Al cumplirse este seis de febrero, 6 años de la asistencia a la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de parte de la activista por los DD.HH., Linda Loaiza López, en Costa Rica, ella denuncia que el sistema de justicia en Venezuela «favorece a los agresores».

«Me vi obligada a buscar justicia a nivel internacional debido a la impunidad reinante en el sistema de justicia venezolano», publicó López en su cuenta en Instagram, en referencia a su caso conocido como el del «monstruo de Los Palos Grandes, ocurrido hace más de 20 años.

Linda recordó que «ese tribunal internacional escuchó mi testimonio con valoración, respecto y la dignidad que merece una sobreviviente de tortura, violaciones sexuales y tratos crueles e inhumanos».

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Denunció que ese abordaje de su caso no lo consiguió «en Venezuela, donde solo ha reinado la impunidad para escucharme y hacerme justicia. La cruda realidad es que dentro del sistema de justicia venezolano se favorece a los agresores», lamentó.

Agregó que en Venezuela «se ignora, desvaloriza e impide la justicia y solo se revictimiza, especialmente si eres una mujer».

Hoy #06Feb se cumplen 6 años, de mi asistencia a la audiencia en la @CorteIDH en Costa Rica. Me vi obligada a buscar justicia a nivel internacional debido a la impunidad reinante en el sistema de justicia venezolano. pic.twitter.com/S25VE0VN0O

Este 19 de julio se cumplen 23 años desde que la actual abogada y activista por los DD.HH., Linda Loaiza López, pudo pedir auxilio y ser salvada de tres meses de una vida infierno que le hizo vivir Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como «el monstruo de Los Palos Grandes».

Mediante sus cuentas en redes sociales, Linda recordó esta fecha, pero también denunció que no se ha hecho justicia, en uno de los peores casos de violencia de género y violación de DD. HH. contra la mujer, que se haya conocido en Venezuela.

«Hace 23 años, un día como hoy 19 de julio del año 2001, pude pedir auxilio y ser rescatada del infierno en el que casi pierdo la vida», publicó.

«Desde entonces, soy sobreviviente de esclavitud sexual y tortura. Luis Antonio Carrera Almoina fue mi agresor, quien transita libremente gracias a la complicidad e impunidad que lo han amparado», denunció.

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El caso de Linda ha trascendido las fronteras de Venezuela para ser ventilado en el ámbito internacional. Se convirtió, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el primero donde la instancia condena a un estado, por inacción, frente a tamaña violación de los DD. HH.

En el 2018, la CIDH “notificó la sentencia condenatoria que dictó contra el Estado”, al que la corte insta a “continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual”.

La medida de la Corte también establece que el Estado debe investigar a fin de “identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento, ataques y amenazas”, así como “determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido”.

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Este 27 de marzo se cumplen 23 años del secuestro de la activista por los DD.HH., Linda Loaiza López, por parte de Luis Carrera Almoina, uno de los episodios más turbios y crueles acerca de la violencia de género en Venezuela.

El recordatorio lo hizo la propia activista, a través de sus redes sociales, donde publicó que Carrera Almoina es «un criminal al que solo se le dio una pena mínima que no incluyó, por los delitos de violencia sexual y tortura de las que fui objeto».

Como se recordará, en el año 2001, este caso fue de relevancia nacional e internacional, por la crueldad con que Carrera Almoina agredió a la joven que en aquel entonces tenía 18 años, al punto que era conocido como «el monstruo de Los Palos Grandes», por ser esta la urbanización donde Loaiza estuvo en cautiverio durante varios meses.

Durante su cautiverio, la abogada fue abusada sexualmente, mutilada, agredida y torturada.

Fue rescatada el 19 de julio de 2001 por bomberos y funcionarios policiales y, a partir de ese momento, la joven pasó, además de por una larga recuperación, por un proceso afectado por la burocracia y el retardo judicial, además de la revictimización, pero, de parte de las autoridades.

El caso de Linda pasó al plano internacional y llegó a la CIDH, organismo que emitió medidas a su favor, las cuales no han sido cumplidas por el Estado venezolano.

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En su post, Loaiza ratifica sus denuncias. «Este criminal sigue protegido por la impunidad reinante en el sistema de justicia venezolano. Llevo 23 años, denunciando y caminando por el Palacio de Justicia en Caracas buscando justicia sin ser escuchado mi legítimo reclamo de justicia».

Lamenta que la justicia en Venezuela lo que le ha garantizado «es la revictimización sin límites».

