La nueva estrategia antiterrorista de Donald Trump, la primera elaborada plenamente bajo su segundo mandato, redefine las prioridades de seguridad de Estados Unidos y sitúa el continente americano en el centro de la amenaza, informó el diario español ABC.

El documento identifica como primer objetivo a los cárteles de la droga y las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua, a los que ya no trata solo como organizaciones criminales, sino como grupos terroristas capaces de golpear directamente la seguridad nacional estadounidense.

 Lo más llamativo es que la estrategia vincula esa amenaza continental con el chavismo y con redes islamistas. 

El documento cita la captura de Nicolás Maduro dentro de la operación Resolución Absoluta y lo presenta como un «dictador venezolano ilegítimo», jefe de un cártel y aliado de Irán y de su brazo terrorista Hizbolá. 

Con esa formulación, la Casa Blanca integra a Venezuela en la arquitectura antiterrorista de Trump y no solo en la política antidroga o de sanciones. Lo que no explicita es si esa influencia iraní se ha erradicado con el mandato de Delcy Rodríguez.

Lea también: Juez del caso de Maduro y Cilia Flores aprueba aplazar próxima audiencia hasta finales de junio 

El texto presenta esa prioridad americana como una ruptura con la política anterior y la vincula directamente con la frontera, el narcotráfico y la nueva doctrina de fuerza de Trump.

 «Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional», dice la estrategia.

 El documento añade que Trump ha ordenado combatir a los cárteles con «todo el Gobierno» y que el objetivo es degradar y eliminar su capacidad de afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La respuesta prevista no se limita a detenciones o sanciones. La estrategia afirma que Trump ha autorizado «decenas de ataques» del Departamento de Guerra contra embarcaciones de los cárteles y atribuye a esas operaciones una reducción de más del 90% del contrabando marítimo de drogas hacia Estados Unidos. 

También advierte de que Washington actuará con gobiernos locales cuando quieran y puedan colaborar, pero que, si no lo hacen, «tomará cualquier acción necesaria para proteger nuestro país», especialmente cuando un gobierno sea cómplice de los cárteles.

Hasta ahora, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos se había centrado sobre todo en el yihadismo y en las amenazas surgidas tras los atentados del 11-S: Al Qaeda, ISIS, sus filiales, sus refugios en Oriente Próximo, África y Asia, y la posibilidad de nuevos ataques contra el territorio estadounidense o sus intereses en el exterior. 

El nuevo documento mantiene esa prioridad, pero la desplaza a un segundo plano relativo frente a una amenaza más cercana: los carteles, las pandillas transnacionales y los gobiernos del continente que, según Washington, los amparan o se benefician de ellos.

La estrategia antiterrorista de Estados Unidos solo se actualiza cuando la Casa Blanca considera que han cambiado las amenazas, las prioridades presidenciales o el marco de seguridad nacional. 

Normalmente, se elabora desde el Consejo de Seguridad Nacional, con aportaciones de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, CIA, FBI y otros organismos. La Casa Blanca fija la línea política, identifica amenazas y prioridades, y después coordina la respuesta de todo el Gobierno en consecuencia.

Con información de ABC

El juez federal al frente del caso de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, convocó  una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York.

El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa del líder chavista, la de su esposa y la de la Fiscalía para celebrar una nueva vista la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta.

Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12.00 hora de Nueva York, Maduro y Flores volverán a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero.

En el mismo escrito, el juez también aceptó la solicitud de ambos acusados de retirar sus intentos de tumbar la acusación por alegar que EE. UU. les estaba bloqueando el acceso a una defensa efectiva.

Esto se debe a que, hace unas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (Ofac) accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su gobierno pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores.

Lea también: Abogados de Maduro y Cilia Flores piden diferir su próxima audiencia por dos meses 

Esta modificación allanó el camino para que la defensa desistiera de sus intentos de tumbar la acusación.

Hellerstein se lo concedió “sin perjuicio”, lo que deja la puerta abierta a que puedan presentar otra moción similar más adelante.

El juez de 92 años también aceptó parar el reloj del caso hasta que se celebre la nueva vista y excluir los días que quedan del conteo estipulado por la ley de Juicio Rápido, lo que permitirá alargar el caso.

La norma federal establece límites de tiempo para iniciar juicios penales federales con el objetivo de garantizar un juicio rápido. Generalmente es un plazo de 70 días desde la acusación formal.

Maduro y Flores se declararon “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

 Con información de EFE

  Un jurado federal en Miami declaró culpable a un excongresista y lobista estadounidense, David Rivera, por ejercer presión en secreto en nombre del gobierno venezolano y de lavar millones de dólares vinculados a ese trabajo, en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).

“Estas condenas revelan una verdad innegable: los acusados ​​vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil a cambio de dinero”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida, reseña una nota del FBI.

