El Colegio de Médicos del estado Lara habría anunciado que Anya Puente, la mujer de 34 años que se encuentra detenida por haber practicado un aborto a una menor de 13 años, no estaría inscrita en dicho gremio como médico ginecobstetra.

La mujer aparece con un registro como médico comunitaria, pero no estaría inscrita en la especialización, tal y como lo reseña René Rivas, presidente del colegio de Médicos del estado Lara.

Nuestro compañero de labores, Sandino Ignacio Yaguare, comenta que el presidente del gremio de la salud en Lara, hace énfasis en que la mujer no ha mostrado ante el gremio sus credenciales como especialista, por lo que podría estar ejerciendo la medicina de manera ilegal.

Anya Puente fue detenida por la Policía Nacional Bolivariana, después de que fuese capturada justo cuando practicaba un aborto a una menor de 13 años, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en un consultorio privado.

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La médico comunitaria habría pedido supuestamente mil dólares para practicar el aborto a la menor de edad.

La PNB realizó un allanamiento en el consultorio privado, donde pudo recabar material de interés criminalístico. Al parecer, durante la visita domiciliaria, la policía habría encontrado un feto dentro de un recipiente para recolectar orina.

Algunas pacientes de la médico comunitaria acudieron han asistido al consultorio privado, para tener mayor información sobre el caso y saber qué hacer con sus controles de embarazo.

Marianny Guevara indica que tiene siete meses de embarazo y estaba en gestiones no solamente para dar a luz, sino también, para realizarse una esterilización con la galena que se encuentra tras las rejas.

María Pérez comenta que le tocará buscar otro médico. Al parecer, la médico comunitaria ya habría esterilizado a varias mujeres.

Mediante labores de inteligencia y seguimiento, fue detenido en flagrancia Anthony Delgado, médico comunitario de 28 años, en el Centro de Diagnóstico Integral, CDI,  Táriba municipio Cárdenas del estado Táchira, cuando le vendía dos salvoconductos a una ciudadana.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Base Territorial de Inteligencia (BTI), adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, quienes le incautaron al aprehendido 100 mil pesos colombianos, una prueba rápida del COVID-19, un teléfono celular, un sello húmedo y dos salvoconductos.

Trascendió que el galeno también comercializaba las pruebas rápidas, colocando en juego la salud del pueblo ante esta pandemia. 

Luego de su aprehensión fue traslado a la sede de las FAES por el delito de violación del decreto presidencial ante COVID-19 y forjamiento de documentos de uso del Estado, y junto a las evidencias fue puesto a orden de Ministerio Público.