Un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando transportaba una seis panelas de marihuana en el estado Lara.

La detención se produjo la mañana de este lunes #16Ene, en un punto de control del municipio Simón Planas, en el estado Lara, cuando el inspector del CICPC, junto a un civil, llevaban en compartimientos doble fondo las seis panelas de marihuana, en un vehículo particular.

El funcionario policial, adscrito a la división antidrogas del CICPC en el estado Barinas, tiene el rango de inspector y lleva no menos de cuatro años trabajando en dicha división.

Las autoridades presumen que el funcionario policial viajaba con el cargamento con el fin de eludir con su investidura policial los puntos de control.

La información preliminar sobre el caso indica que el policía y el civil llevaban el cargamento desde la ciudad de Barinas, en el estado homónimo, hacia la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.

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El comando antidrogas de la GNB realiza una verificación sobre los nexos y contactos de los detenidos, para determinar si existen otros funcionarios policiales involucrados en estos hechos.

Ya la Fiscalía del Ministerio Público está al tanto del caso y se espera que en las próximas horas los detenidos sean puestos a la orden de los tribunales competentes.

Abrumado por el récord de muertes por sobredosis, Estados Unidos refuerza su arsenal contra el narcotráfico apuntando a 25 blancos en Colombia, China, Brasil, México, ahora que las cadenas de mando se han vuelto difusas y los opioides sintéticos causan estragos.

Ante los más de 100.000 estadounidenses muertos por culpa de las drogas (hasta abril de este año) el presidente Joe Biden “toma medidas decisivas para detectar, desbaratar y reducir el poder de las organizaciones criminales transnacionales y proteger al pueblo estadounidense“, según un documento dado a conocer por la Casa Blanca.

Lo hace a través de dos decretos. Uno de ellos establece un nuevo organismo, el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés), que estará integrado por representantes de distintos organismos gubernamentales.

El otro impone un régimen de sanciones más amplias contra los actores internacionales del narcotráfico, a los que se les podrá congelar activos en Estados Unidos, impedirles entrar al país y hacer determinadas transacciones.

Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y los precursores químicos necesarios para elaborarlo, con metanfetaminas, cocaína y heroína, así como organizaciones que Washington considera una amenaza.

En virtud de este nuevo régimen de sanciones, el Departamento del Tesoro anunció este miércoles 25 objetivos (10 personas y 15 grupos) entre los que figuran el colombiano Clan del Golfo y Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», capturado en Colombia y quien está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

El nuevo régimen de Estados Unidos también incluye como objetivos algunos nuevos, como la organización brasileña Primeiro Comando Da Capital, y los mexicanos Los Rojos y Guerreros Unidos, así como cuatro sociedades y un narcotraficante chino.

Además, incluye a 17 personas y entidades previamente sancionadas.

El Primeiro Comando Da Capital (PCC), es uno de los grupos de crimen organizado más poderosos, negocia sobre todo con droga, pero también está involucrado en el lavado de dinero, la extorsión y los asesinatos a sueldo.

Opera en Sudamérica y sus redes alcanzan Estados Unidos, Europa, África y Asia, afirma Washington.

Estados Unidos acusa a Los Rojos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), de cometer actos violentos y enviar droga al país.

Guerreros Unidos (GU), otro grupo escindido de BLO, colabora con la organización mexicana el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la que comparte redes y modo de transporte para hacer llegar la droga a Estados Unidos y repatriar las ganancias, explica.

Washington también apunta al chino Chuen Fat Yip, acusado de dirigir el tráfico de drogas sintéticas entre el país asiático y Estados Unidos, y a cuatro empresas: Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology y Hebei Atun Trading.

Entre los 17 ya sancionados desde 1995 y 1999, a los que también se les aplicará el nuevo régimen figuran en México el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo, el Cartel de Juárez, Los Zetas, La Familia Michoacana (LFM).

Además, Nemesio Oseguera Cervantes (alias ‘el Mencho’), Ismael Zambada García (‘el Mayo’), Fausto Isidro Meza Flores (‘Chapito Isidro’), Miguel Treviño Morales, Ómar Treviño Morales y cabecillas de la facción del Cartel de Sinaloa, como los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar (‘Chapito’) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (‘el Alfredillo’) y su hermanastro Ovidio Guzmán López (‘el Ratón’).

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Washington presta una atención particular al tráfico de opioides sintéticos, que “se han cobrado la vida de decenas de miles de estadounidenses y han tenido un impacto negativo en la economía de Estados Unidos“, asegura un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

El objetivo de Biden es modernizar la lucha contra las organizaciones de narcotráfico, para adaptarla a los desafíos del siglo XXI.

“En el pasado, estas organizaciones generalmente tenían estructuras más jerárquicas de estilo capo, con líderes y cadenas de mando claramente identificados, pero se han vuelto cada vez más difusas y descentralizadas“, afirman funcionarios gubernamentales. Y las personas que facilitan sus actividades “a menudo ni siquiera están asociadas de forma informal con los líderes de las redes de narcotráfico“, añaden.

El tráfico de drogas actual ya no depende de los cultivos ni requiere una gran superficie, sino de sustancias sintéticas y de precursores químicos, y los cárteles operan de una manera más descentralizada, lo que dificulta la capacidad de sancionar a los narcotraficantes, reconoce.

Las nuevas herramientas apuntan a cualquier extranjero involucrado en narcotráfico, independientemente de si está vinculado a un capo o cartel, y contra todo aquel que, a sabiendas, reciba bienes derivados de estas actividades.

La guerra contra las drogas es un tema recurrente en Estados Unidos desde hace décadas, con resultados desiguales frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares.

El Departamento de Estado de EE.UU. certificó a Colombia en su lucha contra las drogas en el año 2020 y catalogo los esfuerzos como «sorprendentes» a pesar de la pandemia.

Al lograr a certificación Colombia podrá acceder al 20 por ciento de los recursos que este país entrega anualmente en el mundo para el combate contra las drogas (25 millones de dólares).

Así mismo en el documento de certificación EE.UU. le recuerda al gobierno Iván Duque su compromiso de erradicar el 50% de los cultivos ilícitos antes de 2023.

Es decir, lograr que las hectáreas no pasen de 105.000 y la producción de cocaína por debajo de las 450 toneladas métricas.

Para lograr este objetivo se hace necesario potenciar la fumigación aérea.

«Una estrategia integrada de erradicación que incluya una fumigación aérea dirigida, es esencial para alcanzar la meta conjunta de reducir los cultivos al 50 por ciento en relación con los niveles del 2017», dice el documento.

Según el departamento de Estado, la erradicación adelantada por el gobierno en el 2020 fue la más eficiente de los últimos diez años.

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Se logró destruir más de 130.000 hectáreas a través de la erradicación forzosa y batiendo las mismas metas del año.

Destacan también el progreso en la interdicción de narcóticos, químicos y destrucción de laboratorios.

Así como el decomiso de 22, 868 toneladas métricas de coca en 2020 comparado con 22, 230 en 2019 y casi 5 millones de galones de precursores químicos

También la destrucción de casi 5000 laboratorios para procesar base de coca y otros 236 para el refinamiento de cocaína.

De igual manera golpes contra los carteles de la droga, la apertura de 1157 procesos criminales y la condena de 770 personas por tráfico de drogas.

Con información de AFP