“Aceptaron millones de dólares vinculados al régimen de Maduro, ocultaron esa relación al gobierno de Estados Unidos y utilizaron sus relaciones personales y políticas de confianza para promover secretamente los intereses del régimen venezolano. En el sur de Florida, donde tantas familias huyeron de la opresión comunista, este tipo de traición tiene consecuencias graves. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros existe para proteger la transparencia y salvaguardar nuestra democracia de la influencia extranjera encubierta. Si usted actúa secretamente en nombre de un gobierno extranjero, violando la ley federal, será investigado, procesado y condenado”, expresó.

“El veredicto envía un mensaje claro y contundente: nuestros procesos democráticos no están a la venta para adversarios extranjeros. Al priorizar la avaricia personal sobre la transparencia legal, David Rivera y Esther Nuhfer violaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros al ejercer presión en favor de los intereses del gobierno venezolano”, destacó  Brett Skiles, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Miami. 

“Mediante mensajes codificados y el lavado de millones de dólares para financiar su estilo de vida y campañas políticas, estos acusados ​​creyeron poder operar en la clandestinidad. Esta condena demuestra que, independientemente de la cantidad de lenguaje codificado utilizado o del alto rango de los conspiradores, el FBI y sus socios se mantendrán firmes en la identificación e investigación de quienes sirven secretamente a intereses extranjeros a costa de la confianza del público estadounidense”, sostuvo.

Mientras que Ron Loecker, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Florida, dijo que "este veredicto subraya lo que se puede lograr cuando los socios federales combinan sus capacidades de investigación”.

“Rastrear el dinero es la especialidad de la Investigación Criminal del IRS, y nuestros agentes trabajaron incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir la actividad ilegal que impulsaba este esquema de influencia extranjera. Los agentes especiales del IRS continuarán persiguiendo a los delincuentes, sin importar cuán sofisticado sea el esquema o cuán influyentes sean las personas involucradas”, explicó.

Lea también: DINERO SUCIO Y CAMINOS SECRETOS: la telaraña del chavismo que llegó hasta Washington - VIDEO 

Según consta en los registros judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, David Rivera, de 60 años, y Esther Nuhfer, de 51, obtuvieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para promover los intereses del régimen venezolano en Estados Unidos. 

Sin registrarse como agentes extranjeros, tal como lo exige la ley, Rivera y Nuhfer ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses, entre ellos el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions, y organizaron reuniones entre legisladores estadounidenses y altos funcionarios venezolanos, como el entonces presidente Nicolás Maduro y la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. 

En intercambios de mensajes de texto, Rivera y Nuhfer utilizaron un lenguaje codificado para describir sus actividades.  

🇺🇸 CONDENAN A EXCONGRESISTA DE EE.UU. POR ACTUAR COMO AGENTE DE VENEZUELA@FBIMiamiFL informó que el excongresista estadounidense David Rivera fue condenado por actuar como agente no registrado de Venezuela, en el marco de un contrato de 50 millones de dólares pic.twitter.com/QgJttD1zJu

Las pruebas demostraron además que Rivera utilizó aproximadamente 600.000 dólares de las ganancias del contrato para financiar su campaña para el Congreso estatal de Florida, entre otros usos personales. Nuhfer utilizó aproximadamente 455.000 dólares de dichas ganancias para la compra de una residencia en Key Colony Beach.

El jurado declaró a Rivera culpable de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de participación en transacciones con bienes de origen delictivo.

 Nuhfer fue declarado culpable de conspiración para violar la FARA, una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de participación en transacciones con bienes de origen delictivo.

Rivera se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión. Nuhfer se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Los abogados defensores de Nicolás Maduro y Cilia Flores pidieron al juez Alvin Hellerstein extender el plazo para la audiencia del juicio que avanza en su contra en Nueva York. 

A través de sus redes sociales, el abogado Nizar El Fakih hizo el anuncio.

 Luego de esta petición, la corte podría fijar una nueva fecha entre los meses de julio y agosto.

 Se conoció que los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly, pidieron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York dijeron  que el objetivo es contar con más tiempo para revisar la evidencia y preparar nuevas mociones.

La petición reprograma el calendario inicial que tenía prevista la audiencia para finales de junio.

 Nizar El Fakih, quien tiene  acceso a las audiencias realizadas en enero y marzo, confirmó que la solicitud es parte de la fase de preparación del juicio.

Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas.

"Todos pensábamos que ese día iba a morir", afirma el hijo de Nicolás Maduro al rememorar la  incursión militar estadounidense del 3 de enero que depuso al entonces presidente venezolano, en una entrevista al diario español El País publicada este domingo.

"Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante", recuerda Nicolás Maduro Guerra que le dijo su padre en un audio que alcanzó a enviarle esa madrugada, según señaló al periódico.

