«La consulta pública del proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares avanza en el país con la participación de la comunidad académica y sectores comerciales, quienes aportan elementos que serán llevados a la Asamblea Nacional (AN)».

Así lo indicó la segunda vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Rosa León, durante una entrevista en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

La parlamentaria explicó que «la normativa trasciende de la militancia revolucionaria. Es un tema importante”, por eso se hizo la convocatoria a los diversos sectores de la sociedad, incluso los medios de comunicación, “que tienen mucho que ver con la prevención para que el país no se incuba el fascismo”.

León recordó las razones de la creación del Frente Mundial Antifascista, pues advirtió que «hay acciones contra los políticos, la diversidad de género, aspectos religiosos, racial, donde los medios de comunicación y las redes juegan un papel fundamental».

Resaltó que el equipo del Frente «avanza en el registro de todas las personas que han sido víctimas de esta acción fascista en el país».

Sin embargo, no dio fecha para que la ley sea finalmente sancionada por el Parlamento.

“Estamos llamados a una acción contundente. La academia ha participado, profesores, estudiantes, comerciantes, lo importante es incorporar más sectores. Esta Ley es una norma que puede ser modelo. Las redes sociales están minando el fascismo», expresó.

Es por ello que el equipo de las subcomisiones, «analiza y sistematiza las propuestas para escuchar y conocer qué les pasó a las víctimas de esta agresión de los fascistas».

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Al ser consultada sobre los preparativos del Congreso del Bloque Histórico, León señaló que el pasado fin de semana, se llevaron a cabo asambleas, «de acuerdo a la realidad política del territorio para discutir con las bases donde se estableció una metodología que consiste en el encuentro de la gente para abordar propuestas y la autocrítica».

«Este fin de semana hubo una extraordinaria manifestación del encuentro de las cinco generaciones de los 25 años de la Revolución Bolivariana. Nos hemos formado no solo en la gestión de gobierno, sino en el gobierno-defensa, cada vez que hay un proceso electoral, somos víctimas de agresión simplemente porque ganamos”, agregó.

Por último, se refirió a la Consulta Popular que se viene realizando en el país, una jornada democrática a la que el presidente Nicolás Maduro «ha puesto el empeño en la transferencia del poder al pueblo a través de las asambleas con los proyectos comunitarios. Y es que el pueblo ha demostrado eficiencia en la ejecución de sus obras, ha sido capaz de ahorrar recursos y hacer el informe de gestión”, dijo.

Aunque la Asamblea Nacional (AN) anunció que este martes comenzaría la segunda discusión de la Ley contra el Fascismo, fuentes vinculadas al Parlamento confirmaron que la sesión fue suspendida, pero, no por eso, van a dejar de trabajar en torno a la normativa.

A través de distintos medios se ha ido filtrando parte del contenido de las propuestas para redactar la norma y llevarla a la segunda discusión, tal como lo ha prometido el diputado Diosdado Cabello, presidente de la comisión de Política Interior.

Y, hablando de propuestas, el diputado por el estado Trujillo, Francisco García, en una jornada de consulta de la ley adelantó que trabajan en «ampliar la corresponsabilidad, el rol de los medios de comunicación, el papel y la de las redes sociales» en la materia.

“Entre las propuestas que escuchamos, en el artículo 9 que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, allí se pide incorporar un poco más a fondo el papel que debe jugar las redes sociales y, a su vez, en el artículo 10 que habla de la proscripción de la cultura del odio, la intolerancia y la muerte, especificar algunos llamados que hacen a través de redes sociales, de cuentas digitales y desde algunos medios digitales que no tienen responsabilidad ante Conatel. En el artículo 11 incorpora la prohibición y difusión de material o contenido audiovisual en redes sociales”, explicó, en entrevista con el diario Últimas Noticias.

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Como se recordará, la ley fue presentada el 2 de abril, por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y lo se supo de ese testo fue:

El primer capítulo consta de dos artículos: el primero y el cuarto, que establecen el objetivo de preservar la convivencia pacífica, la paz y la tranquilidad pública en el ejercicio democrático frente a las acciones de odio, violencia e intolerancia, y las definiciones de lo que significan el fascismo, el neofascismo y sus similares.

