«Hay un uso arbitrario y excesivo de la Ley Antiterrorista. A ninguno de los detenidos se le ha aplicado ningún otro delito y, según el gobierno, tenemos 2 mil 229 terroristas. Todos han sido acusados de terrorismo”.

La advertencia la hizo el coordinador de la ONG, Provea, Marino Alvarado, quien advirtió que, ni siquiera en los tiempos de Augusto Pinochet, en Chile, se había desatado tal persecución contra la dirigencia, como ocurre actualmente en Venezuela.

«Desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, en América Latina no ha existido represión como la que se ha desatado en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y hasta el momento», dijo Alvarado, en el programa Vladímir a la Carta.

En este sentido, el especialista en derechos humanos puso como ejemplo el caso de Ana Carolina Guaita Barreto, periodista del medio digital La Patilla.

Comentó que «se produjo una desaparición masiva de personas, lo que se conoce como desapariciones forzadas de corta duración, es decir, que los familiares llegaron a estar hasta 10 días sin saber dónde se encontraban los detenidos».

A su juicio, “hubo una abierta, descarada, violación del debido proceso. Ninguna de las personas detenidas ha podido tener abogado de confianza, lo que está contemplado en la Constitución, y se les impuso un abogado público”.

Alvarado expuso que igualmente “se desarrollaron múltiples iniciativas represivas, usando las plataformas de contrainteligencia del Estado, para convertir al ciudadano en un sapo que delatara a sus vecinos, lo que acompañaron con una política de intimidar a las familias para que no denunciaran”.

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Al ser consultado sobre las muertes ocurridas durante las protestas del 29 y 30 de julio, Alvarado manifestó que «la gran mayoría de los asesinatos ocurrieron por disparos de la fuerza pública o por grupos de paramilitares progobierno».

“Hubo una masacre que ocurrió frente a la Brigada 42 del Ejército en Maracay, donde murieron seis personas en un mismo espacio. Ahí también muere un guardia nacional y hay indicios de que esta muerte pudo producirse por los disparos desde la brigada”, denunció.

Ante esto, Alvarado instó al fiscal general, Tarek William Saab, a comenzar a investigar a los autores materiales» de estos hechos.

También dijo que el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, tiene «una altísima responsabilidad por omisión en todo lo que ha venido ocurriendo desde los comicios».

“Él no ha dicho ni una sola palabra sobre las arbitrariedades que se han cometido en el país: desapariciones masivas forzadas, detenciones arbitrarias, aplicación indiscriminada de la ley contra el terrorismo”, puntualizó.

Para el activista por los Derechos Humanos, Marino Alvarado, Venezuela tiene uno de los retos más grandes en la lucha contra la corrupción, porque los poderes públicos en el país están secuestrados.

En un video publicado por la ONG Transparencia Venezuela, Alvarado señala que el trabajo contra este flagelo se hace cuesta arriba en el país porque «no tenemos un Ministerio Público independiente, no tenemos un poder judicial ni un contralor independientes».

«¿Cómo enfrentar la gran corrupción?», pregunta el activista, quien lamenta que el reto sea así de grande, «porque la cúpula que gobierna y muy posiblemente muchos de sus altos funcionarios están involucrados en hechos de corrupción y controlan las instituciones».

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«El reto es cómo y qué hacer», afirmó.

Las declaraciones de Alvarado se producen cuando la administración de Nicolás Maduro tiene una supuesta lucha contra la corrupción en varias empresas y organismos del Estado, con la imputación de unos 22 exfuncionarios, pero sin dar respuestas a casos emblemáticos ocurridos en años anteriores.

Venezuela figura actualmente en la lista de los países donde no se hace casi nada contra la corrupción.

#28Jul⚖️ "EL RETO ES CÓMO Y QUÉ HACER"El abogado @marinoalvarado planteó la pregunta ante la situación actual del sistema judicial venezolano frente al flagelo de la corrupción en el país.?: @NoMasGuiso?️ Visita https://t.co/CF7ETGfizxpic.twitter.com/htfqqFCXvv

El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, aseguró que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela asisten a las personas más necesitadas y a quienes el Estado ha abandonado y no tienen recursos económicos.

