Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación, en 2017, de una criticada ley que hoy el régimen pide reformar, según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que «la mayoría de las veces» el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.

Según la ONG, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.

La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, controlado por el chavismo, reformar la ‘Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, impulsada por Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura en enero, y promovida en su momento por la propia líder chavista.

Esta norma, que contempla la prisión de diez a veinte años a quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia» y otro tipo de sanciones, ha sido señalada por organizaciones como parte del «marco legal represivo» aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que sean «revisados y cerrados» los «procesos abiertos por la ley contra el odio» que, aseguró, «solo han servido para criminalizar la expresión».

«Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio», agregó.

Delcy Rodríguez expresó el martes que, si bien cree «en los principios de esa ley», esta «lamentablemente fue mal aplicada» y «se hizo un uso abusivo» de ella.

Su hermano, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una «comisión especial» de once diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.

En febrero pasado, el diputado oficialista había admitido un uso inadecuado de la ley y consideró posible su reforma.

Sin embargo, organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada.

Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.

La solicitud de reforma sucede poco después de que el régimen y AN de 2015 culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela y luego de una visita al país suramericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008.

Esta organización ha pedido modificar o derogar las leyes que «han permitido las violaciones de derechos humanos», entre ellas la del odio. 

Con información de EFE

La misma estructura que usó la ley contra el odio para perseguir, silenciar y encarcelar a periodistas y disidentes hoy promete revisarla. Pero las víctimas y los gremios lo tienen claro: un maquillaje legal no borra años de abuso. ¿Se puede reformar lo que nació torcido?

La tarde de este martes, la Asamblea Nacional inició el mecanismo para reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que está vigente desde el 2017.

De esta forma, el Parlamento acató la petición de la presidenta, Delcy Rodríguez, quien solicitó una reforma parcial de la normativa, "con carácter de urgencia".

Cabe aclarar que, como la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, la reforma tiene que ser avalada primero por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por ello, el presiente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una comisión especial de diputados que se encargará de redactar la reforma que será enviada al TSJ y, una vez avalada en esa instancia, regresará al Parlamento, donde será aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes.

El objetivo de la reforma es avanzar en la “despenalización de conductas" contempladas en la normativa y corregir lo que calificó como "desviaciones en su aplicación”.

La reforma busca contribuir a la transformación del sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia entre los venezolanos. 

Según la comunicación de la presidenta, los cambios en la ley "podrían tener un impacto en la confianza en las instituciones y en la vida democrática del país".

“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela”, afirmó la presidenta.

Y añade que la reforma espera  “abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.

Designada comisión preliminar

Por otro lado, la plenaria aprobó la designación de los miembros de la comisión preliminar de diputados  que se encargarán de integrar el Comité de Postulaciones Judiciales que luego designará a los magistrados del TSJ.

Esta comisión preliminar tiene que  invitar a miembros de la sociedad civil para completar los 23 miembros que desarrollarán el proceso de designación de los magistrados.

La presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, solicitó  la Asamblea Nacional (AN) una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017.

En una comunicación dirigida al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, la mandataria pidió que la iniciativa sea discutida.

El objetivo es avanzar en la “despenalización de conductas" contempladas en la normativa y corregir lo que calificó como "desviaciones en su aplicación”.

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La reforma busca contribuir a la transformación del sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia entre los venezolanos.

También sostuvo que los cambios podrían tener un impacto en la confianza en las instituciones y en la vida democrática del país.

“Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela”, afirmó la presidenta en la solicitud.

Asimismo, señaló que con la reforma se espera  “abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.

Las presiones sobre los periodistas , redes sociales y páginas web en Venezuela con los recientes reportes de la imposibilidad de acceder a algunos portales y más recientemente el testimonio de una periodista internacional que habría recibió un correo con una advertencia sobre la aplicación de la Ley Contra el Odio.

Se trata de la Carola Amoroso del medio Todo Noticias, quien reveló que le enviaron un email recordándole el artículo 20 de la Ley del Odio, que castiga hasta con 20 años de prisión, mientras trabajaba en Venezuela.

Para Amoroso es claro que hay presiones para el libre ejercicio de periodismo en Venezuela, ya que si son capaces de enviar este tipo de correos a la prensa extranjera, qué se puede esperar para los medios venezolanos.

El artículo 20 de la ley establece: «Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años».

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La mañana de este jueves la ONG Sin Filro Ve, reportó al menos tres páginas web que sufrieron restricciones para su funcionamiento en Venezuela, se trata de Binance, Mercado Libre y Proton VPN.

Adicionalmente, se encuentran restringidos los servicios de Microsoft Teams, Signal y X. Así como servicios esenciales de Microsoft, Teams y Outlook.

#10Ago ?️ "AMEDRENTARON" A LA PRENSA INTERNACIONAL La periodista de @todonoticias, @carola_amoroso, dijo que le enviaron un email recordándole el artículo 20 de la Ley del Odio, que castiga hasta con 20 años de prisión, mientras trabajaba en Venezuela ?: @todonoticias pic.twitter.com/Gv1O3Qx148

Uno de los beneficiados del indulto de Nicolás Maduro es el politólogo y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans. Ya está libre junto a su familia.

Evans estuvo detenido desde julio por “instigación al odio”, luego de haberse referido al psuvista Fidel Madroñero, quien informó en sus redes sociales estar contagiado de Covid-19.

En su cuenta en Twitter, Evans escribió a Madroñero: “Le deseo larga vida, para que la justicia del hombre llegue antes que la divina”.

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Nicmers Evans, fue durante los gobierno de Hugo Chavez, fiel a la revolución pero a la llegada de Nicolás Maduro al poder se desmarcó del régimen.

Es el fundador de Marea Socialista, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión.

“Yo fui chavista, pero nunca lo fui para esto; yo fui chavista y nunca lo fui para atentar en contra de la gente… para que hubiese más libertad; pero hubo un engaño, hubo un fraude y sobre ese fraude convoco a la gente que nos unamos para el restablecimiento de la democracia”.

Evans mantuvo su respaldo a Juan Guaidó como presidente Interino, pues considera que en el país se vive una “neodictadura” donde los delitos “se imputan sin ningún tipo de razón ni de justicia”.