Cuatro menores indígenas de la comunidad Murui fueron reclutados a la fuerza por el bloque «Carolina Ramírez» de las Farc en el Putumayo.

Los jóvenes entre 14 y 16 años permanecieron cerca de dos meses en las filas del grupo armado ilegal.

Caracol informó que el pasado 17 de mayo los cuatro menores indígenas fueron encontrados masacrados en límites entre Caquetá y Amazonas, pues, según manifiesta la comunidad, llenos de valentía, intentaron huir de las manos de las disidencias, pero en medio de su carrera a la libertad les arrebataron la vida.

“Los niños se fugaron con armamento y todo. Con dotación que les entregan a ellos, regresaron a la comunidad y solicitaron al cabildo que, por favor, le entregaran esas armas a los comandos que pasan o que se movilizan en este sector”, sostuvo Carlos Garay Martínez, líder indígena de derechos humanos.

Lea también: ¡MATANZA SIN PIEDAD! 4 jóvenes fueron asesinados en el Putumayo

Los cuatro menores indígenas pidieron a la comunidad que los trasladaran lo antes posible a Araracuara para huir de la violencia a Bogotá.

“Mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder movilizar a los jóvenes, llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad” contó Garay a Noticias Caracol.

El pasado 14 de marzo, a la comunidad de la vereda Altos del Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo) le llegó una invitación.

Se trató de la convocatoria a un bazar los días 26 y 27 del mismo mes; y con un “gran remate” el lunes 28 de marzo.

Lo que no se ha dicho hasta el momento es que quienes invitaron, tal como consta en el documento que repartieron entre la comunidad, fueron integrantes del CDF (Comando de Frontera)

Así es como se conoce a las disidencias de las Farc del frente 48, pertenecientes a la Segunda Marquetalia, cuyo jefe máximo es alias Iván Márquez, y que se dedican principalmente al negocio del narcotráfico.

Efectivamente, la invitación habla de “encuentros deportivos masculino y femenino”.

El valor del puesto por equipo oscilaba entre los 70.000 y los 100.000 pesos.

También se habló de “desafíos gallísticos” y un premio con una botella de “Bukana” a la “pelea más rápida”.

Así mismo se señaló que el bazar iba a ser “amenizado con un potente sonido” y que había actividades de baile.

La revista Semana conoció que los investigadores tienen claro que este bazar no fue preparado por la comunidad para buscar recursos con el fin de construir una placa-huella.

Por el contrario, se habría tratado de un “bazar cocalero” obligatorio en esta zona selvática y apartada de la geografía nacional, en la frontera con Ecuador, bañada por las aguas del río Putumayo.

El fin del bazar habría sido concretar la comercialización de la pasta de base de coca, pues los disidentes de las Farc, del GAOR 48, de la Segunda Marquetalia, comprarían allí dicho insumo para el procesamiento de coca.

Luego, sería sacada en lanchas del Alto Remanso para ser trasladada a laboratorios donde se procesaría y se enviaría hacia los mercados internacionales.

Los encargados de promover este “bazar cocalero” serían alias Bruno y Managua, pertenecientes a la misma organización criminal, bajo las órdenes directas de Giovanny Andrés Rojas, alias Andrés Araña.

Esta organización criminal, que controla el negocio del narcotráfico en la zona, cuenta con aproximadamente 470 integrantes armados.

Una de las principales características de este grupo delincuencial, que ya había sido detectada por las autoridades, es que, a diferencia de otras disidencias, actúan de civil y se mimetizan entre la población.

Lea también: TIEMBLA IVÁN DUQUE: por incursión militar en Putumayo donde mataron civiles piden la cabeza de Diego Molano

A los investigadores les ha llamado la atención varias evidencias, entre ellas las cajas del fino whisky de marca Buchanas en un bazar en una vereda de campesinos sin capacidad adquisitiva para comprar este tipo de bebidas, donde las costumbres son otras entre sus pobladores.

También se conoció que este no sería el primer “bazar cocalero” organizado por las disidencias de las Farc en la región en lo corrido del año.

En la vereda La Reformita se habrían hecho dos bazares cocaleros, el 22 y 23 de enero.

En el Alto Remanso se habrían hecho cuatro: el 1 de enero, el 9, el 12 y el 14.

En la vereda La Playa se habrían organizado dos, entre el 5 y el 7 de enero. En el mes de febrero, en las mismas poblaciones, se habrían hecho 17 bazares. Y en marzo, por lo menos 11.

