Después de dos años y hasta detenciones, un tribunal de Caracas ordena suspender la investigación en contra del periodista Luis Carlos Díaz, por supuesta instigación pública.

Dicha investigación, aupada por el actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se debió a declaraciones y manifestaciones públicas que hiciese Díaz sobre los consecuentes apagones ocurridos a nivel nacional en años pasados.

La Organización No Gubernamental, Espacio Público, indica que si bien el tribunal ha decidido levantar todas las medidas prohibitivas en contra del comunicador social, también es cierto que el proceso no ha culminado. Es decir, el expediente pasa a un archivo judicial. Si surgen nuevas acusaciones, de inmediato se retoma el caso y la condición de Díaz volverá a ser como la de hace unos días.

No deje de ver: COMISIÓN DE ALACRANES anuncia culminación de investigaciones contra la AN de Juan Guaidó

La jueza Vanerkis Marquez, a cargo del Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, considera que no hay elementos suficientes. Sin embargo, no desestima la acusación, pero decreta el cese inmediato de las medidas. Sobre todo las relacionadas a la prohibición de salida del país y de declarar sobre el proceso.

«El archivo del caso es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso en su caso pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación», dice en un comunicado Espacio Público.

Según Espacio Público, desde el día uno del proceso contra el periodista Luis Carlos Díaz, se han cometido un compendio de arbitrariedades.

A Díaz lo detiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Luego, lo desaparecen de manera forzada, según Espacio Público y acusan sin pruebas contundentes.

El caso de vejaciones y censura de la administración de Nicolás Maduro y parte de sus personeros, en contra de periodistas y medios de comunicación social, fue tomada en cuenta por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El organismo hizo público un documento este #31Ene. En el mismo «insta al Estado a cesar la criminalización, las declaraciones estigmatizantes y las medidas de censura contra periodistas que investigan e informan sobre asuntos públicos o se manifiestan críticamente contra el gobierno».

«En enero de 2022, a través de medios de comunicación estatales, un diputado oficialista» exhibió afiches de periodistas, señalándolos como «ladrones» y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechaza este tipo de señalamientos estigmatizantes, que acentúan la hostilidad contra la prensa. Para la Relatoría, la alta investidura de quien los ha pronunciado y su reiteración implican una omisión de las autoridades en su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa», dice parte del comunicado, refiriéndose al programa transmitido por VTV «Con El Mazo Dando», moderado por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Lea también:Perseguidos y criminalizados: persisten ataques contra periodistas y políticos en Venezuela

Otro de los hechos denunciado por la Relatoría, fue la toma por parte de organismos de seguridad, de la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Sucre.

Además, la orden de aprehensión contra el periodista Roberto Deniz. Meses atrás, Deniz denunció los supuestos actos de corrupción, en los que estaría inmerso el empresario barranquillero Alex Saab. Detenido hoy en Estados Unidos por blanqueo de dinero.

«La Relatoría reitera el llamado de la última Declaración Conjunta de expertos y expertas en libertad de expresión para que liderazgos públicos se abstengan de hacer intencionadamente declaraciones falsas que ataquen la integridad de personas trabajadoras de medios de comunicación», manifiesta la organización.

Desde hace ya tiempo la administración de Nicolás Maduro se encuentra en el «ojo del huracán» de la justicia internacional.

Recientemente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le otorgó una prórroga a los personeros de Maduro. Esto para demostrar ante la CPI qué avances han logrado con las investigaciones solicitadas ante las supuestas violaciones de derechos fundamentales en el país.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Venezuela no tiene mucho que celebrar. Al contrario. cada día aumentan las presiones, persecución, acoso y amenazas contra los comunicadores sociales y medios. Los corresponsales de medios internacionales también sufren por esta situación que hace su labor muy cuesta arriba.

A través de La Voz de América, varios corresponsales manifestaron cómo es vivir en Venezuela, siendo periodista. “Hemos tenido episodios increíblemente sórdidos”, afirma Alonso Moleiro, corresponsal del diario español El País. Señala que la libertad de prensa en Venezuela sufre un “gran deterioro”.

“Existen unas zonas donde todavía se puede ejercer el periodismo, (pero) se van achicando”, agrega.

Moleiro recuerda, por ejemplo, que el propio presidente Nicolás Maduro criticó públicamente su trabajo el pasado año. “Estuve leyendo un artículo de Alonso Moleiro. Yo conozco a Alonso, era amigo mío cuando yo era diputado. (Es) hijo de Moisés Moleiro. Escribe en El País, lo contrataron en El País. Debe ser que él vende sus credenciales (de) que es un hombre de izquierda. Pero no es de izquierda, él es de ultraderecha», afirmó Maduro en 2020.

«Alonso se degradó ideológicamente y se fue para la derecha. Entonces escribe un artículo hoy (en septiembre de 2020) en el periódico El País, de España, utilizando la mentira, la sucia mentira del informe del Grupo de Lima contra mí como presidente, contra Venezuela. Y así como a Alonso Moleiro tienen a 100, 200, 300 plumas que escriben para 100, 200, 300 periódicos, páginas web del mundo y repiten la mentira porque quieren justificar lo injustificable».

Sin embargo, Moleiro resalta el caso de un corresponsal extranjero de El País, que fue agredido físicamente en Caracas mientras hacia una cobertura en 2020.

Lea también: «Apoyarlos a ustedes es como apoyar a Maduro»: la crítica del presidente de El Salvador contra la oposición venezolana

Álex Vásquez, corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg, concuerda. Señala que la condición de la libertad de la prensa en Venezuela se encuentra en un “estado crítico” y “acorralada”.