“Lo que hacen las ONG que trabajan con adultos mayores de muy bajos recursos es garantizarles, en muchos casos, la alimentación y algo de calidad de vida, que es una responsabilidad del Estado, pero no la cumple”, dijo, en referencia a la «Ley Diosdado», que pretende regular a las ONG y que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.

En entrevista con Radio Fe y Alegría, Alvarado desestimó el discurso del oficialismo acerca de que nadie controla la actividad de esas entidades.

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«El discurso del gobierno apunta a hacerle creer a la gente que las ONG en el país no tienen ningún tipo de control. Sin embargo, en el caso de Provea se registró formalmente ante las instituciones del Estado en 1988 y reporta regularmente al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), porque debe que cumplir con la legislación tributaria», explicó.

“Pagamos impuestos municipales y en los casos cambiarios, que tienen que ver con convertir la moneda extranjera en bolívares, hay toda una regulación del Banco Central de Venezuela, que la conoce”, agregó Alvarado.

Agregó que uno de los objetivos de Provea, es «atender a los familiares de las personas víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad, brindándoles atención jurídica».

También ofrecen apoyo a los adultos mayores que protestan en la calle para que haya pensiones dignas en Venezuela.

“A esas personas más necesitadas es a las que nosotros, las Organizaciones No Gubernamentales, dedicamos buena parte de nuestro esfuerzo y la cooperación que recibimos va destinada a servir a todas estas personas sin cobrar ni un centavo”, remarcó.

Más allá de lo positivo que pueda ser que finalmente el oficialismo y la oposición hayan comenzado el diálogo, el resultado del acercamiento es lo que interesa. Y es que para el coordinador de la ONG, Provea, Marino Alvarado, lo importante es que esta negociación redunde en beneficios para la población venezolana. De eso, a su juicio, dependerá la legitimidad de este proceso.

«Si el norte de ese diálogo no es pensar y lograr avanzar en medidas concretas en beneficio de la población, poca legitimidad tendrá y generará mayor desesperanza», alertó Alvarado.

Sostiene que «el conflicto venezolano necesita salidas pacíficas y en el marco de la Constitución». Y argumentó que «en la historia de la humanidad se ha evidenciado que aún en las más intensas confrontaciones, hay momentos en que las partes establecen vías de diálogo para el cese de las hostilidades».

No obstante, alertó que el diálogo «no significa necesariamente el cese de la confrontación. Puede garantizarse que sea canalizada de manera diferente. Esto, a través del mutuo reconocimiento y avanzando en algunos compromisos básicos de actuación conjunta».

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Marino Alvarado considera, en un artículo de opinión, que este proceso tiene algunas diferencias con los que se intentaron anteriormente. «Este se da en un contexto nacional muy diferente. Y ello le da una particularidad muy distinta que no pueden obviarse en cuanto a las expectativas y exigencias que desde la sociedad civil debemos presentar a las dos partes».

Agrega que «las discusiones se producen en un contexto en el cual el país padece una emergencia humanitaria compleja. A tal nivel que se ha requerido la necesidad de un auxilio mediante la ayuda humanitaria aportada por la ONU, gobiernos y otras instituciones internacionales».

Destaca que son «millones de familias en situación de pobreza, millones de personas pasando hambre. También altos niveles de desempleo, salarios miserables y un caos generalizado en los servicios públicos: Sumado a la crisis extendida y continuada en materia de salud y educación».

A ello «hay que agregar los altos niveles de inflación y el deterioro de la capacidad productiva del país. Todo, incluyendo la industria petrolera e inseguridad jurídica para la inversión nacional o extranjera».

Para el directivo de Provea, «las conversaciones se dan igualmente en un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Tanto que se constituyen en crímenes de lesa humanidad».

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No en vano, «mientras en México se dialoga, continúan realizando su trabajo la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional», recordó.

Dijo que estas instituciones «se enfocan en evitar que haya impunidad ante los crímenes perpetrados. Una expresión de esos crímenes son los más de 250 presos políticos. Además de miles de personas sometidas a procesos penales por disentir. Así como miles de ejecuciones extrajudiciales realizadas por policías y militares».