Todos los bazares habrían sido propiciados por el GAOR 48 con multas para quienes incumplieran y todos con la misma característica: millonarias comercialización de pasta de base de coca.

El Ejército inició la operación a las 7:20 de la mañana del 28 de marzo, el día del remate, cuando ya la pasta de base de coca había sido sacada del lugar, según fuentes oficiales.

Lo que pasó en la vereda Altos del Remanso habría sido simplemente una actividad más de los disidentes de las Farc, sometiendo a los habitantes bajo terror de las armas y su poder en una zona que es tierra de nadie.

Las autoridades lo detectaron y duraron siete meses en labores de inteligencia para detectar cuál era el papel de las disidencias y quiénes eran los cabecillas que manejaban el negocio de la droga.

Lea también: SIN TREGUA el Ejército de Colombia abatió a once disidentes de las FARC en Putumayo

Tan pronto se acabaron los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en la vereda Altos del Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), el Ejército se dio cuenta de que 11 presuntos disidentes relacionados con el GAOR 48, de la Segunda Marquetalia, murieron.

Los cuerpos sin vida quedaron dispersos entre los árboles, el río, los alrededores de la cancha principal y el embarcadero.

– El primero en ser identificado fue alias Managua, cuya identificación sería Enuar Ojeda Sánchez. Este hombre sería “cabecilla de comisión, encargado de compra de pasta base sobre el sector para la estructura GAOR 48 bajo el direccionamiento de alias Pasinga”.

Documentos oficiales señalan que este hombre habría realizado actividades de reclutamiento forzado y que aparentemente era conocido por los Comandos de Frontera, del GAOR 48, como alias Managua o Jairo.

También le adjudican el supuesto autor material del asesinato de tres personas en el sector de Lupita, en Perú.

Sería oriundo de Huila y, como señal característica, tenía cicatriz en dedos de una mano.

– Alias Rogelio sería identificado como Jhon Jairo Silva Mutumbajoy. Este hombre es el mismo que aparece en un video grabado por el grupo de asalto desde una mirada en la cual se le observa de buzo rojo y portando un arma en la espalda.

Este hombre habría hecho parte de las extintas Farc y habría pagado cárcel. En el GAOR 48 se encargaba, supuestamente, de la compra de pasta de base de coca.

También estaría relacionado con los Comandos de Frontera y, al parecer, se desmovilizó en el 2017, según un certificado ACOPA, con resolución de noviembre de 2017.

– Alias Gordo Anillo o Chiqui. Su posible identificación es Rubén Darío Peña Escarpeta. Este sería un lanchero de confianza del GAOR 48 y de alias Pasinga. También es conocido con los alias de Jhon o El Gordo.

Al parecer, era el encargado de realizar las anotaciones de la pasta de base de coca que comercializaba alias Bruno.

Las autoridades tienen un dossier fotográfico donde, aparentemente, este mismo hombre aparece con base de coca en sus manos y con un arma de fuego.

– Alias Crespo o Enano. Su posible identificación sería José Antonio Peña Otaya. También sería conocido con el alias de Avispa.

Aparentemente hacía parte de la comisión “del sujeto alias Mono Faiver en el sector de Las Piñuñas y posteriormente de la comisión del sujeto alias Reinaldo por el sector del Hacha, quienes serían presuntos cabecillas de comisión del GAOR 48″.

Este hombre, a quien también conocerían en los Comandos de Frontera como alias “Salcerín”, habría hecho parte de la seguridad de alias Bruno. En su registro fotográfico aparece vestido de civil y también de camuflado.

– Alias Monito. Su posible identificación es Alexander Peña Muñoz. Al parecer portaba un chaleco y un arma larga el día del operativo, el 28 de marzo. Estaría al servicio de alias Rogelio, de GAOR 48.

– Alias Pantalón. Su posible identificación es Pablo Panduro Coquinche. El registro que tienen sobre él las autoridades es muy particular y dice: “Personal comprometido en la operación militar manifiesta observar durante el desarrollo de la maniobra a esta persona portando el arma larga y disparando hacia la tropa, tenía fusil con mira”.

En el mismo informe, en manos de SEMANA, se lee que sería el gobernador indígena de la comunidad Kichwa. Un desmovilizado aseguró que supuestamente hacía parte del GAOR 48.