"Él pensaba que ese día moría", subraya el hijo del exmandatario, que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones en la operación de captura. Cerca de un centenar de personas murieron.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y asumió la presidencia de forma temporal.

Lea también:  "No han dicho que está fuerte": el mensaje de Maduro a su hijo Nicolasito

El diputado Maduro Guerra, conocido popularmente como "Nicolasito", afirma que graba las conversaciones que tiene cuando se padre lo llama desde la prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde está recluido junto a su esposa, Cilia Flores.

Según cuenta el diario, el presidente depuesto ha estado leyendo la Biblia "de forma obsesiva" en la cárcel.

"Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: 'Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108'", dice su hijo en la entrevista.

Maduro Guerra explica que su padre le pregunta por la familia, por la Asamblea Nacional y por el fútbol, como cuando el Barcelona quedó eliminado de la Champions en abril y su padre se enfadó: "Coño, esa fue una cagada".

A finales de marzo, durante una manifestación en Caracas en apoyo al presidente depuesto, Maduro Guerra dijo a la AFP que esperaban que "el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos" y que se "desestimen los cargos".

Con información de AFP

 Un excongresista de Miami y amigo de larga data del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue declarado culpable este viernes en relación con una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en favor de Venezuela durante el primer gobierno de Trump.

El jurado declaró culpables al republicano David Rivera y a su socia, Esther Nuhfer, de todos los cargos, incluyendo el de no registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia y el de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

El juicio, que duró siete semanas, ofreció una visión excepcional del papel de Miami como encrucijada de campañas de influencia extranjera destinadas a moldear la política estadounidense hacia América Latina, poniendo de relieve la reputación de la ciudad como imán para la corrupción y los cruzados anticomunistas entre su considerable población de exiliados.

Incluyó el testimonio de Rubio, del congresista texano Pete Sessions y de un importante lobista de Washington, quienes declararon estar conmocionados al enterarse tardíamente del contrato de consultoría de Rivera con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Lea también: Marco Rubio no sabía que "su amigo" David Rivera hacía lobby para favorecer a Venezuela en el 2017

En una acusación formal de 11 cargos que se hizo pública en 2022 , los fiscales alegaron que Rivera fue contactado por la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez —ahora presidenta interina de Venezuela— para utilizar sus contactos republicanos de la época en que Rivera era congresista y lograr que la primera administración Trump abandonara su postura de línea dura y suavizara las severas sanciones contra Venezuela.

 Como parte de la ofensiva diplomática, según alegaron los fiscales, Rivera y Nuhfer, un consultor político, manipularon a amigos influyentes, entre ellos Rubio y Sessions, como si fueran "peones en un tablero de ajedrez".

El objetivo: intentar normalizar las relaciones con la nueva administración Trump en un momento en que el gobierno de Maduro se veía acosado por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

“Mientras siguiera entrando dinero, les daba igual de dónde procediera”, dijo el fiscal Roger Cruz refiriéndose a los acusados ​​durante los alegatos finales.

Un "secreto de gran alcance" amenazaba con dañar la carrera política de Rivera.Pero ambos guardaron el "enorme secreto" y no revelaron su labor de cabildeo, como estaba obligado a hacer, por temor a que eso pusiera fin a la carrera política de Rivera como firme defensor del anticomunismo, dijo Cruz.

Para ocultar su trabajo, según alegan los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA (por Miami) con su principal enlace con el gobierno de Maduro: el magnate de los medios venezolanos Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.

Los miembros del grupo utilizaban palabras clave ingeniosas para hablar de sus actividades: Maduro era el "conductor del autobús", Sessions "Sombrero", Rodríguez "La Dama de Rojo" y los millones de dólares "melones", según copias de mensajes de texto presentadas al jurado.

“Todo giraba en torno a la luz”, dijo Cruz, refiriéndose a la palabra española para luz, que Rivera y otros usaban repetidamente para hablar de los pagos procedentes de Caracas.

Los abogados de Rivera y Nuhfer afirmaron que ambos actuaron de buena fe y creían no estar obligados a revelar su trabajo. Según ellos, el contrato de tres meses y 50 millones de dólares con la consultora unipersonal de Rivera se centraba exclusivamente en atraer de nuevo a la petrolera ExxonMobil a Venezuela, una actividad comercial que generalmente está exenta de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Según afirman, las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions, que tuvieron lugar después de que expirara el contrato de consultoría y se centraron en propiciar un liderazgo en Venezuela menos hostil hacia Estados Unidos, fueron totalmente distintas de ese trabajo de consultoría.

“Estaba explorando todas las opciones posibles para sacar a Nicolás Maduro del poder”, dijo el abogado defensor Ed Shohat durante los alegatos finales. “En las conversaciones no se mencionó ni una palabra sobre la normalización de las relaciones”.

