La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York , a cargo del juez Alvin Hellerstein, confirmó el aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio.

El juez aprobó una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y los abogados de la defensa, 

La audiencia estaba inicialmente prevista para el 30 de junio, pero ambas partes solicitaron una reprogramación por motivos logísticos y de organización del proceso judicial.

 En el documento, firmado por el fiscal federal Jay Clayton y presentado con el consentimiento de la defensa, ambas partes explican que el cambio de fecha es necesario para evitar “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.

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La solicitud también pedía excluir el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido. Según la Fiscalía, el tiempo adicional permitirá continuar con la entrega de pruebas a la defensa y dar oportunidad a los abogados de revisar el material y decidir qué mociones presentarán antes del juicio.

Maduro y Flores fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 160 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado “no culpables”.

Al 16 de junio de 2026. Caso Maduro-Flores:El juez aprobó la solicitud de diferimiento de la audiencia presentada de manera consensuada por las partes. En consecuencia, la audiencia ha sido reprogramada para el 22 de julio de 2026. https://t.co/Z8Pg5UNNgG

En las últimas horas se conoció que ante la justicia de Estados Unidos se pidió un nuevo aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores que estaba prevista para este 30 de junio.

Según consta en un documento difundido por redes sociales, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó posponer la comparecencia de la pareja ante el juez Alvin Hellerstein para el 22 de julio.

En el escrito se argumenta que el aplazamiento sería  por “problemas logísticos y de programación relacionados con proveer seguridad”.

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Se trata del segundo aplazamiento de esta audiencia que en principio estaba prevista para el 17 de junio y luego , con previo acuerdo de las partes, se logró que el juez fijara la fecha para el 30 de junio.

Maduro y Flores debían presentarse ese día a las 12:00 del mediodía, hora de Nueva York, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Como se recordará, el  juez también aprobó el pedido de ambos acusados para desistir de sus intentos de anular la acusación, con la que argumentaban que EE. UU. les impedía acceder a una defensa efectiva.

La decisión se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) autorizó un ajuste en las sanciones a Venezuela para que el pago de los honorarios de los abogados defensores de ambos se haga con dinero autorizado por el Departamento del Tesoro.

🇺🇸 PIDEN APLAZAR AUDIENCIA DE MADURO Y FLORES POR SEGURIDADDepartamento de Justicia de EE.UU. solicitó posponer la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio de 2026 por “problemas logísticos y de programación relacionados con proveer seguridad” pic.twitter.com/nqEGQ3mRQ0

Nicolás Maduro ha añadido a su equipo de defensa a un abogado que representó al magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs en el juicio, según mostraron los registros judiciales el jueves, mientras el derrocado presidente venezolano se prepara para luchar contra los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Según la agencia Reuters, se trata de  Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, quien formó parte del equipo que logró la absolución de Combs por los cargos de tráfico sexual y extorsión (racketeering), que podrían haberle enviado a prisión de por vida.

Combs fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con prostitución y cumple una condena de 50 meses en una prisión federal de Nueva Jersey.

Está apelando tanto la condena como la sentencia.

Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se encuentra detenido en Brooklyn a la espera de juicio.

Estevao se sumó al equipo de defensa dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado de defensa de Maduro en Washington, Barry Pollack, se incorporaba al bufete.

Pollack provenía previamente del despacho Harris St. Laurent.En el juicio de Combs, Estevao interrogó a la principal testigo de la fiscalía, Casandra Ventura, exnovia de Combs.

Ventura había acusado al fundador de Bad Boy Records de obligarla a participar en actuaciones sexuales degradantes.

Estevao mostró al jurado correos electrónicos y mensajes de texto —algunos de ellos de contenido sexual explícito— de los inicios de la relación entre Combs y Ventura, con el fin de presentarla como una participante voluntaria en las actuaciones con consumo de drogas.

Maduro debe comparecer el 30 de junio ante un tribunal federal de Manhattan en una audiencia en la que sus abogados se espera que expongan las mociones previas al juicio que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.

Pollack ha señalado que está preparado para cuestionar la legalidad de lo que llamó la “abducción” de Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses durante una redada el 3 de enero en su residencia de Caracas.Un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan, que presentó los cargos contra Combs y Maduro, se negó a hacer comentarios.

Con información de Reuters.

Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro y una realidad que para muchos no ha cambiado, pese a la operación militar que sacó del poder al líder chavista y que, en opinión de Donald Trump, ha traído alegría a los venezolanos.

Tras el impacto inicial de la operación estadounidense del pasado 3 de enero, los venezolanos no ven un alivio económico pese a la participación de Washington en áreas como el petróleo y la minería, mientras que el destino político del país -bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- sigue siendo una incógnita.

 Y aunque la flexibilización de las sanciones estadounidenses ha permitido sellar acuerdos petroleros con inversionistas y ha facilitado el retorno del país a organismos como el Fondo Monetario Internacional, los anuncios económicos van por un carril ajeno al bolsillo de la gente y el bienestar real sigue ausente, según testimonios recogidos por EFE.

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Las garantías, libertades y la democracia, en opinión de la ciudadanía, también son una deuda pendiente.

