La justicia de Estados Unidos ha fijado para el 1 de junio de 2027 el inicio del esperado juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Sin embargo, mientras la defensa intentará desestimar los cargos alegando inmunidad diplomática y cuestionando la legalidad de las operaciones en Caracas, al interior de la cúpula chavista se destapa una trama de traición e inmunidad. 

Revelaciones y análisis de contrainteligencia señalan directamente a figuras clave del aparato represivo como el general Gustavo González López —exdirector del SEBIN y señalado por la ONU por crímenes de lesa humanidad— y Delcy Rodríguez como piezas fundamentales que habrían entregado al régimen para garantizar su propia supervivencia. 

En este informe de Testigo Directo, desglosamos la transición de las Fuerzas Armadas, el paso de las sangrientas OLP al espionaje interno y el oscuro papel de los 'delatores' que hoy operan tras bastidores mientras se prepara el juzgamiento de la cúpula venezolana en Nueva York.

Esto es Venezuela sin filtro.

El segundo aniversario del 28 de julio volvió a dividir las calles de Caracas. Mientras Vente Venezuela, gremios y organizaciones civiles exigieron el reconocimiento de los resultados electorales de 2024 y la realización de elecciones, el chavismo conmemoró el natalicio de Hugo Chávez, sin celebrar las elecciones en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador y que hoy permanece preso en Estados Unidos.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

 Un centenar de partidarios de Nicolás Maduro quemaron el viernes las banderas estadounidense e israelí en la plaza Simón Bolívar del centro de Caracas, gritando consignas hostiles contra Estados Unidos, el país que capturó al expresidente y que ahora es omnipresente en Venezuela, según observó un fotógrafo de la AFP.

Los manifestantes también pisotearon fotos del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras coreaban "Gringos, go home" o "Esto no es ayuda, es una ocupación", en referencia a la ayuda de Washington tras el doble terremoto del 24 de junio.

"¡Fuera yanqui, asesino de Venezuela!", se podía leer en una pancarta.

Desde la captura de Maduro, en un operativo militar en enero, Trump se jacta de controlar a Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

"La patria se defiende. Gran presencia  yanquis y sionistas en la Patria de Bolívar y Chávez", anunciaba la convocatoria a la manifestación.

Lea también: Sube a más de 5.500 la cifra de fallecidos por los terremotos

Héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar fue una de las referencias de la doctrina de inspiración socialista del difunto presidente Hugo Chávez, de quien Maduro fue sucesor.

Chávez, Maduro, al igual que la actual presidenta, pronunciaban regularmente discursos antiimperialistas fustigando de manera recurrente al enemigo "yanqui".

Sin embargo, desde la captura de Maduro, Rodríguez impulsó, a petición de Washington, una ley que abrió el sector petrolero y minero a la empresa privada.

Estados Unidos, que controla las exportaciones de crudo venezolano, levanta gradualmente las sanciones contra el país.

Con información de AFP

La audiencia de seguimiento del proceso judicial por delitos de narcotráfico contra el derrocado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en una corte federal de Nueva York con una fecha definida para el inicio del juicio: el 1 de junio de 2027 a las 11:00 de la mañana.

La comparecencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, fue breve y tuvo una duración aproximada de 13 minutos. Durante la sesión, el magistrado estableció el calendario procesal del caso y confirmó que el próximo punto clave será el 17 de noviembre, cuando se prevé la discusión de las mociones relacionadas con la inmunidad de Maduro y la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para llevar adelante el proceso.

La defensa de Maduro deberá presentar en los próximos meses sus argumentos legales para intentar cuestionar la competencia de la justicia estadounidense y plantear los recursos relacionados con la inmunidad del acusado.

Maduro llegó a la sala acompañado por Cilia Flores, ambos con una apariencia física notablemente distinta a la mostrada en anteriores apariciones públicas. El exmandatario vestía un uniforme de prisión color caqui y zapatillas deportivas, sin esposas, y saludó con la mano a abogados y asistentes antes del inicio de la audiencia.

Durante la comparecencia, Maduro lució visiblemente más delgado, pálido y con el cabello muy corto, aunque mantuvo una actitud sonriente y relajada. Según personas presentes en la sala, interactuó de manera cordial con sus abogados y permaneció atento a la traducción mediante audífonos.

El acusado utilizó dos pares de lentes durante la audiencia y en varios momentos dirigió sonrisas hacia su equipo legal mientras seguía el desarrollo de la sesión a través del intérprete.

Cilia Flores también apareció con una figura más delgada durante la breve comparecencia judicial.

Lea también: ¿ESTRATEGIA TEMPORAL O PERMANENTE?: Delcy gana protección y los marines terreno en Venezuela

Durante la audiencia, Maduro mostró una actitud abierta hacia las personas presentes en la sala. Saludó al público con un “Good morning” y mantuvo la mirada hacia la galería en distintos momentos.

