El presidente de EE.UU., Donald Trump, avanza en sus meta de hacer de su país un lugar seguro, por lo que ahora concentra sus esfuerzos en la ciudad de Washington, donde pondrá el acento en políticas antimingrantes.

Para muestra, el jueves firmó un decreto estableciendo un “Grupo de Trabajo de Washington Seguro y Hermoso”, con el objetivo de asegurar la participación federal en varios asuntos de la capital de EE.UU..

La medida incluye la aplicación al máximo de las leyes de inmigración federales y el refuerzo de la presencia de las fuerzas del orden federales y locales en ciertas áreas, según CNN.

Entre las tareas encomendadas al grupo de trabajo destacan asegurar una mano federal en la redirección de recursos federales, estatales y locales para deportar a inmigrantes indocumentados en Washington, y monitorear su estatus de ciudad santuario y su cumplimiento de la ley federal.

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A principios de esta semana, el representante republicano Clay Higgins, de Luisiana, presentó un proyecto de ley que exige que Washington cumpla con las leyes de inmigración federales y prohíba su estatus de ciudad santuario.

El decreto del jueves también busca desplegar una presencia “más robusta” de las fuerzas del orden federales y ayudar a facilitar más fuerzas del orden locales en áreas como la Explanada de Washington, Memorial Parks, Rock Creek Park, Union Station, Anacostia Park, Lafayette Park, el George Washington Memorial Parkway, The Suitland Parkway y el Baltimore-Washington Parkway.

El decreto también tiene como objetivo asegurar que “todas las leyes aplicables de calidad de vida, molestias y seguridad pública se apliquen estrictamente”, incluidos delitos que involucren agresión, lesiones, hurto, grafiti, intoxicación pública y más.

“Es política de Estados Unidos hacer que el Distrito de Columbia sea seguro, hermoso y próspero previniendo el crimen, castigando a los criminales, preservando el orden, protegiendo nuestros reverenciados monumentos estadounidenses y promoviendo la embellecimiento y la preservación de nuestra historia y patrimonio”, afirma el decreto.

El Grupo de Trabajo será presidido por el vicesecretario general de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional Stephen Miller o su designado, e incluirá representantes de varios departamentos y agencias federales, incluidos los departamentos del Interior, Seguridad Nacional y Transporte y el FBI.

Como parte de un “plan de embellecimiento coordinado para instalaciones federales y locales, monumentos, terrenos, parques y carreteras”, el secretario del Interior, Doug Burgum, tiene la orden de dirigir al Servicio de Parques Nacionales para que elimine rápidamente los campamentos de personas sin hogar y el grafiti en terrenos federales.

Trump ha dicho anteriormente que el gobierno federal debería “tomar el control” de Washington.

“Creo que deberíamos gobernar el Distrito de Columbia. Es tan importante la situación de Washington”, dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One en febrero. “Creo que deberíamos tomar el control de Washington. Hacerlo seguro. La gente está siendo asesinada”, agregó.

Con información CNN

José Mauricio Gómez es un hondureño que lleva más de 15 años viviendo indocumentado en el sur de la Florida. Confiesa que nunca había tenido miedo por no tener papeles, pero ahora está pensando muy seriamente en abandonar el estado del Sol debido a la ley SB 1718, que entrará en vigor el sábado 1 de julio.

“Hay mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y, a veces, ni al trabajo quieren ir por motivos de la ley”, dice este hondureño ante la Voz de América.

La medida contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten indocumentados al estado de Florida. La pena máxima es para los que lleven a menores de edad y se establecen castigos de 5 años si en el vehículo hay mayores de 18 años.

También obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, impulsado por el gobierno federal, para verificar el estatus legal de todos los trabajadores. En caso de tener gente contratada sin papeles, se establecen multas de 1.000 dólares diarios.

Además, se invalidan las tarjetas de identificación comunitarias y de otros estados que, como Nueva York, otorgan a los indocumentados. Lo mismo pasa con las licencias de manejar, la única válida será la de Florida.

Otro punto que ha causado gran indignación entre la comunidad migrante es el que obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al estado sobre los pacientes indocumentados a los que atienden.

María Bilbao, coordinadora de campaña de American Friends Service Committee, una organización de apoyo a la comunidad migrante, ha estado llevando en las últimas semanas varias sesiones informativas para dar a conocer los puntos más relevantes de esta ley y explicar de qué manera puede afectar a los indocumentados.

“Hemos estado informando sobre la SB 1718, aunque me gusta decir que es la ley anti-inmigrante de DeSantis porque la gente la conoce mejor. Hay mucha desinformación y mucha de ella viene de parte de los mismos representantes y senadores que la votaron”, explica Bilbao.

