La justicia de España rechazó  admitir a trámite una querella que pide investigar por crímenes de lesa humanidad a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz y al exministro Miguel Rodríguez Torres, ambos desertores del chavismo y asilados en territorio español.

La Audiencia Nacional considera que carece de "competencia jurisdiccional" por presunta violación de derechos humanos cometidos durante sus gestiones en Venezuela, además recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) ya está investigando estos delitos.

Según el juez, el testimonio de la principal demandante no cumple todos los requisitos para "otorgar veracidad", y también apunta que se basan en informaciones de carácter periodístico, indicó a EFE.

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"La notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando un conjunto de hechos que deben ser calificados como un delito de torturas o contra la integridad moral, sin que pueda estimarse, en este solo hecho, la calificación inicial que pretende realizarse acerca de la concurrencia de un delito de lesa humanidad".

La autoridad judicial destaca que los presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral habrían sido cometidos fuera de España contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide a la Audiencia Nacional investigarlo.

Asilados en España

 Ambos exfuncionarios chavistas permanecen asilados en España, y fueron denunciados el pasado 5 de mayo por la opositora Dulce Bravo, representada por la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), la asociación que presentó también una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabó siendo rechazada.

Bravo es una venezolana de 57 años de edad que permanece refugiada en Argentina desde 2013, que también es respaldada por la organización Manos Limpias, que se adherirá a la demanda.

La opositora relató las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al régimen chavista que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.

Con información de Efe

La exfiscal Luisa Ortega Díaz hizo una serie de denuncias relacionadas con la constructora Conkor y su presunta vinculación con el actual fiscal general, Tarek William Saab.

Según Ortega Díaz, Saab habría utilizado su posición en cargos públicos para enriquecerse a través de esta empresa.

Las graves denuncias pueden observarse a través de un video difundido este lunes 6 de mayo.

Las acusaciones se centran en la propiedad real de la constructora. Ortega Díaz manifiesta que, aunque legalmente aparecen como dueños Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, estos lo que son testaferros de Tarek William Saab.

Según ella, la empresa Conkor es propiedad directa del fiscal general.

“Desde el año 2005 al 2012, con la anuencia de Tarek William Saab como gobernador del estado Anzoátegui, la constructora Conkor fue intencionalmente beneficiada con la adjudicación de 84 contratos para la ejecución de obras públicas en este estado”, afirma Ortega Díaz.

Reveló que en un allanamiento a la constructora Conkor se determinó ha estado involucrada en una serie de contratos con el Gobierno.

Expresa que entre los años 2003 y 2017 firmaron 59 contratos de obras y servicios con empresas filiales y mixtas de Pdvsa, todas relacionadas con la faja petrolífera del Orinoco. El valor total de estos contratos supera los 1.000 millones de dólares.

“En ese allanamiento también encontramos documentos donde se evidencian todas las irregularidades de esos contratos, como adjudicación directa y sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecio”, agregó.

En Venezuela se aburre el que quiere.¡El drama en el mundo de la corrupción venezolana no se detiene! La jueza Luisa Ortega Díaz arroja luz sobre otro caso de desfalco millonario, esta vez señalando a Tarek William Saab por presuntas irregularidades con la Constructora Conkor.… pic.twitter.com/mSSUIKv9Ew

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La exfiscal, antecesora a Saab en el puesto, ha sido cuestionada por su gestión en el Ministerio Público.

Precisamente, el actual fiscal general la ha acusado a ella y su esposo, quienes viven en el exilio y se ha solicitado hasta extradición, por actividades de corrupción, entre otros delitos.

Fiscales de Miami estarían  tomando «medidas de investigación clave adicionales» en contra de Luisa Ortega Díaz por un caso de soborno, que está en juicio en EE.UU., informó el periodista de AP, Josué Goodman.

