El abogado venezolano radicado en Estados Unidos, Nizar El Fakih, informó que la jueza Analisa Torres emitió este jueves su primera orden en este caso: “mantener vigentes todas las órdenes dictadas por el fallecido juez Alvin Hellerstein, incluida la fecha del juicio, así como todas las audiencias y los lapsos procesales previamente establecidos por él”.

En sus redes sociales, el abogado publicó una tradición del dictamen de la jueza Analisa Torres que reproducimos a continuación.

“La Corte deja constancia, con profunda tristeza, del fallecimiento del Honorable Alvin K. Hellerstein, quien anteriormente presidía este caso.

Tras la reasignación de este caso a la jueza que suscribe, el 28 de octubre de 2026, la Corte ha revisado el expediente judicial y el calendario procesal.

Con el fin de garantizar una administración de justicia ordenada y eficiente, y evitar cualquier perjuicio, alteración o incertidumbre, por la presente:

SE ORDENA que todas las directrices, plazos y comparecencias programadas, incluida la fecha del juicio, establecidos por el juez Hellerstein, permanezcan plenamente vigentes y surtan todos sus efectos.

SE ORDENA ADEMÁS que las partes cumplan estrictamente con el calendario procesal vigente, salvo que sea modificado mediante orden de la Corte.”

(Firmado por la jueza Analisa Torres el 29 de octubre 2026)"

Al 29 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores: La jueza Analisa Torres emitió hoy su primera orden en este caso: mantener vigentes todas las órdenes dictadas por el fallecido juez Alvin Hellerstein, incluida la fecha del juicio, así como todas las audiencias y los lapsos procesales previamente establecidos por él. Cita textual (traducción propia): “La Corte deja constancia, con profunda tristeza, del fallecimiento del Honorable Alvin K. Hellerstein, quien anteriormente presidía este caso. Tras la reasignación de este caso a la jueza que suscribe, el 28 de octubre de 2026, la Corte ha revisado el expediente judicial y el calendario procesal. Con el fin de garantizar una administración de justicia ordenada y eficiente, y evitar cualquier perjuicio, alteración o incertidumbre, por la presente: SE ORDENA que todas las directrices, plazos y comparecencias programadas, incluida la fecha del juicio, establecidos por el juez Hellerstein, permanezcan plenamente vigentes y surtan todos sus efectos. SE ORDENA ADEMÁS que las partes cumplan estrictamente con el calendario procesal vigente, salvo que sea modificado mediante orden de la Corte.” (Firmado por la jueza Analisa Torres el 29 de octubre 2026)

Nicolás Maduro es una de las pocas personas acusadas en Estados Unidos de violar una ley federal que criminaliza la tortura cometida en el extranjero, según una revisión de registros judiciales de Reuters, mientras los fiscales buscan ampliar su caso penal contra el derrocado presidente venezolano.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada de una acusación ampliada que los acusa de conspirar para torturar a opositores políticos para permanecer en el poder, además de los cargos de tráfico de drogas a los que ya se enfrentaban. Su juicio está programado para junio de 2027.

 Maduro y Flores, capturados en enero durante una redada militar estadounidense en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump, son solo la séptima y octava personas identificadas por Reuters que han sido acusadas de violar una ley de 1994 que criminaliza actos de tortura. La ley define la tortura como un acto destinado a infligir dolor o sufrimiento físico o mental grave a una persona bajo custodia.

Cuatro personas han sido condenadas bajo el estatuto, incluidos miembros de fuerzas paramilitares en Liberia y Gambia, el jefe de una prisión siria bajo el derrocado presidente Bashar al-Assad y un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.

El caso Maduro marca la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar el uso de tortura en su país, según Michel Paradis, socio del bufete Steptoe.

“Esto realmente es un caso histórico”, dijo Paradis, quien anteriormente representó a detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo.

Los cargos de tortura marcan un cambio sustancial en el enfoque del caso contra Maduro y Flores. Aunque siguen acusados de abusar de su poder para ayudar a narcotraficantes y enriquecerse, los nuevos cargos significan que los presuntos abusos a los derechos humanos durante la agitación política que a menudo marcó los 13 años de Maduro en el cargo serán centrales en el juicio.

Lea también: ¿TRANSICIÓN CON CANDADO?: La Conferencia Episcopal cuestiona los resultados y señala estructuras de control

El cargo de tortura podría fortalecer la posición de los fiscales al permitirles contar una historia más completa sobre cómo Maduro presuntamente empleó una amplia gama de actividades criminales para permanecer en el poder, y al permitirles llamar a testigos más comprensivos, dijeron expertos legales.

“El cargo de tortura es realmente una escalada significativa”, dijo Artie McConnell, exfiscal federal enfocado en temas de seguridad nacional.

“Pone estos elementos de tortura y represión política en el centro de la teoría del gobierno”, agregó McConnell, refiriéndose a la fiscalía.

Los abogados de Maduro no respondieron a solicitudes de comentarios.

Mark Donnelly y Andrés Sánchez, abogados de Flores, dijeron que ella es “completamente inocente” de todos los cargos. Dijeron que revisarían una moción que previamente presentaron para desestimar la acusación basándose en la inmunidad soberana —protección de enjuiciamiento como jefa de un país soberano— para tener en cuenta los nuevos cargos.

Un portavoz de la oficina del Fiscal de EE.UU. de Manhattan, que presentó los cargos, se negó a comentar.

La ley de 1994 fue aprobada por el Congreso para cumplir con las obligaciones de EE.UU. bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, firmada durante el mandato del presidente Ronald Reagan.

Bajo la ley, cada cargo de tortura es punible con hasta 20 años de prisión, o con cadena perpetua o la pena de muerte si la víctima muere a causa de la tortura. Las personas condenadas por múltiples actos de tortura pueden recibir sentencias más largas. Quienes han sido condenados bajo el estatuto hasta ahora han recibido sentencias de prisión de 60 a 97 años.

Maduro y Flores no son elegibles para la pena de muerte porque están acusados de conspiración para torturar, no de llevar a cabo la tortura ellos mismos.

Los fiscales estadounidenses solo pueden presentar cargos de tortura contra acusados que sean ciudadanos de EE.UU. o que estén físicamente presentes en Estados Unidos. Los cargos contra Maduro y Flores llegaron después de que fueran llevados a Nueva York tras la redada en Caracas.

Muchos de los otros acusados en casos de tortura de EE.UU. se habían mudado o intentado entrar a Estados Unidos después de la presunta tortura.

McConnell, socio del bufete BakerHostetler, dijo que la nueva acusación era más detallada que la anterior, citando las descripciones de las presuntas víctimas de tortura e incidentes.

En un incidente de 2018 descrito en la acusación, los fiscales dijeron que oficiales militares venezolanos golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con un irritante químico mientras lo interrogaban sobre el paradero de un opositor político de Maduro.

Los jurados podrían encontrar poderoso el testimonio de las presuntas víctimas de tortura, dijo Shane Stansbury, exfiscal federal en Manhattan.

