Un estudio publicado por la revista científica Journal of Human Development and Capabilities revela que los jóvenes de entre 18 y 24 años que recibieron su primer teléfono inteligente a los 12 años o antes son más propensos a presentar pensamientos suicidas, agresividad, desconexión de la realidad, mala estabilidad emocional, o baja autoestima.

Poseer un móvil antes de los 13 años también se asocia con una disminución de la autoestima y la resiliencia emocional entre las mujeres, y con una menor estabilidad, tranquilidad, confianza en sí mismos y empatía entre los hombres, cuando unas y otros se hacen adultos.

Redes sociales, salud mental, relaciones familiares, ciberacoso y trastornos del sueñoUn análisis más detallado indica que el acceso temprano a las redes sociales explica alrededor del 40 % de la relación entre la propiedad de un móvil en la primera infancia y la mala salud mental posterior, del 13 % de las malas relaciones familiares, del 10% del ciberacoso, y del 12 % de los trastornos del sueño.

La implicación de las redes sociales en la mala salud mental de los jóvenes que hicieron uso de ellas de niños tiene mucho que ver, según los autores, con cuestiones como que fomentan las comparaciones entre personas, acaparan mucho tiempo y horas de sueño, y sus algoritmos amplifican los contenidos nocivos.

Estos efectos negativos de las redes sociales son "especialmente perjudiciales para los niños dada su vulnerabilidad y su falta de experiencia en el mundo".

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Salud mental

El estudio fue realizado por Sapien Labs, una organización científica fundada y dirigida por la neurocientífica Tara Thiagarajan, de la Universidad estadounidense de Stanford, que alberga una de las mayores bases de datos del mundo sobre salud mental.

Thiagarajan, autora principal del estudio, y su equipo utilizan el Mind Health Quotient, una herramienta de autoevaluación psiquiátrica disponible online, que mide el bienestar social, emocional, cognitivo y físico, para generar una puntuación global de "salud mental".

"Síntomas que no son los tradicionales de la depresión o la ansiedad"

"Hemos visto que la posesión temprana de un móvil inteligente, y el acceso a las redes sociales que conlleva, está relacionada con un profundo cambio en la salud mental y el bienestar en la edad adulta temprana", señala Thiagarajan en un comunicado de Sapien Labs.

"Esta asociación está relacionada por varios factores, entre los que se incluyen el acceso temprano a las redes sociales, el ciberacoso, los trastornos del sueño y las malas relaciones familiares, que dan lugar a síntomas en la edad adulta que no son los tradicionales de la depresión o la ansiedad", continua la neurocientífica.

En todas las regiones del mundo

"Esta tendencia se observa de forma consistente en todas las regiones del mundo, con mayor magnitud en los países de habla inglesa", indican los autores en su estudio.

Además, alertan de que la incidencia de estas patologías está aumentando en adultos jóvenes. Y se refieren, sobre todo, a la agresividad, el distanciamiento de la realidad y los pensamientos suicidas.

Adoptar un principio de precaución

"Basándonos en estos hallazgos, y dado que la edad de los primeros teléfonos inteligentes es ahora muy inferior a los 13 años en todo el mundo, instamos a los responsables políticos a que adopten un enfoque preventivo, similar a las regulaciones sobre el alcohol y el tabaco, restringiendo el acceso a los teléfonos inteligentes a los menores", subraya la neurocientífica.

La edad media de adquisición del primer teléfono inteligente sigue disminuyendo. Y, a pesar de que la edad mínima para usar las redes sociales está en los 13 años, la aplicación de esta norma es inconsistente y hay formas de evadirla, recuerda el artículo. 

Por ello, los investigadores proponen restringir el acceso a teléfonos inteligentes y redes sociales para menores de 13 años y exigir la alfabetización digital, así como la rendición de cuentas corporativa para proteger el desarrollo humano en las generaciones futuras.

Aunque los autores reconocen la limitación de que su estudio esté basado solo en el análisis de datos, sostienen que "la magnitud del daño potencial es demasiado grande como para ignorarla y justifica una respuesta preventiva".

Con información de agencias y DW

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó de la detención de Douglas Daniel Bravo Cabeza (32), quien a través de redes sociales se dedicaba a captar niñas y niños para obtener material pornográfico.

La captura se logró tras el trabajo informático realizado por funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas.