«Este es un Gobierno de transición que, hasta ahora, favorece a los intereses de los Estados Unidos (…). El pueblo no ha alcanzado plenamente ni su libertad ni su democracia», indicó Luis Laguado, de 79 años y jubilado de la Universidad Simón Rodríguez, de Caracas.

Laguado participaba el viernes pasado en una protesta por pensiones dignas ante un «insuficiente» aumento de las bonificaciones para pensionados y trabajadores activos, establecidas en 70 y 240 dólares mensuales, respectivamente, según lo anunciado a finales de abril por Rodríguez.

En Venezuela, la canasta básica alimentaria supera los 700 dólares mensuales y su costo se encarece cada mes al ritmo de una devaluación constante. Tan solo en los primeros cinco meses de este año, la moneda nacional se devaluó 45 %, más de la mitad de todo lo registrado durante el 2025, cuando se depreció un 8 %. Hasta abril, el país acumulaba una inflación de 90 %.

Lejos de las proyecciones optimistas sobre un repunte económico y el anuncio de reestructuración de una deuda externa estimada en hasta 170.000 millones de dólares y hasta del comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta alegría del pueblo venezolano, para Laguado la realidad se mide en la calle y sigue siendo «muy grave».

«El único que baila es él, pensando que en noviembre va a ganar las elecciones con el voto de los ciudadanos latinos», apuntó.

 La misma apreciación la tiene el vendedor de café Ronny Oropeza, de 66 años. «No creo que haya mejorado nada, todo lo contrario, ha empeorado porque el dólar sigue subiendo», lamentó.

Oropeza señala que Trump está «mal informado», y advirtió que la realidad es que los venezolanos «económicamente» están «peor» que en enero y políticamente no saben «qué es lo que va a pasar».

Son 151 días sin Maduro y las demandas para una nueva convocatoria a elecciones se intensifican bajo la premisa del artículo 234 de la Constitución, que establece las faltas temporales o absolutas del presidente de la República.

La Carta Magna establece que dichas faltas se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Pero el Legislativo, controlado por el chavismo, guarda silencio y la Administración de Rodríguez ha dejado en segundo lugar el debate, mientras mantiene el respaldo de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que también le es afín y que legitimó su nombramiento, eludiendo la fijación de plazos electorales y dejando en manos «de otros órganos del Estado» la calificación jurídica de la ausencia de Maduro.

Bajo este escenario, la oposición mayoritaria, liderada por la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, propusieron una negociación política con el Gobierno de Rodríguez y bajo el acompañamiento de Estados Unidos a fin de lograr elecciones.

Rodríguez no se ha pronunciado y la gente en la calle está expectante.

«Siempre y cuando esas negociaciones no sean como las que hubieron en el 2017, 2015, 2016, 2018, 2019 está bien», comenta Oropeza, en referencia a los diálogos fracasados que para aquel entonces mantuvieron otros líderes de la oposición.

Entretanto, la figura de Maduro ha quedado relegada en el Gobierno, aunque los chavistas de base lo recuerdan constantemente.

«Hay afiches y personas reflexionando sobre por qué dejamos que se llevaran a nuestro presidente», dice Alexander Harrington, un trabajador de la alcaldía de Caracas, que reconoció que la situación económica es «compleja» entre un supuesto «auge» de negocios y el bolsillo de la gente.

«Yo creo que es una equivocación pensar que el Gobierno norteamericano va a traer prosperidad para Venezuela», remarca.

Con información de Efe

Este miércoles se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos.

El chavismo, con los hermanos Rodríguez al frente, se niega a acatar lo que establece la Constitución en lo que se refiere a la ausencia absoluta y pretende seguir adelante con la “presidencia encargada” de Delcy.

Mientras tanto, Estados Unidos se ha erigido en el tutor del país y Marco Rubio, el secretario de Estado, afirma que lo más difícil está por llegar.

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Ramón Gordils medió entre Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que el que fuese viceministro de Cooperación Económica de Nicolás Maduro y posterior embajador de Venezuela en Noruega propició el contacto para que el expresidente mediara en el rescate de 53 millones de euros que acabó aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. 

Según el medio The Objective, el exjefe de la Digcim, Hugo “El Pollo Carvajal”, ya había señalado a Gordils en la Audiencia Nacional, por financiar a Podemos. 

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana entregó al juez Manuel García-Castellón documentación que detallaba cómo participó en el envío de dinero a través de valija diplomática. Aunque los pagos nunca fueron acreditados, la Fiscalía estimó creíble la versión del exmilitar chavista.

Las pruebas que acusan a Zapatero parten de Estados Unidos. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) trasladó a la Justicia española información del móvil de un accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. 

En los mensajes intervenidos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Reyes sugiere al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, la posibilidad de recurrir a dos vías extraoficiales para obtener la ayuda pública. Una a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y otra mediante el expresidente del Gobierno.

Los directivos de la aerolínea activaron la vía chavista para llegar a Zapatero. El auto de Calama señala que Reyes contactó con Gordils para sondear un posible acceso al expresidente del Gobierno. 

«Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento», le insistió el accionista en marzo de 2020. El otrora viceministro de Maduro le abrió las puertas al responder: «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP», dice uno de los mensajes.

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Reyes transmitió la conversación con Gordils a Martínez Sola, que le respondió así: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tenga que pagar un poquitín». Los contactos con el hombre de confianza de Maduro se intensificaron en los meses siguientes. 

