La Corte Suprema de Estados Unidos impidió al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos, a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII, en un fallo emitido este viernes.

Los magistrados bloquearon los planes de la administración Trump para deportar a un grupo de migrantes recluidos en Texas porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión, pero devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que se pronuncie sobre el fondo.

El fallo 7–2 exige que reciban aviso real y oportunidad para impugnar su expulsión antes de ser deportados.

«Se concede la solicitud de medida cautelar en espera de ulteriores procedimientos», indicó la corte.

La Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, de los cuales tres son progresistas, intervino por primera vez en este caso el 19 de abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos en situación irregular a El Salvador.

La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur).

En un dictamen de 7 contra 2 los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.

«Una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso (…) no cumple los requisitos», se lee en el fallo.

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Pero la Corte Suprema considera que está demasiado «alejada de las circunstancias sobre el terreno» y devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que se pronuncie sobre el fondo.

«Para ser claros, hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal», recalcan.

«El 19 de abril no abordamos, ni lo hacemos ahora, los fundamentos de las alegaciones de las partes sobre la legalidad de las deportaciones» en virtud de la Ley de enemigos extranjeros, precisan.

Los magistrados piden a tribunales inferiores que aborden el caso con urgencia porque reconocen «la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno» y, al mismo tiempo, la necesidad de que «se promuevan de conformidad con la Constitución».

?? BLOQUEAN DEPORTACIÓN DE PANDILLASLa Corte Suprema de EE.UU. impidió a Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos acusados de pandillas, argumentando que no se les da suficiente tiempo para impugnar su deportación. El caso se devuelve a un tribunal para su análisis pic.twitter.com/aUac5iu5JU

Un juez federal de Texas prohibió al Gobierno de Donald Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para expulsar de Estados Unidos por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos en un centro migratorio en ese estado sureño.

El juez Fernando Rodríguez, que fue nombrado por Trump en su primer mandato, emitió el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de los afectados y después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo ya bloqueara esas mismas expulsiones bajo esa particular normativa de 1798.

En su fallo, el magistrado prohíbe «permanentemente» al Gobierno el uso de esta ley, utilizada previamente solo en tiempos de guerra, que Trump invocó el 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer al Tren de Aragua.

En la opinión que sustenta el fallo, Rodríguez explica que «el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la (Ley de Enemigos Extranjeros) a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto».

La administración Trump, escribió Rodríguez, “no posee la autoridad legal bajo la AEA, y con base en la Proclamación, para detener a extranjeros venezolanos, transferirlos dentro de Estados Unidos o expulsarlos del país”.

“Permitir que el Presidente defina unilateralmente las condiciones en las que puede invocar la AEA y luego declarar sumariamente que dichas condiciones existen eliminaría todas las limitaciones a la autoridad del Poder Ejecutivo bajo la AEA y despojaría a los tribunales de su función tradicional de interpretar las leyes del Congreso para determinar si un funcionario del gobierno ha excedido el alcance de la ley”, escribió el juez. “La ley no respalda tal postura”.

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No obstante, matiza que el Gobierno de Trump puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos, amparándose en otra ley distinta, la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Tres de los denunciantes son venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle de Raymondville (Texas), que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que el uso de la ley centenaria les está privando del debido proceso recogido en la Constitución estadounidense.

El 19 de abril, el Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la ley centenaria ante los recursos de emergencia interpuestos por una organización que denunciaba que el Gobierno de Trump intentaba expulsar a más inmigrantes a El Salvador.

Con información de Efe y CNN

El caso de la pareja de venezolanos, integrada por Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García, dio un nuevo giro, tras un fallo de un juez que ordena su liberación.

Se trata del juez federal de distrito, David Briones, en El Paso, Texas, quien emitió el fallo el viernes a favor de bloquear temporalmente las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.

Asimismo ordenó la liberación de una pareja acusada de ser miembros de una banda criminal venezolana.

El juez escribió que los abogados del gobierno «no han demostrado tener ninguna base legal» para continuar deteniendo a la pareja por supuesta violación de la ley de enemigo extranjero, reseña AP.

La pareja recibió estatus de protección temporal después de ingresar a Estados Unidos desde México en octubre de 2022.

Sin embargo, fueron notificados de que su estatus terminó el 1 de abril y fueron arrestados el 16 de abril en el aeropuerto de El Paso mientras iban de regreso a su hogar en Washington, D.C., donde viven con sus tres hijos.