Al finalizar la sesión, antes de abandonar el recinto, levantó la mano para despedirse de los presentes, en un gesto que proyectó una imagen de cercanía pese al contexto judicial que enfrenta en Estados Unidos.

El proceso contra Maduro y Flores continuará ahora con una fase previa al juicio marcada por la batalla legal sobre la inmunidad y la autoridad de los tribunales estadounidenses, antes de llegar a la fecha establecida para el inicio del debate judicial en 2027.

Con información de agencias

 El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

El expresidente de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013.

Su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Lea también:Corte Federal de Nueva York confirma audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para este 22JUL

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina "prisionero de guerra" y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Con información de AFP

Este miércoles, Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a comparecer ante la justicia estadounidense. la audiencia no definirá el caso y todo apunta a un proceso largo, del cual de hecho ya han transcurrido 6 meses. 

Basta ver el antecedente de "El Mayo" Zambada, cuya sentencia llegó dos años después de iniciar las audiencias. 

Te  contamos más en nuestro canal de YouTube.

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirmó para este miércoles 22 de julio una nueva audiencia de seguimiento del proceso judicial que se adelanta contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en una cárcel de esa ciudad.

La comparecencia está prevista para las 12:00 del mediodía hora local y corresponde a una audiencia de revisión del estado del caso luego de haber sido aplazado desde el pasado 30 de junio, a solicitud de la Fiscalía Federal con el consentimiento de la defensa, por “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, de acuerdo con el documento consignado ante el tribunal.

Las autoridades judiciales aclararon que la audiencia de este miércoles no corresponde al inicio del juicio ni contempla la emisión de una sentencia. Su objetivo es evaluar el avance del proceso, revisar el intercambio de evidencias entre las partes y definir el cronograma de las mociones que deberán resolverse antes de la fase oral de juicio, según reseñó VPItv.

Fuentes cercanas al proceso estiman que el juicio podría tardar varios meses más en comenzar debido a la complejidad del expediente y al volumen de pruebas presentadas por la Fiscalía. El proceso ha despertado amplio interés internacional por las implicaciones políticas y diplomáticas que representa para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Lea también: MADURO, ¿NO SALDRÁ VIVO DE LA CÁRCEL?

Para la audiencia de este miércoles se prevé un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Tribunal Federal de Nueva York.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el centro de detención metropolitana de Brooklyn desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

Ambos enfrentan cargos por presunto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos relacionados con el uso de armas. Durante las audiencias celebradas previamente, ambos se han declarado no culpables de los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

Con información de Efe

¿Qué tan sólido es el escenario judicial que enfrenta Nicolás Maduro? 

En este reportaje analizamos las investigaciones abiertas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos, el papel que podrían desempeñar antiguos aliados en los procesos judiciales y cómo estas causas podrían impactar el futuro político del chavismo. 

Un análisis basado en los procesos, las evidencias públicas y los retos legales que aún deben resolverse.

Un juez federal de Miami condenó este martes a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos a pagar 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que fueron encarcelados y sometidos a torturas durante su detención en Venezuela, de acuerdo con información de la agencia Associated Press.

La sentencia fue emitida por el juez federal Darrin P. Gayles, quien responsabilizó a los demandados por su participación en lo que describió como una «empresa criminal» encabezada por Maduro. El fallo también incluye al denominado «Cartel de los Soles», organización señalada por las autoridades estadounidenses como una red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos.

Los demandantes son Jerrel Kenemore, especialista en informática de Fort Worth, Texas; Jason Saad, oriundo de Alabama y residente en Venezuela, donde trabajaba en el sector de la construcción; y Edgar Marval, empresario de Florida con operaciones comerciales en territorio venezolano.

Según la demanda, los tres ciudadanos estadounidenses fueron sometidos a torturas que incluyeron descargas eléctricas, golpizas y posiciones de estrés mientras permanecieron detenidos en Venezuela. Kenemore permaneció encarcelado durante 643 días tras ser capturado en 2022 cerca de la frontera venezolana por hombres armados.

Los tres fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado por la administración del entonces presidente Joe Biden, mediante el cual Estados Unidos excarceló a Álex Saab, quien enfrentaba un proceso judicial por presunto lavado de dinero.

La vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez, también figuraba entre los demandados. Sin embargo, quedó fuera del fallo luego de que sus abogados alegaran ante la corte, en abril pasado, que goza de inmunidad frente a demandas civiles en Estados Unidos por su condición de jefa de Estado reconocida. Ese argumento continúa siendo impugnado por los demandantes.