#12Ene? Según el periodista de AP, Joshua Goodman, Luisa Ortega será acusada formalmente en Corte de Miami por presunto lavado y soborno, bajo “medidas adicionales de investigación”.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/6nVGQnp7Ff

En el mes de abril, la agencia AP publicó una investigación en la cual señalaban que a Luisa Ortega Díaz de haber aceptado sobornos por parte de un empresario, que declaro en  una corte de EE.UU. según dos personas familiarizadas con el caso.

Ortega Díaz fue señalada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar $1 millón en sobornos, dos personas familiarizadas con el caso.

La agencia aclaró, en su oportunidad que, a la exfuncionaria, Luisa Ortega, no se le menciona por su nombre en el caso federal de Miami.

Sin embargo,  al declararse silenciosamente culpable el lunes de un solo cargo de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela.

Esto para asegurarse ante  cualquier investigación sobre su extenso contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.

“El funcionario venezolano anónimo es Ortega, dijeron las dos personas familiarizadas con el caso. Acordaron dar los detalles solo si no citan su nombre porque se suponía que no iban a discutir la investigación, que aún está en curso”, reseñó AP.

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En tal sentido, Ortega no se defendió de los comentarios inmediatamente; pero posteriormente aseguró que se trataba de una trampa de la administración de Maduro.

El año pasado, cuando acusaron a Fermín, dijo que las acusaciones de soborno fueron motivadas por el arresto del hermano de Fermín en Venezuela; y fueron un intento del gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su reputación.

Cabe destacar que Ortega fue afecta al fallecido presidente Hugo Chávez; pero marcó distancia con el chavismo en 2017.

Argumentó que Venezuela pasó a tener una  dictadura cuando Maduro desmanteló la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó una asamblea constitucional paralela para gobernar supremo.

Esto le valió que la destituyeran de su cargo de fiscal general y huyó rápidamente a la vecina Colombia; donde ella y un equipo de fiscales exiliados intensificaron sus ataques contra la corrupción en Venezuela.

Entre otras cosas le  proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional de abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por la administración de Maduro.

El 1 de enero, Luisa Ortega Díaz, a quien varios países reconocía como la fiscal general de Venezuela en el exilio, anunció que el 31 de diciembre del 2021 culminaron sus funciones bajo ese cargo.

La disidente del chavismo, dio a conocer que sus funciones cesaron constitucionalmente; mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

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#Comunicado Informo que mis funciones como Fiscal General de #Venezuela cesaron constitucionalmente este 31 de diciembre de 2021. Inicio una nueva etapa enfocada en el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho de mi país #1Ene pic.twitter.com/UnQee7XYeV

Sin embargo, ratificó su compromiso con el restablecimiento de la democracia en el país.

«Venezolanos, me dirijo a ustedes con el propósito de informar que mis funciones como  fiscal general de la República cesaron constitucionalmente este 31 de diciembre», dice parte del texto.

Asimismo, señaló que durante cuatro años estuvo obligada a ejercer funciones desde el exilio. Luego de su destitución, “por una írrita ANC y sometida a una inclemente persecución política. Sin embargo, eso nunca fue impedimento para seguir trabajando en favor de la justicia. Una prueba de ello es la denuncia que introduje ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2017. Esta motivó a la investigación por crímenes de lesa humanidad», destacó Luisa Ortega Díaz.

De esa forma, indicó que comenzó una nueva etapa enfocada en «el restablecimiento del orden y Estado de Derecho de mi país».

La fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz expresó su satisfacción porque la Corte Penal Internacional (CPI) finalmente le abrió una investigación a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

En un artículo de opinión publicado por El Nacional «El memorándum de Khan», Ortega Díaz considera al fiscal de la CPI “valiente” por reunirse con la cúpula de Miraflores y cantarle las verdades.

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“No vaciló en decirles en su propio terreno, en su presencia, que tiene en sus manos elementos suficientes para presumir la violación sistemática y generalizada de derechos humanos”, dijo.

Aseguró que ella personalmente le entregó a Karim Khan evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales contra miles de venezolanos a manos de los organismos de seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017.