Los venezolanos viajaron a Texas para una audiencia previa al juicio el 14 de abril relacionada con procedimientos de deportación.

Cabe destacar que el caso fue pospuesto hasta el 23 de junio, y se permitió a la pareja permanecer libre bajo fianza, según documentos judiciales citados por la agencia.

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Los venezolanos son señalados de formar parte del Tren de Aragua, que la administración Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.

El fallo del juez se aplica solo a los inmigrantes venezolanos bajo custodia federal en el distrito judicial del juez.

Una medida que también han adoptado magistrados federales en Colorado, el sur de Texas y Nueva York han emitido fallos similares.

Briones ordenó al gobierno dar un aviso de 21 días antes de intentar remover a alguien en el oeste de Texas, en contraste con las 12 horas que el gobierno sostiene que son suficientes.

Para el juez Briones no hay duda de que el uso «sin precedentes en tiempos de paz del poder de guerra por parte del Poder Ejecutivo ha causado caos e incertidumbre para las peticiones individuales, así como para el Poder Judicial en cómo manejar y evaluar las afirmaciones del Ejecutivo sobre la membresía en el Tren de Aragua, y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en su conjunto».

Con información AP

Una jueza federal del distrito de Colorado bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de la llamada Ley de Extranjeros Enemigos (aprobada en el siglo XVIII) para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado.

La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en el caso de dos venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), algo que ellos niegan, según sus abogados, recoge EFE.

El dictamen prohíbe temporalmente la deportación de todos los extranjeros que se encuentran actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado y que podrían estar sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump el mes pasado.

La decisión de la jueza se basa en que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que toda persona deportada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros tiene el derecho de una audiencia de apelación en un tribunal federal antes de la deportación.

Por eso, jueces federales de Nueva York y Texas también se expresaron a favor de suspender temporalmente las deportaciones en esos estados hasta que se establezca un procedimiento para permitir dichas apelaciones.

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En el caso de Colorado, la suspensión de las deportaciones tiene una vigencia de 14 días, por lo que la jueza Sweeney programó una audiencia para el 21 de abril.

Con información de EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes al gobierno del presidente Donald Trump recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua.

Pero, vale acotar, el máximo tribunal dictamina que estos migrantes deben tener «la posibilidad de impugnar su expulsión».

La decisión de la Corte Suprema, por 5 votos a favor y 4 en contra, permitirá al gobierno de Trump reanudar por ahora las deportaciones bloqueadas por un juez de distrito.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), que solo se había utilizado anteriormente en tiempos de guerra, para justificar la detención de presuntos pandilleros venezolanos y su deportación sumaria a una conocida prisión de máxima seguridad de El Salvador.

El presidente republicano, quien en su campaña se comprometió a deportar a millones de migrantes indocumentados, celebró el fallo del máximo tribunal en una publicación en Truth Social.

«La Corte Suprema ha defendido el Estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, asegure nuestras fronteras y proteja a nuestras familias y a nuestro país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!», dijo con regocijo.

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La Corte Suprema levantó las órdenes de restricción temporales de Boasberg, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que presentaron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.

El Gobierno de Estados Unidos pidió este viernes al Tribunal Supremo que le permita implementar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para así poder deportar a venezolanos sin el debido proceso, tal y como hizo a mediados de mes cuando envió a cerca de 200 ciudadanos del país caribeño a una prisión en El Salvador.

La Administración de Donald Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal al uso de esta ley dictado por el juez James Boasberg el pasado 15 de marzo.

La argumentación de la Administración es que se trata de una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia, recuerda EFE.

El escrito del Gobierno señala que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.

El magnate neoyorquino ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país e invocó ese 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.

Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos, a los que las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua, que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.

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El pasado miércoles el tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo a la ley, en lo que supuso el penúltimo episodio de un caso que subraya el pulso que el Gobierno mantiene con los jueces que han bloqueado varias de sus iniciativas y a los que pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en EE.UU. 

Con información de EFE

Altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) informaron a un juez federal que la administración de Trump invocará el privilegio de secretos de Estado para evitar proporcionarle información sobre los vuelos de deportación de principios de este mes que están en el centro de una disputa legal sobre si el Gobierno desobedeció sus órdenes judiciales, pudo conocer CNN.

