A propósito del  Día Mundial de la Libertad de Prensa, este el 3 de mayo, el panorama en las Américas obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, urgente, porque este derecho, pilar esencial de toda democracia, enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

 La afirmación la hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado.

“El hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito”,  señalaron en el escrito el presidente de la SIP, Pierre Manigault, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, y el primer vicepresidente, Carlos Jornet.

El documento alerta que “la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios. Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios”.

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Uno de los aspectos más inquietantes señalados por la SIP es precisamente esa “normalización” de la agresión.

“Lo que antes generaba condena generalizada hoy, en demasiadas ocasiones, pasa inadvertido o es minimizado. Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa”, señala.

En este contexto, agrega que “la narrativa autoritaria avanza con renovada fuerza. Gobiernos de distintos signos ideológicos recurren a estrategias similares: desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información. La consecuencia es un progresivo cierre del espacio cívico, donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción”.

Como afirmó el presidente de la SIP, “es necesario reconocer un hecho sin precedentes: Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa que reflejan patrones históricamente observados en otras partes del continente. La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado”.

Advierte que “esto tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio. Cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal que puede ser interpretada por otros gobiernos como una validación para replicar prácticas restrictivas. Pero también abre una oportunidad: la experiencia, resiliencia y aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina pueden hoy servir como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional”.

Asimismo, dijo que “enfrentamos crecientes restricciones al acceso a la información pública. Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada”.

Incluso, “en algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, afectando directamente la cobertura informativa”.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita a la denuncia. Las conclusiones de la SIP también subrayan la necesidad de una respuesta articulada y decidida. Defender la libertad de prensa hoy exige fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, combatir la impunidad en los crímenes en su contra y promover marcos regulatorios que garanticen un entorno digital más transparente y equitativo. Implica, además, reafirmar el valor del periodismo de interés público, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Frente a este escenario, la SIP reafirma la importancia de la incidencia como herramienta de cambio. Nuestras misiones, el diálogo con autoridades y la promoción de estándares internacionales siguen siendo mecanismos fundamentales para generar compromisos concretos y promover la rendición de cuentas.

No obstante, si hay un desafío que exige atención prioritaria, es la impunidad. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución. Esta realidad constituye una falla estructural que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la libertad de expresión.

Por ello, la SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional. La reactivación de iniciativas orientadas a esclarecer casos emblemáticos y apoyar a las víctimas y sus familias es un paso necesario para avanzar hacia la justicia. La impunidad no es inevitable: es el resultado de la inacción. Y puede revertirse mediante compromiso, coordinación y presión sostenida.

El desafío es colectivo. No recae únicamente en los medios o en los periodistas, sino en toda la sociedad. Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la SIP convoca a renovar el compromiso con estos principios fundamentales. No se trata solo de resistir las amenazas, sino de reconstruir las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función sin miedo ni restricciones indebidas.

En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable.

Con información de la SIP

La libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo desde un cuarto de siglo, advirtió este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación anual, donde varios países de América Latina se ven impactados por una "espiral de violencia y represión".

"En 25 años, el promedio de puntuación del conjunto de países estudiados nunca había sido tan bajo", explicó la oenegé en la nota que acompaña la lista, que cuenta con cinco niveles (de "muy grave" a "bueno").

Según la organización, el 52,2% de los países del mundo está en situación "difícil" o "muy grave", una cifra que poco tiene que ver con el 13,7% en 2002.

RSF atribuye en parte este deterioro al "desarrollo de un arsenal legislativo cada vez más restrictivo, especialmente vinculado a las políticas de seguridad nacional" desde 2001, el año de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

La oenegé también alerta sobre el desplome del porcentaje de población que vive en un país donde la situación de la libertad de prensa es "buena", que pasa del 20% a "menos del 1%" en un cuarto de siglo. Solo siete países del norte de Europa, con Noruega a la cabeza, forman parte de esta categoría.

"Los ataques contra los periodistas están cambiando. Siguen asesinando a periodistas, sigue habiendo periodistas en prisión, pero las presiones también son económicas, políticas y legales", dice a AFP Anne Bocandé, directora editorial de RSF.

Estados Unidos, que ya había pasado de una situación "bastante buena" a "problemática" en 2024, año de la reelección de Donald Trump, pierde siete puestos y se sitúa en el lugar 64.