De acuerdo con Associated Press, esta constituye la mayor indemnización otorgada hasta ahora en una demanda presentada bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, normativa que permite a ciudadanos estadounidenses víctimas de organizaciones terroristas extranjeras reclamar compensaciones y buscar el embargo de activos de los responsables.

Con información de AP

 Este viernes se cumplen exactamente 180 días desde la salida de Nicolás Maduro, a causa de la intervención de los Estados Unidos, y también se cumple el lapso máximo que establece la Constitución para que se declare una ausencia absoluta.

El pasado 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia asumió funciones de la Asamblea Nacional e interpretó los artículos de la Carta Magna que obligaban al Parlamento a declarar la ausencia absoluta y convocar a elecciones presidenciales.

Para el abogado Joel García, “el vencimiento de los 180 días de encargaduría no es mero asunto de plazos. Jurídicamente, entramos en un terreno de abierta ruptura. Los límites del art. 234 son preclusivos, vencieron y la provisionalidad no puede convertirse en un régimen indefinido”, explicó en su cuenta en X.

 Asimismo, el experto dice que "el silencio de la AN y el TSJ configura un fraude a la Constitución por vía de una mutación tácita. Pretenden crear una "presidencia encargada permanente" no electa, lo que desnaturaliza el diseño republicano y viola flagrantemente la soberanía popular".

Lea también: ¿ES DELITO SALVAR VIDAS? Rescatistas, voluntarios y testigos reportan persecución en La Guaira

García recordó que "el TSJ invocó una "ausencia forzosa" y aplicó el régimen de falta temporal, pero omitió el límite de tiempo". 

Agregó que “la Sala Constitucional tiene poder de interpretación, pero no un poder constituyente. No puede inventar regímenes de transición al margen de la norma escrita”, sostuvo.

Argumenta que “al cumplirse hoy el plazo máximo que la Constitución tolera para una falta temporal, la medida cautelar del TSJ del #3Ene ha quedado jurídicamente sin objeto y abstracta. Mantenerla hoy es sostener un gobierno de facto y convalidar la usurpación de autoridad”.

A su juicio, "el debate sobre si el origen de la ausencia encaja en el Art. 233 es estéril. Constitucionalmente, el "abandono del cargo" se configura por el hecho objetivo de la imposibilidad material de ejercer las funciones. El motivo no borra la realidad; el vacío de poder es absoluto".

  Finalmente, Joel García dijo que “la Constitución no es un pacto de suicidio institucional. Extinguidos los 180 días, la falta temporal muta de pleno derecho en falta absoluta. La AN tiene la obligación ineludible de declararla y activar los mecanismos de sucesión definitiva”.

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York , a cargo del juez Alvin Hellerstein, confirmó el aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio.

El juez aprobó una solicitud conjunta presentada por la Fiscalía y los abogados de la defensa, 

La audiencia estaba inicialmente prevista para el 30 de junio, pero ambas partes solicitaron una reprogramación por motivos logísticos y de organización del proceso judicial.

 En el documento, firmado por el fiscal federal Jay Clayton y presentado con el consentimiento de la defensa, ambas partes explican que el cambio de fecha es necesario para evitar “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.

Lea también: Por estas razones pidieron aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para esta fecha

La solicitud también pedía excluir el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido. Según la Fiscalía, el tiempo adicional permitirá continuar con la entrega de pruebas a la defensa y dar oportunidad a los abogados de revisar el material y decidir qué mociones presentarán antes del juicio.

Maduro y Flores fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 160 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado “no culpables”.

Al 16 de junio de 2026. Caso Maduro-Flores:El juez aprobó la solicitud de diferimiento de la audiencia presentada de manera consensuada por las partes. En consecuencia, la audiencia ha sido reprogramada para el 22 de julio de 2026. https://t.co/Z8Pg5UNNgG

En las últimas horas se conoció que ante la justicia de Estados Unidos se pidió un nuevo aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores que estaba prevista para este 30 de junio.

Según consta en un documento difundido por redes sociales, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó posponer la comparecencia de la pareja ante el juez Alvin Hellerstein para el 22 de julio.

En el escrito se argumenta que el aplazamiento sería  por “problemas logísticos y de programación relacionados con proveer seguridad”.

Lea también: Abogada de Sean "Diddy" Combs se incorpora al equipo de defensa de Maduro

Se trata del segundo aplazamiento de esta audiencia que en principio estaba prevista para el 17 de junio y luego , con previo acuerdo de las partes, se logró que el juez fijara la fecha para el 30 de junio.

Maduro y Flores debían presentarse ese día a las 12:00 del mediodía, hora de Nueva York, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Como se recordará, el  juez también aprobó el pedido de ambos acusados para desistir de sus intentos de anular la acusación, con la que argumentaban que EE. UU. les impedía acceder a una defensa efectiva.

