La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio.

De acuerdo a información proporcionada por el Foro Penal, al menos 152 adolescentes fueron arrestados, y hasta el 6 de septiembre solo 86 habían sido liberados.

Estos arrestos se produjeron en el contexto de protestas por la incertidumbre de resultados electorales de julio.

En su comunicado, la CIDH subrayó que estos menores fueron privados de su presunción de inocencia y se vulneraron sus garantías judiciales, ya que fueron calificados como “terroristas” y sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y, en algunos casos, sin separación por género.

La Comisión expresa en su comunicado:

«La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de una adolescente embarazada, que fue sujeta a violencia de género mientras se encontraba bajo custodia del Estado. Agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas. Asimismo, fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes. También se tiene registro del caso de un niño dentro del espectro autista que sigue privado de libertad sin ver a su familia ni recibir atención médica. Otro caso de particular preocupación es el de un niño que denuncia que recibió golpes durante la detención, y que, como consecuencia de estos, sufre una parálisis facial.

La CIDH reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva, lo que implica el derecho de ser escuchados como grupo y participar de la vida pública. En este sentido, existe un deber del Estado de especial de protección para asegurar espacios seguros para su participación efectiva. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.

Lo anterior exige la separación por categorías en los centros de detención, especialmente por edad y género; garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos, como el deber de proporcionar servicios de salud oportunos, adecuados y especializados; y la prohibición absoluta de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión Interamericana condena la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar de las protestas sociales. Destaca el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial y reforzada, a no ser privados de su libertad con adultos, ni ser expuestos a situaciones de violencia o separación arbitraria de sus familias.

Al mismo tiempo, reitera que en Venezuela no existe separación ni independencia de los poderes públicos, lo que se evidencia en la falta de control judicial efectivo sobre las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención. Es urgente que el Estado venezolano adopte medidas para reestablecer un orden democrático comprometido con prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia».

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Un hombre de 44 años de edad, y una mujer de 18 fueron capturados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), por cometer delitos de abuso sexual a menores y venta de pornografía en el estado Bolívar. 

La información fue divulgada por el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

La detenida, a cambio de dinero, se encargaba de captar a las víctimas entre 12 y 17 años de edad, a quienes  con manipulación y bajo engaños las llevaba a la casa del hombre, donde sostenía relaciones sexuales con las jóvenes.

El acto sexual era filmado y luego comercializado e intercambiado a través de la red de mensajería Telegram, afectando el desarrollo emocional y psicológico de las víctimas, se reseña.

La captura de la pareja se materializó en el sector Guaiparito, avenida Centurión con cruce Angostura, parroquia Vista Al Sol, municipio Caroní, San Félix-

Como evidencia, los pesquisas incautaron un teléfono celular, donde se extrajeron varios videos y mensajes de texto donde el hombre les solicitaba a sus víctimas que le enviaran fotos sin ropa.

Se pudo conocer que el detenido presentaba un registro policial por robo genérico y la mujer por incitación a la desobediencia. 

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El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 13° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.

Un ciudadano estadounidense, que se la daba de «empresario» pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, fue capturado por la Policía en el aeropuerto El Dorado.

La captura en Bogotá se dio porque este hombre estaba señalado de cometer delitos sexuales contra mujeres menores de 18 años en Medellín.

Este sujeto operó durante varios meses bajo una fachada de ser empresario turístico, lo que le permitía contactar a menores de edad por medio de plataformas digitales para hacerles ofrecimientos, así dio a conocer Ariadne Agamez Lombana en Publimetro.

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Herbert Fletcher, un estadounidense de 42 años, casado, con hijos, trabajaba en la empresa de su familia en Filadelfia, pero se demostró que tenía una doble vida en Medellín, en donde permanecía por largos periodos de tiempo para convertirse en un depredador y explotador sexual.

Fletcher fue condenado en junio luego de demostrarse que su fachada como empresario en El Poblado escondía sus verdaderos intereses.

En junio de 2019 las autoridades iniciaron una investigación en contra de Víctor Galarza, el hombre con el Fletcher actuaba y quien era reconocido por sus negocios turbios, entre los que estaba la explotación sexual de menores de edad a quienes grababa sin su consentimiento para luego comercializar el material en diferentes plataformas de pornografía.

El hombre luego de su captura fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá enfrentar un proceso judicial por delitos de trata de personas, actos sexuales con menor de 18 años y pornografía infantil.

