Este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo el cambio de comandancia de la Zona de Defensa Integral número 23. Dicho cambio obedecería a la detención del jefe de inteligencia de esta unidad castrense, quien estaba relacionado a las mafias de combustible en la entidad.

A principios de semana un mayor del ejército, de apellido Rivas, quien era el jefe de inteligencia de la ZODI 23 y «mano derecha» del entonces comandante del cuerpo militar, general Lenín Herrera, lo detienen por su participación con los hechos ilicitos relacionados al combustible.

Efectivos del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, detuvieron al mayor Rivas, tras orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Al parecer, el ente garante de la justicia tendría suficientes pruebas en contra del jefe de inteligencia de la Zodi 23, quien guardaría relación con el tráfico de gasolina en la entidad andina.

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Debido a esto, durante el fin de semana se llevó a cabo un acto de Transmisión de Mando. En el mismo al general Lenín Herrera lo sustituye el General de División Donato Tenore Damiani.

No se tuvo conocimiento sobre el próximo cargo a ocupar del general Herrera. Tampoco se conoce si el mismo se encuentra bajo investigación por la situación de quien fuese su «mano derecha».

La administración de Nicolás Maduro ordenó en días pasados la operación «Mano de Hierro». La misma consiste en realizar todas las investigaciones en contra de funcionarios públicos y militares que estén relacionados a las mafias del combustible.

Debido a esto, se han practicado diversas detenciones. Una de las más recientes es la relacionada la Jefe de la ZODI del estado Anzoátegui.

Identificado como el general Marco Tulio Álvarez Reyes, al alto oficial lo capturan funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) después de salir de una reunión militar en la población de Guanta, en el estado Anzoátegui.

Álvarez Reyes estaría relacionado supuestamente a la mafia de combustible que tendrían el alcalde de Independencia, Carlos Vidal y el exalcalde de Pedro María Freites, Daniel Haro.

Una vez conocidos los indicios presentados por el Ministerio Público, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), determina que la diputada chavista, Taina de los Ángeles González Rubio Andara, tiene plena responsabilidad flagrante ante delitos de narcotráfico, por lo que ha dado luz verde para el allanamiento de su inmunidad ante la Asamblea Nacional (AN).

En ponencia del presidente del tribunal, Maikel Moreno, se sentencia que «por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la sentencia N°1.684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del TSJ, no procede el antejuicio de mérito de la ciudadana Taina de los Ángeles González Rubio Andara, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)», dice parte del comunicado.

Una vez conocida dicha sentencia, la remiten a la Asamblea Nacional, tal y como lo establecen las normativas. Quedará en manos del Parlamento la discusión sobre el allanamiento de la inmunidad de la diputada detenida.

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Posteriormente, al aprobarse dicho allanamiento de la inmunidad parlamentaria, el proceso deberá continuar de la mano del Ministerio Público, pero ante un tribunal ordinario. No se puede llevar a cabo ante el TSJ bajo la figura de un Antejuicio de Mérito.

La Constitución de Venezuela establece en su artículo 200 que los «diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley».

De aprobarse el allanamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la AN, el caso lo lleva un tribunal ordinario y no el TSJ. Esto debido a que la funcionaria ha perdido el privilegio.

Por ende, no pueden enjuiciarla en un Antejuicio de Mérito; figura judicial utilizada solamente para altos funcionarios como el Presidente de la República, ministros, altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional y diputados, entre otros.

Vale acotar que esta figura es aplicable siempre y cuando a los funcionarios no los detengan de manera flagrante y el TSJ certifique dicha flagrancia.

Para Juan Guaidó, las recientes detenciones de funcionarios del oficialismo relacionados a mafias del combustible y el narcotráfico, son un reconocimiento directo de que la Administración de Nicolás Maduro, está inmersa en hechos de esta índole.

El líder opositor indica que el que sea público y notorio la detención de la alcaldesa del municipio Semprún (Zulia) y los diputados chavistas, es una prueba más de lo que la oposición venezolana ha denunciado desde hace tiempo. La relación de funcionarios con mafias de la gasolina y las redes del narcotráfico.

«Da por cierta todas las acusaciones que hemos hecho desde la AN, alternativa democrática, las investigaciones realizadas y la comunidad internacional que los vinculan directamente al narcotráfico, al terrorismo. El narco Estado queda claro y reflejado. La administración de Maduro está en una guerra de carteles y reconocen las acusaciones de narcotráfico», dijo Guaidó durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional 2015, este #02Feb.

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«Generaron una red que vincula a todos, incluyendo a funcionarios electos o designados, postulados por el PSUV o sus aliados alacranes como el diputado detenido por narcotráfico. Todos sabemos quiénes son sus jefes en Venezuela, directamente el régimen de Maduro, quien los ampara desde Miraflores. Tiene a sus sobrinos detenidos por esta misma causa en EE.UU.», expresa el líder opositor.

El también diputado Guaidó recordó que en meses pasados algunos organismos como la Secretaria de Estado de EE.UU. ofreció recompensas millonarias por información sobre paradero de Nicolás Maduro y otros de sus personeros, como el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

«Las recompensas vinculadas al terrorismo y narcotráfico son reales», resalta Guaidó, quien además agrega que debajo de las cabezas hay militares, fiscales y demás funcionarios inmersos.

Este lunes el vicpresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la desincorporación inmediata de los alcaldes y diputados oficialistas involucrados en mafias de la gasolina y el narcotráfico, detenidos recientemente en el operativo «Puño de Hierro».

«El PSUV se declara intolerante ante cualquier hecho de corrupción. Que la justicia se imponga… No puede haber impunidad. Condenamos estos hechos. Exigimos que se haga justicia contra quienes estén delinquiendo en funciones públicas. Nosotros no nos hacemos cómplices ni le debemos solidaridad absolutamente a nadie», dijo en su momento Diosdado Cabello.

El Fiscal Superior de Delta Amacuro y un funcionario de Petróleos de Venezuela fueron detenidos, tras comprobarse su participación en una mafia de la gasolina, que desviaba los cargamentos del combustible subsidiado en el estado oriental del país.

Tareck El Aissami, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó a través de las redes sociales que después de una investigación en conjunto con el propio Ministerio Público, lograron determinar la participación de Jorge Peña, Fiscal Superior de la región, quien junto al también funcionario de la estatal petrolera, Juan García Barragán, se encargaban de desviar las cisternas de combustible y revenderla.

#31Ene ? ? OTRO DETENIDO POR OPERACIÓN #ManoDeHierroEl Fiscal Superior de Delta Amacuro, Jorge Peña, fue detenido por presunta complicidad en el desvío de combustible, informó el ministro de Petróleo de la administración de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/0lF7R6RnHA

La averiguación está enmarcada en el plan que ordenara la administración de Nicolás Maduro en días pasados. Dicha acción en contra de las mafias de la gasolina y por la cual se han practicado algunas detenciones.

Carlos Vidal fue electo alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, en las pasadas elecciones regionales. Durante el fin de semana fue capturado por las autoridades, después de que se comprobara su participación en mafias del combustible en la región.

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Al parecer, Vidal se dedicaba a desviar los cargamentos y lo ofrecía a grupos irregulares en le oriente del país. Estos a su vez revenden el combustible. «Una peligrosa red de delincuencia organizada dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustibles», dice parte del comunicado de la administración de Nicolás Maduro.

Vale destacar que en este evento hubo otros implicados que también fueron detenidos. Personas relacionadas a la propia PDVSA y de otros funcionarios del chavismo, así como unos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El propio Tareck El Aissami ha anunciado que las averiguaciones en torno a las mafias del combustible continuarán.