El segundo capítulo establece un conjunto de medidas de protección ante el fascismo y prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promueva la violencia y denigre de la democracia, las instituciones y los valores republicanos. Asimismo, se prohíbe la creación de organizaciones con fines políticos o sociales que hagan apología o se fundamenten en el fascismo. En esta sección, se crea una red internacional de personas, agrupaciones e instituciones, todos comprometidos en la lucha contra el fascismo.

En el tercer capítulo, se crea la Alta Comisión contra el fascismo y expresiones similares.

En el cuarto capítulo consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por incumplimiento de lo consagrado en esta Ley. Incorpora, además, una agravante de tipo punible cuando sea ejecutado por motivos fascistas o de similar naturaleza.

Cárcel a «los fascistas» y cadena perpetua a la «traición a la patria»: el chavismo impulsa un arsenal jurídico con el que promete combatir «conspiraciones» de sus rivales, mientras expertos alertan que en realidad busca «neutralizar» cualquier clase de crítica.

El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, propone reformar la Constitución e instaurar la prisión de por vida para «corruptos y traidores a la patria», en un país donde la pena máxima es de 30 años.

Se debaten a la vez en el Parlamento dos proyectos que han despertado alarma entre abogados y activistas de derechos humanos.

Uno, una ley contra el fascismo, término que Maduro suele usar para descalificar a sus opositores, que contempla penas de cárcel de hasta 12 años.

Otro, una legislación que plantea regular el financiamiento de las oenegés, blanco frecuente de ataques desde el poder.

«Son propuestas que tienen un efecto intimidatorio en un contexto electoral», dice a la AFP el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

«El gobierno está en una campaña de miedo para que el miedo sea el que prive a la hora de votar», expresó.

A poco menos de tres meses de las elecciones, la oposición denuncia una campaña de acoso con el arresto de una decena de militantes y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para enfrentar a Maduro, así como activistas de derechos humanos, como la experta en temas militares Rocío San Miguel.

El gobierno asegura que ha desmontado múltiples conspiraciones para derrocar e incluso asesinar al mandatario.

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Maduro propuso la cadena perpetua después de que su exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y otras decenas de funcionarios fueran arrestados por un desfalco estimado en 17.000 millones de dólares en la estatal PDVSA.

Ello pasa por una reforma constitucional, que debe ir al Parlamento y después ser aprobada en referendo.

«¡Que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!», exclamó el presidente el 13 de abril.

El cargo de traición a la patria suele imputarse a opositores, igual que «delitos de odio» contemplados en una ley de 2017 que fija penas de hasta 20 años de prisión.

«Casi todos los presos políticos están acusados de este delito», destaca el sociólogo Rafael Uzcátegui, de la ONG Laboratorio de Paz. «Es un contexto muy amplio».

La ‘Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares’ fue propuesta a pedido de Maduro.

Aprobado en primera discusión en el Parlamento, el texto fue redactado «en atención de lo que han sido los últimos 25 años de Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista», dijo su promotora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El proyecto, que puede cambiar en una segunda discusión parlamentaria para ser sancionado, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan «apología al fascismo».

También plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que «incite al fascismo».

Pero «prácticamente cualquier cosa es fascismo» para el gobierno, cuestiona Daniels. «Es un concepto vago».

Rodríguez, por ejemplo, comparó un eslogan de campaña de Machado, «Hasta el final», con la «Solución Final» de Hitler.

La ley para regular las oenegés espera por segunda discusión desde enero de 2023. Su contenido fue modificado luego que su promotor, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de «desestabilización».

Según el proyecto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero.

El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.

Si bien en la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, una misión independiente de la ONU señaló que esta ley «está claramente orientada a limitar» el «derecho a la asociación».

«Es un paquete absolutamente restrictivo», sostuvo Oscar Murillo, director de la ONG Provea.

El panorama jurídico en Venezuela está cambiando, en gran parte impulsado por un conjunto de leyes que propone el gobierno en un intento por frenar la ola de corrupción y por imponer condenas ejemplarizantes para los corruptos y enemigos de la patria.

Se trata de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares,   la ley sobre las ONG y una enmienda constitucional para incluir la cadena perpetua, la inhabilitación política de por vida, entre otras penas.

El presidente Nicolás Maduro, dijo en su programa de los lunes, que la estrategia es disuadir para evitar que se comenten delitos.

En el caso de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, busca erradicar la violencia, a discriminación, entre otros; sin embargo, analistas políticos, juristas y miembros de ONG, consultados por Impacto Venezuela, ven con cierta desconfianza lo expuesto en el proyecto de ley.