Mediante denuncia interpuesta por la madre de una de las afectadas, quien detectó que este hombre había contactado a su hija, publicó Rico en su cuenta en Instagram.

Asimismo, mediante las investigaciones realizadas, se pudo conocer que «el mismo manipulaba a niños y niñas entre 11 y 13 años a través de Instagram y TikTok, para que le enviaran fotografías desprovistas de ropa; además, a realizar videollamadas para realizar sexting y así, satisfacer sus deseos impropios».

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La captura se generó en la Urbanización Las Rosas, parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda, ubicando tres celulares y tres computadoras utilizados como medio de comisión.

El Cicpc instó «a padres y representantes a estar atentos a lo que sus hijos realizan a través de las redes sociales, a generar espacios de convivencia familiar que permita prevenir que sean víctimas de personas que actúan fuera del marco de la ley y perjudican la inocencia de nuestros niños», publicó el comisario.

Este caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Dos sujetos con antecedentes en el delito de trata de personas, fueron detenidos por el CICPC  cuando intentabas trasladar a dos menores de edad hacia el estado Táchira, para luego llevarlas a Perú, Chile y Ecuador  para explotarlas sexualmente.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que fueron los efectivos de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente, lo que lograron rescatar dos jóvenes de 16 y 17 años.

Las dos jóvenes serían trasladadas hasta territorio extranjero con fines de explotación sexual, en el procedimiento  fueron detenidos dos hombres, encargados de su traslado.

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El CICPC realizó una investigación que permitió determinar responsabilidades de los dos sujetos detenidos identificados como Luis José Suárez Villegas y Ricardo Jesús Rodríguez Subero.

La versión policial indica que Luis, quien es vendedor de boletos aéreos, es contactado por una persona en territorio extranjero, para que le trámite boletos a menores de edad, sin la autorización de sus padres.

Ante esta situación buscó la colaboración de Ricardo, quien es encargado de una de las taquillas de venta dentro del terminal de pasajeros La Bandera; para ubicar una unidad que las llevara a San Antonio del Táchira.

En Táchira las menores son recibidas por otra persona aún por identificar y detener; la cual se encarga de llevarlas a Perú, Chile y Ecuador bajó engaño de una oferta laboral y una vez allá.

Una vez fuera del país, a las jóvenes les retienen sus documentos venezolanos y su celular, con la finalidad de prostituirlas y lucrarse en perjuicio de las víctimas.

El procedimiento de detención de los dos sujetos tuvo lugar dentro del Terminal de pasajeros La Bandera, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, Caracas.

A los sujetos se retuvieron dos celulares. Se pudo conocer que ambos tienen antecedentes por el mismo delito; se encuentran involucradas en cuatro expedientes.

La Fiscalía 100° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas será la encargada de imputar los delitos correspondientes.

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Los dos hombres ubicaban a las jóvenes entre 15 y 25 años, les tomaban fotografías y las publicaban en redes sociales con la finalidad de que terceros, visualizaran a las víctimas planificaran el encuentro.

Los interesados contactaban a los sujetos identificados como, Carlos José Sánchez Márquez (33) y Luis Alfredo Fuete Salazar (24), y estos les exigían entre 40 y 50 dólares americanos, a cambio de encuentros sexuales o transmisiones en vivo.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal La Fría, estaban detrás de esta red de explotación sexual que ofrecía esta jóvenes en Colombia.

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Pero la captación de las mujeres la realizaban en el Casco Central de La Fría, municipio García de Hevia, en el estado Táchira, allí los atraparon.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que, los mencionados, llevaban a las víctimas hacía un bar ubicado en Puerto Asís, Departamento de Pereira, en la República de Colombia.

Allí eran recibidas por Cristian Camilo Aguirre, aún por detener; para que prestaran servicios sexuales en el referido establecimiento.

La detención de los delincuentes se generó en las adyacencias donde operaban, ubicándoles dos celulares, donde se evidencian sus negocios ilícitos y un envoltorio de presunta marihuana dentro de una fruta.

Ambos están a disposición de las Fiscalías 19º y de Flagrancia del Ministerio Público.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), desmantelaron una banda que se dedicaba a captar a menores entre 14 y 16 años para explotación sexual y filmar videos de pornografía.

Los detenidos están identificados como Yonathan Rasec Guzmán Yanes (20), Dayfer Wilfredo Hernández Martínez (25), Gorgelis Andrea Parra Espinoza (25) y Dayhalix Nickholle Galeno (18).

