Una firma de abogados interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad por inconstitucional en contra de la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social, debido a que transfiere obligaciones del gobierno a particulares.

El Despacho de Abogados Borges Prim y Asociados estuvo a cargo de la demanda ante la Sala Constitucional e incluyó el pedido de nulidad de la Providencia Administrativa del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

La ley, aprobada en mayo por la Asamblea Nacional, obliga a las empresas privadas a aportar a un fondo de pensiones el 9 % de los pagos a los trabajadores por concepto de salarios y bonos.

Borges Prim y Asociados explicó en su cuenta en Instagram que el fundamento de su demanda radica en que tanto la ley como la providencia violentan derechos de rango constitucional.

Argumentan que las normativas suponen una arbitrariedad al desconocer lo que el constituyente delimitó de manera expresa como obligación del Estado.

La seguridad social equivale a un conjunto de políticas y programas que los gobiernos deben implementar para cumplir con sus obligaciones económicas, sociales y culturales, y estas -explicó la firma de abogados- no pueden ser transferidas a los particulares bajo ningún pretexto.

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Diversos gremios empresariales han reaccionado a la aprobación de la norma manifestando su preocupación sobre el impacto que pueda tener en el sector privado.

Fedecámaras alertó sobre la mayor presión fiscal que supone para las empresas la nueva Ley de Pensiones y sugirió que su implementación debe estar acompañada de incentivos para el sector privado. 

«La contribución al fondo especial de la Ley de Pensiones no incidirá en los niveles de empleo», aseguró este jueves el presidente de Conindustria, Luigi Pisella.

Entrevistado por Unión Radio, en relación con las consecuencias de la normativa que ya está vigencia, Pisella afirmó que la misma tampoco «generará ningún tipo de variación en los precios de los productos».

No obstante, el directivo pidió que, «para equilibrar la competencia con los productos importados, se elimine el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)» que pecha con un gravamen de 3% las transacciones en divisas.

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En el mismo programa estuvo invitada la segunda vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, quien explicó que el impuesto de 9% que pagarán las empresas privadas para el fondo de pensiones, tendrá consecuencias.

«El país no resiste a un aumento de precios porque no hay mercado que responda ante esa actividad y lo que se está afectando es la rentabilidad», explicó.

Recordó que por ello el sector propuso que el impuesto fuese de 6%, «para que el impacto fuera el menor posible y así lograr el objetivo de compensar a una población que está necesitada de una consideración y que se le reconozca el trabajo de tantos años».

«Aspirábamos además como tope que se establecieran tres salarios integrales (…) esto incrementa los egresos de una empresa. Si antes ganabas nada estas en negativo y si ganas poco, ahora estás sin ningún tipo de ganancia», comentó.

De su lado, Celso Fantinel, el presidente de Fedeagro, anunció que el sector pedirá, formalmente, ante la Asamblea Nacional, ser excluido del aporte al fondo de pensiones.

«Creo que nosotros como sector prioritario deberíamos salir de esta ley de pensiones, porque los trabajadores agrícolas y pecuarios trabajan a destajo y en la mayoría no goza de seguro social», explicó.

Cabe recordar que la ley de pensiones y su reglamento están vigentes, así como la providencia del Seniat donde se anuncia la forma cómo se harán los aportes, comenzando el 5 de junio.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicó en la Gaceta Oficial N.º 42.881, de fecha 17 de mayo, una providencia donde se explican las normas para la declaración y pago de la contribución especial del fondo establecido a la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista.

En el artículo 1, se destaca que «las personas jurídicas y sociedades de personas, incluidas las irregulares, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional, deberán declarar y pagar la contribución especial por los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones no salariales».

Este pago «se hará de acuerdo al último dígito del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.)», según un calendario establecido por el propio Seniat.

Según ese calendario, el primer desembolso del nuevo impuesto está previsto para el 5 de junio.