El abogado de Nuhfer, David Oscar Markus, comparó el caso del gobierno con los juicios de brujas de Salem del siglo XVII, que presumían una mala intención que quedaba desmentida por las pruebas más endebles.

“Mi cliente no tiene un corazón oscuro”, dijo.

Según la fiscalía, Rivera utilizó el contrato con PDV USA, con sede en Nueva York, como tapadera para actividades de cabildeo ilegales.

Una vez descubiertos, los socios intentaron ocultar el trabajo: antedataron documentos e inventaron acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de 3,75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida que se encargaba del mantenimiento del yate de lujo de Gorrín.

La actividad política incluyó la organización de reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas. Como parte de esta iniciativa, ambos involucraron a Sessions, quien posteriormente intentó gestionar una reunión para Rodríguez con el director ejecutivo de ExxonMobil, sucesor del entonces secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson. Tras una reunión secreta en Caracas con Maduro, Sessions también accedió a entregar una carta del presidente venezolano a Trump.

Sin embargo, la iniciativa fracasó rápidamente. A los seis meses de asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de "dictador", lanzando una campaña de "máxima presión" para derrocar al presidente.

Sin embargo, casi una década después, Rodríguez se ha convertido en el segundo socio de confianza de la administración Trump tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército estadounidense.

Antes de ser elegido al Congreso en 2010, Rivera era un legislador de alto rango en Florida. Durante ese tiempo, compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien posteriormente se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Rivera ya había enfrentado controversias, incluyendo acusaciones de haber financiado secretamente a un candidato demócrata que buscaba perjudicar a otros en las elecciones al Congreso de 2012. 

El año pasado, los fiscales federales desestimaron el caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal inferior. Rivera también fue investigado —aunque nunca acusado— por presuntas violaciones a las leyes de financiamiento de campañas y por un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar mientras ejercía como legislador en Florida.

Con información de AP

El soldado del ejército estadounidense acusado de ganar 400.000 dólares utilizando información privilegiada para apostar por la destitución de  Nicolás Maduro comparecerá ante el tribunal este martes, donde se espera que se le pregunte cómo se declara ante los cargos de fraude.

 Gannon Van Dyke , de 38 años, deberá comparecer ante la jueza federal Margaret Garnett en Manhattan a la 1 pm EDT (1700 GMT).

La semana pasada, Van Dyke fue arrestado bajo una acusación federal que lo imputa por haber apostado 33.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, prediciendo que Maduro pronto dejaría el cargo y que las fuerzas estadounidenses pronto entrarían en Venezuela.

Según los fiscales, en aquel momento los mercados asignaban bajas probabilidades a esos sucesos, lo que provocó una gran indemnización para Van Dyke.

Este caso marca la primera vez que el Departamento de Justicia presenta cargos por uso de información privilegiada relacionados con un mercado de predicción. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó cargos civiles contra Van Dyke.

Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, participó en la «planificación y ejecución» de la redada del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, según informaron los fiscales.

Se enfrenta a cinco cargos penales: uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita. 

Reuters no pudo determinar si Van Dyke estaba representado por un abogado defensor.Polymarket declaró que alertó a las autoridades sobre las actividades comerciales de Van Dyke y que cooperó con la investigación.

 Según informó Reuters el viernes, citando a una persona familiarizada con el asunto, el mercado de predicciones rival Kalshi había bloqueado previamente la apertura de una cuenta de Van Dyke debido a los requisitos de identificación de la plataforma.

El juez federal Brian Meyers, de Raleigh, Carolina del Norte, ordenó la liberación de Van Dyke bajo fianza de 250.000 dólares en su primera comparecencia ante el tribunal el viernes en Raleigh. Se espera que Garnett supervise el caso de Van Dyke en adelante.

Con información de Reuters.

Finalmente, el jeuz federal Alvin Hellerstein aceptó que la defensa de Nicolás MNAduro y Cilia Flores sea pagada con recursos venezolanos  liberados por la OFAC.

De esta forma, el juicio de Maduro y su esposa prosigue  ante la justicia de los Estados Unidos, donde van a ser juzgados por varios cargos relacionados con el narcotráfico.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: BLOOMBERG: La OFAC permitirá que Maduro y Cilia Flores usen fondos para su defensa privada

La revolución chavista prometió soberanía alimentaria, pero terminó comprando poder en silencio fuera de Venezuela.

 El caso de la empresa líder en la industria agraria boliviana, Gravetal, demuestra cómo recursos de la bonanza petrolera venezolana fueron utilizados para posicionarse en el sector agroindustrial de ese país, mediante estructuras financieras dudosas, intermediarios privados y fondos vinculados al Estado.