Entre otras cosas porque ven muchos de los aspectos que refleja ley en “quienes ostentan el poder”.

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La ley fue presentada el 2 de abril, por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional, y la misma tiene 4 capítulos y 30 artículos en su conjunto.

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El Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (UCAB), abogado, Benigno Alarcón, asegura que esta ley «es otro elemento que sin lugar a dudas se va a utilizar contra la oposición, pero un elemento que confirma que (…) el gobierno, lo que busca es justificar el sacar del proceso electoral a los actores que pueden ganarle la elección».

Para Alarcón se trata de una estrategia del gobierno»al final del día poco importa si lo haces por una decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral, o si lo haces bloqueando la clave que le has entregado al partido para escribir al candidato, o lo haces posteriormente justificando por un juicio sobrevenido o por una ley sobrevenida».

«El efecto termina siendo el mismo vamos a tener una elección dependiendo de cómo lleguemos el 28 de julio y si el 28 de julio, la oposición llega sin candidato por cualquier razón, que se ponga sobre el tablero al final del día estamos en una elección que no es una elección democrática, sino nuevamente la elección típica».

El dirigente político y politólogo, Nicmer Evans, explica «el fascismo originado en Italia tiene como característica fundamental el desprecio de los derechos individuales y al pensamiento liberal».

La ley en su artículo número 4, tal como ha mencionado la vicepresidenta califica y tipifica al neoliberalismo dentro del fascismo, explica.

«Creo que en Venezuela es muy difícil que haya una corriente ideológica que aún peor defiende el fascismo, pero sin embargo, ya existen prerrogativas legislativas y además constitucionales que tipifican las actitudes del fascismo orientado hacia la violencia, hacia la discriminación, al nazismo. Además, por segregación racial que es una derivación del fascismo».

«En ese  espíritu, absolutamente totalitarista, que implique entre otras cosas la ausencia de división de poder o la búsqueda de la ausencia de división de poderes, concentración del poder en una o pocas manos y una visión corporativista de la sociedad, sin duda alguna es algo que goza hoy del gran desprecio de la población venezolana; porque además en alguno de sus rasgos está caracterizado, por quienes hoy ostentan el poder».

«Todo esto que está tipificado, excepto lo de neoliberal e incluso algunos de izquierda critican o podrían hacer observación a algunas políticas del gobierno, que podrían ser consideradas por este sector como neoliberales, están contenidos en la caracterización de lo que hoy es el gobierno».

Evans va un poco más allá al profundizar en el concepto de «clasicismo, que también aparece en esta Ley, puede ser observada en la discriminación por clases sociales de los que tienen una clase social alta sobre las bajas».

A su juicio «la expropiación del salario,la ausencia de aumento de salario, la discriminación a todos aquellos pensionados y jubilados y en el permanente señalamiento de los apellidos y de quienes tienen o poseen medios de producción, también tienen una característica profundamente clasista y discriminatoria por cierto en el caso de Venezuela de quienes ostentan y hacen ejercicio del poder».

Para el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche «lo que está claro no requiere interpretación. Cuidado con esos dispositivos que dejan al jugador un amplio y discrecional margen para apreciar; en Venezuela no hay una justicia imparcial, no la hay neutral».

«La Sala Constitucional es otro apéndice el Estado PSUV, que continuamente se manifiesta en la línea política que le interesa al régimen; es por decirlo de alguna manera, el albañil que viene a acomodar, que viene a tapar, que viene a ocuparse de la gotera constitucional e ilegales».

Por esta razón, considera que es necesario un cambio político en el país «porque lo poco de libertad que queda y no solo son derechos civiles son los derechos políticos,inhabilitación de por vida».

«El gobierno está inventando, está loqueando. Cicerón decía que cuando los regímenes estaban cayendo eran más peligrosos por las leyes que proponían».

Por su parte, Lexys Rendón, directora de la ONG Laboratorio de Paz, explica que «es una ley que nos preocupa en términos de derechos humanos, porque la libertad de conciencia queda sujeta a la discrecionalidad de la posibilidad de que sea denominada fascismo, neofascismo o afín».

«Esta situación de incorporar una categorización de afines donde caben términos como ideologías políticas como el neoliberalismo o algo como el conservadurismo moral, que es una un concepto bastante subjetivo, nos preocupa porque cualquier acción, cualquier posicionamiento, cualquier idea que pudiera estar incorporada esa subjetividad pudiera ser calificada como fascismo, neofascismo y condenada o a prisión».

