“Nunca desde la creación del balance anual de Reporteros sin Fronteras en 1995 había sido tan elevado el número de periodistas encarcelados“, explica un comunicado de la organización con sede en París, publicado hoy, y que destaca además que del total, 60 son mujeres, otro récord.

Sin embargo, el número de periodistas asesinados ha bajado este año, en buena parte por culpa de los conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán o Yemen. Hasta el primero de diciembre de 2021 habían muerto 46 periodistas. “Hay que remontarse a 2003 para hallar un número de muertos inferior a 50”, explica el texto.

Treinta periodistas fueron asesinados deliberadamente, siete de ellos en México, el país más peligroso por tercer año consecutivo. En ese país han caído asesinados 47 reporteros en los últimos cinco años.

“Alimentada por la impunidad casi total, y ante la falta de reformas valientes de los gobiernos sucesivos (…), la espiral de violencia parece interminable”, denuncia el informe.

En Afganistán murieron seis periodistas a lo largo de este año, a causa de ataques y atentados con bombas. El país asiático, desgarrado por décadas de violencia, cuenta con el mismo número de decesos que México en los últimos cinco años, 47.

Además de los 488 periodistas oficialmente entre rejas, otros 65 están secuestrados.

El aumento del 20 % de periodistas encarcelados se debe en particular a la represión contra la libertad de informar en tres países: Birmania, donde una junta militar tomó el poder en febrero; Bielorrusia, que vivió una polémica reelección presidencial en agosto; y China, cuyo régimen comunista ha tomado el control total de Hong Kong.

Un tribunal de esa antigua colonia británica ordenó el miércoles la liquidación de la casa matriz del diario Apple Daly, un rotativo prodemocracia, que cerró este año luego de que sus bienes fueron congelados bajo una ley de seguridad nacional que China impuso a Hong Kong para sofocar la disidencia.

Respecto a 2020, el número de mujeres informadoras encarceladas ha aumentado en un tercio. Destaca el caso de Zhang Zhan, una periodista china, en estado crítico.

En Bielorrusia, más mujeres (17) que hombres (15) fueron detenidas este año, entre ellas, Daria Chultsova y Katsiarina Andreyeva, sentenciadas a dos años en colonia penitenciaria por haber retransmitido en directo en una emisora televisiva una manifestación no autorizada.

En cuanto a los secuestros, la organización terrorista yihadista Estado Islámico (EI) mantiene en su poder a 28 periodistas, el 43 % del total mundial, a pesar de que el grupo fue oficialmente derrotado en 2017. Hasta la fecha, las familias de esos reporteros siguen sin saber si están vivos o muertos.

Dos informadores mexicanos, Jorge Molotzín Cential y Pablo Felipe Romero, desaparecieron respectivamente el 10 y el 25 de marzo en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, recuerda Reporteros Sin Fronteras.

 La ONG Espacio Público denunció este martes una «escalada de violencia» de las fuerzas de seguridad del Estado contra los periodistas y medios de comunicación durante noviembre. A tal punto que, en el penúltimo mes del 2021 la organización contabilizó 103 violaciones a la libertad de expresión.

Según ONG, las más frecuentes fueron la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Son «acciones que buscan reducir la posibilidad ciudadana de buscar, recibir y difundir información».

Espacio Público computó 453 violaciones a la libertad de expresión desde que comenzó 2021 hasta el 30 de noviembre.

«Corresponden 236 casos, de los que 44,44 % tuvieron como víctimas a periodistas. Mientras que 20,83 % a medios de comunicación y 10 % a ciudadanos», detalló la ONG. No obstante, no precisó a qué ámbitos corresponde el 24,73 % restante.

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Destacó que durante las elecciones del 21 de noviembre, se registraron 54 violaciones a la libertad de expresión. Las mismas ocurrieron en Aragua, Lara, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo, Monagas y Cojedes.

Destaca el caso de la corresponsal de VPITV en el estado Lara, Andreína Ramos. Ella denunció que un miembro de las fuerzas de seguridad estatales «la amenazó con quitarle sus equipos de trabajo mientras hacía la cobertura en un centro de votación».

Además, en Mérida, «negaron el acceso a los centros de votación a cuatro periodistas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)», reseñó Efe.

«Unos de los casos más repetidos en este proceso de votación es el impedimento de los periodistas de cubrir el ejercicio del sufragio de los candidatos», explicó la ONG.

Por otra parte, aseguró que el 25 de noviembre en la localidad de Sabaneta, estado Barinas, la Alcaldía ordenó eliminar dos programas de la parrilla radiofónica de la emisora Play 101.1 FM.

Dos días después, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Monumental 94.1 FM en Santa Bárbara, en el mismo estado.

En Barinas se repetirán los comicios regionales el 9 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).