La nueva Ley Orgánica de Minas en Venezuela abre la puerta a la inversión privada y extranjera en minerales estratégicos, pero evita tocar el núcleo del problema: gran parte del oro venezolano sigue extrayéndose en territorios controlados por grupos armados, redes criminales y estructuras paralelas de poder dentro del Arco Minero del Orinoco.

Aunque el gobierno la presenta como una reforma para “ordenar” el sector, la normativa mantiene vacíos sobre trazabilidad, control ambiental, derechos laborales y transparencia en la comercialización. 

Al mismo tiempo, facilita que el oro de origen irregular pueda ingresar a circuitos formales de exportación.

Esto es Venezuela en profundidad.

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Gracias a la creación del primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) a nivel judicial entre España y Colombia, se ha desarticulado esta organización en ambos países, la cual llegaba incluso a utilizar a sicarios para amenazar y coaccionar a las víctimas y sus familias.

Se ha detenido en Medellín al principal integrante de esta organización criminal, desde donde dirigía todo lo relacionado con la captación, traslado a España y posterior explotación sexual.

El equipo conjunto de trabajo ha supuesto grandes avances en la lucha contra la trata de seres humanos, logrando la protección integral de las víctimas y el traslado seguro de varias de ellas fuera de las zonas de actuación de la organización.

Se calcula que podrían haber explotado a más de 50 víctimas en cuatro años.

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Las víctimas, una vez engañadas con falsas promesas de futuro, eran trasladadas a diferentes provincias españolas con el único propósito de ejercer la prostitución en pisos privados, llegando a obtener la organización criminal beneficios de entre 25.000 y 35.000 € por cada una de ellas.

En nuestro país se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de A Coruña, Toledo y Cáceres. Han sido liberadas tres potenciales víctimas de trata y detenidas cuatro personas en España, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En Colombia han sido detenidas tres personas, una de ellas considerada el cabecilla y máximo exponente de este grupo criminal, encargado de controlar todas las fases de captación, traslado y explotación de las víctimas. También llevaba a cabo las amenazas y agresiones sobre el entorno de las mujeres. Igualmente, se ha emitido una orden internacional de detención contra otra mujer integrante de la organización asentada en Ecuador.

Fuente: Comunicado publicado por el Ministerio del Interior de España.

Nicolás Maduro hizo un llamado a los empresarios para que lo ayuden a identificar las mafias que operan en los puertos y aeropuertos del país.

Con esta petición el mandatario reconoce el informe elaborado con Transparencia Venezuela sobre el ingreso de millones de dólares por los llamados caminos verdes.

“Hay que cortarle las manos las mafias que persigue a los productores y empresarios honestos. Tenemos que empeñarnos en esa batalla dura”, ordenó el mandatario nacional a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez y al ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

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Cipriano Ramos, expresidenta de Consecomercio, dice que todo lo que pasa por las aduanas repercute en el bolsillo. “Pagan hasta por desinfectar los contenedores”.

“A partir de hoy vamos a hacer una campaña en la aplicación venezolana VenAPP para que por las Línea 58 vengan las denuncias de funcionarios gestores, corruptos y bandidos estén donde estén”, señaló Maduro durante la inauguración de la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022, en el Parque Bolívar.

Enfatizó que hay que seguir promoviendo las facilidades en puertos y aeropuertos de Venezuela para la exportación e ir contra “las mafias que les gusta cobrar tasas ilegales para exportar e importar” desde estas infraestructuras importantes para el desarrollo económico del país.

Antes de arrancar la audiencia del lunes de solicitud de medida aseguramiento, en el caso de ‘Las Marionetas’, en la que se señala como cabecilla al reelecto senador caldense Mario Castaño Pérez, se conoció que se entregó Jhon Aléxander Sánchez, apodado ‘Pato’, quien huía de la justicia.

Al «Pato» le hacen audiencia concentrada aparte (legalidad de la captura, formulación de imputación y la medida de aseguramiento). No aceptó señalamientos y este martes se hizo la solicitud de envío a la cárcel.  Juan Carlos Martínez, conocido como el «Enfermero» o «el Hombre del Maletín», sigue prófugo.

El jueves pasado, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para ocho de los nueve detenidos entre el 3 y 4 de marzo pasados en Manizales, Bogotá y Chocó.

Para la restante, Claudia Marcela Castaño Morales, quien preacordó pena, solicitaron domiciliaria, pues es la única que no tuvo contacto directo con el político.

El lunes intervino el Ministerio Público y apoyó la petición del ente acusador y la audiencia siguió el martes con la intervención de los abogados de los detenidos. Las diligencias podrían tardarse más días.

