La Corte Constitucional de Colombia dio órdenes al Gobierno de Gustavo Petro para que se garantice la seguridad de los líderes sociales en esa nación.

Estas medidas fueron emitidas luego de que el alto tribunal declarara el estado de cosas inconstitucionales por la vulneración de los derechos a esta población.

Esto quiere decir que el Estado colombiano está incurriendo en una violación de los derechos fundamentales de este sector ya que incrementaron las amenazas, son insuficientes las medidas de seguridad y persiste la estigmatización.

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La Corte Constitucional ordenó evaluar el riesgo en el caso concreto de 20 personas que interpusieron una tutela; así dio a conocer Francesco Zucconi en Caracol.

Así la situación, el Gobierno nacional deberá disponer de la capacidad institucional y el presupuesto para la protección; durante 2023 han sido asesinados 157 líderes sociales en Colombia.

Defenderse los derechos humanos en Colombia es cada vez más peligroso.

En lo que va del año 2023, a 59 líderes sociales les han quitado la vida en el país. Abril es el periodo más violento con 21 víctimas.

«En el mes de abril mataron a siete líderes en Antioquia, la mayoría eran miembros de Juntas de Acción Comunal, otros siete eran líderes comunales, tres afrodescendientes y tres líderes políticos», aseguró Leonardo González Perafán, director de conflicto de Indepaz, en declaraciones exclusivas que dio a Caracol.

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Mientras tanto Human Rights Watch encendió las alarmas en Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Cauca, ya que son los departamentos con más asesinatos de líderes sociales.

«Esto indica que las estrategias están siendo insuficientes y que se requiere de verdad aplicar la política integral, territorial, de protección colectiva sobre todo, fortalecimiento de las organizaciones, de inversión», dijo Camilo González Posso, presidente de Indepaz, a Caracol, que dio a conocer esta lamentable información.

Alias «Yeison», de 28 años, fue capturado por la Policía, luego de ser señalado por testigos como el presunto autor material del homicidio de Alfonso Medina, de 68 años.

La víctima era líder social y presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Jaidith de Valledupar, César, Colombia.

Según las investigaciones, alias «Yeison» fue quien le propinó tres impactos de bala al ciudadano el pasado 10 de abril de 2023.

La víctima había denunciado intimidaciones por defender de invasores áreas de cesión en su comunidad.

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Actualmente, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen, y esclarecer si «Yeison» tuvo que ver con otros asesinatos a líderes sociales.

Caracol confirmó que este martes, 25 de abril, será presentado ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Al menos 33 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero y marzo pasados, reveló este sábado el subdirector en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier.

“En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, escribió Pappier en Twitter.

Del total de casos, 12 ocurrieron en enero, 8 en febrero y 13 en marzo, según el subdirector de HRW para las Américas.

En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Estos son los 12 casos de enero: pic.twitter.com/otmDZYchoU

Y estos son los 13 casos de marzo: pic.twitter.com/QC0h7ZyWB2

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La región del Pacífico -en la que operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo que luchan por las rutas del narcotráfico y el control territorial- es donde más líderes y defensores fueron asesinados.

En ese sentido, HRW registró seis casos en Nariño, cinco en el Cauca, tres en Valle del Cauca y uno en Chocó, que son los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico.

El resto de casos sucedieron en Bolívar, César, Magdalena y Sucre, con dos crímenes cada uno, y en Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander, con un asesinato en cada uno, refiere EFE.

Igualmente, señala el documento publicado por Pappier, entre los asesinados hay líderes comunitarios, indígenas, campesinos, de víctimas, LGBTIQ+, afrodescendientes y juveniles, así como un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

En los últimos días fueron asesinados dos líderes sociales vinculados al Pacto Histórico, la coalición de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los hechos ocurrieron en el departamento de Bolívar, donde desconocidos atacaron a estas personas.

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El presidente del Congreso, Roy Barreras, quien denunció que Juan Navarro, líder del Pacto Histórico en el municipio caribeño de Magangué, fue asesinado en la noche del sábado.

La mesa municipal del Pacto Histórico en Magangué ratificó lo acontecido.

Y el presidente Gustavo Petro informó el pasado miércoles que Luis Peña, quien hizo parte de la campaña del Pacto Histórico en Magangué y aspiró al concejo municipal en 2012, fue asesinado la noche del miércoles por sicarios que lo balearon frente a su casa.