Tres de las presuntas víctimas de tortura en la acusación son ciudadanos estadounidenses, y su testimonio podría resonar especialmente fuerte entre los jurados, dijo McConnell.

Un juicio solo por los cargos de tráfico de drogas probablemente habría dependido en gran medida del testimonio de testigos cooperantes, que podrían haber participado ellos mismos en los presuntos crímenes. Los abogados de la defensa a menudo cuestionan agudamente a los testigos cooperantes sobre sus propios historiales criminales en el contrainterrogatorio para intentar socavar su credibilidad.

Para estar seguros, los testigos cooperantes seguirán siendo críticos para ayudar a los fiscales a vincular a Maduro y Flores con la presunta tortura, dijeron los expertos.

Kevin Sullivan, fiscal de la oficina del Fiscal de EE.UU. de Manhattan, dijo en una audiencia judicial del 8 de octubre que los testigos cooperantes testificarían sobre la presunta participación de Maduro y Flores en la conspiración de tortura.

No todos los casos de tortura que EE.UU. ha presentado han resultado en una condena.

Un acusado, un residente del norte del estado de Nueva York llamado Sulejman Mujagic, que fue acusado en EE.UU. en 2012 de torturar a un soldado después de la disolución de la antigua Yugoslavia, fue en cambio extraditado a Bosnia para juicio en 2013.

Otro acusado por presunta tortura en Bosnia, Sead Miljkovic, fue encontrado no culpable de los cargos de tortura de EE.UU. por un jurado en Chattanooga, Tennessee, en 2025, pero luego se declaró culpable de fraude de pasaporte. Desde entonces ha salido de EE.UU., según su abogado, Bryan Hoss.

Hoss dijo que los relatos dados por las presuntas víctimas que testificaron en el caso habían cambiado con el tiempo, socavando su credibilidad, y que el abuso presuntamente cometido por su cliente no alcanzaba el nivel de tortura. Hoss también dijo que los jurados podrían haberse preguntado por qué el gobierno de EE.UU. estaba procesando el caso.

Los jurados en el juicio de Maduro podrían no tener preocupaciones similares.

“El hecho de que estos se presenten contra del antiguo jefe del país permite a la gente entenderlo un poco mejor”, dijo Hoss.

Con información de Reuters

La Fuerza Espacial de Estados Unidos desplegó sistemas de guerra electromagnética durante la operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según un reportaje de The Wall Street Journal (WSJ), que obtuvo acceso poco habitual a las instalaciones donde operan algunas de estas tecnologías.

El medio visitó el complejo de Guerra Electromagnética de la Fuerza Espacial en Colorado y conversó con integrantes de esa rama militar que participaron en operaciones tanto en Venezuela como en Irán.

 Entre los equipos mostrados figura Meadowlands, un sistema ofensivo terrestre diseñado para interferir las comunicaciones de satélites adversarios mediante la saturación de sus frecuencias de radio.

De acuerdo con el reportaje, estos sistemas pueden bloquear temporalmente la capacidad de un satélite para comunicarse con estaciones terrestres. Se trata de un efecto no cinético, por lo que el aparato puede volver a funcionar normalmente una vez que cesa la interferencia.

“Aquello que nunca se ve es increíblemente importante en la guerra”, explicó el teniente general Gregory Gagnon, quien destacó la importancia de controlar el espectro electromagnético para mantener conectados satélites, barcos y aeronaves estadounidenses y, al mismo tiempo, interrumpir las capacidades del adversario.

La Fuerza Espacial también emplea sistemas defensivos como Bounty Hunter, cuya función es escanear el espectro electromagnético, detectar perturbaciones y localizar señales que puedan representar una amenaza para los satélites estadounidenses.

Según WSJ, Bounty Hunter y los inhibidores ofensivos pueden operar conjuntamente bajo una lógica de “explorador y tirador”: uno identifica y geolocaliza posibles amenazas y otros sistemas pueden actuar contra ellas por orden de los mandos militares.

Lea también: ¿SALTO DE TALANQUERA?: Delcy Rodríguez cambia el discurso socialista por el movimiento MAGA de Trump

Uno de los testimonios centrales del reportaje es el del sargento técnico Joshua Lomax, integrante de la Fuerza Espacial que participó en el despliegue de estos equipos.

WSJ asegura que Lomax y su equipo interfirieron satélites para crear una “burbuja protectora” alrededor de las fuerzas estadounidenses que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Horas después de esa operación, Lomax recibió instrucciones de trasladarse a Medio Oriente ante las operaciones que Estados Unidos desarrollaría contra Irán.

“Fueron 72 horas para empacar el equipo, inspeccionarlo, cargarlo en el avión y partir”, explicó. Una vez en el lugar de despliegue, agregó, disponían de unas 96 horas para instalar el sistema y ponerlo en funcionamiento.

Lomax describió las operaciones como “increíblemente intensas” y señaló que durante su despliegue en Medio Oriente llegó a encontrarse bajo fuego enemigo.

La Fuerza Espacial también ha acelerado el despliegue de un sistema más compacto conocido como Remote Modular Terminal (RMT), que puede transportarse dentro de un contenedor y movilizarse rápidamente hacia distintos escenarios de operaciones.

Según los responsables militares entrevistados por WSJ, estos equipos ya se utilizan en operaciones de combate y están desplegados prácticamente a escala global, mientras que sus ubicaciones se mantienen deliberadamente en secreto.

La capitana Sofia Parlock, quien también participó en operaciones en Medio Oriente, explicó que parte de su trabajo consiste en vigilar cambios en el espectro electromagnético, registrarlos y transmitir la información a los mandos correspondientes para identificar posibles amenazas.

Lomax y Parlock forman parte de Mission Delta 3, unidad con sede en la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, especializada en guerra electromagnética espacial.

Su comandante, el coronel Angelo Fernández, aseguró que la unidad debe permanecer preparada para desplegarse “en cualquier parte del mundo” y confirmó que estos sistemas han sido empleados en distintas operaciones militares estadounidenses.

El reportaje destaca que la protección de las capacidades espaciales se ha convertido en un elemento cada vez más importante para el Pentágono debido al papel de los satélites en la detección de lanzamientos de misiles, las comunicaciones, la navegación, el guiado de armas y la obtención de imágenes de alta resolución del campo de batalla.

El objetivo de la Fuerza Espacial, según sus responsables, es preservar esas ventajas para las fuerzas estadounidenses y, simultáneamente, impedir que los adversarios puedan utilizar sus propias capacidades espaciales con la misma eficacia.

The Wall Street Journal

Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra  Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.

De acuerdo con una comparación de CNN entre el documento de la fiscalía de EE. UU. y los informes de la ONU, la acusación amplía las conclusiones que contienen estos expedientes.

En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura.

 La misión de la ONU había dicho en su informe de 2020 que tenía “motivos razonables” para creer que el entonces presidente venezolano y otros altos funcionarios “no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que contribuyeron con ellos mediante la coordinación de actividades y el suministro de recursos para la ejecución de los planes y políticas bajo los cuales se cometieron”.

