La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”, tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.

“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, señaló en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión presentó este viernes 20 su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que pudo documentar (como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual) son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por prestar algún servicio en los actos de campaña de la oposición, señala la agencia Efe.

#20Sep ?️ "OPERACIÓN TUN-TUN"La Misión de la ONU sobre Venezuela alertó de masivas detenciones en manos de agentes policiales que ingresaron a las casas sin órdenes judiciales. “En varios casos no conocían ni el nombre de la persona a detener”?: @_Provea pic.twitter.com/tnbeZrRZFv

Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos “seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.

«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos», dijo Marta Valiñas.

A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se pudo confirmar la muerte de 25 personas, que fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.

“La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se documentó la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”, indicó Valiñas.

#20Sep?️ "FUERON IMPUTADOS POR TERRORISMO"Misión de la ONU sobre #Venezuela documentó que 158 niños, algunos con discapacidad, fueron detenidos tras las protestas postelectorales. "Hay graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez”?@_Provea pic.twitter.com/C7MkpVMzME

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La presidenta de la Misión indicó que se identificó “una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico” entre otros.

La jurista sostuvo que la comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se cometieron y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia”.

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral fue generada “por la derecha fascista de Venezuela” que “empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.

“No fueron protestas pacíficas”, señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de “grotesca burla escrita”.

Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró “la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.

Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la “verificación imparcial de los resultados electorales” y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.

#20Sep ?️ "VIOLACIONES DOCUMENTADAS"Misión de la ONU sobre Venezuela concluye que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país "constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”?: @_Provea pic.twitter.com/ZpQfoq7cFy

El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.

La advertencia la hizo Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su último informe, relacionado con los hechos posteriores a las elecciones del 28 de julio.

Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.

«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.

El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

#17Sep ?️ "ESTA REPRESIÓN ALCANZÓ UN NIVEL SIN PRECEDENTE" Misión de la ONU sobre Venezuela denuncia que la "Operación Tun, Tun" generó 2.229 detenciones, donde se cometieron graves violaciones al debido proceso, incluyendo torturas y malos tratos?: @_Provea pic.twitter.com/iXM6IbQ0vV

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En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas.

Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición.

En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.

La Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.

«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.

Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.

«El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.

El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.

«Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato», concluyó el informe.

Integrantes de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, presentaron este martes ante el Consejo de DD.HH, de la ONU, su más reciente informe sobre Venezuela, donde ratificaron la denuncia acerca de que «los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro continúa cometiendo graves violaciones a los DD.HH.» en el país.

Estos crímenes «permanecen impunes”, afirmó Marta Valiñas jefe de esa misión, quien hizo énfasis en que estas violaciones se han recrudecido desde septiembre del años pasado, cuando el grupo presentó otro informe.

La vocera identificó dos formas de cometer estas violaciones.

«Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».

Igualmente, alertó que «los numerosos eventos registrados durante el período de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades».

Agrega que la misión observa «una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno».

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Valiñas puso como ejemplo las acciones contra la candidata de la oposición, María Corina Machado y su equipo de campaña, además de las órdenes de aprehensión contra aquellos que supuestamente trataron de afectar el referendo consultivo del 3 de diciembre, entre ellos el presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul.

Se refirió expresamente a la detención de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, integrantes de Vente Venezuela, lo que calificó como «la desaparición forzada de mayor duración investigada por la Misión durante este período de actualización», puesto que durante 27 días no se supo de su paradero.

Sobre este 2024 y el contexto electoral, dijo que «empezó con anuncios y acciones por parte de las autoridades venezolanas aún menos alentadoras para el ejercicio de los derechos humanos».

Y citó la activación de la llamada «Furia Bolivariana», a la que responsabilizó por la «multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición» que forman parte de un «patrón de represión violenta».

Igualmente, mencionó el caso «Brazalete Blanco» y sobre el mismo dijo que se han producido «detenciones selectivas»

Y en este sentido, alertó sobre la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, «sin orden judicial».

«Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión», lamentó.