Fiscalía General de Colombia investiga para esclarecer estos crímenes y dar con los asesinos.

Durante el actual gobierno presidido por Gustavo Petro se han registrado 35 asesinatos de líderes sociales en Colombia; afirmó Human Right Watch.

Esta ONG internacional de Derechos Humanos reporta que estos crímenes fueron perpetrados entre el 18 de agosto y el 30 de octubre del presente año en 19 de los 32 departamentos que hay en Colombia, lo cual refleja que la problemática no está concentrada en un solo punto, sino que afecta a múltiples regiones colombianas.

Los departamentos más golpeados han sido Nariño, con ocho homicidios; Putumayo, con cuatro; Cauca y Arauca, con tres; Antioquia, Magdalena y Santander, con dos cada uno.

En estos territorios hay presencia de grupos armados ilegales y problemáticas ligadas a los cultivos ilícitos, la extorsión y las disputas de corredores de movilidad entre estructuras criminales, situaciones que ponen en riesgo a los líderes sociales y defensores de DD.HH.

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Juan Pappier, director asociado en funciones de Human Right Watch, a través de su twitter dio a conocer el listado de las más recientes víctimas:

Hemos documentado 35 homicidios de defensores de DDHH y líderes sociales en los primeros tres meses del gobierno de @petrogustavo en Colombia. pic.twitter.com/ImWHdvGi2X

Estas cifras de Human Right Watch demuestran que -hasta el 30 de octubre – mataron a un líder cada 2,4 días.

Durante el gobierno Petro se registran nueve masacres, con un total de 39 muertos.

Jesús Mario Corrales, supuesto representante de una asociación de víctimas del Valle del Cauca, fue condenado a 9 años en prisión

¿Razones? El hombre diseñó un plan criminal en el que difundía panfletos amenazantes contra otros líderes y contra el mismo.

“Se logró condena de nueve años de prisión (…) él difundió panfletos con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país, defensores de derechos humanos y contra él mismo. El mensaje fue difundido el 17 de enero de 2020 a través de un grupo de WhatsApp”, señaló Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada de Fiscalía contra las violaciones de los derechos humanos.

Los panfletos que diseñó y difundió Corrales provenían, supuestamente, de la estructura ilegal conocida como Águilas Negras Bloque Capital.

La investigación de las autoridades determinó que el hombre logró que el falso mensaje difundiera entre 24 de junio de 2019 y el 18 de enero de 2020.

Jesús Mario utilizó un número telefónico desconocido y entró a un grupo de WhatsApp abierto para enviar los panfletos.

En ese momento el caso fue asumido por un fiscal especializado de Medellín.

“Establecieron que la tarjeta sim utilizada para crear el chat colectivo en el que se compartió la amenaza fue comprada en un establecimiento de comercio en Cartago (Valle del Cauca)”, señaló la Fiscalía.

El análisis técnico determinó que la tarjeta fue comprada a pocas cuadras del lugar de residencia de Corrales.

Las amenazas incluían a congresistas, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones no gubernamentales.

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En diciembre de 2020 el CTI de la Fiscalía inspeccionó la vivienda de Corrales en Cartago (Valle) porque era uno de los sospechosos.

En la diligencia le incautaron varios celulares, un computador y una memoria USB que aportó información que terminó por encontrarlo responsable.

Al falso amenazado lo condenaron por los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; amenazas; y falsa denuncia agravada. Estará 9 años tras las rejas.

En Salgar , uno de los municipios antioqueños, asesinaron a Juan Gabriel Rueda, conocido líder del Pacto Histórico, en ese territorio del suroeste antioqueño.

Hasta el momento las autoridades no han revelado los detalles del caso. 

Solo se conoce que el homicidio fue cometido en horas de la noche.

Rueda era conocido como líder social y ambiental y estuvo al frente de la campaña petrista para las recientes elecciones presidenciales en Salgar.

De acuerdo a Indepaz, en el desarrollo de la campaña, la víctima había denunciado amenazas contra su vida por el proceso de liderazgo que llevaba a cabo.