En abril de 2020, Reyes informó al presidente de Plus Ultra que había conseguido acceder a Zapatero y le pidió que llamara a Manuel Aarón Fajardo, el hombre fuerte del expresidente en Venezuela: «Acaba de hacerse el puente con ZP (…) Escríbele de parte de Ramón Gordils».

Martínez Sola, que fue detenido el pasado diciembre junto al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, se puso entonces en contacto con Fajardo, hijo de un senador actual del PSOE. 

A continuación, fue el propio Reyes quien relató a Gordils que el presidente de Plus Ultra habló durante 11 minutos con Zapatero: «Le explicó todo (…) Luego, cuando tú puedas, le preguntas». El que fuese viceministro de Maduro le responde que estuviese tranquilo: «Ya nos enteraremos».

En los meses posteriores se sucedieron las comunicaciones entre los dirigentes de Plus Ultra, Fajardo y Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro del presidente del Gobierno. 

El 18 de mayo de 2020, el CEO de la compañía manifestó a Reyes que no hablaba directamente con Zapatero, sino con su «lacayo». Los investigadores lo identifican con el propietario de Análisis Relevante, la consultora que pagó casi medio millón de euros al antiguo líder socialista por informes «escritos y orales». Fue también la persona que suscribió un acuerdo con la aerolínea por el 1% del rescate.

El nombre de Zapatero ya salió a relucir en las declaraciones que ofreció El Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional. 

El antiguo jefe de la inteligencia venezolana fue detenido en Madrid en septiembre de 2021 y extraditado a Estados Unidos dos años más tarde porque no pesaba ninguna investigación sobre él en España. La Administración Trump le acusa de narcoterrorismo, pero su participación es clave en la investigación contra Maduro y otros dirigentes chavistas.

Con información de The Objective

La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez en Miami y centrada en delitos de blanqueo de capitales.

 Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso consultadas por ABC, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en Estados Unidos tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero en Caracas, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores.

 Aún no ha sido imputado por esos delitos, que deberán pasar por un gran jurado. Maduro, que tiene 63 años, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por la causa abierta en Nueva York, donde se ha declarado no culpable de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.

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La nueva línea de investigación está en manos de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, un departamento del Ministerio Público con larga experiencia en los casos de corrupción venezolana, blanqueo de capitales y redes financieras del chavismo. 

Al frente de las pesquisas está Michael Berger, fiscal federal de Miami especializado en casos penales internacionales, con participación de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y del fisco estadounidense (IRS).

Según las fuentes consultadas, varios fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar investigaciones abiertas relacionadas con Maduro y con Alex Saab, el empresario colombiano nacionalizado venezolano considerado durante años por Washington uno de los principales operadores financieros del régimen.

 Saab fue extraditado la semana pasada y ahora se enfrenta a juicio por fraude y corrupción.

Para Maduro, la investigación de Florida abre una vía distinta a la causa de Manhattan. El caso de Nueva York se basa en una acusación presentada originalmente en 2020, durante el primer mandato de Trump, y fue utilizado formalmente por la Casa Blanca como justificación legal para la operación de fuerzas especiales que depuso a Maduro y lo trasladó a Estados Unidos.

Esa imputación sostiene que Maduro entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones usados por blanqueadores de dinero para repatriar beneficios del narcotráfico desde México a Venezuela. 

Pero entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca existen dudas sobre la solidez del caso neoyorquino, en parte porque no incluye cargos de blanqueo de capitales, y queda a merced de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

La causa de Miami puede servir como vía alternativa si aparecen complicaciones legales en Nueva York. Donald Trump ya sugirió abiertamente en marzo que Maduro podría enfrentarse a más cargos en Estados Unidos.

 En declaraciones desde la Casa Blanca en una reunión de su gabinete, el presidente aseguró que aquel debe ser «el primero de muchos» porque, a su juicio, al exdirigente venezolano «solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió».

El foco en el blanqueo responde a una prioridad antigua de los fiscales del sur de Florida: seguir el dinero del chavismo e identificar cuentas, intermediarios, sociedades pantalla y flujos financieros vinculados a dirigentes venezolanos. Es una tarea que durante años ha sido difícil por la opacidad de las estructuras usadas para mover fondos fuera de Venezuela.

El nombre que une esa línea financiera con Maduro es Alex Saab, su testaferro. La Fiscalía de Miami desclasificó esta semana nuevos cargos de blanqueo contra él por su presunto papel en una trama vinculada al programa público venezolano de alimentos CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción.

 Saab ya había pasado dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde, antes de recibir un indulto de Joe Biden en 2023 y regresar a Venezuela dentro de un canje de presos con el Gobierno de Maduro. Ahora ha sido deportado de nuevo a Estados Unidos y acusado por un solo cargo de blanqueo en una imputación obtenida en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a territorio soberano norteamericano.

Los fiscales federales han mostrado especial interés en Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro en paraísos fiscales y otros lugares. 

En 2021 ya figuraba como conspirador no acusado en un caso del Distrito Sur de Florida contra cinco personas por soborno y blanqueo de dinero vinculado al mismo programa estatal venezolano de ayuda alimentaria, lo que entre la oposición venezolana le valió el apodo de «empresario del hambre». 