Según el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, estos delincuentes, desde el sector Aconcagua, parroquia Guarenas, municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda, se dedicaban a captar a jóvenes entre 14 y 16 años.

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Explicó Rico que a las jóvenes les ofrecían realizarles sesiones de fotos como modelos profesionales y por ello, le cancelarían 40 dólares.

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Las jóvenes al acudir al sitio “las seducían con la intención de sostener encuentros sexuales, los cuales eran grabados sin su consentimiento y estos, posteriormente a través de distintas plataformas digitales, comercializaban los videos”, precisó Rico en su cuenta en Instagram.

Tras ser aprehendidos, se incautaron cuatro celulares, una laptop y un CPU, a fin de realizar experticia informática, logrando extraer parte del contenido íntimo de las víctimas.

Unas 15 personas fueron detenidas por la Policía de Colombia por explotación sexual a menores de edad, en su mayoría migrantes venezolanas.

Según un comunicado de la Fiscalía colombiana, publicado en su cuenta en Twitter, la presunta banda de trata de personas estaba conformada por 13 de nacionalidad colombiana y dos extranjeros.  

Fiscalía presentó abundante material fílmico, testimonios y documentos para determinar que las referidas acciones delictivas se habrían cometido, al menos durante ocho meses. Por estos hechos el 5 de agosto @PoliciaBogota capturó a los 15 procesados en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/HSIJWhWkJ7

“A la cárcel fueron enviadas 15 personas, presuntamente, responsables de inducir a la prostitución a cinco menores de edad, varias de ellas migrantes. Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados pertenecerían a la estructura delincuencial Las Vegas”, indicó José Manuel Martínez, director de la seccional de la Fiscalía de Bogotá.

El material probatorio recaudado demostró que los presuntos integrantes de la organización aprovechaban las condiciones de vulnerabilidad de las menores de edad, en su mayoría venezolanas, para someterlas a vejámenes sexuales, por los cuales habrían obtenido provecho económico. pic.twitter.com/SWddUccNCS

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Heber Benavidez, comandante (e) de la Policía de Bogotá, explicó que el trabajo de investigación se centró en informaciones suministradas por los medios de comunicación donde se denunciaba que había explotación sexual de menores en el sector Santa Fe de Bogotá.

Según se logró determinar, los investigados habrían arrendado bares, discotecas, residencias y moteles ubicados en el barrio Santa Fe, localidad de Mártires, en #Bogotá, para presuntamente allí obligar a las víctimas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores de edad. pic.twitter.com/3RoE787cDL

“Se identificaron cinco víctimas menores de nacionalidad venezolana e inclusive se determinó que algunas de ellas les habían producido abortos”, dijo Benavidez.

La banda operaba específicamente en la localidad de Mártires en Bogotá y “el material probatorio recaudado demostró que los presuntos integrantes de la organización aprovechaban las condiciones de vulnerabilidad de las menores de edad, en su mayoría venezolanas, para someterlas a vejámenes sexuales, por los cuales habrían obtenido provecho económico”, tuiteó la Fiscalía.

Pasada las 6:00 de la tarde de este jueves, un extraño olor alertó a transeúntes, comerciantes y residentes en la avenida El Ejército, La Murallita, estado Monagas.

Una bombona de gas cloro almacenada en un edificio de la zona presentó una fuga y todo el químico se expandió por el lugar causando en los que pasaban cerca asfixia y reacciones alérgicas graves.

Funcionarios de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos se apersonaron al lugar y reportaron al menos 17 personas afectadas, quienes fueron atendidos y trasladados a centros hospitalarios.

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De las 17 personas, 6 de ellos son menores de edad y están  recibiendo la atención en el Hospital Central.

Autoridades proporcionaron la lista de los 11 adultos afectados, quienes presentaron intoxicación leve:  María Velásquez (48), Rosa Centeno (52),  Katiuska García (51), Noeli Arias(21), María Moreno (43), Fernando Blanco (44).

Además, Glemis Centeno (22), Gabriel Álvarez (29),  Marifer Blanco (37), María Blanco (69) y  Maggi Paola Moros, 32 años de edad.

Según el Periódico de Monagas, los cuerpos de prevención realizan las investigaciones para determinar qué produjo la fuga.

La intoxicación con gas cloro puede ocasionar dificultad para respirar (inhalación), inflamación de la garganta, edema pulmonar, dolor de garganta, dolor o ardor en nariz, ojos, oídos, labios o lengua, quemaduras en el tubo digestivo, dolor abdominal y vómito.