«El Tribunal tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento ante él», escribieron la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del DOJ en un documento presentado al juez de distrito de EE.UU. James Boasberg.

«Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que el Tribunal carece de competencia para abordar», agrega.

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«La información solicitada por el Tribunal está sujeta al privilegio de secretos de Estado porque su divulgación representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores«, escribieron los funcionarios en el documento de 10 páginas.

Incluidas en el documento presentado el lunes por la noche estaban las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes dijeron que divulgar la información solicitada por Boasberg perjudicaría la seguridad nacional de EE.UU. o las relaciones exteriores.

Un juez de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dijo el lunes que a los nazis se les dieron más derechos para impugnar su expulsión de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que a los inmigrantes venezolanos deportados por la administración Trump.

En una audiencia contenciosa, la jueza de circuito estadounidense Patricia Millett cuestionó al abogado del gobierno Drew Ensign sobre si los venezolanos que iban a ser expulsados ​​en virtud de una ley poco utilizada del siglo XVIII tuvieron tiempo para impugnar la afirmación de la administración Trump de que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua antes de ser subidos a aviones y deportados a El Salvador.

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«Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que se ha dado aquí», dijo Millett, a lo que Ensign respondió: «Ciertamente cuestionamos la analogía nazi».

Antes de que la administración Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la ley se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente para internar y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.

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Un juez de EE.UU. rechazó este lunes la solicitud del gobierno de anular la prohibición temporal de dichas deportaciones, lo que permite que los migrantes venezolanos que la administración Trump busca deportar bajo una ley del siglo XVIII impugnar la decisión de expulsarlos.

Como se recordará a principios de este mes, el presidente republicano Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua sin órdenes definitivas de expulsión de los jueces de inmigración, informó Reuters.

En una orden emitida el lunes, el juez federal de distrito James Boasberg, con sede en Washington, declaró que las personas que la administración Trump busca deportar bajo esta ley deben tener la oportunidad de impugnar la afirmación del gobierno de que efectivamente son miembros del Tren de Aragua.

Los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan los presuntos vínculos con pandillas.

El juez también rechazó la solicitud de la administración Trump de anular la prohibición de dos semanas de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que impuso el 15 de marzo, lo que significa que la prohibición sigue vigente.

La prohibición impulsó a Trump a solicitar el impeachment de Boasberg, un proceso que podría llevar a su destitución. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, emitió una inusual declaración en la que reprendía a Trump y afirmaba que las apelaciones, y no el impeachment, son la respuesta adecuada a los desacuerdos con las decisiones judiciales.

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El caso se ha convertido en una importante prueba para la amplia arrogancia del poder ejecutivo por parte de Trump. Con los republicanos con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y alineándose en gran medida con la agenda del presidente, los jueces federales a menudo se han convertido en el único obstáculo a la oleada de medidas ejecutivas de Trump.

Trump ha argumentado que es el poder judicial, no su administración, el que se está extralimitando.

Boasberg está evaluando si la administración Trump violó su orden al no devolver los vuelos de deportación después de su emisión. En el fallo del lunes, el juez escribió que el gobierno parecía haber «incitado a la gente a subir a esos aviones» tras emitir inicialmente una orden más restrictiva que impedía la deportación de cinco demandantes venezolanos anónimos, en respuesta a una solicitud de abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Posteriormente, amplió la orden para que se aplicara a cualquier migrante venezolano afectado por la Ley de Enemigos Extranjeros.

Por otra parte, un tribunal federal de apelaciones escuchará los argumentos el lunes a la 1:30 p. m. (17:30 GMT) de los abogados del gobierno que buscan detener la orden de Boasberg.

El juez estadounidense a cargo del caso de la expulsión de venezolanos a El Salvador en virtud de una ley de guerra calificó este jueves de “lamentablemente insuficiente” la explicación del gobierno del presidente Donald Trump.

El juez federal de Washington James Boasberg ordenó el sábado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798, activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Pero varios vuelos con migrantes, muchos de ellos expulsados en aplicación de esa ley, aterrizaron en El Salvador, lo que llevó al magistrado a pedir explicaciones a la administración Trump, reseñó AFP.

En un escrito publicado este jueves, el juez estima que el gobierno presentó sus alegatos “poco después de la fecha límite” del jueves al mediodía y además “volvió a eludir sus obligaciones” al no proporcionar la información que le pide. “Esto es lamentablemente insuficiente”, afirma.