Rendón indica que las penas van «de 6 a 10 años para aquellas personas que de alguna forma promuevan, con la palabra, cualquiera de estas adjetivaciones que pudieran entrar en estas categorías».

También están las «Penas mucho más amplias como por ejemplo de 8 a 12 años para quienes tengan actividad que estén dentro de estos términos».

La Ley Contra el Fascismo «atenta contra la libertad de información, de opinión, contra la libertad de conciencia. Además, nos preocupa muchísimo que nuevamente incorpora, la retroactividad para momentos de la vida del país que necesitan investigación, que necesitan, verdad que necesitan justicia y no impunidad».

Redón «cuando se dice que va a incorporar estas categorías a los eventos del 2014, 2015, 2017 estamos ante las puertas de la regularización de la persecución por razones políticas y esto es muy peligroso».

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advierte que la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares que se está gestando en la Asamblea Nacional (AN) venezolana afectaría derechos esenciales como la libertad de expresión.

Por esta razón, pidió a sus agremiados rechazar dicho texto legislativo y a explicar a sus audiencias los alcances de la propuesta.

«El anteproyecto de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares es un intento de alinear a la sociedad en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo», señaló el CNP en un comunicado, que acompañó con la etiqueta #InformarNoEsDelito.

El Colegio Nacional de Periodistas se pronuncia en contra del anteproyecto de la Ley Antifascista y llama a sus agremiados a explicarles a los venezolanos las consecuencias negativas que tendría si se aprueba. #InformarNoEsDelito pic.twitter.com/8oVrDhD7nB

El documento, presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez al órgano legislativo, incluye cuatro capítulos y 30 artículos.

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El organismo gremial periodístico señala que esta propuesta de ley contiene una «serie de imprecisiones conceptuales» sobre lo que se considera la expresión «fascista» al «equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo racial a otras como el conservadurismo moral, sobre todo cuando se deja a la libre interpretación qué significa esto».

Explican que en el artículo 4 establece que los rasgos característicos del fascismo son «el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad».

El CNP concluye que «más que preocupación, genera temor la propuesta en este anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría fascista o neofascista».

Es de destacar que, entre las sanciones, la norma establece prisión desde 6 a 10 años, además del pago de multas y revocatoria de concesiones, en caso de prestadores de servicio de radio y televisión.

La aprobación de este proyecto de ley significaría un «avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población», aseguró Provea

La oenegé Provea pidió este jueves a la comunidad internacional que realice gestiones diplomáticas para evitar la aprobación del ‘proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’, por considerarlo un avance en la “construcción de un modelo de Gobierno totalitario”.

“La comunidad internacional, especialmente los organismos con mandato en protección a los derechos humanos, deben realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de la propuesta”, exhortó la ONG en una nota de prensa.

Provea sostuvo que la aprobación de este proyecto de ley significaría un “avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población”.

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El pasado martes, el gobierno nacional presentó ante la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 el ‘proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’ elaborado por orden de Nicolás Maduro.

El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”.

La funcionaria recordó las protestas antigubernamentales que hubo en 2014 y 2017 con víctimas mortales y heridos, de las que responsabilizó a “sectores extremistas” que “pidieron posteriormente” un “bloqueo criminal” con el objetivo de que haya un “genocidio económico y social” en Venezuela.

A juicio de Provea, la calificación como “fascismo” de las manifestaciones ocurridas en 2014 y 2017 “justificaría la violación sistemática de derechos humanos ocurrida durante ese lapso, nivelando institucionalmente a víctimas con victimarios y relativizando la investigación de la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad”.

Añadió que el proyecto de ley presenta definiciones conceptuales “abiertas y de interpretación arbitraria”, ya que, según el artículo 4, los rasgos característicos del fascismo son “el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”.

“La penalización de elementos subjetivos como el ‘conservadurismo moral’ o la criminalización de una ideología, el neoliberalismo, es contraria el estado social de justicia y derecho establecido en la Constitución de 1999”, apuntó.

La aprobación de la “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” significaría un avance de un modelo de gobierno totalitario en Venezuela.Agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos y alejándonos de la posibilidad de una transición… pic.twitter.com/52HeuJ1YOC

Con información de EFE

La ley «antifascista» aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional ha generado preocupación y alerta en el derecho político en Venezuela, puesto que entre otras cosas, establece sanciones en materia electoral, convirtiendo así al CNE, en un tipo de tribunal del Estado.