En el Zulia desmantelaron una red de prostitución infantil que involucra licorerías, peñas hípicas, hoteles y casinos clandestinos, donde tenían sometidas a varias niñas, adolescentes y mujeres que eran obligadas a prostituirse.

La red funcionaba en los bloques seis y siete del mercado popular de Las Pulgas en el centro de Maracaibo, estado Zulia.

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Alligar llegaron los funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Zulia, adscrito al Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpez), y detuvieron a 18 hombres y siete mujeres.

Según el director General del Cpbez, comisionado Sergio Villasmil, entre los capturados hay propietarios, socios y empleados de varios negocios y hoteles del casco central.

Villasmil notificó que a las víctimas, menores y mayores de edad, las llevaron a la Unidad Especializada de Niño, Niña y Adolescente de ese cuerpo policial, reseñó La Verdad.

Entre los detenidos está Luis Ríos Huerta, de 20 años, quien tenía una denuncia por haber sido sorprendido en flagrancia practicando sexo oral a un niño de 10 años.

Los uniformados incautaron 18 teléfonos celulares y tres mini laptop, tipo Canaima, con el que almacenaban material pornográfico.

Un niño de tan solo 7 años de edad, encontró un arma de fabricación casera en su casa. La tomó y empezó a jugar con el artefacto. Junto a él estaba su hermano de 5 años.

En un momento del juego, el menor accionó el arma rudimentaria  y sin querer le disparó a su hermanito menor en la cabeza.

Esta tragedia familiar ocurrió  el pasado martes 19 de abril en una vivienda del sector La Florida, calle Simón Rodríguez de Valle de la Pascua en el estado Guárico.

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Familiares trasladaron inmediatamente al pequeño al hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo, pero debido a su delicado estado de salud fue remitido hasta el hospital de San Juan de Los Morros.

Mientras la ambulancia circulaba por el municipio Ortiz para llegar al hospital, la víctima falleció.

Cuando las autoridades llegaron a la residencia para las experticias, los familiares explicaron que sujetos entraron a robar a la vivienda a las 4:30 de la tarde y dispararon al niño, identificado como Rodrigo Antonio Ruíz, de 5 años de edad, en la frente.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),  inició las investigaciones para esclarecer esta tragedia, pero en los interrogatorios a los familiares y las evidencias resultó una mentira la versión del robo.

El hermano mayor de la víctima fue quien le disparó accidentalmente en la frente, mientras jugaba con el arma casera, reseñó La Nación.

Efectivos del CICPC procedieron a detener a todos los familiares presentes en el hecho por intentar enmascarar para evadir las respectivas responsabilidades.

Seis adolescentes las rescataron de una red de prostitución infantil que desmantelaron el pasado viernes en el piso 10, edificio E, de las residencias Marapa Marina, en Catia la Mar, en el oeste del Litoral Central.

Se conoció de fuentes vinculadas a la investigación, todas las víctimas provenían de Caracas y las captaban a través de las redes sociales.

Al parecer, les prometían un día de esparcimiento y disfrute en la región, pero al llegar las sometían para que realizaran trabajo sexual.

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El procedimiento, ejecutado por el Cicpc La Guaira y la Fiscalía, permitió la captura de cinco sujetos.

Cuatro de estos sujetos provenientes de Caracas y uno de La Guaira.

Trascendió que fue una denuncia sobre una presunta violación la que llevó a los funcionarios hasta la referida residencia, donde dieron con el dantesco hallazgo.

Se espera que en los próximos días el director general del Cicpc, comisario general Douglas Rico o el propio Fiscal General, Tarek William Saab, ofrezca mayores detalles del caso.

Vecinos quedaron sorprendidos por el hecho, aunque reconocieron que constantemente en el lugar se hacían grandes fiestas que generaban malestar por los ruidos que provenían del apartamento.

Una tragedia familiar sacude al Litoral Central, y es que a la 1 de la tarde de este domingo murió el niño Sergio Augusto Martínez Rodríguez, de 11 años, a manos de su hermano menor, de 8 años, cuando ambos manipulaban una escopeta, calibre 12.

El lamentable hecho se produjo en la vivienda de ambos situada en la parte alta de la calle Las Colinas, en la avenida principal de Taguao, parroquia Carayaca.