Además de los ataques del presidente estadounidense contra la prensa, "una práctica sistemática", la situación en Estados Unidos se vio marcada por la detención y posterior expulsión del periodista salvadoreño Mario Guevara, que informaba sobre los arrestos de migrantes, según el reporte.

También por la drástica reducción de la financiación de los servicios audiovisuales exteriores, como Voice of America (VOA) o Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

La organización también hace hincapié en los "fervientes defensores" de Trump en América Latina, el presidente argentino Javier Milei y su par salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países retroceden igualmente en la lista.

Argentina cae 11 puestos y se sitúa en el puesto 98, mientras El Salvador cede ocho lugares y quedó en el 143. Esta caída se debe, en parte, al deterioro "de los indicadores políticos y sociales, que marca un aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa".

En la región latinoamericana, varios países "caen en la espiral de violencia y represión", alertó RSF.

Ecuador registró la mayor caída regional en la clasificación, perdiendo 31 posiciones hasta llegar al puesto 125.

Según RSF, la nación suramericana "se enfrenta a una erosión sin precedentes de la seguridad de los periodistas, mientras la violencia vinculada al crimen organizado se expande y unos responsables públicos cada vez más hostiles intensifican la presión sobre la prensa".

También es el caso de Perú (144º, -14), donde cuatro reporteros fueron asesinados en 2025, añadió la oenegé.

Ese país retrocedió 67 puestos en la clasificación desde 2022, "en gran medida debido a una serie de alarmantes iniciativas legislativas, acoso judicial y campañas de difamación dirigidas contra los medios de comunicación independientes".

Para la organización, es "preocupante" observar que algunas de estas tendencias se asemejan a formas más tradicionales de censura, como la represión estatal y los ataques directos, que prevalecen en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde la libertad de prensa copa los niveles más bajos de la región.

Otros países latinoamericanos, en cambio, progresaron, como Brasil (52º), que ganó 58 puestos desde 2022, así como Colombia (102º) y Uruguay (48º).

"Las leyes de seguridad nacional, contra el terrorismo por ejemplo, o para proteger el secreto de defensa, restringen cada vez más el campo del periodismo. Rusia es campeona en la materia, pero el impacto se siente también incluso en democracias", subrayó Bocandé.

En el plano mundial, Arabia Saudita (176º, -14), donde el reconocido columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por el Estado, rivaliza con Rusia, Irán y China por las últimas posiciones del índice, que cierra Eritrea (180º).

Con información de AFP

La libertad de prensa se degrada en Ecuador y Argentina a causa de la situación interna, según el informe anual de la organización Reporteros sin Fronteras publicado este viernes, que señala a Eritrea como el peor posicionado de 180 países.

En la cola de la clasificación, en el continente americano, permanecen Cuba (168º), Nicaragua (163º) y Venezuela (156º), países donde «el periodismo vive sometido a una censura que se apoya en decisiones arbitrarias».

Noruega es el país donde los medios de comunicación gozan de mejor situación, mientras que Eritrea sustituyó a Corea del Norte como el peor para la libertad de la prensa.

Ecuador pierde 30 posiciones y se sitúa en el puesto número 110, mientras que Argentina retrocede 26 puestos y se coloca en la 66ª posición.

En Ecuador «la crisis política y el ascenso del crimen organizado han perturbado el funcionamiento democrático», explica el texto.

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«La situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuya postura agresiva respecto al periodismo entorpece el pluralismo», añade el texto.

Enfrentado a una gran crisis económica a su llegada al poder, Milei anunció en marzo el cierre de la agencia de noticias pública Telam.

Perú (125ª posición) también destaca por el deterioro de las condiciones de ejercicio del periodismo. «El país ha perdido 48 posiciones en dos años», resalta el comunicado, reseñado por AFP.

A nivel mundial destaca la caída de Afganistán (26 puestos, hasta la posición 178ª), Togo (-43, 113ª) o Burkina Faso (-28, 86ª).

En tres cuartas partes del planeta, las condiciones para el ejercicio del periodismo son malas.

Siria y Eritrea son «dos países que se han convertido en zonas sin ley para los medios de comunicación, con un número récord de periodistas detenidos, desaparecidos o secuestrados».

