patrones, tendencias y potenciales riesgos que permitan atender la gravedad de las amenazas".

También deben "evaluar la respuesta adecuada para responder a la situación" de amenaza que se presente.

Igualmente, debe "facilitar la comunicación y la colaboración entre los diferentes entes y órganos del Estado, hacer seguimiento a las acciones implementadas de los distintos comités de trabajo y determinar la capacidad de respuesta de los distintos niveles territoriales".

En el debate se destacó que esta ley se aprueba para "resguardar la integridad del país ante las amenazas y constantes ataques del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela". 

Sobre este tema el  presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la doctrina militar legada por el presidente  Hugo Chávez y enriquecida por el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

"Estamos aprobando una ley fundamental, que además conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada", dijo.

"Queda aprobada por mayoría calificada, calificadísima diría yo, y se declara sancionada la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, y se remite al Ejecutivo nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", expresó.

Asimismo, Rodríguez aprovechó para agradecer el reciente comunicado emitido por la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, el cual condena el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, bajo el pretexto de luchar contra los carteles de la droga.

«Nuestro agradecimiento al heroico pueblo ruso, a su Duma Estatal y a su presidente Vladímir Putin, en momentos complejos y difíciles, es cuando se prueban los verdaderos amigos, y la Federación de Rusia es nuestro verdadero amigo», puntualizó.

El presidente Gustavo Petro sancionó una ley que prohíbe el uso de biopolímeros en Colombia y que castiga con cárcel a quien los aplique, una sanción que va de 2 a 15 años -incluso más-, dependiendo de la gravedad del caso.

La norma busca crear el tipo penal de lesiones personales por el uso de sustancias modelantes no permitidas, conocidas como biopolímeros, regular el uso, comercialización y aplicación de algunas de estas sustancias, establecer medidas a favor de las víctimas y promover las estrategias preventivas en la materia.

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Quien inyecte biopolímeros, polímeros o cualquier sustancia modelante no aprobada en Colombia enfrentará una pena de cárcel que va desde los 2 años y 8 meses hasta los 15 años. Dependiendo de la gravedad del caso, incluso podrían ser más años.

Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses de prisión, multa de doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de sesenta (60) meses.

Si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de dieciocho (18) años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, o afectare el rostro, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Lina Robles, al dar a conocer esta información en Publimetro, afirmó que las víctimas de estos procedimientos tendrán el derecho de acceder al sistema de salud para que este cubra tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas por las prácticas tratadas en la presente ley.

El Congreso de los Diputados de España aprobó definitivamente este jueves una ley para que las trabajadoras que sufren de reglas dolorosas pueden tomarse una «baja menstrual», una medida pionera en Europa para, según el Gobierno, romper tabúes.

«Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas», escribió en Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el partido de izquierda que es socio minoritario de la coalición de gobierno con los socialistas, reseñó la AFP.

Adoptada por 185 votos favorables, 154 en contra y 3 abstenciones, esta ley convierte a España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contemplar esta medida, a imitación de Japón, Indonesia y Zambia. 

El texto de la ley afirma que «tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis».

«Se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral», añade la ley.

La ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad.

La «baja menstrual» ha despertado reservas en la parte socialista del gobierno y es criticada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores). 

UGT, uno de los dos mayores sindicatos del país, expresó su preocupación por que los empresarios que quieran evitarlas acaben frenando la contratación de mujeres.

El conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtió del riesgo de «marginación, estigmatización» y «consecuencias negativas en el mercado laboral» para las mujeres.

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La baja menstrual es una de las medidas clave de un proyecto de ley mucho más amplio para aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que practican menos del 15% de los abortos del país, debido principalmente a la masiva objeción de conciencia de los médicos.

Muchas mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para abortar ante la falta de servicio público o de una clínica especializada próxima en ciertas zonas del país.

La ley permitirá además a las menores abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años, anulando una obligación instaurada por un gobierno conservador en 2015.

El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.

La ley aprobada este jueves también prevé que se imparta más educación sexual en las escuelas y la distribución gratuita de anticonceptivos y productos de higiene menstrual en los institutos.

España es un país considerado referencia de los derechos de la mujer en Europa, especialmente desde la aprobación de una ley sobre violencia de género en 2004. 

El gobierno de Sánchez se declara feminista y cuenta con más mujeres que hombres en sus filas.

Con información de AFP

El Consulado de España en Caracas informó que aprobó las primeras solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática (LMD) o Ley de Nietos.

La información la suministró a través de su cuenta en Twitter.

El organismo señaló que recibió al menos 100 solicitudes la primera semana de noviembre.

«En el Consulado General de España en Caracas se han firmado esta semana las primeras resoluciones (favorables) en solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley 20 /2022 o LMD: tres de Anexo I, seis de Anexo III y 9 anotaciones por Anexo IV», escribió el consular en su red social.