El magistrado designado por el expresidente demócrata Barack Obama quiere saber a qué hora partieron los aviones, desde dónde y cuándo abandonaron el espacio aéreo estadounidense, entre otras cosas.

La Casa Blanca sostiene que se ha cumplido la orden desde el momento en el que el juez la puso por escrito.

El gobierno sopesa invocar el derecho de secreto de estado para evitar dar información y quiere tiempo para examinar esa posibilidad.

Este jueves el juez pidió a los funcionarios de la administración que el viernes presenten “una declaración jurada de una persona directamente involucrada en las discusiones a nivel del gabinete” sobre si se acogen al privilegio del secreto de Estado.

Y para el martes deben decirle si invocan el secreto de Estado y especificar qué les hace pensar que no traer de vuelta a los “miembros del grupo expulsados de Estados Unidos en los dos primeros aviones que despegaron el 15 de marzo” no quebranta su orden de suspensión temporal.

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele, en cruzada contra las pandillas al igual que Trump, celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos. “Ups … Demasiado tarde”, escribió el domingo junto a un emoticon de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.

Con información de AFP

La vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a la plaza Bolívar de Caracas, para sumarse a la recolección de firmas en apoyo a los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador en una cárcel de máxima seguridad.

Delcy Rodríguez “tamaña barbarie antijurídica”, “ lo que aquí ha ocurrido y han cometido estos gobiernos».

«Nosotros estamos solicitando la información, el gobierno de El Salvador está obligado por las convenciones internacionales por la Convención de Viena, está obligado a entregar la información al gobierno venezolano de estos ciudadanos venezolanos ilegítimamente, arbitrariamente, privados de su libertad que está en una cárcel de máxima seguridad por el solo hecho de ser migrante”, explicó.

Rodríguez enumeró los excesos jurídicos que se cometieron en el traslado de los venezolanos como: el traslado a  El Salvador, a un tercer país; los recluyeron en “una especie de campo de concentración, una cárcel de máxima seguridad a unas personas que no han cometido un solo delito en el territorio de El Salvador, como tampoco han cometido un delito en el territorio de los Estados Unidos”.

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La Casa Blanca defendió este miércoles haber invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, solo usada en tiempo de guerra, para deportar a una cárcel de El Salvador a supuestos miembros del Tren de Aragua, la banda transnacional nacida en las cárceles de Venezuela, de la que dijo que ja sido enviada por el chavismo.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en rueda de prensa que el uso de esa ley de 1798, que permite detenciones y expulsiones sumarias en caso de guerra o invasión del territorio, está justificada debido a que el Tren de Aragua está llevando a cabo una “incursión predatoria” de Estados Unidos.

«Ha sido enviada aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela y el presidente nada más asumir el cargo designó al Tren de Aragua como organización terrorista, y bajo esta ley es la autoridad del presidente deportar a estos terroristas, o aquellos que defienden a estos terroristas, que han sido enviados a suelo estadounidense», indicó la portavoz.

Organizaciones como el Brennan Center for Justice han criticado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que no se usaba desde la II Guerra Mundial, porque está pensada para momentos en los que el país pasa por un conflicto bélico declarado o una invasión armada de su territorio por otro país, reseña EFE.

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La Casa Blanca y el presidente Donald Trump han insistido que la llegada de inmigrantes indocumentados al país es una invasión y que bandas criminales como el Tren de Aragua han sumido al país en “un periodo de guerra”, como aseguró el presidente el domingo después de invocar la ley.

La Administración Trump ha justificado con esa ley el envío este fin de semana de más de 250 personas en varios vuelos a El Salvador y a una cárcel dentro del país centroamericano sin el debido proceso y sin aclarar qué delitos han cometido.

La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros implementada por la administración del presidente Donald Trump pudiera devenir en la prohibición de la entrada de venezolanos al territorio estadounidense, aunque tengan visa, así lo asegura el politólogo, Sebastián Cova, quien explica que esta normativa en su momento fue bastante controversial y no responde a las realidades sociopolíticas mundiales de la actualidad.

Cova, asevera que la aplicación de la ley posiblemente genere que en un futuro no lejano se les prohíba a los venezolanos ingresar a la nación americana, sin importar si poseen o no visa.