Mientras el chavismo defendía su discurso de independencia económica, dentro del país crecían la escasez, el colapso productivo y la dependencia de importaciones. La operación retrata cómo parte de la riqueza petrolera terminó sosteniendo redes de influencia y negocios fuera de Venezuela, que años más tarde heredó y profundizó Nicolás Maduro con funcionarios públicos dentro del Ministerio de Alimentación. 

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también:FMV denuncia que los hospitales no han recibido las 71 toneladas de medicinas que llegaron de EE. UU. 

Las autoridades estadounidenses rectificaron su postura y ahora permitirán que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores paguen a sus abogados con fondos venezolanos mientras se defienden en el caso de narcotráfico que se les imputa en Nueva York.

Este cambio de decisión elimina un obstáculo que había paralizado el procesamiento del expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados a principios de enero en una redada en su domicilio en Caracas y trasladados a Estados Unidos.

Según la agencia Bloomberg, las autoridades estadounidenses les prohibieron utilizar fondos venezolanos para pagar su defensa, argumentando que ello socavaría las sanciones impuestas contra el país.

La pareja alegó que esto infringía su derecho a un juicio justo y argumentó que, por lo tanto, la acusación en su contra debía ser desestimada.

En una audiencia celebrada en marzo, el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein cuestionó la negativa de la fiscalía a permitir que el gobierno venezolano pagara la defensa legal de Maduro. 

Lea también: EL FIN DE LOS INTOCABLES: Maduro ya no puede proteger a sus testaferros - Venezuela sin filtro

El juez señaló que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro y su esposa ya no se encuentran en ese país.

El viernes por la noche, el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, informó al tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros había emitido a la pareja licencias modificadas que les permiten acceder a fondos venezolanos. 

Una vez resuelto el problema de la financiación, la pareja accedió a retirar su solicitud de desestimación del caso, declaró Clayton ante el tribunal.

El hombre que manejó millones de dólares  mientras Venezuela pasaba hambre hoy podría sacudir todo un régimen. 

Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta nuevos cargos y una posible extradición. Su caso destapa una red de dinero oscuro que también salpica a los empresarios Raúl Gorrín y Wilmer Ruperti, un movimiento judicial reciente abre la puerta: la extradición sí es posible; la pregunta ya no es si hablará… sino quién caerá primero.

Esto es Venezuela sin filtro.

Lea también: MARÍA CORINA CONTRA TODOS: ESPAÑA, PETRO Y LA NUEVA CONTENCIÓN DEL CHAVISMO

Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos bajo sospecha de que ganó más de 400.000 dólares al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro con información clasificada, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke "participó en la planeación y ejecución" de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.

Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, otro por transacción monetaria ilícita y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

"Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación", indicó la administración de Donald Trump.

Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos 33.000 dólares en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

"En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente 409.881 dólares", señaló el Departamento.

Lea también: ¿PODER ABSOLUTO?: Cabello se erige como “zar” judicial y toma el control tras el fin de la amnistía - VIDEO

Nuestros "uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales", declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron 1,2 millones de dólares tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.

No hay arrestos relacionados con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones.

"Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (...) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas", dijo Trump a periodistas el jueves, y añadió: "Nunca estuve muy a favor de eso".

Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas han acusado a Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.

"La familia Trump ha ganado 4.000 millones de dólares gracias a la presidencia", escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.

Con información de AFP

 La extradición de Ali Zaki Hage Jalil rompe la inercia de un caso que pasó más de 30 años diluido entre omisiones judiciales y fallas estructurales.

Un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura apunta a que Venezuela no solo toleró su permanencia tras el atentado al vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, sino que le permitió operar bajo identidad legal dentro del país. 

Señalado como pieza logística en una red asociada a Hezbolá, su envío a Panamá en 2026 reactiva el proceso penal y reabre cuestionamientos sobre el rol del Estado venezolano como entorno permisivo para redes ilícitas de alcance internacional.

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también:Venezuela extradita a un presunto integrante del Hezbolá y EE. UU. lo celebra 

  La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero puso en riesgo a varias estructuras militares vinculadas a economías ilícitas, pero no las desactivó. 

Aunque el golpe expone redes internas y genera presión sobre mandos y operadores, estas continúan funcionando, apoyadas en años de consolidación, control territorial y flujos constantes de dinero ilegal.

Mientras Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, el sistema que lo rodea se ajusta sin desaparecer.

 Las cadenas de mando, las alianzas y los circuitos clandestinos siguen activos, evidenciando que se trata de una estructura que trasciende a una sola figura y que mantiene su capacidad de operación incluso bajo presión.

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también: ¿FIN DE LA COMODIDAD?: inicia fase II en Venezuela, continuidad diplomática, acción inmediata y vigilancia de presión 

El juez Alvin Hellerstein, que preside el caso penal en Estados Unidos contra  Nicolás Maduro, emitió este miércoles una orden que regula la gestión del material confidencial que las autoridades entregan a la defensa.

 La orden del juez, firmada el martes, es la misma que propuso en un borrador previamente la Fiscalía de Estados Unidos, que consideró necesario un régimen de protección de pruebas debido a los «riesgos» para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.

La defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitó que la Fiscalía les entregara las pruebas a las que tienen derecho antes del juicio, un proceso conocido como ‘discovery’ (descubrimiento), por lo que esta orden efectivamente clasifica y regula toda esa evidencia.

En la práctica, una de las consecuencias clave es que se prohíbe a la defensa compartir las pruebas con otros acusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, como solicitó hace una semana la Fiscalía.

Otros acusados no detenidos en el caso son Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior de Venezuela; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

El material «no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados», indica el texto.

La orden también establece que los abogados de Maduro y Flores solo pueden hacer uso del material compartido por la Fiscalía «para propósitos de defensa», y no pueden publicarlas en internet ni las redes sociales, ni hacer ninguna divulgación a los medios de comunicación.

La Fiscalía puede designar parte del material bajo clasificaciones más estrictas que implican presentar pruebas solo bajo sello en escritos al tribunal, y en algunos casos las pruebas solo podrán verlas el abogado y su personal, pero no los acusados.

Además, la regulación del material confidencial recogida en la orden no queda sin efecto al concluir el caso penal, y el juez mantiene la jurisdicción para asegurar su cumplimiento posteriormente, indica el texto.

Con información de Efe

Nicolás Maduro Guerra ha sido incorporado al poder más por herencia política que por méritos propios, ocupando cargos sin resultados de gestión verificables.

Mientras, su entorno aparece vinculado a economías opacas como el arco minero del orinoco, donde circulan miles de millones de dólares fuera de control institucional. 

Sin condenas judiciales, pero bajo sanciones internacionales, su figura encarnaría un modelo donde el acceso a privilegios, el dominio y las redes económicas irregulares convergen sin rendición de cuentas.

Esto es Venezuela en profundidad

Un juez federal estadounidense denegó este martes una solicitud presentada por los abogados del exmandatario venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, quienes buscaban autorización para compartir parte del material probatorio del proceso penal con otros acusados que aún no han sido detenidos.

La decisión fue tomada por el juez Alvin Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la causa en la que Maduro y Flores enfrentan cargos federales —incluidos narcotráfico, conspiración y posesión de armas de guerra— tras ser trasladados desde Caracas a Estados Unidos a principios de enero.

Lea también: Rapero Tekashi 6ix9ine compartió con Maduro en la cárcel de Brooklyn: le firmó un peluche de Bob Esponja

Al 07 de abril de 2026. Caso Maduro-Flores:Hoy el Juez negó la solicitud presentada por los abogados de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores de Maduro mediante la cual requerían compartir cierta información probatoria con otros co-acusados en el proceso penal. El juez…

La defensa había solicitado que se modificara un apartado de la orden de protección de evidencias —conocida como “discovery”— para permitir que ciertos elementos probatorios fueran compartidos con otros implicados que permanecen prófugos.

 El juez, sin embargo, determinó que el texto debe mantenerse estricto: el material de divulgación no podrá compartirse con ningún acusado mencionado que no haya sido detenido ni con el abogado de dicho acusado.

Según el tribunal, no es necesario compartir esa información para preparar la defensa de los acusados presentes, una postura que respalda la posición original planteada por la fiscalía. Para la acusación, permitir el intercambio podría poner en riesgo testigos, la investigación y la integridad del proceso.

Este rechazo se produce apenas semanas después de que el propio juez Hellerstein negara también una petición de la defensa para desestimar el caso por completo, reafirmando así la continuidad del proceso judicial.

El caso sigue en su fase preliminar, en medio de intensos debates sobre las restricciones financieras impuestas a Maduro y Flores, y los límites que las sanciones internacionales pueden imponer al acceso a recursos para su defensa legal.

Con información de Efe 

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine salió de prisión y relató su convivencia con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. 

Sus declaraciones se conocieron luego de recuperar la libertad tras cumplir una condena de 90 días y en una transmisión en vivo con el creador de contenido Adin Ross, dio detalles de su interacción con Maduro.

 Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 junto a su esposa Cilia Flores en el marco de la Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos. Posteriormente, fue trasladado a ese centro de reclusión mientras avanza su proceso judicial.

El artista aseguró que el exmandatario le relató cómo ocurrió su captura. “Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano simplemente… fue una locura”, afirmó.  

Explicó que desde el inicio buscó mantener una relación cordial: “No quería molestarlo. No quería parecer como un fan… En cuanto él entró, yo estaba como: ‘Oye, lo que necesites’”.