Este viernes, periodistas de Venezuela, El Salvador, Cuba y Nicaragua denuncian los constantes atropellos que sufren por parte de las entidades gubernamentales para ejercer su profesión, a tal punto, muchos han tenido que exiliarse para huir de las amenazas que sufren por exponer la verdad de lo que sucede en esos países,

Néstor Arce (Divergentes, Nicaragua), Gabriela Cáceres (El Faro, El Salvador), Yadiris Luis Fuentes (Eltoque.com y ADN, Cuba) y Alonso Moleiro (colaborador de varios medios en Venezuela y El País de España) participaron hoy en la 78ª. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Madrid.

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Miguel Otero, director del medio de comunicación, El Nacional, habló de la gran “diáspora” de periodistas venezolanos, que supone una “anulación” de su profesión, y apuntó que la SIP debería poner “énfasis” en ello.

Además, indicó que la asociación Venezuelan Press de España agrupa a unos 400, pero solo el cinco o diez por ciento ejerce la profesión.

Por su parte, Alonso Moleiro, constató la “importante cantidad de periodistas en el exilio”, además de casos como el de Roland Carreño, dos años preso acusado de “asociación para delinquir” y sin juicio abierto, aseguró.

Moleiro, agradeció a los periodistas que todavía están en Venezuela y ejercen su deber a pesar de las restricciones y amenazas impartidas por la administración de Nicolás Maduro. Aunque advirtió que esta situación puede empeorar mucho más, asemejándose a la de Nicaragua.

Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero, en Venezuela no hay nada que celebrar, puesto que la intimidación y amedrentamiento contra medios y periodistas se ha convertido en una política del Estado venezolano.

Para Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, en Venezuela, esta debe ser una fecha para promover y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, así como denunciar su constante violación.

Recuerda que fecha la proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la Unesco en 1991.

La misma brinda la oportunidad de evaluarla a nivel mundial, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.

Según el dirigente gremial, es un día propicio para que la administración de Nicolás Maduro entienda la necesidad y obligatoriedad de respetar su compromiso con la libertad de prensa.

Señala que en Venezuela permanece una política de agresiones a periodistas y medios. Esta situación se evidencia en los distintos casos de cierre de medios, acoso judicial, amenazas y hostigamiento al ejercicio del trabajo periodístico.

Dice que se trata de una estrategia cuyo objetivo es hostigar y silenciar la información.

Todo para que «el ciudadano no pueda estar debida y oportunamente informado. Tratan de de imponer además una matriz informativa sin apego a la verdad y al interés colectivo», afirmó Cárdenas.

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Cárdenas asegura que en Venezuela, ejercer el periodismo representa un enorme riesgo.

Dijo que «desde las altas esferas del poder gubernamental se mantiene una posición de agresividad e intolerancia frente a periodistas y medios».

La práctica es contraria «a la obligación constitucional de proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, también previsto en los distintos instrumentos internacionales».

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Según el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas, se detalla que de enero a abril de este año registraron 68 casos de violaciones a la libertad de expresión e información.

Hostigamiento 7

Intimidación 8

Campañas de descrédito y criminalización contra periodistas 11

Borrado de material gráfico 3

Impedimento de cobertura 21

Agresiones físicas 1

Decomiso de móvil celular 1

Intento de borrado de material gráfico 1

Bloqueo de medios digitales 11

Cierre de emisoras de radio 3

Retención de credencial periodística 1

El escrito destaca que «la persecución y hostigamiento contra periodistas y medios, impacta en la labor que debemos cumplir para mantener a la sociedad informada oportuna y pluralmente».

A esto se agrega «la impunidad en casos probados de agresiones contra periodistas». La situación «en definitiva envían un mensaje entre líneas de que al periodismo puede someterse de acuerdo al interés de los agresores».

El gremio señala que «el gobierno venezolano debe detener su política de agresiones a la prensa libre y garantizar el derecho ciudadano a informar y a ser informada».

Entre tanto, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), emitió un comunicado en el cual desnuda la realidad de la libertad de prensa en Venezuela.

«Entre mayo de 2021 hasta la fecha, el panorama noticioso nacional se ha oscurecido por el empobrecimiento de la oferta en temas». También por la «falta de diversidad al momento de abordar la realidad política, sanitaria, social, ambiental, científica y económica de Venezuela».

