«El monto de la contribución especial prevista en esta Ley para las personas jurídicas de carácter privado, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta el quince por ciento (15%) del total de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial».

El párrafo anterior corresponde al artículo 7 del proyecto de ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloque Imperialista, sancionada por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) este martes, apenas días después de presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Durante el debate y la discusión, al instrumento solamente se le cambiaron algunos acentos y palabras, pero el fondo del mismo quedó tal cual fue aprobado en la primera discusión.

En la exposición de motivos, se explica que «con esta contribución, el Estado podrá percibir recursos financieros adicionales que permitirán incrementar el monto de las pensiones de seguridad social, notablemente afectadas por los perversos efectos de las medidas coercitivas unilaterales».

Igualmente, justifica la contribución especial, la cual «tiene su fundamento en el deber general de coadyuvar a los gastos públicos, recogido en el artículo 133 del Texto Constitucional, y está construida en consonancia con los principios de solidaridad, igualdad, responsabilidad social, legalidad, capacidadcontributiva, progresividad, equidad, no retroactividad y no confiscación».

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Por otro lado, se establece que «la contribución especial prevista en esta Ley será declarada y pagada mensualmente» y el organismo encargado de su cobro será el Seniat.

También manda la ley que el gravamen «será deducible del gasto para el cálculo del impuesto sobre la renta».

Mientras que, por otro lado, aclara que «la contribución especial a que hace referencia esta Ley es distinta e independiente de los aportes que corresponde a los empleadores y empleadoras realizar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con la ley que regula la materia».

Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, a propósito de la Ley de Protección de las Pensiones, exigió al presidente Nicolás Maduro que explique, por qué, con cifras en mano, es necesario cobrar más impuestos a los empresarios para cumplir con el deber de Estado de ocuparse de las pensiones.

“Si el Estado venezolano va a presentar un proyecto de ley que redunda sobre esto, debe presentar las cifras para justificar por qué es necesario recargar hasta 15% otra vez estos pagos que realizan los empleadores”, acotó el especialista, en entrevista con Unión Radio.

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Recordó que, de paso, «este aporte al Seguro Social ya existe, por lo que el impuesto sería redundante. Este aporte es distinto y será obligatorio para todo el sector privado», alertó.

Korody explicó que, «para el Seguro Social, las empresas deben dar entre 9% y 11% de lo que pagan a sus trabajadores, además de 2% al fondo de vivienda y otros aportes sociales».

“Los pagos que se hacen a la nómina ya están suficientemente agravados en la contribución que está destinada parafiscalmente para los temas de Seguridad Social”, añadió.

El experto advirtió que una de las primeras consecuencias de esta ley es que el sector privado «se va a inhibir de aumentar salarios y hasta de hacer nuevas contrataciones».

Resaltó que en Venezuela, «los contribuyentes especiales, que son la mayoría, deben hace más de 200 declaraciones al año, lo que se traduce en una declaración cada día hábil del año».

“Estos tributos impactan en más de 80% las utilidades de las empresas. Hay empresas que, aun teniendo pérdida, pagan sus tributos», acotó.