Todo esta se da mientras justo este miércoles el gobierno de Noruega confirmó la llegada a Venezuela de una delegación para conversar tanto con el gobierno como con la oposición y así buscar una solución a la crisis política.

Según la nueva ley antifascismo, el CNE tendrá la potestad de cancelar a partidos políticos que a su juicio tengan como fundamento esta doctrina o ideología, un criterio evidentemente subjetivo, puesto que en Venezuela no existe formalmente tal concepción partidista.

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Una agravante importante de la ley es la vinculación de la tendencia liberal, al fascismo, que de por sí es contra natura, pero que pudiera ser utilizada para ilegalizar partidos como Vente Venezuela, de la candidata María Corina Machado, abiertamente identificado con esta corriente ideológica.

Una ley que se considera la segunda parte de la denominada Ley Contra el Odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, pero que en esta oportunidad contempla sanciones penales y administrativas.

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Según los juristas y defensores de los derechos humanos, los patrones fascistas que se pretenden judicializar han sido identificados en el actual sistema de gobierno como una práctica recurrente, por lo que, en teoría, esta ley va en contra de los propios principios del madurismo.

El fundador de la ONG, Un Mundo Sin Mordaza, Alonso Domíguez, consideró que el Proyecto de Ley contra el Fascismo podría «crear un aval para cualquier tipo de arbitrariedad en el país».

La afirmación la hizo durante la presentación del Informe Anual de Libertad de Expresión 2023, en donde dijo que aspira no tener que registrar la aplicación de la ley contra el Fascismo, en 2024.

#3Abr? "ES UNA LEY QUE PUDIERA CERRAR EL JUEGO DEFINITIVAMENTE EN VENEZUELA"Durante la presentación del Informe Anual de Libertad de Expresión 2023 de Un Mundo Sin Mordaza, Alonso Domíguez, fundador de la ONG , consideró que el Proyecto de Ley contra el Fascismo podría… pic.twitter.com/X48sPE4Stm

La ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM) presentó su Informe Anual de Libertad de Expresión 2023, un exhaustivo análisis que documenta las graves violaciones sistemáticas a este derecho fundamental en Venezuela durante el año pasado.

Mediante una rigurosa metodología cuantitativa, se recopiló una base de datos con 381 denuncias registradas por distintas organizaciones aliadas como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras.

El estudio evaluó el cumplimiento de las obligaciones estatales de respetar, garantizar, asegurar, cooperar, promover y adoptar medidas internas para salvaguardar la libertad de expresión y acceso a la información, utilizando indicadores basados en los lineamientos internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la investigación en DD.HH.

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En cuanto al respeto, se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, en un 75,8% contra civiles y un 24,2% contra trabajadores de prensa. Un patrón identificado fue despojarlos de dispositivos y obligarlos a borrar contenidos críticos antes de liberarlos, en una clara práctica de censura.

Asimismo, se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, en su mayoría (86,4%) dirigidas contra trabajadores de prensa. Las modalidades incluyeron intimidaciones y campañas de descrédito en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos, entre otras graves acciones.

En los medios de comunicación tradicionales se registraron 22 casos de arbitrarias sanciones administrativas por parte de CONATEL, cierres forzados de programas críticos al gobierno, confiscación ilegal de equipos y censura intencional, afectando principalmente a radioemisoras comunitarias e independientes.  Mientras que en el entorno digital se documentaron 12 casos de bloqueos de portales web y redes sociales de medios a través de distintos métodos de restricción.

Sobre las obligaciones de garantía y aseguramiento del derecho a la libertad de expresión, el informe destaca las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos que obstaculizan de manera determinante su ejercicio efectivo. Se documentaron 44 casos de prolongados cortes y fallas en los servicios eléctricos y de conexión a internet en distintas regiones del país, principalmente por las fallas recurrentes en las empresas estatales CANTV y CORPOELEC.

Además, se evidenció el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza pública para reprimir las 4.351 protestas pacíficas registradas en el primer semestre de 2023, lo cual constituye una violación flagrante al derecho de expresión y reunión.

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En relación con las obligaciones de cooperación internacional, promoción y adopción de medidas legislativas y políticas públicas efectivas, el informe señala que Venezuela mantiene un pésimo estatus en los principales rankings internacionales de libertades.