Lea también:  Trump se jacta de cómo capturó a Maduro y califica de impresionante el poder de EE. UU. 

🗣️ “MADURO OLÍA A ESTIÉRCOL”: 6IX9INEEl rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine, afirmó haber coincidido en prisión con Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Sus declaraciones surgen tras salir en libertad luego de cumplir una condena de 90 días pic.twitter.com/8jxrcat4eg

El rapero también describió cómo era la disposición de los espacios dentro del penal y la cercanía que tuvo con Maduro.

“Literalmente, te lo juro por Dios… el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro”, dijo durante la transmisión, al referirse a la proximidad entre ambos.

Ante la pregunta de si compartían habitación, respondió: “Sí… él tomó mi cama el año pasado, y yo tomé la cama de Diddy”, en alusión al rapero Sean Combs.

Además, añadió: “Yo tomé la cama de Diddy… y Maduro durmió justo enfrente de mí”, confirmando la cercanía entre ambos dentro del lugar de reclusión.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su descripción sobre las condiciones en las que Maduro llegó al centro de detención.

Durante el stream, Tekashi fue directo al responder sobre este aspecto: “No, olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista”.

También explicó que esa situación cambió con el paso de los días: “Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”.

En la conversación con Adin Ross, el rapero también mencionó otros momentos compartidos dentro de la prisión.

“Entonces nosotros… tuvimos una… no quería molestarlo”, reiteró, al referirse a la forma en que se dieron sus diálogos.

Incluso comentó sobre ofrecimientos cotidianos dentro del penal: “Le dije: ‘Oye, ¿quieres comer arroz con cerdo?’”, aunque aclaró que él no consume ese tipo de alimentos.

Tras salir del centro penitenciario, Tekashi difundió videos en redes sociales donde se le observa con un peluche de Bob Esponja que, según él, fue firmado por Nicolás Maduro. En el objeto se lee: “Maduro. 2 de abril. “Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.

El rapero también se refirió a este hecho durante el stream: “Literalmente, solo pensé que conseguir una firma es una maldita leyenda”, dijo al mostrar el objeto.

 Tekashi 6ix9ine cumplió una condena de 90 días tras admitir la violación de los términos de su libertad condicional. 

Esto ocurrió luego de declararse culpable en 2025 por posesión de drogas, específicamente cocaína y éxtasis, encontradas en su vivienda en Miami.

Antes de coincidir con Maduro, el propio artista ya había hecho referencia a la posibilidad de compartir prisión con figuras públicas. En un video previo, expresó: “¿Recuerdan cuando les dije que estuve en prisión con ‘Diddy’, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried… y pensaron que estaba mintiendo?”, y añadió: “Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”.

Con información de Infobae

Este viernes se cumplieron tres meses desde que el 3 de enero se ejecutó la «Operación Resolución Absoluta» que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Sin embargo, Venezuela continúa su vida como si el ejército estadounidense no hubiera desplegado una incursión de este tipo. Lo que aún se espera es la vuelta a la democracia.

 Lea también: Profecía autocumplida: las dos caras -VIDEO

La caída de los símbolos de terror: el anuncio más emblemático vino de la mano de una administración transitoria fragmentada encabezada por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y ahora encargada del Gobierno. Rodríguez, quien junto a su hermano Jorge Rodríguez (presidente del parlamento) muestra una cara de “reconciliación” para el país. 

La mandataria encargada anunció el cierre de El Helicoide. Lo que fue el centro de tortura más temido del continente ha comenzado su transformación, al parecer a un centro “familiar”.

Liberación de presos políticos: se anunció una Ley de Amnistía para liberar prisioneros políticos. La organización Foro Penal registró hasta el 14 de marzo 690 liberaciones y aún registra más de 400 encarcelados, incluyendo militares que no fueron tomados en cuenta en la ley. Después del 28 de julio de 2024, Maduro alardeaba de haber encarcelado a más de 2.500 personas.

Reconexión energética y diplomática: Venezuela ha vuelto a enviar petróleo de forma regular a los Estados Unidos. En Caracas se reabrió la Embajada estadounidense en Valle Arriba, siendo un símbolo visual potente del giro geopolítico. En Washington también se reabrió la sede venezolana.

El mercado inmobiliario despierta: tras años de parálisis, los precios de las viviendas han comenzado a repuntar. La expectativa de un cambio de modelo ha generado un flujo de consultas y transacciones que no se veía desde hace una década, especialmente en el sector comercial.

Cambios en el gabinete: Rodríguez ha reemplazado progresivamente a todas las personas leales a Nicolás Maduro, incluyendo familiares de Cilia Flores. Una de las remociones más sorprendentes fue la del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien acumulaba más de 10 años en el cargo por ser leal a Maduro. Por otro lado, figuras como Alex Saab, testaferro de Maduro, al parecer fue encarcelado.