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El presidente Gustavo Petro condenó el homicidio: “¿Quién asesinó al militante del Pacto Histórico Juan Gabriel Rueda en Salgar?”, se preguntó el mandatario al recordar su papel en la pasada campaña que lo llevó a la Presidencia de Colombia.

¿Quién asesinó al militante del Pacto Histórico Juan Gabriel Rueda, en Salgar, Antioquia?Juan Gabriel fué coordinador de mi campaña en ese municipio. A @FiscaliaCol le corresponde coordinar la investigación. https://t.co/QSkXTNVFqT

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT N°004/2022 de riesgo electoral y la AT 040/20, en las cuales señala que existe una presencia de estructuras armadas que ejercen un control e impactan los derechos políticos y de participación en medio de amenazas, homicidios selectivos y ataques indiscriminados a candidatos o sedes políticas”, recordó el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó el más reciente informe sobre su última misión de verificación realizada en Colombia, en la cual destaca la denuncia de 43 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales,

El escrito estuvo enmarcado en el periodo del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022, en el cual se desarrolló la campaña electoral y la celebración de las elecciones legislativas del 13 de marzo; y se presentaron una serie de sucesos violentos y notables incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz.

Entre la información recogida durante este lapso, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió la denuncia de 43 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, incluidas 4 mujeres, 7 afrocolombianos y 13 líderes indígenas.

Así mismo, la ONU recogió que la Defensoría del Pueblo emitió siete alertas tempranas para Bogotá y otros 20 municipios de los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, el Magdalena, el Putumayo, Risaralda, el Tolima y el Valle del Cauca, además de una alerta temprana electoral nacional.

“En esta última se identificaron 521 municipios, de los más de 1.100 municipios de Colombia, que corren algún tipo de riesgo, entre ellos 79 municipios en riesgo extremo”, señala el informe.

La ONU también hizo un recuento de los principales acontecimientos de estos meses, como los relacionados con la campaña política, en la que destacó los incidentes de seguridad que vivieron algunos aspirantes al Congreso y recordó lo que se viene presentando en Arauca con los enfrentamientos y tensiones entre el Eln y disidencias de las Farc, que han dejado a miles de personas desplazadas y confinadas.

Sin embargo, el informe muestra una visión optimista sobre lo que viene ocurriendo en el país, al punto de afirmar que el 2022 “constituye un punto de inflexión para el sistema de justicia transicional al arrojar luz sobre los horrores del pasado”.

“Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue proporcionando consuelo a cientos de familias de desaparecidos; la Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para que los perpetradores reconozcan, cara a cara con las víctimas y ante la sociedad colombiana, sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto y contribuyan a la verdad”, precisa el informe.

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La ONU destacó la creación de las 16 curules de paz en el Congreso al afirmar que con esta decisión se “ofrece una oportunidad histórica para abordar desigualdades estructurales y reparar el daño causado por el conflicto”.

Igualmente, valoró el hecho de que más de 13.000 excombatientes sigan recibiendo apoyo para su reincorporación:

“Decenas de miles de familias campesinas están abandonando los cultivos ilícitos y los colombianos de las regiones afectadas por el conflicto empiezan a ver las tan esperadas inversiones”.

“Aunque aún queda mucho trabajo por hacer para profundizar y consolidar la paz en el país, Colombia sigue dando pasos; a través de la implementación del Acuerdo Final, hacia una democracia más inclusiva que llegue a todos sus ciudadanos y territorios”, concluye el informe.

Mario Palomino había salido a trabajar en el colegio Monseñor, como se desempañaba normalmente, según narró su compañera, y al parecer regresaba a su vivienda cuando fue abordado por los violentos que le causaron la muerte.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, se trata del sexto líder asesinado en lo corrido de este 2022, debido a que acompañaba a la comunidad y formaba en defensa ambiental.

Mario Palomino, de 35 años de edad, habría sido asesinado el pasado 17 de enero. 

Su cuerpo lo encontraron, en horas de la noche, al lado de la carretera que conduce a la vereda Campo Alegre, en la zona alta del municipio.

Sobre las 9:30 de la noche, el cuadrante recibió una llamada de un cuerpo sin vida cerca de la vereda Campo Alegre, al llegar pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, por lo que se encontraba junto a su motocicleta.

Sin embargo, al verificar el cuerpo, encontraron que tenía un impacto con arma de fuego, un tiro de gracia en la cabeza.

