En las últimas horas, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, nombró a varios de los viceministros que la acompañarán en sus labores. Uno de los que más llamó la atención fue el de Diversidades, Juan Carlos Florián Silva, quien en el pasado fue actor de videos pornográficos para la comunidad LGBTI.

Florián no solo tiene videos en varias páginas de contenido sexual, sino que ha publicado varios archivos en su cuenta personal de X, los cuales pueden ser vistos actualmente por cualquier persona, incluso, por menores de edad, advierte la revista Semana.

En ellos sale masturbándose, mostrando sus partes íntimas con contenido sexual y haciendo otro tipo de contenidos para adultos sin ningún filtro. Los videos fueron publicados en abril de 2022, antes de que hiciera parte del gobierno Petro.

Florián Silva trabajó en la embajada de Colombia en Francia como multiplicador de ‘Colombia nos une’, en el consulado de París. “Vive desde hace más de siete años en Francia, donde ha continuado su militancia como defensor de derechos humanos y en donde pertenece a diferentes colectivos de inmigrantes”, reza en la descripción de las funciones que tenía bajo el liderazgo de la Cancillería.

Semana observó que varios de los videos que rondan en internet de contenido sexual fueron hechos en Francia. En algunos de ellos, viste la camiseta de la Selección de Fútbol de Colombia y tiene relaciones con hombres. Por ejemplo, una de las personas con las que tiene relaciones tiene la camiseta del Paris Saint Germain, el equipo característico de la capital francesa. Florián es calificado en estas plataformas de contenido para adultos como una “estrella francesa del porno gay”.

El actual viceministro de Diversidades se autodefine como “activista marica” y “peculiar”. Es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización en Redes de intervención pública de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. 

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Su trabajo siempre lo ha enfocado en la comunidad LGBTI, lo que lo ha llevado a ocupar cargos como funcionario público en administraciones cercanas al progresismo.

Con información de Semana

Ahora se suma a la diatriba la organización venezolana “Por la Familia”, contraria a los reclamos del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), que pidió este viernes ante el Ministerio de Educación eliminar los textos sobre Educación Sexual Integral (ESI), al considerar que estos están basados en una “ideología de género” y no en la ciencia.

Estuvieron acompañados también por padres y representantes de estudiantes que vocearon lemas como «con nuestros niños no te metas».

Padres y representantes hoy como ciudadanos nos abocamos al Ministerio de Educación y zonas educativas de todo el pais. #ConLosNiñosNo pic.twitter.com/weOCWZFRxN

La representante de la agrupación, Linda de Márquez, explicó ante periodistas, en Caracas, que fue entregada al Gobierno una petición para que “el programa de la ESI sea erradicado del sistema educativo”, una solicitud que, aseguró, cuenta con el respaldo de, al menos, unas 100.000 personas.

“Todo lo contenido en la bibliografía sobre ideología de género que también sea erradicado y estamos proponiendo un programa educativo que se llama ‘Aprendiendo a querer’, que aborda el tema de la sexualidad pero desde la biología y enfocado en valores ciudadanos”, sostuvo Linda de Márquez, acompañada por unas 50 personas, algunos de ellos líderes religiosos, refiere la agencia EFE, que estuvo en el sitio.

La manifestación que, según explicó, fue replicada en varios estados de Venezuela, está motivada por denuncias que “han comenzado a salir” sobre “lo que está pasando” en centros de enseñanza para niños y adolescentes relacionado con estos textos, si bien no explicó ningún caso concreto.

Sobre el programa de Educación Sexual Integral, considera que “no hay nada rescatable” y, por el contrario, “está diseñada para preparar sexualmente” a los niños, lo que hace a los infantes, advirtió, “presa fácil para la pedofilia”.

“Desde (la educación) maternal se les empieza a hablar (a los niños) de los distintos tipos de familia (…) que pueden ser dos mujeres, que pueden ser dos hombres con una niña (hija) o un hombre con una niña, pues consideramos que esto no son los tipos de familia que (deberían ser) enseñados a nuestros hijos”, remarcó.

En cambio, la organización promueve el programa “Aprendiendo a querer”, con el que, según la portavoz, han llegado a unas 500 escuelas en 12 de los 23 estados del país con una enseñanza “de acuerdo a su edad”, reseña EFE.

El grupo “Por la familia” está en contra de la despenalización del aborto en Venezuela, así como del matrimonio igualitario y el cambio de nombre legal para personas transgénero, reclamos que han movilizado al colectivo LGBTI en los últimos años, cuando se han quedado atrás en cuestión de derechos frente a varios países de la región.

Con información de EFE

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ de Venezuela, una organización no gubernamental creada en 2022 para documentar la discriminación que sufre el colectivo en el país, contabilizó 97 agresiones a personas LGBTI el año pasado, según un informe difundido este domingo.

La ONG “registró 97 casos de agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+, con mayor énfasis en los últimos seis meses del año”, entre las que destacan “acciones como humillar, gritar, ridiculizar, amenaza de muerte, acosar, golpear, herir y lesionar”, señala el escrito.