Recientemente fuimos testigos de un gran logro histórico a favor de mi patria: la Corte Penal Internacional abrió finalmente una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, decisión que le fue notificada a Nicolás Maduro personalmente por el propio fiscal Karim Khan, quedando plasmada en un memorándum de entendimiento al que el autócrata no le quedó más opción que firmar, debido a que el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, condición que no puede soslayar ante un requerimiento de esta magnitud.

En este evento hay que destacar la valentía del fiscal Karim Khan, que, además de tener el coraje de reunirse con la cúpula en Miraflores, no vaciló en decirles en su propio terreno, en su presencia, que tiene en sus manos elementos suficientes para presumir la violación sistemática y generalizada de derechos humanos.

Era evidente que la CPI tomaría esa decisión debido a las denuncias hechas en esa instancia por particulares y ONG defensoras de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentran las más de 2.000 pruebas que presenté entre 2017 y 2018 ante esa instancia, que son irrefutables y no dejan lugar a dudas sobre el talante criminal de quienes mantienen subyugada a Venezuela actualmente.

Entregué evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales contra miles de venezolanos a manos de los organismos de seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017, con sus respectivos protocolos de autopsia, y de los asesinatos del concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Acosta Arévalo; la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros; así como pruebas de torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Y también sobre irregularidades como la militarización de la seguridad ciudadana, las cuales las vienen ejecutando como política de Estado.

Aunque es un acontecimiento histórico que nos llena de esperanzas, el trabajo continúa, porque en esta fase surge la verdadera tarea de indagación para determinar la verdad de los hechos, por lo que el fiscal puede recolectar todo tipo de evidencias, examinar pruebas y hacer comparecer e interrogar a víctimas, testigos, expertos y cualquier otra persona que pueda aportar elementos fiables a la investigación; así como puede presentar cargos contra personas o solicitar la detención u orden de captura internacional a los responsables de estos crímenes.

De esta manera llegamos al escenario de lucha jurídica al que aspiramos desde febrero de 2018, por lo que seguiremos colaborando con la Corte para que avance y desarrolle todo el trabajo necesario y hacer justicia, porque consideramos que, hasta la fecha, las autoridades venezolanas solo han interpuesto obstáculos a la investigación.

Recordemos el asesinato del joven estudiante Juan Pernalete en abril de 2017, impactado por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional. En ese momento, cuando el Ministerio P[ublico a mi cargo investigó y determinó la verdad de los hechos, cuyos resultados científicos anuncié públicamente, el gobierno de inmediato se empeñó en negarla, tergiversarla y obstaculizar la investigación. Con el fin de encubrir al responsable, llevaron adelante una campaña mediática para desacreditar el trabajo de fiscales y expertos. Se atrevieron a señalar, sin pruebas, que una pistola de perno disparada por un compañero de la víctima había sido la causante de su muerte. De hecho, llegaron tan lejos que se apresuraron a calificarlo como “terrorista”.

Luego, en mayo de este año 2021, cuando se percatan de que es inexorable el inicio de la investigación por parte de la Corte Penal, movido por el miedo de un corrupto, quien actúa ahora como fiscal de la autocracia, admite que era cierto lo que había revelado sobre el asesinato de Pernalete. Pero admitir que fue un crimen cometido por un funcionario no es algo que hacen porque tengan legítimo interés en hacer justicia, sino porque quieren salvar su responsabilidad en un eventual proceso penal. Un nuevo acto de cobardía. Un nuevo encubrimiento.

Es por ello que de ahora en adelante debemos estar más alertas que nunca, para que nada ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; y, sobre todo, impedir que se sigan cometiendo crímenes contra la población civil, que se siente indefensa ante tantas atrocidades.

Confiamos en que el fiscal Karim Khan tomará en consideración estos elementos porque en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Esa conducta criminal continúa porque es el único camino que les queda para seguir atornillados ilegítimamente al poder.