– Alias Alexander o Loco. Su posible identificación es Luis Alfonso Guerrero Martínez. Lo relacionan supuestamente con alias Cirugía, del GAOR 48. Nació en Rovira (Tolima).

– Alias Dayana. Su posible identificación es Ana María Sarrias Barrera. En las fotografías de registro aparece como compañera sentimental de alias Gordo.

Según se lee en los reportes oficiales, habría estado relacionada con alias Caballo, del GAOR 48. Además, habría estado “en el sector de Bellavista en las confrontaciones con el GAOR, CR”.

– Alias Gordo. Su posible identificación sería Divier Hernández Rojas. Entre los elementos que están en poder de los investigadores aparece una fotografía que fue colgada en su Facebook, sosteniendo un arma corta.

Lo relacionan con alias Pitufo, del GAOR 48, y lo señalan de supuestamente prestar seguridad en su momento a la compañera de este cabecilla.

Lo identifican como presidente de la junta de acción comunal y a su vez lo relacionan con las disidencias de las Farc. Sería oriundo de Florencia.

– Un menor de 16 años, cuyo nombre se mantiene en reserva. En el reporte oficial se señala: “Personal comprometido en la operación militar manifiesta observar durante el desarrollo de la maniobra a esta persona portando arma larga, realizando desplazamiento en posición de combate, en dirección hacia la tropa”.

– Oscar Oliva Yela. Sobre él, el informe asegura: “Personal comprometido en la operación militar manifiesta que durante el desarrollo de la maniobra vio a esta persona portando arma larga disparando hacia la tropa, al caer herido, se esconde en una vivienda desde continúa disparando hacia la tropa, posteriormente sale sin ropa”. Nacido en Puerto Asís (Putumayo).

Alias Bruno, uno de los comandantes de esta estructura de las disidencias de la Segunda Marquetalia, se habría escapado y, por tanto, salvado de la intervención militar.

Es importante destacar que esta organización criminal del GAOR 48, según las autoridades, ha funcionado como una especie de empresa del crimen, dedicándose plenamente al narcotráfico y contando incluso con estatutos, contenidos en un documento de 18 páginas y llamado “Compendio de instrucción”.

Hay un capítulo de fundamentos y pensamiento ideológico. La misma estructura se llama así mismo como “empresa”, tiene una organización y una jerarquía.

En este documento justifica el rearme, identifican a su supuesto enemigo y dejan en evidencia que son una “facción narcotraficante”.

Además se identifican como enemigos directos de la estructura Carolina Ramírez de las Farc; del Estado; del Gobierno y de las Fuerzas Militares.

Llama la atención que en este documento hablan de gastos funerarios, atención médica para convencer y respaldo jurídico a los integrantes de dicha disidencia de las Farc. Todos vestirían de civil y estarían dedicados al negocio del narcotráfico.

Lea también: ONU identifica las seis zonas más violentas de Colombia

El 25 de septiembre de 2021 llegó la primera información de inteligencia que desembocó en la operación militar en la vereda Altos del Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), el pasado 28 de marzo, en la que murieron 11 presuntos disidentes de las Farc.

El 10 de marzo de 2022, empezaron los días cruciales para poder ejecutar el operativo, a cargo del Batallón contra el Narcotráfico No. 3.

El 11 de marzo ya había un esquema de inteligencia básico. Entre el 12 y el 16 de marzo inició el proceso militar de toma de decisiones.

El 17 de marzo, el Ejército contaba con una emisión o una orden de operación.

Ese mismo día se inició una inserción de asalto aéreo.

Desde entonces, hasta el 25 de marzo, estaba en marcha la infiltración.

Ese mismo día, hasta el 26, se inició la exploración y el despliegue de equipos y se analizó la presencia de 350 civiles en lo que sería el “bazar cocalero” en la vereda Altos del Remanso, organizado por integrantes de Comandos de Frontera, del frente 48 de las disidencias de las Farc, de la Segunda Marquetalia.

El 27 de marzo los hombres en tierra del Ejército detectaron la llegada de una lancha con 10 hombres armados que se atrincheraron en el burdel de Altos del Remanso.

Ese mismo día, hacia las 6.05 p.m., los comandos de alta precisión piden permiso para empezar a actuar.

Sin embargo, “no se realiza la operación por alta presencia de civiles”, según se lee en uno de los documentos oficiales sobre el operativo, obtenidos en exclusiva por Semana.