Y es que es una ley tan dura, hay muchas dudas sobre cómo se aplicará esta legislación en el estado. En una reciente reunión con miembros de líderes religiosos, varios legisladores republicanos admitieron públicamente que la ley pretendía “causar temor” para evitar que los migrantes lleguen a Florida, sin detallar de qué manera se podría aplicar este tipo de legislación.

“Es más un proyecto de ley político más que una política”, dijo el representante Rick Roth al tiempo que admitía que los “trabajadores están comenzando a mudarse a Georgia y otros estados” como consecuencia de esta ley.

“Esta ley pretende, al 100 %, crear temor”, agregó Roth al respecto.

Ya en una reunión el legislador republicano, que es granjero y cultiva entre otros vegetales, caña de azúcar, arroz, maíz y apio, hizo un llamado para que los líderes religiosos difundieran el siguiente mensaje: “Es urgente que hablen con su gente para convencerles de que tienen recursos, representantes estatales y otras personas que les pueden explicar el proyecto de ley”.

Ni siquiera los expertos legales saben de qué manera las autoridades podrán aplicar la ley SB 1718. “No sabemos, al final del día, qué tan estrictos van a ser los policías y que tan estrictos van a salir a aplicar esta ley”, comenta Claudia Cañizares, una abogada de inmigración que lleva varios años dedicándose a la asesoría legal en materia migratoria.

Dijo que lo más preocupante es que esta ley ofrezca “total discreción” a los agentes de policía para preguntar a cualquiera por su estatus legal sin motivo alguno. “Me preocupa que me detengan o detengan a un ciudadano normal y que quieran abusar de sus derechos preguntándole cuál es el estatus migratorio de los pasajeros o cuál es tu estatus migratorio, lo cual viola la quinta enmienda”. La abogada además aclara que ese punto señala que “tú no tienes que responder a ninguna pregunta que te pueda incriminar”.

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Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que estas medidas solo pretender luchar contra el tráfico humano y minimizar los efectos que, según él, han causado las políticas en la frontera sur con México.

«Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida. Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho», dijo DeSantis hace unas semanas.

Funcionarios del gobierno de Joe Biden se han mostrado contrarios a éstas políticas migratorias. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, argumentó que el gobernador DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.

En esa línea, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, defendió los políticas que ha llevado a cabo la administración estadounidense y puso de ejemplo los logros alcanzados por el programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.

“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas hace unos meses.

Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes de Florida se están movilizando para organizar una gran marcha este sábado 1 de julio en Homestead, la ciudad de Florida que alberga una gran población de indocumentados que trabajan, principalmente, en el sector del campo y la construcción.

Los portavoces de estas organizaciones advierten que se van a interponer demandas ante la corte para que sea la justicia de Estados Unidos quien decida si esta ley puede aplicarse o no. Eso sí, no se puede presentar una denuncia hasta que la ley entre en vigor y haya perjudicado a alguien.

Con información Voz de América

Con el fin del título 42 culminó un capítulo de la pesadilla de los migrantes, y comienzan otros: además de la aplicación del Título 8 que permite la expulsión de personas que ingresen indocumentados a territorio estadounidense en algunos estados republicanos endurecieron las normas.

Tal es el caso del estado de la Florida donde el gobernador Ron De Santis aprobó una ley que penaliza a comerciantes y empresarios qué empleen indocumentados.

Cómo es sabido en Miami y en otros lugares de la Florida hay muchos indocumentados.

Se trata de la SB 1718, que entre otras cosas obliga a empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, para confirmar que las personas que contratan tienen permiso laboral.

En caso de no cumplir con el requisito, el empleador enfrentará sanciones económicas, reseña El Diario.

Esta nueva ley de inmigración  impulsada por DeSantis, comenzó a generar temor, debido a que endurece varias disposiciones y castiga tanto a indocumentados como a quienes los ayuden.

Por si fuera poco, la ley que entra en vigencia el 1 de julio también exige que los hospitales que aceptan Medicaid deben preguntar a los pacientes si tienen estancia legal en el país.

Otro de las penalizaciones que contempla esta ley es que se invalidan las licencias de conducir de otros estados emitidas a inmigrantes indocumentados, incluso se obligará a los no ciudadanos a proporcionar su ADN a las autoridades.

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Las reacciones no se han hecho esperar, y una muestra de ello es el rechazo por parte de la población migrante, especialmente entre los transportistas  que están llamado un boicot de no llevar mercancías a Florida.

Bajo la consigna yo soy migrante, un grupo de transportistas está pidiendo no llevar camiones y cargamento al Estado.

Here's one (in Spanish): pic.twitter.com/KJKRolszXQ