«Todo ello con unsistema de justicia de espaldas a los derechos de la gente, al servicio de la persecución por motivos políticos y garante de impunidad», remarcó.

Alvarado resalta que este «diálogo se realiza en medio de una emergencia nacional de salud por la COVID-19. Emergencia que cobra cada mes cientos de vidas y sin ninguna voluntad de las autoridades en plan serio de vacunación masiva. Se sigue manejando la pandemia con criterios excluyentes que impiden sumar todas las capacidades posibles para una respuesta adecuada», alertó.

En este contexto, Marino Alvarado cree que «centrar las conversaciones y posibles acuerdos electorales es dejar de lado a millones que les gustaría votar. Pero su preocupación fundamental es lograr al menos una comida diaria».

Cree que sería «dar la espalda a miles de familias que también les gustaría participar en algún proceso electoral, pero que luchan día a día para que se logre justicia al ser víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Implicaría no escuchar las voces del personal de salud y de una población que aspira a ser vacunada pronto».

En consecuencia, considera que se debe exigir a quienes dialogan «que se logren acuerdos que permitan: un plan consensuado de vacunación masiva. También facilitar el ingreso de las instituciones nacionales e internacionales con voluntad de otorgar ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables».

A esto se agrega «la libertad para todos los presos políticos civiles y militares y garantías para el regreso de los exiliados. Reinstitucionalización con renovación; respetando los procedimientos establecidos en la Constitución, de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo y Fiscal General».

Señala que se debe pedir la «desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana. Igualmente la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Así como lograr condiciones adecuadas para que los partidos políticos puedan participar sin obstáculos en cualquier contienda electoral y se establezca un cronograma comicial con un Consejo Nacional Electoral independiente».

Piensa que se deben «exigir además acuerdos para adoptar medidas que permitan recuperar el salario de los trabajadores, pensiones dignas para los adultos mayores y un plan de reactivación de empleo y apoyo al sector agrícola, comercial e industrial con una ruta para frenar la inflación y aumentar la productividad».

Finalmente, Marino Alvarado opina que se tiene que «reclamar un alto al cierre del espacio cívico y el cese a la persecución a las organizaciones de la sociedad civil. No nos conformemos con ruta electoral y condiciones para los partidos políticos. La situación del país exige mucho más».

Para Marino Alvarado, miembro de Provea y activista por los DD.HH, lo que está ocurriendo en Apure es «una derrota» para la administración de Nicolás Maduro, pero lo es más para su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El pronunciamiento de Alvarado surge tras la declaración de las disidencias de las FARC sobre el secuestro de militares venezolanos. Los mismos son «prisioneros de guerra», según los guerrilleros, a tal punto que pidió a la Cruz Roja que intervenga para entregarlos.

Según Alvarado, el silencio de Padrino no se justifica. «Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; y Remigio Ceballos le deben una explicación al país. Un ministro serio, ante tal descalabro militar y comunicacional por parte de la Fuerza Armada, renunciaría, dijo por Twitter.

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«Además de una derrota militar el 23 de abril, el gobierno hoy tiene una derrota comunicacional por ese empeño en manejar la situación en Apure sin trasparencia ante las familias de los militares y ante el país», manifestó.

Efectivamente, la información sobre la desaparición de los militares, se conoció a través de la ONG Fundaredes. Posteriormente, la misma institución difundió el comunicado de las disidencias donde admitían el secuestro de los militares, a quienes califica como «prisioneros de guerra».

Y finalmente, este martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que recibió un mensaje del grupo guerrillero.

Mientras el gobierno guarda silencio sobre la captura desde el 23 de abril de militares venezolanos en calidad de rehenes de las FARC, @FundaREDES_ informó hace dos días y hoy las FARC confirman dicha captura.

Maduro, el ministro de la defensa @vladimirpadrino y @CeballosIchaso le deben una explicación al país. Un ministro serio ante tal descalabro militar y comunicacional por parte de la Fuerza Armada, renunciaría.