Finalmente, envió un «abrazo a todas las que les haya tocado o se verán obligadas a transitar por el imperdonable camino de la impunidad, porque ninguna mujer está exenta de ser víctima de la violencia machista y de la que nos impone el Estado».

Linda Loaiza López, abogada y defensora de DD.HH., recordó este jueves que se cumplieron cinco años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor.

Loaiza fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, por el llamado «monstruo de Los Palos Grandes», Luis Carrera Almoina.

A través de sus redes sociales, la activista denunció la impunidad por parte del Estado venezolano.

«Son 5 años exigiendo al Estado venezolano su obligación de cumplir con la sentencia López Soto Vs. Venezuela».

«Se cumplen cinco años» desde que la CIDH le «notificó la sentencia condenatoria que dictó contra el Estado», al que la corte insta a «continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual», destaca en su post.

La medida de la Corte también establece que el Estado debe investigar a fin de «identificar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento, ataques y amenazas», así como «determinar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, las eventuales responsabilidades de los funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido».

Pero, la abogada aseguró su caso «no prescribe por ser una violación a los derechos humanos», además de ratificar que la «su inacción» le «sigue revictimizando», tanto a ella como a su familia.

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La CIDH encontró al Estado «responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto», durante su cautiverio, cuando apenas tenía 18 años y fue secuestrada el 27 de marzo de 2001.

«Fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos».

Recibió «golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros».

Ella acudió a instancias internacionales, puesto que en Venezuela se celebraron dos juicios orales, puesto que el primero fue anulado.

En el segundo proceso penal, el agresor, fue condenado solo por de privación de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por violación.

Para la abogada y activista por los derechos humanos, Linda Loaiza López, la reciente sentencia dictada contra Matías Enrique Salazar Moure, alias «el monstruo de Maracay», a 17 años de cárcel es una «migaja de justicia» con Morella López León, puesto que los tribunales tomaron una decisión «absolutoria por el delito de esclavitud sexual».

En un comunicado público, Loaiza destaca que, «por los resultados del fallo, se entiende que Matías Enrique Salazar Moure, fue absuelto por el delito de esclavitud sexual, ante la supuesta falta de elementos probatorios» y solo lo condenaron «por los delitos de violencia psicológica y violencia sexual».

«Nuevamente, se muestra en este caso, como en el mío, que nuestros testimonios quedan sin valor probatorio y bajo sospecha; no tienen peso jurídico para ser creíbles, y en consecuencia se aplica con gran discrecionalidad una sentencia que nunca puede recoger y sancionar el gran trauma, el dolor vivido, la indefensión, la espera de la muerte como fin de la tortura en nuestros cuerpos», lamentó.

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Linda Loaiza señala que las palabras de Morella León son elocuentes, en cuanto a que la condena aplicada no es suficiente.

«17 años y 10 meses, pero cónchale, pesa saber que es la mitad del tiempo que él me tuvo a mí, pero es lo que dice la ley, la acato, la respeto, la acepto y espero que se cumpla”, dijo León, a lo que Loaiza replica que de esta forma la víctima «explica la injusticia del sistema venezolano».

«Sí creo que hay muchas cosas que deberían tomarse en cuenta en casos como el mío, porque a veces las condenas resultan tan injustas…Todo fue obligatorio, no hubo nada consensuado, yo no podía ser yo, yo no podía hablar con mi tono de voz, yo, tenía que hablar como él me lo decía, y esa no era yo”… ”Él me ordenaba y yo tenía que cumplir”…. “las llaves eran un mecanismo de control”, relató la mujer cautiva durante 31 años.

A juicio de Linda Loaiza, «es difícil aceptar cómo la minimización de los derechos humanos de nosotras las mujeres, es la máxima respuesta que recibimos cuando acudimos a denunciar y logramos una sentencia ante el sistema de justicia venezolano»

Por ello, insiste en que «las migajas de justicia sustentadas en la ineficiencia del Estado de cumplir con su deber de actuar con la debida diligencia en investigar oportuna y verazmente cuando se presenta una denuncia sobre la desaparición de una mujer y sancionar a los responsables de tales delitos y crímenes conforme a las legislaciones vigentes, que solo quedaron en letras muertas al ser escritas».

La abogada sostiene que «las aplicaciones debidas de los castigos que establece la ley, conducirían a la prevención de cualquier tipo de violencia contra la mujer en nuestro país».

También afirma que «las expectativas y los derechos que tenemos las mujeres debería de ser conocidas por todo el país, especialmente por las mujeres, desde que Venezuela adoptó la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1980, Convención de Belém Do Pará en 1995, ley de violencia contra la mujer y la familia en 1999, sustituida por la actual Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia promulgada en el 2007, con sus dos reformas (2014 y 2021), que continúa sin el obligatorio reglamento para su aplicabilidad».

Igualmente, recuerda que «es deber del Estado hacerlas de dominio público, así ninguna mujer se sentiría desprotegida y sin expectativas cuando acude al sistema de justicia buscando hacer valer sus derechos consagrados en esas leyes».

Asimismo rememora que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en mi caso Sentencia López Soto Vs Venezuela que para que se configurara el delito de esclavitud sexual era necesario verificar dos elementos: 1) el ejercicio de atributos del derecho de propiedad sobre una persona, y 2) la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de la persona».

En consecuencia, «es necesaria y urge la verdadera aplicación de las normas nacionales e internacionales, porque no es lo mismo justicia que una migaja de sentencia condenatoria».

Linda Loaiza invita «a las mujeres a no conformarse con migajas de justicia, porque es una violación a nuestros derechos humanos que profundiza las formas de violencia del Estado contra las mujeres».

A la activista por los derechos humanos Linda Loaiza López se le siguen violando sus DD. HH., a pesar de haber probado, incluso en el ámbito internacional, que fue víctima de los delitos más terribles que se le pueden infligir a un ser humano, como es el secuestro, la tortura, violación y violencia de género.

Este lunes, a través de sus redes sociales y mediante sus contactos de WhatsApp, la abogada anunció su renuncia al proyecto sobre DD. HH., en el que participaba, en la Universidad Metropolitana (Unimet).

¿La razón? Esta universidad otorgó un doctorado «honoris causa» al historiador Germán Carrera Damas, «por ser un ciudadano ejemplar de Venezuela», pese a estar implicado en la trama de su sobrino Luis Carrera Almoina, responsable del sufrimiento de Linda.

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Apenas se supo de la renuncia de la activista, las reacciones por redes sociales estallaron.

Uno de los usuarios dijo: «Qué porquería @Unimet. La probidad debe ser tomada en cuenta para otorgar títulos Honoris Causa. Es de conocimiento público que ese tipo hizo lo imposible por comprar la justicia y favorecer a su hijo delincuente en perjuicio de Linda Loaiza».

«El caso de Linda Loaiza no ha obtenido justicia en Venezuela. Al mismo tiempo ocurre algo casi tan malo como la impunidad y es que también ha habido esfuerzos para que no haya memoria ni verdad», escribió por su parte, el experto en informática Luis Carlos Díaz.

Y por ello, pide que «no hay que borrar a Linda Loaiza @lindaloaiza24 de la historia de Venezuela».

Las redes sociales han sido muy críticas con uno de los personajes que celebró el otorgamiento del doctorado a Carrera damas, como es el también intelectual e historiador, Elías Pino Iturrieta.

A favor de Linda Loaiza hay una sentencia de la CIDH emitida hace más de cuatro años, en la cual se exige el castigo a los responsables por lo sucedido.

Loaiza ha denunciado que la impunidad sigue “abriendo la puerta para la continuidad de estos crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes” en Venezuela.

COMUNICADO#LindaLoaiza pic.twitter.com/ps9Yg2DRIs

La activista por los DD.HH. y abogada, Linda Loaiza, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, denunció este miércoles que el Estado venezolano no ha tomado ninguna acción en su caso tras cumplirse cuatro años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Esa sentencia no abrió ninguna puerta para que el sistema de Justicia venezolano hiciera algún gesto reivindicador de su nefasta actuación en mi caso», publicó Loaiza en un comunicado difundido por sus redes sociales.

Aclaró que ese fallo no basta si el Estado no cumple con ese mandato.

«Esa sentencia sigue mostrando la cara inocultable de la impunidad sistemática en Venezuela», agregó.

Sostuvo que «sigue la impunidad abriendo la puerta para la continuidad de estos crímenes contra las mujeres, niñas y adolescentes».

«Quizás para muchas víctimas no será diferente. Pero esa sentencia, sigue mostrando la cara inocultable de la impunidad sistemática en Venezuela», denunció.

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En 2018, la CIDH encontró al Estado «responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer».

La joven fue secuestrada por un hombre el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud.

Los jueces de la CIDH determinaron que durante el periodo que estuvo secuestrada, López Soto «fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos».

Según la sentencia, fue víctima de «golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros».

En Venezuela se llevaron a cabo dos juicios orales, ya que el primero fue anulado.

En el segundo, el agresor, identificado como Luis Carrera Almoina, fue condenado por los delitos de privación de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por violación.

.Hoy se cumplen cuatro 4 años, léase bien, cuatro 4 años de haber sido notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos @CorteIDH de la sentencia condenatoria contra el Estado venezolano por las diversas violaciones a los DDHH en mi caso (López Soto Vs Venezuela) ?

Este 19 de julio se cumplieron 20 años desde que, con apenas un poco de fuerzas, Linda Loaiza López pudo gritar para que la salvaran. Luis Carrera Almoina, el llamado «monstruo» de Los Palos Grandes, la tuvo cautiva durante varios meses, durante los cuales sometió a la joven a torturas y vejámenes, difíciles de soportar y menos de comprender.

La fecha la recordó la propia Linda Loaiza, a través de sus redes sociales. La ahora abogada y defensora de los DD.HH. recuerda que tras dos décadas, aún no ha recibido justicia por parte del Estado venezolano.

«¡¡Auxilio!!! sáquenme de aquí!!!. Hoy se cumplen 20 años de ese grito que pude lanzar desde la ventana de la última celda de tortura de las que Luis Antonio Carrera Almoina premeditó para violarme, torturarme y aniquilarme», publicó en Twitter.

Relata cómo pudo reunir fuerzas y valor para gritar por su vida. «Casi moribunda, aterrada, destrozada físicamente por dentro y por fuera, con desnutrición severa logré pedir auxilio y ser rescatada del primer crimen en mi contra», dijo.

Pero, denunció que «la que podía ser la segunda ventana para salvarme dio inicio al segundo crimen: el del sistema de justicia venezolano, delegado desde el primer momento en la fiscal 33 del Ministerio Público, Capaya Rodríguez González», recordó.

Pero, agregó que «esa ventana de aparente salvación y de justicia comenzó a cerrarse desde el primer momento en el que (la fisca) dijo sería mi defensora».

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Remarcó que «bajo su directriz (de capaya Rodríguez), me trasladó en una ambulancia que tardó 5 horas desde La urbanización El Rosal hasta el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Casi muero entre el intenso dolor y desesperación que le manifestaba, ella solo me decía ‘ya vamos a llegar'», relató.

Recordó que «durante el tortuoso y doloroso proceso médico que me permitió vivir y no quedar totalmente incapacitada, la actuación de la Fiscal 33 Capaya Rodríguez González fue más cruel de lo que me podía imaginar. No solo me torturó con sus interrogatorios e intervenciones», refirió.

Dijo que lo hizo «hasta en las salas de recuperación postoperatoria, contraviniendo órdenes médicas». La fiscal también «impedía la presencia para mi cuidado de mi angustiada familia. Y como delegada y avalada por el Ministerio Público, tergiversó y obstaculizo todo el proceso penal».

Enfatizó en que la funcionaria «logró que Luis Antonio Carrera Almoina, quedara absuelto de los delitos de violación. También de tortura sistemática e intento de homicidio cometidos en mi contra».

Subraya que ese hombre «permanece impune de las muertes y delitos denunciados por las que sobrevivieron a sus torturas». Y añade que, debido a las influencias de Carrera, solo «se le condenó benévolamente». Purgó » 6 años de cárcel por privación ilegítima de libertad y lesiones graves».

Añadió que esa condena ocurrió «5 años después de mi rescate». Y afirmó que de esta manera «el Estado venezolano y su sistema de justicia comete el segundo crimen en mi contra».

Y debido a esa actuación de la fiscal, Linda Loaiza se presgunta ¿Cuantas ‘defendidas’ como yo habrá abultado los ‘méritos’ de la fiscal 33 Capaya Rodríguez González para que el Estado la premiara tanto?».

De hecho, menciona los cargos desempeñados por ella: «embajadora en Filipinas y actualmente viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores».

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Tras estas primeras acciones, emprendió su propia cruzada. «Obligada por tanta injusticia abrí la segunda ventana verdaderamente imparcial: la justicia internacional».

La misma, «luego de juzgar la actuación judicial del Estado Venezolano lo condena». Lo hizo por ser «responsable por tener las evidencias en las denuncias de mi hermana sobre mi desaparición. También por no haber investigado y sancionado debidamente los delitos cometidos en mi contra y mi familia, por un particular.».

Pero, «esa ventana verdaderamente imparcial no ha logrado abrir la que, desde el primer momento, me cerró el Estado venezolano. Aún estoy frente a las puertas del Estado para que cumpla la sentencia que le dictara la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 26 de septiembre cumplirá 3 años».

Para Linda Loaiza, «no se entiende cómo se niega a su cumplimiento un Estado, como el venezolano, que se autonombra feminista. Incluso, cuando el Fiscal General Tarek William Saab, declaró hace poco tiempo que ha incluido en su agenda los derechos humanos de las mujeres», recordó.

Como una forma de plasmar en papel el camino recorrido desde hace 20 años, Linda Loaiza escribió un libro.

«Recordamos esta fecha con la memoria histórica del libro Doble Crimen que junto con Luisa Kislinger y la Editorial Dahbar narra mi calvario como sobreviviente. Un testimonio que muestra como la violencia contra las mujeres, aunque tenga todas las pruebas, testigos y una legislación especial para ser juzgada, no logra alcanzar a las mujeres lo que vende como justicia y solo les muestra una incontable secuencia de revictimización», subrayó.

Has pasado 20 años desde que a Linda Loaiza López le cambiaron su vida para siempre. El monstruo de Los Palos Grandes, como se conoce a su victimario, Luis Carrera Almoina está libre, pese a que durante 112 días la violó, mutiló y convirtió en esclava sexual.

Desde aquel mes de junio de 2001 hasta el momento han pasado dos décadas, durante las cuales la ahora abogada y activista por los Derechos Humanos no ha dejado de luchar. Lucha contra la impunidad y la injusticia, porque Carrera Almoina solo pagó seis años de cárcel y no por violación.

En entrevista con la periodista Sebastiana Barráez, para infobae, Linda Loaíza revela que tiene muchas cicatrices. Pero la herida de la justicia aun sangra.

«Ningún agresor, ningún torturador, ningún violador, merece perdón ni olvido. Lo que ellos merecen es sanciones, ser condenados, ser apresados, ser privados de libertad para evitar que otras mujeres, otras niñas, otras adolescentes, corran peligro», dijo.

Al hacerse públicas las denuncias de abuso y acoso sexual por parte de personas famosas de la cultura y la música, volvió a pedir justicia. Lo hizo directamente al fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, porque él aseguró que se haría justicia para esas víctimas.

Ella reconoció ese anuncio, pero le recordó a Saab que el Estado venezolano tiene una deuda con ella y con las otras víctimas de violación de Carrera Almoina.

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Desde que la rescatan hasta que la llevan a prestarle atención médica pasaron cinco horas. “Lo había perdido todo, mi familia estaba desmoronada. Yo en cualquier momento podía fallecer, aparte de todo el tiempo que estuve en cautiverio, mi vida estuvo en peligro. Tengo 15 operaciones muy comprometedoras, dos del páncreas, son de gran envergadura para una persona, yo tenía 18 años”, señala.

“Desde el momento en que mi hermana me rescató, no ocurre nada. Las instituciones del Estado no dictaron las medidas de protección que debían, desde allí comienza la falla”, agrega.

El apellido de quien la secuestró, violó y torturó, Luis Antonio Carrera Almoina, no es cualquiera. Es parte de una familia reconocida en el mundo académico venezolano.

Su padre es el destacado escritor, miembro de la Academia Venezolana de Letras y exrector de la Universidad Nacional Abierta, doctor Gustavo Luis Carrera Damas. Y sus tíos son el historiador Germán Carrera Damas, colaborador de la Unesco, Jerónimo Carrera Damas.

Para que se realizara el juicio Linda Loaiza, a secas, como todos la llaman, tuvo que hacer una huelga de hambre durante 13 días. “Eso me llevó unas 6 o 7 semanas de un proceso de juicio, audiencias, ofensas, atropellos, donde no se valoró mi testimonio”.

En octubre del 2004 la juez Rosa Cádiz absolvió a Carrera Almoina de todos los cargos. Él dijo que la joven había llegado golpeada a su casa y que no denunció porque ella no quería implicar a personas allegadas. En un nuevo juicio el individuo fue sentenciado por lesiones gravísimas y privación de libertad, por lo que estuvo preso durante seis años. Siguen pendientes los delitos de violación e intento de homicidio.

Por su parte, hoy en día, Linda Loaiza subraya que recibe mucha solidaridad a través de mensajes, “Algunas personas piden perdón por no haber actuado efectiva ni activamente desde el año 2001 hasta ahora”. 

Para Linda Loaiza la impunidad en su caso es un aliciente para que los depredadores sexuales, los violadores, sientan que en Venezuela pueden cometer este tipo de delitos y no pagar por ellos.

«Si hace 20 años atrás, el Estado, las instituciones, el sistema de justicia hubieran dado un mensaje diferente a los agresores, a los violadores, pero al no brindarme justicia, al no emitir una sentencia de justicia ejemplarizante en favor de las mujeres, el mensaje que le sigue brindando el Estado a la sociedad es que a los hombres que cometen delitos, no los vamos a sancionar. Ese es el mensaje que le ha enviado la Justicia a la sociedad venezolana desde hace 20 años. Ellos tienen la oportunidad de reconocer, rectificar y sancionar a cualquier hombre que comete estos delitos», dijo.

«Cuando se trata de delitos contra la mujer, básicamente no nos creen. Mi hermana fue varias veces a denunciar mi desaparición y no le tomaron la denuncia, hasta que ella recibió amenazas por parte de la persona que me tenía en cautiverio a mí. ¿Puedes imaginar la incredulidad?», agregó.

Linda Loaiza reitera, “yo continúo buscando justicia para mí y por supuesto, para todas las mujeres a nivel nacional e internacional, sobre todo en la cultura de las nuevas generaciones, porque es muy importante la formación de personas con valores, con equidad, con justicia. Por eso continúo”.

«Fue una sobrevivencia en todos los sentidos, desde varios ángulos y frentes: luchar por la parte médica, mi recuperación, luchar para mantenerme socialmente, intentar la parte legal. Fue una lucha bárbara por resistir, por buscar justicia; creo en mí misma y en la lucha que he dado. Desde el momento de mi rescate, el 19 de julio de 2001, atravieso por un sinfín de atropellos, incluso durante el traslado en ambulancia hasta el hospital».

«Para sobrevivientes de delitos relacionados con la sexualidad, como la violación, es muy difícil relacionarse y enfrentar la sociedad, es un gran reto. Durante estos 20 años he estado acompañada por terapeutas, tanto psicológica como psiquiatra y en algunas oportunidades he estado medicada, cuando ha sido necesario; he contado con el apoyo de mis padres y de mis hermanas y hermanos, he buscado especialistas en el tema. He hecho un esfuerzo, he mantenido la perseverancia, la constancia para alcanzar la justicia, con disciplina. Las víctimas y sobrevivientes requieren, para su desarrollo en la sociedad, lograr justicia».

«Ante cualquier delito de violencia, deben denunciar. Es importante informar a las autoridades y buscar ayuda de cualquier institución, organización, de cualquier profesional, a fin de protegerse, hay que formalizar las denuncias, acudir a las instituciones correspondientes, al Ministerio Público, obviamente, y denunciar cualquier delito que pudiera estar sufriendo una mujer, una adolescente, también perseverar y buscar justicia. Es un camino largo, duro».

En mi experiencia, pienso que esto no se supera, este sufrimiento, esta afectación. Este tipo de delito no se supera, se aprende a convivir con ese dolor, y es allí donde alcanzar la justicia se vuelve una necesidad para la sobreviviente. Eso es indispensable para cualquier sobreviviente, al menos para continuar la vida, para cerrar un capítulo y seguir.

La activista por los Derechos Humanos y los derechos de la mujer, Linda Loaiza López, pidió «justicia». Lo hizo por su caso, por el cual su violador y secuestrador, Luis Carrera Almoina, solo pagó seis años de cárcel, pero no por el delito de violación.

Pero el llamado de Loaiza no es solo por ella, sino por las demás víctimas del llamado «monstruo de Los Palos Grandes».

La petición de Linda tiene esta vez un destinatario específico y es Tarek William Saab, fiscal de Nicolás Maduro.

La activista hizo la solicitud a Saab a propósito del pronunciamiento que este hizo por las denuncias de violación contra los integrantes de varios grupos musicales.

«Celebro que Ud. considere pertinente abrir una investigación penal sobre los casos sobre las graves denuncias públicas contra Willy Mckey, Alejandro Dijo y Tony Maestraci», dijo Loaiza en Twitter.

«También es una grave denuncia pública la realizada por la Sra. Zuleima Yamilet Arraiz. Ella también denunció a Luis Antonio Carrera Almoina como su agresor, caso que requiere la misma apertura de una investigación penal contra este delincuente que como Ud. bien sabe me mantuvo en cautiverio bajo tortura y violaciones durante casi 4 meses», dijo.

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Invitó a Saab a leer el libro de su autoría Doble Crimen, «para que tenga mayor conocimiento de otras víctimas que esperan justicia».

Pero eso no es todo, «tenemos el caso de la Sra. Rosalva Porras y y la Sra. Yolanda Contreras que denunciaron en el año 2001 y no han recibido respuesta», informó.

Y recordó que «se encuentra pendiente la revisión del proceso en lo atinente al delito de violación en mi caso; según el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Publico en el año 2016».

Insistió en que » la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado venezolano el 26 de septiembre de 2018, sobre la cual hasta la fecha no he tenido ninguna respuesta. Ud. ha expresado públicamente que los derechos de las mujeres están dentro de su agenda, yo Linda Loaiza López Soto lo insto a qué Ud. como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con sus funciones, inste al Estado venezolano a cumplir con todo lo que se encuentra expresado en esa sentencia. Ciudadano Fiscal espero su respuesta», remató.

Lo que le ocurrió a Linda Loaiza López, durante 114 días, en el 2001, solo tiene un calificativo: tragedia. Durante esos meses, cuando Luis Carrera Almoina la secuestro, esclavizó sexualmente y la torturó con con sadismo, quedó plasmado en el libro Doble crimen. Tortura, esclavitud sexual e impunidad, escrito en conjunto con la activista Luisa Kislinger.

Este relato, según el editor de la obra, el periodista Sergio Dahbar, revela «la cara más atroz de Venezuela». «A veinte años de los hechos, toda la pesadilla que vivió Linda Loaiza durante su cautiverio y la larga batalla legal que lo sucedió se cuenta» en este libro, destaca.

«Como su editor, leer el manuscrito fue una prueba de resistencia. Pasaba de una página a otra entre el espanto y la indignación», resalta Dahbar, en un artículo publicado en The New York Times.

«A veces debía detenerme porque la maldad del agresor me repelía. O porque el sufrimiento de la víctima me resultaba intolerable», agrega.

Cuenta que cuando terminó sintió «vergüenza con Linda Loaiza». Y comprendió «mejor muchos de los matices de las conversaciones que habíamos tenido cuando ella y Kislinger trabajaban en este testimonio. Es una denuncia y una forma de curar heridas muy profundas».

Expreso que, «aunque resulte doloroso e incómodo, editar más testimonios como el de Linda Loaiza es vital para mostrar la incapacidad del Estado venezolano para proteger a las víctimas de la violencia de género y de la justicia de resolver el caso».

Asevera que «no puede seguir ocurriendo que un familiar de una víctima denuncie un caso de violencia y que la respuesta de la policía sea que es un problema de pareja. O que una mujer sea obligada entrar a la fuerza a un hotel y en la recepción no la registren con sus documentos y eso no tenga consecuencias».

En esta historia «ese agresor es Luis Carrera Almoina. Carrera Almoina obligaba a sus víctimas a buscar su nombre en las páginas de avisos clasificados de prostitutas profesionales. También a ver pornografía y a veces a mantener relaciones sexuales entre varias víctimas». Dahbar señala que Linda Loaiza López no fue la única. Existen al menos media decena de denuncias de otras jóvenes que nunca fueron investigadas».

Destaca que «si existe en esta historia un malo esencial como Luis Carrera Almoina, hay una víctima que es llevada al infierno».

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«Linda Loaiza ingresó en el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el labio deformado y desgarrado.

Sus oídos presentaban heridas crónicas por golpes continuos. Tenía sangre acumulada en el abdomen. Sus senos y pezones mostraban quemaduras de cigarrillos y marcas de mordiscos. Heridas de ataduras marcaban las muñecas, tobillos y piernas.

Tenía la nariz y la mandíbula fracturadas, politraumatismo craneoencefálico y la lengua hepatizada. Padecía desnutrición. Había pasado casi cuatro meses en manos de un psicópata y tardaría seis meses en volver a caminar.

Que en pleno siglo XXI un hombre pueda hacerle semejante daño a una mujer, resulta intolerable. Que la sociedad civil mire para otro lado, por inercia o porque sencillamente la víctima es una persona desconocida y sin recursos, produce una rabia amarga.

Pero que el poder judicial del país donde suceden estos crímenes proteja al agresor en detrimento de los derechos humanos de una ciudadana inocente, es algo imposible de entender», enfatiza Sergio Dahbar.

«Como Linda no tenía dinero, poder ni influencias políticas, el sistema de justicia que debía protegerla asumió una actitud indolente ante su padecimiento», lamentó el periodista.

«Cincuenta y tres días después de ser rescatada, Carrera Almoina no había sido detenido. Cuando ya fue imposible sostener su libertad, recibió la medida de casa por cárcel.

Tres años y tres meses debió esperar Linda Loaiza para que comenzara el juicio. Las audiencias se diferían. Los sorteos de selección de los jurados no avanzaban. Se amenazó a los candidatos a jurados y 50 jueces se inhibieron.

Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales. Solo concluyó tras una huelga de hambre de 13 días en el Tribunal Supremo.

No faltaron detalles grotescos que evidencian el tipo de justicia que recibió Loaiza. La fiscal encargada de la investigación exhibió todos los prejuicios posibles contra la víctima.

La llamó promiscua y colombiana explotando el machismo y los estereotipos xenofóbicos de la sociedad venezolana. La obligó a firmar una declaración con la presión de un policía armado.

Invisibilizaron las lesiones más aberrantes de Linda. No presentaron ninguna prueba que estableciera que las lesiones las causó el acusado. La fiscal no mostró fotos que tenía en su poder en las que Carrera Almoina aparecía con Linda y otras víctimas. Ni solicitó que se realizaran pruebas de Luminol, necesarias para determinar la presencia de sangre en la escena del crimen.

A Carrera Almoina no lo juzgaron por lo que realmente había hecho. Lo hicieron por privación ilegitima de libertad y lesiones gravísimas. Tras dos juicios los condenaron a seis años de prisión. Hoy se encuentra en libertad.

Loaiza López no recibió la justicia que merecía pero no ha estado sola. Uno de sus grandes apoyos ha sido la autora de este libro, Luisa Kislinger, internacionalista y luchadora de los derechos humanos. Kislinger armó la información que ofrecen sus páginas, se apartó de la revictimización a la que suelen acudir muchos testimonios sobre mujeres agredidas para narrar, con distancia y precisión, una historia que hoy es una grave denuncia contra el Estado venezolano y un testimonio que debería avergonzar a la sociedad venezolana.

A pesar del horror de los hechos y de la impunidad que permitió un poder judicial, al leer el borrador me impresionó la capacidad de sobrevivencia de Linda Loaiza, la fuerza mayor detrás de esta historia. Desde que emergió del infierno, Linda supo que viviría para luchar contra la violencia de género, los prejuicios de las mujeres que defienden a los violentos, un sistema judicial corrupto y una sociedad permisiva que calla ante la impunidad.

En medio del padecimiento por encontrar justicia, Loaiza estudió derecho e hizo una especialización en derechos humanos. Hoy trabaja para diferentes oenegés en temas relacionados con violencia contra la mujer», concluyó.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y cuando se cumplen 20 años de su secuestro y posterior horror, Linda Loaiza López lo cuenta todo. Se trata del libro Doble Crimen, en el que la ahora activista por los DD.HH. y abogado, relata lo que le ocurrió en el año 2001 y que la marcó para siempre.

«Con ????? ??????, tomé la palabra. Es decir, asumí el control de mi relato. Es una meta y una prueba, un capítulo de una lucha y un proceso de recuperación que no ha terminado», dice Loaiza en su cuenta en Instagram.

«Con este libro rompo el silencio. Muestro lo sucedido. Despejo el terreno para que otras víctimas tengan la oportunidad de alzar la voz», agrega. El libro está escrito en conjunto con la activista Luisa Kislinger.

Asimismo, en una entrevista con Román Lozinski, señala que «el proceso de superación es lento. Depende de muchos factores. En mi caso, en 20 años he emprendido una serie de acciones para recuperar mis capacidades corporales, mentales, mi proyección».

Dice que con «Doble crimen tiene una aspiración legítima y propia: interesar a los lectores, a los medios de comunicación, a las personas que tienen capacidad de tomar decisiones y de influir, porque la tarea es divulgar una conciencia masiva en Venezuela».

«He mostrado la fragilidad de sus mecanismos, de sus corruptelas, pero sobre todo he mostrado hasta qué punto, las parcialidades políticas pueden socavar los más elementales principios de justicia y convivencia», aseveró.

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Este fin de semana, el diario El Nacional, en su sección Papel Literario, publicó parte del relato de Doble crimen.

“No llores. No grites. Actúa normal. Sonríe. O si no te mato”. Esta sería la frase que Linda escucharía durante todo su cautiverio por parte de Luis Carrera Almoina.

«Linda describe la primera noche de su secuestro como terrorífica. En realidad, la narración de los hechos y sus detalles obligan a buscar otro adjetivo, uno que concentre horror, conmoción y desespero en una sola palabra. Abominable viene a la mente. Atroz también. Los golpes que habían comenzado antes de salir al teatro continuaron con cada vez mayor brutalidad a su regreso al hotel. A ello se unió la violencia sexual —la primera violación de tantas que vendrían».