Ocupa la polémica posición 159 de 180 países evaluados en el índice de libertad de prensa 2023 elaborados por Reporteros Sin Fronteras. Mientras que las calificaciones otorgadas por Freedom House ubican al país con bajas puntuaciones de 29/100 en libertad de internet y 15/100 en libertades generales.

#3Abr? VENEZUELA EN EL PUESTO 159 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin FronterasUn Mundo Sin Mordaza, en su Informe Anual de Libertad de Expresión 2023, ofreció un balance del país en materia de Obligaciones de Cooperación, Promoción y… pic.twitter.com/i3DnbWQUNg

Se denuncia además que el Estado venezolano ha hecho caso omiso sistemático a todas las recomendaciones y llamados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre la necesidad de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. Tampoco ha permitido el ingreso de misiones independientes de verificación en los últimos 5 años.

El informe dedica una sección especial para documentar las graves violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública ocurridas durante las elecciones primarias opositoras realizadas el 22 de octubre de 2023 en Venezuela. 

Se constató una cobertura mediática abiertamente desproporcionada y sesgada en los principales medios de comunicación públicos y privados durante los meses previos al proceso electoral. Mientras las opciones oficialistas acapararon el 82,5% del tiempo y espacios, la visibilidad de los candidatos opositores se limitó a un escaso 17,5%.

El mismo día de las votaciones primarias, los principales canales de televisión abierta y medios estatales ignoraron por completo este hecho de trascendental interés nacional, omitiendo cualquier tipo de cobertura informativa sobre el desarrollo del proceso comicial opositor.

Asimismo, se registraron graves obstáculos y bloqueos de portales web, redes sociales y plataformas digitales que intentaban realizar una cobertura alternativa del evento electoral. Sumado a prolongados cortes de los servicios públicos de internet y energía eléctrica en distintas zonas, lo cual dificulta el flujo de información.

El Informe Anual de Libertad de Expresión 2023 de Un Mundo Sin Mordaza representa un urgente llamado de atención sobre la gravísima y sistemática crisis que atraviesa este derecho fundamental en Venezuela. El exhaustivo monitoreo y la data recopilada evidencian un patrón estructural de violaciones, políticas represivas, censura, bloqueos y obstrucción al libre flujo informativo por parte de los cuerpos de seguridad e instancias gubernamentales.

Se denuncia la ausencia de una verdadera voluntad política del Estado venezolano para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales sobre garantizar, respetar y promover el ejercicio pleno de las libertades de expresión, prensa y acceso a la información pública por parte de toda la sociedad venezolana.

El informe insta a las autoridades a adoptar medidas contundentes e inmediatas para revertir esta crítica situación, en línea con los estándares interamericanos e internacionales sobre la materia. Entre ellas, cesar todo tipo de hostigamiento y persecución contra periodistas y medios; investigar y sancionar los casos de agresiones y detenciones arbitrarias; reformar el marco legal restrictivo; y promover una cultura de tolerancia, pluralismo y respeto a estos derechos democráticos fundamentales.

El proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aprobado este artes en primera discusión, por la Asamblea Nacional (AN), no solamente condena a los partidos políticos, dirigentes o ciudadanos que emitan estos mensajes, sino que controla el contenido de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales y electrónicos, en este sentido.

Así lo establece el artículo 11 de la norma que señala: «los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos, medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales deben garantizar espacios libres de mensajes de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza».

Igualmente, advierte que los medios tradicionales que se presten a la difusión de estos mensajes serán objeto de la cancelación de su concesión y multados con 50.000 a 100.000 veces el tipo de cambio establecido por el BCV. Es decir que la multa se impone en dólares.

Pero, no solo esto, sino que la norma establece una serie de prohibiciones como las de reuniones públicas o manifestaciones públicas que difundan estos mensajes definidos en la ley.

El instrumento, igualmente, impone penas de prisión de 6 a 10 años e inhabilitación política contra quienes promuevan el fascismo o emitan mensajes en este sentido.

A continuación el contenido de la ley que debe ser sometida a consulta pública para su segunda discusión.

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El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello  destacó la importancia de aprobar el instrumento legal que permita luchar contra el fascismo para evitar que siga creciendo y  acabar con la impunidad.

Tras la presentación del proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez; Cabello fue el primero en tomar la palabra  en a primera discusión del texto.