Desde el comienzo, he tomado esta causa como un objetivo de vida, como un compromiso que he asumido con mi país. No descansaré hasta lograr que Maduro y su entorno paguen por todos sus crímenes. Habrá justicia para los venezolanos. Veremos a esos bandidos enjuiciados y condenados, porque ese es el destino que merecen todos los que cometen asesinatos o, quienes son de hecho, sus autores intelectuales.

Este lunes, el ex comisario de la policía Metropolitana, Iván Simonovis, arremetió contra la ex fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz quien solicitó asilo a España.

Mediante su cuenta en Twitter, Simonovis, aseveró que, “las ratas pueden esconderse pero no desaparecen”.

“Luisa Ortega Díaz, puedes pedir asilo o tratar de esconderse donde sea; pero jamás obtendrás las absolución de tus delitos”, aclaró el ex preso político.

En ese sentido, advirtió que “la justicia es como el Águila, un predator que pocas veces falla. Ayudaré al Águila a no fallar”.

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Más temprano, informó que el 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver.

Su posición crítica a la administración de Nicolás Maduro desde el 2017, aseguró la obligó a pedir protección en España.

Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida, luego de diferir de la administración de Nicolás Maduro.

La destitución vino de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido «actos inmorales».

Su destitución fue, según consideró Ortega entonces, «un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura».

Dos años después, la ex fiscal general se posicionó a favor del opositor Juan Guaidó y pidió apoyo para él.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, muy crítica con el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y destituida en 2017, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España.

Ortega señala, en un comunicado remitido a la Agencia Efe, que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver.

Una de las voces más críticas con el actual gobierno venezolano, Ortega se exilió en Colombia en 2017, tras ser destituida.

La destitución vino de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, que la acusó de haber cometido «actos inmorales».

Su destitución fue, según consideró Ortega entonces, «un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura».

Dos años después, la ex fiscal general se posicionó a favor del opositor Juan Guaidó y pidió apoyo para él.

Luisa Ortega, que sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre.

Manifestó en 2017 que en su país «se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país».

Tras sus declaraciones, añade el comunicado, «las fuerzas militares asaltaron» las instalaciones de la Fiscalía, que fue «atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo» chavista.

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Esta acciones -explica el documento- provocaron «represalias» contra de ella y su familia, «sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física».

«Obligada por la persecución y las amenazas», se refugió en Colombia; donde las autoridades le dieron protección internacional, le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018; y le proporcionaron una medida especial de protección como «perseguida política del régimen venezolano».

La ex fiscal general realizó también gestiones con la Corte Penal Internacional, «a la que aportó pruebas documentales» de la «violación sistemática» de los derechos humanos.

La denuncia le originó nuevas amenazas y ataques contra su vida y su libertad; resalta el comunicado, que se mantienen y por lo que Ortega decidió trasladarse a España y solicitar asilo.

En lo que podría calificarse de una dura crítica a los sectores políticos que adelantan el “diálogo” en Venezuela, la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz emitió su opinión  ente lunes a través de sus redes sociales.

“Ese ejercicio que Maduro y la oposición llaman negociación es un combate en el que pareciera que no están dispuestos a entender las verdaderas prioridades del país. Tenemos que estar conscientes del enorme desafío que representa #Venezuela”.

Este fue el texto que acompañó el contundente video en donde fijo su posición en torno al diálogo político que adelantan ciertos sectores de la oposición con Maduro.

Ortega Díaz no ve voluntad política para llegar a un acuerdo ya que ambas partes tienen posiciones de querer vencer al otro.

A juicio de Ortega Díaz esta es la característica principal de un combate, lo que se aleja del verdadero espíritu de una negociación.

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Criticó el hecho de que Maduro tenga exigencias que lo llevan a querer lo pongan en “un pedestal de todopoderoso y además exige, que se arrodillen ante él”.

Mientras que la oposición “le piden que entregué el poder mientras, organizan el tribunal para juzgarlo como criminal”.

Estas posiciones, para Ortega Díaz demuestra que al parecer “ninguno está dispuesto a entender los intereses del contrario y las verdaderas prioridades del país”.