El observatorio remarcó que persiste “el no reconocimiento ni respeto a identidades de género”, así como el despido de sus trabajos a personas por ser abiertamente LGBTI y la “privación de medios económicos”, recoge la agencia EFE.

Se trata de 72 agresiones individuales y 25 contra colectivos, estos últimos vistos como ataques “que tienen como objetivo arremeter contra la población LGBTIQ+ en general o alguna de las comunidades que forman parte de ella”.

Según el análisis de datos de la ONG, 63 casos corresponden a incidentes de odio, 22 a discursos que promueven la intolerancia y 12 están relacionados a crímenes, en los que se incluyen 11 asesinatos, un número reportado antes por otras organizaciones y activistas.

En cuanto a los agresores, 20 casos involucran a representantes del Estado “que forman parte de la dinámica de discriminación por motivo de orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal, bien sean reales o percibidas”, siempre según el observatorio.

Además, en algunos casos -un número que la ONG no precisó- agentes de las fuerzas de seguridad han actuado en discriminación de las personas LGBTI.

“Esto representa una vulnerabilidad aún mayor, ya que los espacios públicos, las autoridades y las instituciones del Estado, que deberían ofrecer seguridad a las personas LGBTIQ+, terminan convirtiéndose en agresores”, subrayó la organización.

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ pone a disposición su cuenta en la red social Twitter (@ovlgbtiq), su mensajería y contactos telefónicos para que denuncien de algún tipo de agresión, acoso o discriminación de orientación sexual o identidad de género.

Si has sido víctima de algún tipo de agresión, acoso o discriminación por tu orientación sexual o identidad de género¡no estás solx!Reporta cualquier incidente con nosotros??WhatsApp/Telegram04242061493 у 04125750503.#NoMásDiscriminación pic.twitter.com/G7Fp1FwYmm

«La Sala Constitucional del máximo tribunal de la República anuló, a solicitud del Defensor del Pueblo, ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, por carecer de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar», indicó el TSJ en su portal web.

Con esta decisión el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anula  un polémico artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad dentro de la Fuerza Armada hasta con tres años de cárcel.

«La referida norma, cuya existencia fue cuestionada por organismos internacionales, imponía pena de 1 a tres 3 años de prisión, al militar que cometiera ‘actos sexuales contra natura’, sin definir qué debe entenderse por tales actos», añadió la nota.

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#17Mar Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló un artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas hasta con tres años de cárcel.¿Qué piensas al respecto? déjanos tu comentario?? pic.twitter.com/yD30vgFUEF

La máxima corte consideró además que «dicha interpretación, a la luz de las concepciones científicas, sociales y jurídicas actuales, no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales (…) por ser contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos».

Tras varias reformas, la más reciente en septiembre de 2021, el artículo 565 del Código de Justicia Militar se había mantenido inamovible, pese a pedidos de derogación de activistas ante el Parlamento, de mayoría oficialista.

La decisión de la máxima corte, sobre la que recaía declarar o no la inconstitucionalidad de este artículo, es considerada una «victoria» por miembros del movimiento LGBTI en Venezuela, un país eminentemente conservador.

«Después de tantos años de lucha hemos logrado la nulidad del artículo del código de justicia militar», dijo a la AFP el activista Leandro Viloria, uno de los promotores de la abolición del artículo que derivó en la expulsión de un número no precisado de oficiales.

Un militar expulsado tras descubrirse que era homosexual señaló a la AFP que la anulación del artículo le abre la posibilidad a pedir su reenganche dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

«Ahora es cuestión de evaluar si dada esa situación mi reenganche procede, al menos con esto desaparecerá el temor», señaló bajo anonimato.

Un primer grupo de personas transgénero, intersexuales y no binarias podrá cambiar su identidad en Venezuela, anunció este miércoles un colectivo de activistas LGBTI, que celebraron el resultado de su protesta encadenados durante una semana en una plaza de Caracas. 

Desde el 23 de noviembre miembros del movimiento LGBTI se encadenaron a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para reclamar que las personas transgénero en Venezuela puedan cambiar su identidad, como lo establece la Ley Orgánica de Registro Civil.

Tras cumplirse nueve días de la protesta, activistas fueron recibidos el martes por la Asamblea Nacional de mayoría chavista.

Luego del encuentro se acordó que «se va a garantizar la aplicación del artículo 146 de la Ley orgánica de Registro Civil que es el que prevé el cambio de nombre para todas las personas, incluido en ello las personas trans, intersexuales y no binarias», dijo a la AFP el activista Koddy Campos.

El próximo miércoles (7 de diciembre) «estarán siendo cambiados los nombres de diez activistas de la comunidad trans» y con ello, «generar el protocolo» para atender a esta comunidad, añadió.

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El artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, modificado en 2010, establece que «toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad».

Hasta el momento ninguna persona trans ha accedido a este derecho, pese a estar contemplado en la legislación vigente.

Paúl Martucci, miembro de la ONG Transcendiendo Fronteras y uno de los activistas que se encadenó, señaló que son varias las dificultades que afrontan las personas trans con sus documentos de identidad.

«Cuando te presentas en una entrevista laboral con tu imagen autopercibida y tu expresión de género te dicen que no te pueden dar el trabajo porque en tu cédula dice otro nombre, que no coincide con la persona que se está presentando», contó.

A los activistas de la comunidad LGTBI que se encadenaron la semana pasada a la afueras de las Defensoría del Pueblo, diputados de la Asamblea Nacional (AN) chavista les prometieron que intercederían para que, en los próximos días, se haga realidad el cambio legal del nombre para personas transgénero.

«Hoy podemos irnos felices porque ganamos una batalla», dijo Koddy Campos, uno de los activistas que se encadenó y que este martes protagonizó una marcha hasta la AN, donde los recibieron varios parlamentarios, entre ellos Iris Varela, quienes se comprometió a «obligar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir la Ley de Registro Civil que contempla el cambio de nombre por razones de género».

En la reunión también estuvieron los presidentes de las comisiones permanentes de Desarrollo Social y de Familia, Pedro Infante y Asia Villegas.

«En los próximos días vamos a tener unos nombres dignos ajustados a la forma en que vivimos», dijo la abogada del grupo Richelle Briceño.

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Los activistas anunciaron que, según este compromiso, el siete de diciembre, unas 10 personas de la comunidad irán al CNE a solicitar el cambio de nombre para que luego les gestionen una nueva Cédula de Identidad.

En vista del acuerdo, decidieron levantar la huelga y esperan que las instituciones implicadas cumplan con lo prometido.

Y aprovecharon para exigir la anulación del artículo de la Ley de la FAN que condena hasta con hasta tres años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles.

Además, criticaron «el silencio por parte de las instituciones públicas» en torno a las solicitudes que han hecho en varias ocasiones para que la AN apruebe el matrimonio entre miembros del mismo sexo.

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Las mal llamadas “terapias de conversión” son una realidad en Colombia a pesar de haber sido invisibilizadas e ignoradas, como un intento de “curar” a las personas del colectivo LGTBI a través de ritos, o incluso exorcismos.

Estas prácticas caen en un vacío legal que permite su perpetuidad pero que ahora buscan ilegalizar al considerarlas “tortura” en un intento por saldar la histórica deuda con la comunidad LGBTI. Hay varios casos que lo muestran.

Óscar se “curó”. En la Iglesia católica de Medellín a la que asistía conoció las “terapias restaurativas”, que no eran otra cosa que “heterosexualizar a las personas” desde la espiritualidad a través de unos cursos que pagó y que estaban insertados en una red internacional.

“Yo llegué a pensar que me estaba curando de una enfermedad, llegué a tener una novia con la que pensé en matrimonio”, relata Óscar, quien tras pasar él mismo por los cursos de “terapia” se convirtió en un líder de las iglesias de Medellín que realizaban este tipo de actividades.

Tras un “problema”, la iglesia lo apartó de su función, pero no fue hasta recientemente cuando Óscar se dio cuenta de que todo lo que pasó fue “un abuso desde lo espiritual y lo emocional”.

Danne salió del armario con su familia, que no supo cómo afrontar la noticia y decidieron buscar ayuda que “iba dirigida a tener que corregir, cambiar o transformar mi orientación sexual”, cuenta en una entrevista con la agencia de prensa Efe.

Su familia decidió acudir a una profesional de la salud que la derivó a estos esfuerzos por cambiarla en una iglesia donde, cuando tenía 16 años, acudió a un “retiro” donde le practicaron una especie de “exorcismos y ritos para limpiar, sacar o transformar eso que según ellos hacía que fuera homosexual”.

Para Danne, que ahora lidera la Fundación Gaat para apoyar y ayudar a la población trans, lo único que han conseguido todos estos esfuerzos es “generar afectaciones a nuestra salud física y mental, y romper nuestra relación interna con la familia”.

Similar fue el caso de Diego, criado en un contexto cristiano, que fue descubierto por su madre en casa con un chico al grito de “tengo un hijo marica”, tras lo que fue llevado a un psicólogo cristiano y a grupos de apoyo. Incluso estuvo seis meses en un centro de internamiento cristiano en Brasil.

Diego duró cinco años en estos intentos pensando que podría cambiar, luchando contra lo que era por su fuerte convicción cristiana.

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Violaciones correctivas, exorcismos, “retiros espirituales”, ritos y otras prácticas similares son algunos de los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o de Expresión de Género (Ecosigg), la forma adecuada de referirse a las popularmente conocidas como “terapias de conversión”.

En estos “retiros” o “talleres”, explican las víctimas, los obligaban a rezar bajo la premisa de que con fe se podrían “curar” o los dejaban sin comida o sin dormir si no admitían que ser homosexual estaba mal, entre otras vejaciones y violaciones.

Estas terapias “tienen muchísimas repercusiones físicas y psicológicas para las personas, muchas de las víctimas hablan de episodios de depresión, cuadros de ansiedad, incluso llegar a tener tendencias suicidas”, expone Andrés Forero, de la organización All Out, que ha liderado los esfuerzos de prohibición.

Uno de los pocos estudios hechos sobre la materia en Colombia arroja cifras preocupantes: una de cada cinco personas de la comunidad LGBTI han sufrido algún intento de “conversión”.

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El vacío legal que existe respecto a estas terapias es algo que espera cambiar el proyecto de ley presentado por el congresista Mauricio Toro y respaldado por la comunidad LGTB, un “avance histórico” que, no obstante, tiene que ir acompañado de “políticas públicas que busquen afirmar y celebrar a las personas LGTB”.

Lo que de Colombia “no es ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo, y es muy peligroso”, alerta Toro, quien explica que el proyecto busca “prohibir” las terapias de conversión y plantea sancionar a aquellos profesionales y no profesionales de la salud que sometan a personas a eso tratamientos con agravantes de tipo penal.

“Quienes caen en esos centros de terapia de conversión no llegan sabiendo lo que va a pasar, en su mayoría llegan haciéndole caso a sus familias porque no quieren que sufran como ellos están sufriendo, pero terminan allá, donde son torturados”, como en un centro que fue cerrado en Bogotá, donde encontraron a personas “amarradas, desnudas, a quienes les tiraban agua y les ponían electrochoques para que se volvieran heterosexuales”, lamenta el congresista.

Este es el caso de una Institución Prestadora de Salud (IPS) de Bogotá que trataba a pacientes con enfermedades mentales y consumo de drogas en la que el año pasado fue ingresado un joven que denunció ser víctima de acoso y maltrato.

Lo que generan habitualmente estos esfuerzos de conversión es que “muchas personas terminan teniendo que aceptar que se curaron de una enfermedad que no existe para evitar ese maltrato, pero salen completamente destrozados y afectados sicológicamente”, agrega.

“La estigmatización, el miedo y la angustia al desconocimiento” de las familias las empuja a “buscar ayuda”, y hasta ahí “es genuino”, dice el congresista de la bancada Verde, que fue el primero abiertamente gay del país.

“El problema es en manos de quién cae y cuál es la ayuda que les van a dar”, algo para lo que deberían existir mecanismos de terapia familiar que ayuden a la comprensión y la desmitificación.

Para esto, el proyecto deja claro que las Ecosieg son una forma de tortura que nada tiene que ver con las libertades religiosas, sino con los derechos humanos de aquellos que las sufren.

Una trabajadora sexual LGBTI de origen venezolano, fue asesinada en la población de Valledupar, en Colombia.

La víctima fue identificada como Tiffany. Su nombre con el cual fue registrado en un principio es José Landino Bracho de 22 años de edad.

Fuentes extraoficiales indican que Tiffany, trabajaba en el barrio La Granja de la ciudad de Valledupar y fue durante el fin de semana cuando sostuvo una discusión con un hombre que vestía una chaqueta color mostaza, de tez morena, quien llevaba consigo un cuchillo con el que hirió a Tiffany en el tórax.

Una vez que resulta herida, el victimario huye del lugar y conocidos de Tiffany la ayudan a llegar hasta una clínica de la localidad, donde muere minutos después de su ingreso.

Se pudo conocer que la Policía Nacional de Colombia tendría en sus manos unos videos de seguridad de los negocios aledaños, donde se puede apreciar el momento en que el hombre, quien aún no ha sido identificado, hiere mortalmente a la mujer trans venezolana.

La policía también habría entrevistado a las amigas de Tiffany, para tratar de establecer la identidad del atacante, con quien la mujer tuvo una fuerte discusión, previo al asesinato.

Debido a la situación con la diáspora venezolana, muchas mujeres y hombres dedicados a la prostitución, se han asentado en la frontera colombo venezolana, así como en Perú y Chile, para dedicarse al oficio más viejo del mundo y llevar algo de comer a sus hogares, ya que dicen que por no tener los papeles en regla, les es difícil conseguir un trabajo digno.

Otro detalle que ronda a la situación de la prostitución en la frontera es la cantidad de mujeres y niñas que son sometidas a ser esclavas sexuales, mientras buscan la forma de dejar ese mundo al cual han sido metidas a la fuerza.

Todo un revuelo en redes sociales ha sido la situación con la medallista olímpica Stefany Hernández. Después de la detención de dos guardias de seguridad, que supuestamente habrían agredido a la atleta, salieron a la luz pública unos videos que han generado controversia en la opinión pública nacional.

Aunado a esto, las esposas de los detenidos, Robert Alejandro Ordónez y Edgar José Antia, han desmentido publicxamente la versión ofrecida por Stefany Hernández.

En una entrevista con el medio de comunicación Caraota Digital Iraimys Granado y Andrea Merlo, esposas de Robert Ordóñez y Edgar Antia respectivamente, manifiestan que según las pruebas fílmicas y la versión ofrecida por sus esposos, ellos supuestamente nunca agredieron a la medallista olímpica. Por el contrario, dicen que fue la joven quien habría golpeado en el rostro a uno de ellos.

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Según Granado, la noche del incidente en el local Narciso Bar Club, ubicado en la urbanización Las Mercedes de Caracas, su esposo llega a su hogar con unos golpes en el rostro. La mujer lo increpa sobre el hecho y Ordóñez le comenta que supuestamente sacaron a un grupo de personas, algunos bajo los efectos del alcohol, ya que algunos clientes se quejaron.

«Al día siguiente él fue a trabajar, me avisó que había llegado pero que había policías en el local. Se lo llevaron detenido y desde entonces perdí comunicación con él», dijo Granado.

Andrea Merlo, esposa de Edgar Antia, dice que al oficial de seguridad lo llamaron al día siguiente a la policía para que declarara, pero termino preso.

«Él tenía que volver a declarar como testigo porque según hubo un error, pero me dijo que sería detenido y perdí la comunicación con mi esposo», según Merlo, su esposo tiene un problema cardiaco y no se había tomado el medicamento que tiene prescrito.

Al parecer, según la esposa, el hombre comenzó a presentar dolores de cabeza y en un brazo, situación que la ha preocupado.

Según las dos mujeres, el grupo con el que se encontraba la medallista habría molestado a algunos clientes. La información ofrecida por las esposas indica que los oficiales de seguridad aparentemente se acercaron a los amigos de Stefany Hernández para hacer advertencias, hasta que finalmente los desalojaron. Las allegadas de los detenidos dicen que una vez afuera del local es cuando se presenta la agresión física.

Según lo contado por la esposa de Ordóñez, durante el altercado el hombre busca a cubrirse y con su brazo -palabras de Granado- roza a la medallista.

Ambas mujeres dicen tener hijos con sus respectivas parejas. También indican que ellos son sostén de hogar. Ordóñez por su parte tiene tres hijos, los cuales no saben el paradero real de su padre.

Por otra parte, la esposa de Antia dice que tiene una bebé y ella actualmente está dedicada a su hija, por lo que el sustento del hogar lo lleva es Antia.

El retraso que sufre Venezuela en comparación de otros países es global. No solo en materia económica, también social y educativa. Incluso, se encuentra en la cola de Surámerica en materia de avances para la población LGBTI.

Venezuela mantiene la prohibición de la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans. Mucho menos existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.

En los últimos meses se ha notado un notable incremento en el odio, la discriminación, el rechazo y las burlas. Hasta los asesinatos.

Por esta razón, un grupo de organizaciones venezolanas que defienden los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales) salieron de nuevo a protestar este viernes en Caracas.

¿La razón? Exigirle al Estado el respeto a sus derechos, así como una respuesta ante los crímenes de odio y ola de asesinatos homofóbicos.

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El director general de la iniciativa de derechos humanos de la población LGBTI País Narrado, Dani Toro, explicó a Efe, desde la plaza Brión de Chacaíto en Caracas, que la protesta busca reivindicar los derechos de la población LGBTI, “que son bien pisoteados y golpeados en la Venezuela actual”.

Indicó que, durante este año, se han registrado al menos 12 crímenes de odio en contra de personas de la comunidad.

Estos crímenes se cometieron, especialmente entre junio y julio, que es cuando se realizan diversas celebraciones con motivo del Día del Orgullo (28 de junio).

“Le exigimos al Estado venezolano que responda, que garantice los derechos de toda la población. Particularmente de este grupo que hoy es muy vulnerable en Venezuela. Se debe poner en la palestra pública la situación de las personas LGBTI”, indicó.

Toro señaló que muchos de estos asesinatos están en proceso de investigación, aunque algunos han quedado “en el tintero”.

Insistió que se deben aclarar los términos legales. Aseveró que la ausencia de los derechos en Venezuela eso es muy notorio.

Por ello pidió que se estudien las leyes sobre el matrimonio igualitario, ley de identidad de género.

Reiteró que deben garantizar la protección legal que necesitan las personas en general y particularmente el colectivo LGBTI.

El pasado 2 de septiembre, la comunidad LGBTI exhortó a la Defensoría del Pueblo de Venezuela a reforzar su estructura en todo el país para que pongan soluciones a problemas actuales, como los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.

El coordinador en Caracas de la ONG Somos, Yendri Velásquez, aseguró que, mientras en otros países de la región se hicieron las “reivindicaciones necesarias”, en Venezuela “nos encontramos en un estancamiento estructural en lo social, político y económico”.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, exigió que no se normalicen «los crímenes de odio y el hostigamiento» contra los miembros de la comunidad LGBTI en el país. Lo hizo en referencia a los recientes asesinatos de integrantes de ese grupo. Hizo el reclamo porque ninguna autoridad se ha pronunciado.

«Somos un país vulnerable por el secuestro de las instituciones. Estamos en deuda con los que luchan por la igualdad y garantía de sus derechos», apuntó, en referencia al mes del orgullo gay.

En la misma tónica se pronunciaron otros dirigentes opositores. Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, en su cuenta en Twitter dijo que aboga por una sociedad de respeto y tolerancia. Sobre todo para que la orientación e identidad no sean motivos de discriminación.

«Los derechos son para todos. Hoy es un día para reconocer y apoyar la lucha por la igualdad de todas las personas», expresó Capriles.

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Asimismo, el exdiputado , Miguel Pizarro, señaló que durante años la comunidad LGTBI ha sido discriminada.

«A pesar de los avances a nivel mundial en materia del reconocimiento de los derechos de esta comunidad, hoy en día en Venezuela estamos muy lejos de vivirlos», dijo.

Agregó que Venezuela cuenta con una comunidad LGTBI con activistas y con aliados a esta causa que luchan constantemente para que sus derechos sean respetados y garantizados. «Ningún ser humano debe ser menospreciado o discriminado», sostuvo.

Venezuela está a la cola de Suramérica en materia de avances para la población LGTBI.

En el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans. No hay mecanismos para la protección de familias homoparentales.

Según datos recogidos por Transgender Europa, en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales en el mundo fueron asesinadas por prejuicios discriminatorios.

De estos, 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo con datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

ONG defensoras de DD.HH. también han hecho llamados a detener estos delitos que, por sus características, califican entre los crímenes de odio.

Un retén de la Guardia Nacional venezolana detiene el vehículo en el que viaja Alexa. Al ver que su documento dice Alexander, le piden bajarse para requisarla. «Me quisieron desnudar» por «morbo», recuerda, acostumbrada a pasar por episodios de transfobia.

«Me dijeron ‘bájate la pantaleta, porque necesitamos ver si llevas droga’, me hicieron quitarme el sostén», relata esta mujer trans de 33 años. «Me ultrajaron», comenta, aunque dice no haber sufrido «tanto» maltrato físico por ser «muy grande».

No es la primera vez que le pasa en una Venezuela conservadora, donde reina el rechazo -muchas veces solapado- hacia la comunidad LGBT+ y no existen leyes destinadas a garantizar sus derechos.

Alexa La Galana es el nombre que asumió hace 10 años cuando inició su transición. Recibió tratamiento hormonal y gracias a un programa de telerrealidad pudo hacerse la operación de cambio de género.

Tiene una cintura reducida, unos senos gigantescos y el cabello más abajo de los hombros. Vive en la peligrosa barriada del 23 de Enero y la «necesidad» la ha llevado a ser trabajadora sexual. Hasta ahora, celebra, no ha sido agredida físicamente.

Pero lidia con insultos, miradas y murmullos.

Sin embargo, «en un país tan violento como Venezuela, lo mejor es hacerse la loca y seguir caminando», sostiene.

Tiene razón: 2020 registró una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, siete veces mayor a la media mundial, según el Observatorio Venezolano de Violencia, referencia ante la falta de cifras oficiales.

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En el caso de la comunidad LGBT+, lo mismo: nada oficial. Solo hay data recopilada por oenegés, que dan cuenta de más de 100 personas asesinadas por su orientación sexual e identidad y expresión de género desde 2008, principalmente hombres homosexuales y personas trans.

La semana pasada una mujer trans fue asesinada y mutilada en un barrio de Caracas, bajo circunstancias que las autoridades aún no aclaran. Ni la fiscalía ni la alcaldía respondieron a los llamados de la AFP por una explicación de lo ocurrido.

Alberto Nieves, director de la Acción Ciudadana contra el sida (ACCSI), asegura que este tipo de conducta no es nueva.

Un informe que su organización, que registró 109 muertes violentas en la comunidad LGBT+ entre 2008 y 2017 (la data más reciente), da cuenta de asesinatos por disparos, apuñalamiento, estrangulamiento, mutilación genital, rostros desollados, golpes, columnas fracturadas. La mayoría de las víctimas son personas trans.

«En Caracas, por ejemplo, lanzaron a personas trans del piso 17 de un edificio en construcción y en Barinas [oeste] se consiguieron dos cadáveres que le cortaron la cabeza con un machete», cita Nieves.

Una decena de personas protestó el lunes por este crimen de una semana atrás. Esa misma noche mataron también a una pareja gay.

Los participantes llevaban cruces negras con nombres de las víctimas. Una pancarta resumía la cruel realidad: «Nos están matando ¡COÑO!».

Venezuela no tiene un procedimiento claro para cambiar la identidad. En 2017, la corte suprema admitió un recurso sobre el reconocimiento del derecho a cambiar de nombre y de género ante la ley, que hasta ahora permanece sin respuesta.

Como Alexa, Michelle Artiles ha tenido problemas con las autoridades por el mismo tema del documento.

«¿Qué tienes ahí entre las piernas», recuerda que le preguntó el policía, también en un retén. «Me pegaron a una pared y hubo un caso de abuso duro [fuerte] porque empezaron a toquetearme de pies a cabeza (…), ¿Para qué? Para nada porque terminé soltándole 10 dólares» al policía de soborno.

Michelle está consciente que no es fácil «transicionar» en este país y está lista para emigrar «adonde sea».

«Es muy complicado ser trans en Venezuela», afirma, «pero así me muera mañana tengo seguir con esto», dice a la AFP esta estudiante de Comunicación Social en un lujoso hotel de Caracas donde participa de un evento universitario.

Lleva un elegante traje gris con un blazer azul, zapatos negros de tacón, uñas largas pintadas de rosado y el cabello hasta los hombros.

La transición «fue un proceso complicado, duro», que arrancó con la pandemia, poco después de la muerte de su padre. Su madre aún tiene problemas en llamarla Michelle, hay gente que le quitó el habla y hasta le dio el pésame.

Quiere «romper estereotipos y decir ‘sí se puede'», aunque asegura que al conocer la muerte de la mujer trans sintió miedo.

«Esta es la primera vez que temo por mi vida», confiesa. «Con este tema fue: ‘es una mujer como yo, me pueden matar'».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió el asesinato de tres personas de la comunidad LGBTI en Venezuela. Pidió al Estado venezolano que investigue estos hechos ocurridos en menos de 24 horas, en el área metropolitana de Caracas, hace dos semanas.

La Comisión pidió que la investigación se haga «con debida diligencia». Y dijo que se debe tener en cuenta la orientación sexual e identidad de género de las víctimas a la hora de examinar los motivos del delito.

«La CIDH destaca que estos asesinatos ocurren en un contexto de discriminación y falta de protección para las personas LGBTI», publicó la Comisión en Twitter.

Denunció que estos hechos se dan también en medio de «la ausencia de reconocimiento legal y registral de la identidad de género de las personas trans y de género diverso».

La CIDH dijo tener información de que el crimen contra la mujer «se cometió con particulares niveles de ensañamiento y crueldad».

Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, asesinaron 3.664 personas transexuales en todo el mundo. Lo hicieron por prejuicios discriminatorios.

De estos asesinatos 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo con datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

Venezuela está rezagada en Suramérica en materia de avances para la población LGBTI. En el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans. Tampoco existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.

Luego de ocurridos los asesinatos, ONG defensoras de DD.HH. repudiaron los hechos. Pero, fueron más allá, pues alertaron que los mismos se pueden configurar como crímenes de odio, sutuación que calificaron de peligrosa.

ONG como Provea y Venezuela Diversa, lamentaron lo sucedido e igualmente llamaron la atención acerca del silencio de las autoridades al respecto.

Exigieron que «le caiga el peso de la ley a los responsables» de estos crímenes.

Un crimen de odio es cualquier delito motivado por un sesgo o un prejuicio respecto a la membresía o pertenencia de la víctima a un grupo específico. Puede ser raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa.

Los crímenes de odio tienen como objetivo inducir miedo y causar daños psicológicos y/o físicos a estas personas.

En ocasiones, los crímenes de odio van acompañados de un discurso de odio. Pero este tipo de lenguaje no siempre es un crimen de odio en sí mismo, aclara la publicación Victimconect.org.

Los asesinatos ocurrieron en el municipio Barura. Identificaron a las víctimas como Ronnie Rafael Ramírez Tinedo, (32), y Carlos Eduardo LaPlace, (45). Ambos eran pareja y los apuñalaron dentro de su vivienda.

El otro crimen tuvo lugar en el sector El Pozo del barrio Santa Cruz del Este. A una mujer trans que se dedicaba a vender verduras la mataron y la descuartizaron. La crueldad del hecho hace presumir que se trata de un crimen de odio.

Se conoció que  a Andrés Rondón, de 33 años, la molestaban y le hacían comentarios inapropiados por su condición.

La #CIDH urge al Estado de #Venezuela a investigar con debida diligencia, abriendo líneas que consideren la orientación sexual e identidad de género de las víctimas como motivaciones del delito, y adoptando medidas para prevenir la violencia contra personas #LGBTI. 3

Este lunes, diversas organizaciones y ciudadanos elevaron su voz al protestar contra los asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI la semana pasada.

Denominaron estos hechos violentos como “crímenes de odio”, en los que fueron víctimas una mujer trans y una pareja homosexual.

Estos tres asesinatos que consternaron a los venezolanos se produjeron en el área metropolitana.

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«Estamos aquí protestando por la serie de asesinatos que han sucedido en (municipio) Baruta, pero que no son exclusivos de este municipio. Es un flagelo que padecemos en todo el país», dijo Quiteria Franco, miembro de la ONG Unión Afirmativa.

En las pancartas que llevaban los manifestantes, podía leerse «no más odio» y «nos están matando».

Franco aseveró que constantemente reciben insultos, rechazos, expulsiones por ser homosexuales.

Asimismo, pidió a las autoridades venezolanas «prevención de la discriminación que padecemos la población LGBTI».

En la manifestación, había aproximadamente 25 personas con cruces negras con nombres y edades de víctimas de otros crímenes que consideran fruto de la LGBTIfotbia.

En la actividad entregaron un comunicado en el que describían los asesinatos homofóbicos y transfóbicos como la expresión más grave de violencia.

Destacó que sin duda son crímenes de discriminación que sufren las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

Destacó que en el país la segregación y exclusión se han convertido en una política de Estado.

En el mismo, apuntan a que la mayoría de asesinatos son cometidos contra jóvenes de edades entre «14 a 35 años».

Señalan que el mayor número de víctimas son personas trans, seguido de hombres homosexuales.

De acuerdo con datos de Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales fueron asesinadas en todo el mundo por prejuicios discriminatorios.

De los cuales, 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdo con datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

Venezuela está rezagada en Suramérica en materia de avances para la población LGBTI.

En el país está prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo.

Tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans.

 No existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.

El asesinato de tres miembros de la comunidad LGBTI, en las últimas horas, generó una ola de indignación en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos alertan que, de esta forma, se configuran en el país los crímenes de odio. Las ONG exigen que se aplique «todo el peso de la ley» sobre los responsables d estos delitos.

«En menos de 48 horas tres personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron brutalmente asesinadas en Caracas, Venezuela, durante el mes del orgullo gay», escribió la ONG Provea en Twitter.

Provea detalló que «una mujer trans fue descuartizada». «El Ministerio Público guarda silencio. Las Autoridades no condenan estos crímenes ni actúan para evitar más muertes», agregó.

«¡Nos están matando!», le siguió también en Twitter la ONG Venezuela Diversa, tras informar que los otros dos asesinatos corresponden a dos hombres.

Por su parte, la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) alertó sobre la profundización de los crímenes de odio en el país.

ACCSI, tiene 34 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y LGBTI. Exigió al Estado venezolano iniciar averiguaciones y «aplicar todo el peso de las leyes» a los responsables.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado acerca de los crímenes.

«Necesitamos instituciones y funcionarios que garanticen los derechos humanos de todos los venezoanos, sin discriminación», subrayó Venezuela Diversa en Twitter.

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Luego de las denuncias, la etiqueta «No más crímenes de odio» se posicionó en Venezuela para reivindicar el fin de la violencia contra la comunidad LGBTI.

Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales en el mundo fueron asesinadas por prejuicios discriminatorios, de los que 126 se produjeron en Venezuela.

Venezuela está rezagada en Suramérica en materia de avances para la población LGBTI, toda vez que en el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales, recordó la agencia Efe.

Un crimen de odio es cualquier delito motivado por un sesgo o un prejuicio respecto a la membresía o pertenencia de la víctima a un grupo específico. Puede ser raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa.

Los crímenes de odio tienen como objetivo inducir miedo y causar daños psicológicos y/o físicos a estas personas.

En ocasiones, los crímenes de odio van acompañados de un discurso de odio. Pero este tipo de lenguaje no siempre es un crimen de odio en sí mismo, aclara la publicación Victimconect.org.

Se puede ser víctima de un crimen de odio si: El discurso de odio se realiza antes, durante o después de la comisión del delito

Hay símbolos de odio presentes, potencialmente en la ropa del perpetrador o en sus bienes personales, o dejado en la escena del crimen.

Sus lesiones son demasiado sanguinarias o superan las lesiones habituales de este tipo de delito. Se se causan daños infundados a objetos de importancia cultural o religiosa. También si el perpetrador ha cometido actos similares anteriormente.

Igualmente, si el delito ocurre en una fecha relevante en su calendario o el del perpetrador, como un día religioso.

Las personas LGBTIQ+ tienen derechos Las personas LGBTIQ+ tienen derechos Las personas LGBTIQ+ tienen derechos Las personas LGBTIQ+ tienen derechos #NoMásCrímenesDeOdio pic.twitter.com/A8J3jU1jVX

Exigimos a las autoridades locales se pronuncien ante estos delitos de odio @AlcaldiaBaruta @darwingonzalezp#NoMasCrimenesDeOdio pic.twitter.com/enhrQm431m

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presumió el miércoles de estar formando un gobierno de «rompedores de barreras» históricas. Al nombrar como secretario de Transportes a Pete Buttigieg, primer integrante abiertamente homosexual de un gabinete presidencial en la historia del país.

Joe Biden, quien sucederá a Donald Trump el 20 de enero, recordó que Bill Clinton ya designó a la primera mujer al frente de la diplomacia de Estados Unidos (Madeleine Albright), mientras que Barack Obama nombró al primer afroestadounidense a la cabeza del Departamento de Justicia (Eric Holder).

«Pero en comparación con todos los precedentes, el equipo Biden/Harris se distingue gracias a todas las primeras veces que representa», insistió.

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«Tenemos un gabinete de rompedores de barreras, un gabinete de pioneros», subrayó Biden desde su feudo de Wilmington, en Delaware, subrayando los ocho «nombramientos sin precedentes» que ya ha realizado.

«Y hoy, el noveno, el primer nominado abiertamente homosexual para dirigir un Departamento», añadió precisando que Pete Buttigieg, de 38 años, será también uno de los secretarios más jóvenes de la historia del país.

«El gobierno Biden/Harris se parecerá a Estados Unidos», añadió el presidente electo, de 78 años.

Kamala Harris se convertirá el 20 de enero en la primera mujer en hacerse con la vicepresidencia de la primera potencia mundial. 

Y, de ser confirmado por el Senado, el general retirado Lloyd Austin será el primer afroestadounidense en dirigir el Pentágono.

Asimismo, Katherine Tai, una abogada especializada en cuestiones de libre comercio, se convertirá en la primera estadounidense de origen asiático en acceder al influyente puesto de Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y Janet Yellen en la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro.  

Con información de AFP.