Destaca que hay un «silenciamiento sistemático de las voces disidentes, ya sea por censura directa, la autocensura o por acción perniciosa de los cambios de línea editorial».

Argumenta que estos cambios son inducidos por «la criminalización de la verdad, en los que se sacrifican noticieros independientes».

Agrega que estos noticieros se convierten en «cajas de resonancia de los reportes progubernamentales». O lo que es peor, que «prefieran áreas informativas anodinas como la farándula, el deporte, la gastronomía o la moda, entre otras».

El CNP resalta que la «situación hay que contextualizarla en una Venezuela asolada por la crisis espiritual y económica. Por el hambre, la miseria, la desescolarización y la falta de un sistema sanitario eficiente en medio de una pandemia».

A ello se suman «los cortes de la conectividad, la violencia y la persecución política».

para el gremio, este panorama «se agrava por la debacle económica del país, que redujo la inversión en publicidad para los medios independientes». Y en especial subraya «la migración de los profesionales a otros países».

En otro ámbito, señala que lo que ocurre con la migración de «los medios impresos a Internet». Los mismos son «son víctimas del hackeo, los ciberataques y el bloqueo permanente desde el país. Sobre todo aquellos portales que muestran información contraria al régimen».

Y para rematar, el Colegio recuerda la «la proliferación deliberada de bulos o noticias falsas, producidas por ‘guerrillas comunicacionales’ nacionales o extranjeras».

Los mismos existen «para confundir a la población u opacar la verdad mediante la magnificación de temas irrelevantes o la minimización de los que sí importan».

Además, se usan para «la difamación de personas o instituciones, o la promoción de ideas o temas poco casados con la verdad y el interés de la sociedad».

Esto, «amén del estado general de los servicios públicos, sobre todo el eléctrico, que incide directamente en el acceso del venezolano a las informaciones vía internet o radiofónica».

El CNP lamenta que «mucho del silencio que impera ahora en Venezuela se debe a la imposición de la llamada Ley contra el Odio emitida por una Asamblea Constituyente».

Califica la norma como «un esperpento que le permite al sistema judicial perseguir, enjuiciar y condenar a ciudadanos y periodistas». Todo porque sus «opiniones pueden ser consideradas llamados de intolerancia o a la guerra, según el antojo de los órganos gubernamentales».

La consecuencia es el «ensordecimiento disimulado por las rocolas en las que se han convertido la mayoría de las estaciones de radio en el país». Las mismas «representan 71% de los 980 medios de comunicación que apenas quedan el país», según la ONG Espacio Público.

Denuncia que con esa Ley «se hacen de oídos sordos a verdaderas incitaciones al odio emitidas desde los medios del Estado contra aquellos que estos consideran enemigos».

Ante esta situación, el CNP «celebra que aún haya en el país medios y profesionales de la y comunicación social valientes, corajudos. Dispuestos a defender la verdad y el libre acceso de los venezolanos a la información, como parte fundamental del derecho humano a la Libertad de Expresión».

En Colombia se vive un fuerte debate por cuenta de un artículo que se coló en la ley anticorrupción, pero que igual fue respaldado por la mayoría de congresistas de la Cámara de Representantes, que dispone la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones comunitarias a quienes injurien o calumnien a funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos.

Organizaciones de libertad de prensa y medios de comunicación, protestaron porque se trata de una norma que viola el derecho de informar y de opinar, por lo que piden sea objetado por el presidente Iván Duque.

Hoy, el mandatario trinó lo que parece ser su posición sobre ese “mico” aprobado en Cámara, aseguró que es un defensor de la libertad de prensa y recordó que el Estado firmó la Declaración de Chapultepec, que precisamente obliga a los países miembros de la OEA a defender la libertad de expresión.

“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, aseguró el mandatario colombiano

Duque recordó el primer artículo de esa declaración internacional que dicta: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”

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Si Duque objeta el artículo en mención de la ley anticorrupción la iniciativa se devuelve a la cámara en la que tuvo origen para que tenga lugar un nuevo debate en sesión plenaria.