Un defensor pidió proteger los derechos humanos de estos imputados por lo largo que ha sido este proceso, pues al juez 55 de control de garantías no le autorizaron dedicarse solo a este caso, debido a que es clavero esta semana (encargado de recibir e introducir en el arca triclave los pliegos electorales, así como de custodiar y velar por la seguridad de estos).

Para el Ministerio Público, la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa. Habló de los cupos indicativos y dijo que pese a que están autorizados se usaron para el interés particular y no el general.

“Con las llamadas interceptadas se infiere que estas personas hacían parte de un grupo delincuencial, liderada por el senador y por su mano derecha, Juan Carlos Martínez. Usaron los cupos indicativos para defraudar el erario y dedicarse al interés indebido de contratos. Contaban con enlaces regionales o estructuradores de proyectos para obtener el control territorial. La labor de cada uno se acomoda al delito de concierto para delinquir agravado. Tenían la actividad delictiva como negocio, por los menos, desde el 2020”, indicó y añadió que su libertad pone en peligro la seguridad pública.

Los cupos indicativos son los que reciben los parlamentarios, creados previamente, y que pueden manejar, en teoría, para cubrir necesidades sociales en sus regiones. Sin embargo, se les permite elegir a dedo a qué alcalde se le asigna, a qué contratista se le da la obra o licitación e, incluso, la Corte Constitucional en el 2001 conceptuó que pueden ‘sugerir’ las obras. De esta manera, el senador caldense habría tramitado los proyectos.

“Cada aporte de los imputados, por menor que sea, permitió poner en marcha esta empresa criminal. Nos encontramos en presencia de un grupo de delincuencia organizada, se evidencia una cadena de mando y una división de tareas. Su interés era obtener dinero, no solo del erario, sino de la presión a desempleados o recibiendo plata del Estado sin hacer nada”, explicó.

Aunque el ente acusador habló de 50 eventos de interés debido en la celebración de contratos, el Ministerio Público encontró 49 con inferencia razonable de autoría.

“Crearon una verdadera estructura criminal. En libertad podrían obstruir las investigaciones. Esta corrupción es un cáncer que afecta el desarrollo. Los ciudadanos eligen a alguien para un mejor futuro, no para malversar fondos”, anotó.

La representante del Ministerio Público recordó el caso de la psicóloga Daniela Ospina, supuesta compañera sentimental del senador, quien se habría ganado 20 millones de pesos sin trabajar, entre marzo y junio del 2021.

Primero era de 15 millones de pesos y luego le adicionaron 5 millones de pesos en un contrato donde debía brindar apoyo y seguimiento a funcionarios del Senado en COVID-19, al igual que a los de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador, además de otras labores en las que la requirieran.

“Hay varias llamadas entre Juan Carlos Martínez y un señor de apellido Sabogal. En una se habla de pasar la cuenta de cobro de Martínez como supuesto asesor de salud pública en el Senado. ‘Ponga cualquier gue… ahí para justificar’, dijo sobre el informe para justificar el contrato. En otras Juan Carlos dialoga con Daniela de pasar la cuenta de cobro y de qué escribir ahí para que les puedan pagar. Indica que le pida el favor a Claudia, que Sabogal le ayuda, pero le sugiere que meta un ‘carretazo’, por ejemplo, que llamó a 10 personas y solo le respondieron 3”, aseveró.

“Daniela hacía parte de la organización, sabía lo que pasaba y hasta habló de que Pato podría volarse con un dinero. Entregaba y recibía plata, que la guardaba, al parecer, en armarios de un apartamento en el que vivía en Bogotá. El día de la captura intentó escapar”, agregó.

Ana María, hermana de Santiago Castaño, también tendría participación en el grupo, según el Ministerio Público. “A las personas que prestaran el nombre para contratos de hasta $3 mil millones les daban el 2%. Necesitaban 18 empresas”, le dijo Santiago a la familiar, según una llamada reseñada ayer.

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Este proceso no quiere decir que sean culpables. Será un juez de la República quien determine si son o no responsables de los delitos que les endilgan.

Desde la semana pasada la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que abrió investigación penal y llamó a indagatoria al senador Mario Alberto Castaño por concierto para delinquir agravado.

En Táchira continúa la alerta por la operación de las mafias de la gasolina. Recientemente, detuvieron a  cuatro funcionarios de la estatal, Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), por cometer este delito.

La corresponsal de Impacto Venezuela, Maryné Glod detalló que debido a esto; varias estaciones de servicio en la entidad fronteriza están siendo altamente custodiadas para evitar que se cometa este delito.

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El anuncio de la captura de estas personas, la realizó el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, quien aseguró que los sujetos ya están a la orden de los tribunales.