Mientras que el artículo 2 dice que «si los sueldos y bonificaciones no salariales se pagan en una moneda distinta a la de curso legal, se deberá convertir estos importes a bolívares usando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela vigente al momento del pago».

Asimismo, el dispositivo número 3, establece que «los obligados al pago de la contribución especial deberán informar trimestralmente la cantidad de trabajadores activos en sus nóminas, conforme a las especificaciones técnicas del portal del SENIAT».

Resalta que, para velar por el cumplimiento de la norma, «El SENIAT podrá realizar procedimientos de verificación, fiscalización y determinación necesarios para asegurar el cumplimiento de esta ley», señala el artículo 4.

Se recuerda que esta contribución especial es de 9% del total de los sueldos que las empresas pagan a sus empleados.

Según explicaciones que han ofrecido tanto empresarios como funcionarios gubernamentales, este aporte representa 20% del total de los recursos destinados al pago de pensiones, porque el resto le corresponde al Estado.

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«En oportunidad de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, así como de su respectivo reglamento, entendemos la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos, ante lo cual reiteramos que este instrumento legal debe ser acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial».

La petición la hizo Fedecámaras, mediante un comunicado emitido este martes, en donde toma posición respecto a la norma que ya está vigente y que establece que el sector debe aportar 9% del ingreso de sus trabajadores para hacer efectivo el aumento de las pensiones a los beneficiarios del IVSS.

«De cierta manera, la aprobación de la alícuota de 9% (en lugar de 15%) sobre el ingreso mínimo integral (tomando US$ 130 como base) de cada empleado de las empresas del sector privado, hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores jubilados en este país, de acuerdo con lo señalado por representantes del gobierno nacional», aclara el escrito.

No obstante, Fedecámaras considera que «es menester seguir insistiendo en las consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional, las cuales fueron presentadas en su oportunidad ante las respectivas autoridades del Ejecutivo nacional».

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Es así que en el escrito, la Federación pide:

«Establecimiento de un tope máximo para la base del aporte, equivalente a 3 veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo nacional.

Debe contemplarse la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional, así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores.

Sectores como salud y educación, por ejemplo, deberían ser sujeto de exenciones».

De su parte, en entrevista con Unión Radio, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, ratificó la preocupación del empresariado, por la cantidad de impuestos que paga casi a diario.

«Más del 50% de las utilidades de una empresa se van en impuestos. Mientras el gran problema viene por la estructura de remuneración en Venezuela, que debe discutirse entre todas las partes para que los trabajadores tengan ingresos en estos momentos», dijo.

A su juicio, «debería haber un modelo de pensiones privado en el que haya muchos oferentes y el trabajador escoge donde pone su ingreso para poder tener la pensión que le asegure el retorno”, acotó.

“No estamos contentos con pagar más impuestos, pero por lo menos esto va para nuestros viejitos y nos da aliento para seguir contribuyendo” añadió.

#21May ??‍? INCENTIVOS PARA EL SECTOR EMPRESARIALDespués de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, Fedecámaras afirma que este documento debería ir acompañado de un estímulo para el sector empresarial?: #Comunicado pic.twitter.com/caN3JbJwRt

El Ejecutivo nacional fijó la tasa que regirá sobre el ingreso integral indexado. El monto que deberán pagar las empresas al Nuevo Fondo de Pensiones es de 9%.

Según el Decreto 4952, de fecha 16 de mayo, de la  Ley de Protección de las  Pensiones de Seguridad Social, el Ejecutivo establece que este será el porcentaje de la cuota de contribución del total de los pagos  realizados a los trabajadores.

En el decreto también se establece que quedan exonerados del pago de esta contribución los emprendimientos que estén debidamente registrados ante el Registro de Nacional de Emprendimientos (RNE).

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Al respecto, se indica que “los beneficiarios de la exoneración prevista en este Decreto no estarán sujetos al deber formal de declarar los pagos realizados a las trabajadoras y trabajadores, durante la vigencia del beneficio”.

