El ambiente en Venezuela está marcado por incertidumbre, tensión y miedo, tras la escalada denunciada por diversas instancias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y las amenazas que rodean, no solo a defensores de DD. HH., sino a la sociedad en general.

Una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, sancionada la semana pasada por el Parlamento, impone nuevas obligaciones que afectan el derecho de asociación, coinciden activistas de DD. HH. que cuestionan los argumentos del gobierno.

Una serie de expertos consultados por la Voz de América, alerta que el instrumento legal es «ambiguo», «arbitrario» y completamente punitivo.

El oficialismo sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero, pero activistas denuncian que el objetivo es “suprimir” el derecho de asociación.

El gobierno, además, ha argumentado que en el país existen al menos 60 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que, afirma, operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.

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Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) sostienen que la ley viola “flagrantemente” los derechos de asociación y participación en asuntos públicos.

“Pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El canal del Estado divulgó un video en el que miembros de la Sala Electoral del Tribunal Supremo avanzan en un cuestionado proceso de verificación de resultados electorales.Para Acceso a la Justicia, que monitorea la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, la legislación pretende que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan para fines determinados y con estructuras obligatorias que “atentan contra la diversidad propia” de la sociedad civil y la autonomía de gestión, organización y formas de financiamiento que el estándar internacional prevé en el ámbito.

Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, expone en un análisis de los artículos que, a su juicio, son los más controversiales que «todos tienen fines punitivos».

Daniels explica que la legislación da a entender que una organización debe esperar a que el órgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos que recibe, lo que, basado en la experiencia con la administración pública venezolana, puede tomar tiempo.

“Pueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. En realidad a quien afecta es al pueblo venezolano que es el beneficiario de la acción de las organizaciones”, afirmó en una conferencia de prensa.

Todas las organizaciones deben modificar sus estatutos y no hay lapsos garantías de respuestas para los diversos procedimientos a los que deben someterse.

Daniels cuestiona que la ley contemple una suspensión indefinida de las organizaciones, en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas.

“En la práctica esto es una medida de cierre encubierto y por tanto hay que verlo como una sanción, no como una medida preventiva como la quieren disfrazar. Prácticamente, todos los añadidos agravan la situación de la organización civil”, sostiene.

“Queda en manos del Estado legalizar o no a las organizaciones, de una manera prácticamente discrecional”, expone.

El gobierno venezolano informó que se dará seguimiento a viajeros de países con brotes confirmados, quienes deberán reportar su estado de salud y datos personales al ingresar al país para posible seguimiento médico.Además, precisa que las multas que impone la ley, por, entre otras cosas, el incumplimiento de deberes formales, entre ellos la consignación de documentos, son “impagables” para el 99% de las organizaciones, lo que puede acarrear la disolución de las mismas.

“Esto es el equivalente de ir a la cárcel de una deuda. Aquí en vez de ir a la cárcel dejas de existir en el mundo jurídico. Por no pagar una multa vas a dejar de existir. Porque dejo de entregar a tiempo dos papelitos, puedo dejar de existir. No hay ninguna proporción entre la falta cometida y la sanción”, insiste.

Para Daniels, el gobierno venezolano busca una sociedad civil “a su medida”, que las organizaciones callen y que no denuncien violaciones a los derechos fundamentales. “Se quiere tener una sociedad civil callada, sumisa y domesticada, ese es el verdadero fin de la ley, no es la regulación, porque las organizaciones ya estábamos reguladas por el Código Civil”.

El abogado aclara que en Venezuela existen unas 10.000 organizaciones con personalidad jurídica, pero afirma que la mayoría son “de hecho”, por ejemplo, grupos de vecinos que se reúnen para atender asuntos de su comunidad, que también se ven afectados por la legislación.

Días después de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro instó a acelerar la aprobación de leyes contra el “fascismo”, la regulación de las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones del 28 de julio que, de acuerdo a la fiscalía, dejaron 25 muertos.