En caso de que Senado y Cámara insistan, con la mayoría absoluta de los votos de sus miembros, pueden presentarse dos posibilidades: si el proyecto hubiese sido objetado por inconveniente, se remite nuevamente al presidente, quien deberá sancionarlo, sin poder formular nuevas objeciones o se enviará a la Corte Constitucional; así explicó Infoabe.

Un duro golpe le han dado a la libertad de prensa, los congresistas colombianos, quienes aprobaron un artículo que cercena las posibilidades de señalar y argumentar a los periodistas en Colombia.

El Congreso de Colombia, dando curso a una ley anticorrupción, proyecto en pos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, colaron un artículo, en la jerga política colombiana denominado un “mico” ( artículo añadido a última hora, poco antes de las votaciones de la ley) que causó sorpresa e indignación entre los periodistas colombianos.

Se trata de una regulación con la que se limita la libertad de expresión y de prensa en el país, y que al parecer con el visto bueno de la Procuraduría y del Gobierno nacional.

El artículo de marras, es denominado el 68, o de “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, concebido para castigar con cárcel y con multas a quienes critiquen a funcionarios públicos.

Ese artículo 68 establece que si la injuria o calumnia son debidamente comprobadas, y si se ataca y obstruye las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, se incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.

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Los periodistas colombianos están indignados y ya alzan voces de protestas contra esta sanción de los congresistas que limita el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática.

La periodista  del portal El Pitazo, Genesis Carrero, la amedrentó y amenazó un militar mientras cubría el cierre arbitrario de una oficina del Saime en Caracas.

La denuncia la hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en sus redes sociales, donde explicó que el oficial intentó despojar de su celular y su carnet a la periodista.

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Carrero indicó al SNTP que las personas que estaban en la cola del Saime impidieron el hecho.

“El funcionario que se ve en la fotografía forcejeó con la periodista para quitarle sus pertenencias. La algarabía de quienes permanecían en la cola lo evitó”.

El militar continuó amedrentando a la reportera y le tomó fotos y la amenazó con utilizarlas para perjudicarla.

“El militar amenazó a Carrero con utilizar su foto para acusarla de coordinar una red de trata de blancas”, precisó el SNTP.

#AlertaSNTP | Un funcionario militar de apellido Ramírez amedrentó a la periodista Génesis Carrero (@GenesisCS), de @ElPitazoTV, cuando cubría el cierre arbitrario de la oficina del Saime en la Av. Baralt.La fotografió e intentó quitarle el carnet y el teléfono celular #8Jun pic.twitter.com/KPIauMCZV7

A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, (IPYS) registró 84 casos de limitaciones informativas a medios de comunicación y periodistas en los cuatro meses de este 2021.

Destacó que entre los patrones que más destacan están: agresiones y ataques, discurso estigmatizante y hechos de censura,

Entre las acciones más graves están: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, procesos civiles y penales y uso abusivo del poder estatal.

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Ipys asegura que al menos, alguna de estas agresiones graves ocurren contra quienes apuestan por informar de manera responsable y plural.

De acuerdo con la organización, al menos 40 medios de comunicación y de la sociedad civil se vieron afectados por vulnerar el derecho a informar este año.

Entre los afectados también destacaron 36 hombres y 17 mujeres.

Los actores estatales y los simpatizantes oficialistas son los principales victimarios de estas limitaciones.

Tras cumplirse el 30º Aniversario de la Declaración de Windhoek, la Unesco adoptó “la información como bien público” como tema de su Conferencia Internacional 2021.

Con la finalidad justamente de resaltar la idea de que informar e informarse es un derecho global.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa se conmemora cada 3 de mayo por resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Como una forma de honrar los principios de la prensa libre.

El origen de la fecha se debe a una recomendación de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En el marco de un Seminario en Namibia realizado en 1991, adoptó la Declaración de Windhoek para el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista a escala internacional.

No obstante, en los últimos años, el ejercicio libre del periodismo en Venezuela se convirtió en un anhelo para los trabajadores de la prensa.

Así como para los medios de comunicación ante las constantes restricciones contra los derechos informativos que imperan en el país.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Venezuela no tiene mucho que celebrar. Al contrario. cada día aumentan las presiones, persecución, acoso y amenazas contra los comunicadores sociales y medios. Los corresponsales de medios internacionales también sufren por esta situación que hace su labor muy cuesta arriba.

