La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2024, en la sesión ordinaria de este jueves.

Esta ley «tiene el objeto de fortalecer las capacidades productivas del país, y su monto asciende a 20 mil millones de bolívares», explicó el diputado Ramón Lobo, quien estuvo a cargo de la presentación de la propuesta.

Lobo, que es el vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas, indicó a la Plenaria que el monto en cuestión formará parte de los recursos del Presupuesto Nacional, obtenidos a través de las actividades tributarias y fuentes de financiamientos alternas.

Recalcó que el Producto Interno Bruto (PIB), «durante el segundo trimestre del año 2024, alcanzó el 8.8 %, lo que representa una expansión de las fuerzas productivas, servicios y mercancías que circulan en la economía nacional, y que generan mayor empleo, además de oportunidades para que los consumidores obtengan productos».

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Por otro lado, denunció que los medios «tratan de generar una matriz negativa o desfavorable cuando las cifras económicas son positivas».

El parlamentario también recordó las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), pues en el mes de septiembre situó la inflación en 0,8 %, con una variación acumulada de este año de 12,1 % y anualizada de 25,5 %.

Aseveró que el fundamento legal para apoyar el proyecto de ley de endeudamiento se encuentra en los artículos 187 numeral 6 de la Constitución y el artículo 90 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Martínez (AD/Aragua), representante de la oposición democrática, apoyó la propuesta, y señaló que se está hablando de 526 millones de dólares, de acuerdo a la tasa oficial del BCV.

Martínez solicitó que una vez que se produzca la disponibilidad de ingreso, conocer el destino de los recursos en el marco del presupuesto de ingresos y gastos 2024.

Entre este martes y el jueves, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro debería, por ley, aprobar la Ley de Presupuesto Fiscal para el 2023, con su respectiva Ley de Endeudamiento, pero de esos instrumentos casi no se ha tenido conocimiento, salvo lo que se ha sacado «por los caminos verdes».

El economista Leonardo Vera alertó que, no solo no se conoce oficialmente el monto del presupuesto ni sus principales premisas como tipo de cambio, inflación, precios del petróleo y previsiones para el PIB, sino que, por lo que han podido obtener, «extraoficialmente», las gobernaciones y alcaldías saldrán perjudicadas.

Cabe recordar que en el Presupuesto hay un apartado denominado «Situado Constitucional» que es el presupuesto que les corresponden a las gobernaciones y alcaldías, cuyos recursos se usan principalmente para pagos de nóminas y proyectos de otras públicas.

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En total, el prespuesto del 2023 asciende a 170.703 millones 832 mil 51 bolívares.

Por ingresos corrientes se estiman 149.823 millones 322 mil 97 bolívares y por Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal del 2023 se calculan 20.880 millones 509 mil 954 bolívares.

El presupuesto para el 2022 era de 62.379 millones 454 mil 806 bolívares, equivalentes a 13.437 millones de dólares según el tipo de cambio oficial para la fecha. «Para el 2023 el incremento en bolívares sobrepasa los 108.000 millones, pero este ha perdido cerca de la mitad de su valor», alertó por su parte el diputado Aníbal Sánchez.

“Al momento de realizado el proyecto del presupuesto para el 2023, mes de octubre, significaban 21 mil millones de dólares, para el día de hoy son 11 mil millones, es decir menor al anterior. Este seguirá bajando a medida que el bolívar se devalúe con respecto al dólar», explicó Sánchez

Entre los ingresos corrientes 108.358 millones 689 mil 442 de bolívares serían de origen petrolero, mientras que los ingresos No Petroleros son de 41.464 millones 632 mil 655 de bolívares, de los cuales destaca que 37.593 millones 584 mil 519 de bolívares son de origen tributario.

«A sólo días para que se cumpla el límite para la aprobación del Proyecto de Ley Presupuesto de la Nación para el año 2023, denunciamos una gravísima práctica contenida en el proyecto, que terminará generando terribles consecuencias para las regiones», advirtió Vera.

Aprovechó para denunciar que «el Proyecto de ley de Presupuesto 2023 aunque fue presentado a la AN, no es del dominio público, ni ha conllevado a un discusión en el seno del parlamento para determinar como dice la Constitución la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal».

Dijo que del análisis que ha hecho, sobre la base de una parte del presupuesto, concluye que hay «una gran cantidad de faltantes y anomalías, como que 72% de los ingresos corrientes son calificados como extraordinarios y sólo el 28% son ingresos ordinarios».

Asimismo, alerta que quienes redactaron le proyecto «han calificado a todos los ingresos de origen petrolero como extraordinarios. La tributación al sector petrolero, el ISRL, e incluso la regalía se han vaciado en un renglón llamado ingresos petroleros extraordinarios, una cosa absolutamente inusual».

Leonardo Vera explicó que las regiones se verán afectadas por este presupuesto.

«Hasta 20% de los ingresos ordinarios pueden constituir el situado constitucional, la fuente de ingresos más importante que tradicionalmente tienen los gobiernos regionales en Venezuela. Así lo establece el artículo 167 de la Constitución», recordó.

«Así que en lugar de tomar los 149.823 millones de Bs. de ingresos como referencia para el cálculo del situado, tomaron 41.464 millones, que son sólo 28% de los ingresos corrientes.Por tanto les dejaron a las regiones un situado de sólo Bs. 8.292 millones», lamentó.

Agregó que «a las regiones les toca un situado de 29.964 millones de bolívares y no la cifra de 8.292 que le están asignando en el Proyecto de Ley de Presupuesto. Es decir, le están robando al los gobiernos regionales 72% de lo que les toca», dijo.

¿Consecuencias de éste fraude? El economista respondió: «Al menguarle recursos a los gobiernos regionales, dañan gravemente la gestión pública estadal y municipal, y profundizan el modelo metrópolis-periferia territorial que se viene imponiendo en Venezuela».