 “Ninguna de las dos propuestas tienen posibilidades de llegar a buen término”, puntualizó.

 Recordó que las autocracias se “imponen, amenazan, y persiguen a sus oponentes”.

 Calificó de irracional ambas de propuestas, ya que Maduro solicita que le concedan todo antes de negociar.

Fue enfática al señalar que esta petición es contraria a la lógica y deber ser de las negociaciones.

Recalcó que las concesiones se dan al final del proceso de negociación, llegado a los acuerdos.

Para finalizar aseguró que hace falta una verdadera “conciencia del desafío histórico que representa Venezuela”.

La exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz considera que la oposición venezolana debería participar en las elecciones regionales. La exhortación la hizo Ortega a través de sus redes sociales.

«Este año Venezuela tiene una nueva oportunidad. Las elecciones regionales son el escenario ideal para reconquistar los espacios de poder», escribió en su cuenta en Instagram.

Sostiene que esa reconquista se debe hacer «a través del voto masivo de los venezolanos». A su juicio, de esta forma «comenzaremos a generar los cambios que necesitamos».

Desde distintos sectores de la oposición se están planteando la posibilidad de esa participación. Esta semana, un grupo de exdiputados, periodistas e intelectuales, pudieron a Juan Guaidó que reconsidere la decisión de no ir a las regionales previstas para este año.

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En una carta abierta, los dirigentes recordaron «el valor del voto», como forma de expresión ciudadana. Aunque reconocen que no hay condiciones electorales, enfatizan en que se debe luchar para tenerlas.

También le recuerdan a Guaidó que la prédica: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libre, no ha dado resultado.

Mientras tanto, desde el madurismo se allanó el camino para las megaelecciones. La AN chavista derogó la ley que separaba las elecciones en gobernaciones y alcaldías.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, informó que el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), tiene al menos 2.000 pruebas consignadas por su despacho.

“En el expediente de Venezuela ante la CPI cursan más de 2.000 pruebas que nosotros consignamos. No solamente cuando se hizo la denuncia original el 16 de noviembre de 2017. También las que hemos consignado con posterioridad ampliando el caso», explicó en entrevista con El Nacional.

Se refiere al último pronunciamiento de la CPI donde afirman que hay indicios de que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. «Es probable que la fiscal usara estas pruebas para acompañar la solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares», Esto «para que la autoricen a iniciar la investigación”, precisó Ortega Díaz.

Entre las pruebas que ha recibido la CPI sobre el caso de Venezuela se encuentran protocolos de autopsias, inspecciones de los sitios de los sucesos, testimonios, declaraciones de víctimas y registros fotográficos.

A su juicio, la presión internacional e un factor determinante en la posición de la CPI. Destacó que es necesario que se siga trabajando para que esa investigación sea un hecho.

Por otro lado, relató que ella sabía, desde hace un mes, lo que iba a decidir la fiscalía de la corte. «Teníamos claridad de lo que iba a ocurrir. Así como nos enteramos, el régimen también estaba informado», aseguró.

Dijo que por esa razón el régimen «desató una campaña e inventaron aquello de que había en Colombia un procedimiento en mi contra«. Esto «con el único objetivo de decir que el procedimiento ante la CPI es impulsado por una persona perseguida por la justicia. Es lo que yo presumo”, dijo.

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Ortega Díaz informó que ahora la fiscal Bensouda debe presentar el caso, con toda la documentación pertinente. Lo hará ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

“Si ella ya declaró públicamente que cree que existen fundamentos para pensar que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad, es probable que ya haya hecho esta petición. Nosotros estamos verificando si efectivamente la Sala de Cuestiones Preliminares ha recibido la solicitud”, adelantó.

Una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI revise el caso, puede remitirlo nuevamente a la Oficina de la Fiscalía para que se inicie la investigación.

Asimismo, en el expediente se incluyeron sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano donde se demuestra que hay una clara política de Estado de violar sistemáticamente los derechos humanos de la población civil. Están además especificaciones de los instrumentos que fueron creados por el régimen de Maduro para reprimir y perseguir a la población.