A su juicio, esa norma era mejor dejarla para los libros de historia y crear una versión moderna que responda a las necesidades actuales de la sociedad mundial, debido a que cada vez que la implementan se vuelve controversial.

El especialista afirma que esta medida migratoria no está allanando el camino para una intervención militar extranjera en Venezuela, insiste que es una lectura no acertada y que esta decisión debe ser aprobada previamente por el congreso.

Cova manifestó su preocupación porque a su juicio el ejecutivo de Norteamérica no toma en cuenta las órdenes del poder judicial, por lo que consideró que le están pasando por encima del imperio de la ley y éstas acciones pueden traer consecuencias terribles.

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Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y en pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y docenas de otros migrantes venezolanos que se encontraban en un centro de detención federal en Texas estaban vestidos con ropa blanca y esposados y fueron llevados a un avión. No tenía idea de a dónde iba.

Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que Caraballo estaba entre los más de 200 inmigrantes venezolanos que fueron trasladados durante el fin de semana a El Salvador, donde ahora están recluidos en una prisión de máxima seguridad tras ser acusados por la administración Trump de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Sánchez insiste en que su esposo no es un miembro de una pandilla. Le resulta difícil incluso encontrar lógica en la acusación.

Los vuelos de las autoridades de inmigración de Estados Unidos desataron una frenética búsqueda entre familias aterrorizadas después de que cientos de inmigrantes desaparecieron del localizador en línea de ICE.

Algunos aparecieron en esa prisión en El Salvador, un complejo masivo donde no se permiten visitas, recreación ni educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno de El Salvador 6 millones de dólares para mantener a los prisioneros, muchos de ellos venezolanos. El gobierno venezolano rara vez acepta deportados de Estados Unidos.

Pero muchas familias no tienen idea de dónde buscar a sus seres queridos. El Salvador no tiene una base de datos en línea para buscar a los internos, y las familias muchas veces pasan dificultades para recibir información.

“No me ha vuelto a llamar, no sé nada de mi hijo”, indicó Xiomara Vizcaya, una venezolana de 46 años.

Ali David Navas Vizcaya había estado en detención en Estados Unidos desde principios de 2024, cuando llegó de México a un cruce fronterizo con Estados Unidos donde tenía una cita para hablar con funcionarios de inmigración. La llamó tarde el viernes por la noche y dijo que pensaba que lo deportarían a Venezuela o México. Su nombre ya no está en el sistema del ICE.

Casi 8 millones de venezolanos han dejado su patria desde 2013, cuando colapsó su economía dependiente del petróleo. La mayoría inicialmente se fue a otros países de América Latina, pero más se dirigieron a Estados Unidos después de que se levantaron las restricciones por COVID-19 durante la administración Biden.

El sábado, el presidente Donald Trump anunció que había invocado una ley de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite a Estados Unidos deportar a no ciudadanos sin ningún recurso legal, incluidos los derechos a comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.

Muchos conservadores han aplaudido las deportaciones y al gobierno de Trump por adoptar una línea dura para lidiar con la inmigración.

La administración Trump dice que está utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua, afirmando que la pandilla estaba invadiendo Estados Unidos, aunque no ha proporcionado ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de pertenencia a la pandilla.

Los funcionarios estadounidenses reconocieron en un documento judicial el lunes que muchas de las personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son sospechosos de ser miembros de pandillas.

“La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”, dice una declaración jurada incluida en el documento, añadiendo que junto con su supuesta pertenencia a una pandilla, “la falta de información específica sobre cada individuo realmente resalta el riesgo que representan”.

El supervisor regional del ICE Robert Cerna dijo en una declaración jurada que los agentes no se basan “sólo en tatuajes” para identificar a posibles pandilleros.

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El 3 de febrero, Caraballo fue a una oficina del ICE en Dallas para otro chequeo obligatorio con los agentes que manejaban su solicitud de asilo. Había estado yendo regularmente a la oficina durante meses.

Había sido aprehendido y liberado después de cruzar la frontera sur en octubre de 2023, de acuerdo con documentos del Departamento de Seguridad Nacional facilitados por su esposa, y se le dijo que se reportara a la oficina del ICE más cercana una vez que llegara a su destino dentro del país. Los documentos dicen que era “miembro/activo” del Tren de Aragua, pero no brindaban evidencia para sustentarlo.

¿Qué miembro de una pandilla —preguntó su esposa— entraría en una oficina policial federal durante una batida de la administración Trump que ha dejado a los inmigrantes de todo el país con miedo a ser deportados?