La nueva imputación vuelve a situar el programa CLAP en el centro de la trama y extiende los presuntos delitos hasta enero. Los nombres de los otros acusados aparecen tachados en el documento hecho público.

El Distrito Sur de Florida lleva años tratando de vincular a altos responsables venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos. Uno de los precedentes más relevantes fue Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, condenado en 2018 por su papel en una trama de cambio de divisas y blanqueo de dinero de 1.000 millones de dólares (860 millones de euros). 

La dificultad ha sido siempre la misma: conectar de forma directa las cuentas y los flujos de dinero con los líderes políticos del chavismo.

La deportación de Saab ha sido interpretada en Washington como una señal de cooperación más estrecha entre las autoridades estadounidenses y el nuevo poder venezolano bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro e interlocutora instalada por Trump. 

Esa cooperación puede abrir ahora nuevas rutas de información para fiscales y agentes federales. La misma Fiscalía de Miami que investiga a Maduro ha impulsado los cargos contra Saab y también ha preparado la causa contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, que se presentó el 20 de mayo.

El Departamento de Justicia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco respondieron a correos de este medio los abogados de Maduro ni los de Saab. La investigación continúa abierta y, por ahora, no hay una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano en Miami.

La nueva investigación de Miami amplía el cerco penal sobre la corrupción venezolana mientras Washington mantiene a Delcy Rodríguez en el poder como interlocutora de transición. 

El objetivo inmediato es seguir el rastro del dinero de Maduro, Saab y otros operadores del chavismo, con varias líneas abiertas por blanqueo, programas públicos saqueados y fondos movidos a través de redes internacionales.

 En este marco, Estados Unidos ha cooperado con la investigación en España sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, y sus cobros internacionales, entre ellos cuantiosas cantidades procedentes de Venezuela.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca intenta estabilizar Venezuela lo suficiente para atraer nuevas empresas, reabrir sectores estratégicos y convertir la cooperación de Delcy con la Justicia estadounidense en una vía para desmontar el viejo aparato financiero de Maduro sin hundir por completo el país. 

De momento, no hay planes claros de Washington para unas elecciones libres a las que se puedan presentar los opositores. Trump ha dicho que este es momento de afianzar el país, y aún trabaja en garantizar la libertad de todos los presos políticos, ya que todavía quedan cientos en las cárceles del chavismo.

Con información de ABC

8Los fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, ante la preocupación de que el proceso judicial en su contra sea débil.

El caso 

La nueva investigación surge en un momento en que Alex Saab, un estrecho socio comercial de Maduro que se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue deportado a Estados Unidos y acusado por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano, informó CBS.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano a principios de enero y trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego .  

Inicialmente fue acusado en una demanda que data de 2020, cuando Bill Barr era fiscal general.

Ambos se han declarado inocentes.

Según las fuentes, la orden de los altos cargos del Departamento de Justicia para abrir una nueva causa penal en Miami contra Maduro se emitió después de que Maduro ya estuviera bajo custodia por los cargos presentados en Nueva York.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

El abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre la nueva investigación penal.

En marzo

Según las fuentes, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, y Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, fue asignado para supervisarla, junto con varios agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. La División de Investigación Criminal del IRS también participa, añadieron las fuentes.

Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes convocó una reunión para discutir cualquier investigación abierta que involucrara a Maduro o a Alex Saab.

Saab cumplió dos años de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde. Sin embargo, el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 y fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, Saab era un co-conspirador no imputado en un caso presentado en 2021 en el Distrito Sur de Florida que acusaba a cinco acusados ​​en un esquema de soborno y lavado de dinero en el extranjero vinculado a un programa de alimentos estatal venezolano controlado por el Estado.

La acusación formal, hecha pública el lunes, lo imputa por lavado de dinero relacionado con el mismo programa de alimentos controlado por Venezuela conocido como CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que fue el eje del caso de 2021. Los presuntos delitos ahora se extienden hasta enero, y se le imputa un solo cargo.

Los nombres de los demás acusados ​​han sido censurados. La nueva acusación contra Saab se obtuvo en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos.

Un abogado de Saab no respondió a la solicitud de comentarios.

Los fiscales federales han mostrado un gran interés en las actividades de Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro.

Según algunas fuentes, agentes y fiscales del sur de Florida llevan mucho tiempo intentando vincular a líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero esos esfuerzos han resultado infructuosos debido a las dificultades para rastrear las cuentas y los flujos de dinero directamente hasta ellos.

Uno de los exfuncionarios de más alto nivel del gobierno venezolano que compareció ante la justicia en el Distrito Sur de Florida en los últimos años fue Alejandro Andrade Cedeno, extesorero nacional, quien fue sentenciado en 2018 por su participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de divisas por valor de miles de millones de dólares.

Según una fuente, una de las preocupaciones que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han expresado en privado sobre la acusación pendiente en Nueva York contra Maduro es la falta de cargos por lavado de dinero.

La acusación formal alega que Maduro proporcionó "pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela".

Se le imputan cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.

Sin embargo, analistas y expertos que hablaron previamente con CBS News tras la acusación formal contra Maduro afirmaron que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos no pasa por Venezuela. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia.

Algunos analistas dudan de la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como una figura central en la facilitación del narcotráfico.