Este decreto, el 4952, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 42.880.

Según explican desde la firma consultora de servicios tributarios y legales PwC, el plazo para la exoneración a los emprendedores será de un año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

También apuntan que, «con la publicación de este Decreto, queda pendiente que se dicte la normativa complementaria sobre las formas para declaración y pago de la contribución, así como el lugar, formas y condiciones. La Administración Tributaria Nacional estará a cargo de tal normativa».

Se estimaba que la tasa de contribución sobre el ingreso integral indexado  debía estar entre el 1% y 15%. En ese sentido, Fedeindustria había propuesto que la tasa fuera de 10% y Fedecámaras propuso que fuera del 6%.

Tras la sanción de la Ley de Protección a las Pensiones de la Seguridad Social, por parte de la Asamblea Nacional (AN), salen a colación los análisis de la norma y sus consecuencias para la economía del país, porque, literalmente, la misma se hizo para hurgar los bolsillos de los empresarios, con un aporte de 15% del total de los ingresos sus trabajadores.

Esto, con la finalidad de cumplir un rol que es un deber del Estado: procurar remuneraciones suficientes a los ciudadanos y garantizar una vejez digna.

Cabe recordar que antes de la llegada del chavismo a Venezuela y hasta la primera década de este, la pensión, equivalente al salario mínimo, alcanzaba, al menos, para las necesidades básicas de los abuelos.

La tragedia viene después, cuando las sucesivas políticas económicas erráticas de la administración de Hugo Chávez y luego, de Nicolás Maduro, dieron al traste con poder de compra de los venezolanos, del salario mínimo y, por ende, de las pensiones.

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Sobre el tema, el economista y exdiputado José Guerra, recuerda que “el poder adquisitivo de las pensiones se comenzó a derrumbar en 2013 (al llegar Maduro al poder), cuando la inflación se aceleró significativamente, transformándose en hiperinflación en noviembre de 2017, mucho antes de las sanciones de 2019”.

Es por ello que, en primer lugar, se cae uno de los argumentos de la ley, que es “proteger las pensiones de las sanciones”.

“Llama la atención que, al ser una ley originada en las medidas coercitivas del imperialismo, no se dice que al cesar tales medidas se derogaría la ley, lo cual sugeriría que va a adquirir carácter permanente”, acota Guerra.

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Por otro lado, el economista desglosa una de las consecuencias del cobro del impuesto.

“El artículo sexto establece que la contribución o el impuesto en realidad que se deriva de la ley será aplicable a las empresas del sector privado, independientemente de su tamaño, con una tasa de 15% sobre el monto devengado por cada trabajador en forma de salarios y bonos. El impuesto será recaudado por el Seniat y será deducible del impuesto sobre la renta según el artículo décimo.

Claramente, se trata de un nuevo impuesto a la nómina y como todo impuesto se traslada a los precios, de una firma u otra, tarde o temprano”, alertó guerra.

Y recuerda que, lo que “enseña la microeconomía es que todo impuesto genera una distorsión y una que pudiese ser más visible es que puede inhibir la creación de empleos formales, ante una tasa tan elevada de 15% a la cual hay que sumar el tope de 11% como aporte patronal al Seguro Social”.

No contentos con esto, el experto advierte que “ello va a incidir principalmente en las pocas empresas grandes que quedan en Venezuela. No es claro que se pueda aumentar la recaudación con una tasa tan elevada si la base del impuesto se contrae, en un contexto donde la remuneración a los trabajadores es muy baja”.

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Asimismo, José Guerra advierte que hay vacíos en la norma, desde el punto de vista de que, “aunque será el Seniat quien recaudará el impuesto, no se clarifica en la ley a cargo de quién estará su administración, punto muy importante debido a las grandes falencias del sector público”.