También alertó con la irregularidad que aqueja a la bomba Machiri, sobre la cual recaen varias denuncias, por estar presuntamente en manos de colectivos armados.

Aunque esta estación de servicio es subsidiada, los usuarios afirman que está siendo controlada por las mafias, quienes piden sumas de dinero a cambio de poder abastecerse del combustible.

Para conocer más de lo que ocurre en Táchira, visite nuestra emisión de noticias en Youtube.

La frontera entre Venezuela y Colombia está adornada con un cartel que dice: “Lucha contra el contrabando”. Mientras que tres hombres, dos con enormes bolsas a la espalda, cruzan el río que divide a ambos países, bajo la mirada desinteresada de los agentes fronterizos.

Un reportaje de Infobae, relató que los contrabandistas ni se esconden ni se apuran. “Uno se tomó el tiempo para quitarse los zapatos y remangarse los pantalones”.

En ese sentido, especificó que los 2.219 km de la frontera colombo-venezolana siempre han estado minados por el contrabando por cruces ilegales conocidos como “trochas”; pero las mafias ganaron terreno luego del cierre de los cruces binacionales ordenado por Nicolás Maduro en 2015, tras denunciar una “emboscada” contra militares.

Desde entonces solo se permitía el paso peatonal, pero en 2019 los cruces fueron completamente bloqueados por tensiones políticas entre ambos países. Estas decisiones derrumbaron la actividad económica en el lado venezolano; destacó, Daniel Aguilar, ex presidente de la patronal Fedecámaras en el estado Táchira (oeste), donde está el paso internacional más importante.

Un ejemplo es la zona industrial de Ureña, que tenía unas 3.500 empresas de calzado, ropa y medicinas, hoy inexistentes. Empresas de transporte, corretaje y seguros desaparecieron.

“Hay una caída drástica; solo aquí se perdieron más de 70.000 empleos”, comentó Aguilar.

En octubre de este año, Venezuela reabrió los puentes, que habían estado bloqueados con enormes contenedores metálicos; pero solo hay paso peatonal mientras se reacondicionan para los vehículos.

Unas 20.000 personas atraviesan a diario los dos puentes reabiertos en la zona (San Antonio-Cúcuta y Ureña-Cúcuta), según estimaciones policiales.

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“Siempre habrá trocheros, siempre habrá gente que necesita cruzar”, porque “es más barato”, dijo Dani Pedraza, padre de tres hijos, mientras empuja una bicicleta cargada con placas de cerámica, publicó Infobae.

“Yo vivo de la trocha, mantengo a mi familia con la trocha”, remarca Dani, quien adaptó su bici para soportar cargas más pesadas por los caminos estrechos y pedregosos, quitándole los pedales, la cadena y la silla. Así puede llevar hasta 300 kilos por 100.000 pesos colombianos (20 dólares), que desplazaron en la frontera a los devaluados bolívares venezolanos.

Cobra 30.000 pesos colombianos (7 dólares) por paquetes de hasta 80 kg, cargados a la espalda en un trayecto de unos diez minutos. “Antes trabajábamos mucho. La reapertura del puente, eso no nos conviene”, se quejó.

En el lado colombiano, los trocheros se empujan para ofrecer sus servicios cuando llega un autobús o un taxi.

Ramón Rizcano, comerciante de 33 años en Rubio, pueblo cercano a la frontera, pasa por las trochas varias veces a la semana para evitar pagar sobornos a las autoridades: “No paso por el puente por las alcabalas, piden demasiado”, lamenta.

Pero la trocha no es gratis. Hay que pagar entre 10.000 y 15.000 pesos (2-4 dólares) a quienes las controlan.

Por esos caminos clandestinos ingresan desde Colombia alimentos, alcohol, medicinas, gasolina y equipos agrícolas, mientras que desde Venezuela sale chatarra metálica.

En ocasiones, motociclistas llevan a toda velocidad a pasajeros con mochilas cargadas con “cocaína o armas”, relata un viajero en esta región donde abundan pandillas, paramilitares y guerrilleros.

Es imposible saber cuánto dinero se mueve por las trochas, pero el tráfico asciende a millones de dólares.

Si bien las cifras del comercio bilateral varían -7.500 millones de dólares en 2009 según Caracas y 2.200 millones en 2013 según Bogotá- no hay dudas: el intercambio se desplomó. Mil millones de dólares pasaron a Cúcuta por el puente en 2013; cero en 2020.

Todo cambió con la crisis económica que atraviesa Venezuela, que ha perdido 80% de su PIB desde 2013.

Unas 30 familias provenientes de Güiria, estado Sucre se vino al estado Miranda para evitar que sus hijos sean víctimas de las mafias de trata de personas que hay en la entidad. Son desplazados de su propio país.