Con información de CBS

La "tercera ola" del chavismo ejecuta un movimiento sísmico en el TSJ.

 Bajo la excusa de la celeridad procesal, la reforma judicial oculta una purga política: el desmantelamiento de la herencia de Nicolás Maduro para instaurar el dominio absoluto del clan Rodríguez. 

No se trata de cuántos exmagistrados hay, sino de a quién responden las nuevas sillas del poder.

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La nueva estrategia antiterrorista de Donald Trump, la primera elaborada plenamente bajo su segundo mandato, redefine las prioridades de seguridad de Estados Unidos y sitúa el continente americano en el centro de la amenaza, informó el diario español ABC.

El documento identifica como primer objetivo a los cárteles de la droga y las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua, a los que ya no trata solo como organizaciones criminales, sino como grupos terroristas capaces de golpear directamente la seguridad nacional estadounidense.

 Lo más llamativo es que la estrategia vincula esa amenaza continental con el chavismo y con redes islamistas. 

El documento cita la captura de Nicolás Maduro dentro de la operación Resolución Absoluta y lo presenta como un «dictador venezolano ilegítimo», jefe de un cártel y aliado de Irán y de su brazo terrorista Hizbolá. 

Con esa formulación, la Casa Blanca integra a Venezuela en la arquitectura antiterrorista de Trump y no solo en la política antidroga o de sanciones. Lo que no explicita es si esa influencia iraní se ha erradicado con el mandato de Delcy Rodríguez.

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El texto presenta esa prioridad americana como una ruptura con la política anterior y la vincula directamente con la frontera, el narcotráfico y la nueva doctrina de fuerza de Trump.

 «Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional», dice la estrategia.

 El documento añade que Trump ha ordenado combatir a los cárteles con «todo el Gobierno» y que el objetivo es degradar y eliminar su capacidad de afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La respuesta prevista no se limita a detenciones o sanciones. La estrategia afirma que Trump ha autorizado «decenas de ataques» del Departamento de Guerra contra embarcaciones de los cárteles y atribuye a esas operaciones una reducción de más del 90% del contrabando marítimo de drogas hacia Estados Unidos. 

También advierte de que Washington actuará con gobiernos locales cuando quieran y puedan colaborar, pero que, si no lo hacen, «tomará cualquier acción necesaria para proteger nuestro país», especialmente cuando un gobierno sea cómplice de los cárteles.

Hasta ahora, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos se había centrado sobre todo en el yihadismo y en las amenazas surgidas tras los atentados del 11-S: Al Qaeda, ISIS, sus filiales, sus refugios en Oriente Próximo, África y Asia, y la posibilidad de nuevos ataques contra el territorio estadounidense o sus intereses en el exterior. 

El nuevo documento mantiene esa prioridad, pero la desplaza a un segundo plano relativo frente a una amenaza más cercana: los carteles, las pandillas transnacionales y los gobiernos del continente que, según Washington, los amparan o se benefician de ellos.

La estrategia antiterrorista de Estados Unidos solo se actualiza cuando la Casa Blanca considera que han cambiado las amenazas, las prioridades presidenciales o el marco de seguridad nacional. 

Normalmente, se elabora desde el Consejo de Seguridad Nacional, con aportaciones de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, CIA, FBI y otros organismos. La Casa Blanca fija la línea política, identifica amenazas y prioridades, y después coordina la respuesta de todo el Gobierno en consecuencia.

Con información de ABC

El juez federal al frente del caso de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, convocó  una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York.

El magistrado Alvin Hellerstein aceptó la petición conjunta de la defensa del líder chavista, la de su esposa y la de la Fiscalía para celebrar una nueva vista la última semana de junio, después de que los abogados se lo solicitaran en una carta.

Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12.00 hora de Nueva York, Maduro y Flores volverán a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero.

En el mismo escrito, el juez también aceptó la solicitud de ambos acusados de retirar sus intentos de tumbar la acusación por alegar que EE. UU. les estaba bloqueando el acceso a una defensa efectiva.

Esto se debe a que, hace unas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (Ofac) accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su gobierno pague los honorarios de los abogados de Maduro y Flores.

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Esta modificación allanó el camino para que la defensa desistiera de sus intentos de tumbar la acusación.

Hellerstein se lo concedió “sin perjuicio”, lo que deja la puerta abierta a que puedan presentar otra moción similar más adelante.

El juez de 92 años también aceptó parar el reloj del caso hasta que se celebre la nueva vista y excluir los días que quedan del conteo estipulado por la ley de Juicio Rápido, lo que permitirá alargar el caso.

La norma federal establece límites de tiempo para iniciar juicios penales federales con el objetivo de garantizar un juicio rápido. Generalmente es un plazo de 70 días desde la acusación formal.

Maduro y Flores se declararon “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

 Con información de EFE

  Un jurado federal en Miami declaró culpable a un excongresista y lobista estadounidense, David Rivera, por ejercer presión en secreto en nombre del gobierno venezolano y de lavar millones de dólares vinculados a ese trabajo, en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).

“Estas condenas revelan una verdad innegable: los acusados ​​vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil a cambio de dinero”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida, reseña una nota del FBI.