Sin presentar datos desglosados por mesa, el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.

Varios organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), que han asegurado que en Venezuela se están documentando prácticas de terrorismo de estado, habían instado a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.

Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las “restricciones incompatibles” que aseguran establece el marco jurídico.

Casi todas las organizaciones civiles sin fines de lucro que hay en el país, sean de hecho o de derecho, serán afectadas por el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).

El alerta lo hizo la ONG Acceso a la Justicia que publicó un informe sobre los «detalles» que no se saben del instrumento legal.

«Aunque la propuesta del chavismo se refiera a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en realidad atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada en Venezuela, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios, por mencionar algunas», destaca la ONG en el documento.

Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia a analizar los artículos 2, 6 y 8 del proyecto aprobado el pasado 24 de enero.

El artículo 2 señala que el texto se aplicará a “las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades en la República Bolivariana de Venezuela, que adquieran por la vía jurídica o, de hecho, la forma de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, que desarrollen actividades no financieras incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos”.

Aunque la parte final del artículo 2 señala “se exceptúan (de cumplir lo dispuesto en este texto a) aquellos sujetos que, por la naturaleza propia de la actividad que ejercen, se rigen por una normativa legal especial, así como aquellos sujetos que, de manera expresa, sean exceptuados del régimen previsto en esta ley”.

Por su parte, el artículo 6, en particular su numeral 3, define como ONG a “una organización civil, en cualquiera de sus distintas formas, expresiones, que no dependen del Estado, que no tienen fines ni ánimo de lucro, cuyas actividades se encuentran orientadas a los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general”.

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“Las Organizaciones No Gubernamentales manifiestan su personalidad jurídica a través de figuras de derecho privado tales como fundaciones, asociaciones, corporaciones, sociedades y otras, siempre que su objeto no suponga ánimo de lucro y no sean gobernadas, dirigidas u operadas, directa o indirectamente, por organismos del Poder Público de un Estado”, señala la definición de los sujetos de esta ley.

¿El motivo? Todas las instituciones antes mencionadas son organizaciones civiles «sin fines de lucro», realizan «actividades con fines benéficos, sociales o de interés general» y, además, «por la naturaleza propia de la actividad que ejercen», no se rigen por una normativa legal especial, por ejemplo, los gremios de profesionales o los sindicatos.

Pero las organizaciones señaladas y otras muchas más, incluidas las caritativas como Cáritas de Venezuela o las religiosas como la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), deberán cumplir además con la avalancha de trámites que el texto incorpora, so pena de multas o desaparecer.

Aunque, como ya se dijo, las reguladas por leyes especiales están excluidas de la aplicación de la ley, entre las que está por ejemplo la Iglesia, sus asociaciones, fundaciones o confederaciones sí entran en el ámbito de la ley.

No solo las criollas están en la mira

El proyecto de ley no solo pone en la mira a las ONG nacionales, sino también a las extranjeras que operan o quieran operar en el país.

El artículo 11 del borrador señala que:

“Las organizaciones no gubernamentales domiciliadas en el extranjero, sólo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo. Esta será otorgada por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, que será el órgano encargado de determinar los requisitos y procedimientos a seguir para obtenerla”.

Pero la obtención del permiso no es el fin del camino, sino un peaje más. Así, las agrupaciones luego deberán recorrer el mismo tortuoso camino que las nacionales, es decir, inscribirse en el «registro especial», donde tendrán que reportar «su objeto y fines, las zonas en las que desarrollan actividades, las personas involucradas y las formas de financiamiento de las mismas”.

Acceso a la Justicia alerta: «se equivocan aquellos que creen que el proyecto de Ley está destinado a silenciar y acallar solamente al movimiento de derechos humanos. La amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada en Venezuela y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno».

La sociedad civil organizada ya está regulada, y este texto «lo que hace es incluir disposiciones que dificultan enormemente la posibilidad de ejercer los derechos a la asociación y a la participación ciudadana en los asuntos públicos», agrega.