Es harto conocida la historia de David y Goliat contenida en la Biblia, que se narra en el primer libro de Samuel. En esta, David derrota al gigante Goliat con una honda y piedras, sin necesidad de usar espada o armadura. Esta lucha desigual es emblemática y utilizada en analogía del enfrentamiento del débil contra el poderoso.

Esta narrativa es traída a colación con frecuencia por el mismo presidente venezolano, Nicolás Maduro, para referirse a la guerra asimétrica de de Venezuela contra el imperio norteamericano. ¿O más bien en una excusa para mantener la diatriba revolucionaria bolivariana?

Un nuevo capítulo de esta «lucha» se presenta ahora desde el ámbito legislativo, cuando el Parlamento estadounidense, abanderado por las fuerzas republicanas, aprobó un texto denominado Ley Bolívar, que amplia las sanciones contra Venezuela y funcionarios del Estado, contra lo que el chavismo contraataca promulgado la Ley Libertador Simón Bolívar. ¿Pero qué nos trae cada una de esas?

El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aceleró la aprobación del proyecto «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano» (en inglés: Bipartisan Opposition to Leased Institutions or Ventures and Authoritarian Regime Act), que se traduce en el acrónimo «Ley BOLÍVAR», con lo cual hace un juego retórico para pegar en el mayor referente del chavismo y del país entero.

La pieza central de la ley es una disposición que refuerza las sanciones económicas:

PROHIBICIÓN —Salvo lo dispuesto en los incisos (b), (c) y (d), el jefe de una agencia ejecutiva no podrá celebrar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con ninguna persona que el jefe de una agencia ejecutiva determine, con el consentimiento del Secretario de Estado, en consulta con el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, que a sabiendas participa en operaciones comerciales significativas, según lo definido por el Secretario en consulta con el Director, con una autoridad del Gobierno de Venezuela que no sea reconocida como el Gobierno legítimo de Venezuela por Estados Unidos.

Sin embargo, aunque suene muy feroz, la ley lo que hace es acentuar lo que el chavismo denomina «sanciones unilaterales coercitivas» impuestas sobre Venezuela, y en especial funcionarios del Estado, desde la primera gestión de gobierno de Donald Trump.

Por el contrario, la ley no menciona restricciones directas para empresas petroleras internacionales, las cuales tienen licencias especiales para operar en Venezuela. Esto se traduce como: «con mi petróleo no te metas», que tanto Estados Unidos lo necesita para suplir sus necesidades energéticas, como el país caribeño venderlo.

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Casi de inmediato, desde la Asamblea Nacional (AN) venezolana y el Ejecutivo reaccionan encolerizados y se sacan de la manga la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, para hacerle frente a la legislación norteamericana.

Referida ley contiene sanciones contra personas que promuevan acciones contra «la patria» tales como inhabilitación política por 60 años, multas de hasta un millón de euros y prisión de hasta 30 años por pedir sanciones, entre otras.

Sanciona delitos que “no prescriben” y con las cuales prácticamente se restringe casi a cera la actuación de cualquier oposición política.

¿Qué nos trae la Ley Libertador? Aquí le dejamos parte del articulado, que no tiene desperdicio y se explica por sí solo.

En Gaceta Oficial Nro. 6.859 Extraordinario del 29 de noviembre de 2024, se publicó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela (la Ley), que tiene por objeto sancionar la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones catalogadas como contrarias a la seguridad de la nación, la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios y los intereses de la República.

Las disposiciones de la Ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluido el derecho a la paz, así como los atributos de soberanía, integridad e independencia de la Nación.

Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad, en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.