Pero destaca las páginas digitales de noticias e investigación nacionales. “Siguen haciendo el trabajo y lo hacen muy bien” pese a que su situación es más complicada en cuanto al tema de la persecución y ataques.

“Ejercer el periodismo en Venezuela es una profesión bastante complicada”, señala Gabriela González. ella es corresponsal de emisora colombiana W Radio. Destaca que por la misma situación que atraviesa el país, esto también le ocurre a otros profesionales.

“No solamente tiene que narrar los problemas que están padeciendo los ciudadanos, sino que también los tiene que vivir”, afirma.

Un informe de la SIP reflejó esta semana los abusos gubernamentales contra la prensa en Venezuela. El periodista Lenín Danieri cuenta cómo militares le detuvieron e interrogaron ilegalmente un día antes de la publicación de un texto.

Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS Venezuela, explica que en el contexto de la pandemia, se “profundizan unos rasgos que ya durante muchos años hemos venido acumulando” contra los medios.

Esta situación se traduce “en una imposición de un modelo de censura con consecuencias muy graves. Una de ellas es el silencio en muchas zonas de Venezuela”.

Especifica que entre los patrones identificados por IPYS está el tema de las detenciones arbitrarias. Todo unido a restricciones de acceso a información pública.

En marzo, el instituto publicó su informe anual titulado “El Virus de la Censura”. Allí registraron 636 violaciones a las garantías informativas, en el que, de 325 personas afectados, 194 eran reporteros.

Carlos Correa, director de Espacio Público dice que hay patrones “regresivos o restrictivos” que aumentaron con de la pandemia.

Destaca el incremento de los señalamientos por el uso de redes sociales o WhatsApp. Dijo que hay una “percepción criminal o penal contra periodistas y ciudadanos”.

“Informarse en Venezuela e informar en Venezuela es cada vez más duro”, afirma Correa.

“La prensa extranjera ha sido un foco, especialmente cuando ya se han doblado, se han reducido, otras ofertas informativas”, explica el director de Espacio Público. Coloca como ejemplos la salida de la programación de las cableoperadoras, años atrás, de canales como NTN24 o CNN en Español.

González, de la W Radio, enfatiza que las agresiones no son sólo físicas, también pueden ser verbales y se pueden dar en escenario como las redes sociales o incluso programas de televisión o radio. “Personalmente, he sido víctima de cada uno de esas agresiones”, afirma.

Balbi, de Ipys, considera que la labor del periodista en Venezuela representa un esfuerzo “titánico” que demuestra “vocación” e “interés por hacer una enorme resistencia a un patrón de conducta antidemocrática”.

Lo más difícil de explicar de la situación que atraviesa Venezuela, comenta por su parte Moleiro, es “graficar el modelo de dominación chavista” y “no ver a la polarización como una causa, sino como una consecuencia”.

A pesar de toda la situación, Moleiro considera que “la prensa ha resistido”. “Aquí se está contando la historia. Aquí hay un diagnóstico gracias a un esfuerzo periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil entorno a lo que pasó en Venezuela”, afirma.

En el caso de Vásquez, periodista de Bloomberg, comenta que de las informaciones que quizás lleven un poco más de dificultad a la hora de explicar están relacionadas a la “dinámica institucional y la económica” del país.

“Teniendo en cuenta todas las limitaciones que tiene la prensa nacional, la responsabilidad de los corresponsales internacionales es muy grande, porque son, sin duda, una ventana de toda la crisis del país para el mundo”, concluyó Vásquez.

La ONG Espacio Público difundió el Informe de situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2020.

Allí, registró un total de 399 casos, una disminución del 14% con relación al total de casos registrados en el año 2019.

En el marco de la pandemia, detectaron un aumento de casos documentados.

Lea también: LIBERTAD CONDICIONAL para acusado de violar a venezolana en Argentina

Marzo es el mes con mayor casos: 63, seguido por abril y mayo con 43 y 49 casos, respectivamente.

En total se contabilizaron al menos 994 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 5% con relación al 2019.

Intimidaciones (373); censuras (184); restricciones administrativas (130), amenazas (92); hostigamientos verbales (78) y hostigamientos judiciales (74).

Durante el 2020 detuvieron al menos a127 personas de forma arbitraria por buscar o difundir información.

Esto representa un incremento del 10%, con relación a las detenciones registradas en el 2019.

El 35% de las víctimas detenidas son particulares, el 26% corresponde a periodistas o reporteros y el 15% a trabajadores públicos.

De igual forma, registraron un total de 556 víctimas durante el 2020.

Los más afectados fueron periodistas (274), medios de comunicación (59), particulares (52), páginas/plataformas web (39).

Así como ciudadanía en general (29) y reporteros gráficos (29).

Con relación a los victimarios, los principales responsables fueron los cuerpos de seguridad:

(201), instituciones del Estado (91) y funcionarios (70).

En términos generales, el 62% (267) de las víctimas son hombres, mientras que en el 38% (161) de los casos las víctimas fueron mujeres.

Al menos 120 casos se registraron en internet, equivale al 30% del total de registros.

Un número mayor al contabilizado en cualquier región del país.

Mientras que el Distrito Capital, Lara, Zulia, Vargas y Mérida son las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos a nivel nacional.

Desde el 16 de marzo en adelante, comienzo de la cuarentena,  se contabilizaron al menos 105 casos y 250 violaciones vinculadas directamente al Covid-19.

De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%.