La Misión comenzó a trabajar en 2019, pero su trabajo abarca la documentación de casos desde el primer semestre de 2014, cuando ocurrieron las primeras grandes manifestaciones contra Maduro, que un año antes había sustituido al fallecido Hugo Chávez en la presidencia del país sudamericano. Los primeros hallazgos detallados del equipo de la ONU fueron publicados en 2020.

Barry Pollack, abogado de Maduro, dijo que su cliente niega el nuevo cargo -conspiración para cometer tortura- y dijo que espera con interés su próxima comparencia. Maduro también se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El gobierno de Venezuela siempre ha rechazado las conclusiones de los informes de la ONU, pero los señalamientos recogidos por el equipo de la Fiscalía se suman a las historias de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes han descrito, tanto en informes como en entrevistas con la prensa, una aceitada maquinaria represiva a gran escala en contra de la disidencia que, en última instancia, procuraba mantener a la pareja presidencial en el poder.

Según la acusación de la Fiscalía, la pareja gobernó sobre un sistema que se asentó en la violencia contra la oposición política, las detenciones arbitrarias y la tortura de detenidos, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos.

La acusación describe que los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpizas, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y tortura psicológica, así como amenazas de hacerles daño o matar a sus familiares, incluidos niños.

Según la investigación de la ONU, estos métodos de tortura también han sido utilizados para obtener confesiones forzadas que incriminen a otras personas.

Los testimonios de tres presuntas víctimas no identificadas en el escrito ofrecen una mirada perturbadora al interior del aparato represivo del gobierno venezolano.

Uno de ellos aparece identificado como “víctima 7”, quien denuncia haber sido detenido en enero de 2022 cuando ingresaba a Venezuela. Pasó ocho meses y medio en prisión y, según la acusación, le negaron la alimentación y le inyectaron una sustancia que le causó convulsiones.

Un segundo estadounidense, a quien llamaron “víctima 8”, dijo que, tras ser detenido en agosto de 2023, cuando viajaba a Venezuela para visitar a familiares, funcionarios de la inteligencia militar del país sudamericano lo atacaron hasta provocarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia hasta la sede de esa organización con un arma en la boca y le aplicaron descargas eléctricas, según dice la acusación.

Uno de sus captores le habría dicho, según los fiscales, que continuaba con vida porque, al descubrir que era ciudadano estadounidense, un alto funcionario consideró que podía servir para un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

Entre 2022 y 2025 Venezuela y Estados Unidos llevaron a cabo negociaciones que culminaron en la liberación de varios prisioneros. En octubre de 2022 Caracas liberó a seis ciudadanos estadounidenses ejecutivos de Citgo a cambio de que el gobierno de Joe Biden otorgara el perdón presidencial a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico, una situación que se repitió en diciembre de 2023 cuando Alex Saab también obtuvo la clemencia del Ejecutivo de Washington, mientras el régimen chavista dejaba en libertad a diez estadounidenses detenidos. En enero de 2025 el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell negoció la libertad de otras seis personas a cambio de la reanudación de vuelos de deportación hacia Venezuela desde el país norteamericano.

Un tercer estadounidense, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido, lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.

Los cargos contra Maduro y Flores, que deberán ser probados en un juicio que comenzaría en junio de 2027, detallan también el supuesto papel de los funcionarios venezolanos no identificados que habrían participado en las torturas. El gobierno de Venezuela aún no había reaccionado a estas nuevas acusaciones, como sí lo hizo tras su comparecencia del pasado 5 de enero, cuando se declaró inocente de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se refirió inmediatamente a eso, mientras anunciaba el inicio de la Navidad para el 1 de noviembre.

Con información de CNN

En el nuevo expediente que ahora pesa contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes ahora son acusados por torturas, la justicia de Estados Unidos vuelve a mencionar al Cartel de los Soles como organización criminal,  la cual se pensaba que estaba “en el olvido” para las autoridades de ese país.

Así se puede apreciar en los extractos del expediente que ha salido a la luz pública. Estas son las claves de esta nueva acusación.

1. Maduro y Cilia  son los acusados. La Fiscalía sostiene que durante más de 25 años abusaron de cargos públicos para enriquecerse y mantenerse en el poder mediante corrupción, narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos.

2. El Cartel de los Soles  aparece expresamente. La acusación afirma que Maduro, Flores y otros integrantes de su círculo formaban parte de lo que denomina “Cártel de los Soles” y traficaban drogas bajo la protección del Ejército, la judicatura y las fuerzas de seguridad venezolanas. 

3. La acusación apunta además a otros altos jerarcas del régimen sin identificarlos por su nombre. Habla repetidamente de “otros altos cargos”, miembros del círculo de Maduro y Flores y co-conspiradores “conocidos y desconocidos”, además de identificar como CC-1, CC-2 y CC-3 a figuras a las que atribuye narcotráfico, represión y torturas.

4. Hay tres personajes particularmente importantes bajo seudónimo. CC-1 aparece vinculado a narcotráfico, FARC y órdenes dentro de organismos venezolanos; CC-2 está asociado directamente con torturas y represión; CC-3 aparece como alto funcionario de la DGCIM implicado tanto en narcotráfico como en torturas. 

Lea también:Gran jurado de Nueva York imputó a Maduro y Cilia Flores por "tortura" contra ciudadanos estadounidenses

5. La acusación sostiene que la organización trabajó con FARC, ELN, Sinaloa, Los Zetas, Norte del Valle y Tren de Aragua. También describe la utilización de aviones militares, vehículos y otras estructuras del Estado para transportar cocaína.

6. Hay acusaciones de tortura extraordinariamente concretas. La Fiscalía atribuye al sistema dirigido por Maduro secuestros, descargas eléctricas en genitales, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, amenazas contra hijos y familiares y otras prácticas. Sostiene además que Maduro recibía información sobre interrogatorios y, en determinados episodios, daba instrucciones sobre el trato a detenidos. 

7. La acusación llega hasta 2025. No es únicamente una reconstrucción histórica del chavismo. Afirma que la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico continuó “up to and including in or about 2025”. Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, importación de cocaína y delitos de armas.

Un gran jurado federal de Nueva York imputó  Nicolás Maduro y Cilia Flores por cinco delitos que abarcan desde el narcotráfico y el narcoterrorismo hasta la tortura y el uso de armas. La acusación sostiene que actuaron con la ayuda de al menos otros tres altos jerarcas chavistas, identificados únicamente con los nombres clave de CC-1, CC-2 y CC-3, cuyas identidades permanecen bajo secreto de sumario.

Durante más de 25 años, Maduro y Cilia utilizaron el poder del Estado venezolano para enriquecerse, facilitar el tráfico de cocaína, proteger a sus aliados y aplastar a quienes podían poner en peligro su permanencia en el poder, según ese tribunal. 