“Hacemos todo conforme a la ley. Nunca hemos fallado” a ninguna cita con las autoridades, expresó Sánchez, quien permanece en Estados Unidos tratando de conseguir la liberación de su esposo. Añadió que su esposo, con quien se casó en 2024 en Texas, no ha tenido problemas con la ley en Estados Unidos. También mostró a The Associated Press un documento del gobierno venezolano que muestra que no tiene allí ningún historial criminal.

Sánchez cree que fue acusado erróneamente de pertenecer al Tren de Aragua debido a un tatuaje en forma de reloj que marca el cumpleaños de su hija de una relación anterior.

“Mi marido tiene muchos tatuajes, pero eso no es para que lo discriminen”, afirmó.

Sánchez manifestó que ella y su esposo dejaron Venezuela en 2023 con apenas 200 dólares y pasaron los siguientes tres meses durmiendo en plazas, comiendo de la basura y dependiendo de la buena voluntad de otros migrantes mientras viajaban hacia el norte.

Pensó que el sacrificio valdría la pena. Su esposo había estado trabajando como barbero desde los 13 años y en Estados Unidos tenía la esperanza de encontrar un nuevo comienzo, escapando de los salarios de pobreza y la política tóxica del régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela.

El gobierno venezolano ha criticado las transferencias, llamándolas “secuestros” e instando a la gente a protestar el martes en la capital, Caracas, para exigir que los detenidos en El Salvador sean enviados a su patria.

Jorge Rodríguez, el principal negociador de Maduro con Estados Unidos, instó a los venezolanos que viven en el país norteamericano a regresar a casa.

El sueño americano, dijo, se había convertido en una “pesadilla salvadoreña”.

Sánchez está de acuerdo. Quiere dejar Estados Unidos una vez que encuentre a su esposo.

“Si venimos de Venezuela se supone que es para algo mejor. Nunca imaginamos que llegamos a vivir algo peor”.

Fuente: AP

«Si hay que ir y recurrir a todas las formas diplomáticas, a todos los mecanismos jurídicos, legales, sociales, a la movilización del Pueblo todo, lo haremos».

Así lo manifestó el presidente, Nicolás Maduro, en un contacto telefónico en el desarrollo de la marcha en apoyo a los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador.

Maduro insistió en convocar a la unidad nacional, sin distingo de afinidades políticas, en «solidaridad y apoyo a todos los familiares de los muchachos» que fueron llevados a El Salvador.

Invitó a la colectividad a participar este miércoles en la recolección de firmas en todas las plazas Bolívar de Venezuela «para expresar nuestra indignación al mundo entero por nuestras hermanas y hermanos secuestrados».

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Ratificó que hará «todo lo que haya que hacer para rescatar a nuestros migrantes, que no son delincuentes, son inocentes, son muchachos de bien».

Advirtió que se trata de inocentes, por lo que está dispuesto para activar los mecanismos necesarios para retornar al país a «estos muchachos que no cometieron ningún delito en Estados Unidos, que no han cometido ningún delito en El Salvador, que no le han dado el debido proceso, que no están condenados en Estados Unidos».

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que Venezuela acudirá a todas las instancias internacionales hasta lograr la liberación de todo y cada uno de los venezolanos secuestrados y llevados esclavizados a El Salvador.

Desde la concentración que se hace en defensa de los derechos de los venezolanos secuestrados, Rodríguez advirtió que se trata de una acción que se inscribe dentro del nazismo.

A su juicio, los venezolanos están siendo estigmatizado como una vez los nazis hicieron con los judíos.

? Jorge Rodríguez prometió que el gobierno no descansará hasta rescatar a todos los migrantes venezolanos deportados ilegalmente a los campos de concentración nazis de El Salvador.? Vía: VTV. pic.twitter.com/AUpj7s6k6K

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Rodríguez no dudó en reprochar la actitud de los opositores María Corina Machado y Edmundo González. «Ahí están celebrando quienes pidieron los bloqueos y las sanciones. Ayer la señora María Corona Machado y el otro viejo borracho de González Urrutia publicaron un comunicado diciendo que están de acuerdo con lo que hizo el Gobierno de EE.UU., es decir, que están de acuerdo que los lleven a un campo de concentración en El Salvador sin haber cometido ningún tipo de delito».