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Pese a que el padre de los niños, de nombre Álvaro Martínez, trasladó al pequeño herido hasta el hospitalito Alfredo Machado de Catia la Mar, llegó sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos menores de edad manipulaban el arma de fuego.

El arma se accionó de manera accidental hiriendo al mayor de los hermanos.

El caso es investigado por el Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de La Guaira.

Desde el pasado lunes el registro del Hospital Central de Barquisimeto está colapsado. Los representantes de los niños nacidos en ese centro hace 10 años deben renovar la partida de nacimiento para sacarles la cédula de identidad.

Desde la madrugada, cientos de personas caminan hasta siete kilómetro para llegar al centro de salud y conseguir uno de los números para la renovación.

La lista llega hasta 200 números, el que no lo logra debe intentarlo de nuevo al día siguiente.

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María Silva contó que las jornadas de cedulación en el SAIME “funcionan rápido”; sin embargo, en algunas escuelas les exigen renovar la partida de nacimiento.

El  trámite lo catalogan  como “engorroso” por las largas filas  que se hace en el registro, además que no cumplen con las medidas de distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19.

Los representantes solicitan a las autoridades del CNE agilizar el proceso en los registros.

Una vez renovado el documento, el padre del menor debe regresar y realizar otra fila para que le entreguen la cédula.

La noche de este domingo, dos menores de edad que transitaban frente a un retén militar en el Huila, Colombia, murieron al recibir varios disparos de un soldado del Ejército.

Los jóvenes, de 14 y 17 años, en una motocicleta, pasaron por el puesto de control del Batallón número 27 de Infantería Magdalena y el soldado disparó.

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Autoridades trasladaron a ambos heridos desde la vereda del Palmar de Obando a un centro asistencial. Los menores fallecieron al llegar al hospital.

El Ejército explicó a Noticias Caracol que los hechos sucedieron “al parecer, por la reacción de uno de nuestros soldados”.

Aseguraron que el soldado presuntamente involucrado en el asesinato, fue puesto a la disposición de las autoridades.

Además, se inició una investigación disciplinaria.

Milton de Jesús Toncel conocido como ‘Joaquín Gómez’  rindió versión ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) tras delitos cometidos con las Farc.

El acto fue en Riohacha, La Guajira, donde leyó una carta en la que reconoce el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado por parte de las Farc.

«No podemos devolverle a los niños, niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo en la guerra”, destacó.

Por lo que resaltó que reconoce sus equivocaciones, “tanto individuales como colectivas ocurridas en la guerra, esto con el fin de respetar las memorias de las víctimas», aseveró.

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Agregó que está dispuesto a pedir perdón. «Estoy dispuesto a reconocer sin ambigüedades y sin eufemismos el reclutamiento forzado”, dijo.

Comentó que está dispuesto a pedirles perdón a las víctimas por el delito cometido en el marco de la organización política que surgió del acuerdo de paz.

«No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos a los adultos que hoy nos reclaman justamente, haberlos despojado a la fuerza de su niñez», destacó.

Cabe acotar, que horas antes, Gómez negó estos delitos al decir que nunca se llevaron a nadie a la fuerza, reseñó RCN.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el ahora Partido Farc retomó las declaraciones de Gómez.

Toncel Redondo fue miembro activo de las Farc-EP: suplente del Estado Mayor Central en 1989 y titular desde 1990. 

Hace algunas semanas, Rodrigo Londoño, Timochenko, negó estos delitos, así como el secuestro.

Lo hizo en audiencia ante los miembros de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pastor Alape, al igual que otros de los exlíderes de las Farc, negó su participación en el delito de reclutamiento forzado de menores.

En el marco de continuar la línea de la hoy senadora Sandra Ramírez, quien también negó la práctica de esta actividad por la guerrilla.

La ONG Fundaredes elaboró un informe en cual denuncia que en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia aumenta la cantidad de niños y adolescentes que son captados por grupos armados irregulares que que sean «combatientes».

«La captación de niños y adolescentes en las instituciones educativas, para ser incorporados a las redes de los grupos armados superan, hasta el año 2019, los 30 mil estudiantes. Pero tan solo en el 2019 el reclutamiento directo o indirecto, alcanza a 15 mil infantes y jóvenes», señala el informe, según publicó la periodista especializada en temas militares, Sebastiana Barráez.