Para ello, según una nueva acusación presentada este jueves y que ya avanzó ABC el miércoles, se sirvieron de militares, policías, agentes de inteligencia, jueces y otros altos jerarcas del régimen. Cuando la corrupción y el dinero no les bastaban, llegaban la detención, el secuestro y la tortura.

Es el retrato que ofrece la nueva acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Son 30 páginas que amplían considerablemente el caso contra Maduro y su esposa tras la detención del 3 de enero y que incorporan ahora un cargo específico de conspiración para cometer torturas. 

El escrito sostiene que ambos presidieron un sistema de represión que recurrió a descargas eléctricas, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, aislamiento y amenazas de matar o violar a familiares de los detenidos. Entre las víctimas hubo también ciudadanos estadounidenses.

Lea también:¿LA APUESTA ES QUEDARSE?: Chávez, Delcy y el silencio sobre Maduro con nuevas acusaciones 

La acusación está firmada por el fiscal federal James M. McDonald y mantiene a Maduro y Flores como los dos acusados identificados. Pero no los presenta actuando solos. Una de las novedades más relevantes está precisamente en aquellos a quienes el gran jurado no identifica: los otros altos cargos del régimen aparecen una y otra vez en el relato como integrantes del círculo de Maduro y Flores o bajo las denominaciones CC-1, CC-2 y CC-3. Sus nombres no constan pero sí que constan sus actos.

Lo que hace la Fiscalía es dejar suficientes datos sobre sus funciones, fechas, reuniones y actividades para dibujar el perfil de tres figuras importantes del aparato chavista. La acusación habla además de otros participantes «conocidos y desconocidos», por lo que esos tres personajes no agotan la estructura investigada.

El primero, CC-1, aparece como una figura con poder sobre militares, vínculos directos con el narcotráfico y acceso al círculo de Maduro. La Fiscalía remonta su actividad al menos a 2006. Ese año, según la acusación, Maduro y Flores ordenaron a integrantes de sus equipos de seguridad supervisar y facilitar el transporte de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilos utilizando la Guardia Nacional Bolivariana. Una década después, CC-1 habría ordenado a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, coordinar el movimiento de cargamentos de droga. Esa cocaína procedía de las FARC.

Desde la Casa Blanca: el análisis de nuestro corresponsal sobre las decisiones que cambian el mundo.

CC-1 no se habría limitado a proporcionar protección. Según los fiscales, utilizó a militares bajo su control para interrogar a narcotraficantes rivales y favorecer así sus propios negocios. El escrito atribuye a Maduro y Flores órdenes a sus escoltas para secuestrar, golpear e incluso asesinar a personas que debían dinero por operaciones de droga.

La conexión con las guerrillas colombianas ocupa una parte importante del relato armado por los fiscales. La Fiscalía sostiene que, después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores asistieron a una reunión con dirigentes de las FARC en la que participaron Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Maduro debía dinero a las FARC relacionado con su asociación en el tráfico de drogas, según la acusación, y habría aceptado vender explosivos y otras armas al grupo.

En 2017, CC-1 habría dado un paso más: ordenó a miembros de la DGCIM transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína procedentes de las FARC y el ELN. Los militares llevaban la droga en vehículos de carga hasta una base venezolana y desde allí a un puerto para su envío al extranjero. Una parte significativa de esa cocaína, sostiene la Fiscalía, acababa entrando en Estados Unidos.

Según el gran jurado, el alto responsable CC-2 participaba en reuniones con Maduro, Cilia y otros jerarcas y tenía responsabilidad directa sobre detenciones e interrogatorios. La acusación describe una reunión celebrada a comienzos de 2014, cuando las protestas contra el Gobierno se extendían por Venezuela. Maduro habría planteado secuestrar a entre cinco y siete militares sospechosos de deslealtad para averiguar, mediante tortura, si existía disensión dentro de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía asegura que Maduro recibía posteriormente informes sobre los detenidos. CC-2 le comunicaba si alguno había cambiado de actitud. En una ocasión, ante un militar que seguía resistiéndose, Maduro hizo con las manos el gesto de «apretar» y ordenó que aumentara la intensidad de los abusos.

La acusación describe también el caso de un militar, identificado únicamente como Víctima-2, detenido por orden de Maduro en noviembre de 2013. Fue trasladado a un campamento en Colombia, en una zona controlada por las FARC, y sometido durante aproximadamente dos semanas a interrogatorios de miembros de la guerrilla y de la DGCIM.

Los fiscales describen lo ocurrido con detalle. Recibió unas veinte descargas eléctricas. Fue golpeado en las piernas, la espalda y la cabeza. Lo obligaron a permanecer tumbado sobre un colchón compuesto únicamente por muelles metálicos. Lo colgaron de las manos y los pies durante varios minutos y le provocaron pérdida de conocimiento. Después le vertieron agua en la nariz y la boca para simular que se ahogaba. La maniobra se habría repetido unas 30 veces. Sus interrogadores amenazaron además con secuestrar y violar a su hija si no confesaba.

CC-2 aparece después en otros episodios. En 2017, según la Fiscalía, informó a personal de la DGCIM de que Maduro había ordenado tratar con especial crueldad a militares detenidos porque temía un levantamiento.

El tercer personaje, CC-3, aparece vinculado directamente al DGCIM y también conecta los dos grandes pilares del caso: droga y tortura.

Entre 2022 y junio de 2024, aproximadamente cada tres semanas, CC-3 habría ordenado a integrantes de la DGCIM participar en cargamentos de cocaína obtenidos después de que un empresario local fuera obligado a venderlos con un fuerte descuento. CC-1 mantenía contactos periódicos con el ELN para garantizar que la cocaína pudiera atravesar territorio venezolano fronterizo con Colombia. Desde allí, los cargamentos salían en vuelos clandestinos autorizados por militares venezolanos para evitar su detección en América del Sur y Central. Esos contactos con narcotraficantes colombianos continuaron, según el escrito, al menos hasta 2025.

CC-3 aparece también personalmente en salas de interrogatorio. Uno de los relatos más duros corresponde a un ciudadano estadounidense identificado como Víctima-7. Fue detenido por el DGCIM cuando entraba en Venezuela en enero de 2022. Durante dos o tres días fue golpeado, asfixiado y sometido a descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales. En una ocasión, sostiene la acusación, CC-3 supervisó personalmente cómo lo electrocutaban, se rio de él y se burló mientras recibía las descargas. Después ordenó a otros agentes que continuaran. El estadounidense permaneció ocho meses y medio preso en Boleíta Norte antes de ser liberado en octubre de 2022.

Otro estadounidense, la Víctima-8, fue detenido en agosto de 2023 cuando viajaba a Venezuela para visitar a su familia. Los agentes de la DGCIM lo atacaron y le causaron una lesión de espalda que requirió hospitalización. Después lo llevaron a Boleíta Norte. Durante el traslado, según el gran jurado, le aplicaron descargas eléctricas en los testículos y un dispositivo de presión en los tobillos hasta hacerle perder el conocimiento varias veces.