Dijo que los que no están de acuerdo con la ley son los odiadores. «¿Quiénes están en desacuerdo contra una ley que castiga el fascismo? ¡Los fascistas! Es muy fácil determinarlo».

#EnVideo?| Diputado de la AN @dcabellor aseveró que la Ley Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica pone en evidencia a personajes que promueven el fascismo, quienes son los que están en desacuerdo ante dicha ley.#JuntosPorLaPaz pic.twitter.com/xfukeg7zf9

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Al tiempo que aseguró que «no es una ley para perseguir como dicen por ahí, porque no se trata de eso; los que quemaron seres vivos en Venezuela, están protegidos en España y si Venezuela pide que esa persona sea extradita, dicen que el Gobierno venezolano esta persiguiendo a esa persona y se declaran así».

Para Cabello, la aprobación de la ley, y cumplimiento de la misma, representaría un gran avance, no solo en Venezuela, sino en el mundo. «Si nosotros logramos erradicar en Venezuela esas señales, posiciones y grupos, estaríamos haciéndole un gran favor al mundo», agregó.

Advirtió que «con el fascismo no se dialoga, no podemos sentarnos a discutir esta Ley con el fascismo, para que no ocurra el cuento de lobo que hace la Ley y establece que sea legal comerse las ovejas. Con el fascismo no vamos a dialogar porque al fascismo hay que combatirlo y vencerlo».

#EnVideo?| Diputado de la AN @dcabellor argumentó que con la aprobación del Proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares se puede unir a toda Venezuela como pasó con el Esequibo.#JuntosPorLaPaz pic.twitter.com/NEuJlZyUlF

Con el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, el gobierno venezolano aspira dar cátedra y enarbolar la bandera de la lucha contra las acciones fascista que amenazan al pueblo, y que sirva de ejemplo ante el mundo.

Así se desprende de la exposición que hizo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante presentación del proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares.

Se trata de un instrumento legal que consta de 4 capítulos, y 30 artículos, en los cuales se define qué es el fascismo y cómo grupos de relacionados con los apellidos, que históricamente han incurrido en prácticas que entran entre los parámetros fascistas con el apoyo de factores externos al país.

Rodríguez aseguró que el Proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares busca complementar la Ley de Partidos Políticos y, también, desarrollar la Ley Contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, creada en 2017.

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#EnVideo?| Vicepdta. Ejecutiva @delcyrodriguezv aseguró que el Proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares busca complementar la Ley de Partidos Políticos y, también desarrollar la Ley Contra el Odio la Intolerancia y por laConvivencia Pacífica… pic.twitter.com/0Iv2ZtbjeO

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#EnVideo?| "Estos movimientos fascistas que se generaron y crecieron en Europa en el marco de las guerras mundiales se dio con apoyo, promoción y sustento de los EE. UU.", aseveró la Vicepdta. Ejecutiva @delcyrodriguezv #JuntosPorLaPaz pic.twitter.com/nScusHSWsq

Al tomar la palabra, Rodríguez explicó que el instrumento legal consta de cuatro capítulos. Destacando en el primer capítulo, el artículo establece que la ley «tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascistas, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela».

Mientras que en su artículo 4 define qué se entiende por fascismo, Neo fascismo y expresiones similares, indicando que son aquellas «posturas ideológicas o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico social o nacional que asume la violencia como método de acción política, que enarbola, la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios».

En su intervención, que duró casi media hora, la vicepresidenta hizo referencia a varias expresiones y acciones, que inscribe dentro del fascismo.

En tal sentido, indicó que la ley tiene un capítulo especial para «las redes sociales y está contenido en este Proyecto de Ley (…) porque están diseñadas para que se promueva el odio, la violencia, la muerte, por sobre el respeto, la intolerancia y la convivencia».

Rodríguez argumentó que Mark Zuckerberg, fundador-presidente y director ejecutivo de Meta, al presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos, admitió que «los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos sobre los mensajes positivos, es decir se viralizan más los mensajes de odio, de controversia, de intolerancia, de violencia, de destrucción del nombre y de dignidad de los seres humanos».

El instrumento legal quedó aprobado en primera discusión, y contó con la votación de una mayoría calificada de los diputados y diputadas, tal como lo establece el artículo 204 numeral 1 de la Constitución.

Desde la AN, los diputados esperan abrir un gran debate de la ley con los diferentes sectores del país.