A los fines de la interpretación y aplicación de la Ley, se consideran actuaciones y acciones que ponen en riesgo la soberanía, independencia, autodeterminación e integridad territorial de Venezuela y que vulneran los valores y los derechos irrenunciables de la Nación, entre otras, las siguientes:

No podrán postularse a cargos de elección popular las personas que en cualquier momento antes de la elección:

La impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en esta Ley, se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción o ejecución de medidas coercitivas unilaterales contra la población venezolana, los Poderes Públicos o sus autoridades por parte de un Estado, grupo de Estados o corporaciones extranjeras, será sancionada con prisión de 25 a 30 años y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BCV.

Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos, que atenten contra el pueblo venezolano, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela o sus instituciones, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras será sancionada con prisión de 25 a 30 años y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BCV.

El Juez impondrá en la sentencia condenatoria por los delitos previstos en la Ley la pena accesoria de inhabilitación política hasta por 60 años.

Todas aquellas personas naturales, de nacionalidad extranjera, que cometan alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas la Ley, podrán ser sujetas a la medida de expulsión establecida en las leyes migratorias, así como de prohibición del ingreso al territorio nacional.

Corresponde a la Contraloría General de la República acordar de oficio o a instancia de parte la inhabilitación hasta por 60 años para el ejercicio de funciones públicas de las personas naturales que hayan cometido acciones contrarias y previstas en la Ley.

La inhabilitación será notificada a través de cualquiera de los medios disponibles para tal efecto. Contra la medida acordada podrá interponerse recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto o el recurso de nulidad ante la Sala Política Administrativa del TSJ.

Las acciones para investigar y sancionar los delitos previstos en la Ley serán imprescriptibles, de conformidad con lo consagrado en la CRBV.

En los procesos penales desarrollados para investigar y sancionar los delitos previstos en la Ley no serán aplicables las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena.

Las conductas previstas y sancionadas en la Ley se consideran como actividades ilícitas de delincuencia organizada y están sujetas al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.

Sin perjuicio y con independencia de la responsabilidad penal aplicable, la persona que incurra en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta Ley, responderá civilmente por los daños causados.

Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BCV.

 En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medios impresos, se impondrá multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BVC. En los casos de las plataformas digitales, además se podrá revocar o negar el permiso para operar en el país.

Se crea un Registro con carácter nacional en el que se incorporará la identificación de las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales exista un motivo fundado para considerar que está incursa en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado, previstas en esta Ley, a los fines de imponer medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo, dirigidas a mitigar el perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población.

Durante la clausura del Congreso Mundial de la Juventud y Estudiantes Antifascistas, que se celebró en Caracas con la participación de delegados de 72 países, el presidente Nicolás Maduro aseguró que a los que pidan sanciones, bloqueos o apoyen la Ley Bolívar le caerá el peso de la ley.

Denunció que con este tipo de políticas, EE.UU. busca «colonizar el mundo entero. ¿y nosotros debemos aplaudir?. No solo que viola el derecho internacional de manera vulgar, flagrante».

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Advirtió «que aquel ciudadano o ciudadana, aquella persona venezolana que promueva, que apoye la aprobación de esa ley y que pida que se hagan sanciones criminales, y la guerra económica contra Venezuela, viola la Constitución de la República, y las leyes».

Teniendo esto como contexto, señaló que «la República y el Estado venezolano, las instituciones están obligadas a actuar en nombre de la justicia, la soberanía republicana».

Fue tajante al señalar que «aquel que pida guerra económica contra Venezuela, sanciones o invasión de Venezuela, el Estado venezolano, los poderes públicos en el nombre de la Constitución y la ley, deben actuar de manera inmediata para preservar la paz, la integridad del país y el derecho al futuro».

El exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, Romel Guzamana, aseguró que la Ley Bolívar aprobada por el senado de los EE.UU. fue impulsada para evitar que el gobierno de Nicolás Maduro haga negocios «a oscuras».

Estos negocios o acuerdos serían con otros países en la misma línea política y de pensamiento de Venezuela, hecho por el que Guzamana, considera que Venezuela es un Estado revisionista.

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Guzamana asegura que el gobierno «se niega, a ser un país aliado en la democracia y por supuesto que van a venir las acciones».