La policía realiza todas las averiguaciones pertinentes en torno al homicidio de un joven de quince años, quien presuntamente habría muerto por el disparo accidental de un arma de fabricación casera, mejor conocida como chopo.

El evento ocurrió el pasado fin de semana en el municipio Guacara del estado Carabobo, cuando la víctima acudió al hogar de un amigo de 18 años.

Según la información preliminar del hecho, dentro de la casa se encontraban el joven de 18 años y los dos menores de edad, manipulando el chopo.

Al parecer, al muchacho de 18 años se le escapó un tiro que impactó en el pecho del menor de 15.

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El muchacho herido fue trasladado hasta el hospital Doctor Miguel Malpica de Guacara, donde minutos después de su ingreso falleció.

A raíz de esto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), dio inicio a una averiguación, que llevó a la detención del joven de 18 años.

La policía científica se encuentra en búsqueda del otro menor de edad que habría participado en el hecho, mientras que el caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público.

Después de una serie de investigaciones técnicas y forenses, dos hombres se encuentran tras las rejas, después de comprobarse su participación en una red de prostitución infantil, que captaba menores de edad.

El duo delictivo, bajo la figura de una empresa llamada Pink Butterfly Corp. en la red social Facebook, captaban menores de edad a quienes engañaban y grababan contenido explícito para adultos, para luego vender los videos y fotos y obtener ganancias en dólares.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, manifestó que después de una serie de verificaciones técnicas y forenses, lograron determinar que los dos hombres eran responsables de los hechos.

Los detenidos fueron identificados como Osquel Miguel Espinoza Hernández (25) y a Gregory Ismal Tovar González (22).

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Se pudo conocer que uno de ellos, Osquel Espinoza, fue pareja sentimental de dos menores víctimas. El hombre las habría seducido y grabado en actos sexuales, para luego vender los videos.

Todas las pruebas técnicas han sido puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, así como los dos detenidos, quienes fueron aprehendidos en el sector Tres de la urbanización Los Naranjos, en Guarenas, estado Miranda.

La Policía descubrió en Soacha, departamento colombiano Cundinamarca, a más de cien menores de edad que estaban en una rumba consumiendo bebidas alcohólicas y alucinógenos.

Al dar la noticia, Caracol, dijo que las autoridades afirmaron que varios chicos estaban armados.

“Estos menores de edad portaban armas cortopunzantes, se encontraban también al parecer ingiriendo bebidas embriagantes y también se incautaron sustancias estupefacientes”, contó a Caracol el coronel Diego Vázquez, comandante de la policía en Soacha.

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Durante la diligencia tuvieron que restablecer “los derechos de cuatro menores de edad, cuyos padres o acudientes no se hicieron presentes en el procedimiento. Los otros menores de edad fueron entregados a sus padres o tutores a través de la comisaría de familia”, dijo el coronel Vázquez.

Los dueños de la bodega donde funcionaba esa fiesta ilegal fueron multados.

La madre de una de las menores de edad no podía creer lo que leía en el teléfono de su menor hija, un mensaje del profesor de inglés indicándole que fuera a clases para «tocarle sus partes íntimas».

La mujer no lo pensó dos veces y puso la denuncia ante las autoridades de Cumaná, estado Sucre, que abrieron una investigación al docente, identificado como Óscar Armando Millán Figuera de 31 años de edad.

Según las investigaciones realizadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el hombre abusó presuntamente de tres alumnas de 13,14 y 15 años de edad.

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Tras la denuncia, el Ministerio Público ordenó la detención de Millán Figuera a quien se le encontró en su teléfono celular más de 2.000 fotos de las menores, las cuales distribuía en un grupo de Whatsapp.

El parte policial resalta que el profesor abusaba sexualmente de las adolescentes y las amenazaba con aplazarle las materias si no les enviaban vídeos y fotos desnudas.

Millán Figuera fue detenido en las instalaciones del plantel y puesto a la orden de la Fiscalía Quinta de Cumaná.

Fue imputado de los delitos de acto sexual con víctima especialmente vulnerable, acoso sexual agravado, abuso sexual sin penetración, pornografía y corrupción de menores.

Dos hombres y una mujer fueron capturados en Cumaná, estado Sucre, tras ser descubiertos por comercializar pornografía.

Las tres personas están identificadas como Mary Milagro Velásquez, de 42 años; Robert José Ruiz Velázquez, de 19 años; y Ángel Jesús Ruiz Velásquez, de 18 años.