En prisión continuaron las palizas y los abusos por orden de CC-3. Uno de sus torturadores le explicó que seguía vivo únicamente porque CC-3 había descubierto que era estadounidense y podía resultar útil para un intercambio de prisioneros.

Hay un tercer estadounidense en el relato. Fue detenido en enero de 2025 después de que agentes acudieran a su domicilio. En la sede del DGCIM lo esposaron con las manos a la espalda, le cubrieron la cabeza y durante dos días le golpearon repetidamente la cara, la cabeza y el estómago, aproximadamente cada media hora. Los golpes le dejaron una lesión permanente en un ojo. Tras casi un año detenido, fue trasladado al aeropuerto y liberado el 15 de enero de 2026. Los agentes advirtieron a él y a otros estadounidenses de que no podían contar que el Gobierno venezolano los había maltratado.

El escrito recoge otros episodios que recogen dos décadas. Refiere deaopositores sometidos a aislamiento, luces intensas y ruido constante; de detenidos golpeados con machetes; de descargas eléctricas en genitales; de amenazas contra niños; y de presos a los que se habría obligado a beber agua mezclada con orina.

La Fiscalía atribuye a Maduro un grado de conocimiento directo de esos abusos. En una reunión de 2022 con miembros del poder judicial, incluidos Flores y CC-1, habría indicado qué jueces debían recibir instrucciones y cuáles debían obedecerlas. Según la acusación, algunos jueces recibían además un «bonus» mensual de 1.000 dólares. Cuando una funcionaria judicial intentó resistirse a una orden para impedir que determinados opositores concurrieran a unas elecciones, familiares suyos fueron detenidos y torturados por la DGCIM.

El gran jurado sostiene que la violencia no era un elemento separado del narcotráfico, sino parte del mismo sistema chavista. El dinero de la droga y de otras actividades corruptas servía para recompensar a los leales; las instituciones del Estado protegían las operaciones; y la violencia servía para castigar a rivales, silenciar a opositores y mantener la estructura.

Son cinco críos totales de conspiración de narcoterrorismo; conspiración para cometer tortura; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseerlos. La Fiscalía sitúa la conspiración desde al menos 1999 hasta 2025 y pide además el decomiso de bienes y ganancias derivados de los delitos.

Con información de ABC

Estados Unidos rechaza que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y sostiene que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente, aunque sí la ha solicitado para la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

En un memorando presentado el pasado viernes por la noche ante el juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía estadounidense afirma que «Venezuela no ha afirmado» que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos «ni en ningún otro procedimiento» pendiente en el país.

El Gobierno estadounidense contrapone esa situación a la de Rodríguez, cuya inmunidad sí ha sido reclamada por Caracas y reconocida por Washington.

 Según el documento judicial, el 14 de mayo la Embajada de Venezuela presentó una nota diplomática en la que transmitió una solicitud formal del Gobierno venezolano para que EE.UU. concediera a Rodríguez inmunidad como jefa de Estado en el caso civil ‘Kenemore vs. Maduro’, abierto en Florida, y en el que figuran como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

Después, el 20 de julio, EE. UU. comunicó al tribunal de Florida que Rodríguez era la jefa de Estado de Venezuela y que, por ello, gozaba de inmunidad frente a esa demanda.

Lea también:VENEZUELA SE JUEGA SU FUTURO: ¿Cambiar la Constitución o cambiar el poder? 

La Fiscalía añade que Venezuela tampoco solicitó inmunidad para Maduro en ese caso.

La cuestión de la inmunidad se ha convertido en uno de los principales frentes de la batalla judicial de Maduro desde que fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero y trasladado a Nueva York junto a Flores para afrontar cargos por narcotráfico, armas y conspiración de narcoterrorismo.

Ambos fueron detenidos tras una operación militar estadounidense que culminó con su traslado a Nueva York. Maduro se declaró no culpable de los cargos y permanece detenido en una prisión de Brooklyn mientras intenta que el juez desestime la acusación.

Su defensa sostiene que Maduro debe beneficiarse de la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado, pero, según la Fiscalía, Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente venezolano en enero de 2019 y nunca modificó esa posición.

El escrito señala que Washington reconoció formalmente al Gobierno de Rodríguez el 7 de marzo de 2026, después de que Maduro fuera capturado.

Los fiscales sostienen además que los tribunales deben conceder «absoluta deferencia» a la decisión del Ejecutivo estadounidense sobre quién es reconocido como jefe de Estado, y que Maduro no puede beneficiarse de la inmunidad.

El Gobierno estadounidense pide así al juez Hellerstein que rechace las mociones de Maduro y Flores para desestimar la acusación. La audiencia sobre la inmunidad está prevista para el 17 de noviembre y el juicio está programado para junio de 2027.

Además, esta semana, Flores tiene prevista para el jueves una vista ante Hellerstein sobre su petición de ser trasladada a arresto domiciliario por motivos de salud.

Con información de Efe

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro  publicó este domingo un mensaje que generó especulaciones entre los usuarios, por coincidir con las jornadas que cumplió Delcy Rodríguez  en Nueva York, especialmente en la Asamblea General de la ONU.

 "¡Qué bonita semana de grandes lecciones hemos visto! Sin lugar a dudas, Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. Cilia y yo los abrazamos con todo nuestro amor. ¡Bendiciones para todas y todos!", señala la publicación.

El mensaje apareció después de la intervención de Rodríguez ante la ONU, donde aseguró que en Venezuela habrá elecciones y afirmó que el país avanzará hacia una etapa de "democracia plena".  Y cabe recordar que la presidenta encargada nunca mencionó a Maduro, ni en el discurso ni durante alguna de las reuniones que sostuvo.

 La publicación también coincidió con la atención generada por los intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela, los cuales no se han concretado.

 El juez estadounidense que preside el caso penal contra Nicolás Maduro, emitió este martes una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.

Lea también: PETRÓLEO VENEZOLANO COMO PREMIO: Trump alardea en la ONU

El magistrado, Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno.

Hellerstein señala que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación", pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas.

En tal sentido, ordena que las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios.

El juez especifica que la Fiscalía le notificó que parte de la información está "almacenada electrónicamente" y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos".

"Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación", indica la orden.

La clasificación APO implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.

La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que termine la presunta causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos.

Con información de agencias

Ocho meses después de la detención de Nicolás Maduro, los anuncios y cambios, principalmente en materia energética, siguen sin traducirse en mejoras para los venezolanos que, según encuestas, dudan y resienten los acuerdos petroleros suscritos con Estados Unidos. El bolsillo sigue bajo presión y el último tramo del año amenaza con encarecer aún más las finanzas familiares. 

El destituido presidente venezolano Nicolás Maduro pidió este miércoles a un juez federal de Estados Unidos que desestime los cargos penales por tráfico de drogas que pesan en su contra, al argumentar que debe gozar de inmunidad en su condición de jefe de un Estado soberano.

La solicitud fue presentada ante el tribunal federal de Manhattan que lleva el caso y constituye uno de los principales desafíos legales planteados por Maduro desde su captura durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas.

Maduro se ha declarado no culpable de los cargos y, si el tribunal rechaza su petición de desestimación, está previsto que enfrente un juicio a partir del 1 de junio de 2027.

El argumento de inmunidad plantea una cuestión jurídica poco habitual en los tribunales estadounidenses. El principio de que los jefes de Estado en ejercicio gozan de protección frente a procesos judiciales en otros países forma parte de una tradición de larga data del derecho internacional y es considerado un elemento fundamental de las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, expertos legales consultados por Reuters consideran que Maduro enfrenta una difícil batalla para convencer al juez federal de distrito Alvin Hellerstein.

Uno de los principales obstáculos es la posición de Washington sobre su estatus. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de las elecciones de 2018, que el Gobierno estadounidense calificó de fraudulentas. Posteriormente, Washington también rechazó como fraudulenta su reelección de 2024.

Lea también: ¿VENEZUELA NO ESTÁ LISTA PARA ELECCIONES, PERO SÍ PARA IR A REFERENDO? 

Los tribunales estadounidenses suelen otorgar un amplio margen de deferencia al presidente y al Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con el reconocimiento de gobiernos y líderes extranjeros, un factor que podría resultar determinante en el intento de Maduro por obtener inmunidad.

Los procesos penales en Estados Unidos contra jefes de Estado extranjeros son extremadamente inusuales. Uno de los precedentes más citados es el del exgobernante militar panameño Manuel Noriega, cuyo intento de invocar inmunidad fue rechazado por un juez federal de Miami en 1990. Entre otros argumentos, el tribunal consideró que Noriega nunca había ocupado oficialmente el cargo de presidente.

Maduro, por su parte, sostiene que tanto las elecciones de 2018 como las de 2024 fueron legítimas y ha acusado durante años a Washington de intentar sacarlo del poder para hacerse con el control de las vastas reservas petroleras de Venezuela.

Tras su captura, la vicepresidenta y aliada política de Maduro, Delcy Rodríguez, asumió el control del Gobierno venezolano y ha incrementado la cooperación con la administración del presidente Donald Trump.

El acercamiento entre Washington y Caracas también ha adquirido una dimensión económica. Ambos gobiernos alcanzaron recientemente un acuerdo energético de gran alcance que permitiría a Estados Unidos ampliar significativamente su participación en la explotación y comercialización de los recursos petroleros venezolanos.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza. Los fiscales estadounidenses tienen hasta el 2 de octubre para responder formalmente a la solicitud de Maduro, mientras que el juez Hellerstein tiene previsto celebrar el 17 de noviembre una audiencia para evaluar los argumentos de la defensa.

La decisión podría convertirse en un precedente de enorme relevancia sobre los límites de la inmunidad de los líderes extranjeros ante la justicia estadounidense y sobre el peso que tiene el reconocimiento político de un gobierno extranjero en un proceso penal.

Reuters

Durante más de un siglo, en casos que involucran a acusados que van desde un cajero de banco de Chicago del siglo XIX acusado de robo hasta un dictador centroamericano acusado de tráfico de drogas, los jueces estadounidenses han rechazado argumentos de que presuntas violaciones del derecho internacional o de obligaciones de tratados deban resultar en el sobreseimiento de acusaciones penales, publicó Reuters.

El destituido presidente venezolano Nicolás Maduro ahora está listo para poner a prueba esos precedentes cuando presente mociones este miércoles argumentando que su caso penal por tráfico de drogas debe ser desestimado.

 Maduro, de 63 años, se ha declarado no culpable. Su abogado, Barry Pollack, ha dicho que Maduro goza de inmunidad de procesamiento como jefe de un Estado soberano y ha planteado dudas sobre la captura militar estadounidense del histórico adversario socialista de Washington durante una redada el 3 de enero en la Venezuela rica en petróleo.

Enfrenta una batalla cuesta arriba para convencer al juez de distrito de EE. UU. con sede en Manhattan, Alvin Hellerstein, aunque el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio de ser procesados en los tribunales de otros países.

Aunque los casos penales estadounidenses que involucran a jefes de Estado extranjeros o a personas capturadas por la fuerza en el extranjero son extremadamente raros, los casos anteriores que guardan similitudes con el de Maduro no le son favorables, dijeron a Reuters seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.

La decisión de Hellerstein dependería de si Maduro era realmente jefe de Estado. Los tribunales estadounidenses tienden a deferir al presidente y a su gabinete en disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero, y Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.

“En los pocos casos en que esto ha surgido —y han sido pocos y espaciados— los tribunales esencialmente han tomado la decisión del Poder Ejecutivo de presentar cargos como una determinación en sí misma de no inmunidad”, dijo Chimène Keitner, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis, y exabogada del Departamento de Estado.

Los jueces también han sostenido de manera constante que los acusados penales pueden ser procesados incluso si pueden haber sido llevados ilegalmente a Estados Unidos.

Pollack no respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la oficina del fiscal de EE. UU. de Manhattan se negó a comentar.

Lea también: PETRÓLEO, CONTINUIDAD Y DISCIPLINA: Delcy desplaza a María Corina frente a EE. UU. y alinea al PSUV

El principio de que los jefes de Estado en ejercicio son inmunes al procesamiento en el extranjero se considera fundamental para la diplomacia. Es probable que Maduro argumente que su procesamiento viola este principio.

Se espera que los fiscales contraargumenten que Washington no ha reconocido a Maduro desde 2019, cuando fue investido después de unas elecciones de 2018 que EE. UU. consideró amañadas. Estados Unidos también calificó de fraudulenta su reelección de 2024. Maduro dice que ambas votaciones fueron justas.

El precedente legal favorece a los fiscales, dijeron los expertos. Señalan el intento fallido del exdictador panameño Manuel Noriega de invocar inmunidad de jefe de Estado después de que el ejército estadounidense lo capturara y lo llevara a Miami por cargos de tráfico de drogas.

En 1990, un juez federal rechazó el argumento de Noriega porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.

Un factor que Hellerstein podría sopesar es si Venezuela, ahora dirigida por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, respalda su reclamo de inmunidad. Al confirmar la condena de Noriega, un tribunal de apelaciones señaló que Panamá nunca pidió inmunidad para él.

A principios de este año, el gobierno de Rodríguez describió a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y exigió su retorno, pero desde entonces los funcionarios han guardado silencio al respecto y han intensificado la cooperación con la administración Trump. Algunos murales de Maduro en Caracas han sido pintados encima.

“Pueden imaginarse lo difícil y políticamente sensible que es esto para las autoridades actuales en Venezuela”, dijo Nizar El Fakih, abogado venezolano y miembro senior del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

Maduro también podría argumentar que su caso debe ser desestimado porque su captura contravino el tratado de extradición entre EE. UU. y Venezuela, en el que los países acordaron formular solicitudes formales mutuamente para entregar a fugitivos.

No obstante, los tribunales estadounidenses han sostenido desde hace mucho que la forma de captura de un acusado no puede impedir el procesamiento.

La doctrina data del caso de un cajero de banco de Chicago que robó a su empleador en 1883 y luego huyó a Perú, donde fue capturado por un detective privado. La Corte Suprema de EE. UU., en 1886, rechazó su argumento de que la condena era impropia porque su aprehensión no se rigió por el tratado de extradición entre EE. UU. y Perú.

La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia citó ese precedente en un memorando del 23 de diciembre de 2025 al Consejo de Seguridad Nacional de Trump, argumentando que el carácter forzado de una redada para capturar a Maduro no pondría en peligro su procesamiento.

El memorando hacía referencia a la doctrina latina “male captus, bene detentus”, que significa “capturado ilícitamente, detenido lícitamente”.

La Corte Suprema confirmó esa doctrina en 1992, denegando la petición de un médico mexicano de desestimar cargos relacionados con un cártel de drogas después de que fuera secuestrado y llevado a EE. UU. por nacionales mexicanos reclutados y pagados por la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA).

Gary Lincenberg, socio de Bird Marella y exabogado del Departamento de Justicia que participó en un caso relacionado, dijo que tales atajos podrían alienar a otras naciones incluso si no ponen en peligro los casos penales en EE. UU.

“Parece que derrota el propósito de tener un tratado de extradición que un país simplemente diga que podemos evadirlo”, dijo Lincenberg.

A casi ocho meses de la caída de Nicolás Maduro, la sensación para muchos venezolanos es agridulce. Celebran su captura y una brisa de libertad, pero sienten que la crisis que pulverizó salarios y obligó a millones a migrar continúa.

Marbelis Daliz y su esposo Arlindo Da Silva tienen una tienda de repostería donde lidian con una asfixiante inflación y cortes eléctricos por el colapso de los servicios, males crónicos del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

"Después del 3 de enero tuvimos una expectativa y una felicidad que decíamos ya, Venezuela cambió", cuenta Marbelis a la AFP mientras prepara con prisa una pavlova para un cliente con el temor de que un apagón la deje a oscuras.

Pero "lamentablemente la realidad nos aplastó", añade.

Sus ganancias apenas cubren los costos, pero se niega a rendirse. "La economía es un desastre", afirma esta repostera de 54 años, aunque aún no pierde las esperanzas de un cambio real.

La economía venezolana sufre desde 2019 una dolarización de facto ante la descomunal devaluación de su moneda.

Con la tutela estadounidense del país, muchos esperaban una lluvia de dólares, pero la inflación anual en bolívares se acerca al 575%.

También es alta la inflación en dólares, pero no hay cifra oficial para 2026. El año pasado fue de 35%.

A los venezolanos los siguen "matando los aumentos de precios", cuenta Zaida Mujica, una activista social de 61 años.

Tenía "muchas esperanzas" sobre lo que haría Estados Unidos tras derrocar a Maduro. Pero "se llevaron al dictador y no a la dictadura (...) No ha pasado nada que beneficie al pueblo", lamentó.

Tras la caída de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos y nueva legislación para la minería, con el objeto de atraer inversión externa.

Pero el venezolano de a pie sigue atado a precarios salarios en un país donde la canasta alimentaria se ubicó en julio en más de 700 dólares, según el centro de estudios Cendas.

Rodríguez ajustó en abril en 240 dólares el ingreso de los trabajadores del gobierno, pero el salario mínimo es de apenas 130 bolívares mensuales, unos centavos de dólar.

La producción diaria de petróleo de Venezuela aumentó casi 29,8% desde enero, según cifras oficiales.

"Un cambio político era importantísimo, necesario, pero no es suficiente para generar estabilidad y crecimiento macroeconómicos", dice José Manuel Puente, académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

El experto considera que mientras el país mantenga "la inflación más alta del mundo" no habrá bienestar.

Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro tras bombardear Caracas y zonas aledañas, Javier Chacón y su esposa Delia, ambos costureros de 44 años, celebraron puertas adentro, temerosos de la represión que marcó sus 13 años de mandato.

"Lógicamente pensamos que iba a haber un cambio", cuenta Javier a la AFP en Quinta Crespo, un mercado popular de Caracas. Pero todavía "estamos sobreviviendo", asegura.

Para colmo de males, dos terremotos el 24 de junio que dejaron más de 6.500 muertos y cientos de edificios en ruinas agravaron la situación, en especial en La Guaira, destino turístico vecino de Caracas que fue devastado.

El apartamento de Carmen Ramírez, comerciante de 40 años que vende artículos de aseo en una plaza de Caracas, sufrió daños.

"Tienes que salir y seguir luchando", se consuela mientras acomoda su mercancía en la parte trasera de su camioneta que usa como vitrina y almacén.

- "El monstruo sigue vivo" -

Marbelis Daliz palpa un cambio: la pérdida del miedo luego de una época de silencio marcada por arrestos masivos tras la reelección de Maduro en 2024, que la oposición denunció como un fraude.

En su local impregnado por el olor de pasteles de cambur recién horneados celebra que ahora la gente se atreve a protestar.

"Yo no me atrevía ni a colocar un post sobre política en Instagram, ahora sí, ahora pongo ¡qué chévere que Maduro se fue!", señala.

Desde hace meses, maestros, trabajadores de la salud, familiares de presos políticos e incluso militantes de izquierda se manifiestan en plazas públicas.

Además, se inició un diálogo político entre el gobierno interino y un sector opositor auspiciado por Washington con miras a una transición democrática.

Sin embargo, para venezolanos como Jerry Ostos, expreso político de 56 años liberado en marzo, el miedo sigue latente. El gobierno "sigue manteniendo presos por opinar distinto", señala.

Purgó dos años de cárcel por mostrar una pancarta con un mensaje contra Maduro y debe presentarse a tribunales cada mes porque el expediente por magnicidio sigue abierto.

El gobierno dice haber excarcelado a 1.046 presos políticos desde enero, pero según la ONG Foro Penal casi 400 siguen tras las rejas.

"El monstruo todavía está vivo", dice Ostos.

AFP

Los Rodríguez negocian reconstrucción, justicia, activos congelados y elecciones, pero no la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Tras cinco reuniones sin ponerlos sobre la mesa, el panorama cambia: ¿Maduro dejó de ser prioridad?. 

Más información en nuestro canal de YouTube.

Estados Unidos  gastó una suma millonaria en la intervención militar que ejecutó  en Venezuela, el Caribe y el Pacífico Oriental; costó alrededor de 4.700 millones de dólares entre el 1 de agosto de 2025 y 31 de marzo de 2026 con la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) y la Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve). 

Así lo reveló una investigación de Hanna Homestead, analista de investigación del National Priorities Project, y Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar en Defense Priorities.

«Los costos seguirán aumentando a medida que algunos recursos navales y aeronaves permanezcan en la región y continúen los ataques. Esta estimación es solo parcial debido a la falta de información y no incluye costos presupuestarios a largo plazo, como los beneficios para los veteranos», detalla la investigación publicada por la Escuela Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown.

El estudio señala que clasificar a los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas allanó el camino para expandir las fuerzas militares estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur en el Caribe y posterior agresión militar contra Nicolás Maduro, en la que también resultó detenida su esposa Cilia Flores.

 De acuerdo con ambas investigadoras, el desglose de los gastos de la Operación Lanza del Sur y Operación Resolución Absoluta son:

• Despliegue naval: $3,844,461,630.

• Despliegue aéreo: $616,320,457.

• Fuerzas de operaciones especiales: $15,942,269.

• Operación Resolución Absoluta (auxiliar): $206,683,300.

• Ataques a embarcaciones (municiones): entre $12.6 millones y $50.4 millones.

Lea también: Doce años de diálogos fracasados: ¿Está vez será diferente?

«Los costos humanos de estas operaciones también son significativos. Aunque el informe no se centra en este tema, señala que la incursión y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante la Operación Resolución Absoluta dejó aproximadamente 75 muertes conocidas», según Hanna Homestead y Jennifer Kavanagh.

En el caso de los ataques militares de Estados Unidos contra las embarcaciones no armadas en las aguas del Caribe y el Pacífico Oriental entre el 2 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, dejó un saldo de 163 personas muertas.

«Al menos un miembro del servicio estadounidense murió mientras estaba desplegado en el Caribe en febrero de 2026, cuando dos buques de EE. UU. colisionaron.

Hasta la fecha, el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza en el Caribe o el Pacífico Oriental y el Pentágono no ha proporcionado información sobre los costos de las operaciones relacionadas con Venezuela, a pesar de que continúan aumentando», agrega la investigación.

La justicia de Estados Unidos ha fijado para el 1 de junio de 2027 el inicio del esperado juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Sin embargo, mientras la defensa intentará desestimar los cargos alegando inmunidad diplomática y cuestionando la legalidad de las operaciones en Caracas, al interior de la cúpula chavista se destapa una trama de traición e inmunidad. 

Revelaciones y análisis de contrainteligencia señalan directamente a figuras clave del aparato represivo como el general Gustavo González López —exdirector del SEBIN y señalado por la ONU por crímenes de lesa humanidad— y Delcy Rodríguez como piezas fundamentales que habrían entregado al régimen para garantizar su propia supervivencia. 

En este informe de Testigo Directo, desglosamos la transición de las Fuerzas Armadas, el paso de las sangrientas OLP al espionaje interno y el oscuro papel de los 'delatores' que hoy operan tras bastidores mientras se prepara el juzgamiento de la cúpula venezolana en Nueva York.

Esto es Venezuela sin filtro.

El segundo aniversario del 28 de julio volvió a dividir las calles de Caracas. Mientras Vente Venezuela, gremios y organizaciones civiles exigieron el reconocimiento de los resultados electorales de 2024 y la realización de elecciones, el chavismo conmemoró el natalicio de Hugo Chávez, sin celebrar las elecciones en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador y que hoy permanece preso en Estados Unidos.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

 Un centenar de partidarios de Nicolás Maduro quemaron el viernes las banderas estadounidense e israelí en la plaza Simón Bolívar del centro de Caracas, gritando consignas hostiles contra Estados Unidos, el país que capturó al expresidente y que ahora es omnipresente en Venezuela, según observó un fotógrafo de la AFP.

Los manifestantes también pisotearon fotos del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras coreaban "Gringos, go home" o "Esto no es ayuda, es una ocupación", en referencia a la ayuda de Washington tras el doble terremoto del 24 de junio.

"¡Fuera yanqui, asesino de Venezuela!", se podía leer en una pancarta.

Desde la captura de Maduro, en un operativo militar en enero, Trump se jacta de controlar a Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

"La patria se defiende. Gran presencia  yanquis y sionistas en la Patria de Bolívar y Chávez", anunciaba la convocatoria a la manifestación.

Lea también: Sube a más de 5.500 la cifra de fallecidos por los terremotos

Héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar fue una de las referencias de la doctrina de inspiración socialista del difunto presidente Hugo Chávez, de quien Maduro fue sucesor.

Chávez, Maduro, al igual que la actual presidenta, pronunciaban regularmente discursos antiimperialistas fustigando de manera recurrente al enemigo "yanqui".

Sin embargo, desde la captura de Maduro, Rodríguez impulsó, a petición de Washington, una ley que abrió el sector petrolero y minero a la empresa privada.

Estados Unidos, que controla las exportaciones de crudo venezolano, levanta gradualmente las sanciones contra el país.

Con información de AFP

La audiencia de seguimiento del proceso judicial por delitos de narcotráfico contra el derrocado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en una corte federal de Nueva York con una fecha definida para el inicio del juicio: el 1 de junio de 2027 a las 11:00 de la mañana.

La comparecencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, fue breve y tuvo una duración aproximada de 13 minutos. Durante la sesión, el magistrado estableció el calendario procesal del caso y confirmó que el próximo punto clave será el 17 de noviembre, cuando se prevé la discusión de las mociones relacionadas con la inmunidad de Maduro y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para llevar adelante el proceso.

La defensa de Maduro deberá presentar en los próximos meses sus argumentos legales para intentar cuestionar la competencia de la justicia estadounidense y plantear los recursos relacionados con la inmunidad del acusado.

Maduro llegó a la sala acompañado por Cilia Flores, ambos con una apariencia física notablemente distinta a la mostrada en anteriores apariciones públicas. El exmandatario vestía un uniforme de prisión color caqui y zapatillas deportivas, sin esposas, y saludó con la mano a abogados y asistentes antes del inicio de la audiencia.

Durante la comparecencia, Maduro lució visiblemente más delgado, pálido y con el cabello muy corto, aunque mantuvo una actitud sonriente y relajada. Según personas presentes en la sala, interactuó de manera cordial con sus abogados y permaneció atento a la traducción mediante audífonos.

El acusado utilizó dos pares de lentes durante la audiencia y en varios momentos dirigió sonrisas hacia su equipo legal mientras seguía el desarrollo de la sesión a través del intérprete.

Cilia Flores también apareció con una figura más delgada durante la breve comparecencia judicial.

Lea también: ¿ESTRATEGIA TEMPORAL O PERMANENTE?: Delcy gana protección y los marines terreno en Venezuela

Durante la audiencia, Maduro mostró una actitud abierta hacia las personas presentes en la sala. Saludó al público con un “Good morning” y mantuvo la mirada hacia la galería en distintos momentos.

Al finalizar la sesión, antes de abandonar el recinto, levantó la mano para despedirse de los presentes, en un gesto que proyectó una imagen de cercanía pese al contexto judicial que enfrenta en Estados Unidos.

El proceso contra Maduro y Flores continuará ahora con una fase previa al juicio marcada por la batalla legal sobre la inmunidad y la autoridad de los tribunales estadounidenses, antes de llegar a la fecha establecida para el inicio del debate judicial en 2027.

Con información de agencias

 El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

El expresidente de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013.

Su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Lea también:Corte Federal de Nueva York confirma audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para este 22JUL

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Con información de AFP