“El tiempo que puede tardar la CPI en iniciar esta investigación depende totalmente de ellos. No hay un plazo señalado. Pero los actores sociales interesados en impulsar este proceso juegan un papel fundamental. Yo creo que la presión internacional fue determinante para la decisión de la corte. Ahora hay que hacer el mismo trabajo para que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie”, indicó.

Las reacciones de los defensores de los Derechos Humanos sobre la última decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), en cuanto a Venezuela, no se hicieron esperar. Tamara Suju, Delsa Solórzano y Luis Ortega Díaz consideran que se trata de un avance.

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda, anunció existen «fundamentos razonables para creer» que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad.

La activista Tamara Suju sostiene que «hemos avanzado a fase III, porque ellos consiguieron fundamentos para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes con competencia de esa corte. es decir, crímenes de lesa humanidad».

Pidió no olvidar que la CPI está analizando los siguiente: «asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos por el régimen».

Explicó que «la fase III es cuando la CPI indaga si el sistema de justicia venezolano ha juzgado o investigado de forma imparcial a los culpables de estos crímenes».

Dijo que los venezolanos debemos «estar contentos de este avance, porque la justicia internacional avanza de forma lenta, pero segura. Las víctimas y quienes hemos luchado para hacer estas denuncias deben estar contentas. Venezuela va a tener justicia y los criminales van a ser juzgados», aseveró en un video publicado en Twitter.

Por su parte, la diputada Solorzano, destacó la importancia del anuncio de la CPI. Y aseguró que «el fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza». Esto en referencia a que la fiscal de la CPI hizo en anuncio en su cara.

Entre tanto, la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, aseguró que las pruebas presentadas por su despacho ante la Corte «son contundentes». «El pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia!», expresó.

#Venezuela. Mi mensaje para todos los venezolanos con motivo del avance del Examen Preliminar en la @IntlCrimCourt en contra del régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/9HPeNJzS0N

Los invito a ver esta importante noticia sobre @IntlCrimCourt . El fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza. ? 1https://t.co/hN0u3YTiXe

Las pruebas entregadas por el Ministerio Público legítimo de Venezuela a la CPI @IntlCrimCourt son contundentes. Pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia! https://t.co/ZGjOp5tmwD

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, desmintió la versión según la cual la Fiscalía de Colombia emitió una orden de detención en su contra.

«No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal», publicó Ortega Díaz en su cuenta en Instagram.

Aseguró que el régimen la «ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. ¡No me detendrán!», aseguró.

Explicó que «la tiranía lo que busca es distraer la atención de los graves problemas que existen en el país». También «del trabajo que vienen adelantando los organismos internacionales en función de acabar con la violación sistemática de DD.HH. que sigue ocurriendo en Venezuela».

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El desmentido de Ortega se produce luego que la revista Política y Poder publicó que la Fiscalía 63 de Bogotá, emitió esa orden captura.

«Emiten orden de captura en Colombia contra la ex fiscal venezolana Luisa Ortega por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la fiscalía 63 de Bogotá», indicó la revista a través de su cuenta de Twitter. 

Esta orden de captura se emite luego de que en el año 2019 Fanny Ardila Guerra, Fiscal Local 63 de Bogotá, emitiera tres citaciones hacia Ortega Díaz para que declarase ante una investigación en su contra.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, advirtió al régimen de Nicolás Maduro que el cerco a su alrededor se cierra. Hizo la advertencia tras la actualización del informe sobre Venezuela, por parte de la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet.

Recordó que tras la presentación del informe sobre Venezuela, por parte de los expertos de la ONU, el régimen aseguró que trabajaría con los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado.

«Ante el reciente informe de la ONU, la tiranía anunció que establecería una relación más cordial con Michelle Bachelet», dijo la Fiscal.

Sin embargo, este viernes, la expresidenta chilena mostró «preocupación por los altos número de muertes de jóvenes en operativos de seguridad». Destacó sobre todo los que se hacen en las barriadas.