“Aceptaron millones de dólares vinculados al régimen de Maduro, ocultaron esa relación al gobierno de Estados Unidos y utilizaron sus relaciones personales y políticas de confianza para promover secretamente los intereses del régimen venezolano. En el sur de Florida, donde tantas familias huyeron de la opresión comunista, este tipo de traición tiene consecuencias graves. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros existe para proteger la transparencia y salvaguardar nuestra democracia de la influencia extranjera encubierta. Si usted actúa secretamente en nombre de un gobierno extranjero, violando la ley federal, será investigado, procesado y condenado”, expresó.

“El veredicto envía un mensaje claro y contundente: nuestros procesos democráticos no están a la venta para adversarios extranjeros. Al priorizar la avaricia personal sobre la transparencia legal, David Rivera y Esther Nuhfer violaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros al ejercer presión en favor de los intereses del gobierno venezolano”, destacó  Brett Skiles, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Miami. 

“Mediante mensajes codificados y el lavado de millones de dólares para financiar su estilo de vida y campañas políticas, estos acusados ​​creyeron poder operar en la clandestinidad. Esta condena demuestra que, independientemente de la cantidad de lenguaje codificado utilizado o del alto rango de los conspiradores, el FBI y sus socios se mantendrán firmes en la identificación e investigación de quienes sirven secretamente a intereses extranjeros a costa de la confianza del público estadounidense”, sostuvo.

Mientras que Ron Loecker, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Florida, dijo que "este veredicto subraya lo que se puede lograr cuando los socios federales combinan sus capacidades de investigación”.

“Rastrear el dinero es la especialidad de la Investigación Criminal del IRS, y nuestros agentes trabajaron incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir la actividad ilegal que impulsaba este esquema de influencia extranjera. Los agentes especiales del IRS continuarán persiguiendo a los delincuentes, sin importar cuán sofisticado sea el esquema o cuán influyentes sean las personas involucradas”, explicó.

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Según consta en los registros judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, David Rivera, de 60 años, y Esther Nuhfer, de 51, obtuvieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para promover los intereses del régimen venezolano en Estados Unidos. 

Sin registrarse como agentes extranjeros, tal como lo exige la ley, Rivera y Nuhfer ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses, entre ellos el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions, y organizaron reuniones entre legisladores estadounidenses y altos funcionarios venezolanos, como el entonces presidente Nicolás Maduro y la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. 

En intercambios de mensajes de texto, Rivera y Nuhfer utilizaron un lenguaje codificado para describir sus actividades.  

🇺🇸 CONDENAN A EXCONGRESISTA DE EE.UU. POR ACTUAR COMO AGENTE DE VENEZUELA@FBIMiamiFL informó que el excongresista estadounidense David Rivera fue condenado por actuar como agente no registrado de Venezuela, en el marco de un contrato de 50 millones de dólares pic.twitter.com/QgJttD1zJu

Las pruebas demostraron además que Rivera utilizó aproximadamente 600.000 dólares de las ganancias del contrato para financiar su campaña para el Congreso estatal de Florida, entre otros usos personales. Nuhfer utilizó aproximadamente 455.000 dólares de dichas ganancias para la compra de una residencia en Key Colony Beach.

El jurado declaró a Rivera culpable de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de participación en transacciones con bienes de origen delictivo.

 Nuhfer fue declarado culpable de conspiración para violar la FARA, una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de participación en transacciones con bienes de origen delictivo.

Rivera se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión. Nuhfer se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Los abogados defensores de Nicolás Maduro y Cilia Flores pidieron al juez Alvin Hellerstein extender el plazo para la audiencia del juicio que avanza en su contra en Nueva York. 

A través de sus redes sociales, el abogado Nizar El Fakih hizo el anuncio.

 Luego de esta petición, la corte podría fijar una nueva fecha entre los meses de julio y agosto.

 Se conoció que los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly, pidieron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York dijeron  que el objetivo es contar con más tiempo para revisar la evidencia y preparar nuevas mociones.

La petición reprograma el calendario inicial que tenía prevista la audiencia para finales de junio.

 Nizar El Fakih, quien tiene  acceso a las audiencias realizadas en enero y marzo, confirmó que la solicitud es parte de la fase de preparación del juicio.

Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas.

"Todos pensábamos que ese día iba a morir", afirma el hijo de Nicolás Maduro al rememorar la  incursión militar estadounidense del 3 de enero que depuso al entonces presidente venezolano, en una entrevista al diario español El País publicada este domingo.

"Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante", recuerda Nicolás Maduro Guerra que le dijo su padre en un audio que alcanzó a enviarle esa madrugada, según señaló al periódico.

"Él pensaba que ese día moría", subraya el hijo del exmandatario, que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones en la operación de captura. Cerca de un centenar de personas murieron.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y asumió la presidencia de forma temporal.

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El diputado Maduro Guerra, conocido popularmente como "Nicolasito", afirma que graba las conversaciones que tiene cuando se padre lo llama desde la prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde está recluido junto a su esposa, Cilia Flores.

Según cuenta el diario, el presidente depuesto ha estado leyendo la Biblia "de forma obsesiva" en la cárcel.

"Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: 'Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108'", dice su hijo en la entrevista.

Maduro Guerra explica que su padre le pregunta por la familia, por la Asamblea Nacional y por el fútbol, como cuando el Barcelona quedó eliminado de la Champions en abril y su padre se enfadó: "Coño, esa fue una cagada".