Tampoco se especifica si el monto recaudado será asignado linealmente a cada trabajador asegurado.

“Otro asunto que la ley no detalla es el caso de las empresas mixtas petroleras, donde PDVSA es socio mayoritario. Técnicamente, se trataría de una empresa pública y, por tanto, estaría exenta del pago, a menos que alguna otra disposición así lo establezca en el sentido que el socio minoritario pagaría una cuota parte, lo cual sin dudas sería discriminatorio”.

Para Guerra, “este nuevo impuesto viene a sumarse a otros y a contribuciones para fiscales, aportes por diferentes leyes, impuestos municipales para hacer que Venezuela tenga un sistema tributario disperso e ineficiente que ahuyenta la inversión. Contar con más impuestos y contribuciones no implica recaudar más”, sentenció.

De su lado, el consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, alertó que el nuevo aporte “tendrá un impacto muy importante en el sector empresarial privado venezolano».

Lamentó que la AN no tomara en cuenta la propuesta de Fedecámaras y Conindustria, en cuando a que el aporte sea “racional y que no impacte en gran medida a las empresas, porque sin duda alguna una alícuota muy alta va a afectar severamente al empleo en el sector privado”, sostuvo.

Asimismo, criticó que con la ley “pretendan que el sector privado asuma lo que le compete pagar al sector público. Lo correcto es que tanto sector público como privado contribuyan en la misma medida”.

Respecto al tema, el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, opina que el asunto no se puede despachar fácilmente, argumentando que solo son las pensiones.

“Es importante entender que el tema de las pensiones es tan relevante como el tema de salario y todos los venezolanos entendemos que hay un déficit en la capacidad de compra de trabajadores y pensionados”, expresó, en entrevista con Unión Radio.

A su juicio, es “clave que el país haga todo lo posible por atender la recuperación del ingreso, de la capacidad de compra y la atención de la población y de los adultos mayores”.

Por lo que “aprobar un decreto no es el problema, el problema es lo que hay detrás de esa aprobación. ¿Cuáles son los impactos que puede tener y si es la mejor forma de hacerlo?».

También lamentó “el proceso de desequilibrio económico que pulverizó las prestaciones sociales y las pensiones” y, a pesar de ello, “el sector privado dijo que estaba dispuesto a contribuir, pero las magnitudes es lo realmente importante”.

Sobre el porcentaje de la contribución, el experto cree que ese 15% aumentan, en esa misma proporción, “los costos laborales naciones, es un costo importantísimo si consideras que todavía al ingreso le hace falta un aumento”.

“Al final no hay forma de que esto no se exprese en un incremento de costos en los productos y servicios en una economía con problemas de inflación”, denunció.

De su parte, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, sostiene que el presidente Nicolás Maduro, “quiere sacudirse la responsabilidad de crear un sistema de seguridad social que sirva”.

Para Silva, la nueva “norma solo forma parte del chorizo de leyes de seguridad social existentes en Venezuela, pero que no son cumplidas por el Ejecutivo”.

Aseguró que “al final será el pueblo el que pague los costos de la aplicación de la ley, porque los empresarios subirán los precios de los productos y servicios para mantener sus ganancias”.

Silva recordó que en el “2015 el comité hizo una propuesta a Maduro, denominada: Una gota de petróleo para las pensiones, porque se preveía el colapso de las pensiones y ni en ese momento ni ahora ha respondido”, comentó.

“Esa gota de petróleo se estaba yendo para los bolsillos de la mafia que desbancó los reales de Pdvsa, más de 23 mil millones de dólares. Con lo robado por Tareck El Aissami, evidentemente habríamos tenido un fondo de pensiones recapitalizado para los pensionados de hoy y para los que siguen saliendo todos los días”, dijo.

Y mientras tanto, “nuestros viejos se están muriendo por falta de una medicina, por falta de atención médica, por falta de una operación gratuita, y a Maduro no le importa”, manifestó.