? Jorge Rodríguez denunció que María Corina Machado y Edmundo González están celebrando la deportación de migrantes venezolanos a campos de concentración nazi en El Salvador.? Vía: VTV. pic.twitter.com/KpFHQ3COdG

Recordó que el gobierno tenía todo dispuesto para enviar un avión para el regreso de los venezolanos que estaban en Texas pero «el mal tiempo impidió que aterrizaran los aviones (…) Eso lo aprovecharon los fascistas para meterlos en un avión y llevarlo al campo de concentración de Bukele».

? Jorge Rodríguez denunció que Nayib Bukele aceptó recibir a los migrantes venezolanos por 6 millones de dólares para utilizarlos como esclavos que financien el sistema penitenciario de El Salvador.? Vía: VTV. pic.twitter.com/i2gwODJLQz

La delegación diplomática de El Salvador ante las Naciones Unidas (ONU) afirmó este martes que todos los migrantes venezolanos deportados “son criminales comprobados”.

Lo dijo en contraste con la posición de la administración de Nicolás Maduro y de familiares de los deportados que aseguran los presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

«El Salvador rechaza de la manera más enérgica y categórica las afirmaciones infundadas por la delegación de Venezuela respecto a asuntos internos de nuestro país. Estas declaraciones carecen de sustento y distorsionan la realidad de nuestro firme compromiso con la seguridad, la paz y el respecto a los derechos humanos», comentó la representante salvadoreña después de la lectura del último informe de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela.

Recordemos que el pasado fin de semana más de 230 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, fueron enviados a El Salvador por orden de Donald Trump, acción que despertó el recelo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el mundo.

«El Salvador ha implementado una estrategia efectiva contra el crimen organizado trasnacional, logrando convertirse en el país más seguro en el hemisferio occidental. Nuestro modelo de seguridad ha sido reconocido a nivel internacional y ha permitido el desmantelamiento de estructuras terroristas que por décadas sometieron a nuestra población», agregó, en referencia a las políticas aplicadas por el presidente Nayib Bukele.

Incluso fue a más: «El Salvador reafirma que todas las personas trasladadas a nuestro centro de confinamiento del terrorismo son criminales comprobados y miembros de estructuras del crimen organizado trasnacional. Cualquier cooperación en materia de seguridad con países aliados se realiza en el estricto apego a las normas nacionales e internacionales”.

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Una gran movilización se realiza en Caracas en defensa de los derechos de los migrantes venezolanos que fueron trasladados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Familiares de algunos de los detenidos informaron que se los llevaron bajo engaño. Los capturaron en redadas, luego los llevaron a varios centros de detención hasta que finalmente les avisaron que recogieran sus pertenencias porque los iban a deportar para Venezuela.

Sin embargo, el destino final sería El Salvador, donde fueron ingresados a un centro de detención para terrorista.

Uno de los afectados, el padre de uno de los detenidos, hizo un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele para que se ponga la mano en el corazón y aplique la justicia en el caso de su hijo.

Alegan que no se le fueron respetados sus derechos, no se cumplió con un debido proceso y fueron encarcelados injustamente.

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Mucho de los familiares aseguran que se han enterado de la detención de sus seres queridos a través de las redes sociales.

En la marcha que se realiza en Caracas, familiares y allegados de los detenidos portan pancartas con los nombres y los datos, exigen al gobierno tome acciones para liberar a estos jóvenes detenidos injustamente.

Muchos aseguran que no tienen ni siquiera antecedentes penales.

Nicolás Maduro reveló este lunes que la líder opositora María Corina Machado y su operador en Estados Unidos Carlos Paparoni de haber celebrado el viernes pasado que el gobierno de ese país desengavetó la titulada Ley de Enemigos Extranjeros, que criminaliza la migración venezolana.

Denunció que apenas conocer la noticia «decían mañana va a ocurrir algo muy grave, y ha sido obra de nosotros», que se jactaban de eso y de que ellos manejan en Estados Unidos todo lo referente a la migración venezolana.

Maduro dijo que tiene pruebas de que esa «proclama», que viola todos los derechos internacionales, es promovida por la oposición venezolana, pero que no puede adelantar más para no entorpecer las investigaciones.

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Por otra parte, Maduro emplazó a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele a no amparar la crueldad que a la que se está sometiendo a los venezolanos en las cárceles de su país, en esa especie de campos de concentración nazistas, sometidos sin derecho a ningún debido proceso, sin haber sido condenados a algún tipo de pena.