El regreso de las manifestaciones ciudadanas: ya no son solo los familiares de los presos políticos, sino que jubilados, pensionados, maestros y profesores han retomado las calles para exigir mejores salarios, los cuales hoy no superan los 20 dólares.

La asfixia económica: la captura de Maduro no detuvo la inercia inflacionaria. En los primeros tres meses de 2026, el bolívar se ha devaluado un 36,4 por ciento, según datos difundidos por el Banco Central de Venezuela. Para el venezolano de a pie, la salida de Maduro no ha traído pan: el salario mínimo, pulverizado, apenas alcanza los 27 centavos de dólar mensuales, manteniendo a la administración pública en un estado de protesta permanente.

El vacío de poder y la fragmentación: aunque Maduro está en una celda de Nueva York esperando el juicio (que depende aún de licencias del Tesoro para pagar a su defensa), el «chavismo sin Maduro» resiste. Los Rodríguez y Diosdado Cabello mantienen cuotas de poder territorial y militar, generando un escenario de autoridad fragmentada que impide una transición lineal.

La crisis de servicios: el Sistema Eléctrico Nacional sigue al borde del colapso. Los apagones continúan siendo la norma en el interior del país, y las estimaciones para estabilizar la red eléctrica oscilan entre los 15.000 y 40.000 millones de dólares, un capital que aún no llega.La oposición: aunque con los líderes de nuevo en libertad, no tienen por el momento cómo llegar al poder, puesto que no se han concretado elecciones libres. María Corina Machado ha anunciado su regreso “lo más pronto”.

 Según la última encuesta de Poder y Estrategia, 64 por ciento de los venezolanos quiere elecciones este año. Según la encuesta Meganálisis, en una elección, María Corina Machado obtendría 82.4 por ciento y Delcy Rodríguez 4.8 por ciento.

Libertades: la libertad de expresión sigue vigilada por el Estado. No se han levantado todos los bloqueos a internet ni se ha abierto el espacio para los medios libres.

La Constitución dicta que, ante la ausencia absoluta del presidente, el país debe acudir a las urnas. Sin embargo, los poderes aún no declaran esta falta absoluta.

Si el Tribunal Supremo de Justicia vuelve a dictar que la falta de Maduro es temporal, la Asamblea Nacional debe prorrogar por 90 días más la presidencia encargada.

Si declara falta absoluta (un escenario poco probable), deberían celebrarse elecciones en los 30 días siguientes.

Pero si se declara la falta temporal nuevamente, la misma termina el 3 de julio y, desde ese momento, corren 30 días para la convocatoria de las elecciones.

Con información de El Tiempo

La Fiscalía de EE.UU. solicitó este miércoles formalmente a la corte una orden de protección sobre el material probatorio en el caso contra Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores de Maduro, alegando «riesgos significativos» para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación.

 En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York defiende la necesidad de imponer restricciones estrictas sobre lo que denomina «material de divulgación», ya que sostiene que las pruebas contienen información que podría identificar a testigos vulnerables a «intimidación u obstrucción», y cuyas vidas y propiedades estarían en peligro sin estas medidas.

El punto clave radica en la intención de la defensa de compartir pruebas con otros cuatro acusados que se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense: el aún ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.

«La Fiscalía no está preocupada por la buena fe de los abogados defensores; está preocupada por la buena fe de los coacusados», reza el documento legal.

Según el documento, existe un «riesgo intolerable» de que estos individuos utilicen la información para dañar a testigos o destruir pruebas.

En tanto, la orden propuesta establece varios niveles de confidencialidad para los documentos que la Fiscalía entregará a la defensa.

El «material sellado» es para la información que identifica a testigos en riesgo, pero que no puede publicarse en internet ni en medios de comunicación.

Por su parte, los documentos solo para posesión del abogado (APO, por sus siglas en inglés) son materiales que solo podrá ser visto si Maduro y Flores están en presencia de sus abogados.

Mientras que el material para ojos del abogado (AEO) es información de seguridad crítica que no puede ser compartida ni siquiera con los propios acusados.

Lea también:  "Estamos bien, firmes y serenos": Maduro y Cilia Flores envían mensaje desde Nueva York

 No es la primera vez que la Fiscalía busca prohibir a los acusados compartir material probatorio con coacusados.

La última vez fue en la segunda audiencia del caso la semana pasada en una corte de Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, no dio una decisión final sobre este asunto, pero anotó que no es lo mismo «hablar» con el cliente que «compartir» información.

Hellerstein, además, descartó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, aunque cuestionó la vigencia de las sanciones que impiden a los acusados costear su defensa con fondos venezolanos.

A pesar de ello, el juez no tomó ninguna decisión final sobre el tema, aunque prometió emitir una decisión oficial pronto.

Con información de Efe