A finales de marzo, durante una manifestación en Caracas en apoyo al presidente depuesto, Maduro Guerra dijo a la AFP que esperaban que "el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos" y que se "desestimen los cargos".

Con información de AFP

 Un excongresista de Miami y amigo de larga data del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue declarado culpable este viernes en relación con una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en favor de Venezuela durante el primer gobierno de Trump.

El jurado declaró culpables al republicano David Rivera y a su socia, Esther Nuhfer, de todos los cargos, incluyendo el de no registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia y el de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

El juicio, que duró siete semanas, ofreció una visión excepcional del papel de Miami como encrucijada de campañas de influencia extranjera destinadas a moldear la política estadounidense hacia América Latina, poniendo de relieve la reputación de la ciudad como imán para la corrupción y los cruzados anticomunistas entre su considerable población de exiliados.

Incluyó el testimonio de Rubio, del congresista texano Pete Sessions y de un importante lobista de Washington, quienes declararon estar conmocionados al enterarse tardíamente del contrato de consultoría de Rivera con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

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En una acusación formal de 11 cargos que se hizo pública en 2022 , los fiscales alegaron que Rivera fue contactado por la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez —ahora presidenta interina de Venezuela— para utilizar sus contactos republicanos de la época en que Rivera era congresista y lograr que la primera administración Trump abandonara su postura de línea dura y suavizara las severas sanciones contra Venezuela.

 Como parte de la ofensiva diplomática, según alegaron los fiscales, Rivera y Nuhfer, un consultor político, manipularon a amigos influyentes, entre ellos Rubio y Sessions, como si fueran "peones en un tablero de ajedrez".

El objetivo: intentar normalizar las relaciones con la nueva administración Trump en un momento en que el gobierno de Maduro se veía acosado por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

“Mientras siguiera entrando dinero, les daba igual de dónde procediera”, dijo el fiscal Roger Cruz refiriéndose a los acusados ​​durante los alegatos finales.

Un "secreto de gran alcance" amenazaba con dañar la carrera política de Rivera.Pero ambos guardaron el "enorme secreto" y no revelaron su labor de cabildeo, como estaba obligado a hacer, por temor a que eso pusiera fin a la carrera política de Rivera como firme defensor del anticomunismo, dijo Cruz.

Para ocultar su trabajo, según alegan los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA (por Miami) con su principal enlace con el gobierno de Maduro: el magnate de los medios venezolanos Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.

Los miembros del grupo utilizaban palabras clave ingeniosas para hablar de sus actividades: Maduro era el "conductor del autobús", Sessions "Sombrero", Rodríguez "La Dama de Rojo" y los millones de dólares "melones", según copias de mensajes de texto presentadas al jurado.

“Todo giraba en torno a la luz”, dijo Cruz, refiriéndose a la palabra española para luz, que Rivera y otros usaban repetidamente para hablar de los pagos procedentes de Caracas.

Los abogados de Rivera y Nuhfer afirmaron que ambos actuaron de buena fe y creían no estar obligados a revelar su trabajo. Según ellos, el contrato de tres meses y 50 millones de dólares con la consultora unipersonal de Rivera se centraba exclusivamente en atraer de nuevo a la petrolera ExxonMobil a Venezuela, una actividad comercial que generalmente está exenta de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Según afirman, las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions, que tuvieron lugar después de que expirara el contrato de consultoría y se centraron en propiciar un liderazgo en Venezuela menos hostil hacia Estados Unidos, fueron totalmente distintas de ese trabajo de consultoría.

“Estaba explorando todas las opciones posibles para sacar a Nicolás Maduro del poder”, dijo el abogado defensor Ed Shohat durante los alegatos finales. “En las conversaciones no se mencionó ni una palabra sobre la normalización de las relaciones”.

El abogado de Nuhfer, David Oscar Markus, comparó el caso del gobierno con los juicios de brujas de Salem del siglo XVII, que presumían una mala intención que quedaba desmentida por las pruebas más endebles.

“Mi cliente no tiene un corazón oscuro”, dijo.

Según la fiscalía, Rivera utilizó el contrato con PDV USA, con sede en Nueva York, como tapadera para actividades de cabildeo ilegales.

Una vez descubiertos, los socios intentaron ocultar el trabajo: antedataron documentos e inventaron acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de 3,75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida que se encargaba del mantenimiento del yate de lujo de Gorrín.

La actividad política incluyó la organización de reuniones para Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas. Como parte de esta iniciativa, ambos involucraron a Sessions, quien posteriormente intentó gestionar una reunión para Rodríguez con el director ejecutivo de ExxonMobil, sucesor del entonces secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson. Tras una reunión secreta en Caracas con Maduro, Sessions también accedió a entregar una carta del presidente venezolano a Trump.

Sin embargo, la iniciativa fracasó rápidamente. A los seis meses de asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de "dictador", lanzando una campaña de "máxima presión" para derrocar al presidente.

Sin embargo, casi una década después, Rodríguez se ha convertido en el segundo socio de confianza de la administración Trump tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército estadounidense.

Antes de ser elegido al Congreso en 2010, Rivera era un legislador de alto rango en Florida. Durante ese tiempo, compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien posteriormente se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Rivera ya había enfrentado controversias, incluyendo acusaciones de haber financiado secretamente a un candidato demócrata que buscaba perjudicar a otros en las elecciones al Congreso de 2012. 

