Este lunes, finalmente, la fiscalía general de la administración de Nicolás Maduro, sobreseyó la imputación por «ultraje al pudor» contra 30 de las 33 personas detenidas en el polémico caso en un spa de ambiente en Valencia.

«Los abogados nos dieron la noticia de que le dieron sobreseimiento a 30 de ellos», dijo a la AFP el presidente de Humans Hands Llc, Cody Campos., quien aclaró que están pidiendo justicia para los 33.

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Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, hace unos días, Tarek William Saab anunció que estaba solicitando el sobreseimiento para 30 de los 33 involucrados.

#AHORA @MinpublicoVEN notifica vía telefónica el sobreseimiento a la causa de 30 de los 33 hombres arrestados arbitrariamente en Valencia. Los otros 3 aún se mantienen en investigación por parte de la Fiscalía. Los otros 3 son inocentes. #NoHayDelito https://t.co/WHblDZEbyf pic.twitter.com/kK0vnbGG90

El 24 de julio se conoció en los medios de comunicación la detención de 33 hombres que estaban en el Avalon Man Club, un spa privado en Valencia (estado Carabobo, centro-norte), en una operación que activistas denunciaron como una política de «homofobia de Estado». 

Se les acusó de «ultraje al pudor» -delito referido a actos obscenos en público que conlleva penas de 3 a 15 meses de prisión-, asociación para delinquir y contaminación sónica. Sin embargo, la defensa y quienes han defendido el caso aseveraron que no tienen lugar estas acusaciones.

Los 30 ahora sobreseídos recibieron libertad condicional cuatro días después de su arresto. Los otros tres, entre los que se encuentra el dueño del local, salieron 10 días más tarde y siguen investigados.

Varios de los detenidos aseguraron que no se encontraban realizando ningún acto sexual, y tampoco estaban grabando estos presuntos actos, que es lo único por lo que podrían acusarlos legalmente.

“Luego de que nos dijeran que estábamos detenidos, nos quitaron los bolsos y nos los revisaron de una manera (…) el efectivo que teníamos no lo volvimos a ver más nunca. Entre todos teníamos como 1.350 dólares”, comenzó diciendo Ethan Fernández de 31 años de edad, un ingeniero químico que estaba entre los 33 hombres detenidos en un spa privado en Valencia.

Ethan forma parte de los 30 hombres que salieron excarcelados, a la espera de otros tres hombres, el dueño y dos trabajadores que finalmente salieron excarcelados en la noche del miércoles.

Ethan, Luis y Guillermo, al igual que otros tres de los jóvenes que estaban inmersos en este polémico caso, relataron para WTC, lo que fue para ellos estar detenidos en los calabozos de la Policía Nacional y el Palacio de Justicia de Valencia, por un delito que aún desconocen.

El temor de los seis profesionales que han relatado su experiencia: sus familias. El temor no era que de verdad creyeran lo que se decía en redes sociales y en los portales de noticias, sino el dolor que tenían que atravesar al enterarse de que sus hijos estaban detenidos en los calabozos de Venezuela, a sabiendas de que tenían que enfrentar uno de los sistemas penitenciarios más irregulares de toda Latinoamérica.

En exclusiva para WTC, al igual que los otros tres involucrados en este caso, destacan el apoyo que han recibido de familiares y amigos, quienes no se han despegado de ellos en este momento tan turbio.

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La primera denuncia que han hecho cada uno de los que ha relatado públicamente lo que vivieron, fue la manera como los trataron las autoridades en el momento que los detuvieron.

“Se burlaban de nosotros. Nos quitaron los teléfonos y revisaban lo que teníamos en nuestras galerías, leían nuestras conversaciones”, dijo Iván, un internacionalista y uno de los primeros en ser entrevistados.

Ethan por su parte, aseguró que fue una funcionaria mujer, la primera en hacer comentarios despectivos al entrometerse en la vida privada de cada uno de los 33, por videos o imágenes que contenían en sus teléfonos.

Tratarlos como delincuentes, era otra de las quejas que hicieron al unísono estos seis hombres que decidieron contar su experiencia a los medios de comunicación. Estos 33 hombres constantemente se preguntaban ¿Cuál es el delito que cometimos? Para ellos, el único delito que cometieron es ser homosexual, porque ninguno estaba infringiendo las leyes del país.