Niños, hombres y mujeres establecieron sus hogares en un terreno improvisado, sin condiciones mínimas de salubridad en San Isidro, estado Miranda.

“No teníamos la seguridad de estar allá (Güiria). A las seis de la tarde ya teníamos que estar encerrados por la delincuencia, por malandros con pistolones. No quería ver a mis hijos en nada de eso”, cuenta Argelia Alcalá, desplazada.

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Con bambú, lodo y a mano construyen viviendas improvisadas y viven en condiciones precarias, con electricidad intermitente, sin agua por tuberías y poca comida.

Esta es la historia de los desplazados de Güiria que salvaron sus vidas de las mafias que operan en el estado Sucre.

Este viernes, un grupo de padres protestó en las sedes del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional (AN). Denunciaron la existencia «mafias judiciales» que se han prestado a la separación de familias y hasta a la desaparición de sus hijos.

Martín Greymonet, abogado y director de la ONG FUNVENIDES, organización sin fines de lucro que ayuda a ubicar niños venezolanos, víctimas del secuestro parental, explicó que hay causas que llevan años, sin respuesta.

«Tenemos varios años solicitando al Ministerio Público la depuración del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes», explicó.

La denuncia incluye la entrega de al MP de los «nombres y apellidos de jueces y abogados», además de «pruebas para que investiguen y lleven a juicio a los responsables».

Denunció que «hay causas que tienen tres y cuatro años, no se realizan las audiencias. Hay niños desaparecidos, vinculados con el tráfico y trata de personas. Hay niños que han desaparecido y luego se consiguen en prostitución infantil y extracción de órganos», alertó.

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Igualmente, remarcó que «no se cumplen los lapsos procesales, no se respetan los vínculos familiares ni las medidas cautelares de régimen de convivencia familiar ni permanencia en el hogar».

Informó que abunda «la falsificación de documentos para permisos de viaje».

Por su parte, la señora Isabel Rinaldo, en representación de varias madres y padres cuyos hijos les han sido arrebatados por las mafias de la Lopna, manifestó el sufrimiento de estas mujeres, ante la separación de sus seres queridos.

«Es un vacío, un dolor que se siente no poder estar el día a día con nuestros hijos, dándoles amor y nuestras vidas, porque ellos son lo más grande que tenemos. Yo tengo una hija, pero hay padres que tienen dos y tres hijos. Yo tengo tres años y tres meses sin saber dónde está mi hija. Y así hay muchos», manifestó.

Rinaldo envió un mensaje al Fiscal del régimen, Tarek William Saab. Queremos que se haga justicia, que aparezcan nuestros niños, que colabore».

#20Nov #Reporte ?“Es un vacío muy grande lo que sentimos al no poder tenerlos y dar nuestras vidas por ellos”, enfatizó Isabel Rinaldo, una madre víctima de las presuntas mafias de la LopnnaVía: @JoanCamargo_ @ImpactoVE pic.twitter.com/ZXiBQVYapk

Hay nuevo Consejo Nacional Electoral, se convocaron elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de 2020 y el régimen, violando la Constitución, aumenta el número de diputados, pero sacando del juego electoral a los partidos opositores más grandes del país.

Unas elecciones que ciertamente corresponden para este año, pero estarían llenas de vicios y de irregularidades; ahora la Asamblea Nacional de Venezuela pasará de tener 167 diputados a 277 un aumento de más del 60% según el consultor electoral Feliz Arroyo.

Dos de cada 10 venezolanos no se comen el cuento lo cual vaticina abstención. En este reportaje de Mildred Manrique para Impacto Venezuela sabrá cuál es la estrategia política del régimen para ganar las elecciones.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, apoyó el informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la permisividad del régimen con grupos terroristas para mantenerse en el poder.

«Nicolás Maduro se convirtió en un protector de las grandes mafias que hay en el mundo, ampara el terrorismo y financia directamente a ELN, FARC y Hezbollah en territorio venezolano, así lo hemos denunciado con pruebas en mano», dijo el parlamentario.

Destacó el «reconocimiento» de parte de EE.UU a estas denuncias, lo cual demuestra el apoyo «a los esfuerzos para cortar el financiamiento a las organizaciones criminales, deteniendo sus transacciones económicas y aumentando la presión de los países democráticos que conocen y rechazan la presencia de terrorismo en Venezuela».

Finalmente recordó que «durante la Conferencia Hemisférica de la lucha contra el terrorismo nos comprometimos en adoptar la lista de grupos terroristas de la UE y de EE.UU para facilitar información y definir acciones concretas para luchar contra el crimen organizado».

Destacó que tras el pronunciamiento del Departamento de Estado, «comenzamos a ver los resultados».