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Igualmente, instó a las autoridades venezolanas a proteger el espacio cívico y democrático.

Ante estas palabras, Ortega Díaz manifestó: «la Alta Comisionada los muestra nuevamente como los criminales que son. A Maduro y su grupo se le acaban los argumentos y las excusas ¡La justicia los acecha!».

Sobre el informe de la comisión de expertos, la fiscal en el exilio ratificó que su despacho acreditó varias de esas denuncias. «Oficialmente el régimen de Maduro es calificado como violador sistemático de DDHH. Es inminente que la Corte Penal actúe contra los responsables».

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio ha expresado su opinión sobre el reciente Informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que revela la terrible situación de los derechos humanos en el país.

La funcionaria perseguida del chavismo, dijo mediante un LIVE en sus redes sociales, que «hoy en Venezuela estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Si no te matan de hambre, te asesina la policía».

Además agregó Ortega Díaz que quien usurpa su cargo como Fiscal General en Venezuela, frente al informe de la ONU, salió a defender a Maduro en vez de a las víctimas. «Eso es inaudito», espetó.

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Ortega Díaz contó además con la participación de Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, quien también está en el exilio. Esta aseguró por su parte que una característica del gobierno venezolano es desdeñar, anular y desconocer cualquier interlocución que ellos no consideren valida.

Pero además destacó que no se pueden dinamitar los puentes de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y que se debe insistir en esa comunicación con los actores que están en el poder.

Ramírez hizo referencia a las condiciones de salud del General Miguel Rodríguez Torres, según reveló son bastante precarias.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, reaccionó tras la publicación del informe de la ONU sobre Venezuela. Dijo que ahora la Corte Penal Internacional no tiene excusas para evadir un proceso contra Nicolás Maduro.

«Es inminente que la @IntlCrimCourt actúe contra los responsables», dijo Ortega en su cuenta en Twitter.

Por otro lado, la fiscal calificó el informe como «un importante logro». Recordó que su despacho acreditó «muchísimas de las pruebas y documentos que hoy se consolidan en este informe».

Insistió en que «oficialmente el régimen de Maduro es calificado como violador sistemático de DD.HH.».

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“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos». Algunas de esas violaciones «incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión.

“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó», recomienda Valiñas.

El informe que tiene 443 páginas será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se investigaron 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios exhaustivos.

Esto es un importante logro! Hemos acreditado muchísimas de las pruebas y documentos que hoy se consolidan en este informe. Oficialmente el régimen de Maduro es calificado como violador sistemático de DDHH. Es inminente que la @IntlCrimCourt actúe contra los responsables #16Sep https://t.co/Yn6L2YwSAJ

La Fiscal General de la República en el exilio Luisa Ortega Díaz en exclusiva para Impacto Venezuela reveló detalles de las operaciones entre Álex Saab y Nicolás Maduro y del miedo que domina a todo el entorno de la dictadura venezolana:»En Miraflores están temblando».

Ortega Díaz conversó con Karla Salcedo Flores y dio a conocer la lista de negocios que mantiene Saab y Maduro encabezando las transacciones mediante las empresas con las que crean el programa de comida subsidiada con alimentos de mala calidad que reparte el régimen en los hogares venezolanos: Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

También destacó el Arco Minero y se suma a la lista “el blanqueo de capitales, así como mantener muy bien guardado el dinero al régimen en países como Panamá”, reveló.

La Fiscal confirmó también que Nicolás Maduro tiene cuentas en varios países entre ellos Panamá ayudado precisamente por Álex Saab.

Sin embargo, no es el único testaferro del líder del régimen, la fiscal en el exilio, reveló el nombre de Camilo Ibrahim, quien sería otro de los protectores económicos de Maduro.

Revela que «la rampa 4 del Aeropuerto de Maiquetía es utilizada para que aterricen los aviones de Alex Saab y para que en su momento los sobrinos de Cilia Flores enviaran droga», puntualizó.

Según Luisa Ortega Díaz la captura de Alex Saab en Cabo Verde, es parte del desmantelamiento de una banda criminal de delincuencia organizada.

Ortega Díaz resaltó que la captura de Alex Saab fue producto de la investigación que el Ministerio Público en el exilio comenzó en 2017 en contra de varios protectores económicos del régimen de Maduro.

Afirmó que las cajas CLAP son una arista de todo el entramado de corrupción que maneja Nicolás Maduro con Alex Saab, Cilia Flores y otros, también están incluidos los sobrinos de Cilia Flores.

Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de la República, ahora en el exilio, dio a conocer las pruebas de corrupción en las cárceles, por parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios del régimen de Maduro, iris Varela.

Mediante un video publicado a través de su canal de YouTube reveló un nuevo expediente de investigación en donde señala a Varela de haberse robado los recursos destinados para la construcción del Centro de Reclusión de Procesados Judiciales del estado Zulia, el cual denunció nunca se construyó.

Reveló que la titular del ministerio de Asuntos Penitenciarios ejecutaría la obra a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, uno de los organismos adscritos a esa entidad por medio de la constructora Cresmo C.A., que al parecer designó a dedo y pertenece a uno de los testaferros del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y de su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

Se tenía previsto que la obra iniciaría el 2 de enero de 2013 y culminaría el 29 de mayo de 2015, pero la obra nunca se ejecutó y en su lugar «lo único que se puede observar son ruinas». Detalló también que se entregó un adelanto por 45 millones de dólares y dijo que en la investigación, organismos como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela y organizaciones de defensores de DDHH, ayudaron.

«Toda esta trama de corrupción de Iris Varela ha derivado en el retardo procesal, hacinamiento, asesinatos, y el descontrol absoluto de todos los centros penitenciarios»

«Toda esta trama de corrupción de Iris Varela ha derivado en el retardo procesal, hacinamiento, asesinatos, y el descontrol absoluto de todos los centros penitenciarios y de detención preventiva. Ahí está el verdadero origen de las masacres carcelarias ocurridas en Venezuela en los últimos años», insistió Luisa Ortega Díaz.

Calificó a la funcionaria de la dictadura como “pieza fundamental en la destrucción de la democracia y del estado de derecho en Venezuela”. También la responsabilizó del surgimiento y consolidación de líderes negativos dentro de los recintos penitenciarios.

Ortega aseguró estar abocada en mostrar más casos sobre los delitos en la institución penitenciaria que derivaran en encarcelación y procesamiento.

Y es que a través de audios enviados a la periodista Karla salcedo Flores, Ortega Díaz resaltó que Saab también estaría implicado en otros delitos.

“Es un corrupto, un criminal e inmoral que está involucrado en hechos de corrupción y tenemos pruebas que lo comprometen en la comisión de otros delitos que oportunamente mostrare a la opinión pública”

En este sentido, enfatizó que quien actualmente se encuentra usurpando las funciones de fiscal general, es una persona que “no tiene ninguna ética, ni principios para estar al frente de una institución tan sagrada como es el Ministerio Público”

Luisa Ortega Díaz indicó que Tarek William Saab, estando frente a la gobernación del estado Anzoátegui y a través de una empresa llamada Constructora Concor, “benefició a esa empresa con 84 contratos para ejecución de obras públicas para el estado” y que todas las pruebas se encuentran en su canal de Youtube.

“Encontramos muchas evidencias que entre 2003 y 2017 celebró 59 contratos con empresas filiales y mixtas de Pdvsa. El valor de esos contratos superan los mil millones de dólares. Estas obras quedaron inconclusas y muchas otras no se realizaron”

Refirió que los testaferros de Saab, a quienes identificó como Alejandro Josué Ruiz Maceo y Elías Ramón Guevara, habían sido acusados en el 2012 por la corte del distrito de Nueva York de estar implicados en casos de lavado de dinero producto de narcotráfico.

Para ver la entrevista completa y conocer más sobre estas acusaciones contra el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, les invitamos a ver el video al inicio de la nota.