La Audiencia Nacional de España ha inadmitido la querella presentada por presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.

Según la prensa española, la Sala de lo Penal confirma así la decisión adoptada previamente por un juzgado de instrucción y cierra la puerta a que la causa sea investigada en España.

En su resolución, el tribunal concluye que los hechos relatados por la querellante, una ciudadana venezolana que denunció haber sufrido detenciones ilegales y malos tratos, no cumplen los requisitos exigidos por la legislación española para activar la jurisdicción universal.

 Los magistrados subrayan que los delitos denunciados ocurrieron fuera del territorio nacional y que ni las víctimas ni los investigados tenían nacionalidad española en el momento de los hechos.

La Audiencia también señala que la querella no aporta indicios suficientes para acreditar la existencia de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil que permita calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, una de las pocas excepciones que permitirían la intervención de los tribunales españoles.

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El auto recuerda que la jurisdicción universal en España quedó notablemente restringida tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige una conexión directa con el país para investigar delitos cometidos en el extranjero. 

En este caso, los magistrados consideran que esa conexión no existe y que la causa no puede ser asumida por la justicia española.

Además, la Sala destaca que los presuntos crímenes cometidos en Venezuela están siendo analizados en instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, lo que refuerza el carácter subsidiario de la intervención judicial española.

Tanto la exfiscal general como el exministro del Interior habían sido personas de confianza de Hugo Chávez, pero su sucesor, Nicolás Maduro, acabó persiguiéndoles al convertirse en disidentes. En el caso de Luisa Ortega, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), registró su domicilio en 2017, una actuación que ella calificó como una venganza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior.

Meses antes había decidido romper con el Gobierno al rechazar el intento de disolución de la Asamblea Nacional (AN, Congreso). Al intuir que iba a ser detenida, optó por exiliarse en compañía de su marido, Germán Ferrer, también diputado, en Colombia. Ahora reside en España.

Con información de Esdiario.com y La Nueva España

Diosdado Cabello,vicepresidente del partido oficialista PSUV, había expresado en días pasados su pretensión de lograr que los presos políticos —entre quienes se encuentran importantes líderes de la oposición venezolana— fueran extraditados desde Colombia para ser juzgados en Caracas.

Empero, Cabello se quedó con los crespos hechos con el trino del presidente Gustavo Petro con un rotundo NO.

El primer asilado del chavismo en Colombia fue Pedro Carmona, presidente transitorio de Venezuela durante 48 horas tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Carmona, expresidente de Fedecámaras, organización que agrupa a los empresarios, fue acusado en su momento por el gobierno venezolano de «rebelión y usurpación de funciones».

Se refugió ya hace veinte años, el 23 de mayo de 2002 en la embajada de Colombia en Caracas, tras burlar el arresto domiciliario al que estaba sometido desde el pasado 16 de abril. El gobierno colombiano de Andrés Pastrana le concedió el asilo tres días después.

Carmona desempolvó sus títulos de economista y hace más de una década se vinculó como catedrático a la Universidad Sergio Arboleda donde tiene incluso un cargo.

Una figura muy importante de la oposición venezolana es Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional (AN), quien fundó el partido Primero la Justicia (PJ) cuyo líder histórico es Henrique Capriles y que hoy encabeza Juan Pablo Guanipa.

Julio Borges ha estado en Bogotá durante más de cuatro años, desde que el gobierno venezolano emitió una orden de arresto acusándolo de ser el autor intelectual de un ataque con drones explosivos contra Maduro.

En marzo de 2017, la fiscal Luisa Ortega tuvo que salir de Venezuela al sentirse en peligro debido a que expresó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional ya que, según Ortega, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes.

Aunque en 2021 la fiscal pidió asilo en España, estuvo condición de refugiada en Colombia desde el 27 de noviembre de 2018.

Un joven legislador venezolano, Carlos Paparoni, de 33 años, también tenía entre sus planes salir de Colombia por haber dirigido varias investigaciones sobre corrupción y crimen organizado vinculado al régimen de Maduro.

La situación es más dura para quienes no tienen recursos para salir hacia otros destinos. Entre ellos oficiales de rango medio y desertores del Ejército. Algunos hablan de cruzar a pie el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Como el capitán del Ejército, Anyelo Heredia, de 38 años, quien escapó de la prisión militar Ramo Verde en Venezuela en 2019 y enfrenta cargos de traición.

Periodistas que se oponen a Maduro han encontrado residencia en Colombia, como Roberto Deniz, de Armando. Info, amenazado en su país por las investigaciones del caso Alex Saab.

Y la semana pasada se conoció que la Fiscalía venezolana continuó la investigación contra 23 personas acusadas por usurpación de funciones legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haber sido nombradas en Monómeros, la petroquímica filial de la venezolana Pequiven, con sede en Barranquilla y reconocida por el expresidente Iván Duque.

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La decisión que el presidente Gustavo Petro ratificó a través de un twitter, ya había sido anunciada por él como presidente electo. En Madrid, en entrevista con El País, manifestó “Para nosotros los derechos humanos son fundamentales”.

«La primera discusión que yo tuve con Hugo Chávez en vida, y la última quizás antes de que muriese, fue precisamente sobre el respeto al sistema interamericano de derechos humanos, que para quienes hemos estado en la oposición en Colombia es valiosísimo”.

La contundente declaración fue respuesta cuando se le preguntó sobre el temor de activistas y periodistas venezolanos de ser extraditados para ser juzgados por el chavismo.

La llegada de Petro al poder y su afinidad con la Revolución Bolivariana había encendido las alarmas en líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, exoficiales y desertores militares, temiendo ser acosados, espiados o incluso secuestrados y muchos habían empezado a buscar otros destinos.

Petro cortó de un tajo cualquier especulación y con su trino cerró el capítulo del exilio venezolano en Colombia, donde han sido incluso acogidos con un generoso estatuto (el Estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos) que les asegura vida tranquila al millón de venezolanos que han emigrado de su país.

La exfiscal general de la República, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz recibió una comunicación de la Asamblea Nacional para que comience una investigación penal sobre la “conspiración judicial” en contra del Parlamento venezolano.

Mediante su cuenta en la red social Twitter destacó que esta persecución fue consumada “en una írrita decisión de los ilegítimos magistrados del TSJ en Venezuela”.

Desde que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en el año 2015, el régimen de Nicolás Maduro se ha dedicado a obstruir sus funciones por medio de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo que ha desestimado sus labores.

En 2017 declaró al Parlamento Nacional en desacato a través de la sentencia 155 y 156, esto desencadenó que todas sus decisiones fuesen anuladas. Este 2020, los esbirros del régimen impidieron que gran parte del bloque de diputados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó ingresaran al Palacio Federal Legislativo, en ese momento, Luis Parra con ausencia de quorum juramentó una ilegítima junta directiva.

Más tarde, Guaidó en la sede de El Nacional con mas de 100 diputados se juramentó como el presidente reelecto del Parlamento Nacional.

#AHORA He recibido comunicación de parte de la @AsambleaVE para el inicio de una investigación penal por la conspiración judicial contra el Parlamento Nacional, consumada en una írrita decisión de los ilegítimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela #4Jun pic.twitter.com/aAzVOQuaM8