Según INDEPAZ, el docente habría sido interceptado y atacado por hombres armados, aunque permanece la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Mario Palomino había salido a trabajar en el colegio Monseñor, como se desempañaba normalmente, según narró su compañera, y al parecer regresaba a su vivienda cuando fue abordado por los violentos que le causaron la muerte.

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El alcalde del municipio Carmen de Viboral, John Fredy Quintero, lideró al día siguiente un consejo extraordinario de seguridad como parte de las estrategias para investigar y esclarecer los hechos del homicidio del maestro, junto al CTI y la Policía.

Al parecer no se trata de un hecho aislado y lo atribuyen a la violencia que vive el oriente del departamento antioqueño, dada la alta incidencia de grupos armados. Los principales en la zona son Los Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y las AGC o Clan del Golfo.

A los líderes sociales y exguerrilleros los siguen matando en Colombia, así lo advierte la Misión de Verificación de la ONU en su último informe.

Durante abril, mayo y junio fueron asesinados 49 líderes defensores y defensoras de derechos humanos, 16 excombatientes, además documentaron al menos 19 masacres.

Estos líderes y antiguos guerrilleros están en la mira de quienes consideran que su labor no es legítima en Colombia.

En el caso de los exguerrilleros asesinados, a pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, siguen presentándose grandes falencias.

Entre ellas las garantías económicas para las personas que dejaron las armas al desmovilizarse de las Farc.

Por su parte el secretario general de la ONU indicó que la no violencia, el diálogo y la concertación son el camino que permitirá a Colombia avanzar hacia la reconciliación.

António Guterres también indicó que se hace necesario la restauración de su tejido social.

De acuerdo con el informe de la misión de la ONU al menos 54 civiles han sido asesinados y cientos han resultado heridas producto de la represión de las manifestaciones.

Protestas que afectaron Colombia por más de 60 días desde el 28 de abril de 2021.

Asimismo, otra de las situaciones evidenciadas por la ONU fue el desplazamiento forzado, que según los funcionarios del organismo han afectado a comunidades, líderes sociales y excombatientes en 25 municipios.

Fenómeno que se ha presentado principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del cauca.

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INFOGRAFIA INFORME TRIMESTRAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA ONU EN COLOMBIA#DDHH pic.twitter.com/M2xaFX1nG7

Secretario General de @ONU_es @antonioguterres, en su más reciente informe sobre @MisionONUCol, resalta importancia de continuar avanzando en implementación integral del #AcuerdoDePaz, sobre todo al aproximarse el quinto aniversario de firma del Acuerdo. https://t.co/yndWrEB4kF pic.twitter.com/brHJIK6FhP

Este jueves el representante demócrata Jim McGovern criticó al Gobierno de Iván Duque al señalar que informe sobre DD.HH en Colombia de Human Rights Watchs fue recibido con «indiferencia y hostilidad».

«Tristemente, las recomendaciones fueron recibidas con indiferencia, hostilidad y rechazadas de primera mano. Fueron tratadas más como mala prensa», aseguró.

El representante también dijo que dicho informe no se tomó como un intento serio de ofrecer ayuda para trazar la ruta que interrumpa espiral de violencia.

Por eso hizo un llamado para que la administración Biden y el Congreso revise el informe de Human Rights Watch.

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Además, determinar cómo la política de Estados Unidos y su ayuda puede avanzar hacia la total implementación del acuerdo de paz», acotó.

Asimismo los crímenes de líderes sociales y la defensa de los derechos humanos en Colombia, están en la mira en el Congreso de EE.UU.

Jim McGovern, hizo el llamado durante una sesión del Congreso de Estados Unidos donde también pidió que el gobierno de Joe Biden que haga de la defensa de los DD.HH y la protección de líderes sociales en Colombia como prioridad.

«Por eso le hago un llamado a la administración Biden para que vuelva la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales una de las más altas prioridades en las relaciones con Colombia», reiteró.

**Importante**El Congresista de EEUU @RepMcGovern le pide al Congreso de EEUU y a la administración Biden que estudien nuestro informe sobre asesinatos de defensores de derechos humanos y que transformen este tema en "una de las máximas prioridades en la relación con Colombia": pic.twitter.com/0vB1qUhFpY