A través de La Voz de América, varios corresponsales manifestaron cómo es vivir en Venezuela, siendo periodista. “Hemos tenido episodios increíblemente sórdidos”, afirma Alonso Moleiro, corresponsal del diario español El País. Señala que la libertad de prensa en Venezuela sufre un “gran deterioro”.

“Existen unas zonas donde todavía se puede ejercer el periodismo, (pero) se van achicando”, agrega.

Moleiro recuerda, por ejemplo, que el propio presidente Nicolás Maduro criticó públicamente su trabajo el pasado año. “Estuve leyendo un artículo de Alonso Moleiro. Yo conozco a Alonso, era amigo mío cuando yo era diputado. (Es) hijo de Moisés Moleiro. Escribe en El País, lo contrataron en El País. Debe ser que él vende sus credenciales (de) que es un hombre de izquierda. Pero no es de izquierda, él es de ultraderecha», afirmó Maduro en 2020.

«Alonso se degradó ideológicamente y se fue para la derecha. Entonces escribe un artículo hoy (en septiembre de 2020) en el periódico El País, de España, utilizando la mentira, la sucia mentira del informe del Grupo de Lima contra mí como presidente, contra Venezuela. Y así como a Alonso Moleiro tienen a 100, 200, 300 plumas que escriben para 100, 200, 300 periódicos, páginas web del mundo y repiten la mentira porque quieren justificar lo injustificable».

Sin embargo, Moleiro resalta el caso de un corresponsal extranjero de El País, que fue agredido físicamente en Caracas mientras hacia una cobertura en 2020.

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Álex Vásquez, corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg, concuerda. Señala que la condición de la libertad de la prensa en Venezuela se encuentra en un “estado crítico” y “acorralada”.

Pero destaca las páginas digitales de noticias e investigación nacionales. “Siguen haciendo el trabajo y lo hacen muy bien” pese a que su situación es más complicada en cuanto al tema de la persecución y ataques.

“Ejercer el periodismo en Venezuela es una profesión bastante complicada”, señala Gabriela González. ella es corresponsal de emisora colombiana W Radio. Destaca que por la misma situación que atraviesa el país, esto también le ocurre a otros profesionales.

“No solamente tiene que narrar los problemas que están padeciendo los ciudadanos, sino que también los tiene que vivir”, afirma.

Un informe de la SIP reflejó esta semana los abusos gubernamentales contra la prensa en Venezuela. El periodista Lenín Danieri cuenta cómo militares le detuvieron e interrogaron ilegalmente un día antes de la publicación de un texto.

Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS Venezuela, explica que en el contexto de la pandemia, se “profundizan unos rasgos que ya durante muchos años hemos venido acumulando” contra los medios.

Esta situación se traduce “en una imposición de un modelo de censura con consecuencias muy graves. Una de ellas es el silencio en muchas zonas de Venezuela”.

Especifica que entre los patrones identificados por IPYS está el tema de las detenciones arbitrarias. Todo unido a restricciones de acceso a información pública.

En marzo, el instituto publicó su informe anual titulado “El Virus de la Censura”. Allí registraron 636 violaciones a las garantías informativas, en el que, de 325 personas afectados, 194 eran reporteros.

Carlos Correa, director de Espacio Público dice que hay patrones “regresivos o restrictivos” que aumentaron con de la pandemia.

Destaca el incremento de los señalamientos por el uso de redes sociales o WhatsApp. Dijo que hay una “percepción criminal o penal contra periodistas y ciudadanos”.

“Informarse en Venezuela e informar en Venezuela es cada vez más duro”, afirma Correa.

“La prensa extranjera ha sido un foco, especialmente cuando ya se han doblado, se han reducido, otras ofertas informativas”, explica el director de Espacio Público. Coloca como ejemplos la salida de la programación de las cableoperadoras, años atrás, de canales como NTN24 o CNN en Español.

González, de la W Radio, enfatiza que las agresiones no son sólo físicas, también pueden ser verbales y se pueden dar en escenario como las redes sociales o incluso programas de televisión o radio. “Personalmente, he sido víctima de cada uno de esas agresiones”, afirma.

Balbi, de Ipys, considera que la labor del periodista en Venezuela representa un esfuerzo “titánico” que demuestra “vocación” e “interés por hacer una enorme resistencia a un patrón de conducta antidemocrática”.