El documento alerta que «la guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlo a sus filas, los grupos armados irregulares explotan a niños y adolescentes venezolanos en la frontera y que los niños venezolanos están expuestos a los enfrentamientos de grupos armados irregulares al asistir a clases en Colombia”.

Describe Fundaredes que los grupos usan varios métodos para «seducir» a los jóvenes.  «Les ofrecen útiles escolares y regalos, incluso dinero, para convencerlos de formar parte de sus filas, a sabiendas de que los padres cuentan cada vez con menos recursos para proveer a sus hijos de una alimentación adecuada, mucho menos de útiles escolares o juguetes».

También advierte la ONG que han logrado «acelerar un proceso ideologizante y de condicionamiento conductual, donde las personas, por miedo, se habitúan a la convivencia con estas organizaciones criminales, llegando incluso a tener asociación con sus actividades ilícitas, buscando así mitigar la ocurrencia de un evento que les afecte en su integridad, vale decir, evitan ser víctimas de estos grupos como resultado de la intimidación alcanzada cognitivamente por ellos».

Incluso, hay una fundación denominada Amigos de la Escuela, a través de la cual la guerrilla colombiana “ingresó en centros educativos rurales, de al menos cinco municipios fronterizos del estado Táchira: Bolívar, Pedro maría Ureña, Junín, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta”.

Destaca el informe que la intención fue entregar útiles escolares, regalos y alimentos entre septiembre y noviembre de 2018. Aunque la denuncia fue hecha ante el Ministerio Público, no hubo actuación alguna. Y ese diciembre, la guerrilla “entregó regalos a los niños durante la temporada navideña”.

Fundaredes resalta que recibieron más de 30 denuncias de habitantes rurales de estados Táchira, Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas dando cuenta que durante el receso escolar (julio y agosto de 2019), “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aplicó un censo en sus casas para precisar el número de niños y niñas de cada comunidad que asisten a clases, su rango etario, su nivel de escolaridad e identificar sus necesidades con miras a una entrega masiva de útiles escolares”.

La conclusión de Fundaredes es que “20 mil 624 estudiantes habrían sido censados por la guerrilla colombiana para recibir útiles escolares e influencia directa de este grupo armado”.

La organización constató que hasta el año 2018 “la guerrilla colombiana ELN y FARC habían intervenido en al menos 214 escuelas de Táchira, Apure y Amazonas; para el año 2019, la cifra supera las 325”.

Gerardo Enrique Oliveros Laborda, de 50 años, acusado de abusar sexualmente de, al menos, 100 menores de edad fue detenido en el estado Zulia, informó este miércoles el secretario de Gobierno de la zona, Lisandro Cabello, quien precisó que también fue capturado un «cómplice» del «violador».

«La investigación que venimos haciendo hace semanas nos llevó con este violador y su cómplice. Tiene no menos de 100 violaciones de niños varones, solo una niña, todos menores de edad», especificó Cabello en una rueda de prensa.

Su cómplice responde al nombre de Yerimi Segundo Machado, de 22 años.

«No sé si hay un precedente de un hombre con tantas violaciones de niños varones en el país. Dudo que haya uno de esta magnitud», denunció Cabello.

El secretario de Gobierno explicó que Oliveros engatusaba «con juegos, con piscina, con drogas, con dólares» a los menores «hasta que finalmente los violaba» en una finca, y «a los que se ponían más fuertes o se negaban, los asustaba con hechos de brujería».

Las pesquisas se iniciaron antes de que hubiera alguna denuncia tras observar que en la finca donde presuntamente sucedieron los hechos entraban y salían niños a los que se les tomó declaración y se extrajeron detalles para continuar con la investigación.

«Hay uno de los niños que menciona a otros 18. Estamos visitándolos con toda la protección legal, hablando con los padres para formalizar la denuncia», declaró Cabello.

Por ahora hay 13 denunciantes, todos menores de edad salvo uno, de 25 años, quien sufrió abusos cuando tenía 14.

Las autoridades estiman que Oliveros pudo haber abusado de menores durante al menos 11 años.

«Invitamos a los padres que si tienen conocimiento de que su hijo ha tenido alguna relación con Gerardo Enrique Oliveros Laborda, denuncie. Es necesario denunciarlo», dijo Cabello.

«Estamos convencidos de que hay otras personas que trabajan con él. Estamos detrás de ellos. Con las denuncias podemos conseguir a esos cooperadores», afirmó.

Los detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que respondan por los delitos que se les imputan.