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Según el director del Cicpc, Douglas Rico, los detenidos captaban a menores de edad en las redes sociales, específicamente en Instagram y Facebook.

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Se ganaban la confianza de las jóvenes para luego solicitarles contenido pornográfico, tales como imágenes y videos; material que luego comercializaban para su lucro propio.

Los tres fueron capturados en la parroquia Valentín Valiente, municipio Sucre de la entidad, donde se les incautó una computadora y tres teléfonos.

Mary Milagro Velásquez, Robert José Ruiz Velázquez y Ángel Jesús Ruiz Velásquez están a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del Cicpc detuvieron en Tucupita, Delta Amacuro, a Rosmelys Solórzano, de 19 años de edad. La joven se dedicaba a captar niñas, jóvenes y mujeres para sacarlas de Venezuela y explotarlas sexualmente.

Así lo informó a través de su cuenta en Instagram, el director de este cuerpo de seguridad, Douglas Rico.

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La detención de la joven se produjo luego de una denuncia por la desaparición de una menor de 17 años de edad, quien presuntamente fue contactada hace algunos días por Solórzano; la cual le ofreció unos $2.000.

“Este era el modus operandi que tenía la mencionada para captar a sus posibles víctimas. A quienes posteriormente trasladaban de manera ilegal desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago vía fluvial,; allí les retenían sus identificaciones y eran privadas de libertad para ser explotadas sexualmente”, expresó Rico.

En Puerto Cabello, estado Carabobo, las autoridades capturaron a un hombre por múltiples violaciones cometidas a menores de edad.

Según las redes sociales de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Carabobo, el hombre violó a una menor y los familiares de esta lo denunciaron.

El aberrado sexual está identificado como José Miguel Sandoval y según el parte policial, contrató a la menor para que limpiara  una piscina y aprovechó y la violó.

La captura del individuo se llevó a cabo en las inmediaciones de la urbanización El Milagro de Puerto Cabello donde lo vieron que llevaba a una niña en una bicicleta.

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Los vecinos alertaron del hecho a Policarabobo cuyos funcionarios se desplegaron y localizaron a la víctima, reseñó Últimas Noticias.

 El sujeto tiene siete expedientes abiertos por violaciones a menores entre 10 y 13 años de edad, según la policía estadal.

Dos de los expedientes fueron abiertos por la subdelegación Valencia del Cicpc

Gualid Yadala de 32 años de edad, presunto involucrado en la red de tráfico sexual de menores de edad se entregó voluntariamente a las autoridades.

Esta red de tráfico la descubrieron  el pasado fin de semana.

Yadala acudió de manera voluntaria a la sede de la PNB en San Fernando de Apure, en compañía de su defensa

Entre ellos el reconocido abogado de Maracay, estado Aragua, David Pérez Esqueda.

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Según fuentes del Circuito Judicial Penal de San Fernando, las menores de edad señalaron a Yadala como uno de sus “clientes”.

Esto lo confirmó una de las jovencitas quien a través de un video difundido en sus redes sociales, aseguró que era la amante de Yadala.

Dijo que ella no lo denunció, dicho video fue tumbado de su cuenta en Facebook por ella misma.

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) realizó una búsqueda en las residencias de los allegados de Yadala para dar con su paradero.

Presumían que sus familiares lo sacaron del estado.

Emitieron un comunicado donde aseguraban que el investigado era una persona “intachable” y que lo demostraría en el momento correspondiente ante las autoridades.

Desde hace algunos días, la colectividad sanfernandina estaba a la expectativa por la llegada del reconocido abogado David Pérez.

Se preguntaban a qué investigado o imputado defendería en este aberrante caso.

Hasta los momentos se desconocen mayores detalles de la entrega voluntaria de Gualid Yadala.

Con información de Punto de Corte

La diputada, denunció este domingo que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detiene a menores de edad y le decomisan las bicicletas, excusándose en la pandemia por COVID-19.

Solórzano mediante su cuenta en la red social Twitter aseguró que durante la pandemia la única respuesta por parte del régimen de Maduro ha sido la represión.

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En el marco de un video que compartió aseveró que es una barbarie detener a niños, por eso pidió a la Corte Penal Internacional actuar ya.

Según el video, el hecho ocurrió específicamente en El Trigal, Valencia.

Durante la pandemia, la dictadura de Maduro ha dado como única respuesta la represión. Lo que se observa en el video, es un acto de barbarie donde detienen a niños. ¡Es hora de actuar @IntlCrimCourt ! https://t.co/l0rIyVGFC1