La decisión se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) autorizó un ajuste en las sanciones a Venezuela para que el pago de los honorarios de los abogados defensores de ambos se haga con dinero autorizado por el Departamento del Tesoro.

🇺🇸 PIDEN APLAZAR AUDIENCIA DE MADURO Y FLORES POR SEGURIDADDepartamento de Justicia de EE.UU. solicitó posponer la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio de 2026 por “problemas logísticos y de programación relacionados con proveer seguridad” pic.twitter.com/nqEGQ3mRQ0

Nicolás Maduro ha añadido a su equipo de defensa a un abogado que representó al magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs en el juicio, según mostraron los registros judiciales el jueves, mientras el derrocado presidente venezolano se prepara para luchar contra los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Según la agencia Reuters, se trata de  Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, quien formó parte del equipo que logró la absolución de Combs por los cargos de tráfico sexual y extorsión (racketeering), que podrían haberle enviado a prisión de por vida.

Combs fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con prostitución y cumple una condena de 50 meses en una prisión federal de Nueva Jersey.

Está apelando tanto la condena como la sentencia.

Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Se encuentra detenido en Brooklyn a la espera de juicio.

Estevao se sumó al equipo de defensa dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado de defensa de Maduro en Washington, Barry Pollack, se incorporaba al bufete.

Pollack provenía previamente del despacho Harris St. Laurent.En el juicio de Combs, Estevao interrogó a la principal testigo de la fiscalía, Casandra Ventura, exnovia de Combs.

Ventura había acusado al fundador de Bad Boy Records de obligarla a participar en actuaciones sexuales degradantes.

Estevao mostró al jurado correos electrónicos y mensajes de texto —algunos de ellos de contenido sexual explícito— de los inicios de la relación entre Combs y Ventura, con el fin de presentarla como una participante voluntaria en las actuaciones con consumo de drogas.

Maduro debe comparecer el 30 de junio ante un tribunal federal de Manhattan en una audiencia en la que sus abogados se espera que expongan las mociones previas al juicio que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos.

Pollack ha señalado que está preparado para cuestionar la legalidad de lo que llamó la “abducción” de Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses durante una redada el 3 de enero en su residencia de Caracas.Un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan, que presentó los cargos contra Combs y Maduro, se negó a hacer comentarios.

Con información de Reuters.

Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro y una realidad que para muchos no ha cambiado, pese a la operación militar que sacó del poder al líder chavista y que, en opinión de Donald Trump, ha traído alegría a los venezolanos.

Tras el impacto inicial de la operación estadounidense del pasado 3 de enero, los venezolanos no ven un alivio económico pese a la participación de Washington en áreas como el petróleo y la minería, mientras que el destino político del país -bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- sigue siendo una incógnita.

 Y aunque la flexibilización de las sanciones estadounidenses ha permitido sellar acuerdos petroleros con inversionistas y ha facilitado el retorno del país a organismos como el Fondo Monetario Internacional, los anuncios económicos van por un carril ajeno al bolsillo de la gente y el bienestar real sigue ausente, según testimonios recogidos por EFE.

Lea también: CINCO MESES SIN MADURO: el chavismo evita la falta absoluta y Marco Rubio advierte que lo más difícil apenas comienza 

Las garantías, libertades y la democracia, en opinión de la ciudadanía, también son una deuda pendiente.

«Este es un Gobierno de transición que, hasta ahora, favorece a los intereses de los Estados Unidos (…). El pueblo no ha alcanzado plenamente ni su libertad ni su democracia», indicó Luis Laguado, de 79 años y jubilado de la Universidad Simón Rodríguez, de Caracas.

Laguado participaba el viernes pasado en una protesta por pensiones dignas ante un «insuficiente» aumento de las bonificaciones para pensionados y trabajadores activos, establecidas en 70 y 240 dólares mensuales, respectivamente, según lo anunciado a finales de abril por Rodríguez.

En Venezuela, la canasta básica alimentaria supera los 700 dólares mensuales y su costo se encarece cada mes al ritmo de una devaluación constante. Tan solo en los primeros cinco meses de este año, la moneda nacional se devaluó 45 %, más de la mitad de todo lo registrado durante el 2025, cuando se depreció un 8 %. Hasta abril, el país acumulaba una inflación de 90 %.

Lejos de las proyecciones optimistas sobre un repunte económico y el anuncio de reestructuración de una deuda externa estimada en hasta 170.000 millones de dólares y hasta del comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta alegría del pueblo venezolano, para Laguado la realidad se mide en la calle y sigue siendo «muy grave».

«El único que baila es él, pensando que en noviembre va a ganar las elecciones con el voto de los ciudadanos latinos», apuntó.

