El retraso en la llegada de gandolas al estado Táchira, producto de las afectaciones en la vialidad por las lluvias, ha generado una crisis de combustible en la entidad, disparando el precio de la gasolina en el mercado negro.

El problema ha obligado a los dueños de vehículos y motos a optar por esta vía, cuyo valor se ha incrementado en estos hasta los 1,5 dólares por litro.

«En las bombas de combustible de la ciudad se evidencian kilométricas colas desde tempranas horas de la mañana (lunes), en cuyos sitios el precio por litro oscila entre 2 mil 400 y 2 mil 500 pesos el litro», señaló la periodista Mayerlin Villanueva, del Diario Católico, con relación al expendio de gasolina en las estaciones de servicio a precio regulado.

Mientras los pimpineros, que sí tienen en reservas gasolina para la venta, «están comercializando el litro de combustible hasta en 7.000 pesos colombianos», denunció el diputado Hugo Saavedra.

La gobernación del Táchira informó que ejecuta, junto a otras instituciones, trabajos de recuperación de las vías, sobre todo en la Machiques–Colón, ruta que se vio afectada por las lluvias, lo que provocó un retraso en el suministro de combustible, pues las unidades que trasladan este carburante deben recorrer esta carretera para suministrar la gasolina que requiere el parque automotor tachirense.

Asimismo, las autoridades que presiden la Mesa de Combustible ratificaron que «se mantiene vigente el suministro programado de combustible (plan de contingencia temporal) para garantizar la atención ordenada a los usuarios», explicaron en un comunicado.

El documento reza que el deterioro sufrido por la vialidad los «ha llevado a sustituir las rutas normales de las unidades de traslado de combustible, representando esto un retraso de entre 4 a 5 días, lo que termina incidiendo en las operaciones normales y la reposición de inventarios».

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A todo esto, los pimpineros tomaron la ciudad de San Cristóbal y vías de acceso, sostiene el diputado Saavedra en declaraciones a la corresponsal de La Patilla.

«¿Los pimpineros tienen gasolina, pero el gobierno no?», se preguntó. Exhortó a revisar esta situación de corrupción que nuevamente se vuelve a desatar en la región fronteriza de Venezuela.

Señaló que las lluvias se registran en todo el país, pero los demás estados sí tienen gasolina. «Pero ahora parece que las únicas vías dañadas son las que comunican con Táchira», manifestó.

«Somos el único estado del país sacrificado ante la poca producción de gasolina», expresó el parlamentario.

«El problema es que hay escasez de producto en las refinerías venezolanas, y no están produciendo la cantidad necesaria que todos los venezolanos requieren, sobre todo los tachirenses”, aseguró Saavedra.

Recordó que las refinerías de Venezuela no están operativas a un 100% y es una simple excusa del gobierno central y la Mesa de Combustible del Táchira, al echarle la culpa de la escasez a las lluvias.

Durante el fin de semana, la entidad andina permaneció con las estaciones de servicio cerradas, lo que terminó de generar pánico en los tachirenses, debido a que durante la semana pasada el despacho se hizo por terminal de placa, y de igual manera se generaron colas.

Julia, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial. Prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra la COVID-19 antes que esperar. Posiblemente pasen semanas o meses hasta que llegue su turno en el plan de inmunización de Nicolás Maduro. El caso de Julia se repite cada vez más, en un país donde crece el mercado negro de vacunas.

Lo que llama la atención es que ella recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, en el oriente del país. Si, un CDI, donde una enfermera había atendido a su esposo. La profesional de la salud le ayudó a conseguir “la cita”.

“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite, en entrevista para la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.

Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna. En Venezuela ya hay un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud públicos.

Según voceros de academias y gremios sanitarios, en Venezuela solo se ha vacunado a menos 1% de la población. Alertan que hay opacidad en las cifras que da Maduro, mientras este atribuye el retraso al “bloqueo económico” de parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

Las cuentas de la oposición hablan de la llegada de menos 1.400.000 dosis. Apenas el fin de semana Maduro anunció el arribo de 1.300.000 medicamentos.

La Academia Nacional de Medicina insiste en que la meta de vacunación «inmediata» en el país es de 15 millones de personas. Esto equivale a 70 por ciento de la población adulta.

Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país. Mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.

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Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.

“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma.

El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia de l ministerio de Salud de Maduro. Luego que no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.

En marzo, el poder judicial notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra la COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.

Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.

Un doctor venezolano con 30 años de experiencia, quien pidió reservar su identidad, denunció que algunos colegas cobran entre 200 y 300 dólares por incluir a conocidos en jornadas de vacunación dentro de hospitales públicos de Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela.

Con llegada de las pocas vacunas contra la COVID-19 a Venezuela, también llegó un flagelo: el mercado negro. Aunque realmente ese no llegó, ya estaba aquí, pero se renueva con cada necesidad. Ocurre como con la escasez de gasolina, de gasoil, de comida y de alimentos.

Dirigentes opositores como Virgilio Ferrer y Dinorah Figuera, hicieron la denuncia. Califican la situación como «criminal» y por eso piden una investigación. Pero también señalan al culpable: «la falta de un plan de vacunación» masivo.

«Conocemos de casos que se han vendido estas vacunas a 300 y 600 dólares las dos dosis que se necesitan para la inmunización. Esta situación es condenable y criminal. Mientras mueren los venezolanos, los criminales de las vacunas comercian con la salud del pueblo», dijo Figuera.

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Virgilio Ferrer dijo que la situación del mercado negro de vacunas se está investigando. «Es necesario un plan de vacunación masiva sin exclusión. No es posible que pasado el primer trimestre del año, aún no se haya avanzado en la inmunización».

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional de Juan Guaidó aprobaron «un crédito para apoyar la introducción y despliegue de la vacuna de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)».

Se trata de 27.715.720 dólares. Pero no ofrecieron detalles de dónde provendrán los recursos ni del proyecto.