Humberto Ambrosino, el nombre que más repitieron cada uno de los entrevistados, del “periodista” que filtró la foto y la supuesta información de la razón por la que los 33 hombres habían sido detenidos por las autoridades policiales de Valencia.

Guillermo Cifuentes, Duero del spa Avalon, quien fue excarcelado junto a Alfredo y a Jesús, trabajadores del local, pidió a este señor, quien, de profesión, asegura, es periodista, dar la cara y “decir al menos por qué lo hizo y darnos nuestra libertad, porque quien incumplió con un delito de odio fue él”.

“Humberto Ambrosino faltó a la ley resorte a la integridad de todos nosotros, hizo algo ilegal, incitación al odio, a nosotros, a la comunidad gay”, aseveró.

La pregunta de ellos es ¿Por qué lo hizo? Por qué divulgar la fotografía de los 33 sin cubrirle la identidad, cuando hasta Douglas Rico, el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, al publicar casos de criminales, estafadores, asesinos y hasta delincuentes involucrados en casos de abusos, cubre la identidad de estos sujetos.

Hasta el momento se desconoce si estos hombres quienes aún esperan su libertad plena van a emprender acciones legales contra Ambrosino y las autoridades que los sometieron a la humillación, el escarnio público, entre otras cosas.

¿Venezuela es un país lleno de retraso? ¿Es Venezuela un país tercermundista? Para muchos es una falsedad, para otros, es la mejor forma de describirlo, quizás estas teorías se comprobaron y escalaron en estos últimos diez días, cuando han salido a la luz los relatos de seis hombres involucrados en el famoso caso de “Los 33”.

El 23 de julio del 2023, la detención de 33 hombres, y la viralización al día siguiente de una foto, los titulares en la prensa que dejaron claro lo que no se debe hacer en el periodismo, marcó la vida de los “involucrados” y sus familiares, en un caso que luego se reconocería, estuvo plagado de irregularidades.

“Detenidos 33 hombres por hacer una orgía en un spa en Valencia”: era el titular que más predominaba aquel lunes feriado en Venezuela, luego, en el cuerpo de la nota decían, que entre las cosas incautadas eran unas cámaras con las que presuntamente grababan material pornográfico.

En medio de esto, con cabeza fría nos preguntamos, ¿Cuál es el delito?, los videos o los actos que presuntamente estaban haciendo estos hombres en un establecimiento privado.

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Tarek William Saab se pronunció en las últimas horas sobre este caso, que sigue siendo visto como un escándalo y un procedimiento plagado de irregularidades. Luego de tres días, tras no encontrar motivos suficientes, excarcelaron bajo régimen de presentación a 30 de los 33 hombres involucrados en el caso del spa.

Sin embargo, por una semana más, mantuvieron a tres personas presas, asegurando que son los tres dueños del Spa. Sin embargo, Guillermo Cifuentes aseveró que es el único dueño de este establecimiento privado que brinda un espacio para la comunidad gay.

Incluso, en las informaciones que resaltan sobre el caso, se informó que los otros dos que fueron excarcelados junto al dueño eran trabajadores del spa.

Ante esto William Saab, aseguró que solicitarían el sobreseimiento de 30 de los 33 hombres.

Explicó que «a los tres dueños, se le va a seguir la investigación por (…) tener un lugar sin condiciones para hacer, comercialmente hablando, un spa en una zona residencial y en los términos de insalubridad que ya finalmente se han terminado”.

Le consultaron si iba a abrir investigación contra los funcionarios que manejaron el caso y respondió que: “no descartamos que pueda abrirse una averiguación con base en lo que está en curso aún, para determinar todas las responsabilidades que dé a lugar como siempre lo hace el Ministerio Público”.

Luego del escándalo por la detención, denunciada como arbitraria e injustificada por las ONG, de 33 personas que se encontraban en un sauna en Valencia, este jueves el Fiscal General, Tarek William Saab anunció que “que el día viernes se va a solicitar el sobreseimiento a 30 personas que no tienen que ver con el dueño”.

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Explicó que “ a los tres dueños, se le va a seguir la investigación por (…) tener un lugar sin condiciones para hacer, comercialmente hablando, un spa en una zona residencial y en los términos de insalubridad que ya finalmente se han terminado”.

Al ser consultado sobre si el Ministerio Público abrirá una investigación aquellos funcionarios hicieron el procedimiento de allanar y de llevarse a estas 33 personas detenidas, William Saab respondió que “no descartamos que pueda abrirse una averiguación con base en lo que está en curso aún, para determinar todas las responsabilidades que dé a lugar como siempre lo hace el Ministerio Público”.

Se les impuso un régimen de presentación periódica ante tribunales mientras responden a cargos por “ultraje al pudor” -delito referido a actos obscenos en público que conlleva penas de 3 a 15 meses de prisión-, asociación para delinquir y contaminación sónica.

La prensa local publicó que los arrestos ocurrieron en una redada de la policía por una “fiesta sexual” en un sauna privado, lo que condenan activistas, y organizaciones no gubernamentales que realizaron movilizaciones y protestas, denunciando una política de “homofobia de Estado”. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso.

“Lo que ocurrió este fin de semana en Valencia tiene un impacto social inmenso (…), se le dijo al país y a los ciudadanos que a usted lo pueden meter preso y procesar por ejercer su derecho a la libertad sexual”, dijo a la prensa la activista transgénero Richelle Briceño.

¡Manos arriba, quédense quietos! La redada tomó por sorpresa a Iván Valera, quien relata que conversaba con un amigo cuando la policía lo arrestó. Él es uno de los 33 detenidos en un local LGBTIQ+ en Venezuela.

Enfrenta, entre otros cargos, una acusación por ultraje al pudor -delito referido a actos obscenos en público, con penas de 3 a 15 meses de prisión-, en un caso que activistas consideran consecuencia de una política de «homofobia de Estado».

«En ningún momento nos indican qué es lo que estaba pasando, lo que nos hacían ver ellos es que estábamos en flagrancia de un delito», dice Valera, de 30 años, en una entrevista con la AFP.

«No estaba ocurriendo ninguna acción indebida», agrega el hombre a las afueras del tribunal, adonde acudió a buscar su teléfono celular, incautado en el momento del arresto. Está en libertad condicional.

«Los 33», como ahora son popularmente conocidos, fueron detenidos el 23 de julio en el Avalon Man Club, un spa privado en Valencia (estado Carabobo, centro-norte).

Valera recuerda que los oficiales señalaron que se trataba de un operativo de rutina, que habían recibido supuestamente una denuncia anónima por «ruido» y actos públicos indebidos. 

Durante la detención, antes de quedar en libertad condicional, asegura que el lenguaje de la policía fue muy homofóbico, aunque señala que garantizaron su bienestar.

El fiscal general Tarek Saab dijo el martes que la causa está aún en investigación, pero que podría terminar en sobreseimiento.

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El Avalon, que abrió en noviembre pasado, es una sauna destinado principalmente a la comunidad LGBTIQ+, aunque abierto a todo público.

La prensa local publicó que los arrestos ocurrieron por una «fiesta sexual», lo que Valera niega.

«La mayoría éramos desconocidos, nos estábamos conociendo ese día allí», afirma el también activista por los derechos humanos. «En ninguna parte del acta policial se indica que se estaba ejerciendo allí un acto sexual».

«No existía ninguna otra cosa que una conversación entre amigos y un compartir. Sí existían personas que estaban, para quienes no lo sepan, en un sauna, donde generalmente las personas van a relajarse, a conversar», coincide Alfredo Rodríguez, otro de los hombres que estuvo detenido. 

«Se quiere criminalizar una actitud y una conducta que para nada incurría en un hecho delictivo».

Algunos de los detenidos mantenían su orientación sexual bajo reserva para protegerse de los prejuicios de este país conservador, sin leyes que amparen los derechos de la comunidad, como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género. Y quedaron expuestos intempestivamente frente a familiares, compañeros de trabajo.

Araujo cuenta que fue abordado por dos personas en el supermercado que le preguntaron si era uno de «los 33» para luego señalarle que era una «vergüenza».

Aunque activistas dijeron que habían sido excarcelados, tres hombres siguen aún tras las rejas: el dueño del local y dos empleados, a quienes la justicia les pide fiadores. No ha aceptado, hasta ahora, a ninguno de los garantes que se han presentado.

«Tienen mucha ansiedad, tienen mucha frustración», señala Jesús Araujo, de 24 años y trabajador del local, también en libertad condicional. «Si uno estuviese consciente de que uno hubiese causado un delito, uno tiene que acatar, pero no lo hay».