Un juez de control de garantías ejerció contra el teniente en retiro Alfred Leoman Aguirre Moreno por el delito de tortura agravada.

La investigación hecha por la Fiscalía General, permitió evidenciar que el oficial habría obligado a tres soldados a comer cigarrillos y tragarse el vómito que esta acción les produjo.

Los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2012, en un batallón del Ejército Nacional en Tunja (Boyacá), de acuerdo con un boletín de prensa publicado en las últimas horas por el ente judicial, y que sustenta esta información dada a conocer por Caracol.

«Tres soldados regulares salieron sin autorización al quiosco de la unidad militar durante la jornada de visitas y fueron descubiertos por un superior fumando. Durante la formación de la noche, el entonces teniente Aguirre Moreno reclamó a los tres uniformados por lo que consideró un acto de indisciplina y, al parecer, los obligó a tragarse, por lo menos, 10 cigarrillos cada uno», recalcó la Fiscalía.

Agrega que el militar que, «de acuerdo con los elementos de prueba, también les ordenó comerse el vómito que les generaba la ingesta de tabaco y golpeó en el pecho a uno de los jóvenes que intentó resistirse».

Según los testimonios recogidos por el CTI, «las víctimas señalaron que, luego de la agresión frente a sus compañeros, el oficial, presuntamente, los llevó a las duchas para que se bañaran durante una hora con agua helada. Finalmente, les indicó que para poder ir a los alojamientos a descansar debían secarse a la intemperie, en medio de las bajas temperaturas».

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al teniente en retiro Alfred Leoman Aguirre Moreno el delito de tortura agravada, cargo que no fue aceptado.

La tortura está tipificada como un delito en Colombia, según el artículo 178 del Código Penal: «El que inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de 128 a 270 meses, multa de 1.066 a 3.000 salarios mínimos legales vigentes.

Víctimas detallaron que el centro de torturas se encuentra en una zona boscosa del barrio La Coruña, en esa localidad del sur de Bogotá.

En ese lugar, los delincuentes suelen interceptar a los ciclistas que van en ciclorruta y los llevan arrastrados hasta una zona oscura donde los golpean para robarlos.

Los jóvenes atracados indicaron que los ladrones los golpearon, amenazaron y torturaron psicológicamente para robarles todos los objetos de valor que tuvieran.

Uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una pistola y otro fue apuñalado en el hombro.

Una de las víctimas del atraco denunció que al ir con la Policía, los agentes se lavaron las manos argumentando que la zona donde se dio el robo corresponde a otro cuadrante y que ellos no podían hacer nada, testimoniaron a Noticias Caracol.

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El pasado 5 de mayo, la Policía de Bogotá halló un centro de torturas similar en el norte de la ciudad, donde ladrones golpeaban a mujeres para robarlas.

Una mujer víctima de los delincuentes ayudó a la Policía a encontrar la guarida en la que se cometían abusos.

Ella fue interceptada por los delincuentes, cuando iba en bicicleta, en la Autopista Norte con calle 245, pasando el peaje de Los Andes con el que se delimita a Bogotá con el municipio Chía.

Luego de ser frenada en seco por los ladrones, estos procedieron a arrastrarla hasta una zona boscosa cercana y allí la golpearon en repetidas ocasiones.

La mujer indicó a ese medio que uno de los delincuentes abusó sexualmente de ella.

Aunque no hay avances en investigaciones sobre quién ideó y ejecutó el plan para asesinar a Jovenel Moïse, lo cierto es que hay 18 colombianos involucrados quienes han sido sometidos posiblemente a malos tratos.

Se encuentran detenidos en Puerto Príncipe en condiciones que tampoco son claras en temas de salud, integridad física y asistencia jurídica.

Colombia insiste en que sus connacionales deben recibir asistencia jurídica y consular permanente.

Por eso la canciller Marta Lucia Ramírez instó al consul en Haití a que sean visitados al menos dos veces a la semana.

Y con ello se «permita contar y documentar los posibles casos de tratos cueles en su contra».

Tal y como se lee en la carta que Ramírez envió este lunes a Julio César Santa, consul honorario de Colombia en Haití.

Asimismo le exige que mantenga comunicación permanente con los familiares de los colombianos detenidos en Puerto Príncipe.

También le pide que cada tres días presente informe de seguimiento.

De esta manera el gobierno colombiano insiste en que hay preocupación por la suerte de los 18 mercenarios colombianos por sospechas de malos tratos y tortura.

Además de la situación de salud y alimentación que puedan estar afrontando.

La carta de Ramírez responde a la aclaración que este lunes también hizo Haití en el sentido de que no hay violaciones de DD.HH. contra los colombianos.

Al respecto el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, aseguró que a los exmilitares colombianos “les respetamos DDHH, no hay irregularidades”.

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Más temprano el propio presidente Iván Duque se pronunció al respecto.

Aseguró en entrevista con el programa Radar del noticiero de Panamá TVN, que el lamentable hecho no se planeó en Colombia.

“Claramente este no es un hecho fraguado en Colombia, sino que aquí hay intereses políticos de mucho más alto pelambre», dijo el mandatario.

Y agregó que «aquí hay una gran conspiración donde hay personas que pretendían beneficiarse de ese crimen».

De acuerdo con el Duque, los exmilitares fueron contactados por una empresa con sede en EE.UU. Además, resaltó que ninguno tenía antecedentes penales.

“Los tiquetes fueron comprados desde EE.UU. (…) y fueron llevados con la supuesta idea de hacer protección en seguridad”, sostuvo el Presidente.

Respecto a la función que llevaron a cabo los excombatientes, el presidente Duque señaló que:

“Una vez allá se les cambia el plan y se les dice que van a trabajar en la captura del presidente de Haití con supuestas autoridades extranjeras y cuando viene el momento del hecho un grupo reducido es el que está enterado del asesinato”.

El pasado 26 de julio, llegó a Puerto Príncipe la Comisión Humanitaria de la Cancillería colombiana y la Defensoría del Pueblo para comprobar las condiciones en las que están los 18 mercenarios capturados.

En la visita, se comprobó que los detenidos estaban siendo alimentados y, además, se conoció que sus familiares les enviaron mensajes y les hicieron llegar kits de aseo.

“Durante la visita pudimos hablar con los 18 colombianos que fueron pasando en grupos de dos personas. Analizamos su salud física y mental, revisamos las condiciones de detención, aseguró Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo.

El funcionario dijo también que se les indagó sobre algunos elementos clave del proceso que actualmente se lleva contra ellos.

El reporte especificó que los mercenarios se reunieron por casi cuatro horas con Fajardo, un abogado de la Defensoría Pública y el jefe de colombianos en el extranjero, quienes conforman la Comisión.

Tras la reunión, la canciller Marta Lucía Ramírez, indicó que los colombianos “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.

También, pidió que se garantice la atención médica adecuada a los que resultaron heridos porque de lo contrario “es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas”.