 La misma apreciación la tiene el vendedor de café Ronny Oropeza, de 66 años. «No creo que haya mejorado nada, todo lo contrario, ha empeorado porque el dólar sigue subiendo», lamentó.

Oropeza señala que Trump está «mal informado», y advirtió que la realidad es que los venezolanos «económicamente» están «peor» que en enero y políticamente no saben «qué es lo que va a pasar».

Son 151 días sin Maduro y las demandas para una nueva convocatoria a elecciones se intensifican bajo la premisa del artículo 234 de la Constitución, que establece las faltas temporales o absolutas del presidente de la República.

La Carta Magna establece que dichas faltas se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Pero el Legislativo, controlado por el chavismo, guarda silencio y la Administración de Rodríguez ha dejado en segundo lugar el debate, mientras mantiene el respaldo de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que también le es afín y que legitimó su nombramiento, eludiendo la fijación de plazos electorales y dejando en manos «de otros órganos del Estado» la calificación jurídica de la ausencia de Maduro.

Bajo este escenario, la oposición mayoritaria, liderada por la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, propusieron una negociación política con el Gobierno de Rodríguez y bajo el acompañamiento de Estados Unidos a fin de lograr elecciones.

Rodríguez no se ha pronunciado y la gente en la calle está expectante.

«Siempre y cuando esas negociaciones no sean como las que hubieron en el 2017, 2015, 2016, 2018, 2019 está bien», comenta Oropeza, en referencia a los diálogos fracasados que para aquel entonces mantuvieron otros líderes de la oposición.

Entretanto, la figura de Maduro ha quedado relegada en el Gobierno, aunque los chavistas de base lo recuerdan constantemente.

«Hay afiches y personas reflexionando sobre por qué dejamos que se llevaran a nuestro presidente», dice Alexander Harrington, un trabajador de la alcaldía de Caracas, que reconoció que la situación económica es «compleja» entre un supuesto «auge» de negocios y el bolsillo de la gente.

«Yo creo que es una equivocación pensar que el Gobierno norteamericano va a traer prosperidad para Venezuela», remarca.

Con información de Efe

Este miércoles se cumplen 5 meses de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos.

El chavismo, con los hermanos Rodríguez al frente, se niega a acatar lo que establece la Constitución en lo que se refiere a la ausencia absoluta y pretende seguir adelante con la “presidencia encargada” de Delcy.

Mientras tanto, Estados Unidos se ha erigido en el tutor del país y Marco Rubio, el secretario de Estado, afirma que lo más difícil está por llegar.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Ramón Gordils medió entre Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que el que fuese viceministro de Cooperación Económica de Nicolás Maduro y posterior embajador de Venezuela en Noruega propició el contacto para que el expresidente mediara en el rescate de 53 millones de euros que acabó aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. 

Según el medio The Objective, el exjefe de la Digcim, Hugo “El Pollo Carvajal”, ya había señalado a Gordils en la Audiencia Nacional, por financiar a Podemos. 

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana entregó al juez Manuel García-Castellón documentación que detallaba cómo participó en el envío de dinero a través de valija diplomática. Aunque los pagos nunca fueron acreditados, la Fiscalía estimó creíble la versión del exmilitar chavista.

Las pruebas que acusan a Zapatero parten de Estados Unidos. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) trasladó a la Justicia española información del móvil de un accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. 

En los mensajes intervenidos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Reyes sugiere al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, la posibilidad de recurrir a dos vías extraoficiales para obtener la ayuda pública. Una a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y otra mediante el expresidente del Gobierno.

Los directivos de la aerolínea activaron la vía chavista para llegar a Zapatero. El auto de Calama señala que Reyes contactó con Gordils para sondear un posible acceso al expresidente del Gobierno. 

«Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento», le insistió el accionista en marzo de 2020. El otrora viceministro de Maduro le abrió las puertas al responder: «Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP», dice uno de los mensajes.

Lea también: Policía de España descubrió que el testaferro de Rodríguez Zapatero viajó a Caracas con dos directivos de Plus Ultra

Reyes transmitió la conversación con Gordils a Martínez Sola, que le respondió así: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tenga que pagar un poquitín». Los contactos con el hombre de confianza de Maduro se intensificaron en los meses siguientes. 

En abril de 2020, Reyes informó al presidente de Plus Ultra que había conseguido acceder a Zapatero y le pidió que llamara a Manuel Aarón Fajardo, el hombre fuerte del expresidente en Venezuela: «Acaba de hacerse el puente con ZP (…) Escríbele de parte de Ramón Gordils».

Martínez Sola, que fue detenido el pasado diciembre junto al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, se puso entonces en contacto con Fajardo, hijo de un senador actual del PSOE. 