Hacia las 9:00 p.m. de ese 27 de marzo, luego de detectar que los hombres armados consumían licor, se coordinaron los apoyos con la Armada.

Vinieron varias horas de observación y de alerta con todas las unidades desplegadas en los alrededores de la vereda.

Ya el 28 de marzo, hacia las 6:40 de la mañana, se ubican los miembros de la supuesta estructura criminal y hacia las 7:20 de la mañana “se realiza disparo TAP discriminando objetivo”, dice el documento en poder los investigadores.

A partir de ese instante se habrían iniciado fuertes combates, según el relato de los soldados que estuvieron presentes en el operativo.

La balacera duró aproximadamente 2 horas. Los militares cuentan que recibían disparos desde el lado ecuatoriano, mientras ellos tenían sus principales unidades apostadas en forma de semicírculo entre los árboles, cubriendo la cancha, el burdel, las casas de los habitantes y el embarcadero.

En medio de los combates resultó herido el soldado Robinson Beleño, quien recibió tiros de fusil en uno de sus brazos.

A las 9:16 a.m., en medio de los feroces combates contra los integrantes del Batallón contra el Narcotráfico No. 3, les llegó apoyo de la Fuerza Aérea.

Veinte minutos después también llegó el apoyo de la Armada.

A las 9:52 de esa mañana ingresó la fuerza de reacción inmediata y se evacuó al soldado Beleño. Hacia las 11:50 a.m. hizo presencia el CTI de la Fiscalía y se cumplió la evacuación de los heridos, según la versión de las autoridades.

Este punto resulta bastante interesante por cuanto algunos habitantes de la zona aseguraron que la Fiscalía nunca hizo presencia y que, supuestamente, se habría alterado la escena de los hechos.

Pero está probado que el CTI llegó al lugar y estuvo presente siguiendo minuciosamente el caso de cada una de las 11 personas muertas que harían parte de la disidencia de las Farc, del GAOR 48, de la Segunda Marquetalia.

Entre tanto, los cuatro heridos quedaron oficialmente registrados. Se trata de Ingri Nalleli Jipa Pama, de 19 años, quien fue dada de alta el pasado 30 de marzo.

Así mismo, Vanesa Andrea Rivaliza Reyes, de 17 años y en estado de embarazo, puesta a disposición de Bienestar Familiar.

La otra persona herida fue Nora Andrade Cerón, de 40 años, quien tenía una medida de detención domiciliaria en Puerto Asís por el delito de tráfico y tenencia de estupefacientes.

Sin embargo, estaba en el lugar de los hechos. Ella sigue hospitalizada.

El cuatro herido fue identificado como Wilinton Luciano Galindo, de 38 años, y ya fue dado de alta.

Ingrid Nalleli, según los investigadores, habría sido observada prestando los primeros auxilios a alias Dayana, una presunta disidente de las Farc que resultó muerta en el operativo.

Según la tropa, Ingrid Nalleli, ese día, habría sido vista “recogiendo y arrojando el armamento y radio del sujeto alias Gordo Anillo o Chiqui al río Putumayo”.

Esta mujer, al parecer, sería integrante de la comisión de alias Bruno, del GAOR 48.

Los militares que participaron de la operación aseguran que, con el permiso del CTI, habrían tenido que mover dos cadáveres que quedaron sobre un barranco a punto de caer a las aguas del río Putumayo. Y niegan que hayan alterado la escena de los hechos.

Pero ese día en Altos del Remanso las cosas no terminaron ahí. Hacia las 4:30 p.m., habría habido un intento de asonada de algunos miembros de la población civil.

Integrantes del cuerpo de asalto que realizó la operación les dijeron a los investigadores que la situación se puso tan complicada que tuvieron que obligar a la comunidad a ubicarse en la cancha principal porque había temor de que hubiese más personas armadas en las casas ya que todos habían estado de civil, tanto los pobladores como los presuntos disidentes de las Farc.

Así lo prueba una fotografía en la que un militar se ve custodiando a los habitantes en la cancha mientras ellos están de espalda, mirando hacia el río.

El tiempo que pasó en esta situación permitió que los militares pudieran cerciorarse de que la vereda estuviera bajo control.

A las 5:58 de la tarde de ese 28 de marzo, el CTI y la unidad de asalto salieron del lugar y empezó a desarrollarse toda la investigación, mientras se hacían las inspecciones aéreas durante varios días, así como las pruebas de balística y las necropsias a los cadáveres.