Lo más difícil de explicar de la situación que atraviesa Venezuela, comenta por su parte Moleiro, es “graficar el modelo de dominación chavista” y “no ver a la polarización como una causa, sino como una consecuencia”.

A pesar de toda la situación, Moleiro considera que “la prensa ha resistido”. “Aquí se está contando la historia. Aquí hay un diagnóstico gracias a un esfuerzo periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil entorno a lo que pasó en Venezuela”, afirma.

En el caso de Vásquez, periodista de Bloomberg, comenta que de las informaciones que quizás lleven un poco más de dificultad a la hora de explicar están relacionadas a la “dinámica institucional y la económica” del país.

“Teniendo en cuenta todas las limitaciones que tiene la prensa nacional, la responsabilidad de los corresponsales internacionales es muy grande, porque son, sin duda, una ventana de toda la crisis del país para el mundo”, concluyó Vásquez.

Hoy 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, no es una fecha para celebrar en Venezuela.

En ese país se registra la mayor cantidad de casos de censura y ataque contra periodistas de América Latina.

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Comunicadores sociales presos por informar del COVID-19 y procesos judiciales abiertos en tribunales por publicar en redes sociales, conforman el panorama actual de la prensa.

La lista es larga, el miedo no existe para los reporteros, camarógrafos y fotógrafos para salir a la calle. La valentía es la premisa de estos profesionales que su objetivo es informar.

En un reportaje de la periodista Karla Salcedo Flores para Testigo Directo, nos presenta testimonio de cómo se informa en un país donde la censura, las violaciones a los DDHH y el maltrato son el día a día de la prensa venezolana.

Indignación y rechazo ha generado en las organizaciones defensora de los Derechos Humanos y de la Libertad de Prensa, la detención y liberación de los periodistas de NTN24 y activistas de FundaRedes en el estado Apure.

La Voz de América (VOA) recogió testimonios de algunos representantes de estas organizaciones.

Ellos coinciden en el “peligro que corren los profesionales de la comunicación” y la extinción de la libertad de expresión con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó su “máxima preocupación” por lo que sucede en Venezuela.

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Insta a los funcionarios de Maduro a colaborar para “que haya una mejora en el estado de la libertad de expresión” en el país.

Los periodistas de NTN24, Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, y los activistas de FundaRedes, Juan Salazar y Diógenes Tirado, los detuvieron y luego liberados en Arauca, Apure.

En esa zona hay enfrentamientos entre disidencias de las FARC y militares del Ejército venezolano.

Estos combates han generado el desplazamiento de más de 4.500 personas desde La Victoria en la entidad apureña a Arauquita, zona de la frontera colombiana.

Los reporteros y el personal de FundaRedes estaban en la zona cumpliendo con su deber de informar y cubrir la situación de los desplazados.

La directora de NTN24, Claudia Gurisatti, confirmó que ellos habían sido detenidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin motivo aparente.

“No entendemos las razones por las que fueron arrestados estos periodistas y estos activistas”, subrayó Jornet a la VOA.

Asimismo, exigió al gobierno de Maduro a dar las explicaciones pertinentes para “esclarecer” lo ocurrido.

Criticó la “censura permanente” y las “trabas en el ejercicio del periodismo” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En el 45º Informe Anual de Derechos Humanos, un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se analiza las vulnerabilidades entorno a los DD.HH., ya se exponía la situación que había en Venezuela.

Su portavoz, Namita Biggins, en entrevista con la VOA, recalcó la difícil situación en la que viven muchos medios y periodistas independientes.

Destaca Biggins que desde el Palacio de Miraflores se les intenta silenciar con acciones represivas.

“Existe una impunidad total, nadie está responsabilizando a estos perpetradores de abusos de derechos humanos”, alertó Jornet al respecto.

La SIP también ha reflejado esta crisis en torno a la libertad de prensa a través del Índice Chapultepec colocando a Venezuela en el puesto más bajo del ránking.

El organismo considera que el ejecutivo es responsable del “mayor cerco institucional contrario a la libre circulación de ideas y al derecho a la información”.

“Por ello venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión en ese país y para que los medios de comunicación puedan informar libremente sin trabas”, expuso.

Asimismo, pide que los profesionales “tengan acceso a los insumos”.