El año pasado, los fiscales federales desestimaron el caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal inferior. Rivera también fue investigado —aunque nunca acusado— por presuntas violaciones a las leyes de financiamiento de campañas y por un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar mientras ejercía como legislador en Florida.

Con información de AP

El soldado del ejército estadounidense acusado de ganar 400.000 dólares utilizando información privilegiada para apostar por la destitución de  Nicolás Maduro comparecerá ante el tribunal este martes, donde se espera que se le pregunte cómo se declara ante los cargos de fraude.

 Gannon Van Dyke , de 38 años, deberá comparecer ante la jueza federal Margaret Garnett en Manhattan a la 1 pm EDT (1700 GMT).

La semana pasada, Van Dyke fue arrestado bajo una acusación federal que lo imputa por haber apostado 33.000 dólares en el mercado de predicciones Polymarket entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, prediciendo que Maduro pronto dejaría el cargo y que las fuerzas estadounidenses pronto entrarían en Venezuela.

Según los fiscales, en aquel momento los mercados asignaban bajas probabilidades a esos sucesos, lo que provocó una gran indemnización para Van Dyke.

Este caso marca la primera vez que el Departamento de Justicia presenta cargos por uso de información privilegiada relacionados con un mercado de predicción. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó cargos civiles contra Van Dyke.

Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, participó en la «planificación y ejecución» de la redada del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, según informaron los fiscales.

Se enfrenta a cinco cargos penales: uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita. 

Reuters no pudo determinar si Van Dyke estaba representado por un abogado defensor.Polymarket declaró que alertó a las autoridades sobre las actividades comerciales de Van Dyke y que cooperó con la investigación.

 Según informó Reuters el viernes, citando a una persona familiarizada con el asunto, el mercado de predicciones rival Kalshi había bloqueado previamente la apertura de una cuenta de Van Dyke debido a los requisitos de identificación de la plataforma.

El juez federal Brian Meyers, de Raleigh, Carolina del Norte, ordenó la liberación de Van Dyke bajo fianza de 250.000 dólares en su primera comparecencia ante el tribunal el viernes en Raleigh. Se espera que Garnett supervise el caso de Van Dyke en adelante.

Con información de Reuters.

Finalmente, el jeuz federal Alvin Hellerstein aceptó que la defensa de Nicolás MNAduro y Cilia Flores sea pagada con recursos venezolanos  liberados por la OFAC.

De esta forma, el juicio de Maduro y su esposa prosigue  ante la justicia de los Estados Unidos, donde van a ser juzgados por varios cargos relacionados con el narcotráfico.

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La revolución chavista prometió soberanía alimentaria, pero terminó comprando poder en silencio fuera de Venezuela.

 El caso de la empresa líder en la industria agraria boliviana, Gravetal, demuestra cómo recursos de la bonanza petrolera venezolana fueron utilizados para posicionarse en el sector agroindustrial de ese país, mediante estructuras financieras dudosas, intermediarios privados y fondos vinculados al Estado.

Mientras el chavismo defendía su discurso de independencia económica, dentro del país crecían la escasez, el colapso productivo y la dependencia de importaciones. La operación retrata cómo parte de la riqueza petrolera terminó sosteniendo redes de influencia y negocios fuera de Venezuela, que años más tarde heredó y profundizó Nicolás Maduro con funcionarios públicos dentro del Ministerio de Alimentación. 

Esto es Venezuela en profundidad.

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Las autoridades estadounidenses rectificaron su postura y ahora permitirán que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores paguen a sus abogados con fondos venezolanos mientras se defienden en el caso de narcotráfico que se les imputa en Nueva York.

Este cambio de decisión elimina un obstáculo que había paralizado el procesamiento del expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados a principios de enero en una redada en su domicilio en Caracas y trasladados a Estados Unidos.

Según la agencia Bloomberg, las autoridades estadounidenses les prohibieron utilizar fondos venezolanos para pagar su defensa, argumentando que ello socavaría las sanciones impuestas contra el país.

La pareja alegó que esto infringía su derecho a un juicio justo y argumentó que, por lo tanto, la acusación en su contra debía ser desestimada.

En una audiencia celebrada en marzo, el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein cuestionó la negativa de la fiscalía a permitir que el gobierno venezolano pagara la defensa legal de Maduro. 

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El juez señaló que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro y su esposa ya no se encuentran en ese país.

El viernes por la noche, el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, informó al tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros había emitido a la pareja licencias modificadas que les permiten acceder a fondos venezolanos. 

Una vez resuelto el problema de la financiación, la pareja accedió a retirar su solicitud de desestimación del caso, declaró Clayton ante el tribunal.

El hombre que manejó millones de dólares  mientras Venezuela pasaba hambre hoy podría sacudir todo un régimen. 

Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, enfrenta nuevos cargos y una posible extradición. Su caso destapa una red de dinero oscuro que también salpica a los empresarios Raúl Gorrín y Wilmer Ruperti, un movimiento judicial reciente abre la puerta: la extradición sí es posible; la pregunta ya no es si hablará… sino quién caerá primero.

Esto es Venezuela sin filtro.

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