En la operación terminaron siendo incautados cinco fusiles, una pistola, 182 municiones calibre 7.62 mm y 561 municiones calibre 5.56 mm. También se incautó una suma de 9.850.000 pesos.

Los militares niegan haber incautado más dinero o haberlo tomado a la fuerza, lo cual contrasta con la versión de algunos habitantes en la zona.

Otro punto a resaltar es que el Ejército reconoce que sus hombres iban vestidos de negro.

La institución asegura que ese es el traje que utilizan las unidades dedicadas a las operaciones especiales contra el narcotráfico.

Lea también: ONU denuncia: siguen APRETANDO EL GATILLO contra líderes sociales y excombatientes

En el departamento del Putumayo, según cifras oficiales, hay 22.000 hectáreas de coca sembradas, ha habido 27 confrontaciones armadas entre 2021 y 2022, más de 100 asesinatos de los integrantes de las disidencias de las Farc en cinco años, 271 ataques contra la población civil en los últimos dos años (aproximadamente 11 por mes), ha habido 454 víctimas por mina antipersona en la última década y se cuentan 228 homicidios entre 2021 y 2022.

Actualmente hay una guerra el GAOR 48 de las disidencias de las Farc y el frente Carolina Ramírez, también disidente de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y Gentil Duarte.

La operación militar que realizó el gobierno de Iván Duque el pasado 28 de marzo en Putumayo, Colombia, donde abatieron a 11 presuntos disidentes de las Farc, ha causado conmoción en el país.

Resulta que en esa operación de las 11 personas fallecidas, según las organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de algunos habitantes de la zona, hay 7 civiles.

Entre ellos el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, su esposa, un gobernador del pueblo indígena y un adolescente de 16 años.   

Ya el ambiente político en Colombia está caldeado por la proximidad de las elecciones presidenciales, el problema de la inseguridad y las incursiones guerrilleras.

Ahora, se agregan operativos militares para atrapar a cabecillas de grupos irregulares, donde caen guerrillero y civiles a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo que enardeció más el ambiente fueron las palabras del jefe del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, sobre el operativo que terminó en masacre en Putumayo.

Lea también: ¡¿MASACRE?! Operación militar en Colombia desata indignación

“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes”, dijo.

Estas palabras caldearon la situación, tanto que distintos sectores políticos exigen la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, que tendrá que comparecer ante el Congreso de la República para dar explicaciones por el operativo.

Los congresistas solicitaron un debate de moción de censura sobre Molano ante las numerosas dudas que ha generado el operativo que Duque presentó ante la opinión pública como un éxito contra las disidencias de las FARC.

El diario El País tuvo acceso a unas fotos que evidencian la manipulación de los cadáveres por parte del Ejército, donde se han podido confirmar que al menos cuatro de los muertos eran civiles.

También se conoció que el operativo se llevó a cabo durante una celebración comunitaria y hay denuncias de robo de dinero a la población por parte de los militares.

El debate en el Congreso de Colombia se realizará en dos semanas y promete porque será a pocos días de la primera vuelta electoral.

Este nuevo terremoto político le llega a Iván Duque mientras se encuentra en Nueva York para hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus acciones para implementar el acuerdo de paz con la guerrilla firmada en 2016.

Su política sobre el acuerdo de paz ha sido objeto de críticas por el incesante asesinato de excombatientes y el deterioro de la seguridad en el país.

Pese al escándalo de Putumayo, que ya lleva dos semanas, el presidente volvió a hacer una defensa férrea del operativo.

“Es importante tener claro que esa operación tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza pública y se ha obrado con todos los protocolos”, aseguró Duque.

Según el gobierno nacional, el operativo buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, de los Comandos de la Frontera, un grupo de las disidencias de las FARC, pero no se cumplió el objetivo.

La incursión militar se produjo la mañana del 28 de marzo en la vereda El Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo.

Entre los caídos de esa incursión está el gobernador indígena del pueblo Kichwa, Pablo Panduro; Divier Hernández y Ana María Sarrias, con dos meses de embarazo, presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa; y Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años.

Sobre ellos Iván Duque y su equipo de Seguridad del estado, comandado por Molano no dicen nada.

El único que habla es el comandante del Ejército que cada palabra hunde más al gobierno colombiano.

“Esta fue una operación de marcada en los derechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una operación planeada y estaba acompañada por una inteligencia dominante”, agregó el comandante del Ejército.