A continuación, fue el propio Reyes quien relató a Gordils que el presidente de Plus Ultra habló durante 11 minutos con Zapatero: «Le explicó todo (…) Luego, cuando tú puedas, le preguntas». El que fuese viceministro de Maduro le responde que estuviese tranquilo: «Ya nos enteraremos».

En los meses posteriores se sucedieron las comunicaciones entre los dirigentes de Plus Ultra, Fajardo y Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro del presidente del Gobierno. 

El 18 de mayo de 2020, el CEO de la compañía manifestó a Reyes que no hablaba directamente con Zapatero, sino con su «lacayo». Los investigadores lo identifican con el propietario de Análisis Relevante, la consultora que pagó casi medio millón de euros al antiguo líder socialista por informes «escritos y orales». Fue también la persona que suscribió un acuerdo con la aerolínea por el 1% del rescate.

El nombre de Zapatero ya salió a relucir en las declaraciones que ofreció El Pollo Carvajal en la Audiencia Nacional. 

El antiguo jefe de la inteligencia venezolana fue detenido en Madrid en septiembre de 2021 y extraditado a Estados Unidos dos años más tarde porque no pesaba ninguna investigación sobre él en España. La Administración Trump le acusa de narcoterrorismo, pero su participación es clave en la investigación contra Maduro y otros dirigentes chavistas.

Con información de The Objective

La Fiscalía de Estados Unidos mantiene abierta una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez en Miami y centrada en delitos de blanqueo de capitales.

 Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso consultadas por ABC, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en Estados Unidos tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero en Caracas, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores.

 Aún no ha sido imputado por esos delitos, que deberán pasar por un gran jurado. Maduro, que tiene 63 años, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn a la espera de juicio por la causa abierta en Nueva York, donde se ha declarado no culpable de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas.

Lea también: Corrupción de Alex Saab salpica al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella

La nueva línea de investigación está en manos de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, un departamento del Ministerio Público con larga experiencia en los casos de corrupción venezolana, blanqueo de capitales y redes financieras del chavismo. 

Al frente de las pesquisas está Michael Berger, fiscal federal de Miami especializado en casos penales internacionales, con participación de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y del fisco estadounidense (IRS).

Según las fuentes consultadas, varios fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar investigaciones abiertas relacionadas con Maduro y con Alex Saab, el empresario colombiano nacionalizado venezolano considerado durante años por Washington uno de los principales operadores financieros del régimen.

 Saab fue extraditado la semana pasada y ahora se enfrenta a juicio por fraude y corrupción.

Para Maduro, la investigación de Florida abre una vía distinta a la causa de Manhattan. El caso de Nueva York se basa en una acusación presentada originalmente en 2020, durante el primer mandato de Trump, y fue utilizado formalmente por la Casa Blanca como justificación legal para la operación de fuerzas especiales que depuso a Maduro y lo trasladó a Estados Unidos.

Esa imputación sostiene que Maduro entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones usados por blanqueadores de dinero para repatriar beneficios del narcotráfico desde México a Venezuela. 

Pero entre algunos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca existen dudas sobre la solidez del caso neoyorquino, en parte porque no incluye cargos de blanqueo de capitales, y queda a merced de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

La causa de Miami puede servir como vía alternativa si aparecen complicaciones legales en Nueva York. Donald Trump ya sugirió abiertamente en marzo que Maduro podría enfrentarse a más cargos en Estados Unidos.

 En declaraciones desde la Casa Blanca en una reunión de su gabinete, el presidente aseguró que aquel debe ser «el primero de muchos» porque, a su juicio, al exdirigente venezolano «solo lo están procesando por una fracción de los delitos que cometió».

El foco en el blanqueo responde a una prioridad antigua de los fiscales del sur de Florida: seguir el dinero del chavismo e identificar cuentas, intermediarios, sociedades pantalla y flujos financieros vinculados a dirigentes venezolanos. Es una tarea que durante años ha sido difícil por la opacidad de las estructuras usadas para mover fondos fuera de Venezuela.

El nombre que une esa línea financiera con Maduro es Alex Saab, su testaferro. La Fiscalía de Miami desclasificó esta semana nuevos cargos de blanqueo contra él por su presunto papel en una trama vinculada al programa público venezolano de alimentos CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción.

 Saab ya había pasado dos años en una prisión estadounidense tras ser extraditado desde Cabo Verde, antes de recibir un indulto de Joe Biden en 2023 y regresar a Venezuela dentro de un canje de presos con el Gobierno de Maduro. Ahora ha sido deportado de nuevo a Estados Unidos y acusado por un solo cargo de blanqueo en una imputación obtenida en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a territorio soberano norteamericano.

Los fiscales federales han mostrado especial interés en Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro en paraísos fiscales y otros lugares. 

En 2021 ya figuraba como conspirador no acusado en un caso del Distrito Sur de Florida contra cinco personas por soborno y blanqueo de dinero vinculado al mismo programa estatal venezolano de ayuda alimentaria, lo que entre la oposición venezolana le valió el apodo de «empresario del hambre». 

La nueva imputación vuelve a situar el programa CLAP en el centro de la trama y extiende los presuntos delitos hasta enero. Los nombres de los otros acusados aparecen tachados en el documento hecho público.

El Distrito Sur de Florida lleva años tratando de vincular a altos responsables venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos. Uno de los precedentes más relevantes fue Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, condenado en 2018 por su papel en una trama de cambio de divisas y blanqueo de dinero de 1.000 millones de dólares (860 millones de euros). 

La dificultad ha sido siempre la misma: conectar de forma directa las cuentas y los flujos de dinero con los líderes políticos del chavismo.

La deportación de Saab ha sido interpretada en Washington como una señal de cooperación más estrecha entre las autoridades estadounidenses y el nuevo poder venezolano bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro e interlocutora instalada por Trump. 

Esa cooperación puede abrir ahora nuevas rutas de información para fiscales y agentes federales. La misma Fiscalía de Miami que investiga a Maduro ha impulsado los cargos contra Saab y también ha preparado la causa contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, que se presentó el 20 de mayo.

El Departamento de Justicia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco respondieron a correos de este medio los abogados de Maduro ni los de Saab. La investigación continúa abierta y, por ahora, no hay una nueva acusación formal contra el expresidente venezolano en Miami.

La nueva investigación de Miami amplía el cerco penal sobre la corrupción venezolana mientras Washington mantiene a Delcy Rodríguez en el poder como interlocutora de transición. 

El objetivo inmediato es seguir el rastro del dinero de Maduro, Saab y otros operadores del chavismo, con varias líneas abiertas por blanqueo, programas públicos saqueados y fondos movidos a través de redes internacionales.

 En este marco, Estados Unidos ha cooperado con la investigación en España sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado, y sus cobros internacionales, entre ellos cuantiosas cantidades procedentes de Venezuela.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca intenta estabilizar Venezuela lo suficiente para atraer nuevas empresas, reabrir sectores estratégicos y convertir la cooperación de Delcy con la Justicia estadounidense en una vía para desmontar el viejo aparato financiero de Maduro sin hundir por completo el país. 

De momento, no hay planes claros de Washington para unas elecciones libres a las que se puedan presentar los opositores. Trump ha dicho que este es momento de afianzar el país, y aún trabaja en garantizar la libertad de todos los presos políticos, ya que todavía quedan cientos en las cárceles del chavismo.

Con información de ABC

8Los fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, ante la preocupación de que el proceso judicial en su contra sea débil.

El caso 

La nueva investigación surge en un momento en que Alex Saab, un estrecho socio comercial de Maduro que se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue deportado a Estados Unidos y acusado por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano, informó CBS.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano a principios de enero y trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de armas de fuego .  

Inicialmente fue acusado en una demanda que data de 2020, cuando Bill Barr era fiscal general.

Ambos se han declarado inocentes.

Según las fuentes, la orden de los altos cargos del Departamento de Justicia para abrir una nueva causa penal en Miami contra Maduro se emitió después de que Maduro ya estuviera bajo custodia por los cargos presentados en Nueva York.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

El abogado de Maduro declinó hacer comentarios sobre la nueva investigación penal.

En marzo

Según las fuentes, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, y Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, fue asignado para supervisarla, junto con varios agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. La División de Investigación Criminal del IRS también participa, añadieron las fuentes.

Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes convocó una reunión para discutir cualquier investigación abierta que involucrara a Maduro o a Alex Saab.

Saab cumplió dos años de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde. Sin embargo, el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 y fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.

Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, Saab era un co-conspirador no imputado en un caso presentado en 2021 en el Distrito Sur de Florida que acusaba a cinco acusados ​​en un esquema de soborno y lavado de dinero en el extranjero vinculado a un programa de alimentos estatal venezolano controlado por el Estado.

La acusación formal, hecha pública el lunes, lo imputa por lavado de dinero relacionado con el mismo programa de alimentos controlado por Venezuela conocido como CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que fue el eje del caso de 2021. Los presuntos delitos ahora se extienden hasta enero, y se le imputa un solo cargo.

Los nombres de los demás acusados ​​han sido censurados. La nueva acusación contra Saab se obtuvo en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos.

Un abogado de Saab no respondió a la solicitud de comentarios.

Los fiscales federales han mostrado un gran interés en las actividades de Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro.

Según algunas fuentes, agentes y fiscales del sur de Florida llevan mucho tiempo intentando vincular a líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero esos esfuerzos han resultado infructuosos debido a las dificultades para rastrear las cuentas y los flujos de dinero directamente hasta ellos.

Uno de los exfuncionarios de más alto nivel del gobierno venezolano que compareció ante la justicia en el Distrito Sur de Florida en los últimos años fue Alejandro Andrade Cedeno, extesorero nacional, quien fue sentenciado en 2018 por su participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de divisas por valor de miles de millones de dólares.

Según una fuente, una de las preocupaciones que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han expresado en privado sobre la acusación pendiente en Nueva York contra Maduro es la falta de cargos por lavado de dinero.

La acusación formal alega que Maduro proporcionó "pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela".

Se le imputan cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.

Sin embargo, analistas y expertos que hablaron previamente con CBS News tras la acusación formal contra Maduro afirmaron que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos no pasa por Venezuela. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia.

Algunos analistas dudan de la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como una figura central en la facilitación del narcotráfico.

Con información de CBS

La "tercera ola" del chavismo ejecuta un movimiento sísmico en el TSJ.

 Bajo la excusa de la celeridad procesal, la reforma judicial oculta una purga política: el desmantelamiento de la herencia de Nicolás Maduro para instaurar el dominio absoluto del clan Rodríguez. 

No se trata de cuántos exmagistrados hay, sino de a quién responden las nuevas sillas del poder.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: AN sanciona la reforma de la Ley del TSJ para aumentar a 32 el número de magistrados

La nueva estrategia antiterrorista de Donald Trump, la primera elaborada plenamente bajo su segundo mandato, redefine las prioridades de seguridad de Estados Unidos y sitúa el continente americano en el centro de la amenaza, informó el diario español ABC.

El documento identifica como primer objetivo a los cárteles de la droga y las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua, a los que ya no trata solo como organizaciones criminales, sino como grupos terroristas capaces de golpear directamente la seguridad nacional estadounidense.

 Lo más llamativo es que la estrategia vincula esa amenaza continental con el chavismo y con redes islamistas. 

El documento cita la captura de Nicolás Maduro dentro de la operación Resolución Absoluta y lo presenta como un «dictador venezolano ilegítimo», jefe de un cártel y aliado de Irán y de su brazo terrorista Hizbolá. 

Con esa formulación, la Casa Blanca integra a Venezuela en la arquitectura antiterrorista de Trump y no solo en la política antidroga o de sanciones. Lo que no explicita es si esa influencia iraní se ha erradicado con el mandato de Delcy Rodríguez.

Lea también: Juez del caso de Maduro y Cilia Flores aprueba aplazar próxima audiencia hasta finales de junio 

El texto presenta esa prioridad americana como una ruptura con la política anterior y la vincula directamente con la frontera, el narcotráfico y la nueva doctrina de fuerza de Trump.

 «Después de años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional», dice la estrategia.

 El documento añade que Trump ha ordenado combatir a los cárteles con «todo el Gobierno» y que el objetivo es degradar y eliminar su capacidad de afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La respuesta prevista no se limita a detenciones o sanciones. La estrategia afirma que Trump ha autorizado «decenas de ataques» del Departamento de Guerra contra embarcaciones de los cárteles y atribuye a esas operaciones una reducción de más del 90% del contrabando marítimo de drogas hacia Estados Unidos. 

También advierte de que Washington actuará con gobiernos locales cuando quieran y puedan colaborar, pero que, si no lo hacen, «tomará cualquier acción necesaria para proteger nuestro país», especialmente cuando un gobierno sea cómplice de los cárteles.

Hasta ahora, la estrategia antiterrorista de Estados Unidos se había centrado sobre todo en el yihadismo y en las amenazas surgidas tras los atentados del 11-S: Al Qaeda, ISIS, sus filiales, sus refugios en Oriente Próximo, África y Asia, y la posibilidad de nuevos ataques contra el territorio estadounidense o sus intereses en el exterior. 

El nuevo documento mantiene esa prioridad, pero la desplaza a un segundo plano relativo frente a una amenaza más cercana: los carteles, las pandillas transnacionales y los gobiernos del continente que, según Washington, los amparan o se benefician de ellos.

La estrategia antiterrorista de Estados Unidos solo se actualiza cuando la Casa Blanca considera que han cambiado las amenazas, las prioridades presidenciales o el marco de seguridad nacional. 

Normalmente, se elabora desde el Consejo de Seguridad Nacional, con aportaciones de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, el Departamento de Estado, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, CIA, FBI y otros organismos. La Casa Blanca fija la línea política, identifica amenazas y prioridades, y después coordina la respuesta de todo el Gobierno en consecuencia.

Con información de ABC