Explica que «la ley Bolívar no es nada más y nada menos, una ley del Senado estadounidense para demostrarle al régimen venezolano de Maduro, que no puede ser negocios a oscuras».

Advierte que es la consecuencia «esa retórica de impulsar negociaciones con otros países que también son revisionistas que no convergen con la realidad».

«Creo que estas las sanciones van a venir fuerte», al tiempo que agregó que «la gente está esperando a al mundo González y por supuesto creo que hay que restituir lo que Venezuela está pidiendo que es la libertad».

Venezuela como Estado revisionista?@ROMELGUZAMANA, exdiputado AN 2015 aseguró que la Ley Bolívar aprobada por el senado de los EE.UU. fue impulsada para evitar que el gobierno de Maduro haga negocios "a oscuras" con otros países.? @johanalvarezr pic.twitter.com/J4a8Kl3PBp

Tras la aprobación, de parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de la Ley Bolívar, para restringir las fuentes de financiamiento al gobierno venezolano, la consecuencia inicial podría «una mayor presión en las sanciones, con un efecto directo en el flujo de dólar«.

La advertencia la hizo el economista Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica.

El experto informó que apenas esta semana, el Banco Central realizó una intervención cambiaria de 21.5 millones de dólares, la mayor desde julio y la segunda más alta del año, la cual busca contener la creciente demanda de divisas.

«Era lógico que el gobierno desde su visión iba a hacer lo posible para corregir el problema cambiario», dijo Oliveros, en entrevista con Unión Radio.

Por otro lado, Oliveros lamentó que en un mes, el dólar oficial pasó de Bs. 36 a Bs. 46, «lo que representa una devaluación 20%».

«Se trata de un problema estructural y una gran desconfianza en la moneda nacional, además de un desequilibrio donde solo el sector público es el generador de divisas», alertó.

«Tenemos una oportunidad de oro para modificar el sistema cambiario. Hay que hacer un rediseño» acotó.

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También advirtió que, «en una economía donde hay múltiples monedas con preeminencia de dólar y bolívar, se deben apalancar en eso para hacer un nuevo sistema».

«Lo idea es un sistema donde se permita que los dólares fluyan libremente en los bancos y haya créditos en dicha moneda. No se renunciaría al bolívar, pero se permitiría que muchos dólares que están en manos de privados vuelvan al circuito de la economía», recomendó.

«Hay 7 mil millones de dólares en circulante de efectivo, en la banca hay solo 2 mil millones (…) esos dólares privados entrarían en la economía, bajando la presión a los temas de intervención y de demanda de divisas» dijo.

A su juicio y, según sus cálculos, el BCV dejaría deslizar la tasa oficial para el cierre del año, hasta Bs. 55 por dólar.

Así se podría » para poder reducir el desequilibrio y empezar el 2025 con mejor pie», expresó.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro repudió este martes la aprobación, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de la Ley Bolívar, mediante la cual se busca prohibir que cualquier organismo de ese país haga negocios con el Gobierno.

En un comunicado, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en su cuenta en Telegram, cuestiona, además, el hecho de que hayan denominado al proyecto con el nombre de El Libertador.

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«Venezuela rechaza categóricamente la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, de un proyecto de ley que, de manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar», dice el escrito.

Agrega que se trata de «una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal».

Afirma que el instrumento quiere afectar el «relacionamiento» entre ambas naciones, además de ser una «violación a la Carta de las Naciones Unidas».

#19Nov ?? "ES UNA OFENSA"Administración de Nicolás Maduro rechazó la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes de los EE.UU., un proyecto de ley que, de manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar?Vía: @yucra1 ?️Más ??https://t.co/ruiip6ALKG pic.twitter.com/M8ymEA7H5Y

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este lunes la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Gobierno de Venezuela, conocida como «Ley Bolívar».

La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, escogido por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de Florida.

«Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores», dijo Waltz en un comunicado.

La Ley Bolívar retoma las sanciones dictadas por Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020 y que impide al Pentágono realizar contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Nicolás Maduro.

La congresista republicana María Elvira Salazar celebró el anuncio indicando que «la legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro», según un mensaje publicado en X.

La normativa debe de ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Ello aumenta las posibilidades de que sea aprobada sin tropiezos.

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En su comunicado, Waltz dijo que Estados Unidos debía mantener las sanciones existentes contra el gobierno de Maduro y «buscar expandirlas» para minimizar el acceso del ejecutivo venezolano a recursos que le permitan «abusar de las libertades y la prosperidad de los venezolanos».

«Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas».

«Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática.

Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores.

Debemos mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliar las sanciones para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano.

Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia ni habrá premios por sus acciones ilegales y deshonestas.

Estoy agradecido por el apoyo bipartidista de este importante proyecto de ley, y me alegra verlo aprobado en la Cámara de Representantes. Insto al Senado a aprobar rápidamente este importante proyecto de ley y enviarlo al escritorio del Presidente para su firma».

#19Nov?? APRUEBAN LEY BOLÍVARLa Cámara de Representantes de EE UU. aprobó la Ley Bolívar, legislación bipartidista que prohíbe al Gobierno estadounidense firmar contratos con empresas o personas que realicen negocios con la Administración de Maduro?: @RepMariaSalazar pic.twitter.com/ykrWxMbN7R

Después de 24 horas, la administración de Nicolás Maduro reaccionó a la Ley Bolívar, normativa legal aprobada por unanimidad en el Senado de Estados Unidos y que prohíbe hacer negocios con todo lo que tenga que ver con el chavismo.

En el comunicado firmado por la Cancillería de Venezuela, dejan abiertamente plasmada su posición ante lo que han considerado una acción «nefasta» y que «ofende al pueblo venezolano».

#Comunicado | Venezuela rechaza nefasta propuesta de ley del Congreso de EEUU que viola las libertades económicas y ofende al Libertador (+Detalles) ?https://t.co/eoAqUUvm5V#BolívarInmortal

«Esta medida abusiva demuestra, una vez más, el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense que reinciden en su intento de derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países», dice parte del comunicado.

Vale recordar que a pesar de diversas restricciones, hubo un acercamiento entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno de Joe Biden recientemente, cuando desde estados Unidos levantaron parte de las sanciones y permitieron a la empresa Chevron volver a tener relaciones con la estatal petrolera PDVSA.

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Algunos expertos consideraron en su momento que dicha flexibilización representaría un movimiento considerable en la economía venezolana, mientras que la Casa Blanca recalcaba que las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro no se habían levantado por completo.

El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad este viernes la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, denominada BOLIVAR, por sus siglas en inglés.

La misma es una propuesta del senador republicano Rick Scott.

La legislación prohibiría a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoye a la administración de Nicolás Maduro.

La Ley Bolívar está copatrocinada por los senadores Jacky Rosen, Marco Rubio y Thom Tillis.

«Todos sabemos lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Está matando de hambre a sus propios ciudadanos. Está encarcelando a sus enemigos políticos. Está proporcionando un punto de apoyo a Rusia, Irán, la China comunista y Hezbolá, y está desestabilizando activamente nuestro hemisferio. No hay ninguna razón por la que el gobierno de los EE.UU. deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante», expuso Scott.

El parlamentario republicano aseguró que la aprobación de la Ley BOLÍVAR ejemplifica el compromiso del pueblo estadounidense de ser duro con «nuestros enemigos cuando amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Me gustaría agradecer a mis colegas en el Senado y al representante Waltz por liderar este esfuerzo en la Cámara; podemos y debemos aprobar este importante proyecto de ley ahora mismo”.