También denunció las acciones contra la familia de San Miguel. «Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión», insistió.

Valiñas reportó, para concluir, que en esta actualización hay «indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes».

Y denunció que el Ministerio Público, «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas».

#20Mar ¡IMPORTANTE! ?️La Misión de la ONU sobre Venezuela informa que han identificado indicios de que los cuerpos de seguridad de Maduro continúan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el país: “Que permanecen impunes”.? @_Provea pic.twitter.com/Or2zZVMrJ9

«Hasta el día de hoy se están cometiendo graves violaciones de DD.HH. en Venezuela y estas violaciones no son aisladas, sino que son parte de una política estatal para reprimir la disidencia”.

La afirmación la hizo Marta Valiñas, presidenta de Misión Internacional de determinación de hechos sobre Venezuela, quien presentó un informe donde alerta que en el país se han registrado 43 nuevos casos de violación de DD.HH., 72 víctimas individuales, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura en detención a disidentes.

Se trata del cuarto infoeme presentado por la misión desde el 2020, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.

Asimismo, se han documentado 51 casos de persecución contra medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos.

«Estas personas son acusadas de cargos como terrorismo por ejercer su libertad de expresión y protesta», señaló por su parte la otra integrante de la misión, Patricia Tappatá.

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El documento aclara que, aunque desde el 2020 «parecen haberse reducido los abusos» contra los opositores, hay «mecanismos más selectivos» para la represión.

«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil tales como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos», subrayó Valiñas.

Alerta que «la crisis institucional en Venezuela, la pérdida del Estado de derecho y la incapacidad del régimen para resolver esos problemas son los puntos de inflexión para que en el país vuelva a prevalecer la garantía fundamental y los derechos que tienen los ciudadanos».

Igualmente, se denuncian las inhabilitaciones contra María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano y las calificó como «maniobras contra la disidencia política venezolana».

«La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre,que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los DDHH», alertó Valiñas.

«Siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los derechos humanos en Venezuela sea más crucial que nunca», enfatizó la experta.

#20Sep ?️ "LA REPRESIÓN SE HA VUELTO SELECTIVA"La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos entrega el cuarto informe sobre Venezuela ante el Consejo de DD.HH. de la ONU"Se envía el mensaje de que el Estado puede en cualquier momento reprimir de… pic.twitter.com/v97t8EKNLV

«Actores estatales y no estatales han cometido delitos y violaciones a los DD.HH, incluidos: asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».

Así se resume el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado oficialmente este lunes, ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, ratificó el contenido del documento dado a conocer la semana pasada en una rueda de prensa y que, al ser presentado este 26 de septiembre, busca que el UNHRC apruebe una resolución que extienda el trabajo de la instancia.

La vocera enfatizó que «tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas, a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas».

«Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración», subrayó.

Niega que estos delitos hayan sido cometidos «individualmente», puesto que quienes los infringieron «forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores».

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En su declaración de este lunes, Valiñas no mencionó a Nicolás Maduro, pero el informe sí lo hace.

No obstante, sí menciona al director del Sebin, Gustavo Enrique González, así como al máximo jefe de la Dgcim Iván Rafael Hernández. «Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas», aseguró Valiñas.

Una vez más, Valiñas asegura que ambos organismos continúan actuando hasta el presente, bajo «un clima de total impunidad».

«Las violaciones de derechos humanos que esta Misión ha documentado han ocurrido en un clima de casi total impunidad. Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas y todos ellos han sido de bajos rangos», señaló.

También denunció que funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, la semana pasada, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.

#RT @eldiario: #26Sep | Marta Valiñas señaló que el Sebin y la DGCIM utilizaron la violencia sexual para humillar e intimidar a los detenidos "a través de descargas eléctricas, golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones".?: @_Provea pic.twitter.com/waaAbVNp0A

#RT @eldiario: #26Sep | Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, recordó que documentaron 122 detenidos en la DGCIM. 77 de ellos fueron víctimas de tortura, violencia sexual y tratos inhumanos.?: @_Provea pic.twitter.com/Mcj6WHkVa4