En el Consulado General de España en Caracas se han firmado esta semana las primeras resoluciones (favorables) en solicitudes de nacionalidad conforme a la Ley 20 /2022 o LMD: tres de Anexo I, seis de Anexo III y 9 anotaciones por Anexo IV. pic.twitter.com/f7U3HNr3py

Es importante recordar que la Ley de Memoria Democrática (LMD) o Ley de Nietos entró en vigor en España el pasado 21 de octubre con el fin de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, además, de estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983. 

Esta norma fue publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España. La misma sustituye a la Ley de Memoria de 2007 (LMH) y que nace bajo los principios de «verdad, justicia y reparación» y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como «evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia«.

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«Esta ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia. España atesora una larga tradición liberal y democrática que surge con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. A lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país, en los mismos términos que se estaba construyendo en el resto de países de nuestro entorno. Constituciones como la de 1812, 1869, 1931 y 1978 han sido hitos de nuestra historia democrática y han abierto momentos esperanzadores para el conjunto de nuestra sociedad».

«Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión».

«Frente a esta experiencia histórica, esta ley tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978, y al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, sus nacionalidades y regiones».

«Por otro lado, esta ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo».

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios.

Mediante esta norma, el Parlamento chavista pretende «establecer principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas para garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, de conformidadcon lo establecido en la Constitución», según establece el artículo 1 de la norma.

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Según el artículo 8 de la ley, «los estados y municipios no podrán cobrar impuestos, tasas ocontribuciones que no se encuentren previstos en leyes estadales u ordenanzas, respetando los límites establecidos en la Constitución y la ley nacional».

Enfatiza en que «es nulo e ineficaz cualquier cobro de cantidades exigidas por los estados y municipios bajo otros conceptos distintos; en especial aquellos establecidos bajo la denominación de aportes, aranceles, contraprestación y sus similares o equivalentes».

El artículo 10 señala que «los tributos estadales y municipales no podrán tener carácterconfiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse enobstáculo para el desarrollo armónico de la economía nacional».

En consecuencia, «no podrán establecerse tributos que afecten el comercio exterior, de manera directa o indirecta».

Mientras que el artículo 11 destaca: «Los estados y municipios deben abstenerse de gravar los bienes procedentes de otros estados o municipios de forma distinta a los producidos dentro de su jurisdicción».

Por lo tanto, «no podrán establecerse tratamientos discriminatorios aplicables a los sujetos que ejerzan actividades económicas en o desde su territorio de manera ambulante, temporal o eventual».

Y tampoco «podrán imponer tributos, requisitos, condiciones o permisos estadales o municipales que impidan u obstaculicen la libre circulación de mercancías dentro del territorio, salvo los previstos en la Constitución».

La norma igualmente dice que «todos los tributos estadales y municipales, así como sus accesorios y sanciones, deberán ser cobrados y pagados en bolívares. Ninguna autoridad estadal o municipal podrá proceder al cobro de tributos, accesorios o sanciones en moneda extranjera».

La norma enfatiza en que «los estados y municipios deberán utilizar el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF), llevado por la autoridad tributaria nacional, comoidentificador para las y los contribuyentes estadales y municipales».

Esto, «con la finalidad de garantizar que la identificación de las y los contribuyentes se realice de manera única e inequívoca en las distintas entidades político territoriales».

Asimismo, establece que «los estados y municipios deberán implementar mecanismos basados en las tecnologías de información para la declaración y pago de los tributos de su competencia y el suministro oportuno de información que garantice la coordinación con la Hacienda Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución».

El «terrorismo urbano» al cual el presidente de Colombia Iván Duque relaciona con los hechos de vandalismos y disturbios que se presentan en el país, puede combatirse con una Ley.

Por eso invitó a los senadores y representantes del Congreso de la República a tramitar la Ley antivandalismo y antidisturbios.

Para poder así enfrentar los actos de violencia en la protesta.

Se trataría de una manera de combatir la ola de manifestaciones que derivan en hechos violentos (asesinatos y saqueos) que caracterizan las jornadas de rechazo a su gobierno.

En medio de un Paro Nacional que para este 30 de junio completa 62 días, el presidente Iván Duque considera que es la manera para enfrentar lo que denominó «terrorismo urbano».

En esta línea la discusión sobre la Ley permitía aclarar entre una protesta pacífica y actos de vandalismo o violencia.

También el mandatario invitó a los congresistas a trabajar juntos en la próxima legislatura para que tener en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios.

«Para que no pretendan, quienes prueben esas prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos», dijo el presidente.

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En este sentido el proyecto de Ley comenzaría a discutirse a partir del 20 de julio.

Fecha en la cual el documento sería radicado por el Gobierno para que sea discutido por el Congreso.

Además, la Ley permitiría ejerce el derecho a la protesta pacífica bajo pautas de protección en un estado democrático.

Mientras que los vándalos que destruyen infraestructura deben tratarse como delincuentes.

«En nuestra constitución está consagrado el poder para reclamar esos derechos, pero necesitamos también poner sobre la mesa y de manera irrestricta la discusión sobre los deberes humanos» confirmó el mandatario.

Así mismo el presidente condenó los actos violentos que han aumentado en medio de las protestas, dijo que la violencia y el terrorismo urbano deben combatirse con contundencia.

“A los vándalos que destruyen infraestructura, el transporte público, que pretenden secuestrar buses, colgar cables que ya han cobrado vidas, a ellos se les llaman delincuentes y se les enfrenta como delincuentes” aseguró el jefe de estado.

Finalmente aseguró que el deber de un servidor público es el de defender los derechos de todos los colombianos incluidas las fuerzas militares.

Por eso pidió investigar y sancionar a los funcionarios públicos que ‘vergonzosamente’ atacan e insultan a los soldados y policías.

La Constitución reivindica derechos, pero hay que hablar de deberes. No se pueden exigir derechos violando los del otro. Por eso, invito al Congreso a que trabajemos en una ley antivandalismo y antidisturbios, para que no pasen impunes quienes soslayan derechos de los colombianos pic.twitter.com/bc78gRj5eY

La ley argumenta que la antigua colonia británica debe regirse por una normatividad que frene la subversión, el terrorismo, el separatismo y la connivencia con fuerzas extranjeras.

Surge como respuesta a las violentas protestas prodemocráticas en medio de los temores porque vulnere los derechos y libertades de los habitantes de Hong Kong y se aplique la cadena perpetua como máximo castigo.

La nueva normatividad tensa la relación entre Pekín con Estados Unidos y otras naciones occidentales las cuales argumentan que la Ley atenta contra la autonomía de Hong Kong tras su entrega a China el 1 de julio de 1997.

Estados Unidos, por su parte, comenzó a retirar el estatus especial que le había conferido a la ciudad paralizando las exportaciones de defensa y restringiendo el acceso a productos de alta tecnología.

El régimen chino aseguró que la legislación va dirigida a unos pocos “alborotadores y, no afectará los derechos y libertades de los ciudadanos ni los intereses de los inversionistas

La ley fue aprobada unánimemente con 162 votos a favor y entrara en vigor de forma inminente.

En el octavo y último debate, este jueves el Senado aprobó un proyecto crucial en la historia del país, la cadena perpetua para los violadores de niños, promovido por Yohana Jiménez.

Se reformó el artículo 34 de la Constitución Política para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a los que han cometidos estos delitos sea la pena de prisión perpetua. Una de las características de este proyecto es que la cadena perpetua sea una sanción excepcional.

Tuvo diferentes modificaciones en relación con el principio de la iniciativa que dio el Capitolio, en principio la sanción debía aplicar a todos los culpables de delitos sexuales contra los menores de edad, pero esto cambió durante el trámite. Se aprobó que la pena de prisión perpetua se aplique solo en los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agraven la agresión sexual contra un niño.

En ese sentido los jueces deberán valorar las circunstancias en las que sucedieron los hechos y, si es del caso, emitir una cadena perpetua.

La aplicación de una pena de prisión perpetua, según lo propuesto para el debate de esta semana, dependería de una reglamentación que el gobierno colombiano, el cual ha apoyado el proyecto, debería tramitar en un término de un año.Los congresistas aprobaron el articulado de este proyecto con 75 votos a favor y 0 en contra. Este no pasará a conciliación debido a que fue aprobado el mismo proyecto en Cámara y en Senado. Tampoco pasará a sanción presidencial, por tratarse de una reforma constitucional, sino a una promulgación que realiza el presidente. Además, si es demandado podrá ser revisado por la Corte Constitucional. 

En Colombia se han presentado alrededor de dieciséis proyectos de acto legislativo para modificar el artículo 34 de la Constitución, y así suprimir la prohibición de penas perpetuas.Dos de los más recordados fueron el presentado por Gilma Jiménez, madre, fallecida de Yohana Jiménez, en 2008. Consiguió más de dos y medio millones de firmas necesarias para hacer la reforma vía referendo y logró la aprobación de la norma en el Congreso.

Sin embargo, tras ser aprobada por el Legislativo seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional votaron en contra del referendo porque tenía “vicios de trámite”.En 2017 la hija de Gilma Jiménez (heredera de la causa de su madre), impulsó de nuevo la cadena perpetua luego de conocerse el aberrante caso de la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, a manos Rafael Uribe Noguera, en un barrio de Bogotá.El año pasado fue presentado nuevamente el proyecto por varios partidos políticos, entre esos, el partido de gobierno, que ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto. 

¡Lo logramos!¡GRACIAS COLOMBIA!Día histórico en función de #NuestrosNiños.La #LeyGilmaJiménez #PrisiónPerpetua es una realidad. Después de 13 años de lucha por los #Niños, hoy logramos el principio del fin de la violencia que sufren. #TodoPorNuestrosNiños pic.twitter.com/dG9a5Nn0jg