Tras estas declaraciones, el congresista republicano Michael Waltz instó a el gobierno estadounidense a «tener claro que el régimen de Maduro sigue siendo una fuerza desestabilizadora para el hemisferio occidental».

“Estados Unidos debe tener claro que el régimen de Maduro sigue siendo una fuerza desestabilizadora para el hemisferio occidental. Debemos tratarlos como el régimen autoritario ilegítimo que son y despojarlos de cualquier mecanismo de financiación que ayude a mantenerlos en el poder a través de este proyecto de ley”, expresó Michael Waltz.

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• Prohíbe que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de EE.UU. a empresas que tengan negocios con la administración de Maduro. (La prohibición solo se aplicaría a los contratos celebrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con el gobierno electo de la Asamblea Nacional y sus sucesores electos).• Dispone las excepciones necesarias, incluso para la prestación de ayuda humanitaria, socorro en casos de desastre y cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.• Permite que el Secretario de Estado elimine la restricción cuando sea de interés nacional de los EE.UU.

Este proyecto de ley había sido aprobado por unanimidad por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los EE.UU. en marzo de 2021.

Sin embargo, aprobado en esta instancia puede significar otro alcance.

Rick Scott, senador estadounidense, hizo un llamado a «no parar de trabajar hasta Nicolás Maduro se responsabilice por sus crímenes».

A través de su Twitter, recordó que se aprobó de manera unánime la Ley Bolívar. Es una ley propuesta por los republicanos que prohíbe hacer negocios con empresas vinculadas con Maduro.

Los senadores Marco Rubio, Jacky Rosen, Rick Scott y Thom Tillis impulsaron esa ley en el Congreso de Estados Unidos.

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“Nunca debemos parar de trabajar para responsabilizar a Maduro por sus crímenes», dijo el senador. «Hay que cortar los fondos que usa para aferrarse al poder. Mi ley bipartidista se aprobó de manera unánime en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos”, subrayó Scott.

«No podemos quedarnos al margen y dejar que Maduro continúe cometiendo genocidio contra su pueblo, y tenemos que hacer todo lo posible para restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder», dijo.

Es la segunda ley bipartidista que se aprueba en el Congreso para favorecer a los venezolanos. A mediados del mes, varios senadores demócratas presentaron el Estatus de Protección Temporal (TPS), para beneficiar a los migrantes venezolanos en ese país.

Congresistas de los Estados Unidos presentaron este lunes la ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano (BOLÍVAR, por sus siglas en inglés).

La norma prohíbe a las agencias federales de ese país hacer negocios con cualquier persona que apoye a Nicolás Maduro. El Congresista Michael Waltz presentó el proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes. Y le acompañaron los senadores Marco Rubio, Rick Scott. Jacky Rosen y Thom Tillis.

«En medio de la crisis provocada por el narco-dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos que las agencias federales de EE.UU. no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, aseguró senador.

“Me enorgullece unirme al senador Scott y a mis colegas para presentar esta legislación bicameral. La ley garantizará que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una dictadura criminal y asesina en nuestra región”, acotó Rubio, según una nota de prensa.

“Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio contra el pueblo de Venezuela. Ni un centavo de los contribuyentes americanos puede utilizarse para apoyar a este régimen asesino,” expresó el senador republicano Rick Scott

“Como Gobernador, prohibí al estado de la Florida, incluyendo a todas las agencias estatales, invertir en cualquier empresa que esté haciendo negocios con el gobierno opresivo de Maduro. No podemos quedarnos al margen y dejar que esta crisis continúe. Esto comienza por restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder. Espero que todos mis colegas se unan a nosotros mientras trabajamos para apoyar a quienes luchan por la libertad y el fin del régimen despiadado de Maduro”, sostuvo.

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Prohíbe que las agencias federales de los Estados Unidos concedan contratos a empresas que hacen negocios con Maduro.

La prohibición solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sus sucesores electos.

Proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres, y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.

Permite al Secretario de Estado concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos.