Durante el año 2025, la ONG Espacio Público documentó 123 casos que se traducen en 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, lo que representa una reducción del 60% y 62% con respecto al 2024. 

Estas cifras forman parte del informe del 2025 presentado por la organización, que advierte que la “reconfiguración forzada del poder en Venezuela —ante la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada— no ha funcionado como un catalizador para la restitución de las garantías democráticas”.

 “El derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. En tal sentido, el relevo en la jerarquía del poder político no implicó el desmantelamiento de la estructura represiva, ni el cese de las políticas de hostigamiento”, alertó la ONG.

En este contexto, los anuncios realizados a principios de enero por Jorge Rodríguez, sobre la liberación de personas detenidas, sumado a la posterior aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Legislativo, generaron una expectativa de apertura que se materializó parcialmente con la excarcelación de varios periodistas y ciudadanía que permanecía bajo custodia arbitraria. 

Sin embargo, estas medidas no están orientadas a atacar la raíz del problema, puesto que no buscan el cese definitivo de la persecución judicial.

Por otro lado, la reciente designación de Enrique Quintana Sifontes como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha supuesto un viraje en la política de restricciones arbitrarias que define al ente regulador. 

La nueva gestión ha mantenido los bloqueos discrecionales contra portales informativos, organizaciones de derechos humanos y redes sociales como X. 

La permanencia de estas barreras técnicas y administrativas, ejecutadas sin el debido proceso ni transparencia institucional, reduce cualquier expectativa de apertura democrática en el ámbito comunicacional; lejos de una flexibilización, la persistencia de estas medidas confirma que el control del ciberespacio sigue siendo una política de Estado para la administración actual.

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Durante los primeros 4 meses del año, la ONG registró un total de 38 casos, que se traducen en 91 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. 

Estas cifras constituyen una disminución del 36% con relación al total de casos y del 16% con respecto al número total de violaciones documentadas durante el mismo periodo del 2025. 

Esta variación da cuenta de una leve desaceleración con respecto a los patrones de criminalización del derecho en Venezuela, sin embargo, también demuestra que no existen condiciones que garanticen el derecho a recibir y difundir información.

Durante los últimos años, la labor periodística en Venezuela ha sufrido una estigmatización sistemática impulsada por el discurso oficial y materializada en violencia física, detenciones arbitrarias e impedimentos de cobertura. 

Esta política de intimidación constante no solo busca silenciar, sino también enviar un mensaje ejemplarizante al resto del gremio, consolidando un entorno hostil, de censura y limitaciones al ejercicio de la labor periodística. 

Pese a que desde el poder estatal se ha intentado proyectar una narrativa de reconciliación y apertura hacia un escenario menos restrictivo, la práctica no ha sido coherente con este discurso.

 Las detenciones de trabajadores de la prensa y de ciudadanos particulares no han cesado; se mantienen como una herramienta de control a través del uso conveniente y arbitrario de la fuerza y de la justicia que además de castigar, funciona como un mecanismo de disciplinamiento social. En este periodo al menos 29 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 15 periodistas, 7 particulares, 6 camarógrafos y 1 reportero gráfico. La mayoría fueron detenciones de corta duración. 

Registramos un total de 68 víctimas, donde el grueso de las agresiones recayó directamente sobre los trabajadores de la prensa, con 34 periodistas y reporteros afectados, seguidos por 14 particulares y 8 medios de comunicación. También fueron blanco de ataques el personal técnico, fotógrafos e incluso trabajadores públicos, lo que demuestra que el cerco informativo es amplio y no discrimina funciones.

De los 37 victimarios registrados en este periodo, los cuerpos de seguridad encabezan la lista con 27 responsables, seguidos por 12 instituciones del Estado y 3 funcionarios que actuaron de forma directa. Esto significa que el aparato público, en lugar de garantizar la protección de los ciudadanos y la prensa, es el principal agente hostigador. El resto de las agresiones se reparten entre victimarios desconocidos, atacantes informáticos y simpatizantes del oficialismo.

Con respecto a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, Caracas ocupa el primer lugar en la lista, acumulando el 33% de las situaciones. Seguido por Táchira (11%), Mérida (8%) y Miranda (8%). 

El 22% de las situaciones registradas tuvieron lugar en el plano virtual, esto incluye bloqueo de páginas web, fallas en los servicios de internet o electricidad o detenciones por la difusión de opiniones o informaciones a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. 

Con información de Espacio Público.

En lo que va del año, la ONG Espacio Público hizo un balance de las violaciones a la libertad de expresión y documentó 75 violaciones a este derecho en el primer trimestre del 2026.

Se trata de 30 casos de diversas violaciones a la libertad de expresión y 27 detenciones, lo cual “evidencia que la persecución contra periodistas y medios de comunicación continúa pese al proceso de amnistía en curso”.

Solo en marzo, la ONG registró que las principales víctimas fueron periodistas, reporteros, medios de comunicación y ciudadanos, mientras que entre los victimarios figuran instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios.

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Marzo dejó además un saldo trágico: dos periodistas fueron hallados sin vida. El 3 de marzo, el comunicador Walter Alexander Jaimes fue encontrado muerto en la carretera La Variante de Mérida, luego de salir a cubrir una pauta el 28 de febrero y no regresar.

El 10 de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua informó que la comunicadora Yolimar Hidalgo fue hallada sin vida en su vivienda en el estado Aragua. Hidalgo era madre de tres hijos y se dedicaba a cubrir actividades políticas del gobierno regional y nacional.

Espacio Público exigió al Estado venezolano que lleve a cabo las investigaciones pertinentes, identifique a los responsables y garantice un juicio conforme a la ley para evitar la impunidad.

Las violaciones a la libertad de expresión se extendieron a otros frentes. 

El 13 de marzo, organizaciones de derechos humanos, estudiantes y miembros de la sociedad civil se presentaron en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el levantamiento de bloqueos a más de 200 dominios restringidos en Venezuela, en su mayoría páginas web de noticias, redes privadas virtuales (VPN) y redes sociales, incluida X.

El documento fue recibido, pero los representantes no fueron atendidos por el director del organismo. «No habrá democracia en Venezuela sin libertad de internet porque ahí es donde la gente se comunica e informa», advirtió Andrés Azpúrua, director de VeSinFiltro.

El 1 de marzo, personas no identificadas robaron en la sede de Radio Fe y Alegría 94.3 FM en San Juan de los Morros, estado Guárico, llevándose tuberías de cobre y dejando la emisora sin aire acondicionado.

El informe señala que la implementación de la Ley de Amnistía, vigente desde el 26 de febrero de 2026, ha presentado irregularidades graves: extorsiones a familiares y una aplicación selectiva en la que unas personas han sido beneficiadas y otras no. Según datos oficiales de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley, al 24 de marzo se habían recibido 11.432 solicitudes válidas, de las cuales 8.082 personas fueron beneficiadas con libertades plenas.

En el caso de la prensa, al menos 15 trabajadores aguardan respuesta a sus solicitudes de amnistía. Otros casos fueron declarados improcedentes, manteniendo a periodistas excarcelados bajo medidas cautelares y con procesos abiertos. 

El periodista Carlos Julio Rojas denunció públicamente el retraso en la tramitación de su caso: «¡Ya se cumplieron más de los 15 días que estipula la ley!», escribió el 16 de marzo.

Con información de Espacio Público.

Venezuela evaluará denuncias de violaciones a la libertad de expresión a través de mesas de trabajo que se instalarán el próximo viernes junto a representantes de medios de comunicación, informó hoy el coordinador del Programa para la Convivencia y la Paz, Ernesto Villegas.

 Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

La instalación de mesas de trabajo será el próximo 20 de marzo,   y se abordarán asuntos relacionados con «algún tipo de violación a la libertad de expresión, al derecho a informar», declaró Villegas al término de la reunión.

«Iremos, con mesas de trabajo, analizando las complejidades de la comunicación social y sus desafíos en la Venezuela actual», apuntó el también ministro de Cultura.

A la reunión también acudieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

 El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró de forma positiva la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.

 «Prefiero quedarme con el consenso, no firmado todavía, de que en este país nunca más pueda haber periodistas detenidos o de que hace falta medios independientes que sean realmente libres», declaró Ruiz a EFE.

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En este sentido, subrayó que en 2026 Venezuela llegó a registrar 38 periodistas detenidos, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, de acuerdo al sindicato.

Mencionó que hubo una serie de normas, como la ley contra el odio —en vigor desde 2017 y que establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio»—, que son las que a su juicio «dieron sustento a una violación masiva a los derechos humanos».

Más temprano, una veintena de activistas y periodistas exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada» en el país, donde denuncian hay más de 200 dominios bloqueados por las autoridades.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido el martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 7,02 puntos de un total de 100 posibles.

Con información de Efe

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el martes de un deterioro "de alcance dramático" de la libertad de expresión y prensa en América en el último año, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias y exilios en varios países, según barómetro regional.

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

República Dominicana ocupa el primer lugar del índice y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en Venezuela.

Le siguen Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá, países con bajas restricciones durante el periodo analizado, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

Para los autores del informe, "se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región" debido a la violencia ejercida y la impunidad agravada en "México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela".

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El deterioro no discrimina entre ideologías y "las libertades de prensa y expresión no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política" que caracterizan a la región en los últimos años, según el informe.

Los países peor evaluados tienen "presidencialismos autoritarios" y, en ellos, el entorno contrario a esas libertades suele estar vinculado al poder ejecutivo, aseguran los autores del trabajo.

Identifican asimismo patrones comunes en los métodos para silenciar al periodismo independiente: criminalización desde los poderes del Estado; estigmatización pública de periodistas, acompañada a veces de agresiones de grupos de choque; presión financiera sobre medios críticos; leyes que penalizan a quienes critican a los jerarcas, y ausencia de mecanismos eficaces de protección frente a la violencia de grupos criminales.

El índice señala el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de prensa "experimentaron un deterioro significativo" tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El país cayó del cuarto puesto de la edición anterior -en la categoría con "baja restricción" a esos derechos— al 11.º puesto ("con restricción", como Argentina), en un año marcado por "una estigmatización de los espacios de periodismo crítico, por parte del propio presidente Trump y voceros importantes de su administración".

El despido de más de 500 empleados de la Voz de América, el servicio internacional de radiodifusión financiado por el gobierno estadounidense, y las 170 agresiones sufridas por periodistas durante coberturas, son ejemplos de ese deterioro para la SIP.

Con información de AFP

Los legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos anunciaron que presentarán un proyecto de ley para «proteger la libertad de expresión», que consideran amenazada por Donald Trump y su gobierno, especialmente tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

 El asesinato de Charlie Kirk es una «tragedia nacional» tras la cual Donald Trump debería haberse esforzado por «unir al país» y no «explotarla para destruir a la oposición política», acusó el senador Chris Murphy en una conferencia de prensa en el Congreso en Washington.

Murphy citó como ejemplo la suspensión por parte de la cadena ABC del programa del comediante Jimmy Kimmel, un feroz crítico de Trump, tras afirmar que el movimiento de Trump MAGA (Make America Great Again de Trump, ndlr) buscaba explotar políticamente el asesinato de Kirk.

«Esto es censura. Un control estatal de la palabra. Esto no es América», se indignó el senador Murphy.

El proyecto de ley busca «crear una protección específica para aquellos que son atacados por razones políticas», explicó, mencionando sin detallar «consecuencias reales para los funcionarios gubernamentales que usen su poder para atacar la libertad de expresión».

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El senador Alex Padilla enumeró hechos recientes que considera preocupantes, como las críticas de Trump a un periodista que le preguntaba sobre su familia, y las demandas contra el New York Times y el Wall Street Journal «por publicar artículos que no le gustan».

Este texto tiene como objetivo «proteger iglesias, asociaciones, periódicos, universidades, estudiantes, trabajadores, de cualquier presidente que ataque a sus opositores políticos», detalló el representante Greg Casar.

Las recientes declaraciones de la ministra de Justicia, Pam Bondi, quien distinguió entre «libertad de expresión» y «discurso de odio» reprochable, han causado indignación incluso entre los conservadores.

«La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia y este gobierno intenta sofocarla. Ni siquiera quieren que la gente se exprese cuando no les gusta lo que dicen. Esto es el camino hacia la autocracia», alertó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Con información de AFP

“Durante el primer semestre del año 2025, se mantuvo una política sistemática de represión contra la libertad de expresión en Venezuela, evidenciando la continuidad de un modelo autoritario que busca controlar la narrativa pública, silenciar la crítica y restringir el acceso a información independiente”.

Así lo alertó la ONG Un Mundo sin Mordaza, en su informe del primer semestre del 2025, donde destaca que “las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo sirvieron de catalizador para una nueva oleada de detenciones, bloqueos informativos y agresiones a periodistas y ciudadanos”.

Agrega en el informe que “el contexto postelectoral ha sido especialmente delicado, con un recrudecimiento de los mecanismos de censura y criminalización de la disidencia”.

 Destaca el documento que la represión ya no opera únicamente mediante cierres de medios, detenciones o amenazas públicas. “El control informativo en Venezuela se ha transformado en un sistema de vigilancia, castigo indirecto y censura digital, que busca desmovilizar a periodistas, ciudadanos y voces críticas sin generar escándalo internacional”.

“Este panorama no solo evidencia una política de Estado orientada a la represión sistemática, sino que también muestra cómo se ha perfeccionado un modelo mixto de censura, en el que convergen métodos tradicionales —como el cierre de medios— con nuevas herramientas tecnológicas y judiciales”, señala el informe.

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En concreto, la ONG denuncia:

* 24 casos de hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos* 61 actos de censura digital* 148 detenciones arbitrarias en total.* 70 detenidos en vísperas de las elecciones legislativas del 25 de mayo de 2025.* 58 personas detenidas por analizar o difundir información económica independiente.* 4 casos de medios de comunicación tradicionales cerrados o con equipos confiscados, en su mayoría radios comunitarias del interior.*Filtraciones masivas de datos:*3,2 millones de usuarios de Movistar Venezuela afectados por una fuga de información personal (abril 2025).* Filtración de la base de datos del SAIME, con información biométrica, direcciones, fotos y registros migratorios.

  Igualmente, resalta que “las cifras dan cuenta de una estrategia de represión estatal sostenida, aplicada a través de una red institucional y paraestatal que opera en todo el territorio nacional”.

Detenciones arbitrarias

Asimismo, denuncia que “las detenciones arbitrarias continúan siendo el mecanismo principal de represión”.

“En este semestre se registraron 148 detenciones, muchas de ellas en el marco de acusaciones infundadas por terrorismo o conspiración, particularmente durante el período electoral de mayo. Entre los detenidos se encuentran activistas políticos, periodistas, líderes comunitarios, ciudadanos comunes e incluso economistas”.

 También se documentaron “desapariciones forzadas de corta duración, empleadas para sembrar temor y desarticular protestas o expresiones críticas”.

La seccional  del Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció que actualmente,  “la libertad de prensa en Venezuela está en crisis”.

A través de sus redes sociales, el gremio informó que ha documentado 88 incidentes contra medios y comunicadores sociales, entre enero y agosto de 2025, que ponen en evidencia la existencia de  un patrón de agresiones sistemáticas para coartar la libertad de expresión y de trabajo de los medios y periodistas.

El reporte da cuenta del impedimento de la cobertura (26) de hechos y el hostigamiento (16) al trabajo de los comunicadores.

Además, en ese lapso se suman 8 casos de amenazas y 11  detenciones arbitrarias a lo que se suman robos de quipos, cierres de medios, deportación de corresponsables extranjeros, borrado de materiales y actos vandálicos contra la sede del CNP.

Al respecto, el secretario general del CNP-DC, Edgar Cárdenas, calificó la situación de «crítica y alarmante». «Este reporte no es una simple lista de números; es el retrato de una realidad dolorosa. Cada cifra representa un ataque a la verdad y un intento de amordazar a quienes buscan informar a la sociedad», afirmó.

  El CNP exige el cese inmediato de las agresiones, la liberación de los 18 comunicadores presos: Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Carlos Marcano, Juan Pablo Guanipa, Mario Chávez, Juan Alvarado, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Rory Branker, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Julio Cesar Balza, Ángel Godoy, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Víctor Ugas, Gabriel González y Luis López, además de respeto a la labor periodística como pilar fundamental de cualquier sociedad democrática.

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📰 88 AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS EN 8 MESESEl Colegio Nacional de Periodistas informó que entre enero y agosto de 2025 se registraron 88 agresiones contra periodistas y medios de comunicación."Cada agresión es un ataque a la verdad", dijo el @CNPCaracas pic.twitter.com/p0nlPir3Ei

No es un consuelo, pero en Venezuela se registraron 93 violaciones a la libertad de expresión en el primer trimestre del año, una disminución del 7,9 % respecto al mismo período de 2024, cuando hubo 101.

Esto según datos de la organización no gubernamental Espacio Público.

La ONG difundió este lunes el informe correspondiente a marzo pasado, cuando hubo, señaló, 13 violaciones del derecho a la libertad de expresión, igual número que febrero, mientras que en enero se documentaron 67.

#BoletínMarzoEP | Un total de 13 violaciones a la #LibertadDeExpresión registramos en el mes de marzo que se tradujeron en 5 actos de censura, 3 hostigamiento judicial, 2 detenciones, 2 restricciones administrativa y 1 intimidación | #7abr https://t.co/jcLxrKbWlM

Del total el pasado mes, cinco fueron actos de censura, tres de hostigamiento judicial y dos detenciones, aseguró.

Entre las víctimas, Espacio Público indicó que hubo tres trabajadores de la prensa, dos medios de comunicación y dos sitios web, y entre los victimarios, la organización señaló a seis instituciones del Estado y tres cuerpos de seguridad.

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Espacio Público recordó que en 2024 hubo 619 violaciones a la libertad de expresión, un incremento del 61 % respecto a 2023, cuando se registraron 384.

La ONG advirtió que las “restricciones a los derechos civiles y políticos se agudizaron en el marco de un proceso electoral de alta relevancia para el destino del país”, en alusión a las presidenciales de julio de 2024.

En medio de la censura y la persecución, periodistas venezolanos han transformado el exilio en una trinchera para la verdad.

A través de plataformas digitales y redes transnacionales, mantienen vivo el derecho a la información, desafiando fronteras.

Este es un testimonio de valentía y resistencia, donde la voz del periodismo libre no se apaga, sino que resurge con más fuerza desde el exterior.

Vea nuestra nota especial elaborada por Génesis Pérez.

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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su primera conferencia de prensa tras las elecciones de noviembre «enderezar» a la prensa «corrupta» de su país, en una actitud que genera preocupación entre los defensores de la libertad de expresión.

El magnate republicano de 78 años, que asumirá el cargo el 20 de enero, tendrá que acudir primero a los tribunales, con una avalancha sin precedentes de demandas por diversos motivos, incluida por difamación.

Ya antes de asumir el cargo, esbozó sus primeros esfuerzos para moldear a la prensa a su favor, eligiendo a allegados leales para comandar medios financiados con fondos públicos y lanzando demandas sin precedentes contra periódicos y encuestadores.

Para observadores y analistas, estas son señales de una escalada de tácticas de intimidación y censura.

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El lunes de esta semana, el magnate republicano demandó a la encuestadora Ann Selzer, al periódico Des Moines Register y a su empresa matriz Gannett por una encuesta preelectoral que, equivocadamente, el día de los comicios, lo situaba en desventaja en el estado de Iowa (región Medio Oeste).

Esa demanda se produjo después de que la cadena televisiva ABC aceptara pagar 15 millones de dólares, más los honorarios legales, para resolver una demanda por difamación luego de que uno de sus periodistas dijera repetidamente que Trump había sido declarado culpable de «violación», cuando de hecho había sido responsabilizado por abuso sexual.

Varios expertos legales argumentaron que el medio probablemente habría prevalecido en los tribunales contra Trump.

El personal de ABC se quejó ante otros medios estadounidenses de que el canal estaba sentando un precedente de que la prensa debe someterse a Trump, una señal potencialmente preocupante, pues la televisora no es la única que ha sido demandada.

Los abogados de Trump también pusieron en su mira al famoso periodista de investigación, Bob Woodward, por publicar entrevistas grabadas con el presidente. Trump sostiene que Woodward -quien desveló el escándalo Watergate que hizo caer a Richard Nixon en 1974- estaba autorizado a grabarlas con fines periodísticos, pero no a difundir los audios.

La CBS, por su parte, fue demandada después de que Trump afirmara que esa cadena editó una entrevista con su rival electoral Kamala Harris de forma de favorecerla.

Trump calificó el proceder de «un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024».

El experto en asuntos de libertad de expresión Charles Tobin, hablando con la CNN, calificó la demanda de «peligrosa y frívola».

Incluso aunque Trump pierda en la justicia, su disposición a iniciar demandas «crea un efecto paralizante», declaró a la AFP Melissa Camacho, profesora de Comunicación de la Universidad Estatal de San Francisco.

«Lo que ocurre es que los medios de comunicación empiezan a practicar la autocensura», opinó.

Khadijah Costley White, profesora adjunta de periodismo y estudios de medios de comunicación en la Universidad Rutgers, sostuvo que las demandas también podrían presionar hacia una cobertura de prensa más favorable al presidente.

«Si obtiene una concesión como la que tuvo con el reciente acuerdo con ABC News, conseguirá que sus supuestos adversarios den marcha atrás o asustar a la prensa para que solo haga coberturas en su favor. Todas esas son victorias», explicó.

También hay formas no procesales en las que Trump puede luchar contra la prensa.

Durante su primer mandato (2017-2021), su gobierno llegó a pasar más de 300 días sin dar una rueda de prensa oficial a cargo del secretario de prensa de la Casa Blanca.

Incluso si la Casa Blanca de Trump celebrara las conferencias de prensa diarias, podría deshacerse de los asientos reservados para los medios tradicionales.

«Que sea el primero en llegar, el primero en ser atendido. No hay ninguna razón para que a estos grupos de izquierda se les garantice un asiento», escribió el ex secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer en una reciente nota de opinión para el periódico conservador The Washington Times.

Esos supuestos grupos «de izquierda» son las cadenas NBC, CBS, CNN y los diarios The New York Times y The Washington Post, medios que a veces se consideran de tendencia liberal y están entre los más respetados del país.

La ironía es que, incluso si su gobierno bloquea a los medios tradicionales, el propio Trump, que tiene inclinación por dialogar con periodistas, podría seguir hablando con ellos aún más que el presidente saliente, el demócrata Joe Biden, que en gran medida evitó entrevistas con los medios nacionales.

Medios que trabajan fuera de Estados Unidos también pueden esperar cambios.

Trump eligió a Kari Lake, de la línea dura de la campaña electoral, como nueva directora de la Voz de América, una red de alcance mundial y programación en diversos idiomas africanos, asiáticos y europeos.

Según Trump, Lake ayudará a «garantizar que los valores estadounidenses de libertad y autonomía se transmitan por todo el mundo de manera JUSTA y PRECISA, a diferencia de las mentiras difundidas por los medios de noticias falsas».

Recientemente, el presidente Nicolás Maduro denunció que las redes sociales han sido usadas para difundir mensajes de odio entre la población venezolana, a propósito de la situación generada tras los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Por ello, el abogado Óscar Bohórquez Hurtado, hace una serie de recomendaciones y presenta una especie de guía legal para que los ciudadanos sepan qué es delito y qué no, según las leyes venezolanas, en relación con la libertad de expresión y el uso de las RR.SS.

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A continuación reproducimos textualmente las recomendaciones de Bohórquez:

Con relación a la cadena de WhatsApp que pretende infundir miedo en los usuarios de las redes, les doy mi opinión como abogado y como ciudadano.

El asunto es complejo porque hay muchas normas que regulan la materia, prima la interpretación personal de cada persona que le corresponda la calificación y pueden existir múltiples situaciones que deben analizarse para caso en particular.

En líneas generales y resumidamente, señalo los puntos siguientes:

Óscar Bohórquez Hurtado.

En Venezuela se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, lo que significa un incremento del 22 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54 casos, informó este viernes la ONG Espacio Público.

«Hemos registrado 68 casos que representan un incremento del 22 % con relación al mismo periodo del año anterior, donde en promedio, en estos cuatro meses, registramos 17 casos mensuales», señaló la coordinadora del Observatorio Social de la ONG, Marysabel Rodríguez, en la presentación del informe anual sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Ahora, Marysabel Rodríguez, explica que durante el primer cuatrimestre de 2024 se registraron un total de 68 casos que, en promedio, se traducen en 17 casos mensuales #Informe2023 pic.twitter.com/9rnYubHhZ0

De estos, 30 % fueron intimidaciones, seguido de censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %), y no precisó a qué hechos corresponde el 29 % restante.

Rodríguez resalta que durante el primer cuatrimestre 2024 las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes han sido: Intimidación (30%)Censura (27%)Hostigamiento judicial (14%)

Incluso advirtió que no se prevé disminución alguna, dado que el períodos electorales lo habitual es que incrementen.

Rodríguez añadió que entre enero y abril Espacio Público ha documentado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Carabobo, Bolívar, Lara, Portuguesa, Trujillo y Caracas, aunque no detalló si las bajas tienen que ver con la solicitud o renovación de licencias, recoge la agencia EFE.

Sobre detenciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, la coordinadora indicó que han registrado 18 casos entre enero y abril.

Sostuvo que los más afectados con estas detenciones son ciudadanos que usan sus redes sociales para opinar u ofrecer información de interés en determinados temas asociados a la crisis de servicios públicos.

«De esas 18 detenciones, 9 han estado vinculadas con presuntos delitos de odio (…) o delitos asociados a incitación al odio. Esto también es un dato bastante preocupante, porque en el año 2023 fue un decena de casos que registramos de este tipo y en estos primeros cuatro meses ya tenemos 9 casos», apuntó.

Agregó que la mayoría de las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión se dan en los espacios digitales, especialmente en los estados Miranda, Portuguesa y Caracas.

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En el balance presentado del año 2003, Espacio Público indica que durante el año 2023 se registraron 204 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que representó una disminución del 11 % con respecto con respecto a los 226 casos computados en 2022. Aunque los hechos registrados fueron más violentos porque hubo más ataques a la libertad personal con respecto al año anterior.

#3May ¡MÁS ATAQUES Y MÁS VIOLENCIA! ??ONG @espaciopublico registró en 2023 unos 204 casos de vulneraciones a la libertad de expresión. Además, los hechos registrados fueron más violentos porque hubo más ataques a la libertad personal con respecto al año anterior.En su más… pic.twitter.com/rTTHqqt6mO

Contabilizaron como la principal violación la intimidación (31,5 %), seguido de la censura (25,8 %), el hostigamiento verbal (12,2 %), la amenaza (9,9 %), la restricción administrativa (8 %), el hostigamiento judicial (7,8 %), la agresión (4,1 %) y el ataque (0,26 %).

Mientras que los principales victimarios fueron las instituciones del Estado (35,5 %), funcionarios (21,4 %), cuerpos de seguridad (20,6 %) y desconocidos (6 %).

Desde Impacto Venezuela informamos a toda nuestra audiencia que nuestro sitio web http://impactove.com se encuentra actualmente bloqueado dentro del país.

Con este motivo, los invitamos a visitar nuestro portal mediante el uso de VPN (red privada virtual).

#6Mar? BLOQUEADOS EN VENEZUELAInformamos a toda nuestra audiencia que nuestro sitio web https://t.co/CF7ETGfizx se encuentra actualmente bloqueado dentro de Venezuela.Los invitamos a visitar nuestro portal mediante el uso de VPN. pic.twitter.com/qGeDKJBFH0

Este bloqueo opera en el país en CANTV, Movistar y Digitel, así como en los servicios de internet NetUno e Inter, informó Ve Sin Filtro.

#6Mar? BLOQUEADOS EN VENEZUELAQuienes deseen ingresar a nuestro portal web a través de las operadoras CANTV, Movistar o Digitel, así como los servicios de internet NetUno e Inter, requerirán usar VPN, detalla Ve Sin Filtro.https://t.co/saRt96gBFT

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), portales informativos y el gremio de comunicadores han mostrado el apoyo a nuestra situación, considerándola otro acto de restricción a la libertad de expresión e información en Venezuela.

En lo que va de marzo, dos medios de comunicación digitales han sido bloqueados por las principales operadoras de #Internet en #Venezuela. Este #6Mar se confirmó el bloqueo al sitio web de @ImpactoVE.Exigimos garantías para el acceso a la información. https://t.co/umxyNh8wKp

Como periodista, condeno enérgicamente el bloqueo de la página web de Impacto Venezuela en el país.La libertad de prensa es esencial para la democracia y el acceso a la información debe ser garantizado sin restricciones. pic.twitter.com/guOQb24gAB

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El SNTP confirma el bloqueo del portal web del medio Impacto Venezuela. Para poder abrirla es necesario activar VPN. Un nuevo golpe a la libertad de información!!!

El agravamiento de las violaciones la libertad de expresión en el año 2022 fue inminente, así lo constató la Organización No Gubernamental, Un Mundo Sin Mordaza, la cual registró 209 casos.

Entre ellas, 89 ataques a medios de comunicación tradicionales, así como 97 casos de persecución, hostigamiento y amenazas contra ciudadanos y trabajadores de la prensa.

Asimismo, la ONG, advirtió que, durante ese año, también hubo: 11 detenciones y un asesinato, 11 bloqueos a páginas webs y 89 ataques a medios de comunicación tradicionales.

En ese sentido, alertó que, ante este recrudecimiento de violaciones, la administración de Nicolás Maduro, no mostró voluntad alguna para corregir estos atropellos. “En cambio, profundizó sus ataques hacia los medios de comunicación, trabajadores de la prensa y ciudadanos”.

“En Venezuela el derecho a la libertad de expresión ha sido seriamente afectado por la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de respeto y garantía”, expresa el informe presentado por la ONG, en el cual informa que en 2022 Venezuela descendió 11 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Por primera vez en la historia del país y en la región, se llevó a cabo una medición sobre la autocensura, un fenómeno que, según Un Mundo Sin Mordaza, ha venido en aumento en Venezuela por consecuencia de la poca libertad de expresión, a tal magnitud que en el país 4 de cada 10 venezolanos se cohíbe de expresarse por temor a represalias gubernamentales.

El resultado del estudio, destaca que existe una especie de participación silenciosa en las protestas, es decir, los ciudadanos procuran asistir, pero no con la idea de manifestar todas sus exigencias, ni publicar contenido en redes sociales, sino expresar su disconformidad hasta el punto en el que se sientan seguros.

Asimismo, Un Mundo Sin Mordaza denuncia que las sanciones desproporcionadas utilizadas como medidas ejemplarizantes y mediáticas por el Estado venezolano contra políticos, activistas, periodistas, miembros de ONG, sindicalistas, han contribuido a que se perciba de forma negativa el hecho de expresar una opinión.

Un Mundo Sin Mordaza, descubrió, como patrón sistemático, el uso de la vía legal como mecanismo para coartar las libertades. Actualmente, en Venezuela existen 15 normativas que regulan directa o indirectamente el funcionamiento de los medios, comunicaciones, redes sociales y espacios web.

El informe denuncia que en el periodo de estudio se contabilizaron 89 casos de censura, dirigidos hacia canales de TV y estaciones de radio, donde más del 90% fueron censurados por medio de sanciones administrativas a estaciones de radio.

También, recopilaron que en 2022 se incluyeron 35 nuevos reglamentos y 35 nuevas decisiones administrativas, todos con su normativa regulatoria pertinente.

“Esto se traduce en un desbalance en la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, así como disminuye la capacidad de los venezolanos de hacer válidos sus derechos como ciudadanos, ya que aumenta el poder de control discrecional a la administración, dejando a los ciudadanos sin defensa alguna”, señala la ONG.

«En Venezuela, quienes se dedican al periodismo y a ejercer sus derechos a la libre expresión, opinión e información están bajo sombras que persisten».

La afirmación forma parte de las conclusiones del informe anual del Instituto de Prensa y Sociedad (IpysVe), titulado «Periodismo bajo las sombras», acerca de la situación de la comunicación social en el país.

«Los ataques, las amenazas, la criminalización y la persecución sistemática son los principales mecanismos que mantienen un clima turbulento por la censura y autocensura en el país», agrega el documento.

Señala que «entre enero y diciembre de 2022, mediante su sistema de monitoreo de alertas, el IPYS Venezuela registró 257 casos que constituyeron un total de 373 vulneraciones, cifras que son cercanas a las contabilizadas en 2021 —249 incidentes y 380 violaciones a la libertad de expresión—».

para el Ipys, «tal realidad deja en evidencia la persistencia de patrones de silenciamiento que pretenden callar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil».

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Enfatiza en que «las violaciones constatadas por esta organización fueron un asesinato, 130 restricciones administrativas, 62 hechos de discurso estigmatizante, 55 agresiones físicas y verbales, 43 restricciones de acceso a la información y 29 hechos de hostigamiento judicial».

A ello se suman » 27 restricciones en internet, 21 actos de censura, dos detenciones arbitrarias, una desaparición forzada, y en dos oportunidades se registraron alertas por violencia de género».

También resalta que «continuaron los procesos penales del periodista Roland Carreño, injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, acusado de presunta instigación al odio en 2018 y sometido a un régimen de presentación».

Los actos violentos y la impunidad “perpetúan y acrecientan el clima hostil que rodea a la prensa”, al tiempo que “normalizan estas situaciones arbitrarias que vulneran el ejercicio periodístico”, dice el documento.

Y sobre la cantidad de víctimas, indica que 162 fueron medios de comunicación, 77 reporteros, 12 reporteros gráficos, 12 directivos de medios, 11 locutores, 9 camarógrafos, 6 editores, 5 activistas de derechos humanos, 5 organizaciones de DD.HH., 2 organizaciones gremiales, 4 articulistas, 4 conductores de televisión, un escritor y un asistente de cámara.

El informe de IPYS Venezuela, subraya que «el Estado fue el principal victimario en las limitaciones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa», puesto que durante 2022, fue responsable en 192 casos.

De allí deriva que «los principales agresores fueron la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con 111, los cuerpos de seguridad del Estado (36), los simpatizantes oficialistas (24), y las alcaldías y sus dependencias (14)».

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela /Ipys) realizó un balance sobre el estatus de la libertad de expresión en Venezuela durante el segundo semestre de 2022. Señaló que desde julio hasta el 14 de diciembre se constataron 244  violaciones a las libertades informativas en 174 casos registrados en todo el país.

De ese total, Ipys identificó 117 restricciones administrativas; 30 violaciones relacionadas con discursos estigmatizantes; 29 agresiones físicas o verbales; 27 restricciones de acceso a la información; 25 casos de hostigamiento judicial; y 8 expedientes de censura y de restricciones por internet.

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Octubre fue el mes, en el período estudiado, en el que más se registraron vulneraciones a las libertades informativas al contabilizar 73; seguido por septiembre (41), agosto (25), julio y noviembre (16) y diciembre (1). Así mismo, el estado Zulia, con 34 casos, fue el más afectado en el segundo semestre de 2022 respecto a la libertad de expresión.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en ese lapso ordenó el cierre de 103 emisoras de radio, así como también la censura de la que fueron víctimas varios periodistas y medios de comunicación durante el deslave registrado en Las Tejerías y El Castaño, en Aragua, producto de las lluvias.

Al menos 9 emisoras pidieron a Conatel su habilitación, pero no tuvieron respuesta, mientras que 49 no tenían permiso ni habían presentado el proyecto para transmitir por las vías legales.

El cierre de las estaciones de radio dejó a 393 personas sin empleo que laboraban en 29 de las emisoras clausuradas.

Ipys explica en su balance que la censura y otros atropellos contra la libertad de expresión afectaron a 123 medios, dos ONG, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa.

Si desea examinar el informe completo, lo invitamos a ingresar aquí

Bajo la premisa de «Seguridad Nacional» China anuncia a partir de este jueves #15Dic nuevas reglamentaciones y controles en internet.

Dicha acción, catalogada por la comunidad internacional como una posible violación a la libertad de expresión, estaría acompañada de las actuales restricciones a páginas extranjeras y redes sociales, las cuales se encuentran bajo una vigilancia estricta de Pekín.

La nueva reglamentación aplicada desde este jueves, establece que el prestador de servicios «deberá proceder a una evaluación del crédito de los usuarios en función de su comportamiento en materia de comentarios», indica el texto.

Los «gravemente desacreditados» por sus mensajes «serán colocados en una lista negra» que les prohibirá cualquier comentario, incluso recreando una nueva cuenta, precisa el documento publicado el 16 de noviembre. 

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Todo usuario deberá registrarse con su nombre real y número de identificación. 

La normativa se aplica principalmente a las secciones de comentarios de los sitios y aplicaciones vinculados sobre todo con la información. 

En la práctica, estas medidas deberían disuadir a muchos usuarios de escribir mensajes embarazosos para el gobierno. 

Las autoridades chinas afirman que dicha acción legal es implementada para «proteger la seguridad nacional, el interés público y los ciudadanos», mientras que la prensa local, controlada también por el régimen, promociona dicha regulación, con campañas en donde resaltan que «internet no es una zona sin leyes».

Los internautas parecen mayoritariamente hostiles. «Esto ayuda a limitar los comportamientos antisociales, los rumores y la violencia en línea», admitió un usuario de la red social Weibo, pero agregó que «¡También hay que escuchar las aspiraciones y críticas de la gente!».

Actualmente, hay dos situaciones contradictorias en China. Lo primero es que China se ha convertido en un país vanguardia en la carrera tecnológica, sobre todo en el área del ciberespacio.

Su sociedad, especialmente en las grandes ciudades, mantiene una relación muy estrecha con el mundo 2.0, mientras que la economía hace un binomio casi que perfecto con lo tecnológico.

Por otra parte, debido a las restricciones por el control ante el coronavirus, China vivió acciones de calle durante varios meses, con protestas que fueron silenciadas por las redes sociales locales y ante las que el gobierno no ofreció mayores detalles.

Con información de AFP 

Miembros de la oposición denunciaron este martes las maniobras de la administración de Nicolás Maduro para seguir violando el derecho a la libertad de expresión, a través del cierre masivo de emisoras de radio y de la eventual reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte).

Destacaron que a lo largo de estos más de 22 años de chavismo, se «cubanizaron» los medios de comunicación, ahogándolos de distintas formas, atentando contra la libertad de información, como la intimidación y la censura.

En este sentido, el dirigente Richard Blanco (ABP) alertó que ahora la Asamblea Nacional (AN) pretende reformar la Ley Resorte, otra vez, para seguir callando las protestas por las fallas en los servicios y la crisis económica.

Lo hizo en referencia a las recientes declaraciones de miembros de la AN de Maduro donde se anunció la reforma de la Ley Resorte «para controlar las redes sociales».

“La dictadura feroz se mete con los medios de comunicación, porque simplemente la protesta que ocurre en las calles por las deficiencias de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, internet y aseo urbano», dijo.

Agregó que el madurismo no quiere que se refleje «la deplorable situación económica; destrucción de los hospitales, entre otros problemas. Los medios han sido una amenaza y no les interesa que se haga pública esta información ante la opinión nacional e internacional”, fustigó Blanco.

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Entre tanto, Macario González (VP), denunció que la hegemonía comunicacional en Venezuela, ha sido orientada por los cubanos.

“La hegemonía comunicacional madurista y chavista, ha tenido como objetivo adueñarse de todos los medios de comunicación, para que la alternativa política no tenga opción y sea apabullada, como ocurre en nuestro caso, por los medios de comunicación del estado que están secuestrados por el régimen y prestan servicio exclusivamente a la cúpula del régimen encabezada por Maduro y Diosdado Cabello”, alertó.

Lamentó que en Venezuela esté instaurado “el miedo en el gremio de la comunicación con la persecución, periodistas presos, medios expropiados y control de licencias de radioemisoras, con el objetivo de ponerlos a disposición de Nicolás Maduro».

En octubre de este año, el presidente de la Comisión de Medios de la AN, Juan Carlos Alemán dijo: “Se está trabajando una ley de redes sociales que pone a la vanguardia al país y lo pone a la par en el mundo”.

En entrevista con VTV, Alemán puso como ejemplo las legislaciones en países como España, Alemania, Ecuador y Argentina, donde hay legislaciones para «normar el uso de las redes sociales”.

Por otra parte, la ONG Espacio Público denunció esta semana que este año han cerrado 78 emisoras de radio en el país, a través procedimientos irregulares por parte de Conatel.

La censura y las amenazas figuraron como los principales tipos entre, al menos, 33 violaciones y 12 casos relacionados con libertad de expresión que ocurrieron en noviembre, informó la ONG Espacio Público.

Con estas acciones ejecutadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), van «78 emisoras de radio que han dejado de transmitir información en el 2022».

«Los procesos ante Conatel carecen de transparencia, los tiempos de entrega se extienden indefinidamente y los costos de los proyectos son elevados, generando dificultades adicionales para obtener los permisos necesarios», destacó la ONG en su sitio web.

Durante el undécimo mes del 2022, «un total de 15 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, representando 62 % de los casos documentados».

Resalta que «las otras víctimas fueron tres periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y en tres casos fue afectada la ciudadanía en general».

Asimismo, el informe subraya que «las instituciones del Estado fueron victimarias en seis oportunidades en todo noviembre, junto con dos que involucraron a funcionarios y uno de un cuerpo de seguridad».

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Al menos cinco emisoras radiales del estado Zulia salieron del aire el 2 de noviembre por órdenes dadas vía telefónica por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Activa 88.3 FM, Buenísima 106.3 FM, Fiesta 101.1 FM y Sabrosa 102.3 FM en la ciudad de Cabimas, y Citojense Stereo 94.3 FM, en Ciudad Ojeda, fueron las emisoras cerradas, de acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El 5 de noviembre, las emisoras Deportiva 104.3 FM y W Radio 99.7 FM, de La Grita, estado Táchira, también salieron del aire por órdenes de Conatel. La periodista Fabiola Barrera informó que la medida obedeció, presuntamente, a falta de actualización del proyecto radioeléctrico ante el organismo oficial.

Conatel debe garantizar el debido proceso antes de proceder al cierre de emisoras, además de velar por el uso del espacio radioeléctrico por concesionarios diversos y plurales, lo que beneficia el debate público y es necesario para la libre circulación de información y para la democracia.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) fueron hostigadas y agredidas físicamente por cinco hombres vinculados con el gobierno. El hecho ocurrió el 3 de noviembre durante una protesta en la que exigían mejores condiciones en la casa de estudios.

Las estudiantes protestaban pacíficamente con pancartas exigiendo respeto a la autonomía universitaria. Aseguraron ser agredidas por personas que participaban en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la plaza de Toros de Mérida, frente a la ULA.

El 13 de noviembre, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó sobre la detención de los ciudadanos Denys Custodio y Roberto Yánez por unos presuntos comentarios publicados en redes sociales en contra del presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio “El Potro” Álvarez.

La periodista de Reporte Confidencial, Ana Carolina Arias, fue intimidada y fotografiada por una persona desconocida el 3 de noviembre mientras cubría una protesta de pescadores en el municipio Península de Macarao, del estado Nueva Esparta.

Arias llegó al lugar de la noticia y notó la presencia de funcionarios de seguridad, aunque fue una persona particular, sin identificación, quien comenzó a tomarle fotos. Cuando lo abordó, el desconocido le dijo que le tomaba fotos “por si acaso”.

Durante una protesta de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la parroquia Montaña Verde del municipio Torres, estado Lara, la periodista Yanitza Martínez fue abordada por un vigilante que le impidió acceder a la sede del partido.

El bloqueo de acceso pretendía silenciar la situación dentro del PSUV, como una medida restrictiva a la libertad de expresión ejercida a través del hostigamiento. Los militantes descontentos reclamaban que habían ganado las elecciones internas de la “UBCh”, pero le dieron la credencial a la plancha que perdió.

El 17 de noviembre la fotógrafa Tairy Gamboa y el periodista Alberto Torres, ambos del medio Crónica Uno, fueron intimidados por personal de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, mientras investigaban y registraban precios en el mercado Guaicaipuro, en Caracas.

Los funcionarios le recriminaron al equipo de prensa que necesitaban autorización para tomar fotos en el establecimiento y les acusó de publicar información falsa sobre lo que habrían registrado en el mercado.

Entre cinco y diez horas estuvieron sin internet zonas de occidente y oriente del país el 23 de noviembre, con Falcón, Lara y Zulia como los estados más afectados. Ese mismo día hubo otra caída que afectó a los estados Bolívar y Monagas, bajando sus conectividades a 36 % y 38 % de sus valores normales, respectivamente.

Estas interrupciones afectan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la posibilidad de buscar, recibir y difundir información; además impiden en muchos casos el ejercicio de otros derechos como la asociación, educación y acceso a servicios como la banca o a la realización de trámites ante entes del Estado.

La ONG Espacio Público dio a conocer el informe sobre la libertad de expresión en Venezuela, correspondiente a septiembre y determinó que el mismo «cerró como el mes que más casos de violaciones a ese derecho acumula en lo que va de 2022».

Documentó 27 casos y un total de 68 violaciones contra es alibertad «y más de la mitad fueron hechos de censura».

«Las principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación (21). Le sigue la ciudadanía en general, víctima en al menos 11 oportunidades, y seis periodistas/reporteros», destaca.

Asegura que «las instituciones del Estado fueron victimarias en 16 casos, seguidas por los cuerpos de seguridad (4), lo que evidencia que se mantienen los patrones de censura, hostigamiento y opacidad como política propiciada desde el alto poder».

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Solo en septiembre, la ONG registró un total de 16 emisoras radiales cerradas por órdenes de Conatel. Once de esos cierres (69 %) ocurrieron en el estado Zulia y las otras cinco emisoras que quedaron fuera del aire son del estado Sucre.

El martes 6 de septiembre, las emisoras zulianas Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM quedaron fuera del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el estado Zulia, Sheyla Urdaneta, declaró que le informaron que un representante de Conatel en la entidad llegó a las emisoras y, sin dar más detalles, impuso el cierre era por orden “del ministro”.

A los pocos días, el 14 de septiembre, presuntos funcionarios del ente regulador ordenaron sacar del aire a las emisoras Café 100.9 FM, Radio NVH 102.1 FM, Cool FM, Radio Boom 89.7 FM y Mágica FM, de Cumaná, estado Sucre. El gerente de Café 100.9 FM, William Bracamonte, dijo que una funcionaria que se identificó como Anabella González le exigió al personal cerrar la emisora “para evitar procedimientos administrativos”.

“Tenemos un año al aire y, durante ese año, hemos buscado cómo cumplir los procedimientos administrativos para hacer la introducción del proyecto en Conatel”, explicó el gerente de Café 100.9 FM. La emisora Radio Boom 89.7 FM confirmó en redes sociales que el cierre fue por órdenes de Conatel, aunque han estado “realizando los procedimientos requeridos” para operar.

El 20 de septiembre, otras dos emisoras del estado Zulia fueron cerradas por órdenes de Conatel: Suprema 93.5 FM y Jerusalén Stereo 98.5 FM, ambas de la ciudad de Cabimas. Mientras que el 22 de septiembre se supo que, presuntamente, el programa Montes alza tu voz que se transmitía en la emisora Juventud 100.5 FM de Cumanacoa, estado Sucre, fue sacado del aire por órdenes del alcalde de la localidad, Tomás Bello.

De acuerdo con la versión ofrecida por el conductor del programa, David Cumana, la medida se debió a que el espacio radial “tenía como premisa hacer visible las denuncias de la población del municipio, con respecto a los servicios públicos”, según reseñó el medio digital Prensa Alternativa. El alcalde Bello, a su vez, se desligó de la acusación en sus redes sociales.

«La opacidad gubernamental impide conocer de manera formal cómo opera el Conatel en el país, quien no ofrece información pública ni actualizada sobre el estatus de las concesiones», denuncia Espacio Público.

«De acuerdo con declaraciones de diversos medios, la empresa no responde los trámites en los plazos establecidos y pone en práctica otras trabas para demorar las renovaciones de concesiones u otros permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Estas acciones constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de expresión», agrega.

La criminalización de la protesta pacífica y la intimidación con el objetivo de que no se informe sobre los actos de disidencia que ocurren diariamente se mantienen.

El 14 de septiembre, los periodistas Pilar Guerra, de VPITV, y Alexander Olvera, de Notitarde, fueron fotografiados por un sujeto desconocido mientras cubrían una protesta de transportistas en San Carlos, estado Cojedes.

Guerra cuenta que situaciones como esa son reiteradas cada vez que van a cubrir protestas en la entidad y que no hay certeza de que sean personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, afirma que “se infiltran” en las manifestaciones para identificar y fotografiar a reporteros y personas que lideran las protestas.

En medio de la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que dos periodistas grabaran e hicieran cobertura en el lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, donde sí hubo completo acceso de los medios de ese país a lo que ocurría.

La intimidación estatal también se traslada hacia quienes denuncian los atropellos y las faltas de libertades en el país.

Un ejemplo de ello ocurrió el 20 de septiembre, cuando funcionarios del Sebin intentaron ingresar a la sede de Provea para intimidar a familiares de trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente en julio, quienes iban a ofrecer una rueda de prensa en el lugar.

Los seis detenidos fueron pasados a juicio el 26 de septiembre y acusados de planificar un asalto a un cuartel en Mérida, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y participar en actos de sabotaje contra Nicolás Maduro el 5 de julio.

La defensa de los trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente asegura que el proceso ha estado lleno de irregularidades como allanamientos sin orden judicial.

En septiembre hubo 13 casos relacionados con internet y acceso a páginas web, tres casos más que en agosto, y en gran parte se produjeron por problemas con la energía eléctrica:

Los días 10 y 11 de septiembre hubo fallas de entre dos y tres horas y media que afectaron, principalmente, a los estados Táchira y Guárico, que perdieron más conectividad.

El 13 de septiembre una falla eléctrica afectó la conexión a internet en Barinas y alcanzó a estados cercanos como Trujillo y Táchira.

El 14 de septiembre hubo otra caída en Barinas, Trujillo y Lara. Se prolongó por más de seis horas. A la medianoche de ese día, una falla eléctrica provocó caída de conectividad en Táchira.

Un corte de fibra óptica de la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv, redujo la conectividad a nivel nacional a 76 % de sus valores normales el 15 de septiembre.

Las fuertes lluvias del 22 de septiembre y las fallas eléctricas de ese día redujeron la conectividad nacional a 81 % de sus valores normales. Los estados más afectados fueron Vargas, Guárico, Monagas y Barinas.

Otra falla eléctrica afectó la conexión a internet en el estado Táchira el 26 de septiembre y su conectividad cayó a 31 %.