Maduro denunció que esta ley es previa al derecho internacional del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo que es evidente que esto es un evento de agresión a la migración latinoamericana, no solo Venezuela, es la agresión a todos los migrantes.

Denunció que esta es una proclama anacrónica e ilegal. Manifestó que calificar así a los migrantes venezolanos es el acto de mayor enemistad e injusticia que jamás se haya cometido contra un pueblo de América Latina, o del mundo.

Agregó que es una ley vetusta, que se hizo apenas fundado EE.UU., después de una guerra, al hacerse separado de Gran Bretaña.

Contó que la mismos es heredera de esa visión imperial de los británicos, y que esa ley ha sido aplicado solo tres veces por EE.UU., que esta ley no se aplicaba más porque quedó marcada como la más infausta desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se la aplicaron a los japoneses.

Explicó que desde esa época esa ley estaba autovetada por la institucionalidad estadounidense hasta que la oposición venezolana empezó a promover las agresiones contra Venezuela, con la invención de un mito del Tren de Aragua, promoviendo que se declarara a esa banda como organización terrorista.

El mandatario nacional aseveró que los migrantes venezolanos no son terroristas y que los defenderán a cómo dé lugar.

La tarde de lunes se dio el pronunciamiento esperado de la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González sobre la criminalización de ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

En este sentido, publicaron un comunicado conjunto en el que también denuncian los presuntos vínculos de la administración de Nicolás Maduro con organizaciones criminales y el Cartel de los Soles.

En el documento, afirman que la expansión del Tren de Aragua en América se debe a sus conexiones con el gobierno de Maduro y lo acusan de permitir su operación dentro y fuera de Venezuela.

Del mismo modo, hacen referencia a recientes crímenes atribuidos a este grupo, como el asesinato del disidente venezolano Ronald Ojeda en Chile y de la estudiante de enfermería Laken Riley en Estados Unidos.

En el comunicado, solicitan un régimen de protección para los migrantes venezolanos y reiteran su compromiso con la lucha por restablecer la democracia en Venezuela.

“Todos los males que sufre hoy Venezuela provienen de un régimen autocrático y criminal que viola flagrantemente la Constitución, las leyes y la voluntad soberana del pueblo venezolano”, sostienen en el texto.

Por tal motivo, exigen a la comunidad internacional que tome medidas firmes contra estos grupos criminales y responsabilizar a sus miembros, así como a quienes los protejan.

Piden a la justicia internacional que se diferencie a migrantes venezolanos inocentes de los criminales, evitando generalizaciones y arrestos injustos.

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La decisión ha generado un intenso debate sobre seguridad regional y derechos humanos, especialmente ante el riesgo de que algunos de los detenidos sean migrantes inocentes.

Según el secretario de seguridad de los Estados Unidos, Marco Rubio, el traslado de más de 200 criminales vinculados al Tren de Aragua y a la banda salvadoreña MS 13 permitirá a las autoridades mejorar la recopilación de inteligencia sobre la estructura y operatividad de estas organizaciones delictivas.

El presidente Nayib Bukele, por su parte, aseguró que El Salvador mantendrá a estos criminales en el CECOT por un período inicial de un año, renovable, buscando fortalecer la estrategia de seguridad nacional y hacer autosostenible el sistema penitenciario del país, gracias a los recursos económicos que el gobierno estadounidense proporcionará como compensación.

Sin embargo, esta medida genera un nuevo desafío para el gobierno de El Salvador, quien asegura que la estructura del CECOT es lo suficientemente sólida para evitar cualquier intento de fuga o reorganización criminal dentro de la cárcel.

Uno de los principales desafíos de la estrategia de seguridad es la posible detención de individuos sin pruebas concluyentes sobre su pertenencia a la organización criminal, generando debates sobre su impacto en el cuidado de los derechos humanos.

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En América Latina, países como Colombia, Chile y Perú, que también han enfrentado la expansión del Tren de Aragua, han manifestado su interés en colaborar con la estrategia de contención regional.

Cabe destacar que el traslado de estos criminales ocurre en el marco de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación otorga amplios poderes al Ejecutivo en tiempos de guerra, permitiendo la deportación acelerada de individuos considerados amenazas para la seguridad nacional.